Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la impugnación y al debido proceso; por cuanto, dentro del proceso penal que se le sigue -por la presunta comisión del delito de violación seguida de asesinato-, habiéndose celebrado la audiencia de cesación de la detención preventiva, la Jueza accionada emitió la Resolución de 26 de agosto de 2021, negando dicha solicitud, razón por la cual, interpuso recurso de apelación incidental; empero, a la fecha de presentación de la acción de libertad, su recurso no fue remitido a “Salas” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y continúa como detenido preventivo en el Centro de Rehabilitación Juvenil Qalahuma del indicado departamento, porque las accionadas no cumplieron con sus deberes, constituyéndose en una dilación indebida.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2021 de 17 de septiembre, cursante de fs. 10 a 13, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por lesión del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado a la libertad del accionante, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; disponiendo que se proceda a la inmediata remisión del recurso de apelación planteado por el ahora accionante contra la Resolución de 26 de agosto de 2021, de rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva; siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido, o variado la situación jurídica del prenombrado por el carácter modificable de las medidas cautelares; radicando el alcance de la tutela, sólo en cuanto a la materialización de dicha remisión, debiendo el Tribunal de alzada resolver conforme corresponda en derecho el fondo de lo impetrado. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación al derecho al debido proceso en sus elementos al acceso a la justicia, a la defensa y a la impugnación, así como respecto al principio de seguridad jurídica, conforme se tiene expuesto precedentemente. 3° Llamar la atención a Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0405/2023-S3 Sucre, 11 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 45119-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2021 de 17 de septiembre, cursante de fs. 10 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Germán Sanca Llama contra Betty Mamani Aruquipa, Jueza; y, Bertha María Choque Condori, Secretaria, ambas del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2021, cursante de fs. 4 a 6, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público -por la presunta comisión del delito de violación seguida de asesinato-, signado como causa “FIS-ASU2100043/2021”, desde abril de 2021, cumple con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Juvenil Qalahuma del departamento de La Paz, estando la causa a cargo de la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de La Asunta del referido departamento -ahora accionada-; es así que, el 24 de agosto de 2021, solicitó audiencia de cesación de dicha medida cautelar de carácter personal, señalándose dicho acto procesal para el 26 de igual mes y año, a horas 16:30. Celebrada la audiencia de cesación de la detención preventiva en la fecha indicada, la autoridad jurisdiccional accionada denegó su solicitud; por lo que, conforme al art. 251 de la “Ley 1173”, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha decisión; empero, a la fecha de presentación de la acción de libertad, el mismo no fue remitido a “Salas” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo que debió enviarse dentro del término de setenta y dos horas, estando privado de libertad por más de veintiún días desde la emisión de la decisión impugnada, porque tanto la Jueza como la Secretaria del antes mencionado Juzgado -hoy accionadas- no cumplieron con sus deberes.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la impugnación y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 24, 115, 116.I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) La remisión del recurso de apelación en el día con orden de presentación de su constancia ante la “Autoridad de Garantías” (sic); y, b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para el inicio del proceso disciplinario contra las accionadas.
Celebrada la audiencia pública el 17 de septiembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 9 y vta.; con la presencia del peticionante de tutela asistido de su abogado, y la parte accionada; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su representante sin mandato, reiteró in extenso los términos de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia refirió que a la fecha no tuvo conocimiento de la remisión del recurso de apelación incidental y no fue convocado por ninguna Sala Penal a audiencia alguna, vulnerándose sus derechos a la impugnación y a la defensa, dilación procesal que debe estar considerada como indebida conforme al lineamiento constitucional de la “…sentencia 0337/2010-R del 15 de junio…” (sic); en ese entendido, interpuso esta acción de libertad desde el punto de vista preventivo, correctivo y reparador, y al haber transcurrido un tiempo superabundante fuera de las setenta y dos horas, solicita se conceda la tutela, conminando a la autoridad accionada a cumplir con el “art 251”; asimismo, ante la omisión e incumplimiento de deberes de las accionadas, pide se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para el inicio del proceso disciplinario, pues tratándose de privados de libertad debió actuarse con la debida diligencia.
Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de La Asunta del departamento de La Paz, en audiencia indicó que: “Tengo a bien a ratificarme in extenso al informe presentado a través de la Secretaria de su sala” (sic); sin embargo, no constando en el expediente el indicado informe, de la Resolución 22/2021 de 17 de septiembre, emitida por el Tribunal de garantías, se puede extraer que dicha autoridad accionada informó que el “...27 de julio de 2021, en horas de la tarde el accionante hubiera presentado un memorial de incidente de actividad procesal defectuosa a razón de que el ministerio publico presentó requerimiento conclusivo de acusación en un tiempo aproximado de tres meses y durante el desarrollo de la etapa preparatoria, cuando en horas de la mañana 08:30 del mismo día 27 de julio de 2021, el personal del juzgado de la localidad de la Asunta, remitió el cuaderno de acusación fiscal ante el tribunal de sentencia penal de la localidad de Caranavi, y en atención al memorial por el cual se hubiera interpuesto este incidente el cuaderno hubiera sido devuelto el lunes 23 de agosto de 2021, señalándose audiencia de consideración de incidente de actividad procesal defectuosa para el día jueves 26 de agosto de 2021 a horas 16:00 y el día martes 24 de agosto de 2021 German Sanca Llama, presenta memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, habiéndose señalado audiencia para su consideración para el día jueves 26 de agosto de 2021 a horas 16:30. Es decir, que en la misma fecha se hubieran desarrollado dos audiencias dentro de este proceso y al respecto se hubieran emitido dos resoluciones; la N° 50/2021 y la N° 51/2021 que resuelve la cesación a la detención preventiva, las cuales hubieran sido objeto de apelación por el imputado, con el compromiso de cancelar las fotocopias simples a efectos de la confección del cuaderno de apelación. Es así que mediante oficios de remisión de fecha 27 de agosto refiere la autoridad accionada se remitió los cuadernos de apelación ante el tribunal departamental de justicia, advirtiéndose que hubiera sido sorteado a la sala penal primera, solicitando se deniegue la acción de libertad interpuesta en su contra al no existir ninguna dilación, adjuntando literales consistentes en las resoluciones N° 50/2021 y N° 51/2021 y otros actos procesales que hubieran desarrollado, incluyéndose el oficio de remisión de ambos recursos” (sic). Bertha María Choque Condori, Secretaria Abogada del antes citado Juzgado, en audiencia señaló: “Me ratifico en inextenso” (sic); por consiguiente, en la Resolución 22/2021, el Tribunal de garantías refirió que la Secretaria coaccionada presentó informe escrito remitido a “auxiliatura” a través de Whatsapp, informando que: “…el día jueves 26 de agosto de 2021, se llevó a cabo dos audiencias, la de incidente de actividad procesal defectuosa y la cesación a la detención preventiva, asimismo refiere que se hubiera comunicado el día viernes 27 de agosto con el abogado Riveros a efectos de que saque fotocopias simples para confeccionar el cuaderno, empero, el mismo le hubiera enviado un audio en el que señala que recién el día lunes 30 de septiembre de 2021 iban a pasar por el juzgado para gestionar las fotocopias y recién el dia 06 de septiembre de 2021, la madre de German Sanca Llama, se hubiera apersonado al juzgado para gestionar las fotocopias pero por el costo de las mismas y al no contar con los recursos económicos suficientes y una vez que se le entregó fotocopias, procedió a confeccionar el cuaderno de apelación, pero por las intensas lluvias se cortaron las vías de acceso a la localidad de la Asunta, por lo que el día 14 de septiembre de 2021 se remitió el cuaderno, asimismo, señala que no existe salidas de movilidades normalmente debido a las precipitaciones intensas, asimismo, destaca que en forma muy agresiva el abogado del imputado le hubiere realizado una llamada a su celular con amenazas y al respecto le hubiera solicitado que le haga conocer su número de WhatsApp para que pueda enviar fotos para que no tenga desconfianza que su expediente fue remitido sin que el mismo le hubiera proporcionado este número…” (sic).
