Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a un salario o remuneración justa, a la estabilidad laboral y la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, el 15 de febrero de 2023, fue desvinculada de su fuente laboral, aspecto que fue informado de manera verbal por parte del Alcalde ahora accionado, quien no consideró su estado de gestación, el cual era de su conocimiento, debiendo activarse la inamovilidad laboral; además, que solo le cancelaron quince días de sueldo correspondiente a enero y quince días de febrero, ambos de 2023, dejándola sin sustento económico para poder atender dicha situación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; b) Marco jurisprudencial, legal, alcance y efectos de los contratos administrativos de consultoría en línea; c) Puede tutelarse la estabilidad laboral de consultores en línea, cuando se encuentre vigente su contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 102 vta. a 105 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo subsistente la decisión del pago de las asignaciones familiares conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0407/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58471-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 103/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 102 vta. a 105 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhan Carol Gutiérrez Cabrera contra Ferddy Sharvel Escobar Revollo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal del Trigal del departamento de Santa Cruz.
La accionante por memoriales presentados el 15 y 26 de junio de 2023; cursantes de fs. 16 a 17; y, 28 a 29, manifestó lo siguiente:
El 1 de septiembre de 2021, ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal del Trigal del departamento de Santa Cruz, mediante Contrato Administrativo, para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. –CM-11/2021 por el término de cuatro meses hasta el 2 de enero de 2022; posteriormente el 3 de igual mes y año, se extendió un Contrato Modificatorio 1 Consultor Individual de Línea Responsable de Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. –CM-11/2021 por el término de dos meses hasta el 3 de marzo de igual año, fecha en la cual se le extiendió un nuevo contrato hasta diciembre de ese año. Durante la vigencia de dicho contrato quedó embarazada, y a la conclusión del mismo el referido Alcalde hoy accionado le comunicó que como no había recursos para pagar salarios solo se les pagaría la mitad del sueldo del mes de diciembre de 2022, con la finalidad de no desvincularle. El 2 de enero de 2023, con el compromiso asumido por el Alcalde ahora accionado de extenderle un nuevo contrato por la gestión 2023, continuó prestando sus servicios de manera ininterrumpida, hasta que el 14 de ese mes y año, sufrió una descompensación; por lo que el 18 de igual mes y año solicitó al citado Alcalde la renovación de su contrato por encontrarse en estado de gestación, a consecuencia de ello se le comunicó que solo trabajaría hasta febrero de igual año, a pesar que solo fue canceló la mitad del sueldo de diciembre de 2022, de la misma manera el referido Alcalde ahora accionado el 15 de febrero de 2023 le comunicó de manera verbal que ya no seguiría trabajando, siendo ese su último día laboral, y que le cancelarían quince días del sueldo correspondiente a enero y quince días de febrero a pesar de que tenía conocimiento de su estado de gestación, lo que le dejó sin sustento económico para poder atender dicha situación.
La accionante denuncia como la vulneración de sus derechos al trabajo, a un salario o remuneración justa, a la estabilidad laboral y la garantía de la inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 46.I. 1 y 2; y, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La restitución a su fuente laboral; y, b) La cancelación del total de sus haberes devengados, desde su destitución ilegal en febrero de 2023 hasta la fecha, inclusive enero que se encuentra pendiente de pago.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de “abril” de 2023 -lo correcto julio-, cursante de fs. 99 a 102 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Ferddy Sharvel Escobar Revollo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal del Trigal del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 13 de julio de 2023, cursante de fs. 55 a 58; asimismo, en audiencia mediante su abogado, manifesto que: 1) Bajo el procedimiento de contrataciones menores en norma de bienes y servicios, la accionante suscribió un contrato administrativo de consultoría de línea del 1 de marzo al 31 de agosto de 2022, posteriormente se firmó un contrato modificatorio por tres meses y quince días; es decir, con una vigencia del 1 de septiembre al 15 de diciembre de igual año y no así como mencionó la accionante que tenía un contrato hasta el 30 de diciembre de ese año; 2) La jurisprudencia constitucional ha señalado que un consultor de línea se debe a su contrato en el que se establece un plazo de prestación de servicio, el cual tiene un inicio y un fin; 3) Si bien se reconoce la inamovilidad laboral de las personas en estado de gestación, el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral, el cual determina la vigencia de esa inamovilidad laboral, exceptuando la misma a los contratos temporales, como el de la accionante que tiene un plazo de prestación bien definido, un inicio y un fin, siendo improcedente establecer la inamovilidad laboral cuando se trata de un contrato temporal; 4) En noviembre de 2022, el Gobierno Autónomo Municipal del Trigal y el Gobierno Autónomo Municipal de Moro Moro, ambos del departamento de Santa Cruz, suscribieron un Convenio Intergubernativo de cooperación con el objeto de estructurar el Equipo Multidisciplinario que debería tener los “DNA-SLIM” de los citados Gobiernos Autónomos Municipales; por lo que, en enero de 2023, se determinó la contratación de personal y es través