Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 12 de mayo de 2025
Deniega la tutela
La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes derecho a recurrir y a la doble instancia, asimismo en los elementos fundamentación, motivación, congruencia e interpretación de la norma; y, a la tutela judicial efectiva, así como a los principios del interés superior de la niña, niño y adolescente, seguridad jurídica y legalidad, toda vez que los Vocales accionados, sin ingresar al fondo, de forma incongruente y sin considerar que el proceso familiar se rige por los principios de no formalismo, de protección a las familias y del interés superior de niñas, niños y adolescentes, en una errónea aplicación del AS 1118/2018, declararon inadmisible el recurso de apelación que presentó contra la Resolución 1059/2021, concluyendo que tal interposición formulada mediante buzón judicial fue presentada fuera de horario laboral cuando el plazo de cinco días establecido en el art. 443.I del CFPF había fenecido, sin considerar que el COVID-19 modificó los tiempos de atención, horarios y jornadas laborales, existiendo nuevos razonamientos al respecto como el AS 482/2022-RA. Frente a lo cual, las autoridades accionadas sostuvieron que la accionante no cumplió con el principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional y que se debe analizar la existencia de actos consentidos. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 797 a 802 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Exhortar a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a que sustancien las audiencias de las acciones de amparo constitucional puestas en su conocimiento dentro del marco de lo establecido en el art. 56 del Código Procesal Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0403/2025-S2 Sucre, 12 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 54588-2023-110-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 797 a 802 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carol Viviana Guisbert Flores contra Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocal de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes, Vocal de su similar Primera.
Por memoriales presentados el 14 y 26, ambos de octubre de 2022, cursantes de fs. 623 a 631; y, 661 a 672, la accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso de divorcio seguido de su parte contra Sergio Royuela Morro -ahora tercero interesado-, se homologó un acuerdo en el que se establecía un monto de asistencia familiar en favor de sus hijos menores de edad, monto a partir del cual se presentaron varias liquidaciones, a fin del pago acordado. La última liquidación que solicitó, y a partir de la cual advierte la lesión de sus derechos y garantías, corresponde al período de 5 de mayo de 2021 a 5 de septiembre de ese año, solicitud que mereció el decreto de 6 del mismo mes y año -no refiere el contenido de lo determinado-; no obstante el 16 de septiembre de 2021, el ahora tercero interesado, fuera del término legal introdujo un memorial formulando excepción previa -de pago- cual si se tratase de una demanda, misma que fue resuelta mediante la Resolución 1059/2021 de 4 de octubre, que declaró probada la excepción de pago, aprobando la liquidación teniéndola por cancelada, estableciendo que el obligado tiene un saldo en su favor de “…Bs. 104.750 y $us. 41.410…” (sic), Resolución que no consideró que el plazo para observar una liquidación era de tres días como lo establece el art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; sin embargo, se declaró probada la excepción de pago, cuando la misma se constituía en una observación y no una excepción, siendo formulada fuera de plazo. Dicha Resolución fue apelada de su parte el 15 de octubre de 2021 mediante buzón judicial, sin embargo, los Vocales accionados por Auto de Vista 121/2022 de 11 de abril, declararon la inadmisibilidad del recurso, por su temporalidad, indicando que se debe presentar la documentación, memorial o recurso, siempre y cuando se esté dentro de plazo y no cuando haya fenecido, es decir, fuera del horario judicial, sin considerar que el buzón judicial fue creado para presentar los memoriales digitales fuera del horario judicial, esto es en horas y días inhábiles, interpretación que fue considerada en 2021 cuando se atravesaba la pandemia del Coronavirus (COVID-19) a nivel mundial, pronunciamiento a partir del cual considera la lesión de sus derechos fundamentales toda vez que: a) En una incongruencia, contradicción y omisión, el indicado fallo de alzada, pese a referir que el mismo contiene un régimen de protección hacia los menores de