B.IA.LEGAL

SCP 0410/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55531-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la audiencia de consideración de su situación jurídica de 20 de abril de 2023, fue suspendida, fecha en la que también solicitó la cesación de su detención preventiva, fijando el Juez ahora accionado, audiencia para considerar ambas situaciones para el 25 de igual mes y año; sin embargo, ese acto procesal también fue suspendido sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad se cuente con señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva y de consideración de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0410/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55531-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vladimir Mario Tiñini Vallejos contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Cuarto.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 28 de abril de 2023, cursante de fs. 8 a 9 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Nélida Benigna Gutiérrez Colque contra su persona por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 252 bis con relación al art. 8 del Código Penal (CP). Por Resolución 478/2022 de 20 de octubre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del mismo departamento y se fijó audiencia para considerar su situación jurídica para el 20 de abril de 2023 la cual fue suspendida. Esa misma fecha solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, pedido que sería atendido por el citado Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, fijándose dicha audiencia de consideración de su situación jurídica para el 25 de igual mes y año; sin embargo, ese acto procesal fue suspendido debido a que el Juez hoy accionado no logró conectarse luego de una espera de cuarenta y cinco minutos, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, se cuente con señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva y de consideración de su situación jurídica; asimismo, personal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del referido departamento, manifestó que el cuaderno de control jurisdiccional sería remitido nuevamente al Juzgado de su similar Cuarto; por lo que las referidas audiencias no serían fijadas hasta la “siguiente semana”.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se atienda su solicitud de cesación de la detención preventiva de manera oportuna.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 40 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz mediante informe presentado el 28 de abril de 2023, cursante de fs. 38 a 39, manifestó que: a) Se encuentra en suplencia legal del Juzgado de su similar Cuarto; b) Ya se tendría señalada la audiencia de consideración de su situación jurídica y de cesación de la detención preventiva del accionante por parte de la Secretaria de su Juzgado; y, c) Es responsabilidad del Secretario y del Auxiliar se ponga en conocimiento de los sujetos procesales todo lo actuado; por lo que desconoce el señalamiento de audiencias al que hace mención la referida Secretaria.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto constituido en Juez de garantías mediante Resolución 22/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 41 a 44, denegó la tutela solicita; bajo los siguientes fundamentos: 1) Con el informe del Juez hoy accionado, se tiene el decreto de 25 de abril de 2023, por el que se fijó audiencia de consideración de su situación jurídica y de cesación de la detención preventiva para el 2 de mayo de similar año; 2) No se explicó, el nexo causal entre la acción interpuesta a través de un acto que genere dilación por el citado Juzgado, que conoce la causa y el acto dilatorio, siendo una obligación de la Secretaría emitir el decreto y del Auxiliar notificar a través de la gestora de procesos segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, 3) Al no fijarse la referida audiencia, la acción de defensa debió ser dirigida ante la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre se dispuso la devolución a Comisión de Admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 478/2022 de 20 de octubre, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por la que se dispuso la detención preventiva de Vladimir Mario Tiñini Vallejos -ahora accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del mismo departamento, por el plazo de seis meses; y, fijó audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de abril de 2023 (fs. 2 y vta.). II.2. Por memorial presentado el 15 de marzo de 2023, dirigida ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; el accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 3 a 6). II.3. Mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2023, dirigida al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; el accionante solicitó nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva y que se le otorgue un plazo razonable para que pueda justificar su inasistencia (fs. 7 y vta.). II.4. A través de Informe de 25 de abril de 2023, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del citado departamento, informó que se tendría memorial de 20 del referido mes y año, que señalaba la audiencia de cesación a la detención preventiva para el 25 de igual mes y año; empero, Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto -ahora accionado- se encontraría en otra audiencia de su Juzgado, motivo por el cual no se pudo llevar acabo la mencionada audiencia (fs. 13 vta.). II.5. Cursa decreto de 25 de abril de 2023, emitido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz , por el que refirió que en consideración de que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del citado departamento se encontraba de vacaciones; no cuenta con Juez titular dicho Juzgado se encuentra con Juez suplente, se fijó audiencia de cesación a la detención preventiva para el 2 de mayo de ese año (fs. 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la audiencia de consideración de su situación jurídica de 20 de abril de 2023, fue suspendida, fecha en la que también solicitó la cesación de su detención preventiva, fijando el Juez ahora accionado, audiencia para considerar ambas situaciones para el 25 de igual mes y año; sin embargo, ese acto procesal también fue suspendido sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad se cuente con señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva y de consideración de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva

La SCP 0788/2021-S1 de 9 de diciembre, señala que: “ La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. (…) Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…) (las negrillas corresponden al texto original). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal. Por su parte, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que se considera actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se señale la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificado legalmente y no comparecen a la audiencia.

Posteriormente, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, modulando este entendimiento y la subregla establecida en el SC 0078/2010-R, en cuanto al plazo para fijar audiencia, señaló que éste no podía exceder de tres días; además, que la solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciada dentro del plazo de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. Conforme al Código de Procedimiento Penal, entre las causales para solicitar la cesación de la detención preventiva, se encuentran los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 239 del CPP; norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que en el art. 11, detalla las modificaciones e incorporaciones efectuadas, entre los que se encuentra el art. 239 del CPP, el cual fue complementado por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019- a través de su art. 2.III, que establece: Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina. Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y. ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.