de la Orden de Servicio 46 que se contrató a la accionante a objeto de que brinde sus servicios, y de similar manera mediante Orden de Servicio 47/2023 por el mes de febrero, por nueve días; 5) Los consultores de línea, al no ser funcionarios públicos, no gozan de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, ni se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del trabajo; por lo que, no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios; y, 6) En las entidades autónomas, los gobiernos municipales no admiten la contratación verbal, “Este año” por la urgencia y premura de tener personal de consultoría, a la accionante se le efectuaron dos órdenes del servicio, en las cuales se le canceló doce días por prestación de servicios por el mes de enero y nueve días por febrero -ambos de 2023-; además, conforme al “decreto 956” una orden de servicio no debe exceder los quince días calendario.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 103/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 102 vta. a 105 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo que, en caso de que no haberse cancelado las asignaciones familiares que correspondían a la accionante hasta dos meses después de que se disolvió la relación laboral, correspondería su pago; bajo los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional y conforme al art. 5 del DS 0181 se estableció que los servicios de consultoría individual de línea, son para realizar actividades o trabajos recurrentes en el marco de los procedimientos administrativos establecidos en el sistema de bienes y servicios para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y de consultoría; ii) Efectivamente existe un contrato de consultoría de línea, el cual, al tener una fecha cierta y predeterminada de inicio y conclusión, es que corresponde denegar la tutela solicitada; iii) De igual manera, existe una Orden de Servicio “46” y “47-2023”, siendo esta una modalidad prevista por el DS 581 con relación al DS 956, con un plazo de duración no mayor a quince días, conociendo la accionante tanto el inicio como la finalización; y, iv) Con relación a la solicitud de su reincorporación e inamovilidad laboral, cuando un trabajador queda cesante, forzado o voluntariamente, continuará recibiendo asignaciones familiares hasta dos meses, a contar del primer día “del mes siguiente”, evidenciándose que tres meses y medio antes ya se encontraba embarazada la accionante. Lo que se aclaró solo en caso de que el Alcalde ahora accionado no hubiese realizado la compensación del subsidio en especie o en dinero, siendo que en ese caso correspondía el pago de dichas asignaciones de manera oportuna.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Contrato Administrativo, para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. -CM-11/2021 de 1 de septiembre, con vigencia de duración de cuatro meses desde el día siguiente de sus circunscripción -2 de ese mes de 2021- al hasta el 2 de enero de 2022-, suscrito entre Jhan Carol Gutiérrez Cabrera -ahora accionante- y Ferddy Sharvel Escobar Revollo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal del Trigal del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, siendo el objeto del contrato la prestación del servicio de consultoría individual de línea para el cargo de Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal (fs. 3 a 6). Cursa Contrato Modificatorio 1 Consultoría Individual de Línea Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. -CM-11/2021 de 3 de enero de 2022 en el que se modificó la clausula Novena del plazo de prestación de servicios y la Décima Primera del monto y forma de pago, ampliando su vigencia por dos meses; es decir, desde esa fecha, al 28 de febrero de igual año (fs. 7). II.2. Cursa Contrato Administrativo, para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. -CM-9/2022 de 28 de febrero, con vigencia de duración de seis meses desde el día siguiente de su circunscripción -1 de marzo de ese año al 1 de septiembre de igual año-, suscrito entre la accionante y el Alcalde hoy accionado, siendo el objeto del contrato la prestación del servicio de consultoría individual de línea para el cargo de Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal (fs. 61 vta. a 63). Cursa Contrato Modificatorio 1 Consultoría Individual de Línea Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. -CM-9/2022 de 31 de agosto, en el que se modificó las clausulas Novena del plazo de prestación de servicios y la Décima Primera del monto y forma de pago, ampliando su vigencia por tres meses y quince días; es decir, del 1 de septiembre de 2022, al 15 de diciembre de igual año (fs. 63 vta. a 64). II.3. Por Minuta de Comunicación 67/2022 de 9 de diciembre, dirigida a los Consultores de Línea, el Alcalde ahora accionado señaló que siendo de pleno conocimiento que los Contratos Administrativos de Consultoría de Línea determinan como plazo de prestación hasta al 15 de diciembre de 2022; por lo que, se les solicitó la presentación de informes pendientes, así como de documentación respaldatoria, comprobantes de pago al Sistema Integral de pensiones, debiendo ser presentados hasta el 15 de ese mes y año; ya que, se determinó una pausa administrativa por cierre de gestión desde el 20 de igual mes y año hasta el 10 de enero de 2023 (fs. 77). II.4. Mediante Nota presentada el 15 de diciembre de 2022, ante el Alcalde hoy accionado, la accionante solicitó la cancelación del sueldo correspondiente a ese mes y año, a tal efecto adjuntó el Informe de Actividades -hasta esa fecha- (fs. 65). II.5. Consta Nota presentada el 18 de enero de 2023, ante el Alcalde ahora accionado; mediante la cual la accionante solicitó la renovación de Contrato de Trabajo por su estado de gestación; puesto que, se encuentra en dicha condición desde hace “tres meses atrás”, debiendo garantizarse su inamovilidad laboral hasta un año después de haber dado a luz (fs. 8).
