Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 5 de agosto de 2024
Concede la tutela
El impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, ejerciendo las funciones de Chofer de ambulancia en el GAM de Sacaba, sin causa justificada fue despedido; por lo que, acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, donde se emitió la Conminatoria J.D.T. CBBA./D.S. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0090/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 178 a 181, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0412/2024-S1 Sucre, 5 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51373-2022-103-AAC Departamento Cochabamba En revisión la Resolución 0090/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 178 a 181, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Benedicto Soliz Gonzales contra Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sacaba.
Mediante memorial presentado el 13 de octubre de 2022, cursante de fs. 15 a 23 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Desde el 14 de marzo de 2018, trabajó en la Alcaldía de Sacaba hasta el 1 de febrero de 2022, desempeñando el cargo de Chofer de ambulancia, con un salario mensual de Bs3 682.- (tres mil seiscientos ochenta y dos bolivianos); sin embargo, de manera intempestiva e injustificada se le entregó su memorándum de despido, no obstante su desempeño “continuo, leal, idóneo, eficaz y eficiente” (sic) realizado durante todos esos años, violentándose sus derechos constitucionales, afectándose de manera directa a la subsistencia tanto de su persona como de su familia, en específico de su hija que aún es estudiante. En ese sentido presentó su denuncia de despido ilegal e injustificado y pidió su reincorporación ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, emitiéndose una citación para la parte demandada, fijándose en consecuencia audiencia para el 17 de febrero de 2022, citándose a los representantes de la Alcaldía de Sacaba; empero, no existiendo respuesta lógica, creíble, menos legal de la parte ahora demandada, pues únicamente alegó de manera dilatoria supuestos hechos no acreditados, por lo que se emitió el informe MTEPS-JDT CO-LLRB-0533-INF/22 de 11 de marzo de 2022, recomendando su reincorporación laboral, para lo que se debía emitir una conminatoria de reincorporación a su fuente de trabajo en el mismo cargo y remuneración conforme a ley. Es así que, el 12 de abril de 2022, mediante Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022 de 12 de abril, la Jefe Departamental del Trabajo de Cochabamba, en cumplimiento a disposiciones constitucionales y laborales conminó al GAM de Sacaba proceda a su reincorporación en el mismo cargo que venía desempeñando los últimos años, así como la cancelación de salarios devengados y demás derechos laborales, en el plazo máximo de tres días hábiles improrrogables de recepcionada dicha conminatoria; empero, notificado que fue con la misma el GAM de Sacaba no atendió favorablemente ese extremo, por lo que solicitó su verificación a la citada Jefatura Departamental, quienes a través de su Inspector el “13 de julio de 2022” se constituyó ante ese GAM, tomando contacto con Recursos Humanos y Asesoría Legal, quienes desconociendo la ley le indicaron que dicha Jefatura no tendría competencia para verificar conminatorias, dejando en claro que no se lo habría reincorporado, ni lo harían, tal como señala el Informe JDT.CBBA-NVV-VR-063/2022 de 13 de julio, concluyéndose en consecuencia que el GAM de Sacaba no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 46.I.1 y 2; 48.I y II; y, 49.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
El peticionante de tutela solicita se conceda la tutela impetrada; ordenando el cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022, y por consiguiente, su inmediata reincorporación al mismo cargo que desempañaba los últimos años, respetando su antigüedad conforme a la Ley General del Trabajo, el pago del salario devengado, restitución a su seguro a corto y largo plazo, y la prohibición a sus empleadores del acoso laboral y discriminación.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 18 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 176 a 177, produciéndose los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de sus abogados en audiencia, ratificó íntegramente los argumentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional.
Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde del GAM de Sacaba, a través del memorial presentado el 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 161 a 174, así como en audiencia mediante su abogado, refirió que: a) Los contratos que celebra el Estado son de naturaleza administrativa publica conforme la Constitución, las Leyes 1178, 2027 y 482, así como el DS 26115, debiéndose considerar que el ahora accionante fue contratado como personal eventual mediante memorándum de designación y reasignación de ítem; b) Respecto a la Conminatoria, ésta genera una confusión a favor del nombrado, ocasionando que en su calidad de servidor público pretenda gozar del derecho a la estabilidad laboral, aludiendo a la Constitucional cuando el régimen de los servidores públicos no se tiene prevista la estabilidad laboral; c) Las Jefaturas Departamentales del Trabajo no pueden definir, suprimir o modificar derechos ya definidos por ley, ni contrariar sus disposiciones, habiéndose desconocido el DS 29894 regulado mediante la RM 685/2014, que establece que las denuncias donde el actor sea el Estado con sus servidores públicos, corresponde conocerlas y resolverlas a la Dirección General del Servicio Civil a través de su Unidad Especializada. El ámbito de aplicación del DS 0495 y la RM 868/2010 no involucra al sector público, inexistiendo un procedimiento para tramitar la reincorporación de servidores públicos; d) Se realizó una interpretación normativa sesgada sobre los alcances de la Ley 1156 de 13 de marzo de 2019, generandose una confusión jurídico conceptual del termino trabajadoras y trabajadores, además de no haber cambiado la calidad de servidores públicos, presentando un vacío jurídico; asimismo no se tiene establecido el derecho a la estabilidad laboral a favor de los servidores públicos; e) La Conminatoria dejó de lado el análisis de la calidad de funcionario público sujeto a régimen diferente; la inexistencia del derecho a la estabilidad laboral a favor de los servidores públicos que no son de carrera administrativa, así como la vigencia normativa de las formas de contratación y los vacíos y contradicciones que presenta la Ley 1156; f) El accionante en lugar de impugnar la decisión de desvinculación solicitó el pago de sus vacaciones, siendo de esa manera que consintió de manera expresa la desvinculación de la cual fue objeto, además de haber realizado su declaración jurada, elaborando su informe final de 1 de febrero de 2022, respecto a la no tenencia de activos fijos y por ultimó presentó el formulario de desvinculación laboral, advirtiéndose la concurrencia de actos consentidos, no correspondiendo ingresar a dilucidar el fondo de la acción planteada; g) Se tiene también la causal de improcedencia de inmediatez debido a que la Conminatoria fue emitida el 12 de abril de 2022, fecha de inicio del cómputo para la interposición de la acción de amparo, por lo que se encuentra la misma fuera del plazo de los seis meses; h) El accionante alega la falta de fundamentación y motivación de la conminatoria, además de la inexistencia de la denuncia ya que jamás se le hizo conocer la misma y tampoco se insertó la fecha en la que el nombrado acudió a la antes señalada Jefatura a pedir su reincorporación, además del incumplimiento de plazos y deberes en la emisión del Informe del Inspector del Trabajo y de la conminatoria, vulnerando el debido proceso en todas sus vertientes; la Conminatoria adolece de motivación pues no explicó porque razones resulta ser factible la reincorporación laboral, limitándose a indicar que la inasistencia de la parte empleadora se considera como prueba plena y aceptación del despido injustificado; i) Se considere respecto a la cancelación de beneficios sociales y otros, la SCP 905/2020 en cuanto a la improcedencia de la acción de amparo, por lo que en caso de determinarse el cumplimiento de tal conminatoria ese Tribunal debe determinar la cuantía de los salarios que debe cancelarse así como el cargo que ocupara el nombrado; y, j) Por todo lo expuesto solicitó se deniegue la tutela.
Sintia Martha Lozada Vega, Jefa Departamental de Trabajo de Cochabamba, mediante el memorial cursante a fs. 175 y vta., señaló que cursa una denuncia interpuesta por Benedicto Soliz Gonzales, quien se apersonó ante la Inspectoría de la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, a efecto de denunciar el despido sin justa causa que habría sufrido, contra el GAM de Sacaba, representada por Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde de dicho Municipio. Dicho Municipio planteó recurso de revocatoria y luego jerárquico, conforme al art. 66.III de la Ley 2341, encontrándose el caso en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde se remitió la carpeta administrativa mediante Hoja de Ruta Externa 2022-32492, con CITE MTEPS-JDTC CO-SMLV-479/22 de 6 de julio de 2022; por lo que, no cuentan con antecedente alguno en esa Jefatura.