Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 22 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su vertiente del derecho a la defensa, manifestando que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de concusión y cohecho pasivo propio, su persona fue beneficiada con la aplicación de la detención domiciliaria mediante Auto Interlocutorio 225/2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de El alto del departamento de La Paz; sin embargo, dicha resolución fue apelada en la vía incidental por el representante del Ministerio Público, denunciando que su persona no fue legalmente notificado con el señalamiento de la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares para el 22 de agosto de 2022 a horas 11:45; toda vez que, su abogado de confianza fue notificado con una hora y cuarenta minutos de antelación al verificativo de la referida audiencia; a pesar de que dicho abogado se conectó a la audiencia virtual, con el fin de poner en conocimiento de los Vocales de Sala, que no logró establecer contacto con el accionante, y permaneció en la sala virtual hasta horas 13:04; posteriormente, su abogado se retiró de la sala debido a que debía asistir a otra audiencia, no obstante, la audiencia se llevó a cabo sin la presencia del accionante ni de su abogado de confianza, emitiéndose el Auto de Vista 597/2022, que revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 225/2022, disponiéndose la detención preventiva del accionante por un periodo de cuarenta y cinco días; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga: a) Declare l…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 035/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 137 a 140, emitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en consecuencia se determina:
1° Dejar sin efecto el Auto de Vista 597/2022 de 22 de agosto de 2022.
2° Se ORDENA a la Vocal demandada llevar a cabo una nueva audiencia de apelación de medida cautelar garantizando el derecho a la defensa del imputado, salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante ya se hubiese modificado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0405/2025-S3 Sucre, 22 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 54311-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 035/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 137 a 140, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ever Epifanio Escalante Pérez contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales de 20 octubre y 1 noviembre de 2022, cursante de fs. 33 a fs. 43; y, 46 a 49, respectivamente, el accionante manifestó que:
Desde el 8 de octubre de 2021, fue incorporado al Ministerio de Gobierno en el cargo de Auxiliar I -Inspector /Recaudador Desaguadero- dependiente de la Regional Desaguadero – Dirección General de Migración; siendo una de sus funciones de recaudador de fondos; es decir, cobraba dinero por diferentes conceptos inherentes a la función de la Institución en las fronteras. Trabajo que realizó sin inconvenientes hasta que el 8 de julio de 2022, por un problema que tuvo con un ciudadano de nacionalidad peruana (Manuel Eduardo Soto Guzmán), que ingresó al país por un puesto no autorizado, por lo que era sujeto al pago de multa y en vista de que no quiso pagarle, lo denunció por presunta extorsión; motivo por el cual, su persona fue aprehendida por la presunta comisión en flagrancia del delito de concusión y cohecho pasivo propio, previsto y sancionado por los arts. 151 y 145 del Código Penal (CP) y conducido a la ciudad de El Alto, y encerrado en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para que prestara su declaración informativa ese mismo día a las 23:40. Señala que fue asistido para su declaración informativa por un abogado defensor de oficio (Jhasmani Edwing Mita Larrea) al cual no conocía, por lo que no pudo contar con un abogado de su confianza; luego, una vez presentado el requerimiento de Imputación Formal por el fiscal asignado al caso, ante el Juez de Turno de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia Las Mujeres de El Alto del departamento de La Paz; señalándose audiencia de consideración de medidas cautelares para el 10 de julio del mismo año a horas 9:30, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, y no así el Juez Anticorrupción, tal y como lo dispone el procedimiento, vulnerando de esa manera su derecho al juez natural, siendo notificado con la imputación y el señalamiento de dicha audiencia a las 9:25. Para dicha audiencia contó con los servicios de la abogada Mónica Irusta Flores, contratada por su familia, afirmando que el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 