II.6. Cursa Nota de 24 de enero de 2023, dirigida al Alcalde hoy accionado; mediante la cual la accionante solicitó permiso por el periodo de dos días para realizarse controles de gestación; ya que, el 20 de ese mes y año sufrió una descompensación, informándole que tenía una amenaza de aborto (fs. 10). II.7. Consta Ecografía Obstétrica de 25 de enero de 2023 efectuada a la accionante por la Médico Cirujano Ecografista del Hospital Municipal “Señor de Malta”; por la cual se concluyó que cuenta con un estado de gestación de aproximadamente quince semanas (fs. 11). II.8. A través de la Nota presentada el 13 de febrero de 2023, ante el Alcalde ahora accionado; la accionante solicitó la cancelación de sueldo por servicios prestados correspondientes a los quince días de trabajo de enero -de 2023-, para lo cual adjuntó el informe de actividades realizadas en dicho periodo (fs. 24 a 25). II.9. Por Nota presentada el 13 de febrero de 2023, autorizado por el Alcalde hoy accionado; la accionante solicitó la cancelación de sueldo por servicios prestados correspondientes a los quince días de trabajo de febrero -de 2023-, para lo cual adjuntó el informe de actividades realizadas a ese periodo de tiempo (fs. 21 a 23). II.10. Consta Comprobante de Pago de 29 de junio de 2023, autorizado por el Alcalde ahora accionado, siendo beneficiaria la accionante, por servicio de atención al DNA-SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal correspondiente a los doce días de enero de ese año, según Orden de Servicio 46/2023, cuyo pago fue realizado en esa fecha a las 7:03 horas, Código de Retorno: 01 “Operación realizada satisfactoriamente”, “Estado: CONFIRMADO” (fs. 79). II.11. Cursa Comprobante de Pago de 13 de julio de 2023, autorizada por el Alcalde hoy accionado, siendo beneficiaria la accionante, por servicio de atención al DNA-SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal correspondiente a los nueve días de febrero de ese año, según Orden de Servicio 47/2023, cuyo pago fue realizado el 29 de junio de ese año, a las 7:03 horas, Código de Retorno: 01 “Operación realizada satisfactoriamente”, “Estado: CONFIRMADO” (fs. 81).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a un salario o remuneración justa, a la estabilidad laboral y la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, el 15 de febrero de 2023, fue desvinculada de su fuente laboral, aspecto que fue informado de manera verbal por parte del Alcalde ahora accionado, quien no consideró su estado de gestación, el cual era de su conocimiento, debiendo activarse la inamovilidad laboral; además, que solo le cancelaron quince días de sueldo correspondiente a enero y quince días de febrero, ambos de 2023, dejándola sin sustento económico para poder atender dicha situación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; b) Marco jurisprudencial, legal, alcance y efectos de los contratos administrativos de consultoría en línea; c) Puede tutelarse la estabilidad laboral de consultores en línea, cuando se encuentre vigente su contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, señala que: “Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre; y posteriormente, por la SCP 0102/2012 de 23 de abril, reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad. Por su parte, la SCP 0735/2013 de 6 de junio, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional.
En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la SC 873/01-R de 20 de agosto de 2001 sentó la línea jurisprudencial de denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la SC 0274/2007-R de 17 de abril, refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la SC 1613/2010–R de 15 de octubre. (…) …en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos en que se denuncia vulneración a la inamovilidad y estabilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores por efecto de despidos intempestivos, resulta aplicable el entendimiento contenido en la SCP 0735/2013, por cuanto permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados, al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija a través de la acción de amparo constitucional, no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad; por consiguiente, si el trabajador así lo decide, ante un despido intempestivo, puede prescindir de la vía administrativa y acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; razonamiento que será aplicado en el presente fallo”.