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, a través de la Resolución 0090/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 178 a 181, concedió la tutela solicitada a favor del accionante, disponiendo en consecuencia que la autoridad demandada Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde del GAM de Sacaba o sus representantes legales, procedan al cumplimiento estricto e íntegro de la Conminatoria JDTCO CBBA/DS495-2010/SMLV/031/2022 de 12 de abril, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, otorgándole a dicho efecto el termino de tres días a partir de la emisión de esa Resolución Constitucional; decisión que fue asumida sobre la base del siguiente fundamento: 1) El accionante señala que desde el 14 de marzo de 2018 trabajó para el citado GAM en el cargo de Chofer de ambulancia, siendo despedido de manera intempestiva e injustificada el 1 de febrero de 2022, motivo por el cual acudió ante la referida Jefatura Departamental de Trabajo, emitiéndose el 12 de abril de 2022, la Conminatoria JDTCO CBBA/DS495-2010/SMLV/031/2022, disponiendo su reincorporación, determinación con la que se notificó; sin embargo, hasta la interposición de la acción de amparo constitucional la misma no fue objeto de cumplimiento por su empleador, ahora demandado, no obstante su debida notificación, tal como se tiene del Informe emitido por la indicada Jefatura Departamental de 13 de julio de igual año, por lo que considera vulnerados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, solicitando su tutela, y se disponga el cumplimiento íntegro de dicha Conminatoria a efectos de su indicada reincorporación al mismo cargo que desempeñaba, el pago de sus salarios devengados y la restitución de sus derechos laborales, así como la prohibición a su empleador de acoso laboral y discriminación; 2) La parte demandada en su informe solicitó la denegatoria de la tutela, señalando que se debe tomar en cuenta la data de la Conminatoria, el trámite administrativo laboral y los fundamentos de la resolución, puesto que en el caso concreto se tiene que el nombrado pidió la cancelación de sus beneficios sociales y realizó algunos actos a efectos de dejar el cargo, lo que devendría en la improcedencia de la acción de amparo constitucional, citando la SCP 905/2020, ante la existencia de actos consentido, y que en caso de determinarse el cumplimiento de la conminatoria, se determine los salarios a cancelarse, así como el cargo al que debe ser reincorporado; 3) Teniéndose emitida una Conminatoria por la citada Jefatura Departamental del Trabajo y en la cual de manera clara y precisa se ordenó al GAM de Sacaba que por intermedio de su representante legal proceda a la reincorporación laboral del ahora accionante, en el último cargo que venía desempeñando sus funciones, así como cancelar el pago de salarios devengados y demás derechos laborales que le correspondan hasta el día de su reincorporación efectiva, prohibiendo toda clase de acoso laboral y discriminación contra el trabajador, a ser cumplido en el plazo máximo de tres días hábiles a partir de la notificación, debiendo precisar que la indicada conminatoria emerge de la denuncia realizada por el trabajador ahora accionante de su despido intempestivo y sin justificativo, por lo que solicitó su reincorporación, especificando tener el cargo de Chofer de ambulancia Abra, consiguientemente en función a la Ley 321 se realizó el análisis de la incorporación de trabajadores municipales asalariados a la Ley General del Trabajo, precisando que el empleador ingresaría dentro del referido marco legal, por lo que considerando el DS 28699 y su modificatorio DS 495, respecto a los derechos laborales del trabajador y la petición de reincorporación realizada, habiéndose constatado despido injustificado, la Jefa Departamental del Trabajo procedió a emitir la indicada Conminatoria a favor del nombrado, la misma que de acuerdo al formulario de notificaciones fue puesto en conocimiento del empleador el 18 de abril de 2022; teniéndose a partir del informe de 13 de julio de ese año, emitido por esa institución respecto a la verificación de su cumplimiento, se tiene establecido el incumplimiento de la citada Conminatoria por parte del GAM de Sacaba, y que efectivamente hasta el presente el nombrado no fue reincorporado a su fuente laboral, conforme fue dispuesto en la indicada Conminatoria, denotándose un claro incumplimiento; 4) En cuanto a los argumentos de causales de improcedencia, señalando que el ahora accionante hubiera cobrado sus beneficios sociales; de los elementos que fueron precisados, se tiene que el nombrado solicitó mediante la cancelación de sus vacaciones no así específicamente sus beneficios sociales, confundiendo el empleador ese extremo, teniéndose además del formulario de finiquito presentado que no se encuentra suscrito por el trabajador