225/2022 de 10 de julio, optó por la aplicación de medidas cautelares personales -entre ellas la detención domiciliaria- en lugar de la detención preventiva; por tal motivo, el Fiscal como el Asesor Legal de Migración anunciaron apelación incidental contra dicha determinación. El 18 de julio se apersonó el accionante con su abogado de confianza (Mamerto Cortez Ortega) ante el referido Juzgado de Instrucción Penal, para realizar algunos trámites, sin que hayan sido notificados con el señalamiento de la audiencia de apelación de medidas cautelares para el 22 de agosto de 2022 a llevarse a cabo a horas 11:10, dejándole en total estado de indefensión, siendo notificado solamente el abogado Jhasmani Edwing Mita Larrea (el primer abogado de oficio que le asignaron), mismo que no es parte del proceso, quien no le comunicó que fue notificado. El 22 de agosto a las 9:59, su nuevo abogado fue notificado vía WhatsApp, mismo que intentó sin éxito de comunicarse con el accionante, conectándose al enlace a las 11:45 , cuando se estaba desarrollando en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz otra audiencia y tras esperar hasta las 13:07, se retiró por tener otro compromiso; por lo que, dicha audiencia se llevó a cabo sin su presencia ni la de su abogado defensor, dejándole en estado de indefensión, emitiéndose el Auto de Vista 597/2022 de 22 de agosto; que revocó parcialmente el Auto Interlocutorio apelado, disponiendo su detención preventiva por cuarenta y cinco días en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Declare la nulidad del Auto de Vista 597/2022 de 22 de agosto; y, b) Se ordene a la autoridad demandada a emitir una nueva providencia que fije día y hora para la audiencia de apelación incidental sobre medidas cautelares, garantizando su notificación en el domicilio procesal.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 133 a 136 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que la SCP 0045/2018-S3 de 4 de marzo, establece que la apelación que se lleve a cabo en otro distrito judicial distinto, debe notificarse a las partes en su domicilio procesal, de acuerdo al apersonamiento que hicieron en su primera oportunidad tanto la abogada Mónica Irusta Flores como Mamerto Cortez Ortega en la ciudad de El Alto, toda vez que la audiencia de apelación se llevó a cabo en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; y, el accionante guarda detención preventiva en el Desaguadero, de la provincia Ingavi, lo que implica que se encuentran en otro distrito.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informes escritos presentado el 5 de diciembre de 2022 y el 2 de febrero de 2023, cursante a fs. 91 y vta. y 122 y vta., respectivamente, señaló que: 1) Si bien el Código Procesal Constitucional (CPCo) no preve el recurso de recusación, los vocales deben excusarse cuando concurren causales conforme al art. 20 del CPCo -Ley 254 de 5 de julio de 2012-; por lo que, solicitó a Ninoska Vera Márquez, Vocal de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se aparte del caso, invocando afectación al debido proceso y al juez natural por animadversión manifiesta; 2) El Auto de Vista 597/2022 de 22 de agosto, fue emitió dentro de los plazos establecidos por norma y en cumplimiento de los arts. 396 y 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, no puede presumirse la conculcación de derechos y garantías constitucionales; 3) De la revisión de antecedentes remitidos y los agravios manifestados en audiencia, se tomó conocimiento que el Auto Interlocutorio 255/2022 de 10 de julio, y que de la compulsa de los antecedentes se analizó dicha determinación, constatándose la ausencia de una motivación y fundamentación congruente, evidenciándose el incumplimiento de lo dispuesto por el art. 124 del CPP, y en base al test de proporcionalidad, se advirtió la concurrencia de riesgo de fuga y obstaculización que generaron la convicción que el sindicado no se sometería a la causa; 4) La SCP 0039/2012 de 26 de marzo, estableció que la jurisdicción constitucional está impedida de revisar o sustituir por otra la interpretación de la legalidad ordinaria realizada con plenitud de jurisdicción y competencia por los jueces y tribunales ordinarios; tarea que no puede ser perturbada con la utilización de acciones constitucionales con un mero afán dilatorio; y, 5) La determinación asumida, se basó en los antecedentes el cuaderno de control jurisdiccional, en el marco de la legalidad, por cuanto no puede alegarse que se hubiera inobservado principios y garantías constitucionales, respecto a la falta de fundamentación, motivación y congruencia, por lo que solicitó se deniegue la tutela.
Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que la supuesta vulneración al derecho a la defensa, alegada por la parte accionante, debió haberse reclamado en la vía ordinaria, mediante incidente de nulidad de notificación, conforme a los arts. 165, 166, 314 y 315 del CPP; sostuvo que no se cumplió el principio de subsidiariedad, ya que el impetrante de tutela aún tenía recursos legales disponibles; por tanto, solicitó se declare improcedente la acción de amparo. Enrique Vidal Poma, en calidad de tercero interviniente no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 131.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 035/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 137 a 140, denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio con base en los siguientes fundamentos: i) En el fondo la pretensión del accionante es que el Tribunal de garantías revise y verifique que lo actuado en la jurisdicción ordinaria es incorrecto, y que a partir de irregularidades de observaciones que se hubieran efectuado a una comunicación procesal, que iría en detrimento de su derecho a la defensa, sin embargo, para ingresar a considerar el fondo en primer lugar debe de verificarse el cumplimiento de los requisitos de validez de la acción, en especial el que guarda relación con el principio de la subsidiariedad descrita en los arts. 129 de la CPE, y 53.3 del CPCo, que claramente establece que esta acción será improcedente si cuestiona resoluciones judiciales o administrativas que pueden ser modificadas o suprimidas por cualquier recurso del cual no se haya hecho uso oportuno; ii) La parte accionante ha solicitado que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, y que se notifique correctamente, citando al efecto el art. 166 del CPP, que establece la nulidad de la notificación; y, iii) Este caso nos remite a los defectos que pueden darse dentro de un proceso, como son los defectos absolutos o los defectos relativos, lo que permite concluir que en este caso el circuito jurisdiccional no fue agotado por parte del peticionante de tutela, ya que este no realizó reclamo alguno ante el juez a quo, lo que implica que si estas autoridades no conocen ni siquiera tales observaciones, respecto a la falta de notificación; motivo por el cual, no se puede ingresar en el fondo ni suplir lo que vaya a disponer una autoridad jurisdiccional, por lo que corresponde denegar la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Auto Interlocutorio 225/2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, por el delito de concusión y cohecho pasivo, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, disponiendo la aplicación del art. 231 Bis del CPP, a favor del ciudadano Ever Epifanio Escalante Pérez, consistente en la detención domiciliaria (fs. 5 a 7 vta.). II.2. Cursa recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 225/2022 interpuesta por Agustín Coronado Mamani, Fiscal de Materia solicitando se revoque dicha determinación (fs. 8 a 10). II.3. Acta de audiencia pública de apelación de medida cautelar de 22 de agosto de 2022, en medio audiovisual mediante sistema Cisco Webex, realizada a las 11:40, donde se establece que estuvo ausente el -ahora accionante- y presente su abogado patrocinante, presente el representante de la Dirección General de Migración y ausente el representante del Ministerio Público (fs. 16 y vta.). II.4. Auto de Vista 597/2022, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la que se revoca en parte el Auto Interlocutorio 225/2022, disponiendo la aplicabilidad del art. 231 Bis en el núm. 10) es decir, la detención preventiva del sindicado por un periodo de cuarenta y cinco días, a ser cumplido en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, (fs. 17 a 18 vta.). II.5. Fotografías de la conversación por WhatsApp con la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el día de la audiencia; en la que se constata que el abogado del impetrante de tutela, ante el retraso del inicio de dicho actuado procesal -que estaba programada a las 11:40-y que no iniciaba hasta las 13:00, este solicitó retirarse de la Sala porque tenía que acudir a otra audiencia que ya había iniciado (fs. 29 a 30).
El accionante, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su vertiente del derecho a la defensa, manifestando que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de concusión y cohecho pasivo propio, su persona fue beneficiada con la aplicación de la detención domiciliaria mediante Auto Interlocutorio 225/2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de El alto del departamento de La Paz; sin embargo, dicha resolución fue apelada en la vía incidental por el representante del Ministerio Público, denunciando que su persona no fue legalmente notificado con el señalamiento de la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares para el 22 de agosto de 2022 a horas 11:45; toda vez que, su abogado de confianza fue notificado con una hora y cuarenta minutos de antelación al verificativo de la referida audiencia; a pesar de que dicho abogado se conectó a la audiencia virtual, con el fin de poner en conocimiento de los Vocales de Sala, que no logró establecer contacto con el accionante, y permaneció en la sala virtual hasta horas 13:04; posteriormente, su abogado se retiró de la sala debido a que debía asistir a otra audiencia, no obstante, la audiencia se llevó a cabo sin la presencia del accionante ni de su abogado de confianza, emitiéndose el Auto de Vista 597/2022, que revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 225/2022, disponiéndose la detención preventiva del accionante por un periodo de cuarenta y cinco días; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga: a) Declare la nulidad del Auto de Vista 597/2022 de 22 de agosto; y, b) Se ordene a la autoridad demandada a emitir una nueva providencia que fije día y hora para la audiencia de apelación incidental sobre medidas cautelares, garantizando su notificación en el domicilio procesal.