La SCP 0159/2021-S1 de 10 de junio, asumió el siguiente razonamiento: “A partir de la SC 0351/2003-R de 24 de marzo, con referencia al trabajo de los consultores en línea, al definir los contratos de prestación de servicios profesionales, se asumió el siguiente entendimiento: ʽQue, el contrato de prestación de servicios es aquel a través del cual una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio a cambio de una remuneración convenida, como se desprende de la lectura de las previsiones contenidas en los arts. 732 y siguientes del Código Civil, de 06 de agosto de 1975 (CC). Al estar el contrato de prestación de servicios regulado en el Código Civil (Libro Tercero, de las obligaciones, parte segunda, título II, de los contratos en particular) queda librado a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y en la esfera jurídica de lo laboral equivale al desempeño de funciones o tareas contratadas de acuerdo con su especialidad y cuya forma de pago de la remuneración convenida se determina de un modo preciso en el contrato que al efecto se suscribeʼ. A partir de dicha definición, la SCP 0281/2013-L de 2 de mayo, determinó que la relación laboral de los consultores en línea, no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, y tampoco se encuentra inmersa en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por la Ley del Estatuto del Funcionario Público, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente de la modalidad de prestación de servicios en calidad de empleados, pues el consultor no es un empleado en esencia, por lo mismo no es un servidor público, por lo que no gozan de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, menos se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios, bajo esa perspectiva, en cuanto al financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, anualmente las entidades públicas elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, ya de manera posterior por mandato del art. 5 de la Ley del Presupuesto General de la Nación-Gestión 2000, ninguna entidad puede comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados, concluyendo que: ʽ…la definición de remuneración para consultores en línea, se encuentra prevista en función a la escala salarial, debiendo las Unidades Administrativas de cada entidad elaborar el cuadro de equivalencia de funciones, avalada por la Unidad Jurídica y autorizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, de donde podemos concluir que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad ʼ (…) De igual forma, a fin de determinar lo que son los contratos de consultoría en línea, la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio, haciendo referencia a la SC 0165/2005-R de 28 de febrero, puntualizó que el DS 0181 de 28 de junio de 2009, modificado por el DS 1497 de 20 de febrero de 2013, que regula las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que mantiene la regulación de los procesos de contratación y la disposición de bienes y servicios:
ʽ…asume el mismo criterio en cuanto al contrato en línea, al indicar en su art. 5 inc. qq): ‘Servicios de Consultoría Individual de Línea: son los servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato’. Esta modalidad de contratación se encuentra bajo la denominación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, cuya cuantía es de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) hasta Bs1 000 000.- (un millón bolivianos); determinación que se encuentra en el art. 13 del indicado DS 0181, que está modificado por DS 1497; es así, que considerando el entendimiento que hace el DS 0181 de lo que es contratos en línea, se tiene que en este cuerpo legal mantiene la naturaleza de esta modalidad de contratación; y, por ende sujetos a régimen especial previsto en dicha normativa no así al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General de Trabajoʼ (…). En ese ámbito, la SCP 0510/2019-S2 de 12 de julio, determinó que el DS 0181 en cuanto a la prestación de servicios intelectual, distingue los servicios de consultoría individual de línea para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato (art. 5.qq de la NBSABS); y, los ʽServicios de Consultoría por Productoʼ para un consultor individual o por una empresa consultora, por un tiempo determinado, cuyo resultado es la obtención de un producto conforme los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato (art. 5.rr de la NBSABS), definiendo que. ʽ…el consultor individual en línea es la persona física que presta servicios intelectuales para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, en sujeción a los términos de referencia y las condiciones fijadas en el contrato; en otros términos, lo que prácticamente realiza el consultor individual en línea es la prestación de trabajo intelectual en forma personal, bajo condiciones de subordinación, dependencia y exclusividad a cambio de una remuneración ʼ. De lo señalado, se colige que la naturaleza de los contratos de consultoría de línea, se encuentran sujetos a un régimen normativo especial - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios- y la contratación de servicios será de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato, por producto y tiempo determinado bajo condiciones de subordinación, dependencia y exclusividad a cambio de una remuneración”.
