B.IA.LEGAL

SCP 0403/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54308-2023-109-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la Jueza hoy accionada luego de ocho días de presentada su solicitud la homologación del Documento Privado Transaccional sobre pago de cuotas de asistencia familiar, corrió en traslado sin señalar un plazo, a la parte demandante, para que la misma manifieste si suscribió dicho Documento, cuando correspondía la homologación del referido Documento y revocatoria del Mandamiento de Apremio 157/22 de 17 de noviembre de 2022, librado contra su persona, más aun cuando en ese tiempo se ejecutó el citado Mandamiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Pública de Familia y Jueza Técnica Segunda de Tupiza del departamento de Potosí; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad relacionado con la libertad, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a dejar sin efecto el decreto de 29 de noviembre de 2022 y con relación a las costas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas
  3. III.3. Análisis de caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0403/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54308-2023-109-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan José Manrrique Mamani contra Basilia Gallardo Hinojosa, Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 7 a 8, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de homologación y asistencia familiar interpuesto por Lizzet Roxana Vidaurre Torrico contra su persona, se encuentra recluido en la “…Carceleta Pública Corazón de Jesus de esta ciudad…” (sic) de Potosí como efecto de la ejecución del Mandamiento de Apremio -157/22 de 17 de noviembre de 2022- emitido por la Jueza ahora accionada. Sin embargo, posteriormente a la emisión del Mandamiento de Apremio 157/22 y antes de su ejecución, logró llegar el 22 de noviembre de 2022, a un acuerdo con la denunciante, plasmado en el Documento Privado Transaccional referente al pago de cuotas o plazos la asistencia familiar, donde acordaron cancelar a la firma del documento la suma de Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos), que se hizo efectivo a través de depósito bancario y el saldo restante se acordó sea cancelado en dos cuotas de Bs3 330.- (tres mil trescientos treinta bolivianos); por lo que, el 24 de ese mes y año, solicitó la homologación de ese Documento y consecuente revocatoria del referido Mandamiento de Apremio, pedido que tuvo respuesta luego de ochos días, a través de un simple decreto, que de manera equivocada, errada e ilegal dispuso que previamente a la homologación y revocatoria del dicho Mandamiento se corra traslado a la parte contraria para que se manifieste si efectivamente se suscribió el Documento Privado Transaccional, sin referir otras situaciones ni mucho menos cederle un plazo determinado, cuando conforme a procedimiento lo que debió disponer es la homologación y la revocatoria del citado Mandamiento de Apremio y no así disponer se corra en traslado, dejando en incertidumbre su situación jurídica, tiempo en el que se ejecutó el Mandamiento de Apremio 157/22; es así que, solicitó se expida mandamiento de libertad en su favor bajo el argumento que lo adeudado se resolvió; empero, su pedido fue rechazado por la Jueza hoy accionada. Por otra parte, por error de la “Secretaria del Juzgado” los actuados de la última planilla de liquidación que dieron lugar a su apremio, fue porque se acumularon al primer cuerpo y no así al tercero, al que correspondía, el cual se desconoce su ubicación a pesar que en el mismo se encuentran actuados importantes; es así que, planteó nulidad; sin embargo, le fue denegado.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el decreto de 29 de noviembre de 2022 y se disponga su libertad inmediata; y, b) Sea con costas por ser un acto manifiestamente ilegal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 19, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) La Jueza ahora accionada expidió el Mandamiento de Apremio 157/22; 2) El Código de las Familias y del Proceso Familiar reconoce la figura de la conciliación tanto para determinar el monto de la asistencia familiar como para determinar la manera de pago; 3) En el Acuerdo -Documento- Privado Transaccional sobre el pago a cuotas de la asistencia familiar, ambas partes consintieron y aceptaron que el referido Mandamiento quede revocado e invalidado de forma definitiva; 4) El 24 de noviembre de 2022, presentó memorial solicitando la homologación del acuerdo;