edad, posteriormente en el punto 3.3 de dicho fallo, se enfocó solamente en realizar un examen de temporalidad, señalando que el plazo previsto por la norma no fue cumplido, no habiendo considerado los principios que rigen el Código de las Familias y del Proceso Familiar, respetando el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, pues de acuerdo al art. 220 inc. e) conectado con los incs. i) y k) de la mencionada norma, el proceso familiar se rige por el principio de no formalismo, de protección a las familias y del interés superior de niñas, niños y adolescentes, principios a través de los cuales se puede establecer una consideración en favor de los menores de edad que merecen una protección reforzada por parte del Estado, en ese sentido, existió contradicción sobre el fundamento y análisis de la SCP “0140/2018” para el recurso de apelación del tercero interesado respecto a la Resolución 1001/2021 de 17 de septiembre -que resolvió su solicitud de modificación de asistencia familiar- y no así para la apelación respecto a la Resolución 1059/2021; por otra parte, se realizó un examen de temporalidad respecto a su apelación, pero no para la presentación de la excepción de pago, siendo aceptada por el Juez a quo fuera de plazo, cuando el plazo que se tenía que considerar era el establecido en el art. 415.I del CFPF al ser una observación a la liquidación y no una excepción; b) Se incurrió en una errónea aplicación normativa o de jurisprudencia al señalar que no se cumplió con el plazo de cinco días establecido en el art. 443.I del indicado Código, toda vez que dicho recurso fue presentado mediante buzón judicial, cuando en el caso el plazo fue cumplido habiendo presentado la apelación el mismo día que fenecía, es decir el 15 de octubre de 2021, acudiendo a la errónea interpretación del Auto Supremo (AS) 1118/2018 de 6 de noviembre, cuando esta base jurisprudencial fue analizada en un tiempo distinto al que se enfrenta actualmente, donde el COVID-19 desde la gestión 2020 cambió nuestra forma de vida, de trabajo, de tiempos de atención, horarios y jornadas laborales tanto en sectores públicos y privados, generando múltiples razonamientos jurisprudenciales sobre la flexibilidad en el ordenamiento jurídico, así como en la atención en estrados judiciales, existiendo nuevos razonamientos como el establecido en el AS 482/2022-RA de 11 de julio que refirió que no es posible considerar lo analizado en el AS 1118/2018, por no estar ante las mismas condiciones, habiendo sido emitida en 2018, cuando el COVID-19 obligó a modificar horarios, formas de atención, suspendiendo actividades, por lo que el contexto de aplicación no es el mismo, entendimiento que si se hubiera aplicado por los Vocales accionados, habría dado lugar a ingresar al fondo del recurso y analizar los agravios, más aun tratándose de derechos de menores, en observancia del interés superior y protección reforzada de los menores de edad; y, c) El razonamiento aplicado lesionó sus derechos al debido proceso en sus componentes derecho a recurrir y a la doble instancia, así como a la tutela judicial efectiva al no ingresar al análisis de fondo del recurso, desconociendo el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente conectado con el bloque de constitucionalidad sobre los derechos de la niñez a nivel nacional e internacional, habiendo rechazado su recurso con un argumento inventado como es su test de temporalidad indicando que no se puede presentar memoriales fuera de plazo en el buzón judicial, lo que contradice la falta de aplicación a la norma y la jurisprudencia, tomando una decisión que lesionó los derechos de menores de edad respecto a la obtención de su asistencia familiar de los años solicitados.
La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes derecho a recurrir, a la doble instancia y a la tutela judicial efectiva, vinculados al principio del interés superior de la niña, niño o adolescente, infiriéndose, de la exposición de los hechos que motivan la presente acción de defensa, la lesión al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia e interpretación de la norma, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, sin citar norma constitucional que los contenga.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista 121/2022 y se emita uno nuevo analizando el fondo del recurso de apelación, dejando sin efecto el “negocio jurídico” en base a una excepción fuera del marco normativo, que afectó la asistencia familiar de dos menores de edad; y, 2) Se disponga la restitución inmediata de la asistencia familiar en favor de los menores de edad afectados con la Resolución del Juez a quo.
Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 791 a 796; se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó y reiteró los términos de la acción de amparo constitucional interpuesta y ampliando en audiencia refirió que: i) La SCP 0751/2020-S4 de 24 de noviembre, hace referencia a la flexibilidad de los horarios establecidos para menores de edad y también para todo tipo de presentación de apelaciones; ii) El Auto de Vista 121/2022 no es congruente en la parte dispositiva ni en sus fundamentos, por cuanto, primero manifiesta proteger a los menores de edad; empero, luego solo hace un análisis de la temporalidad en la presentación del recurso; y, iii) La SCP 1881/2012 de 12 de octubre, refirió que los menores de edad también deben tener un tratamiento bajo el principio de informalidad, más allá de su presentación dentro del tiempo y lugar. A la consulta de la Sala Constitucional respecto al cumplimiento del principio de inmediatez, sostiene que el mismo fue observado, habiendo presentado la acción tutelar dentro de los seis meses, no obstante la Sala Constitucional cuestionó la falta de señalamiento de fecha.
Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocal de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes, Vocal de su similar Primera por informe escrito cursante de fs. 688 a 689 vta., manifestaron lo siguiente: a) La parte accionante no hace alusión al cumplimiento del principio de inmediatez que es exigido en la interposición de la acción de amparo constitucional, la cual debe ser formulada dentro de los seis meses, en el caso, la impetrante de tutela fue notificada con el Auto de Vista 121/2022, el 13 de abril del referido año; b) Considerando que la presente acción tutelar fue presentada después de haber transcurrido un lapso considerable desde la emisión del citado Auto de Vista que se suscitó el 11 de abril de 2022, la justicia constitucional debe examinar la existencia de actos consentidos; c) No es posible que la peticionante de tutela pretenda que el Tribunal de apelación hubiera tenido conocimiento del AS 482/2022-RA, cuando el Auto de Vista 121/2022 fue emitido el 11 de abril de ese año, lo que demuestra la mala fe y temeridad de la impetrante de tutela; d) La parte del AS 482/2022-RA que cita la accionante, no es un razonamiento del Tribunal Supremo de Justicia, sino un argumento recursivo expuesto por la parte recurrente, con lo que se ratifica la temeridad de la antes mencionada; e) El razonamiento expuesto en el AS 1118/2018, no es un entendimiento aislado, sino que fue reiterado en posteriores autos supremos, como los AASS 0478/2021 de 26 de mayo y 0589/2022 de 17 de agosto, razonamiento concordante con los Acuerdos de Sala Plena 13/2018 de 7 de febrero, 47/2018 de 20 de junio y 12/2020 de 15 de julio, respecto al buzón judicial, que gozan de una presunción de constitucionalidad por emanar de las facultades reconocidas al Tribunal Supremo de Justicia a través de la Ley del Órgano Judicial; f) Se debe considerar el razonamiento de la SCP 0784/2019-S2 de 4 de septiembre, a tiempo de analizar lo dispuesto en el AS 1118/2018; y, g) No se vulneró ningún derecho o garantía constitucional, habiendo emitido su decisión conforme a los datos del proceso, normativa y jurisprudencia aplicable al caso, por lo que solicitan se deniegue la tutela impetrada.