La citada SCP 0159/2021-S1 establece que: “…la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio señaló que:
ʽ…se establece que las personas contratadas bajo la modalidad de consultoría en línea no están sujetas ni a la Ley General de Trabajo y tampoco al Estatuto del Funcionario Público, ello debido a que están regulados por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que está sujeto a las condiciones en las que se suscribe el mismo, y la naturaleza de los servicios a prestarse, acordándose como contraprestación una remuneración… Consecuentemente, al no existir una relación obrero patronal propiamente dicha sino una naturaleza distinta sujeta a un régimen especial, la cual dispone una vigencia previamente establecida para la adquisición de un determinado servicio, no se puede impetrar estabilidad o inamovilidad laboral, dado que la naturaleza de su contratación responde a una necesidad temporal que tiene una determinada institución, por otro lado no se puede exigir al empleador a mantener una relación laboral o suscribir un nuevo contrato de consultoría que no se ajusta a sus necesidades o presupuesto. En ese sentido, la estabilidad laboral tanto de padres progenitores, madres con hijos menores de un año de edad, así como también de personas con capacidades distintas es viable mientras se encuentre vigente los términos de su contrato de consultoría en línea y siempre que no existan causales de resolución atribuibles al consultor, dado que la justicia constitucional no puede disponer la inamovilidad laboral sin considerar los diferentes aspectos que rodean a cada caso en concretoʼ. A partir de dicha percepción, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0230/2017-S2 de 20 de marzo, definió que la excepción establecida respecto a la estabilidad laboral de consultores en línea que sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año de edad, así como también de personas con discapacidad, debe ser extendida a otros casos en los que se advierta que una entidad contratante haya afectado de manera arbitraria la vigencia de los contratos suscritos con los consultores en línea, con argumentos que se encuentran al margen de las estipulaciones contenidas en dichos convenios y las normas que las sustentan, ya que se estaría ante actos que atentan flagrantemente la estabilidad laboral de dichos trabajadores, que por las labores que desempeñan, se constituyen también en trabajadores, que realizan servicios a favor de una entidad contratante, por un tiempo determinado, en horarios establecidos y bajo una remuneración mensual, lo cual a su vez implica, que las consultorías individuales en línea, son una forma de contrato de trabajo, que encuentran su marco de protección en el art.46 de la CPE; toda vez que, al ser contratos de trabajo (con matices especiales como la temporalidad y tarea específica), regulados por la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamentales, DS 0181, Ley de Procedimiento Administrativo y el DS 27113 de 23 de julio de 2003, entre otras normas, no pueden estar al margen de la protección constitucional, con el único argumento que no se encuentran regulados por la Ley General del Trabajo y el Estatuto del Funcionario Público, ya que por mandato constitucional, cualquier tipo de trabajo en relación de dependencia, debe ser entendido en el marco de esta disposición constitucional y encontrar su protección en la misma, concluyendo, que: ʽ…la estabilidad laboral, no sólo podrá ser exigida cuando se trate de empleados (protegidos por la Ley General del Trabajo) o servidores públicos (protegidos por el Estatuto del Funcionario Público), sino también podrá ser exigido por los consultores en línea, claro está de acuerdo a matices diferenciados, pero bajo ninguna circunstancia podrá dejárselos sin protección y tutela constitucional, ya que es deber del Estado proteger el ejercicio del trabajo y la estabilidad laboral en todas sus formas tal como se tiene precisado, incluyendo en este marco a los trabajos realizados por los consultores en línea, en el marco de su regulación especial y diferenciada. Ya que el principio de la estabilidad laboral ‘…Denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido’ (SCP 0177/2012 de 14 de mayo); merece protección especial por nuestro Estado puesto que cuando se lo vulnera, no solo se lesiona el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, y también de todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, por lo que su protección debe ser pronta e inmediata, debiendo incluso hacerse abstracción del principio de subsidiariedad. Consecuentemente, podrá invocarse estabilidad laboral ante la jurisdicción constitucional, en casos en los que una entidad contratante determine dar por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan, siempre y cuando el contrato esté aún vigente y la resolución no sea atribuible al consultor; no siendo necesario acudir ni agotar las instancias de solución de controversias establecidas en el propio contrato, ya que si se llegase a evidenciar lesión alguna al derecho a la estabilidad laboral, la jurisdicción constitucional, sólo procederá a efectuar una tutela provisional, que podrá ser modificada con posterioridad en proceso judicial o administrativo, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato de consultoríaʼ. Bajo ese marco conforme se expresó en la SCP 0807/2018-S1 de 28 de noviembre, se extrae que no puede invocarse estabilidad e inamovilidad laboral, cuando se trate de personas contratadas bajo la modalidad de consultoría en línea, debido a que no se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público; pero, también que puede operar una excepción a esta regla, y ser viable de esa manera la inamovilidad y estabilidad laboral, cuando se trate de consultores en línea que sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año, personas con discapacidad o cuando se dé por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan, siempre y cuando el contrato esté vigente y no existan causales de resolución atribuibles al consultor ”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a un salario o remuneración justa, a la estabilidad laboral y la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, el 15 de febrero de 2023, fue desvinculada de su fuente laboral, aspecto que fue informado de manera verbal por parte del Alcalde ahora accionado, quien no consideró su estado de gestación, el cual era de su conocimiento, debiendo activarse la inamovilidad laboral; además, que solo le cancelaron quince días de sueldo correspondiente a enero y quince días de febrero, ambos de 2023, dejándola sin sustento económico para poder atender dicha situación. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se advierte que existe Contrato Administrativo, para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea como Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. –CM-11/2021, con vigencia de duración de cuatro meses, computables desde el día siguiente de sus circunscripción -2 de septiembre de 2021- hasta el 2 de enero de ese 2022-, suscrito entre la accionante y el Alcalde hoy accionado, siendo el objeto la prestación del servicio de consultoría individual de línea para el cargo de Responsable de DNA y SLIM del citado Gobierno Autónomo Municipal. Cursa Contrato Modificatorio 1 Consultoría Individual de Línea Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. –CM-11/2021 de 28 de febrero de 2022 en el que se modificó las cláusulas Novena del plazo de prestación de servicios y la Décima Primera del monto y forma de pago, ampliando su vigencia por dos meses; es decir, del 3 de enero de ese año hasta el 28 de febrero de igual año (Conclusión II.1.);