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 22/2021 de 17 de septiembre, cursante de fs. 10 a 13, concedió la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Estableciendo como problema jurídico que las autoridades accionadas no hubieran dado cumplimiento a lo determinado por el art. 251 de la “ley 1173” en relación al plazo dentro del cual debe remitirse el recurso de apelación incidental para conocimiento de cualquiera de las Salas Penales del indicado Tribunal Departamental de Justicia; se tiene que el 26 de agosto de 2021, se desarrolló la audiencia de cesación de detención preventiva y habiéndose denegado la solicitud realizada por el imputado -ahora accionante-, se interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 de la “ley 1173”; 2) El art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con relación al recurso de apelación incidental, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el mismo, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas; 3) Del informe de la Secretaria coaccionada se tiene que ésta refirió que no se hubiera proporcionado por parte del imputado los recursos para que se pueda formar el cuaderno de apelación y que el mismo sea remitido a una Sala del Tribunal Departamental de Justicia señalado; así, cuando se trata de cuestiones vinculadas al derecho a la libertad las autoridades jurisdiccionales se encuentran en la obligación de cumplir estrictamente los plazos establecidos en la norma y en el presente caso, es la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada para que pueda resolverse la situación jurídica del impetrante de tutela; 4) Se establece que las accionadas no cumplieron con dicho plazo; es decir, no enviaron al Tribunal de alzada el cuaderno de apelación; pues, si bien se tiene del informe remitido por la Jueza accionada, que ésta hubiera firmado los oficios de remisión en las fechas que la misma menciona; sin embargo, del informe realizado por la Secretaria coaccionada “…se tiene que en fecha 14 de septiembre se hubiera remitido a plataforma el cuaderno de apelaciones…”
(sic); por lo que, las prenombradas no cumplieron con las previsiones establecidas en el art. 251 de la “ley 1173”; sin embargo, de dicho informe se debe tomar en cuenta, que en ese tiempo existió imposibilidad de trasladarse de manera inmediata a la Capital desde la localidad de La Asunta del citado departamento, debido a derrumbes en el camino; y, 5) Se evidencia el incumplimiento en relación a la obligación que tenían las accionadas de remitir al Tribunal de alzada el conocimiento del cuaderno de apelación respecto a la Resolución que denegó la solicitud del imputado -hoy impetrante de tutela- de cesación de medidas cautelares.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta escrito presentado el 24 de agosto de 2021, por Germán Sanca Llama -hoy accionante- dirigido al “JUZGADO PUBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PARTIDO E INSTRUCCIÓN PENAL DE LA ASUNTA PROV. SUD YUNGAS” (sic), por el cual el accionante solicitó “…DÍA Y HORA DE CESACION DE DETENCION PREVENTIVA…” (sic [fs. 2]). II.2. Cursa decreto de 25 de agosto de 2021, emitido por Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de La Asunta del departamento de La Paz -ahora accionada-, por el cual señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 26 de igual mes y año, a horas 16:30 (fs. 3).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la impugnación y al debido proceso; por cuanto, dentro del proceso penal que se le sigue -por la presunta comisión del delito de violación seguida de asesinato-, habiéndose celebrado la audiencia de cesación de la detención preventiva, la Jueza accionada emitió la Resolución de 26 de agosto de 2021, negando dicha solicitud, razón por la cual, interpuso recurso de apelación incidental; empero, a la fecha de presentación de la acción de libertad, su recurso no fue remitido a “Salas” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y continúa como detenido preventivo en el Centro de Rehabilitación Juvenil Qalahuma del indicado departamento, porque las accionadas no cumplieron con sus deberes, constituyéndose en una dilación indebida.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- Al respecto, la SCP 1055/2021-S3 de 10 de diciembre, establece que: [Sobre este tópico de connotación constitucional y procesal, la SCP 0547/2020-S3 de 15 de septiembre, precisó: «La Norma Suprema ha instituido al debido proceso en su triple dimensión, como derecho, garantía y principio, a partir de lo cual los jueces y tribunales tienen la obligación de proteger oportuna y efectivamente a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y la de garantizar a las partes procesales el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (art. 115 de la CPE); a cuyo efecto, la propia Norma Fundamental, reconoce que la potestad de impartir justicia y el cimiento de la jurisdicción ordinaria, se basa, entre otros, en los principios procesales de celeridad, eficiencia, eficacia, como componentes esenciales a su vez del debido proceso (arts. 178.I y 180.I de la CPE). Es en ese sentido, que la jurisprudencia constitucional ha ido construyendo una sólida jurisprudencia en cuanto a la celeridad dentro de los procesos judiciales, que conlleva el cumplimiento de los plazos procesales cuando estos estén fijados por la norma, y en su defecto de no existir los mismos, el cumplimiento de actuaciones procesales en el plazo razonable y más breve posible, máxime si se trata del ámbito penal y de por medio se encuentran solicitudes vinculadas a la libertad del procesado. En ese marco constitucional y de garantías procesales, se tiene la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, misma que fue precisada por la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, que efectuando una sistematización de la jurisprudencia y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, señaló: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”. Es a partir de esta línea jurisprudencial, que propende al cumplimiento del principio de celeridad como componente de la garantía del debido proceso, con la finalidad de la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales en general, y en la tramitación de toda solicitud que involucre medidas cautelares en particular, es que el legislador implementó procedimientos para agilizar y dinamizar la tramitación de las causas penales, el desarrollo y realización de las respectivas audiencias, y el cumplimiento de plazos y actuaciones procesales de forma dinámica, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna, en el marco de los principios consolidados en la Constitución Política del Estado. En ese sentido se promulgó la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente a los art. 113 y 251 de la citada norma cuando en la parte pertinente señala: (…) “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”»] (el subrayado y el resaltado son nuestros).
