Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia; y, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, relacionados al derecho a la libertad; puesto que el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 227/2021 de 11 de octubre, negó la cesación de su detención preventiva: 1) Al no cumplir respecto al riesgo procesal del art. 234.1 del CPP relacionados al trabajo, con el visado de su contrato de trabajo a futuro, extremo que considera una exageración, ya que sería ilógico que el citado contrato sea suscrito de otra forma; y, 2) Con referencia al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del citado Código, porque estando su persona en libertad podría influir de alguna manera en dicho peligro procesal, no siendo suficiente la mera referencia o presunción. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la .
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 170/2021 de 31 de diciembre, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y en consecuencia: DENEGAR La tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0406/2023-S3 Sucre, 11 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45128-2022-91-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 170/2021 de 31 de diciembre, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Pimentel Marca contra Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
El accionante por memorial presentado el 30 de diciembre de 2021, cursante de fs. 3 a 4 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de feminicidio previsto y sancionado por el art. 252 bis del Código Penal (CP), se encuentra más de dos años detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Mocoví (varones) de Beni; es así que, el 11 de octubre de 2021 se desarrolló la audiencia virtual de consideración de los recursos de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de “28” de julio de 2021, formulados por el Ministerio Público y Alicia Victoria Cala de Mamani -hoy tercera interviniente-, los cuales fueron resueltos por el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 227/2021 de 11 de octubre, negando la cesación de su detención preventiva al ser observados los nuevos elementos de prueba presentados ante el citado Vocal por no cumplir ciertos requisitos, quedando latente el riesgo procesal del art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) relacionados al trabajo y el peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 del citado Código. Con referencia al trabajo se presentó una actividad a futuro, siendo rechazada .
por el Vocal ahora accionado porque no se encontraba visada, cuando es extraño que un Inspector del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social vise un contrato de trabajo a futuro para otorgarle validez, constituyéndose en una exageración; además, el contrato tiene que ser a futuro; puesto que exigir a un imputado un contrato que no se acordó en esa forma es ir contra todo sentido lógico y jurídico, imposibilitándole así acceder a la cesación de su detención preventiva para siempre. Respecto al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, indica que es la conducta procesal del imputado la que se debe valorar; por lo que el Juez debe evaluar de forma objetiva si existen suficientes elementos, los cuales deben ser valorados conforme a la conducta, en el presente caso se tiene que el Vocal ahora accionado ante los recursos de apelación efectuados por el Ministerio Público y la víctima, confirmó el rechazo de la cesación de su detención preventiva porque estando su persona en libertad podría influir de alguna manera en dicho peligro procesal; por lo que al Ministerio Público le corresponde como acusador, probar y demostrar la concurrencia de las circunstancias previstas en la norma precedentemente señalada, no siendo suficiente la mera referencia o presunción.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia, así como de la lectura del memorial de demanda de acción de libertad se infiere la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, relacionados al derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 24, 73, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH).
Solicita “sea admitida” la “…ACCIÓN DE LIBERTAD en contra del rechazo a la cesación y en contra del AUTO DE VISTA Nº 227/2021…” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 31 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 46, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) La jurisprudencia constitucional a través de la SCP “0014/2012” refiere que no se puede negar la cesación de la detención preventiva cuando existe un solo riesgo procesal -latente-; b) La SC “…1454/2004-R de 26 de julio…” (sic) señala la relevancia que debe tener la relación entre la acreditación de un trabajo .
posterior o futuro al hecho de la demostración del domicilio real; c) La SCP 0210/2015-S1 de 26 de febrero, indica que en los trabajos a futuro no es necesario los formalismos pretendidos por la norma laboral; por lo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social prohíbe el registro de contratos nacionales de trabajo a futuro, debido a lo cual, es ilógico pretender querer hacer visar un contrato de trabajo a futuro; y, d) Se encuentra detenido preventivamente dos años, ocho meses y veintisiete días de lo que se puede presumir que no influyó en la víctima o terceros, ni se constituyó en un peligro para la sociedad al encontrase detenido.
Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante informe presentado el 31 de diciembre de 2021, cursante de fs. 22 a 24, manifestó que: 1) Mediante el Auto de Vista 227/2021 dispuso la revocatoria parcial del Auto Interlocutorio de 21 de julio de igual año, manteniendo vigente el riesgo procesal de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP con relación al presupuesto trabajo, y el riesgo procesal de obstaculización establecido por el art. 235.2 del citado Código; 2) El accionante presentó un contrato de trabajo a futuro firmado por él y Yola Cali Chambi, con todas las formalidades que establece el art. 1297 del Código Civil (CC) y el art. 65 de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP) -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, no es menos cierto que la Ley General del Trabajo, el “…Decreto de fecha 23 de agosto de 1943…” (sic) en su “artículo 14” establece que el contrato de trabajo escrito para alcanzar eficacia jurídica debe estar refrendado por el Inspector del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, formalidad que fue obviada por el accionante, no siendo creíbles ni admisibles los argumentos vertidos por este, al señalar que sería de imposible cumplimiento por ser el refrendado un mero trámite administrativo que únicamente otorgaría el visto bueno a dicho contrato laboral sea presente o futuro, para poder así en caso de incumplimiento de alguna de las partes, tener la fuerza probatoria exigible ante los tribunales como eficacia jurídica ante cualquier autoridad; por lo que, no es evidente de que vulneró algún derecho relacionado a la libertad, lo que debe hacer el accionante es cumplir los parámetros y presentar su solicitud ante el Juez de la causa; y, 3) Con relación al riesgo procesal de obstaculización aplicó medidas reforzadas en favor de la víctima, en ese caso la familia de la víctima que falleció producto del supuesto delito -de feminicidio-, tal como señalan las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0012/2021-S3 de 19 de febrero y 0587/2020-S3 de 24 de septiembre; en ese sentido, al ser el proceso penal que originó esta acción de libertad, un hecho de relevancia social, con víctimas en grupos vulnerables que merecen una protección reforzada de parte de los juzgadores, sin que ello implique vulnerar los derechos que le asisten al procesado en una contienda penal; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.
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Alicia Victoria Cala de Mamani a través de sus abogados, señaló que: i) Los argumentos que presenta el accionante son propios de una audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva y no así un argumento para pedir tutela a través de un mecanismo extraordinario; ii) La acción de libertad versa sobre la presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la SCP 0340/2019-S3 de 24 de julio, señala que la acción de libertad se encuentra condicionada a la vulneración de los derechos que por ella se resguarda, los cuales son los derechos a la vida, a la libertad personal y a la locomoción; es así que, la vía constitucional apertura su competencia cuando existe estado de absoluta indefensión; empero, como informó el Vocal ahora accionado, el accionante tiene las vías legales para logar la cesación de su detención preventiva, tampoco se demostró que en el hipotético caso que se desvirtuara el riesgo procesal del trabajo se le otorgue inmediatamente su libertad, tomando en cuenta que las medidas cautelares tienen carácter instrumental, necesario y proporcional, más aun cuando el delito que se cometió fue de lesa humanidad; por lo que en razón a la falta de vinculación con los derechos que protege la acción de libertad, la vía idónea para el accionante era la acción de amparo constitucional; iii) Se debe considerar la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo que marca hito para casos de violencia hacia las mujeres; iv) Si bien se debe precautelar los derechos del acusado, es fundamental dentro el proceso penal precautelar los derechos de la víctima; v) El presente proceso seguido por la presunta comisión del delito de feminicidio se encuentra en etapa de recurso de casación; vi) Se afectó a dos niños de los cuales uno tiene discapacidad y su persona es de la tercera edad; por lo tanto, pertenecen a grupos vulnerables; vii) El accionante señala que se encuentra detenido preventivamente más de dos años, señalando que es demasiado tiempo, cuando el art. 239.4 del CPP estableció el tiempo máximo de duración de la detención preventiva; y, viii) Solicita de deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -con la intervención del Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública de Beni-, mediante Resolución 170/2021 de 31 de diciembre, cursante de fs. 47 a 49, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 21 de julio de 2021 fue interpuesto por la víctima y no por el accionante, situación que demuestra su pleno consentimiento con los riesgos procesales establecidos en el citado Auto Interlocutorio, careciendo por ello de legitimación activa para interponer la acción tutelar; b) No se cuenta con las pruebas a efectos de evidenciar y contrastar si los argumentos de esta acción de defensa son evidentes o provocan la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia; c) No se identificó de manera clara y concreta de qué forma la determinación asumida en el Auto de Vista 227/2021 vulnera el derecho a la presunción de inocencia, no basta efectuar una relación de antecedentes; puesto que la jurisdicción constitucional no es una instancia más en la vía ordinaria; y, d) Los .