asimismo, consta Contrato Administrativo, para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea como Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. -CM-9/2022, con vigencia de duración de seis meses, computables desde el día siguiente de su circunscripción -1 de marzo de 2022 hasta el 1 de septiembre de igual año-, siendo el objeto del contrato la prestación del servicio de consultoría individual de línea para el cargo de Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal. Cursa el Contrato Modificatorio 1 Consultoría Individual de Línea Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. -CM-9/2022, en el que se modificó la cláusula Novena del plazo de prestación de servicios y la Décima Primera del monto y forma de pago, ampliando su vigencia por tres meses y quince días; es decir, del 1 de septiembre de 2022, al 15 de diciembre de igual año (Conclusión II.2.). En ese sentido, por la Minuta de Comunicación 67/2022, dirigida a los Consultores de Línea, el Alcalde hoy accionado señaló que siendo de pleno conocimiento que los Contratos Administrativos de Consultoría de Línea determina como plazo de prestación al 15 de diciembre de 2022; por lo que se les solicitó la presentación de informes pendientes más documentación respaldatoria, comprobante de pago al Sistema Integral de pensiones, debiendo ser presentados hasta el 15 de ese mes y año; ya que, se determinó pausa administrativa por cierre de gestión desde el 20 de igual mes y año al 10 de enero de 2023 (Conclusión II.3.); posteriormente, mediante Nota presentada el 15 de diciembre de 2022, ante el referido Alcalde, la accionante solicitó la cancelación de sueldo correspondiente a ese mes y año (Conclusión II.4.); además por Nota presentada el 18 de enero de 2023, ante el Alcalde ahora accionado; la accionante solicitó la renovación de Contrato de Trabajo por estado de gestación; puesto que se encuentra en dicha condición desde hace “tres meses atrás”, debiendo garantizarse su inamovilidad laboral hasta un año después de haber dado a luz (Conclusión II.5.). A través de la Nota de 24 de enero de 2023, dirigida al Alcalde ahora accionado; por el que la accionante solicitó permiso por el periodo de dos días para realizarse controles de gestación, ya que el 20 de ese mes y año sufrió una descompensación, informándole que tenía una amenaza de aborto (Conclusión II.6.). Consta Ecografía Obstétrica de 25 de enero de 2023 efectuada a la accionante por la Médico Cirujano Ecografista del Hospital Municipal “Señor de Malta”, mediante la cual se concluyó que cuenta con un estado de gestación de aproximadamente quince semanas (Conclusión II.7.). En ese sentido, por Nota presentada el 13 de febrero de igual año, ante el Alcalde hoy accionado; la accionante solicitó la cancelación de sueldo por servicios prestados correspondientes a los quince días de trabajo de enero -de 2023-, para lo cual adjuntó el informe de actividades realizadas en dicho periodo (Conclusión II.8.), de igual manera, por Nota de similar fecha, la accionante pidió la cancelación de sueldo por servicios prestados correspondientes a los quince días de trabajo de febrero -de 2023- (Conclusión II.9.). Finalmente, se tienen los Comprobantes de Pago de 29 de junio y 13 de julio de ese año, de las Órdenes de Servicio “46/2023” y “47/2023” mediante los cuales el Alcalde ahora accionado canceló a la accionante por el servicio de atención al DNA-SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal correspondiente a los doce días y nueve días de febrero de ese año, respectivamente, operaciones realizadas satisfactoriamente el 29 de junio de igual año a las 7:03 horas “Estado: CONFRIMADO” (Conclusiones II.10. y II.11.). Por consiguiente, previo al análisis de la problemática planteada, corresponde mencionar que de conformidad al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional respecto a la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en caso de madres en gestación, se estableció que acreditada dicha calidad podrá activar directamente esta acción tutelar, sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa o judicial en denuncia de la vulneración de sus derechos laborales. En ese sentido, se advierte que la accionante acudió directamente a la jurisdicción constitucional alegando que le correspondía la inamovilidad laboral por ser madre en estado de embarazo, debiendo restituirla a su fuente laboral; así como, el pago de sus haberes devengados desde su destitución ilegal, lo que se le estaría negando a pesar de conocerse su estado de gestación, lo cual acreditó adjuntando la Ecografía Obstétrica de 25 de enero de 2023, emitida por el Médico Cirujano Ecografista del Hospital Municipal “Señor de Malta”, que concluyó que cuenta con un estado de gestación de aproximadamente quince semanas; es decir, que al 15 de febrero de ese año, fecha en la que fue desvinculada de su fuente laboral, se encontraba aun en estado de gestación. Por lo que, al encontrarse superado el principio de subsidiariedad se ingresará a analizar la problemática planteada. En ese sentido, corresponde referirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional que señaló respecto aquellas personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos, se vinculan contractualmente con una entidad pública, como es el caso de los consultores de línea, no se encontrarían sujetos a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público; sino, a las disposiciones contenidas en el contrato suscrito entre partes, especialmente en lo que se refiere a sus derechos y obligaciones; y, en cuanto a los procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación, se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, conforme previene el art. 6 de la Ley 2027 y el DS 0181.