En conclusión, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva; las autoridades jurisdiccionales competentes, deben providenciar la misma dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar audiencia para su consideración en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; debiendo los tribunales y jueces, imprimir la dinámica procesal adecuada en su tramitación y pronunciamiento, con la prontitud y celeridad necesaria; toda vez que, se encuentra involucrado el derecho a la libertad física o personal. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 141/2018-S2 de 30 de abril, al respecto señala que: “…corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘“Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”’( las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la audiencia de consideración de su situación jurídica de 20 de abril de 2023, fue suspendida, fecha en la que también solicitó la cesación de su detención preventiva, fijando el Juez ahora accionado audiencia para considerar ambas situaciones para el 25 de igual mes y año; sin embargo, ese acto procesal también fue suspendido sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad se cuente con señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva y de consideración de su situación jurídica. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene Resolución 478/2022, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, que dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz por el plazo de seis meses; y, fijó audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de abril de 2023 (Conclusión II.1); por memorial presentado el 15 de marzo de ese año, dirigida al citado Juez, el accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.2.), y mediante memorial presentado el 20 de marzo de igual año dirigido a la misma autoridad judicial de audiencia de cesación de la detención preventiva y que se le otorgue un plazo razonable para que pueda justificar su inasistencia (Conclusión II.3.); posteriormente, a través de Informe de 25 de abril del señalado año, dirigido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del mismo departamento;, informó que se tendría memorial de 20 de ese mes y año, para el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva para el 25 de igual mes y año; empero, el Juez hoy accionado en suplencia legal de su similar Cuarto se encontraría en otra audiencia de su Juzgado, motivo por el cual no se pudo llevar la referida audiencia (Conclusión II.4.); y, se tiene el decreto de igual fecha, emitido por la mencionada Secretaria, por el que refirió que en consideración de que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto de ese departamento se encontraba de vacaciones, está con Juez suplente, y fijó audiencia de cesación de la detención preventiva para el 2 de mayo de ese año (Conclusión II.5.).

Ahora bien, conforme a lo citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud, en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho. Por cuanto la jurisprudencia constitucional, al referirse a las dilaciones indebidas relacionadas con la libertad, entre otras estableció que constituyen las mismas: disponer trámites o procedimientos no previstos por ley; y, suspender la audiencia programada por motivos injustificables que no son causales de nulidad. En ese contexto, debe considerarse de acuerdo a lo señalado por el accionante que su audiencia de su situación jurídica programada para el 20 de abril de 2023 fue suspendida, fecha en la que presentó memorial solicitando audiencia de cesación de la detención preventiva, escrito que si bien no cursa en antecedentes, la Secretaria en su Informe de 25 de asimilar mes y año (Conclusión II.4.) dio veracidad sobre la existencia de dicho memorial. Ahora bien, la audiencia para considerar ambas solicitudes fue fijada para el 25 de ese mes y año, acto procesal que también se suspendió sin señalarse nueva audiencia, siendo ese el acto vulneratorio de los derechos que considera el accionante; sin embargo, el Juez hoy accionado en su informe presentado en la audiencia de consideración de la acción de libertad, indicó que la audiencia pretendida ya fue fijada por su Secretaria; en consecuencia, se tiene el decreto de 25 de abril de 2023, por el que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, fijó audiencia de cesación a la detención preventiva para el 2 de mayo de ese año; es decir, ya se tendría superado lo solicitado por el accionante; empero, dicha situación no es impedimento para que la jurisdicción constitucional pueda analizar la problemática planteada; puesto que, es posible activar la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias, que afecten el derecho a la libertad y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme establece el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

De lo mencionado precedentemente, y de la revisión de antecedentes se tiene que el accionante ya vino solicitando la cesación de su detención preventiva desde el 15 de marzo de 2023, y que fue diferida por el propio accionante por memorial de 20 de igual mes y año, por motivos que tenía otra audiencia, aspectos que no fueron cuestionados por el accionante y que no merecen ningún pronunciamiento; sin embargo, es a partir de su solicitud de 20 de abril del mismo año, que se fue suspendiendo su audiencia de consideración de su situación jurídica y desde el 25 de ese mes y año la audiencia de cesación de la detención preventiva y -nuevamente- de consideración de su situación jurídica, lo que es cuestionado en esta acción tutelar; si bien ya se tendría señalada la audiencia para el 2 de mayo del citado año, para considerar ambos aspectos que atingen al accionante, no se puede dejar de lado que el 25 de abril de 2023 que se tenía que celebrar la referida audiencia, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Informe de igual fecha hizo constar que el Juez ahora accionado, en suplencia del Juzgado titular, se encontraba en otra audiencia, justificando de esa manera que no pudo llevarse la audiencia pretendida por el accionante; sin embargo, esa misma fecha se emitió el decreto, por el que en consideración de que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto de ese departamento estaba de vacaciones, encontrándose en ese momento con Juez suplente se fijó audiencia de cesación de la detención preventiva para el 2 de mayo de ese año; es decir, que el decreto de 25 de abril de igual año que señaló la respectiva audiencia fue pronunciado dentro de las veinticuatro horas establecidas en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, no siendo evidenciable dilación alguna al momento de fijar la mencionada audiencia, quedando a la fecha de interposición de la acción tutelar -26 de abril de 2023- pendiente la notificación al accionante con el señalamiento de dicha audiencia encontrándose aun dentro de un tiempo prudente para que el nombrado tenga conocimiento de aquello. Por todo lo expuesto corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0410_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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