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SCP 0405/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 12 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
12 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54475-2023-109-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante alega la lesión de sus derechos a la petición y al trabajo; en razón de que, realizó varias solicitudes de reubicación y reasignación de ítem como maestra normalista para ser trasladada a otra unidad educativa, las cuales no fueron atendidas por las autoridades competentes. Esta omisión generó incertidumbre respecto a su situación laboral, al no contar con una ubicación de trabajo definida. Ante ello, la parte demandada manifiesta que la petición formulada bajo el contexto planteado por la impetrante de tutela, no se encuentra contemplada en los reglamentos internos del magisterio, aspecto que -según indicó- fue oportunamente comunicado. En ese sentido, se dio respuesta a todas las solicitudes interpuestas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 060/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 110 a 115 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional, considerando el cumplimiento inmediato de las resoluciones y el tiempo transcurrido, a fin de no causar una disfunción procesal, se modula la decisión inicial manteniendo los efectos de la concesión otorgada de la citada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre los principios de subsidiariedad e inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0405/2025-S2 Sucre, 12 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 54475-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 060/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 110 a 115 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Norma Guadalupe Maydana contra Carmelo López Valda, Director Departamental de Educación; y, Walter Pacassi Ruiz, Director Distrital de Educación de El Alto-2, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 27 a 30, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desempeñó el cargo de docente en el nivel primario en la Unidad Educativa “Carlos Palenque Avilés”, ubicada en el municipio de El Alto del departamento de La Paz. Tras un proceso sumario instaurado en su contra, se emitió el Auto Final de Proceso Disciplinario 12/2021 de 7 de diciembre, mediante el cual fue sancionada de manera arbitraria e infundada. Por esta razón, y considerando que se generó un ambiente de hostilidad con la junta escolar y los estudiantes de la mencionada Unidad Educativa, solicitó la reubicación y reasignación de su ítem a otro establecimiento educativo. En ese sentido, solicitó dicha reasignación por memorial presentado el 8 de abril de 2022 ante Walter Pacassi Ruiz, Director Distrital de Educación de El Alto-2 del departamento de La Paz -ahora codemandado-, quien en repuesta emitió un primer oficio de 11 de abril de 2022, dirigida a la directora de la Unidad Educativa