argumentos de la acción de defensa no guardan relación o nexo de causalidad con el derecho de presunción de inocencia denunciado como vulnerado, a efectos de aperturar la competencia de esa Sala Constitucional, imposibilitando que se pueda establecer la supuesta vulneración de otros derechos que no fueron denunciados y que corresponden a otra acción constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 227/2021 de 11 de octubre, emitido por Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora accionado-, se determinó la revocatoria parcial del Auto Interlocutorio de 21 de julio de 2021, manteniendo los riesgos procesales del art. 234.1 -del CPP- en su elemento trabajo al no cumplirse la prerrogativa establecida por el art. 14 del Reglamento de la Ley General del Trabajo y manteniendo subsistente el peligro procesal del art. 235.2 -del citado Código- por los extremos expuestos con relación al derecho a la vida a través de los tratados internacionales (fs. 19 a 21 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia; y, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, relacionados al derecho a la libertad; puesto que el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 227/2021 de 11 de octubre, negó la cesación de su detención preventiva: 1) Al no cumplir respecto al riesgo procesal del art. 234.1 del CPP relacionados al trabajo, con el visado de su contrato de trabajo a futuro, extremo que considera una exageración, ya que sería ilógico que el citado contrato sea suscrito de otra forma; y, 2) Con referencia al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del citado Código, porque estando su persona en libertad podría influir de alguna manera en dicho peligro procesal, no siendo suficiente la mera referencia o presunción. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo .
a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).
En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia; y, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, relacionados al derecho a la libertad; puesto que el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 227/2021 de 11 de octubre, negó la cesación de su detención preventiva: i) Al no cumplir respecto al riesgo procesal del art. 234.1 del CPP relacionados al trabajo, con el visado de su contrato de trabajo a futuro, extremo que considera una exageración, ya que sería ilógico que el citado contrato sea suscrito de otra forma; y, ii) Con referencia al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del citado Código, porque estando su persona en libertad podría influir de alguna manera en dicho peligro procesal, no siendo suficiente la mera referencia o presunción. De la revisión de antecedentes, se tiene el Auto de Vista 227/2021, a través del cual el Vocal ahora accionado determinó la revocatoria parcial del Auto interlocutorio de 21 de julio de 2021, manteniendo los riesgos procesales del art. 234.1 -del CPP- en su elemento trabajo al no .
cumplirse la prerrogativa establecida por el art. 14 del Reglamento de la Ley General del Trabajo y manteniendo subsistente el peligro procesal del art. 235.2 del citado Código por los extremos expuestos con relación al derecho a la vida a través de los tratados internacionales (Conclusión II.1.).
Se aclara que en el presente caso que, el accionante señala como derecho vulnerado únicamente la presunción de inocencia; empero, del contenido de su memorial de acción de libertad, se colige que cuestiona los argumentos del Auto de Vista 227/2021 emitido por el Vocal ahora accionado; razón por la cual, con la finalidad de hacer efectivo el acceso a la justicia, y siendo que la acción de libertad se rige por el principio de informalismo, se procederá al examen de la motivación y fundamentación como elemento del derecho al debido proceso del citado Auto de Vista que revocó parcialmente el Auto Interlocutorio de 21 de julio de 2021, manteniendo subsistente dos riesgos procesales, a pesar de que no fue solicitado expresamente en esta acción de libertad. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que toda autoridad de primera como de segunda instancia que dicte una resolución debe expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, lo que no implica una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, que tampoco puede ser reemplazada por una simple relación de documentos.