El derecho a la defensa, constituye la facultad que tiene toda persona que es parte de un proceso judicial o administrativo; a ser oída, presentar prueba con el fin de hacer valer sus razones y argumentos, a objetar las pruebas contrarias, el derecho a producir la prueba ofrecida, y de activar todos los medios y recursos de impugnación que el ordenamiento jurídico prevé. Es un derecho inherente a todo ser humano, reconocido en el art. 119.II de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. Al respecto, la SCP 1881/2012 de 12 octubre, refiere: “…el derecho a la defensa está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca una determinación o se pronuncie un fallo; además, implica el cumplimiento de requisitos procesales que deben ser debidamente observados en cada instancia procesal dentro de los procesos ordinarios, administrativos y disciplinarios, donde se afecten sus derechos” (las negrillas nos corresponden).
En la misma línea, SCP 0052/2014-S1 de 11 de noviembre, establece: “El derecho a la defensa se configura como la facultad reconocida a toda persona, en cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir, presentar pruebas y objetar las de contrario; así como solicitar la producción y valoración del acervo probatorio que se considere favorable; en consecuencia, hacer uso de todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para lograr establecer la verdad de los hechos; por lo que, en mérito a esta naturaleza, se configura en un elemento esencial del derecho al debido proceso…”.
En este contexto, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, se identificaron dos connotaciones respecto al derecho a la defensa: “La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio…”.
De lo señalado, el derecho a la defensa está compuesto por dos elementos, uno técnico y el otro material, o lo que es lo mismo; la defensa material y la defensa técnica. El Código de Procedimiento Penal en su art. 8, prevé: “El imputado, sin perjuicio de la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas”.
El art. 9 del CPP, regula: “Todo imputado tiene el derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable. La designación del defensor se efectuará sin dilación ni formalidad alguna, desde el momento de la detención, apresamiento o antes de iniciarse la declaración del imputado. Si consultado el imputado, no lo elige o el elegido no acepta inmediatamente el cargo, se le nombrará de oficio un defensor”. La defensa material, es la que se ejerce personalmente por el imputado, y en virtud a ese derecho, el acusado tiene derecho a defenderse desde el inicio de una investigación y a participar activamente en el proceso para el esclarecimiento de la verdad.
La defensa formal o técnica, es la defensa del encausado a cargo de un letrado, es decir, un abogado. El desarrollo del proceso, por su naturaleza técnica, para ser llevado a cabo en un plano de igualdad, requiere ser atendido por un profesional, para garantizarse el ejercicio pleno del derecho a la defensa técnica, que es una garantía constitucional necesaria para el resguardo de los derechos y garantías constitucionales de la persona sometida a un proceso, sea que se realice por un abogado particular, uno de Defensa Pública o de oficio. El art. 9 del CPP antes citado, refiere sobre el carácter irrenunciable de la defensa técnica; señalando entre otras cosas, que no podrá fundarse ninguna acusación contra el sindicado, si la recepción de su declaración se efectúa sin la presencia de su abogado o si no se informó al imputado desde el inicio de la investigación sobre el derecho que le asiste a contar con un abogado.
Al respecto, el art. 84 del CPP, establece la obligación de toda autoridad que intervenga en el proceso, de asegurarse que el imputado conozca los derechos que la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales y la Ley adjetiva penal reconocen; claro está, a fin de garantizar el respeto y observancia del derecho a un debido proceso.
Por su parte, el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), reconoce como garantías judiciales para el adecuado ejercicio del derecho de la defensa: La presunción de inocencia, el derecho de asistencia de un traductor o intérprete, la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, el plazo razonable para la preparación de la defensa, el derecho a defenderse personalmente, a la defensa técnica y tener un defensor, a interrogar a testigos, a no declararse culpable y el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Asimismo dicha norma, determina las circunstancias bajo las cuales son válidas las confesiones, el non bis in ídem en caso de absolución del inculpado y la publicidad del proceso penal.
La presencia del imputado en la audiencia de apelación de medidas cautelares, constituye un requisito sustancial a efectos de que este ejerza de manera plena su derecho a la defensa material y técnica, la Constitución Política del Estado, dispone en su art. 117, que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso, dicha regla general tiene carácter obligatorio para las autoridades judiciales en materia penal no solo al momento de emitir una condena, sino en situaciones análogas en que se decida imponer algún tipo de sanción al imputado, como en los casos de aplicación de las medidas cautelares establecidas en el Libro Quinto de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal.