Ahora bien, se puede establecer que la relación laboral existente entre la accionante y el Gobierno Autónomo Municipal del Trigal del departamento de Santa Cruz, emergió de la suscripción de los Contratos Administrativos, para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea como Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. -CM-11/2021 de 1 de septiembre y G.A.M.T. -CM-9/2022de 28 de febrero, cada uno con su Contrato modificatorio que amplió la vigencia de su duración, en el primer caso por dos meses -del 3 de enero de ese año, al 28 de febrero de igual año-, y el segundo, por tres meses -del 1 de septiembre de 2022, al 15 de diciembre de igual año-, todos en el cargo de Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal, sujetándose la relación contractual a un plazo determinado de duración, constituido en un contrato de consultoría de línea. En consideración de aquello el citado Alcalde señaló que la accionante al tratarse de una consultora de línea y un contrato temporal, en el que se estableció un plazo de prestación de servicio con un inicio y un fin, resultaría improcedente establecer su inamovilidad laboral. En ese sentido corresponderá analizar si a la accionante le corresponde la garantía de inamovilidad laboral. En ese contexto, efectuada la contextualización de los hechos, cabe precisar que conforme a la Ecografía Obstétrica de 25 de enero de 2023, la accionante se encontraba en estado de gestación de aproximadamente quince semanas, lo que pone en evidencia que durante la vigencia de su último contrato cuya fecha de vencimiento fue el 15 de diciembre de 2022, ya se encontraba embarazada, aspecto que era de conocimiento del Alcalde hoy accionado no siendo refutado en esta acción de defensa, más aun cuando la accionante por Nota presentada el 18 de enero de 2023, ante el nombrado Alcalde, solicitó la renovación de su Contrato de Trabajo por estado de gestación; puesto que, se encontraba en dicha condición desde hace “tres meses atrás”. En efecto; si bien la accionante asumió un cargo de carácter público, su manera de contratación y el procedimiento que se siguió en su vinculación laboral es distinta a la que se previene en el caso de los funcionarios públicos, quienes ocupan cargos públicos, de conformidad con el art. 5 de la Ley 2027; por lo que, la accionante no puede ser considerada funcionaria pública y tampoco empleada o trabajadora, al no existir un vínculo laboral, conforme la naturaleza y características que prevé la Ley General del Trabajo. En ese entendido, la situación contractual de la accionante se sujetó a las cláusulas pactadas en los Contratos Administrativos, para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea Responsable de DNA y SLIM del Gobierno Autónomo Municipal Trigal G.A.M.T. –CM-11/2021 y G.A.M.T. -CM-9/2022, y sus correspondientes contratos modificatorios. En ese sentido, al tratarse de una relación contractual pactada con una entidad pública, se sujeta al DS 0181, que en su art. 5 inc. qq), señala: “Servicios de Consultoría Individual de Línea: Son los servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato” (las negrillas fueron añadidas); es decir, que ese tipo de contratos también se sustenta a los términos de referencia, que de acuerdo con el art. 3 del DS 27328, se constituye en un documento elaborado por el Alcalde ahora accionado, en el que se establecieron las características técnicas de los servicios de consultoría y que forma parte de la solicitud de propuestas. Es así que, como se estableció en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, el servicio de consultoría en su contratación debe cumplir con presupuestos específicamente contenidos en la normativa vigente, inclusive en lo referente a su financiamiento, que deviene del Presupuesto Operativo Anual (POA), que debe ser elaborado anticipadamente para su aprobación por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo que el presupuesto para la contratación de consultores de línea, se encuentra programado con anterioridad. De ahí que, ese tipo de contratación se pacta por plazos determinados, conforme a las posibilidades económicas de la entidad contratante, no pudiendo excederse en los plazos de contratación, lo contrario implicaría hacerse pasible a responsabilidades, de conformidad con lo previsto por el art. 7 del DS 0181. Ahora bien, al cumplirse el plazo de vigencia establecido en los Contratos mencionados precedentemente, la relación jurídica se extingue, correspondiendo elaborar una adenda si se pretende prorrogar o ampliar el plazo de vigencia del contrato, conforme prevé el art. 89.II inc. b) del DS 0181; por lo tanto, no es previsible prorrogar ipso facto la relación contractual, tomando en cuenta que en el presente caso los dos Contratos Administrativos, para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea suscritos por la accionante fueron prorrogados en