En el presente caso, si bien el accionante no fue quien interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 21 de julio de 2021; no obstante, la determinación asumida en la misma -mantener los riesgos procesales de los arts. 234.1 y 235.2 del CPP- le causó agravio por las observaciones hechas por el Vocal ahora accionado que harían imposible desvirtuar los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.1 -trabajo- y 235.2, ambos del CPP; es sí que, con la finalidad de verificar si las denuncias efectuadas por el accionante son o no evidentes, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional realizar el análisis de los argumentos del Vocal ahora accionado, que se encuentran plasmados en el Considerando -segundo- del Auto de Vista 227/2021.
a) Se suscribieron dos contratos de trabajo el 23 de julio de 2021, el primer contrato se identificó la firma y rúbrica del Jaime Pimentel Marca “…también por el mencionado señor…” (sic) con relación al otro contrato de igual fecha, Yola Cali Chambi es la empleadora, donde se identifica su firma en el formulario de firmas y rúbricas, si bien se cumplieron los objetivos señalados por el art. 1297 del CC que refiere sobre la eficacia de los documentos privados, .
reconocido por la persona a que se opone o declare por la ley como documento público respecto a la verdad de sus declaraciones; es decir, por más que este revertido por las solemnidades de la Ley del Notariado Plurinacional previsto por el art. 65 de la LNP y el art. 72 del Decreto Supremo (DS) 2189 de 19 de noviembre de 2014, si se evidencia el cumplimiento con todas y cada una de las solemnidades previstas en la citada Ley, tanto del Código Civil como la ley “voluntariado” y su reglamento, al margen de esa situación jurídica procesal se hizo referencia a los contratos de trabajo, si bien es cierto que el art. 6 de la Ley General del Trabajo, señala que el contrato de trabajo puede celebrarse de manera verbal o escrita, el documento traído a colación fue establecido de forma escrita y no verbal, lo que contradice el art. 14 del Reglamento de la Ley General del Trabajo que claramente especifica que todo contrato de trabajo celebrado por escrito para alcanzar la eficacia jurídica será refrendado por el Inspector del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, o en su defecto, por la autoridad administrativa superior, situación que en ningún momento se observó; por lo que para el referido Vocal quedó latente el art. 234.1 del CPP en su elemento trabajo, al no cumplirse dicha normativa reglamentaria a la Ley General del Trabajo. b) Con relación al art. 235.2 del CPP, el Juez de la causa hizo mención en cuanto al fallo que fue anulado y reenviado conforme lo expuesto también por la víctima; empero, no efectuó una ponderación entre los principios y valores que gobiernan también el derecho a la vida; en ese contexto, la victima hizo referencia a la SCP 0012/2021-S3 respecto a la interseccionalidad del juzgamiento de niñas, niños y adolescentes y las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad haciendo énfasis de que el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia de las Mujeres (SIPPASE) tampoco constituye una prueba documental idónea para obtener dicha libertad “condicional” dentro las medidas cautelares. Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales deben aplicarse en esa situación por tratarse de la perdida de la vida humana y al ser vinculantes y obligatorios para los administradores de justicia; en ese contexto, se tiene la SCP 1200/2019-S2 de 5 de diciembre. Independientemente de la prueba documental que fue presentada por el imputado -accionante- en la certificación, quien además refirió que se encuentra más de dos años con detención preventiva, no se debe dejar de lado porque se le está juzgando, la propia Jueza de la causa reconoció que existe una nulidad en el presente proceso que fue dictado por esa Sala Penal y se tiene que precautelar el derecho a la vida; en ese contexto, se tienen numerosos artículos de los documentos internacionales de derechos humanos que establecen y garantizan el derecho a la vida, como los arts. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humano (DUDH), .