La observancia del derecho a la defensa, como elemento sustancial de la garantía del debido proceso, permite que la parte acusada conozca todas las actuaciones judiciales llevadas a cabo e impugnarlas, no solo constituye un derecho subjetivo de la persona inmersa en un proceso judicial o administrativo, sino también representa una obligación del Estado, que por intermedio del Órgano Judicial debe cumplir todos los requisitos procesales indispensables a lo largo del desarrollo del proceso penal, entre ellos, la comunicación efectiva a todas las partes respecto a los actos y decisiones asumidas por la autoridad judicial competente. En ese orden, el art. 5 del CPP, establece que el imputado puede ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internaciones sobre Derechos Humanos y la Ley adjetiva penal reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización.
Conforme este razonamiento, respecto a la ausencia del imputado en la audiencia de apelación de medidas cautelares, la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, estableció las siguientes sub reglas: “ Ahora bien, de la línea jurisprudencial citada precedentemente, se establecen los siguientes aspectos: a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa.
Efectuada esa precisión, debe destacarse que el imputado que sea legalmente notificado con el decreto de señalamiento de audiencia, y no comparece para su realización, no puede alegar un estado de indefensión, teniendo en cuenta que así se determinó en la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, la que siguiendo la jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en su SC 48/1984, determinó que: “la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad (…)”. (las negrillas son nuestras). De forma concordante, la SCP 1881/2012 de 12 de octubre, precisó: “…el derecho a la defensa está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca una determinación o se pronuncie un fallo; además, implica el cumplimiento de requisitos procesales que deben ser debidamente observados en cada instancia procesal dentro de los procesos ordinarios, administrativos y disciplinarios, donde se afecten sus derechos” (las negrillas nos corresponden).
El art. 115.II de la CPE, establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por su parte, el art. 119.I y II del mismo cuerpo constitucional, dispone que: “Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina” y que “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…”. En ese entendido, la SC 1998/2010-R de 26 de octubre, que a su vez menciona a la SC 0952/2002-R de 13 de agosto, instituyó: “…todo tribunal o autoridad que tenga como facultad juzgar o imponer una sanción, está obligado a respetar las normas del debido proceso, entre las cuales, se encuentran el derecho a la defensa, que implica no sólo ser citado al inicio de la acción interpuesta, sino también la notificación posterior de cada una de las actuaciones, pues a partir de ellas, el procesado podrá presentar todas las pruebas que considere demostrarán su inocencia, así como también podrá presentar cuanto recurso le faculte la ley…” (énfasis añadido).
En ese marco, el ámbito de protección del derecho a la defensa, abarca a su vez el derecho a tener conocimiento y a ser notificado de manera efectiva con cada una de las actuaciones procesales llevadas a cabo dentro del proceso, solo de esta forma, se garantiza que el imputado pueda ejercer de forma plena su derecho a la defensa y el mandato constitucional que obliga al Estado a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.
Acorde a las exigencias de la garantía del debido proceso, la Ley adjetiva penal funda un marco normativo de comunicación de las partes o terceros, sobre las determinaciones asumidas por la autoridad judicial; la observancia de dicho régimen de notificaciones, además de restringir supuestos de procesamiento indebido, permite que se materialicen de forma efectiva, derechos, garantías y principios constitucionales dispuestos en el art. 180 de la CPE. Sin embargo, y más allá de lo señalado, las exigencias que el legislador estableció para este tipo de actos procesales, como es la notificación, tiene como uno de sus fines esenciales evitar que se genere la indefensión de las partes y las consecuencias que derivan de ello; vulneración de los derechos a la defensa, a la igualdad de oportunidades de las partes ante el juez, a la celeridad, y al debido proceso, entre otros.
En base a estas consideraciones, el Código de Procedimiento Penal en su Primera Parte, Libro Segundo, Título VII, regula los requisitos, formas y condiciones para la notificación con los actos procesales y resoluciones judiciales; cuyo incumplimiento implica se declare la nulidad, conforme el art. 166 del CPP.
En ese orden, el régimen de notificaciones dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, regula lo siguiente:
“Artículo 160º.- (Notificaciones). Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales. Las resoluciones serán obligatoriamente notificadas al día siguiente de dictadas, salvo que la ley o el juez disponga un plazo menor. Las que se dicten durante las audiencias orales, se notificarán en el mismo acto por su lectura. Artículo 161º.- (Medios de notificación). Las notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente haya aceptado o propuesto, excepto las notificaciones personales. Cuando el interesado no haya señalado un medio de comunicación específico, aquéllas se podrán realizar por cualquier otro medio que asegure su recepción.