El accionante alega que, dentro del proceso penal que se le sigue, habiéndose celebrado audiencia de cesación de su detención preventiva, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de La Asunta del referido departamento -hoy accionada- emitió la Resolución de 26 de agosto de 2021, negando dicha solicitud; razón por la cual, interpuso recurso de apelación incidental; empero, a la fecha de presentación de la acción de libertad, este no fue remitido a “Salas” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y continúa como detenido preventivo en el Centro de Rehabilitación Juvenil Qalahuma del señalado departamento, porque tanto la referida Jueza como la Secretaria de su despacho judicial -accionadas- no cumplieron con sus deberes, constituyéndose en una dilación indebida. A objeto de resolver lo alegado por el impetrante de tutela, es necesario contextualizar la situación fáctica; así, en base a los antecedentes venidos en revisión, se tiene que por memorial presentado el 24 de agosto de 2021, dirigido al “JUZGADO PUBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PARTIDO E INSTRUCCIÓN PENAL DE LA ASUNTA PROV. SUD YUNGAS” (sic), el accionante solicitó “…DÍA Y HORA DE CESACION DE DETENCION PREVENTIVA…” (sic [Conclusión II.1]); en ese mérito, la Jueza accionada emitió el Decreto de ese mes y año, señalando audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 26 de igual mes y año, a horas 16:30 (Conclusión II.2). Asimismo, de las consideraciones de la Resolución 22/2021 de 17 de septiembre, emitida por el Tribunal de garantías, consta que las accionadas presentaron sus respectivos informes -los mismos que no cursan en el expediente venido en revisión-, teniéndose que las prenombradas informaron que el 26 de agosto de 2021, fue celebrada la audiencia de cesación de la detención preventiva -en la cual se denegó la solicitud del ahora impetrante de tutela, razón por la cual apeló dicha decisión-; así, la Jueza accionada indicó que el accionante se comprometió a cancelar las fotocopias simples a efectos de la confección del cuaderno de apelación; por lo que, “…mediante oficios de remisión de fecha 27 de agosto refiere la autoridad accionada se remitió los cuadernos de apelación ante el tribunal departamental de justicia, advirtiéndose que hubiera sido sorteado a la sala penal primera…” (sic); de igual manera, la Secretaria coaccionada señaló que habiéndose comunicado con el abogado “Riveros” el “27 de agosto” -se entiende del mismo año- con la finalidad de que saque fotocopias simples “…para confeccionar el cuaderno, empero, el mismo le hubiera enviado un audio en el que señala que recién el dia lunes 30 de septiembre de 2021 iban a pasar por el juzgado para gestionar las fotocopias y recién el día 06 de septiembre de 2021, la madre de German Sanca Llama, se hubiera apersonado al juzgado para gestionar las fotocopias pero por el costo de las mismas y al no contar con los recursos económicos suficientes y una vez que se le entregó fotocopias, procedió a confeccionar el cuaderno de apelación, pero por las intensas lluvias se cortaron las vías de acceso a la localidad de la Asunta, por lo que el día 14 de septiembre de 2021 se remitió el cuaderno, asimismo, señala que no existe salidas de movilidades normalmente debido a las precipitaciones intensas…” (sic) y pese a que solicitó al abogado del imputado -hoy peticionante de tutela- le proporcione su número de celular y así pueda enviar la constancia de la remisión, el mismo no fue proporcionado. A partir de los antecedentes referidos -cursantes en el expediente-, lo aseverado por la propia parte accionante y constatado por el Tribunal de garantías, se tiene que si bien en un primer momento la Jueza accionada dispuso la remisión del recurso de apelación en el plazo establecido por la norma procesal penal; empero, ello no se efectivizó, refiriendo dicha autoridad que la parte recurrente se había comprometido a correr con los gastos de fotocopias, pero sin verificar que la remisión se hubiese cumplido en el plazo de ley, independientemente de que se hubiese o no cumplido con ese compromiso de recaudos, lo cual se confirma además, del informe de la funcionaria judicial coaccionada, quien denotó que se condicionó la remisión del legajo de apelación hasta que la parte imputada -ahora accionante- proporcione las fotocopias simples para elaborar el legajo correspondiente del recurso de apelación incidental presentado y recién remitir el cuaderno de dicha impugnación; asimismo, la referida funcionaria escudó su falta de diligencia indicando que a consecuencia de las intensas lluvias se cortaron las vías de acceso a la localidad de La Asunta de departamento de La Paz, sobrepasando el plazo procesal, a más de establecer en todo momento -se reitera- una condicionante sobre la