6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 3 de la “…declaración de la eliminación de discriminación contra las mujeres proclamada por la asamblea general de la naciones unidas en 1967…” (sic), 4 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará" que establece que toda mujer tiene el derecho y el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y la libertad consagrados por el implemento regional internacional sobre derechos humanos, que también comprenden entre otros del derecho a la vida, al respecto existe una observación del “…comité de las naciones unidas…” (sic) que señala que los estados deberán informar entre otros aspectos acerca de las medidas adoptadas para proteger a la mujer de prácticas de vulneración del derecho a la vida, acerca de los efectos especiales que la pureza y la privación tiene sobre la mujer y que pueden poner en peligro su vida, en un caso reciente la Corte Interamericana de Derecho Humanos resolvió respecto a ese derecho, que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de condiciones que requieran para que no se produzca violencia de ese derecho inalienable, en particular el deber de impedir que sus agentes atenten “contra él”, el art. 4 relacionado con el art. 1.1 de la CADH no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requieren que los Estados adopten las medidas propias para proteger y prevenir el derecho a la vida que es una obligación positiva, la manera de ver y garantizar el pleno de los ejercicios de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, esa protección “activa de derecho” a la vida por parte del Estado, no solo involucra a sus legisladores sino también a las instituciones estatales y a quienes deben resguardar la seguridad; en este contexto, independientemente se haya anulado el proceso. Para el Vocal hoy accionado resulta evidente la concurrencia del riesgo procesal del art. 235.2 -del CPP-, ya que estado en libertad el procesado -accionante- puede influir de alguna manera con el citado peligro procesal.
Respecto a la primera problemática denunciada por el accionante relacionada al riesgo procesal establecido por el art. 234.1 del CPP, referente al trabajo, el Vocal ahora accionado señaló que todo contrato de trabajo celebrado por escrito, para alcanzar la eficacia jurídica debía ser refrendado por el Inspector del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, o en su defecto, por una autoridad administrativa superior, conforme el art. 14 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, extremo que el accionante considera una exageración; cuando el Vocal hoy accionado puede efectuar una valoración integral de todos los documentos que considera necesarios, además del reconocimiento de firmas, debido a que dicha autoridad debe tener pleno convencimiento de la autenticidad de una relación laboral por el .
momento inexistente, refiriendo al efecto la normativa laboral, además de una explicación de las razones en las que basó su determinación. Asimismo, se debe mencionar respecto al riesgo procesal establecido por el art. 234.1 del CPP, que la suscripción de un contrato de trabajo a futuro, no fue cuestionado por el Vocal ahora accionado, en cuanto a su forma, a futuro, como erróneamente hace entender el accionante al momento de interponer esta acción de defensa, al afirmar que el hecho de exigir al imputado -accionante- un contrato que no fue acordado a futuro, es ir contra toda sentido lógico y jurídico; por lo que no corresponde realizar consideración alguna al respecto.
Ahora bien, con relación a la segunda problemática referida al riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP, el Vocal ahora accionado expuso jurisprudencia y señaló normativa internacional que hacen referencia a que debe garantizarse el derecho a la vida de las mujeres víctimas de violencia al encontrarse las mismas en situación de vulnerabilidad; en el presente caso, se debe considerar que trata de un delito vinculado a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que afectó directamente la vida de la víctima mujer -feminicidio-, por lo que es necesario que se efectúe un análisis integral en torno a dicho extremo, situación que fue considerada por el Vocal ahora accionado; puesto que identificó claramente que versa sobre la perdida de la vida humana de una persona perteneciente a un grupo vulnerable que requiere de protección reforzada, sustentando sus decisión en jurisprudencia, normativa internacional e incluso en determinaciones asumidas por instancias internacionales, que establecen la protección del derecho inalienable, a la vida, sobre todo cuando tiene que ver con mujeres víctimas de violencia. De lo que se concluye que, que el Auto de Vista 227/2021 emitido por el Vocal ahora accionado desarrolló argumentos suficientemente claros y razonables, en el marco de la integralidad que supone asumir la posición jurisdiccional en temática de medidas cautelares, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, relacionados al derecho a la libertad, así tampoco se advierte inobservancia del principio a la presunción de inocencia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la .
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 170/2021 de 31 de diciembre, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y en consecuencia: DENEGAR La tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0406_2023-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7de37ead422b109edcff16f745be7e78fb3904cd19d20267b2c046b78df62060
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