Artículo 162º.- (Lugar de notificación). Los fiscales y defensores estatales serán notificados en sus oficinas y las partes en el domicilio que hayan constituido en su primera actuación o en su defecto, en estrados judiciales; salvo el caso de notificaciones personales. (…)
Artículo 164º.- (Requisitos de la notificación).
La diligencia de notificación hará constar el lugar, fecha y hora en que se la práctica, el nombre de la persona notificada, la indicación de la resolución, la firma y sello del funcionario encargado de realizarla, dejándose además expresa constancia del medio utilizado” (negrillas añadidas). En ese marco, se entiende que las notificaciones tienen el objeto de hacer conocer las resoluciones formuladas por la autoridad judicial y que las mismas deben ser comunicadas al día siguiente de emitidas, salvo que se disponga un plazo menor; respecto a los medios de notificación, en supuestos en que no se haya señalado uno en específico, se pude realizar por otro medio que asegure su recepción, norma que resulta acorde al entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional, que dejó establecido que la notificación no se agota en el cumplimiento de formalidades legales, sino que sea llevada a cabo de manera efectiva asegurando la recepción de las partes o interesados. Al respecto la SC 1821/2010-R de 25 de octubre, precisó que: “…la finalidad de la notificación, no es cumplir una formalidad, sino que la determinación judicial o administrativa llegue a conocimiento del destinatario; en ese sentido, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, refirió: (…) aun cuando la notificación sea defectuosa, pero que llegue a conocimiento de la parte, se tendrá por cumplida y como válida; al respecto, la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, señala que: …los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida»’” (las negrillas fueron incorporadas). En dicho contexto, un mecanismo dispuesto por Ley a fin que el acto de notificación sea efectivo, en términos de asegurar su recepción por parte del destinatario y evitar su indefensión; se encuentra establecido en el art. 162 del CPP, señalado ut supra, disposición legal que determina que las partes deben ser notificadas en el domicilio que hayan constituido en su primera actuación, y en caso de no haber indicado uno, se permite que dicho acto de comunicación sea llevado a cabo en estrados judiciales. Jurisprudencia reiterada por la SCP 0285/2019-S2 de 24 de mayo.
Dentro del presente caso se tiene que el accionante sostiene que dentro del proceso penal que se tramita en su contra, este fue beneficiado con la aplicación de la detención domiciliaria, entre otras medidas cautelares de carácter personal que fueron aplicadas en su caso; tal determinación, fue apelada por el Ministerio Público; sin embargo, denuncia que su persona ni su abogado de confianza fueron notificados con el señalamiento de la audiencia para el 22 de agosto de 2022, por parte de la autoridad demandada, que solamente notificaron vía WhatsApp al primer abogado que fue asignado a su caso -defensor de oficio-, mismo que no le comunicó sobre tal acto procesal; luego su abogado de confianza fue notificado una hora antes de que comience la audiencia, pero este tuvo que retirarse porque tenía otros compromisos, ya que dicha audiencia tardó más de dos horas en instalarse; llevándose luego a cabo sin la presencia suya ni la de su abogado, y en la que se emitió el Auto de Vista 597/2022, mediante el cual se revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 225/2022, disponiéndose la detención preventiva del accionante por un periodo de cuarenta y cinco días.