y tampoco por el empleador en su Unidad de RR.HH. y menos esta refrendado por el Ministerio del Trabajo a los fines de tenerlo como idóneo, sin haberse demostrado que el ahora accionante hubiere optado por el mencionado pago de sus beneficios; es decir, la otra opción a la petición de reincorporación establecida en el mismo DS 28699 a efecto de tenerse la existencia de actos consentidos como se pretendió; y, 5) Ante la interposición directa de la acción de amparo por el incumplimiento de una conminatoria que ordena reincorporación laboral, no obstante los recursos que hubiesen sido interpuestos por el empleador, extremo que se tiene a partir del Informe de la referida Jefatura Departamental en sentido de encontrarse la carpeta del caso laboral en el Ministerio de Trabajo, Empleo y previsión, a efecto de resolverse el recurso jerárquico interpuesto por el GAM de Sacaba, sin que se tuviere elemento alguno que hayan cumplido con la indicada conminatoria hasta el presente, y tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional resulta de carácter provisional, pese a tenerse pendientes los mecanismos que hubiesen sido activados eventualmente dentro del indicado procedimiento laboral, correspondiendo otorgar la tutela solicitada, dentro de los marcos de los lineamientos jurisprudenciales establecidos en la SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, al haberse verificado la vulneración del derecho a la estabilidad laboral, sin determinarse el monto de salarios a cancelarse ni el cargo que ocupara el ahora accionante, pues ello no corresponde, por cuanto la presente acción fue interpuesta reclamando el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, consecuentemente, conforme a los lineamientos jurisprudenciales precisados, determinar su cumplimiento al haberse verificado la no reincorporación del trabajador a su fuente laboral, conforme fue ordenado por la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, disponiendo que el empleador cumpla los términos expuestos en la parte resolutiva de la Conminatoria referida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorándum GAMS-SMS/D.RR.HH./MAS/006/2022 de 24 de enero, el Secretario Municipal de Salud del GAM de Sacaba, comunicó a Benedicto Soliz Gonzales -ahora accionante- el agradecimiento de servicios en su calidad de servidor público provisorio, en el cargo de chofer de ambulancia de establecimiento de Salud de Primer Nivel Abra (fs. 119). II.2. Cursa Informe MTEPS-JDT CO-LLRB-0533-INF/22 de 11 de marzo de 2022, realizado por el Inspector de Trabajo de Cochabamba, dirigido a la Jefe de Trabajo de ese departamento, respecto a la reincorporación inamovilidad laboral del ahora accionante contra Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde del GAM de Sacaba, ahora demandado, mediante el cual recomendó se conmine a éste último para que proceda a la reincorporación del nombrado (fs. 4 a 6).
II.3. Mediante Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022 de 12 de abril, emitida por la Jefe Departamental de Trabajo de Cochabamba, a través del cual se conminó al GAM de Sacaba, para que en el plazo máximo de tres días hábiles a partir de su notificación con esa Conminatoria, reincorpore al ahora accionante, en el último cargo que venía desempeñando funciones, así como cancelarle el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que le corresponda hasta el día de su reincorporación efectiva, además prohibió toda clase de acoso laboral y discriminación en contra del nombrado (fs. 7 a 8 vta.); misma que fue notificada al mencionado GAM el 18 de abril de 2022 (fs. 9). II.4. A través de la Resolución Administrativa 69-2022 de 7 de junio, el Jefe Departamental de Trabajo de Cochabamba a.i., resolvió el recurso de revocatoria interpuesto el 10 de mayo de 2022, por Milko Vargas Céspedes en representación del GAM de Sacaba, contra la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022 (fs. 151 a 152 vta.). II.5. Consta Informe de Verificación de Cumplimiento de Conminatoria J.D.T.CBBA.-NVV-VR-063/2022 de 13 de julio, suscrito por Melquiades Quispe Chanez, Inspector de Trabajo de Cochabamba, dirigido a la Jefe Departamental de Trabajo del referido departamento, respecto a la verificación del cumplimiento de la citada Conminatoria de Reincorporación, señalando que se constituyó en las oficinas de RR.HH. del GAM de Sacaba, para verificar el cumplimiento de la reincorporación del ahora accionante, habiéndole remitido a la Unidad Jurídica, donde le indicaron que no tendría competencia legal para realizar ese tipo de actos jurídicos, y por lo que no se le recepcionaria el Memorándum de verificación, señalándole además que estaría usurpando funciones; por lo que, al no contar con la colaboración del Asesor de la indicada Unidad, se retiró del lugar, concluyendo que el nombrado no fue reincorporado a su fuente de trabajo (fs. 11 y vta.).
El impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, ejerciendo las funciones de Chofer de ambulancia en el GAM de Sacaba, sin causa justificada fue despedido; por lo que, acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, donde se emitió la Conminatoria J.D.T. CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022 de 12 de abril, conminando al citado GAM para que en el plazo de tres días a partir de su notificación, le reincorpore en el último cargo que venía desempeñando funciones, así como cancelarle el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que le corresponda hasta el día de su reincorporación efectiva, además prohibió toda clase de acoso laboral y discriminación en contra del nombrado; empero, la misma no fue cumplida hasta la interposición de la presente acción tutelar; razón por la cual, acude a la jurisdicción constitucional solicitando se conceda la tutela, ordenando el cumplimiento íntegro de la citada Conminatoria y por consiguiente, su inmediata reincorporación al mismo cargo que desempañaba los últimos años, respetando su antigüedad conforme a la Ley General del Trabajo, el pago del salario devengado, restitución a su seguro a corto y largo plazo, y la prohibición a sus empleadores del acoso laboral y discriminación. Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizaran los siguientes temas: i) El cómputo del plazo de inmediatez en la acción de amparo constitucional para solicitar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral; ii) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; y, iii) El análisis del caso concreto.
Este Tribunal en la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, sobre el cómputo del plazo de inmediatez en la acción de amparo constitucional para solicitar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, dejo establecido que:
…habrá que considerar que la vía administrativa quedará agotada con la emisión de la Resolución que pone término a todo el proceso de reincorporación; es decir, eventualmente el recurso jerárquico; sin embargo, ante la noción de ejecución inmediata de la conminatoria se plantea una situación sui géneris; puesto que por una parte la conminatoria debe efectivizarse inmediatamente, pero de otro lado es posible que se hayan activado mecanismos de impugnación que se encuentran pendientes de resolución.
Por todo lo relatado, corresponde precisar que ante la negativa por parte del empleador de dar cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura del Trabajo abre inmediatamente la posibilidad de activar la acción de amparo constitucional, no siendo necesario esperar hasta que la vía administrativa se encuentre en estado de ejecutoria. De ahí que corresponde establecer la reconducción del entendimiento a la SCP 0809/2012, que el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se deberá computar desde el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la conminatoria.
Ahora bien, siendo esa la línea jurisprudencial respecto al cómputo del plazo de la inmediatez para reclamar el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, este Tribunal en el marco del principio de progresividad propugnada en el nuevo modelo constitucional y los principios indubio pro homine, favorabilidad, en virtud de los cuales se busca la prevalencia del derecho material o sustantivo sobre el formal, para la vigencia y respeto de los derechos fundamentales de las personas, desarrollados en el fundamento precedente; en la SCP 0213/2018-S3 de 30 de mayo, en virtud precisamente a dichos principios, en una interpretación favorable de las normas laborales, advirtiendo además que no existió dejadez del trabajador en cuanto a procurar el respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por cuanto este asumió defensa en su propio interés, determinó de manera excepcional que el computo del plazo para la inmediatez se realice a partir de la notificación al empleador con la última resolución que agotó la vía administrativa, señalando que:
(…) el plazo de los seis meses, para el cómputo del principio de inmediatez, correrá en la generalidad de los casos, a partir del momento en el que venza el plazo para que el empleador efectivice la conminatoria de reincorporación; y, excepcionalmente a partir de la notificación al empleador, con la resolución administrativa que confirme la vigencia de la conminatoria, en casos en los que éste haya omitido voluntariamente efectivizar la misma, desde un primer momento y por ende haya incumplido lo dispuesto en el art. 10.IV del DS 28699.
En tal sentido, el Tribunal Constitucional como guardián y primer interprete de la Constitución Política del Estado, debe efectuar dicha labor desde y conforme la Norma Fundamental, para la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, y cuyo texto se encuentra impregnada de los principios informadores de la teoría de los derechos fundamentales, lo que implica aplicar estos principios, que son la base del axioma justicia y que posibilita el acceso efectivo a la misma; entre ellos, el principio pro actione, que se constituye en una directriz esencial para el ejercicio del órgano de control de constitucionalidad y la consolidación del mandato inserto en el art. 1 de la CPE; y cuya aplicación permite interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, permitiendo excluir en algunos casos en los que advierta vulneración de derechos y garantías constitucionales, aspectos formales a efectos de conocer y resolver en derecho la pretensión sometida a esta jurisdicción; prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0321/2021-S1 de 2 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:
En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/20018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras.
Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2.
Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;
1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;
1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,
1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.
