Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 8 de mayo de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la petición, a la salud, a la seguridad social y la defensa; toda vez que, la autoridad demandada emitió el Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, mediante la cual se la retiro de la Aduana Nacional, sin considerar que se encontraba con la modalidad de teletrabajo por tener enfermedad de base y por la emergencia sanitaria del COVID-19, por lo que, ante esa determinación presentó ante la Aduana Nacional, memorial de solicitud de reincorporación a su fuente laboral, el 27 de agosto de 2021, misma no fue respondida, ante ello reiteró su solicitud por memorial presentado el 22 de septiembre de 2021 y recién en el mes de enero de 2022 fue notificada con la Nota AN-PREDC-N-2021/3384 de 31 de diciembre de 2021. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre el principio de inmediatez en las acciones de amparo constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 047/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 264 a 267 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0413/2023-S1 Sucre, 8 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 47010-2022-95-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 047/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 264 a 267 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Emma Pacheco Arce contra Karina Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a. i. de la Aduana Nacional.
Por memoriales presentados el 6 de diciembre de 2021, 11 y 21 de enero de 2022, cursantes de fs. 24 a 33; 38 a 39 y 46 a 47 vta., la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Ingresó a trabajar a la Aduana Nacional el 26 de mayo de 2010, como Técnico en Servicio a Operadores I, dependiente de la Unidad de Servicio a Operadores de la Gerencia General; sin embargo, debido a su estado de salud, por tener la enfermedad de base Diabetes tipo 2, acreditado mediante certificados médicos expedidos por la Caja Nacional de Salud y habiéndose declarado el estado de emergencia en todo el país debido a la pandemia por el Covid-19, envió una nota el 2 de junio de 2020, solicitando la aplicación de la modalidad teletrabajo mientras dure la pandemia y la vigencia del Decreto Supremo (DS) 4218 de 14 de abril de 2020, ante ello, la Aduana Nacional, mediante Memorándum Cite AN-DRHAC 1100/2020 de 30 de junio, le autorizó la modalidad de teletrabajo, el cual debía cumplirse a partir del 1 de julio de 2020 en adelante; posteriormente, mediante Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, le notificaron su retiro de la institución en virtud al carácter provisional de su designación a partir del 6 de marzo de 2021, dicho acto fue realizado sin respetar que se encontraba cumpliendo funciones bajo la modalidad de teletrabajo, el citado Memorándum fue emitido por la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, ahora demandada; asimismo, mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2021 solicitó su reincorporación a la Aduana Nacional anunciando interponer acción tutelar, ante ello dicha institución no emitió respuesta, por lo que nuevamente se presentó memorial el 22 de septiembre de 2021, reiterando su solicitud, pero tampoco obtuvo respuesta, quebrantando el derecho a la petición y frente al silencio administrativo de la Aduana Nacional; asimismo el 9 de noviembre de 2021, mediante memorial presentado ante la Defensoría del Pueblo, denunció los aspectos indicados y la misma institución mediante Nota DP-UACDDHH/246/2021 de 29 de noviembre, rechazó la citada denuncia y dispuso su archivo; posteriormente la Aduana Nacional recién en el mes de enero de 2022, le dio respuesta a lo impetrado mediante Nota AN-PREDC-N-2021/3384 de 31 de diciembre de 2021, señalando que no tendría derecho a reclamar su reincorporación, por ser designada como servidora pública interina y con carácter provisional, conforme el art. 39 de la Ley General de Aduanas (LGA) -Ley 1990 de 28 de julio de 1999-.
La parte accionante consideró lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la petición, a la salud, a la seguridad social y a la defensa; a cuyo efecto citó los arts. 24, 35.I, 46, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se deje sin efecto el Memorándum Cite 2845/2021, y se ordene su inmediata reincorporación y/o restitución a su fuente laboral, bajo el mismo ítem, puesto laboral, más el pago de sus salarios o remuneraciones y asignaciones familiares de la que fue afectada.