“Tarapaca” del municipio de El Alto del mismo departamento, “sugiriendo” que se proceda con su reubicación, sin disponer de manera clara si ésta debía ser aceptada o no; asimismo, la autoridad codemandada emitió un segundo oficio -se entiende la Nota D.D.E.E.A 2 095/2022 de 4 de julio- dirigido a la misma directora de la referida Unidad Educativa, señalando que: “…debe regularizar mi designación…” (sic); no obstante, el citado documento no le fue notificado de manera formal, ni se le comunicó tal determinación de manera directa. Ante esta situación, mediante memorial presentado el 3 de noviembre de 2022 a Carmelo López Valda, Director Departamental de Educación de La Paz -ahora demandado-, solicitó nuevamente su reasignación; sin embargo, después de dos meses, dicha institución respondió que debía cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo (DS) 253 de 19 de agosto de 2009, sin considerar que la petición había sido presentada en el mes de abril ante el codemandado. De este modo, no se le asignó a ninguna Unidad Educativa, dejándola sin destino laboral donde ejercer su función docente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición y al trabajo; citando al efecto los arts. 24, 46 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, “8 inc. h” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que el Director Distrital de Educación de El Alto-2 del departamento de La Paz proceda a su reubicación laboral y se reasigne su ítem correspondiente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 103 a 109, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de acción tutelar y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que estuvo desempeñando funciones en la Unidad Educativa “Tarapacá” del municipio de El Alto del departamento de La Paz, sin tener el ítem que corresponde a esa Unidad Educativa. El Vocal de la Sala Constitucional, preguntó a la impetrante de tutela si era cierto y evidente que, a partir de la fecha del Memorándum DDEEA-2 037/2023 de 9 de marzo, la profesora se encontraba prestando servicios en otra Unidad Educativa; ante esta cuestión, su abogado respondió afirmativamente, pero reiteró que aún continúa sin ítem. El precitado Vocal realizó otra consulta, preguntando si la accionante había comenzado a trabajar en otra Unidad Educativa después de realizar la primera solicitud, el 8 de abril de 2022: al respecto, el abogado de la mencionada respondió que, desde el 12 del mismo mes y año, la profesora comenzó a trabajar en la Unidad Educativa “Tarapacá” del municipio de El Alto del departamento de La Paz, pero con el ítem que corresponde a la Unidad Educativa “Carlos Palenque Avilés”.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Carmelo López Valda, Director Departamental de Educación de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 93 a 101; sostuvo lo siguiente: a) De acuerdo con el art. 2 del DS 253, el operativo de reubicación procede únicamente entre los meses de enero y mayo, habiendo presentado la accionante su solicitud el 3 de noviembre de 2022; b) La modalidad de reubicación de cargo docente, no se encuentra establecida en el Reglamento de Selección y Designación de Maestras y Maestros, Personal Administrativo y de Servicio del Subsistema de Educación Regular y del Subsistema de Educación Alternativa y Especial aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 0071/2022 de 24 de enero; c) El Reglamento de Reordenamiento y Fraccionamiento de Ítems/Horas, Personal Docente y Administrativo del Subsistema de Educación Regular y del Subsistema de Educación Alternativa y Especial aprobado mediante RM 0224/2022 de 5 de abril, no contempla el movimiento de personal docente por conflictos de carácter interpersonal o por relaciones adversas entre servidores públicos o con la comunidad estudiantil; d) De acuerdo con el reporte del Sistema de Gestión de Planillas (SIGPLA), la impetrante de tutela prestó sus servicios “…en la U.E. 40730131 CARLOS PALENQUE AVILÉS (…) de forma ininterrumpida y permanente no habiendo cesado de dichas funciones…” (sic); e) La solicitud realizada por la peticionante de tutela, fue respondida señalando que la petición debía ser tramitada conforme al DS 253; por tanto, dicha respuesta no reviste la calidad de acto administrativo definitivo; y, f) Mediante Memorándum DDEEA 2 037/2023 -de 9 de marzo-, se designó a la accionante, en calidad de permuta, como docente de aula en otro establecimiento educativo. Walter Pacassi Ruiz, Director Distrital de Educación de El Alto-2 del departamento de La Paz, no presentó informe y tampoco asistió a la audiencia de garantías pese a su citación cursante a fs. 38. En audiencia de garantías, la parte demandada aclaró que la impetrante de tutela fue trasladada, a partir del 12 de abril de 2022, a la Unidad Educativa “Tarapacá” del municipio de El Alto del departamento de La Paz, bajo la modalidad de “cambio interno”, indicando además que, para proceder al cambio de ítem “…tiene que acogerse al procedimiento de compulsa…” (sic), en vista de que la figura de reubicación no está contemplada en sus reglamentos. En ese sentido, el Vocal de la Sala Constitucional, preguntó si éstos aspectos fueron respondidos en algún documento, a lo que la parte demandada respondió que no se podía emitir una respuesta sobre aquello, ya que no fue solicitado expresamente por la accionante en su solicitud.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 060/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 110 a 115 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que las autoridades demandadas otorguen una respuesta a la solicitud de manera positiva o negativa, pero con razones fundadas y motivadas de acuerdo a su propia normativa; con base en los siguientes fundamentos: 1) Existe una solicitud de regularización que no fue atendida por las autoridades ahora demandadas, siendo que la maestra normalista cumplía “…una actividad laboral en otra Unidad, con un ítem (…) entiende esta Sala, que de manera excepcional podría haberse mantenido porque se encontraba en pleno periodo del calendario escolar gestión 2022, pero al empezar con el calendario escolar de la gestión 2023 en esa misma situación, no es una conducta, que lleve a un procedimiento regular…” (sic); 2) La parte demandada no puede dejar en la incertidumbre a una profesora que venga desarrollando actividades con otro ítem; y, 3) El criterio legal para dar curso o no a la solicitud impetrada, debe estar plasmada en un escrito en conocimiento de la impetrante de tutela y no únicamente como argumentos para desvirtuar la acción de amparo constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto Final de Proceso Disciplinario 12/2021 de 7 de diciembre, emitido por Walter Pacassi Ruiz, Presidente -ahora codemandado-; y, Jenny Soledad Arce de Camargo, Fiscal Promotor, ambos del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto-2 del departamento de La Paz, en el que se sanciona a Norma Guadalupe Maydana -hoy accionante-, profesora de la Unidad Educativa “Carlos Palenque Avilés”, con la suspensión de funciones sin goce de haberes por sesenta días (fs. 7 a 18 vta.). II.2. Consta memorial presentado el 8 de abril de 2022, firmado por la impetrante de tutela, dirigido al codemandado, solicitando un informe de cumplimiento de su sanción, a efectos de que pueda ser reubicada a otro establecimiento educativo dentro el municipio de El Alto del citado departamento y sea mediante memorándum de designación (fs. 19). II.3. Se tiene memorial presentado el 11 de abril de 2022, presentado por la peticionante de tutela, dirigido a Carmelo López Valda, Director Departamental de Educación de La Paz -ahora demandado-, solicitando su reubicación como profesora normalista “…a cualquier otro Distrito…” (sic) mediante memorándum de designación (fs. 20 y vta.).

