Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, “a la petición” y a la libertad; señalando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el 9 de enero de 2023, solicitó acogerse al procedimiento abreviado; no obstante, pese a que el Juez de la causa dispuso que el Fiscal de Materia demandado emita el pronunciamiento correspondiente, hasta la interposición de la presente acción tutelar dicha autoridad no resolvió su solicitud, limitándose a señalar que, una vez descongestionada la carga laboral derivada de la suplencia legal que se encontraba ejerciendo, atendería la petición formulada; circunstancia que, a su criterio, constituye un incumplimiento del deber de brindar atención prioritaria a este tipo de requerimientos. Por su parte, el Fiscal de Materia demandado señala que, la causa se encuentra en etapa de investigación y que aún se hallan pendientes diversas diligencias investigativas; asimismo, indicó que se encuentra ejerciendo suplencia legal y atendiendo otros asuntos urgentes, razón por la cual, la revisión del caso será efectuada cuando la carga laboral lo permita. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 35 a 36 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo mantener firmes y subsistentes los actos producidos como consecuencia de la concesión efectuada en favor del accionante, dispuesta por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0410/2026-S2 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53634-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 35 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Augusto Félix Fernández Callizaya contra Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 8 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 25 a 26 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 4 de enero de 2023; en ese contexto, el 9 de ese mes y año, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, mereciendo por respuesta que se revisarían los actuados, a pesar de que para ese fin presentó diferentes documentos, tales como Certificado de Registro de Antecedentes Penales (REJAP), Certificado de No Violencia (CENVI), además de “un acuerdo”; sin embargo, desde esa fecha su solicitud no fue atendida. Posteriormente, a pesar de que el Juez de la causa ordenó al Fiscal de Materia demandado pronunciarse en un plazo de veinticuatro horas, este no cumplió con dicho plazo y demoró su respuesta; incluso, después de nuevas órdenes judiciales y reiteradas solicitudes enviadas por su persona, la nombrada autoridad fiscal continuó sin contestar de manera oportuna, incumpliendo la obligación legal de dar prioridad a este tipo de solicitudes; demoras que vulneraron sus derechos, ya que continua detenido sin que su situación jurídica haya sido resuelta, tornando su detención en ilegal debido al falta de respuesta y la dilación injustificada.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, “a la petición” y a la libertad, citando al efecto los arts. 115.II, 116.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene al Fiscal de Materia demandado resuelva su solicitud de procedimiento abreviado de manera inmediata y dicte lo que en derecho corresponda.
Celebrada la audiencia virtual el “9” -lo correcto es 8- de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 34 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, ratificó el contenido de su acción tutelar y, ampliando en audiencia alegó que: a) Habiendo admitido la comisión del delito por el cual era investigado, el 9 de enero de 2023, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, cumpliendo con todos los requisitos legales, presentando documentación correspondiente; b) Pese a que el Juez de la causa ordenó al Fiscal de Materia demandado pronunciarse en un plazo de veinticuatro horas, este no emitió respuesta oportuna alguna, justificando aquello por estar en suplencia y con recarga laboral; y, a pesar de nuevas órdenes judiciales, reiteraciones y múltiples memoriales presentados, la autoridad fiscal demandada continuó sin pronunciarse sobre su solicitud; c) A la fecha de la audiencia de garantías, transcurrieron más de “29” días sin una respuesta, lo que vulnera sus derechos a la defensa, al debido proceso, “a la petición” y a la libertad personal, ya que continúa sin que se resuelva su situación jurídica; y, d) Finalmente, solicitó que se corrija el procedimiento y que se ordene al Fiscal de Materia demandado, emitir una decisión respecto a la solicitud de procedimiento abreviado; siendo que dicha demora podría generarle consecuencias personales, como la pérdida de su trabajo.
Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia, por informe cursante de fs. 31 a 32, señaló que: 1) El caso ya cuenta con una imputación formal y se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún se tiene pendiente la ejecución de actos investigativos; 2) Siendo que en el proceso penal de origen son dos las personas imputadas y al tratarse de una víctima de cincuenta y ocho años de edad, el caso requiere un análisis cuidadoso y detallado, por ello, cualquier decisión, como una salida alternativa, debe ser evaluada con responsabilidad y bajo el principio de objetividad; 3) Su actuación se basó en normas constitucionales y jurisprudencia que priorizan la protección de las víctimas, especialmente en casos de violencia contra la mujer, destacando principios como la debida diligencia, la protección a personas vulnerables y la necesidad de realizar una investigación completa antes de tomar decisiones; 4) Actualmente ejerce funciones en suplencia legal y atiende otras órdenes judiciales pendientes, por lo que, una vez que se descongestionen esos asuntos, procederá a revisar el caso; y, 5) Solicitó se rechace la acción de libertad presentada, ya que no existe vulneración de derechos y el proceso se encuentra en curso conforme a ley.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 23/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 35 a 36 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Fiscal de Materia demandado, en el plazo de cuarenta y ocho horas, emita un pronunciamiento respecto a la solicitud de procedimiento abreviado, aclarando que no necesariamente deba ser positiva, ya que es atribución privativa del Ministerio Público; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La problemática se centra en la falta de pronunciamiento por la parte demandada respecto a la solicitud de procedimiento abreviado formulada por el accionante el 9 de enero de 2023; empero, habiendo transcurrido hasta ese momento más de “21” días, el nombrado no obtuvo ninguna respuesta; ii) El Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, tiene el objetivo de buscar la pronta y oportuna resolución de conflictos penales, tomando las medidas necesarias que posibiliten la efectiva tutela judicial para todas las partes involucradas, a través de salidas alternativas, como el procedimiento abreviado, mismas que deberán atenderse con prioridad