La audiencia pública se realizó el 25 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 257 a 263, produciéndose los siguientes actuados:
La peticionante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó su demanda de acción de amparo constitucional, y ampliando señaló que: a) El cómputo en relación al principio de inmediatez, el cual debería de efectuarse en atención a las notas que han sido enviadas el 27 de agosto y 2 de septiembre, ambas de 2021 y las mismas que no merecieron la respuesta de la Aduana Nacional; b) Sobre el principio de subsidiariedad, refiere sobre la excepcionalidad al tratarse de una reincorporación y el carácter sumarísimo de las acciones tutelares, por lo que su acción se encuentra dentro del plazo establecido por la norma e identifica como objeto de tutela el Memorándum Cite 2845/2021, referente al retiro de la Aduana Nacional; c) Hace referencia sobre su estado de salud y que la modalidad de teletrabajo le fue extendida por la anterior Presidenta de la Aduana Nacional y que ese sería el único delito en la que ha incurrido, para que se aplique el art. 39 de la Ley 1990; y, d) Refiere que ingresó mediante concurso, convocatoria, entrevista y otros aspectos relacionados para acceder al Memorándum Cite 0638/2010, y que al emitir el Memorándum Cite 2845/2021 de retiro no se tomó en cuenta el DS 4570, más aun cuando se encontraba bajo la modalidad de teletrabajo.
Karina Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a. i. de la Aduana Nacional, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito presentado el 25 de febrero de 2022, cursante de fs. 248 a 255 vta., manifestó que: 1) Mediante Memorándum Cite 0638/2010 de 25 de mayo se designó interinamente y con carácter provisional a la ahora accionante en el cargo de profesional 2 del Departamento de Inteligencia Aduanera dependiente de la Gerencia Nacional de Fiscalización y durante su permanencia en la Aduana Nacional se le ha otorgado diferentes memorándums con los cuales se le designó interinamente y con carácter provisional a la prenombrada en diferentes cargos, por lo que mediante Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, se le notificó con el retiro a la ahora impetrante de tutela, acto que fue en virtud a su carácter provisional de designación como funcionario público; 2) Sobre el incumplimiento de requisitos de forma en la acción de amparo constitucional, el cual es el principio de inmediatez y señala que tal como lo ha identificado como objeto de la acción tutelar en su memorial de subsanación y en la presente audiencia es el Memorándum Cite 2845/2021 referido a su retiro de la Aduana Nacional y efectuando el cómputo hasta la fecha de la presentación de la acción tutelar han transcurrido más de los seis meses, porque recién lo presenta el 6 de diciembre de 2021, el mismo está fuera del plazo, por lo que se vulnera el principio de inmediatez previsto en el art. 129.II de la CPE concordante con el art. 55 del CPCo; 3) Hace mención al principio de subsidiariedad, debido a que la ahora peticionante de tutela se encontraba bajo la modalidad de funcionaria provisoria por lo que no le asiste plantear un recurso de revocatoria v un jerárquico en aplicación del procedimiento administrativo, por lo que Tribunal de garantías debe observar que la acción tutelar presentada no demuestra de qué forma se vulneró el derecho o garantía constitucional, más aun cuando la prenombrada no fue funcionaria de carrera; 4) Sobre el fondo de la acción de amparo constitucional, no se ha vulnerado ningún derecho o garantía constitucional, porque los funcionarios provisorios no pueden impugnar su retiro, es decir que no gozan de inamovilidad laboral, considerando que la estabilidad laboral e impugnación a toda determinación relacionada con el ingreso, promoción o retiro es de exclusivo derecho de los servidores públicos de carrera; 5) En relación al cumplimiento del DS 4218, mismo que no hubiera sido considerado según la parte accionante, señala que se ha emitido la Circular AN-GNAGC-CIR-22-2020 de 8 de junio de que da a conocer la modalidad de teletrabajo y su proceso de implementación y que mediante Memorándum Cite AN-DRHAC 1100/2020 de 30 de junio se le comunica a la peticionante de tutela el desempeño de sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo a partir del 1 de julio de 2020, también se refieren a que se emitió la Circular AN-GNAGC-DRHAC-CIRC-4-2021 de 18 de febrero, por el cual se instruye a todo el personal de la Aduana Nacional presentar hasta el 22 de febrero de 2021 al Departamento de Recursos Humanos, la documentación que respalde la inamovilidad laboral acreditada a través de un respectivo carnet de discapacidad, documento de reconocimiento ad vientre, certificado médico que acredite estado de gestación, certificado de atención prenatal, certificado de nacimiento y otros, en original o copia legalizada, aspecto que la accionante no presentó ninguna documentación que acredite su inamovilidad laboral; y, 5) Sobre los DS 4196 y DS 4218, si bien se refieren a la modalidad de teletrabajo y a funcionarios que padezcan de alguna enfermedad de base, pero en ningún momento les da la calidad de inamovilidad laboral y que hasta el presente no se tiene considerado ese aspecto para personas con enfermedades de base, en atención a ello solicita que se rechace la acción tutelar declarando su improcedencia o denegando la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, por Resolución 047/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 264 a 267 vta., dispuso denegar la tutela solicitada, por no cumplir con el principio de inmediatez, bajo los siguientes fundamentos: i) La parte accionante ha identificado como acto que vulnera sus derechos el Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, asimismo las partes se han referido a que dicho acto administrativo, el cual ha sido notificado en la misma fecha; ii) Cabe señalar que el Tribunal Constitucional a través de la “SC 480/2011” y otra, al referirse sobre el principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional concordante con el art. 55.1 del CPCo, del cual se establece que la solicitante de tutela presentó la acción tutelar más allá de los seis meses a parir de la última actuación o acto ilegal el cual ha sido identificado y de acuerdo a los antecedentes siendo sorteada la causa el 6 de diciembre de 2021, según NUREJ 203994304; y, iii) Debe considerarse la relación del cómputo que se ha efectuado entre el acto que presumiblemente lesiona sus derechos el cual es el Memorándum Cite 2845/2021, notificada en la misma fecha y de la presentación de la acción de defensa, en consecuencia la solicitante de tutela no ha cumplido con el principio de inmediatez que señala la norma fundamental y el Código Procesal Constitucional, en atención a lo señalado precedentemente no se ingresara a considerar el fondo de acción tutelar, con relación al contenido del retiro que hubiera sufrido la ahora accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Memorándum Cite 0638/2010 de 25 de mayo, por el que se designó interinamente y con carácter provisional a María Emma Pacheco Arce –ahora accionante– en el cargo de profesional 2 del Departamento de Inteligencia Aduanera dependiente de la Gerencia Nacional de Fiscalización (fs. 128). II.2. Mediante Nota presentada el 2 de junio de 2020, ante Julio Adolfo Gonzales, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Aduana Nacional, la ahora accionante solicitó “modalidad teletrabajo” mientras dure la cuarentena en atención al DS 4218 de 14 de abril de 2020, adjuntando certificado médico que establece patologías (fs. 121); asimismo cursa Circular AN-GNAGC-CIR-22-2020 de 8 de junio que da a conocer la modalidad de teletrabajo y su proceso de implementación (fs. 117 a 120); mediante Memorándum Cite AN-DRHAC 1100/2020 de 30 de junio se le comunica a la solicitante de tutela el desempeño de sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo a partir del 1 de julio de 2020 (fs. 116); posteriormente se emitió la Circular AN-GNAGC-DRHAC-CIRC-4-2021 de 18 de febrero, por el cual se instruye a todo el personal de la Aduana Nacional, presentar hasta el 22 de febrero de 2021 al Departamento de Recursos Humanos, la documentación que respalde la inamovilidad laboral acreditada a través de un respectivo carnet de discapacidad, documento de reconocimiento advientre, certificado médico que acredite estado de gestación, certificado de atención prenatal, certificado de nacimiento y otros, en original o copia legalizada (fs. 114). II.3. Cursa Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, emitido por Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada-, por el cual se le notifica a la ahora impetrante de tutela su retiro de la institución, en virtud a su carácter provisional de designación como funcionaria pública (fs. 107). II.4. Mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2021, por la ahora impetrante de tutela, ante la Aduana Nacional, solicitó reincorporación a su fuente laboral por haber sido desvinculada en razón de que realizaba funciones mediante teletrabajo debido a su enfermedad de base (fs. 7 a 11). II.5. Consta Comunicación Interna AN-GNJGC-DALJC-CI-1513-2021 de 9 de septiembre, en el cual Abigail Verónica Zegarra Fernández, Gerente Nacional Jurídico a.i. de la Aduana Nacional solicitó información, sobre el memorial de solicitud de reincorporación presentado por la ahora accionante, y la misma es dirigida a Juana Verónica Ergueta Soliz, Gerente Nacional de Administración a.i. de dicha institución (fs. 91); cursa Informe AN-GNAGC-DRHAC-I-755-2021 de 16 de septiembre, con cargo de recepción en la Gerencia Nacional Jurídica de dicha institución de 4 de octubre del mismo año, en el cual concluyó que :
“…la desvinculación de la accionante, efectuada mediante memorándum Cite N 2845/2021, se encuentra en el marco de la normativa vigente; toda vez que su ingreso a la Aduana nacional, fue en calidad de funcionaria interina y con carácter provisional; en consecuencia la cesación de su cargo no se encuentra sujeta a representaciones o impugnaciones, en razón de que su designación y retiro constituye una facultad privativa de Presidencia ejecutiva de la Aduana Nacional” (sic). Cabe señalar que los citados documentos no son puestos a conocimiento de la ahora impetrante de tutela en esa oportunidad, pero si son presentados en la acción de amparo constitucional (fs. 58 a 64). II.6. Mediante memorial presentado el 22 de septiembre de 2021, por la ahora accionante, reitera su solicitud de reincorporación a su fuente laboral por haber sido desvinculada en razón de teletrabajo, debido a su enfermedad de base, denunciando su derecho a la petición e información porque su solicitud no fue atendida (fs. 12 y vta.). II.7. Cursa Informe AN-GNJGC-DALJC-I-1161-2021 de 27 de diciembre, dirigida a Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a. i. de la Aduana Nacional, por Abigail Verónica Zegarra Fernández, Gerente Nacional Jurídica a. i. de dicha institución, en el cual concluye que:
“El Memorándum con Cite N° 2845/2021 de 04/03/2021, de retiro de la entidad a la Sra. María Emma Pacheco Arce, habría sido efectuado en aplicación del Artículo 39 Inciso d) de la Ley No. 1990, de 28/07/1999 General de Aduanas toda vez que la misma fue designada de manera interina y con carácter provisional. El Informe AN-GNAGC-DRHAC-755-2021 de 16/09/2021, emitido por el Departamento de Recursos Humanos establece que "En virtud a los antecedentes considerados en el presente informe concluye que la desvinculación de la Sra. María Emma Pacheco Arce, efectuada mediante Memorándum Cite N° 2845/2021 de 04/03/2021, se encuentra en el marco de la normativa legal vigente, toda vez que su ingreso a la Aduana Nacional, fue en calidad de funcionaria interina y carácter provisional" En este sentido todas las actividades realizadas por la Aduana Nacional fueron en cumplimento de la normativa legal se otorgó a la ex servidora pública los beneficios que le correspondían mientras fue servidora pública de esta entidad, como el trabajo bajo la modalidad de teletrabajo en cuidado de su enfermedad de base y otras. IV. RECOMENDACIÓN. Por lo señalado en líneas precedentes, se recomienda dar respuesta mediante nota a la servidora pública Sra. María Emma. Pacheco Arce, bajo los lineamientos del Informe AN-GNAGC-DRHAC--755-2021 de 16/09/2021 y el análisis del presente informe” (sic).
El citado informe no es puesto a conocimiento de la ahora accionante, pero si es presentado en la acción de amparo constitucional (fs. 52 a 57).
II.8. Por Nota AN-PREDC-N-2021/3384 de 31 de diciembre de 2021, emitida por Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, le responde a la ahora peticionante de tutela, lo siguiente:
Por memorial solicita se deje sin efecto el Memorándum de retiro con Cite N° 2845/2021 de 04/03/2021 y se proceda a su reincorporación a la Aduana Nacional.
