Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones, y al debido proceso en su elemento defensa, así como a los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, desde el 1 de marzo de 2023, la Jueza ahora accionada en cuatro oportunidades vino suspendiendo la audiencia de cesación de la detención preventiva, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad sea resuelta.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de una nueva audiencia por la suspensión de una anterior; 4) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante y, 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 67 vta. a 69, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la libertad, una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones y al debido proceso en su elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que la concesión de la tutela se circunscribe exclusivamente a la dilación indebida atribuible a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
a) Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva de manera inmediata y sin dilaciones, salvo que por el transcurso del tiempo este actuado ya se hubiese efectuado. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, al debido proceso en su elemento defensa y al principio de seguridad jurídica, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0408/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54463-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 67 vta. a 69 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lucia Esther Heredia Leigue y Willzon Arebalo Coria en representación sin mandato de Julio Cezar Llanos Ruiz contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 61 a 63 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Andreina Yanine Padilla contra su persona -Julio Cezar Llanos Ruiz- por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP). En audiencia de aplicación de medidas cautelares de 26 de agosto de 2022, la Jueza hoy accionada dispuso su detención preventiva por seis meses en el Centro de Rehabilitación Productiva de Montero (CERPROM) de Santa Cruz, señalando audiencia para resolver su situación jurídica para el 27 de febrero de 2023; en ese sentido, el Fiscal de Materia tenía seis meses para concluir la investigación, al no observarse solicitud de ampliación de la detención preventiva ni por la denunciante o querellante, el 1 de marzo de ese año, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva, por decreto de 2 de igual mes y año; por lo cual, Moisés Chaile Vilte, Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Primero de Warnes del mismo departamento, fijó la referida audiencia para el 6 de similar mes y año, la cual al no encontrarse notificadas todas las partes procesales se suspendió fijándose una nueva audiencia para el 10 del señalado mes y año, que también se suspendió porque no se efectuó a tiempo el oficio de traslado de detenido. El 14 de marzo de 2023, solicitó nuevamente audiencia de cesación de su detención preventiva, la cual fue fijada para el 17 de ese mes y año; sin embargo, dicha audiencia fue suspendida nuevamente por negligencia del personal subalterno que no realizó el oficio de traslado y no notificó a todos los sujetos procesales, el 22 de marzo de 2023, se tenía que celebrar la audiencia de cesación de su detención preventiva; empero, como no se realizó el oficio de traslado de detenido se tuvo que suspender nuevamente; hasta la fecha de interposición de la acción de libertad se viene suspendiendo cuatro audiencias de cesación de su detención preventiva, los funcionarios subalternos “juegan” con el tiempo de las personas sin recibir ningún tipo de llamada de atención por parte de la Jueza hoy accionada.
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones, y al debido proceso en su elemento defensa, así como a los principios de celeridad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 14.III, 178 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia pública el 24 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 67, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través a través de su abogada, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 65 vía WhatsApp.
El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 14/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 67 vta. a 69, resolvió conceder la tutela solicitada disponiendo que la Jueza hoy accionada decrete los memoriales de cesación de la detención preventiva presentado por el accionante dentro del plazo de veinticuatro horas, señalando audiencia de cesación de la detención preventiva en el término de cuarenta y ocho horas y oficiar al CERPROM de Santa Cruz, a través de la “Secretaria” que en el plazo de veinticuatro horas; es decir, antes de que se celebre la audiencia en un tiempo prudencial con la finalidad de que no se suspenda la misma por falta de oficio necesario que debe existir para el traslado del accionante a la audiencia fijada; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) A pesar de haber sido notificada la Jueza ahora accionada, no presentó ningún informe, tampoco hizo llegar el cuaderno procesal para evidenciar si es cierto o no lo aseverado por el accionante; por lo que, se da por bien hecho lo demandado por la nombrada; b) De la documentación acompañada se evidenció que la Jueza ahora accionada no está cumpliendo la Ley del Órgano Judicial ni el art. 239 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP), donde cada Juez tiene la obligación de despachar todo memorial de cesación de la detención preventiva dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar audiencia en el término de cuarenta y ocho horas; y, c) Entre las atribuciones de la referida Jueza está la de vigilar el desempeño de su Secretaria, quien tampoco dio cumplimiento a la Ley del Órgano Judicial, estando en la obligación de notificar o pasar a la Oficial de Diligencias de su Juzgado para que se notifique dentro de plazo y evitar que las audiencias sean suspendidas; por lo que, en el caso concreto se denota que en cuatro oportunidades fue suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva por falta de remisión de los oficios, los cuales si bien son elaborados por la Secretaria; empero, tienen que llevar la firma de la Jueza hoy accionada, debiendo llevar el control de que ese oficio sea remitido a la brevedad posible para el traslado del accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 1 de marzo de 2023, ante Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-; Julio Cezar Llanos Ruiz -hoy accionante- solicitó se señale fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 2 a 3 vta.). II.2. Mediante memorial de 6 de marzo de 2023, dirigido a la Jueza hoy accionada; el accionante solicitó señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 4). II.3. A través de memorial de 14 de marzo de 2023, dirigido a la Jueza ahora accionada, el accionante solicitó nuevo señalamiento de audiencia de cesación de su detención preventiva a la brevedad posible (fs. 5). Memorial que mereció el decreto de 16 de ese mes y año, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del mismo departamento; por el que, se fijó la referida audiencia para el 17 de similar mes y año, debiendo el Oficial de Diligencias de su Juzgado notificar a todas las partes procesales y se ordenó a la Secretaria emitir el correspondiente Oficio dirigido al Director del Centro de Readaptación del CERPROM de Santa Cruz, para el traslado del detenido -accionante- a su audiencia (fs. 5 vta.).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones, y al debido proceso en su elemento defensa, así como a los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, desde el 1 de marzo de 2023, la Jueza ahora accionada en cuatro oportunidades vino suspendiendo la audiencia de cesación de la detención preventiva, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad sea resuelta.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de una nueva audiencia por la suspensión de una anterior; 4) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante y, 5) Análisis del caso concreto.
La SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo, al respecto señala que: “…La SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo, al respecto señala que: ‘…La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley… (las negrillas son nuestras). De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril[3], se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’ (…). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal. Por su parte, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que se considera actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se señale la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificado legalmente y no comparecen a la audiencia. Posteriormente, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, modulando este entendimiento y la subregla establecida en el SC 0078/2010-R, en cuanto al plazo para fijar audiencia, señaló que éste no podía exceder de tres días; además, que la solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciada dentro del plazo de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite” (las negrillas son nuestras).
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, manifiesta que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto por el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); considerando que, el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al Juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1., establece que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
La SCP 1045/2022-S1 de 21 de septiembre, señala que: “…Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
(…)
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.
En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.
Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, establece que: “La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: «…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos». Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.
En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.”
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones, y al debido proceso en su elemento defensa, así como a los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, desde el 1 de marzo de 2023, la Jueza ahora accionada en cuatro oportunidades vino suspendiendo la audiencia de cesación de la detención preventiva, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad sea resuelta. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el memorial presentado el 1 de marzo de 2023, ante la Jueza ahora accionada; por lo que, el accionante solicitó se señale fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.1.). Así también, consta el memorial de 6 de ese mes y año, dirigido a la citada Jueza; por lo cual, el accionante solicitó señale día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva (Conclusión II.2.); y, el memorial de 14 de igual mes y año, dirigido a la referida Jueza; por el cual, el accionante solicitó nuevo señalamiento de audiencia de detención preventiva a la brevedad posible; este último memorial mereció el decreto de 16 de ese mes y año, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del mismo departamento; por lo que, se fijó la nombrada audiencia para el 17 de similar mes y año, debiendo el Oficial de Diligencias de su Juzgado notificar a todas las partes procesales y se ordenó a la Secretaria emitir el correspondiente Oficio dirigido al Director del CERPROM de Santa Cruz, para el traslado del detenido -accionante- a su audiencia (Conclusión II.3.). Ahora bien, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud, en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho. Por cuanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, al referirse a las dilaciones indebidas relacionadas con la libertad, entre otras estableció que constituyen las mismas: disponer trámites o procedimientos no previstos por ley; y, suspender la audiencia programada por motivos injustificables que no son causales de nulidad. Para la resolución del presente caso, se evidencia que la Jueza hoy accionada no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni remitió informe alguno para desvirtuar los argumentos planteados por el accionante; por lo que, corresponde aplicar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional, misma que determina que cuando las autoridades demandadas no asisten a la audiencia ni presentan el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones del accionante, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; razón por la cual, la nombrada al no presentar el informe correspondiente ni asistir a la audiencia de consideración de la acción tutelar, consintió tácitamente lo afirmado por el accionante. En ese sentido, inicialmente se advierte que la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada mediante memorial presentado el 1 de marzo de 2023, mereció el señalamiento de audiencia para el 6 del mismo mes y año, la cual fue suspendida porque no se notificaron a todos los sujetos procesales ni se realizó el oficio de traslado de detenido; por lo que, en similar fecha vuelve a solicitar la referida audiencia, la cual es fijada para el 10 del referido mes y año, volviendo a suspenderse por no realizarse a tiempo el oficio de traslado de detenido; el 14 de igual mes y año, reitero la solicitud de audiencia, la que se señaló para el 17 del mismo mes y año, que también fue suspendida por negligencia por los funcionarios de apoyo jurisdiccional que no realizaron el oficio de traslado y por ausencia de notificación a las partes procesales; por último, se tenía fijada la nombrada audiencia para el 22 de similar mes y año, la cual se suspendió nuevamente al no realizarse el oficio de traslado del accionante, sin advertirse de que se señaló una nueva audiencia. Con los antecedentes citados precedentemente, se puede evidenciar que, la razón de la suspensión de las audiencias de cesación de la detención preventiva de 6, 10, 17 y 22 de marzo de 2023, en