provisión de recaudos para cumplir con dicha remisión, sin considerar que tenía la obligación legal -art. 251 del CPP- de remitir las actuaciones pertinentes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; sin embargo, contrario a la previsión normativa señalada, la parte accionada asumió una actuación negligente, verificada también con la alusión efectuada por ambas accionadas en su informe, sobre el trámite de un incidente de actividad procesal defectuosa, que no se advierte hubiese incidido en forma alguna con la solicitud de cesación de la detención preventiva, que además se constituye en una cuestión distinta en su trámite conforme al régimen de medidas cautelares y su procedimiento. Al respecto, es necesario aclarar que la alegación realizada por la parte accionada, en sentido de que a consecuencia de las intensas lluvias se cortaron las vías de acceso a la localidad de La Asunta del departamento de La Paz, dicha situación en efecto, eventualmente, podría haber sido considerada para justificar un plazo razonable de tres días en la remisión de la apelación; sin embargo, en el caso concreto, ello no puede ser asumido como justificativo o eximente dado que: i) La parte accionada no demostró la situación de fuerza mayor que hubiese impedido la remisión en el plazo señalado por ley; es decir, antes de que ocurran los referidos cortes de vías; y, ii) Desde un inicio y en todo momento, se condicionó la previa provisión de recaudos para las fotocopias simples a efectos de la elaboración del cuaderno de apelación; además, que la Secretaria coaccionada informó que en efecto el legajo de apelación habría sido remitido recién el 14 de septiembre de 2021 y que en esas fechas no existían salidas de movilidades normalmente debido a las precipitaciones intensas. De igual manera, es necesario precisar que las accionadas no demostraron de forma alguna su alegación con relación a que el cuaderno de apelación habría sido remitido el 14 de septiembre de 2021, pues más allá de manifestar ello en su informe, no se tiene que hubiesen señalado que adjuntaban prueba al respecto; tampoco el Tribunal de garantías identificó esa situación dándola por evidente, y al contrario refirió: “Se puede establecer también que, realizado este análisis las autoridades accionadas no hubieran cumplido con dicho plazo, es decir¡, no hubieran remitido l tribunal de alzada el cuaderno de apelación. Si bien se tiene dentro del informe remitido a esta sala por la señora juez del juzgado que la misma hubiera firmado los oficios de remisión en las fechas que la misma menciona, sin embargo, del informe emitido por la señora secretaria del juzgado se tiene que en fecha 14 de septiembre se hubiera remitido a plataforma el cuaderno de apelaciones…” (sic), para además hacer hincapié en toda su resolución en el incumplimiento de plazos y de la remisión respectiva del legajo de apelación; contexto este, que permite evidenciar que tampoco podría concurrir en el caso una eventual pérdida del objeto procesal de la acción en relación a la alegada remisión de 14 de septiembre de 2021, y contrariamente, más bien se inferiría como cierta la denuncia de la parte accionante respecto a que hasta la presentación de esta acción de defensa dicho recurso aún no fue enviado a la Sala correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; bajo ese marco, se evidencia que las accionadas, incurrieron en una dilación indebida, pues no imprimieron celeridad al trámite de apelación con un evidente desconocimiento de plazos procesales, provocando que la situación jurídica del impetrante de tutela no sea resuelta, conforme corresponda en derecho por un Tribunal de alzada ante la apelación presentada por el procesado -ahora accionante-, aclarándose que el alcance de la tutela converge solo respecto a la remisión y cumplimiento del trámite de la apelación presentada en el marco del régimen de medidas cautelares, y no así respecto a un pronunciamiento sobre el fondo de la situación jurídica del prenombrado y la cesación de la detención preventiva solicitada, pues ello -se reitera- es inherente al Tribunal de apelación y las autoridades competentes intra proceso. Así, en el contexto fáctico y procesal referido, se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho para procurar acelerar el referido trámite judicial y sea resuelta la apelación incidental interpuesta definiendo la situación jurídica del procesado -ahora impetrante de tutela-; ya que, correspondía a la Jueza accionada ordenar y garantizar se efectivice su remisión al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del término legal, así como también a la Secretaria coaccionada, cumplir con sus funciones y el procedimiento y trámite a su cargo conforme establece la norma procesal, no siendo excusable la falta de recaudos por