y sin dilación; y, iii) El argumento vertido por la parte demandada, en cuanto a encontrase en suplencia legal de otro despacho fiscal, y que por tal motivo no logró emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud del accionante, no resulta valedero, toda vez que se trata de una persona privada de libertad, y la dilación en emitir una respuesta, lesiona los derechos fundamentales invocados por el nombrado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 42 a 46); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Detención Preventiva de 4 de enero de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, contra Augusto Félix Fernández Callizaya -hoy accionante-, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, medida a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (fs. 3). II.2. Consta memorial presentado el 9 de enero de 2023, por el cual, el impetrante de tutela solicitó a Leticia Muñoz -Daza-, de la “FISCALIA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ” (sic), la aplicación de procedimiento abreviado con una condena de tres años, renunciando al juicio oral correspondiente (fs. 8 y vta.). II.3. Por decreto de 13 de enero de 2023, el Juez de la causa, ordenó al Fiscal asignado al caso, informe respecto a lo referido en el memorial descrito en la Conclusión precedente, sea en el plazo de veinticuatro horas (fs. 10).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, “a la petición” y a la libertad; señalando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el 9 de enero de 2023, solicitó acogerse al procedimiento abreviado; no obstante, pese a que el Juez de la causa dispuso que el Fiscal de Materia demandado emita el pronunciamiento correspondiente, hasta la interposición de la presente acción tutelar dicha autoridad no resolvió su solicitud, limitándose a señalar que, una vez descongestionada la carga laboral derivada de la suplencia legal que se encontraba ejerciendo, atendería la petición formulada; circunstancia que, a su criterio, constituye un incumplimiento del deber de brindar atención prioritaria a este tipo de requerimientos. Por su parte, el Fiscal de Materia demandado señala que, la causa se encuentra en etapa de investigación y que aún se hallan pendientes diversas diligencias investigativas; asimismo, indicó que se encuentra ejerciendo suplencia legal y atendiendo otros asuntos urgentes, razón por la cual, la revisión del caso será efectuada cuando la carga laboral lo permita. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, estableciendo que: “Previo a ingresar al análisis del caso concreto, es necesario introducir el tema referido a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, puesto que de dicha esencia se podrá determinar la viabilidad o no de la presente demanda, labor que será cumplida a continuación. (…) Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ (…). En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c)
Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).
A partir de dicho entendimiento asumido en base a la norma constitucional y procesal, la viabilidad de apertura y consecuente concesión de tutela de esta acción de defensa, emergen de la verificación material de la existencia de un acto ilegal u omisión indebida, en el marco de uno o más de los presupuestos referidos.
De los antecedentes que informan la presente acción de defensa, se advierte que, el accionante, encontrándose con detención preventiva dispuesta por autoridad judicial competente dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1), el 9 de enero de 2023 presentó una solicitud dirigida al Ministerio Público para acogerse a procedimiento abreviado (Conclusión II.2); empero, el Fiscal de Materia demandado no emitió pronunciamiento oportuno sobre dicha petición, pese a la conminatoria efectuada por el Juez de control jurisdiccional (Conclusión II.3); circunstancia que, a su juicio, vulneró sus derechos y tornó ilegal la privación de su libertad. En ese marco, sobre el particular, corresponde señalar que la acción de libertad constituye una garantía constitucional de carácter extraordinario, inmediato y sumarísimo, cuyo objeto se encuentra estrictamente delimitado por el art. 125 de la CPE; ahora bien, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, su tutela únicamente procede cuando el acto u omisión denunciado se adecúa a alguno de sus presupuestos de activación, consistentes en: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de la libertad física o de locomoción; c) Procesamiento indebido; y, d) Persecución indebida. En el caso concreto, si bien el Fiscal de Materia demandado demoró en pronunciarse sobre la solicitud de procedimiento abreviado, dicha omisión no torna ilegal o arbitraria la detención preventiva del accionante, pues no incide directamente en la medida cautelar que restringe su libertad; ello obedece a que, la detención preventiva del nombrado deriva de una resolución judicial y no de la falta de pronunciamiento del Ministerio Público; asimismo, la procedencia del procedimiento abreviado constituye una facultad del Fiscal de Materia, sujeta a la verificación de los requisitos legales correspondientes; por ello, la sola presentación de la solicitud no genera un derecho a su aplicación ni modifica, por sí misma, la situación jurídica de privación de libertad del imputado.
En consecuencia, aun cuando la demora del Fiscal de Materia demandado pudiera ser cuestionada por las vías ordinarias o mediante las acciones constitucionales pertinentes, ésta no habilita la acción de libertad, al no evidenciarse que la privación de libertad del accionante sea consecuencia directa de dicha omisión ni que ésta haya tornado ilegal la medida cautelar impuesta por la autoridad judicial competente; consecuentemente, al no haberse acreditado la concurrencia de los presupuestos constitucionales que habilitan la tutela mediante la presente acción de libertad esta instancia se ve impedida de ingresar al análisis de fondo del presente caso, correspondiendo denegar la tutela solicitada. No obstante la determinación asumida de denegatoria, la aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo) permite a la justicia constitucional dimensionar la parte resolutiva de un fallo en el tiempo, así como los efectos sobre lo resuelto, y por el tiempo transcurrido se decidirá mantener los actos procesales emergentes de la concesión inicial dispuesta a favor del accionante, a los fines de evitar una disfunción procesal no deseada para el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 35 a 36 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo mantener firmes y subsistentes los actos producidos como consecuencia de la concesión efectuada en favor del accionante, dispuesta por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0410_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 24ef34cdfaece102a15795bfc685d46e32233bf8640790b34b8afd6a0a5ad8d5
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