De acuerdo al criterio legal establecido por la Gerencia Nacional Jurídica así como el pronunciamiento de Departamento de Recursos Humanas dependiente de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, y en cumplimiento de lo dispuesto por Decreto Supremo N° 4218 de 14/04/2020 y las Resoluciones Ministeriales N° 220/2020 de 24/04/2020 y N° 229/20 de 18/05/2020, la Aduana Nacional mediante Memorándum con Cite N° AN-DRHAC 1100/2020 de 30/06/2021, reconoció a su persona el derecho a desarrollar sus funciones bajo la modalidad de Teletrabajo a partir de! 01/07/2020 a 05/03/2021 ininterrumpidamente, considerando su situación de salud.
Por otro lado, cabe recordar a su persona que su designación fue en calidad de servidor público interino y con carácter provisional, y su retiro se efectuó coniforme prevé el Inciso d) del Artículo 39 de la Ley N° 1990 de 23/07/1999, Ley General de Aduanas y el Articulo 47 del Reglamento Interno de Personal (R.I.P.) aprobado a través de la Resolución de Directorio N° RD 02-020-13 de 29/11/2013 (Vigente a momento de la emisión del Memorándum).
En ese contexto la Aduana Nacional dio cumplimiento a su solicitud de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo cuando su persona desempeñaba funciones en esta Entidad, y su retiro se efectuó en el marco del ordenamiento jurídico vigente” (sic [fs. 51]).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la petición, a la salud, a la seguridad social y la defensa; toda vez que, la autoridad demandada emitió el Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, mediante la cual se la retiro de la Aduana Nacional, sin considerar que se encontraba con la modalidad de teletrabajo por tener enfermedad de base y por la emergencia sanitaria del COVID-19, por lo que, ante esa determinación presentó ante la Aduana Nacional, memorial de solicitud de reincorporación a su fuente laboral, el 27 de agosto de 2021, misma no fue respondida, ante ello reiteró su solicitud por memorial presentado el 22 de septiembre de 2021 y recién en el mes de enero de 2022 fue notificada con la Nota AN-PREDC-N-2021/3384 de 31 de diciembre de 2021. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre el principio de inmediatez en las acciones de amparo constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.
El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que:
“La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del CPCo, dispone que: “ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).
II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace” (el resaltado es nuestro).
El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1 que:
“…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo. De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto en el Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que:
“El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consiste en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. …no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del ultimo reclamo efectuado por el agraviado o afectado” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2 de 22 de mayo, que expresa textualmente:
“En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la petición, a la salud, a la seguridad social y la defensa; toda vez que, la autoridad demandada emitió el Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, mediante la cual se la retiro de la Aduana Nacional, sin considerar que se encontraba con la modalidad de teletrabajo por tener enfermedad de base y por la emergencia sanitaria del COVID-19, por lo que, ante esa determinación presentó ante la Aduana Nacional, memorial de solicitud de reincorporación a su fuente laboral, el 27 de agosto de 2021, misma no fue respondida, ante ello reiteró su solicitud por memorial presentado el 22 de septiembre de 2021 y recién en el mes de enero de 2022 fue notificada con la Nota AN-PREDC-N-2021/3384 de 31 de diciembre de 2021.
De los antecedentes traídos en revisión ante esta instancia constitucional se tiene que, mediante Memorándum Cite 0638/2010 de 25 de mayo, la peticionante de tutela ingreso a trabajar de forma interina y provisional en el cargo de profesional 2 del Departamento de Inteligencia Aduanera dependiente de la Gerencia Nacional de Fiscalización; posteriormente mediante nota presentada el 2 de junio de 2020 al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Aduana Nacional, solicitó la modalidad de teletrabajo mientras dure la cuarentena en atención al DS 4218 de 14 de abril de 2020 adjuntando certificado médico que establece su enfermedad de base, y de acuerdo a la Circular AN-GNAGC-CIR-22-2020 de 8 de junio que autoriza la modalidad de teletrabajo y su proceso de implementación, a través del Memorándum Cite 1100/2020 de 30 de junio, se le otorga la autorización del desempeño de sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo a partir del 1 de julio de 2020; posteriormente se emitió la Circular AN-GNAGC-DRHAC-CIRC-4-2021 de 18 de febrero, por el cual se instruye a todo el personal de la Aduana Nacional, presentar hasta el 22 de febrero de 2021 al Departamento de Recursos Humanos, la documentación que respalde la inamovilidad laboral acreditada a través de un respectivo carnet de discapacidad, documento de reconocimiento advientre, certificado médico que acredite estado de gestación, certificado de atención prenatal, certificado de nacimiento y otros, en original o copia legalizada (Conclusiones II.1 y II.2).