II.4. Por memorial de 4 de julio de 2022, la accionante solicitó al codemandado que se regularice su designación como docente titular de la Unidad Educativa “Tarapacá”, debido a que, en el mes de abril del mismo año, se la reubicó en la Unidad Educativa referida, pero que viene desarrollando funciones con el anterior ítem (fs. 21).

II.5. Mediante Nota D.D.E.E.A 2 095/2022 de 4 de julio, el codemandado sugiere a la Directora de la Unidad Educativa “Tarapacá” de El Alto del departamento de La Paz, dar cumplimiento a la solicitud de reubicación presentada por la impetrante de tutela a dicha Unidad Educativa. En la Nota se indica que la designación deberá ser regularizada en el marco de la normativa, para que posteriormente, en la gestión 2023, se proceda con la permuta voluntaria (fs. 43).

II.6. Consta memorial de 3 de noviembre de 2022 presentado por la impetrante de tutela, dirigido a la Dirección Departamental de Educación de La Paz, solicitando su reubicación en otro establecimiento educativo con su propio ítem (fs. 22). II.7. Se tiene Nota DDE-LPZ-SDER. 0235/2023 de 6 de febrero, emitida por Gualberto Huañapaco Mamani, Subdirector de Educación Regular de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, dando respuesta a la solicitud de reubicación de la accionante (fs. 23).

II.8. Mediante Memorándum DDEEA 2 037/2023 de 9 de marzo, emitido por el codemandado, designando a la impetrante de tutela en permuta como docente de aula de la Unidad Educativa “Reino de Bélgica”, constando su recepción por parte de la accionante sin fecha ni hora (fs. 46).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante alega la lesión de sus derechos a la petición y al trabajo; en razón de que, realizó varias solicitudes de reubicación y reasignación de ítem como maestra normalista para ser trasladada a otra unidad educativa, las cuales no fueron atendidas por las autoridades competentes. Esta omisión generó incertidumbre respecto a su situación laboral, al no contar con una ubicación de trabajo definida. Ante ello, la parte demandada manifiesta que la petición formulada bajo el contexto planteado por la impetrante de tutela, no se encuentra contemplada en los reglamentos internos del magisterio, aspecto que -según indicó- fue oportunamente comunicado. En ese sentido, se dio respuesta a todas las solicitudes interpuestas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre los principios de subsidiariedad e inmediatez en la acción de amparo constitucional

Dentro de las acciones de defensa, en el art. 128 de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional es un mecanismo que tiene lugar: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. De ello se infiere que la acción de amparo constitucional es un mecanismo jurisdiccional de defensa orientado a la protección de los derechos fundamentales y garantías no resguardado por otros mecanismos de protección especializada previstos en el mismo orden constitucional. Asimismo, en cuanto a los actos contra los cuales procede esta acción, se dirige no solo contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes de servidores públicos, sino también contra aquellos originados por personas, ya sean individuales o colectivas, que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías protegidos por la Constitución Política del Estado. Entre los principios procesales que configuran el amparo constitucional, destacan la subsidiariedad y la inmediatez. En este sentido, el art. 129.I de la CPE, establece que este mecanismo de defensa se interpondrá: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; asimismo, en su parágrafo II establece que: “…podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. En ese sentido, respecto al principio de subsidiariedad, corresponde al accionante agotar todos los recursos de impugnación idóneos que la ley le otorga para el reclamo de sus derechos y garantías que considera vulnerados. Si la lesión de dichos derechos persiste entonces podrá solicitar la tutela constitucional. Por otro lado, en virtud del principio de inmediatez, la acción debe ser interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación de la última decisión judicial o administrativa que se considere lesiva de los derechos y garantías invocados.

