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SCP 0411/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54855-2023-110-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, celebrada su audiencia de aplicación de medidas cautelares el 27 de marzo de 2023, en la que se dispuso su detención preventiva, contra dicha determinación formuló recurso de apelación incidental de manera oral; empero, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el Juez hoy accionado no remitió los antecedentes al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de abril de 2023, cursante de fs. 15 a 19, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Punata del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, de la acción de libertad en la modalidad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin disponer la remisión solicitada; puesto que, la misma ya se materializó ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0411/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54855-2023-110-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 1 de abril de 2023, cursante de fs. 15 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhonny Lamas Garcia en representación sin mandato de Fernando Quiroz Castro contra José Luis Fonseca Zubieta, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 2 a 3, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE) contra Fernando Quiroz Castro -accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); fue imputado formalmente el 16 de febrero de 2023, a efectos el Juez ahora accionado, señaló audiencia -de aplicación de medidas cautelares- para el 8 de marzo del referido año; empero, la mencionada audiencia fue suspendida para el 27 del citado mes y año, llevándose a cabo la misma en la indicada fecha; en la cual, el referido Juez determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, determinación contra la cual planteó recurso de apelación incidental de manera oral; no obstante, desde esa fecha, excediendo el plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dicho Juez no remitió los antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, incurriendo en una dilación indebida; por lo que, se encuentra indebidamente privado de libertad.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 115.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga remitir en el día el legajo del recurso apelación incidental ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) A pesar del tiempo transcurrido, desde el 27 de marzo de 2023, el Juez hoy accionado a la fecha de interposición de esta acción de libertad, no remitió el legajo del recurso de apelación incidental a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental Justicia de Cochabamba, excediendo las veinticuatro horas; por lo que, estaría incurriendo en una dilación indebida; y, b) Se cuestionó las contradicciones existentes en el proceso penal seguido contra su persona, respecto a las declaraciones de la menor de edad, de la madre y el hermano; por lo que, consideró que la medida cautelar impuesta, vulnera el principio procesal al debido proceso y que “esta resolución” debe ser tomada en cuenta por el Tribunal de alzada a efectos de que se revoque y sea en su favor.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