Por Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, emitido por la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, ahora demandada, se notificó a la ahora accionante su retiro de la institución, ante ello presentó memorial el 27 de agosto de 2021 solicitando su reincorporación a su fuente laboral; cabe señalar que de forma interna, la Aduana Nacional mediante Comunicación Interna AN-GNJGC-DALJC-CI-1513-2021 de 9 de septiembre, por intermedio de la Gerencia Nacional Jurídico de la Aduana Nacional solicita información, sobre el memorial de solicitud de reincorporación presentado por la ahora impetrante de tutela y la cual es dirigida al Gerente Nacional de Administración, la misma es respondida mediante Informe AN-GNAGC-DRHAC-I-755-2021 de 16 de septiembre y recepcionada por la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional el 4 de octubre del mismo año; asimismo, la ahora peticionante de tutela no obteniendo respuesta, nuevamente presenta memorial el 22 de septiembre de 2021, en el cual reitera su solicitud de reincorporación a su fuente laboral; ante ello, la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional, emite el Informe AN-GNJGC-DALJC-I-1161-2021 de 27 de diciembre dirigida a la Presidenta Ejecutiva a.i. de dicha institución, y mediante la cual, la mencionada Presidenta Ejecutiva, ahora demandada, emite como repuesta la Nota AN-PREDC-N-2021/3384 de 31 de diciembre de 2021, señalando que su designación fue en calidad de servidora pública interina y con carácter provisional, y su retiro se efectuó conforme prevé el art. 39 inc. d) de la Ley 1990 y el art. 47 del Reglamento Interno de Personal aprobado mediante Resolución de Directorio RD 02-020-13, por la citada Nota se da respuesta, a la solicitud de reincorporación de la ahora peticionante de tutela (Conclusiones II.3, II.4, II.5, II.6, II.7 y II.8).
En ese contexto, de los datos del proceso y los argumentos expuestos, se advierte que el ahora accionante alega la vulneración de sus derechos; toda vez que, la autoridad demandada emitió el Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, mediante la cual se la retiro de la Aduana Nacional, sin considerar que se encontraba con la modalidad de teletrabajo por tener enfermedad de base y por la emergencia sanitaria que se atraviesa, por lo que en su petitorio solicita se deje sin efecto el memorándum Cite 2845/2021 y se ordene su inmediata reincorporación y/o restitución a su fuente laboral, bajo el mismo ítem, puesto laboral, más el pago de sus salarios o remuneraciones y asignaciones familiares de la que fue afectada. Ahora bien, previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática, hay que tener en cuenta que toda acción de amparo constitucional está revestida por principios que deben ser cumplidas de manera obligatoria para poder interponerla, principios catalogados como el de la inmediatez y el de la subsidiariedad; entendiendo la primera, como el plazo en la que se debe interponer la acción de defensa ante la jurisdicción constitucional; y, la segunda, como el agotamiento previo de todos los recursos idóneos intrapocesales que la Ley le franquee al interesado sea en la vía judicial o administrativa; y con la finalidad de resguardar sus derechos y garantías, principios que al no cumplirlas, hace que la demanda se torne en improcedente y por lo mismo inviable a la justicia constitucional el ingreso al fondo de la problemática; de lo aclarado, y por la naturaleza de la problemática traída en revisión se pasará a realizar una compulsa sobre el cumplimiento del principio de inmediatez; y en ese marco se tiene:
En ese contexto, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al principio de inmediatez, indicó que la acción de amparo constitucional podrá ser presentada dentro del plazo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho, en la que deberá establecer incluso si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia del impetrante de tutela sobre el reclamo de sus derechos, aspectos estipulados en los arts. 129.II de la CPE; y, 55.I del CPCo.