parte del impetrante de tutela ni la lluvia intensa alegada como causa de fuerza mayor y que además se habría suscitado con posterioridad, como se refirió precedentemente; cuando en realidad, correspondía que en su accionar procuren el cumplimiento efectivo de remitir obrados dentro del plazo de veinticuatro horas, y ante una imposibilidad de fuerza mayor de cumplir dicho plazo procesal, acreditar justificadamente ello y cumplir la remisión en el plazo de tres días como máximo; por lo que, disponer que dichos actuados sean enviados en un plazo mayor al de veinticuatro horas no condice con la previsión normativa del art. 251 del CPP; de esta forma, la referida actuación omisiva demoró innecesariamente que la situación jurídica del privado de libertad sea resuelta conforme corresponda en derecho, desconociendo los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia previstos en el art. 180.I de la CPE, lo cual conlleva la activación de este mecanismo de protección constitucional, correspondiendo por ende conceder la tutela solicitada en la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, al evidenciarse la vulneración de los derechos al debido proceso en su elemento celeridad vinculado a la libertad. En relación a los elementos del debido proceso de acceso a la justicia, a la defensa y a la impugnación, así como respecto al principio a la seguridad jurídica, invocados por el peticionante de tutela, corresponde señalar que el prenombrado no explicó, ni este Tribunal advierte, de qué forma dichos elementos y principio hubiesen sido afectados en su núcleo esencial y alcance de ejercicio por la dilación e incumplimiento advertidos y que fueron objeto de tutela en función a la lesión de derechos inherentes a ese actuar, conforme se desarrolló precedentemente; por lo que, respecto a estos, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, respecto a la pretensión de la parte accionante de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura para el inicio del proceso disciplinario contra las accionadas, corresponde señalar que dicha situación no procede en el marco de la naturaleza de esta acción de defensa, además de la concesión en parte por una cuestión procesal, debiendo en su caso, y de considerarlo así pertinente, acudir el peticionante de tutela a las instancias que correspondan a objeto de su pretensión.
Resuelto el problema jurídico planteado, este Tribunal no puede soslayar que los informes presentados por las accionadas no fueron adjuntados en el expediente remitido en revisión; tampoco se advierte que el Tribunal de garantías hubiese realizado un esfuerzo por obtener el cuaderno procesal para evidenciar la remisión extrañada, y en caso de contar con dichos antecedentes, tampoco los refirió en su Resolución con certeza ni remitió copia de los mismos ante este Tribunal en revisión, denotando ello una negligencia en la tramitación de esta acción de defensa; por lo que, corresponde llamar la atención al Tribunal de garantías por la negligencia advertida que en los hechos generó una tramitación irregular y podría generar una mala práctica en la consideración y resolución de las acciones de defensa; ya que, no contar con las actuaciones procesales dentro de un procedimiento revestido de sumariedad podría requerir la documentación extrañada, generando actuaciones contrarias a los principios de celeridad y concentración que rigen a la justicia constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2021 de 17 de septiembre, cursante de fs. 10 a 13, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por lesión del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado a la libertad del accionante, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; disponiendo que se proceda a la inmediata remisión del recurso de apelación planteado por el ahora accionante contra la Resolución de 26 de agosto de 2021, de rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva; siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido, o variado la situación jurídica del prenombrado por el carácter modificable de las medidas cautelares; radicando el alcance de la tutela, sólo en cuanto a la materialización de dicha remisión, debiendo el Tribunal de alzada resolver conforme corresponda en derecho el fondo de lo impetrado. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación al derecho al debido proceso en sus elementos al acceso a la justicia, a la defensa y a la impugnación, así como respecto al principio de seguridad jurídica, conforme se tiene expuesto precedentemente. 3° Llamar la atención a Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0405_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 958805540c0542c87b4b27d32d961929d0b34c14aa4e2ff5d946b6733753fcd8
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