III.2. Análisis del caso concreto

De obrados se denota que, por Auto Final del Proceso Disciplinario 12/2021 de 7 de diciembre, emitido por Walter Pacassi Ruiz, Presidente del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de El Alto-2 del departamento de La Paz -demandado-, que dispuso que la accionante sea suspendida de sus funciones sin goce de haberes (Conclusión II.1), motivo por el cual, el 8 de abril de 2022 la impetrante de tutela solicitó ante la autoridad encargada de la Dirección Distrital de Educación de El Alto-2 del departamento de La Paz, una copia legalizada de su resolución final y un informe de conclusión de su sanción para poder ser reubicada en otro establecimiento educativo (Conclusión II.2). El codemandado, atendió su solicitud enviando un oficio a la Directora de la Unidad Educativa “Tarapacá” del municipio de El Alto del citado departamento, donde se pretendía el traslado; no obstante, la peticionante de tutela refirió que la determinación de la referida autoridad “…no es una disposición de reubicación, el director distrital ‘sugiere’ la reubicación (…) como una tímida insinuación, o niega la reubicación o la acepta…” (sic). Posteriormente, el 4 de julio de 2022 la accionante informó a la autoridad de la Dirección Distrital de Educación de El Alto-2 del departamento de La Paz, que fue trasladada a la Unidad Educativa “Tarapacá” del mismo municipio, pero continuaba trabajando con su ítem anterior, por lo que pidió la regularización para que su ítem sea modificado de acuerdo al establecimiento actual donde se encontraba fungiendo como maestra (Conclusión II.4). De modo que, el 4 de julio de 2022, la autoridad codemandada, mediante Nota D.D.E.E.A 2 095/2022 recomendó formalmente dar cumplimiento a la solicitud de reubicación, estableciendo que su situación debe ser regularizada bajo la figura de permuta voluntaria en la gestión 2023 (Conclusión II.5). Empero, la accionante realizó otra solicitud el 3 de noviembre de 2022, esta vez ante Carmelo López Valda -demandado-, solicitando la reubicación con su propio ítem (Conclusión II.6). Emitiéndose finalmente una respuesta el 6 de febrero de 2023 por dicha Dirección, sosteniendo que, de conformidad al DS 253, el operativo de reubicación procede únicamente entre los meses de enero y mayo, negando la solicitud por encontrarse fuera del plazo establecido; de la misma manera, manifestó que es la Dirección Distrital de Educación de El Alto-2 del departamento de La Paz la entidad competente para realizar el análisis técnico normativo a efectos de proceder con la reubicación (Conclusión II.7). De conformidad a los antecedentes señalados, se advierte que la impetrante de tutela realizó distintas solicitudes que, si bien están relacionadas al cambio de ítem, tienen petitorios distintos. Así, la primera solicitud fue presentada el 8 de abril de 2022 a la Dirección Distrital de Educación de El Alto-2 del departamento de La Paz, requiriendo una copia legalizada de su resolución, más un informe de cumplimiento de sanción a efectos de poder ser reubicada en otro establecimiento educativo, obteniendo esta respuesta al efectivizarse el cambio a la Unidad Educativa “Tarapaca” del municipio de El Alto del mismo departamento, la cual fue otorgada a título de “cambio interno”. La segunda solicitud fue el 4 de julio del 2022, dirigida a la misma Dirección, en la cual pidió regularizar su ítem en vista que ya se encontraba ejerciendo funciones en la referida Unidad Educativa, aspecto que mereció respuesta indicando que dicha regularización debe realizarse de acuerdo a normativa y que se procederá con la permuta voluntaria en la gestión 2023. En ese sentido, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses desde la comisión de la vulneración alegada. Al verificarse que el presente mecanismo de defensa fue promovido el 14 de febrero de 2023, dicho plazo fue excedido. Esta omisión impide la activación de la jurisdicción constitucional para la protección del derecho invocado, dado que la impetrante de tutela dejó precluir su derecho a accionar por esta vía, por lo que, admitir lo contrario implicaría desconocer la naturaleza y los principios rectores que rigen esta acción. En consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada en este punto. Respecto a la última solicitud realizada en el mes de noviembre de 2022, la Dirección Departamental de Educación de La Paz emitió respuesta refiriendo que debía ajustarse a lo previsto por el DS 253 y la “RM 001/2022” -se entiende del mes de enero de 2022-; en ese entendido, el derecho a la petición ya fue satisfecho, correspondiendo a la accionante decidir si continuar con el procedimiento administrativo conforme a los reglamentos que regulan el régimen de traslados y reasignaciones, o en su defecto, activar los mecanismos de impugnación en la vía administrativa. Respecto a la supuesta lesión al derecho al trabajo, no corresponde su tratamiento, toda vez que la solicitud interpuesta por la impetrante de tutela fue debidamente respondida, independientemente de que dicha respuesta haya satisfecho o no su pretensión; máxime cuando la parte actora solicita el cumplimiento de una determinación favorable a la reasignación de ítem, confundiendo el derecho de petición con el cumplimiento de una pretensión específica vinculada a su derecho al trabajo, como expresamente lo manifiesta en la presente acción de defensa. Por ello, no corresponde otorgar la tutela solicitada. Finalmente, en mérito a que la Sala Constitucional concedió la tutela impetrada, considerando el cumplimiento inmediato de las resoluciones y el tiempo transcurrido, a fin de no causar una disfunción procesal, se dimensiona los efectos de la concesión de tutela inicial. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 060/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 110 a 115 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional, considerando el cumplimiento inmediato de las resoluciones y el tiempo transcurrido, a fin de no causar una disfunción procesal, se modula la decisión inicial manteniendo los efectos de la concesión otorgada de la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0405_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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