previsión de la referida norma como se estableció en la Cláusula Décima Cuarta de los referidos Contratos de Administrativos; feneciendo el cumplimiento del plazo contractual al concluir su último contrato modificatorio; es decir, el 15 de diciembre de 2022, aspecto verificable incluso de la Minuta de Comunicación 67/2022, dirigida a los Consultores de Línea haciendo referencia que era de su pleno conocimiento que los Contratos Individuales de línea su prestación era hasta esa fecha, siendo ese el plazo máximo para la presentación de sus informes, cumplimiento la accionante con aquello a través de la Nota presentada en esa fecha, en la que se adjuntó el informe de actividades realizadas hasta esa fecha (fs. 74 vta. a 75). Ahora bien, la situación de que con posterioridad a la conclusión del Contratos de consultoría la accionante hubiese continuado prestando sus servicios, por la naturaleza de esa clase de contratos no resultaría aplicable en el presente caso la tácita reconducción; puesto que, al cumplirse el plazo de vigencia establecido en el contrato de consultoría de línea, la relación jurídica se extingue, correspondiendo elaborar una adenda si se pretende prorrogar; por lo tanto, no resulta posible su reincorporación laboral. En cuanto al pago de sus sueldos devengados desde enero de 2023 “hasta la fecha”; además, de los sueldos correspondientes a los meses de enero y febrero de igual año, se establece que en virtud a las Ordenes de Servicio “46/2023” y “47/2023” estos fueron cancelados el 29 de junio de 2023, antes de la notificación al Alcalde hoy accionado con la acción de amparo constitucional, la cual fue efectuada mediante Orden Instruida el 6 de julio de ese año (fs. 33 vta.), concurriendo la teoría del hecho superado (SCP 0391/2020-S1 de 26 de agosto); por lo cual no se evidencia la vulneración de los derechos al trabajo y a un salario o remuneración justa del accionante, correspondiendo denegar la tutela solicitada sobre este punto. En ese sentido, con relación a la presunta vulneración del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, si bien estos se constituyen en derechos fundamentales, consagrados por la Norma Suprema; la situación jurídica de la accionante, conforme a lo expuesto precedentemente, no se encuentra dentro de los alcances de la normativa en materia laboral; puesto que, su relación contractual se ajusta a los términos pactados entre partes y el DS 0181; por consiguiente, la nombrada, no puede ser titular de ningún beneficio social ni acogerse a las prerrogativas previstas en materia laboral, como la referida a la estabilidad e inamovilidad laboral, por su condición de consultora de línea, salvo que se trate de consultores de línea que sean padres progenitores o madres de hijos menores de un año y personas con discapacidad, siempre y cuando esté vigente el contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor, o cuando una entidad contratante determine dar por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan; por lo que, conforme prevé el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, cualquier denuncia o reclamo respecto a la vulneración de esos derechos, con relación a este tipo de contratos, no puede ser tutelado, más aún si se considera que la accionante prestó sus servicios durante el plazo de vigencia de los contratos suscritos con la entidad demandada, sin que haya sido desvinculada durante ese lapso de tiempo. Por todo lo expuesto corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, se tiene que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 103/2023, si bien denegó la tutela, dispuso el pago de las asignaciones familiares hasta dos meses después de disuelta la relación laboral en caso de que no se hubiese procedido a su pago. En el marco de este antecedente y considerando que el Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad al art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), se encuentra facultado de dimensionar los efectos de las resoluciones constitucionales emitidas; en consecuencia, corresponde en el presente fallo dimensionar los efectos del mismo, por la disposición de pago de asignaciones familiares que realizó la referida Sala Constitucional, que pudo generar efectos jurídicos -considerando además el plazo ya transcurrido-, con lo cual podrían verse afectadas las partes; por consiguiente, ante la posibilidad de tal despliegue procesal, los mismos no pueden retrotraerse, debiendo permanecer incólumes. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 102 vta. a 105 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo subsistente la decisión del pago de las asignaciones familiares conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0407_2026-S1.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1326d5d7529094b77dec05f82ef71beb76e65fba875525f826e7b6e5a7ba0d04
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