en consecuencia, la revocatoria de dicho Mandamiento, se esperó ocho días para que se pronuncie la nombrada Jueza para que revoque u homologue el Acuerdo; empero, “el día de ayer” se ejecutó ese Mandamiento de Apremio emitido en su contra; 5) Fue dejado en incertidumbre, cuando el punto principal era el pago de la asistencia familiar, que ya fue resuelto; 6) No se aplicó el principio de celeridad relacionada con su libertad, siendo que debió homologarse el Documento Privado Transaccional que presento exagerando en cuarenta y ocho horas; por consiguiente, disponer que se libre mandamiento de libertad en su favor; y, 7) Solicita se verifique que tres de los beneficiarios son mayores de edad; por lo que, no les corresponde la asistencia familiar.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Basilia Gallardo Hinojosa, Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del departamento de Potosí, mediante informe presentado el 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 13 a 14, manifestó que: i) La interposición de esta acción de defensa fue realizada de manera manuscrita y no es claro ni legible; es así que, no se entiende cuál de sus derechos se hubiese vulnerado al accionante, y cómo; ii) Existe en el proceso familiar de referencia un trámite de planilla de liquidación, con un monto liquidado de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos) por concepto de asistencia familiar, procediéndose a convocar en dos oportunidades a una audiencia de revisión de planilla, al cual el demandado -accionante- no asistió; por lo que, ante su inasistencia se aplicó el art. 415.I y II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; es decir, se aprobó la planilla de liquidación mediante Auto de 1 de noviembre de 2022, en el mismo se tomó en cuenta los depósitos bancarios adjuntos al proceso y al haberse cumplido los tres días de aprobación y al no haberse impugnado o planteado excepción de pago, siendo que la demandante exigió el mandamiento de apremio y posteriormente el accionante presentó un acuerdo de plan de pagos que no cuenta con reconocimiento de firmas ante notario, lo que motivo se corra en traslado a la parte contraria que lamentablemente no hubiese respondido y no existe norma que de manera taxativa ordene a la autoridad que homologue el acuerdo no corroborado por ambas partes, al contrario existen antecedentes que la demandante negó su firma en recibos y documentos suscritos entre partes; por lo que, se ejecuta el Mandamiento de Apremio 157/22; iii) Anteriormente para que las partes puedan llegar a un acuerdo de plan de pagos en estrado judiciales se convocó a una audiencia en aplicación al art. 415.I y II del CFPF, iv) La facultad de realizar las liquidaciones es de la demandante no de la autoridad judicial; es así que, la planilla de liquidación que se presenta es la que se tramita presumiendo siempre la buena fe de las partes y si la parte demandada no presenta sus comprobantes de pago o descargos se aprueba la planilla de liquidación como lógica consecuencia de su incumplimiento y ante su persistencia se expide mandamiento de apremio; por lo que, no se vulneró ningún derecho del accionante; v) Las partes son muy conflictivas, al iniciar denuncias ante transparencia y ante el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, instancias que fueron solicitando informes tras informes; vi) Conforme el art. 415 del CFPF, su autoridad tiene la obligación de cumplir la ley y hacer cumplir, más aun la asistencia familiar en favor de menores de edad que por su minoridad no pueden procurarse los medios necesarios para su sustento diario, haciéndose efectivo el art. 64 de la CPE al ser una responsabilidad mutua, compartida, ineludible y obligatoria de los progenitores, es por ello que la determinación asumida se enmarca en los arts. 127.I y 415.VII del CFPF; vii) La asistencia familiar es de interés social su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno; viii) No se tiene como vulnerado los derechos del padre; ya que, no se debe tomar en cuenta únicamente los derechos del padre progenitor sino también los derechos a la vida y a la alimentación digna de los beneficiarios de manera integral; y, ix) Ahora bien si existió la suscripción voluntaria del Documento -Privado Transaccional- de pago la parte demandante también debió ratificar dicho extremo y no ejecutar el Mandamiento de Apremio 157/22; por lo tanto, mientras no sea ratificado por la parte contraria no tiene valor probatorio alguno.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Pública de Familia y Jueza Técnica Segunda de Tupiza del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Al haber la Jueza hoy accionada dispuesto a través del decreto de 29 de noviembre de ese año, correr en traslado el Documento Privado Transaccional que adjunta la parte contraría, para que se manifieste si es evidente que suscribió dicho Documento, dándole el plazo de tres días para que se pronuncie, obró conforme dispone el art. 148.II del Código Procesal Civil (CPC), referida a los documentos transaccionales cuando surten efecto hacia terceros; asimismo, por la Circular del Tribunal Supremo de Justicia se estableció que en materia familiar se puede suscribir acuerdos transaccionales que van a tener la misma eficacia que los suscritos ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) o en el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), esto ante la ausencia de Notaria de Fe Pública o que las partes sean de escasos recursos económicos; en ese entendido, la autoridad judicial primeramente debe valor porque todos los documentos tengan eficacia probatoria y al haberse cumplido este parámetro exigido por la normativa; b) En el presente caso, se advirtió que existe un Acuerdo -Documento- Privado Transaccional entre las partes; sin embargo, no se cumplió con lo que establece el art. 148 del citado Código, en lo que respecta a los documentos privados para tener eficacia probatoria, más aun cuando la parte beneficiaria tiene el tiempo para pronunciarse; empero, ejecutó el Mandamiento de Apremio 157/22; c) no se advierte ninguna vulneración de derechos, entendiendo que el accionante debería de haber previsto todos los mecanismos como corresponde para que sea considerado; y, d) La mala tramitación, el rechazo al incidente e incluso la perdida de actuados procesales corresponde que sea reclamado ante el juzgado donde se tramita el caso o realizar la denuncia ante las instancias competentes; ya que, la acción de libertad esta dirigida a corregir una indebida privación de libertad, persecución ilegal y cuando la vida está en peligro, aspectos que no ocurren en el presente caso.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Apremio 157/22 de 17 de noviembre de 2022, librado por Basilia Gallardo Hinojosa, Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del departamento de Potosí -hoy accionada- contra Juan José Manrrique Mamani -ahora accionante- (fs. 2). II.2. Consta Documento Privado Transaccional de 22 de noviembre de 2022, referente a pago a cuotas o plazos la asistencia familiar, suscrito entre el accionante y Lizzet Roxana Vidaurre Torrico (fs. 4 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el accionante solicitó la homologación del Documento Privado Transaccional referente a pago a cuotas o plazos la asistencia familiar; en consecuencia, revocatoria del Mandamiento de Apremio 157/22 (fs. 5). Mereciendo en respuesta el decreto de 29 de ese mes y año, en la cual la nombrada Jueza dispuso que se corra en traslado a la parte contraria para que se manifieste y responda si era evidente la suscripción del referido Documento adjunto, concediéndole el plazo de tres días, a cuyo cumplimiento se proveería lo que corresponda en derecho (fs. 5 vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, el accionante solicitó mandamiento de libertad al haberse ejecutado el Mandamiento de Apremio 157/22 y al suscribirse con la parte beneficiaria -Lizzet Roxana Vidaurre Torrico- un Documento Privado Transaccional referente a pago a cuotas o plazos la asistencia familiar del cual se solicitó su homologación (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la Jueza hoy accionada luego de ocho días de presentada su solicitud la homologación del Documento Privado Transaccional sobre pago de cuotas de asistencia familiar, corrió en traslado sin señalar un plazo, a la parte demandante, para que la misma manifieste si suscribió dicho Documento, cuando correspondía la homologación del referido Documento y revocatoria del Mandamiento de Apremio 157/22 de 17 de noviembre de 2022, librado contra su persona, más aun cuando en ese tiempo se ejecutó el citado Mandamiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