José Luis Fonseca Zubieta, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, mediante informe de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 11 a 12., manifestó que: 1) La audiencia de 27 de ese mes y año, se prolongó durante dos horas aproximadamente, su autoridad se dio la tarea de efectuar de Secretario, cargo que estaba acéfalo, para transcribir las actas en veinticuatro horas para evitar la dilación innecesaria en la tramitación del recurso de apelación incidental planteado por el accionante; 2) El 28 de igual mes y año, el acta ya se encontraba labrada; empero, la defensa ni los familiares del imputado -accionante- no se apersonaron a dicho Juzgado para proporcionar las fotocopias legalizadas y tampoco para hacer conocer que los mismos no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder proporcionar las referidas fotocopias; menos aún, solicitaron la remisión del cuaderno de control jurisdiccional en original; 3) Al presentarse un familiar del accionante “…el día de hoy en horas de la mañana…” (sic), se le comunicó que debía proporcionar las fotocopias de las piezas pertinentes a efectos de su legalización y posterior remisión ante el Tribunal de alzada; no obstante, prefirieron plantear la presente acción de libertad, en conclusión la dilación en la pretendida remisión responde a la dejadez o fraude procesal del accionante; 4) El Juzgado que representa se encuentra con acefalía en el cargo de Secretario; además, de estar asumiendo la suplencia del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Arani del departamento de Cochabamba, encontrándose con abundante carga procesal; 5) A la fecha de presentación de su informe, se encuentra con declaratoria en comisión académica, desde el 30 de marzo al 1 de abril de 2023; y, 6) Todo derecho y regla tiene su limitación o excepción, la jurisprudencia constitucional entendió la carencia que tienen los juzgados del Estado Plurinacional de Bolivia; por lo que, excepcionalmente se estableció el plazo límite de remisión del legajo del recurso de apelación incidental de tres días, lo cual está determinado en la subregla de acuerdo a la “SC 2149/2013 de 21 de noviembre”, por todo lo expuesto pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial, Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Punata del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 1 de abril de 2023, cursante de fs. 15 a 19, concedió la tutela solicitada, con relación a la dilación indebida del Juez hoy accionado, sin disponer el cumplimiento de la remisión por estar efectivizada encontrándose en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) El Oficial de Diligencias del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del citado departamento, adjuntó la declaratoria en comisión del Juez ahora accionado y el informe en el que señaló que el 31 de marzo de ese año, se remitió el legajo de recurso de apelación incidental, recayendo en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; ii) Estando el acta labrada el 28 de igual mes y año, el citado Juez no puede condicionar la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, en razón a que, su defensa o sus familiares del accionante no se apersonaron para proporcionar las copias legalizadas, al no contar con los recursos económicos para proporcionar las mismas, y que tampoco hubiesen solicitado la remisión del expediente original; ello en virtud de los principios de gratuidad y pro actione; y, los derechos de impugnación del accionante; y, iii) El Juez ahora accionado señaló que cuenta con recarga laboral; puesto que, resultaría aplicable la excepcionalidad que refiere la jurisprudencia constitucional para la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, y conforme al art. 251 del CPP, se puede flexibilizar el plazo de tres días; es decir, con las justificaciones razonables y fundadas por el Juez hoy accionado, tenía tres días para la remisión de los antecedentes; empero, a criterio del Juez de garantías el plazo se computó desde el día siguiente de la concesión del indicado recurso de apelación -27 de marzo de 2023-, siendo que le computó desde el 28 hasta el 30 del mismo mes y año, concluyendo que son tres días dentro de los cuales pudo efectivizarse la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental; no obstante, la remisión fue efectuada el 31 de marzo de 2023; es decir, el cuarto día; por lo que, el Juez hoy accionado provocó una demora en la tramitación de un recurso vinculado con el ejercicio de la libertad física del accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo el Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Nota presentada el 31 de marzo de 2023, ante el Juez de garantías, por el que la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, mencionó que en esa fecha se remitió el expediente original del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Fernando Quiroz Castro -hoy accionante-, aclarando que el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, ya se encuentra sorteado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento (fs. 10). II.2. Cursa impresión de ingreso del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) del proceso penal de referencia, que en su contenido refleja que el recurso de apelación incidental de medida cautelar se remitió a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 31 de marzo de 2023 (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, celebrada su audiencia de aplicación de medidas cautelares el 27 de marzo de 2023, en la que se dispuso su detención preventiva, contra dicha determinación formuló recurso de apelación incidental de manera oral; empero, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el Juez hoy accionado no remitió los antecedentes al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de

recaudos

La SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.

La SCP 02149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3: ‘i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte”’ (las negrillas nos corresponden).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 141/2018-S2 de 30 de abril, señala que: “…corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”’- (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, celebrada su audiencia de aplicación de medidas cautelares el 27 de marzo de 2023, en la que se dispuso su detención preventiva, contra dicha determinación formuló recurso de apelación incidental de manera oral; empero, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el Juez hoy accionado no remitió los antecedentes al Tribunal de alzada.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene la Nota presentada el 31 de marzo de 2023, ante el Juez hoy accionado, por el que la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, mencionó que en esa fecha, se remitió el expediente original del proceso penal correspondiente al accionante, aclarando que el recurso de apelación incidental ya se encontraba sorteado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento (Conclusión II.1.), para lo cual adjuntó la impresión de ingreso del SIREJ del proceso penal de referencia, que en su contenido refleja que el recurso de apelación incidental de medidas cautelares se remitió a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento el 31 de marzo de 2023 (Conclusión II.2.).