su generalidad fueron la falta de notificaciones y la omisión en la realización de los oficios para el traslado del detenido -accionante-, encontrándose esta última causa dentro de la suspensión injustificada de audiencias relativas a tratar la cesación de la detención preventiva conforme al entendimiento citado en el Fundamento Jurídico III.1.; ya que, la falta de realización de los oficios para el traslado del detenido, son motivos no atribuibles al accionante sino a la Jueza ahora accionada, más aun cuando el justificativo en todas las suspensiones de audiencia fue el mismo, además de la falta de notificaciones a los sujetos procesales, debiendo la citada Jueza como directora funcional del proceso y responsable de su Juzgado ejercer un mayor control en las funciones de los funcionarios de apoyo jurisdiccional realizando el seguimiento correspondiente para la elaboración de los oficios de traslado del accionante y las notificaciones, lo que también ocasionó una dilación injustificada en la solicitud de cesación de la detención preventiva. Además, dichas audiencias fueron fijadas a solicitud del accionante y no así de oficio sin la necesidad de que se presenten nuevas solicitudes, como en el presente caso ocurrió a través de los memoriales de 6 y 14 de marzo de 2023; por los cuales el accionante reiteró su petición, incumpliendo lo expresado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional; en ese entendido, señaladas actuaciones dieron lugar a una dilación injustificada en la realización de la audiencia mencionada, impidiendo que se resuelva la cesación de la detención preventiva del accionante, sumado a ello se puede evidenciar que desde el 1 de similar mes y año, que el accionante solicitó la audiencia de cesación de la detención preventiva de conformidad al art. 239.2 del CPP, la cual fue fijada para el 6 de igual mes y año, ocurriendo de similar forma con la suspensión para el 10 de nombrado mes y año, no se cumplió con el plazo de cuarenta y ocho horas para su señalamiento generando desde ya una dilación, aspectos que efectivamente constituyen en actos dilatorios que no condicen con el principio de celeridad, cuando la obligación de la Jueza hoy accionada era señalar la audiencia dentro del plazo previsto por el Código de Procedimiento Penal, y de suspenderse la audiencia, inmediatamente debió fijar una nueva sin la necesidad de la presentación de nuevas solicitudes. Debido a lo cual la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre su derecho a la libertad; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, de manera que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, materializando de esa forma la vigencia de derechos, garantías y principios, como lo es el derecho a la libertad.
Por todo lo expuesto, se advierte que se vulneraron los derechos del accionante a la libertad, una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones y al debido proceso en su elemento de celeridad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada a través de la acción de libertad traslativa y de pronto despacho, debiendo fijar la audiencia de cesación de la detención preventiva sin dilaciones indebidas, en la cual se considerará si corresponde o no la modificación de la detención preventiva de la nombrada, no siendo facultad de la jurisdicción constitucional inmiscuirse en la labor de la jurisdicción ordinaria. En cuanto a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, al debido proceso en su elemento de defensa y al principio de seguridad jurídica, se tiene que, a partir de la lectura del memorial de acción de libertad, así como de la audiencia de consideración de esta acción de defensa, el accionante no identificó de qué manera dichos derechos y principio fueron vulnerados, o en su caso, se encontrarían amenazados, limitándose únicamente a su mención, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. Asimismo, es pertinente considerar la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta; en ese sentido, se recomienda a la Jueza ahora accionada que en el desarrollo del proceso penal debe cumplir su obligación de considerar en sus razonamientos y labor judicial un enfoque interseccional, herramienta que conforme lo desarrollado en la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…”, considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras). Por lo que esta demora también perjudica a la víctima generándole una afectación indirecta; ya que, el caso está vinculado a un delito de abuso sexual, contexto en el cual el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia. Finalmente, se precisa que la concesión de tutela se limita a ordenar que la Jueza hoy accionada fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, con la finalidad de su resolución; sin pronunciarse sobre el fondo de la situación jurídica del accionante, cuya valoración corresponde a la referida Jueza, quien debe garantizar la debida protección de los derechos de la víctima. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 67 vta. a 69, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la libertad, una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones y al debido proceso en su elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que la concesión de la tutela se circunscribe exclusivamente a la dilación indebida atribuible a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
a) Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva de manera inmediata y sin dilaciones, salvo que por el transcurso del tiempo este actuado ya se hubiese efectuado. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, al debido proceso en su elemento defensa y al principio de seguridad jurídica, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0408_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2f40aea7cdc2d78c4c033796ee8fa14912c43ee7d51e8e7be0c224311d60be88
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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