(…)
A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso (…) UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones (…).
El impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que ejerciendo las funciones de Chofer de ambulancia en el GAM de Sacaba, sin causa justificada fue despedido, por lo que acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, donde se emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022 de 12 de abril, conminando al citado GAM para que en el plazo de tres días a partir de su notificación, le reincorpore en el último cargo que venía desempeñando funciones, así como cancelarle el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que le corresponda hasta el día de su reincorporación efectiva, además prohibió toda clase de acoso laboral y discriminación en contra del nombrado; empero, dicha Conminatoria no fue cumplida hasta la interposición de la presente acción tutelar; razón por la cual, acude a la jurisdicción constitucional solicitando se conceda la tutela, ordenando el cumplimiento íntegro de la citada Conminatoria, y por consiguiente, su inmediata reincorporación al mismo cargo que desempañaba los últimos años, respetando su antigüedad conforme a la Ley General del Trabajo, el pago del salario devengado, restitución a su seguro a corto y largo plazo, y la prohibición a sus empleadores del acoso laboral y discriminación. Establecida la problemática jurídica del caso de autos, misma que recae sobre el incumplimiento de la Conminatoria por estabilidad laboral a favor del accionante, corresponde remitirnos a la documental cursante en obrados, teniéndose el memorándum GAMS-SMS/D.RR.HH./MAS/006/2022 de 24 de enero, el Secretario Municipal de Salud del GAM de Sacaba, comunicando a Benedicto Soliz Gonzales el agradecimiento de servicios en su calidad de servidor público provisorio, en el cargo de chofer de ambulancia de establecimiento de Salud de Primer Nivel Abra (Conclusión II.1). Posteriormente, por Informe MTEPS-JDT CO-LLRB-0533-INF/22 de 11 de marzo de 2022, realizado por el Inspector de Trabajo de Cochabamba, dirigido a la Jefe de Trabajo de ese departamento, respecto a la reincorporación inamovilidad laboral de Benedicto Soliz Gonzales, ahora accionante, contra Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde del GAM de Sacaba, ahora demandado, mediante el cual recomendó se conmine a éste último para que proceda a la reincorporación del nombrado (Conclusión II.2). En ese sentido, mediante Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022, emitida por la Jefe Departamental de Trabajo de Cochabamba, a través del cual se conminó al GAM de Sacaba, para que en el plazo máximo de tres días hábiles a partir de su notificación con esa Conminatoria, reincorpore al ahora accionante, en el último cargo que venía desempeñando sus funciones, así como cancelarle el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que le corresponda hasta el día de su reincorporación efectiva, además prohibió toda clase de acoso laboral y discriminación en contra del nombrado; misma que fue notificada al mencionada GAM el 18 de abril de 2022 (Conclusión II.3). A través de la Resolución Administrativa 69-2022 de 7 de junio, el Jefe Departamental de Trabajo de Cochabamba a.i., resolvió el recurso de revocatoria interpuesta el 10 de mayo de 2022, por Milko Vargas Céspedes en representación del GAM de Sacaba, contra la Conminatoria J.D.T. CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022 (Conclusión II.4). Consta Informe de Verificación de Cumplimiento de Conminatoria JDT CBBA NVV-VR-063/2022 de 13 de julio, suscrito por Melquiades Quispe Chanez, Inspector de Trabajo de Cochabamba, dirigido a la Jefe Departamental de Trabajo, respecto a la verificación de cumplimiento de la citada Conminatoria de Reincorporación, señalando que se constituyó en las oficinas del GAM de Sacaba, al departamento de RR.HH., para verificar el cumplimiento de la reincorporación del ahora accionante en esa fecha, habiéndole remitido a la Unidad Jurídica, donde le indicaron que no tendría competencia legal para realizar ese tipo de actos jurídicos, y por lo que no se le recepcionaria el memorándum de verificación, señalándole además que estaría usurpando funciones, por lo que al no contar con la colaboración del Asesor de la indicada Unidad, se retiró del lugar, concluyendo que el nombrado no fue reincorporado a su fuente de trabajo (Conclusión II.5).
Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional referirse sobre el principio de inmediatez, mismo que según la parte demandada no habría sido cumplido, por cuanto según considera la Conminatoria objeto de autos fue emitida el 12 de abril de 2022, fecha a partir de la cual iniciaría el cómputo para la interposición de la acción de amparo, por lo que se estaría fuera del plazo de los seis meses. En ese sentido, de los antecedentes mencionados, se tiene que la referida Conminatoria de Reincorporación J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/031/2022, fue notificada al GAM de Sacaba el 18 de abril de 2022 (fs. 9); sin embargo, en lugar de efectivizarla, interpuso recurso de revocatoria; posteriormente, a partir del informe de la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, se tiene que luego interpuso recurso jerárquico, encontrándose aun en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, habiendo sido remitido por hoja de Ruta Externa 2022-32492, con Cite MTEPS-JDTC CO-SMLV-479/22 de 6 de julio de 2022. Considerando dichos antecedentes y la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo, la cual determinó que el computo del plazo para la inmediatez correrá en la generalidad de los casos, a partir del momento en el que venza el plazo para que el empleador efectivice la conminatoria de reincorporación; en ese sentido, tomando en cuenta que el GAM de Sacaba fue notificado con la Conminatoria de reincorporación objeto de autos el 18 de abril de 2022, según la misma, ese GAM tenía tres días para dar cumplimiento con dicha Conminatoria y efectivizarla; es decir, hasta el 21 de igual mes y año; consecuentemente, es a partir de esa fecha que se computa el plazo de los seis meses para el planteamiento de ésta acción tutelar, teniéndose que el solicitante de tutela interpuso esta acción de amparo constitucional el 13 de octubre de igual año, lo que implica que el plazo de los seis meses no fue vencido, por lo que corresponde ingresar a realizar el análisis de fondo de lo impetrado por el ahora accionante. Bajo ese contexto, de la documentación precedentemente indicada, se evidencia que entre la emisión y notificación con la Conminatoria de Reincorporación Laboral a favor del accionante -18 de abril de 2022- y la fecha de presentación de la acción tutelar objeto de autos -13 de octubre de 2022- transcurrieron más de cinco meses, resultando que de forma injustificada el GAM de Sacaba dilató el cumplimiento de dicha Conminatoria, sin haber considerado que en la misma se señala de forma expresa que la reincorporación dispuesta debía ser en el plazo de tres días a partir de su notificación; consecuentemente, no fue cumplida la disposición de la referida Jefatura del Trabajo que hace al caso en análisis. Resulta pertinente señalar que a partir de los datos que cursan en el expediente, así como del informe de la parte demandada que en efecto el GAM de Sacaba no cumplió con la Conminatoria de reincorporación objeto de autos, lo cual también es evidente a partir del informe de verificación de cumplimiento de la misma, teniéndose de esa manera al impetrante de tutela de manera expectante y sin recibir el pago de sus sueldos y salarios devengados y demás derechos laborales que le corresponden hasta el día de su efectiva reincorporación, extremo del cual, se puede inferir una actitud renuente por parte de la parte demandada hacia lo resuelto por la entidad administrativa a favor del accionante. Consecuentemente, resulta imperante señalar que cualquier cuestionamiento a la conminatoria de reincorporación debe ser impugnada de acuerdo a los procedimientos de impugnación administrativos ante la misma Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, o en su caso ante la jurisdicción ordinaria laboral; empero el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación es inmediata, aun se activen los medios de impugnación pertinentes; por lo que en ésta jurisdicción corresponde únicamente verificar si se cumplió con la reincorporación dispuesta por la citada Jefatura Departamental, ello en razón a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales en relación al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el cual es de cumplimiento obligatorio e integral; es decir, que además de proceder a la reincorporación, se debe acatar lo dispuesto en relación al pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, no pudiéndose cumplir solo en relación a la reincorporación e incumplir los demás puntos dispuestos; toda vez que, una conminatoria no se trasunta en una resolución definitiva sobre la situación laboral del trabajador (a), considerando que la misma tiene carácter provisional en tanto las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral resuelvan en definitiva el fondo de la situación laboral correspondiente; por consiguiente, -se reitera- al ser la jurisdicción constitucional la encargada únicamente de verificar el estricto cumplimiento de la Conminatoria que ordena la reincorporación laboral, al evidenciar que no se lo hizo, corresponde conceder la tutela impetrada, en estricta sujeción al Fundamentos Jurídico III.2 del presente Fallo Constitucional Plurinacional. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0090/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 178 a 181, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0412_2024-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): a3b0069f88d7b32cf72f3be24a565d91ba21816bd0645aa0ae723b838302b499
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