De lo referido por el accionante, se tiene que en calidad de imputado en el proceso penal de abuso sexual, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 27 de marzo de 2023, formuló de manera oral recurso de apelación incidental contra la determinación que dispuso su detención preventiva; si bien no cursan antecedentes que puedan corroborar lo mencionado por el accionante respecto a la tramitación de referido recurso de apelación, esos no fueron controvertidos o negados por el Juez ahora accionado. Ahora bien dicho recurso de apelación conforme a la impresión de ingreso del SIREJ del proceso penal de referencia (Conclusión II.2.) y el Informe de la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba presentado el 31 de ese mes y año, ante el Juez de garantías (Conclusión II.1.), se tiene que los antecedentes del citado recurso fueron remitidos el 31 de marzo de 2023, al Tribunal de alzada; por lo que, ya se encontraba sorteado a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento. La dilación en la tramitación del recurso de apelación del accionante, el Juez ahora accionando en su informe presentado a esta acción de libertad atribuyó a los familiares del accionante, a su defensa, quienes no se apersonaron a su Juzgado para proporcionar las fotocopias legalizadas y tampoco para hacer conocer que no cuentan con los recursos económicos para ese efecto, menos solicitaron la remisión del cuaderno de control jurisdiccional en original; además, de referir que su despacho se encontraba con la acefalía en el cargo de Secretario y en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Arani del departamento de Cochabamba; por lo tanto, contaba con recarga procesal, así como estaría declarado en comisión del 30 de marzo al 1 de abril de 2023, alegaciones que, de acuerdo a la revisión de antecedentes, lo que respecta a la acefalía en el cargo de Secretario y la suplencia legal, no fueron probados debidamente adjuntando al efecto documental que pruebe lo aseverado, como si lo hizo en cuanto a la declaratoria en comisión (fs. 9); sin embargo, no se puede dejar de lado que la audiencia de aplicación de medidas cautelares se efectuó el 27 del indicado mes y año, y contabilizando el plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP se tenía para su remisión hasta el 28 de igual mes y año, no siendo excusa la declaratoria de comisión, la cual iniciaba recién el 30 de ese mes y año, incluso considerando una flexibilización del citado plazo ampliándolo a tres días, se tenía hasta esa fecha para la pretendida remisión de antecedentes al Tribunal de alzada y no esperar hasta el 31 del señalado mes y año, lo que implica que de igual manera se encontraba fuera de plazo al transcurrir para tal efecto cuatro días. Asimismo, no es posible restringir la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada alegando la falta de provisión de recaudos de ley, y menos computarse el plazo de la remisión a partir de que se otorguen dichos recaudos, aquello implicaría ir contra los principios de gratuidad y pro actione; y, los derechos a la impugnación y de acceso a la justicia, conforme a una de las subreglas citadas en la jurisprudencia constitucional del Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, no siendo óbice el hecho de que el accionante, sus familiares y su defensa no se apersonaron para la provisión de recaudos de ley.

En ese marco, al incumplirse el plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, se provocó una demora excesiva e injustificada en la tramitación del recurso de apelación incidental directamente vinculado con el ejercicio de la libertad física o personal del accionante, que debe ser tramitado con la debida celeridad procesal, incurriendo en una dilación indebida que provocó la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso del accionante; puesto que, como estableció la jurisprudencia constitucional sobre la acción de libertad traslativa de pronto despacho, citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos y evitar cualquier dilación indebida que pueda afectar derechos fundamentales, más aun cuando el recurso de apelación del accionante fue presentado en audiencia de consideración de su situación jurídica; por lo que, en el mismo acto procesal debió decretarse su remisión y no esperar que el accionante la solicite, cuando además ya se encontraba labrada el acta correspondiente; es así que, de acuerdo a lo indicado en el referido Fundamento Jurídico, a partir de ese decreto se tiene el plazo de veinticuatro horas para la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada. Si bien el 31 de marzo de 2023 ya se remitió el recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, y de esa manera cesó el acto vulneratorio; empero, se advierte que la ilegalidad ya fue consumada al no remitirse el referido legajo del recurso de apelación incidental dentro de los plazos previstos por la norma y la jurisprudencia constitucional al respecto, en esos casos son aplicables los entendimientos de la acción de libertad innovativa citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, de modo que los actos vulneratorios no se repitan en lo sucesivo. Por consiguiente, al evidenciar que el Juez hoy accionado incurrió en dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental que vulneró los derechos a la libertad y al debido proceso del accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada.

Finalmente, se precisa que la concesión de la tutela se limita a ordenar que el Juez hoy accionado no incurra en dilaciones indebidas al momento de la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada; sin pronunciarse sobre el fondo de la situación jurídica del accionante, cuya valoración corresponde al Tribunal de alzada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de abril de 2023, cursante de fs. 15 a 19, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Punata del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, de la acción de libertad en la modalidad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin disponer la remisión solicitada; puesto que, la misma ya se materializó ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0411_2026-S1.pdf · páginas 1 a 12.

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