Ahora bien, en el caso presente es necesario realizar dicho análisis, respecto a que si la parte accionante haya dado cumplimiento en haber interpuesto la acción de amparo constitucional dentro del plazo de los seis meses, de la siguiente manera:
1) De la compulsa de antecedentes, se tiene que mediante Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, emitido por la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, se procedió al retiro de la peticionante de tutela de dicha entidad.
2) En ese contexto, conforme se desprende de las Conclusiones II.4 y II.6 de este fallo constitucional, la impetrante de tutela presentó memorial de solicitud de reincorporación a su fuente laboral el 27 de agosto de 2021 y al no obtener respuesta, reitero su solicitud mediante memorial presentado el 22 de septiembre del mismo año. 3) Sin embargo, en el mes de enero recién mereció respuesta mediante Nota AN-PREDC-N-2021/3384 de 31 de diciembre de 2021, firmada por la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada-, en el cual le explicaba que su designación fue en calidad de servidora pública interina y con carácter provisional, y que su retiro fue conforme al art. 39 de la Ley 1990 y el art. 47 del Reglamento Interno de Personal, conforme sobresalen de la Conclusión II.8 de este fallo constitucional. En ese orden de ideas, se identificó el hecho vulnerador la cual es la notificación con el Memorándum Cite 2845/2021 el 4 de marzo de 2021 de retiro de la institución, (Conclusión II.3); ante ello la agraviada teniendo conocimiento de dicha determinación, pudo plantear la presente acción tutelar hasta el 4 de septiembre de 2021, lo cual no ocurrió, conforme se tiene de antecedentes; asimismo, cabe señalar que la impetrante de tutela posterior a su retiro presentó ante la Aduana Nacional los memoriales de 27 de agosto y 22 de septiembre ambos de 2021, en el cual solicitó su reincorporación laboral a dicha institución (Conclusiones II.4 y II.6) y recién mediante Nota AN-PREDC-N-2021/3384 de 31 de diciembre de 2021 la autoridad demandada, le dio respuesta señalando que su retiro se efectuó conforme prevé el art. 39 de la Ley 1990 y el art. 47 del Reglamento Interno de Personal (Conclusión II.8); en ese contexto, si bien los memoriales mencionados ante la falta de respuesta fueron alegados como una inacción por parte de la Aduana Nacional operándose a criterio de la peticionante de tutela como un silencio administrativo, por lo que al no existir otro medio legal para la protección de sus derechos interpone la presente acción tutelar el 6 de diciembre de 2021; extremo que haría entrever que su interposición se encontraría dentro el plazo de los seis meses; sin embargo, debe tomarse en cuenta que por mandato del art. 129.II de la CPE se tiene que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; y en el presente caso conforme se advirtió de lo obrado y por la propia identificación realizada por la accionante el acto señalado como vulneratorio es el Memorándum Cite 2845/2021 de 4 de marzo, por lo que a la fecha de interposición de la presente acción tutelar transcurrió nueve meses y dos días, fuera del plazo establecido y desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Finalmente corresponde señalar que las Notas de 27 de agosto y 9 de septiembre de 2021, así como la respuesta otorgada a través de la Nota AN-PREDC-N-2021/3384 de 31 de diciembre de 2021, con Nota AN-PREDC-N-2021/3384 y entregada al accionante el 12 de enero de 2022 no pueden constituirse como actos de interrupción del plazo de la inmediatez o considerarse como el hecho vulneratorio toda vez que los mismos no se constituyen como una última decisión administrativa, ya que no devienen de un procedimiento administrativo o judicial; en consecuencia bajo esos elementos facticos y conforme a la premisa normativa descrita precedentemente no corresponde acoger el presente reclamo, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.
Consiguientemente, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 047/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 264 a 267 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0413_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): bbb3376bb471626644bfadb7d50ded5cd369fe186df2ba2e0556f9a6949d01ec
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