Cautelar Dentro del presente caso el accionante denunció en primer lugar irregularidades dentro de la notificación del señalamiento de la audiencia de apelación de las medidas cautelares, ya que en realidad de manera errónea se hubiera notificado al WhatsApp del primer abogado -defensor de oficio-que lo atendió dentro del proceso penal que se tramita en su contra, pero no así a su persona, ni a su abogado de confianza, presentando como prueba al efecto un formulario de notificaciones -a fs. 13-, cuyo contenido advierte que este se llevó a cabo el 19 de agosto de 2022, en el que figura el nombre del impetrante de tutela y un número celular (63314047) mismo que a referencia del accionante, presuntamente sería del abogado defensor de oficio, Jhasmani Edwing Mita Larrea; la hora en la que se practicó tal diligencia fue a las 16:39. Cabe advertir que el mismo día -19 de agosto- el accionante se apersonó en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y mediante memorial (cursante a fs. 14), presentado a las 16:22, por el que solicitó se declare la improcedencia del recurso de apelación formulado por el Fiscal de Materia y se mantenga firme y subsistente el Auto Interlocutorio 225/2022 venida en apelación; dentro del mismo memorial comunicó el cambio de patrocinio legal, además del número de su teléfono WhatsApp -7733843- y el de su abogado -73737791-. Posteriormente su abogado de confianza fue notificado el mismo día de la audiencia, el 22 de agosto de 2022, a las 9:59 conforme a las fotografías presentadas de las conversaciones con la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en esa fecha. De lo previamente detallado, resulta claro que, la notificación se la realizó al anterior abogado del ahora accionante, quien recién informó del cambio de patrocinio legal mediante el memorial presentado el 19 de agosto del 2022, después de que se realizaron las notificaciones vía WhatsApp; por tal motivo, no se advierte que haya existido la vulneración respecto a las notificaciones practicadas por la autoridad demandada, ya que tal error fue provocado por el mismo accionante que no informó en su momento del cambio de patrocinio legal, por lo que dicha notificación fue realizada con los datos que se tenían del representante legal del impetrante de tutela.
Dentro de este punto corresponde advertir que el Tribunal de garantías sostiene que existen pruebas de la participación del abogado defensor en la referida audiencia, citando el acta de audiencia llevada a cabo el 22 de agosto de 2022, cuyo contenido se limita referir de la presencia del representante de la Dirección General de Migración y del abogado patrocinante del imputado -ahora accionante-, y la ausencia del imputado y del representante del Ministerio Público; y que esta hubiera iniciado a las 11:40 (Conclusión II.3). Sin embargo, de la revisión de antecedentes, se tienen las fotografías de la conversación por WhatsApp con la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, el día del verificativo de la audiencia; en la que se constata que el abogado del impetrante de tutela, ante el retraso del inicio de la audiencia (que estaba programada a las 11:40) y que no iniciaba hasta las 13:00, este solicitó retirarse de la Sala porque tenía que acudir a otra audiencia que ya había iniciado (Conclusión II.5). De lo previamente detallado, es necesario el advertir que la referida Acta de dicha audiencia, solamente se puede verificar la presencia y ausencia de los sujetos procesales, pero no constata transcripción alguna del debate que necesariamente se hubiera tenido que dar, de estar presente el abogado del ahora accionante en la referida audiencia, lo que constata materialmente su ausencia. Por otra parte, de la revisión de los informes presentados por la autoridad demandada, se tiene que la Vocal Claudia Marcela Castro Dorado, ni siquiera leyó la acción de amparo constitucional, ya que esta se limitó a afirmar con argumentos genéricos que el Auto de Vista 597/2022 de 22 de agosto, ahora impugnada se encontraba correctamente fundamentada, sin hacer referencia alguna ni controvertir las denuncias del accionante, en cuanto a la vulneración del derecho a la defensa en mérito a las irregularidades denunciadas en la notificación realizada y el hecho de que ni su persona ni su representante legal participaron en la audiencia de apelación de la medida cautelar. Se advierte que en esa misma audiencia se emitió el Auto de Vista 597/2022, emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la que se revoca en parte el Auto Interlocutorio 225/2022, disponiendo la aplicabilidad del art. 231 Bis en el núm. 10) del CPP; es decir, la detención preventiva del sindicado por un periodo de cuarenta y cinco días, a ser cumplido en el Recinto Penitenciario de San Pedro (Conclusión II.4). De lo previamente detallado, se concluye que la emisión del referido Auto de Vista se dio en ausencia del accionante y sin una defensa técnica efectiva, lo que evidentemente se constituye en un acto lesivo, por cuanto presuntamente vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, consagrados en los arts. 115.II y 119.II de la CPE, ya que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 que claramente establece que ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce su derecho a la defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 035/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 137 a 140, emitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en consecuencia se determina:
1° Dejar sin efecto el Auto de Vista 597/2022 de 22 de agosto de 2022.
2° Se ORDENA a la Vocal demandada llevar a cabo una nueva audiencia de apelación de medida cautelar garantizando el derecho a la defensa del imputado, salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante ya se hubiese modificado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0405_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): d347e51e7d55d4f797c76b6d90c50935a983aa98535fe2408ce11935739e367c
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