La SCP 0531/2019-S2 de 15 de julio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

La SC 0008/2010-R de 6 de abril indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad:

…empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.

Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas

La SCP 0077/2019-S2 de 3 abril, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Sin embargo, es pertinente señalar que antes de la citada SC 0044/2010-R, la jurisprudencia constitucional hizo referencia al principio de celeridad en la tramitación de las solicitudes vinculadas a la libertad física o personal de las personas; así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con ese derecho, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho; asimismo, la SC 0570/2006-R de 19 de junio indicó que el juez encargado del control jurisdiccional debe fijar la audiencia con la mayor prontitud.

En la misma línea jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad- se constituye en el mecanismo procesal idóneo frente a dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad.

Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, estableció que las autoridades judiciales, en virtud al principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas las solicitudes de cesación de las detenciones preventivas.

Conforme a lo anotado, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al referir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, tal como lo expresa la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, entre otras”.

III.3. Análisis de caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la Jueza hoy accionada luego de ocho días de presentada su solicitud la homologación del Documento Privado Transaccional sobre pago de cuotas de asistencia familiar, corrió en traslado sin señalar un plazo, a la parte demandante, para que la misma manifieste si suscribió dicho Documento, cuando correspondía la homologación del referido Documento y revocatoria del Mandamiento de Apremio 157/22 de 17 de noviembre de 2022, librado contra su persona, más aun cuando en ese tiempo se ejecutó el citado Mandamiento.

De la revisión de antecedentes; se tiene que, se emitió el Mandamiento de Apremio 157/22 contra el accionante (Conclusión II.1). Posteriormente el 22 de noviembre de 2022, el nombrado y Lizzet Roxana Vidaurre Torrico suscribieron un Documento Privado Transaccional referente a pago a cuotas o plazos la asistencia familiar (Conclusión II.2.); por lo que, el accionante solicitó el 24 de igual mes y año, a la Jueza ahora accionada, la homologación de ese Documento Privado Transaccional; en consecuencia, revocatoria del referido Mandamiento de Apremio; mereciendo en respuesta el decreto de 29 de dicho mes y año, donde la Jueza hoy accionada dispuso que se corra en traslado a la parte contraria para que se manifieste y responda si era evidente la suscripción de ese Documento adjunto, concediéndole el plazo de tres días, a cuyo cumplimiento se proveería lo que corresponda en derecho (Conclusión II.3.). Asimismo, por memorial de 1 de diciembre de 2022, el accionante solicitó mandamiento de libertad al ejecutarse el Mandamiento de Apremio 157/22 y al haberse suscrito con la parte beneficiaria un Documento Privado Transaccional referente a pago a cuotas o plazos la asistencia familiar del cual se solicitó su homologación (Conclusión II.4.).

En ese contexto, se tiene que encontrándose vigente el Mandamiento de Apremio 157/22 contra el accionante, este suscribió con la parte demandante del proceso familiar seguido en su contra, un Acuerdo -Documento- Privado Transaccional sobre el pago de la asistencia familiar mediante cuotas, documento que solicitó a la Jueza ahora accionada a través del memorial de 24 de noviembre de 2022, homologue; sin embargo, dicho pedido recién fue atendido por la nombrada Jueza el 29 de igual mes y año, disponiendo el traslado a la parte contraria para que se manifieste si era evidente la suscripción del citado Acuerdo, otorgando el plazo de tres días, en cuyo ínterin se ejecutó el mencionado Mandamiento de Apremio librado contra el accionante; por lo que, cuando aún el plazo referido se encontraba vigente solicitó se libre mandamiento de libertad en su favor, donde refiere que ya hubiese solicitado la homologación del Acuerdo transaccional sobre el pago de asistencia familiar mediante cuotas que suscribió con la demandante de su proceso familiar.

De lo que se infiere que, la presunta ilegal disposición de la Jueza hoy accionada realizada a través del decreto de 29 de noviembre de 2022, sobre el hecho de haber dispuesto el traslado del Documento Privado Transaccional sobre el pago de asistencia familiar mediante cuotas, para que la misma sea corroborada por la parte demandada del proceso familiar, cuando a criterio del accionante correspondía la homologación inmediata y consiguiente revocatoria del Mandamiento de Apremio 157/22, dicho extremo no fue reclamado ante la nombrada Jueza, siendo que en esta acción de libertad no se alegó desconocimiento de la decisión asumida por la citada Jueza en el decreto de 29 de noviembre de 2022, y toda vez que, el accionante mediante memorial de 1 de diciembre de igual año, ante la ejecución del referido Mandamiento de Apremio en su contra, pidió se libre mandamiento de libertad en su favor señalando la existencia de un Acuerdo Transaccional sobre el pago de asistencia familiar mediante cuotas; empero, no se refirió al traslado dispuesto de dicho acuerdo, que fue realizado con anterioridad por la Jueza ahora accionada, siendo aplicable por ello, en el presente caso la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo que a pesar de estar disponibles mecanismos intraprocesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para la reclamación de los derechos del accionante, los mismos no fueron utilizados previamente, cuando la acción de libertad procede únicamente en caso de no restituirse los derechos afectados, a pesar de haberse agotado las referidas vías en la jurisdicción ordinaria; correspondiendo por ello, denegar la tutela solicitada.

Ahora bien, se debe manifestar que el trámite de homologación que solicitó el accionante no fue realizado con la celeridad debida; ya que, el memorial fue presentado el 24 de noviembre de 2022; empero, recién fue resuelto el 29 de ese mes y año, lapso de tiempo en el que la libertad del accionante se encontraba en riesgo, como efecto de la vigencia de Mandamiento de Apremio 157/22 librado contra el nombrado, cuando conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este presente fallo constitucional, todo trámite administrativo o judicial en el que se encuentre involucrado la definición de la situación jurídica de una persona, tiene que ser tramitado con la mayor celeridad posible; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad relacionado con la libertad.

Finalmente, con relación al petitorio de imposición de costas, no corresponde ser atendida, en virtud a la forma de resolución y a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Pública de Familia y Jueza Técnica Segunda de Tupiza del departamento de Potosí; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad relacionado con la libertad, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a dejar sin efecto el decreto de 29 de noviembre de 2022 y con relación a las costas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0403_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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