Sergio Royuela Morro, quien opuso la excepción de pago dentro del proceso de referencia, a través de su representante legal por memorial cursante de fs. 772 a 773 vta., manifestó lo siguiente: 1) La accionante pretende engañar a las autoridades constitucionales al hacerles creer que el requisito de la inmediatez amerita una flexibilización, utilizando a sus hijos para lograr ese fin, cuando por Testimonio 477/2016 de 31 de octubre de 2021 se acordó que los niños se queden bajo la guarda y tenencia suya; asimismo, por Testimonio de Poder Especial 611/2016 de 28 de octubre, la accionante le otorgó facultades para que se haga cargo de los niños; y, por Contrato de compromiso a futuro de 20 de febrero de 2018, se reconoció que la guarda permaneció con su persona conforme al acuerdo de 2016; 2) Del proceso familiar se advierte que cuando la ahora impetrante de tutela retornó del extranjero formuló una solicitud de liquidación desde 2014 hasta 2020, es decir que además de no reconocer los pagos en su favor -en su condición de padre-, exigió la suma de Bs117 759.- (ciento diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve bolivianos) trámite que duró hasta que se expidió el mandamiento de apremio, así que su persona pagó dinero en efectivo a la cuenta de la peticionante de tutela; 3) En la respuesta a la excepción de pago, la accionante reconoció que la guarda de los niños estuvo en su favor desde 2016; 4) Con todos estos aspectos se emitió la Resolución 1059/2021, que estableció que la madre no puede abstraerse de brindar la asistencia familiar a sus hijos, y donde la accionante reconoció que los niños estaban bajo su guarda desde 2016 hasta el 2020, por lo que se dispuso un saldo en su beneficio por la asistencia que ya suministró; 5) Existe un proceso penal en investigación seguido por el Ministerio Público contra la impetrante de tutela por el delito de violencia económica en contra de sus hijos, pues teniendo en efectivo Bs117 759.- la misma no pagó pensiones de los niños en sus unidades educativas, por lo que con todos estos aspectos no existe motivo para flexibilizar los plazos en favor de la peticionante de tutela; 6) En relación a los actos consentidos, el Auto de Vista 121/2022, ya fue objeto de una acción de amparo constitucional, en la cual la accionante participó como tercera interesada, oportunidad en la que aludió estar bien hecho el señalado Auto de Vista, propugnando el mismo sin ningún tipo de observación; y, 7) La impetrante de tutela alega que la apelación formulada contra la Resolución 1059/2021 estaba dentro del plazo establecido en el art. 443 del CFPF, como si se tratara de una sentencia, empero no se percata que la misma es un Auto Interlocutorio simple dispuesto dentro de un proceso de divorcio, pues resolvió una cuestión incidental del proceso principal, y que se encuentra regido por los arts. 368 y 369 del CFPF. En audiencia, a través de su representante legal, además de reiterar lo expuesto precedentemente, refirió que: i) La accionante fue notificada con el Auto de Vista 121/2022, el 13 de abril de ese año, por lo que la presente acción tutelar debió ser interpuesta dentro de los seis meses, empero del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), se tiene que la misma fue formulada de forma posterior el 14 de octubre de 2022, respecto a lo cual, la parte impetrante de tutela no manifestó que debería existir una excepcionalidad al cumplimiento del principio de inmediatez, no existiendo motivos para considerar la aplicación de una excepcionalidad; y, ii) Considerando que la Resolución 1059/2021 era un Auto Interlocutorio, la parte peticionante de tutela tenía tres días para presentar el recurso de reposición con alternativa de apelación, y siendo que con la misma fue notificada el 8 de octubre del mismo año, se tenía hasta el 13 del referido mes y año, fecha en la cual fenecía su término, por lo que el recurso no solo fue extemporáneo en algunas horas, sino en dos días.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 19/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 797 a 802 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos: a) De antecedentes se puede establecer que el Auto de Vista 121/2022 fue notificado a la accionante el 13 de abril del indicado año y la presente acción tutelar fue interpuesta el 14 de octubre del señalado año, o sea que se tiene un día de retraso a objeto del cumplimiento de los seis meses de caducidad, sin embargo, la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional hace referencia a la flexibilidad que deben aplicar los Tribunales de garantías, cuando se trata de un día, en ese sentido, si bien se tiene un plazo determinado en el Código Procesal Constitucional, no obstante se considera que en aplicación a las sentencias constitucionales referidas también por la parte peticionante de tutela, es que se procederá a ingresar al fondo de la acción formulada, en atención al cumplimiento de los principios señalados en la norma fundamental; b) De acuerdo a la SCP 0393/2022-S4 de 24 de mayo, y los arts. 368 y 369 -se entiende del CFPF-, el plazo para apelar los autos interlocutorios simples es de tres días; y, c) El Auto de Vista 121/2022, resolvió dos apelaciones; por una parte, contra la Resolución 1001/2021 que se refiere a la rebaja o modificación de asistencia familiar, y, por otra, contra la Resolución 1059/2022 -que declara probada la excepción de pago-, esta última que fue declarada inadmisible por haber sido interpuesta fuera del plazo previsto, “…sin embargo de no haber efectuado el computo de momento a momento debido a la aplicación de las normas señaladas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, además de la SC 0393/2022-S4 de 24 de mayo que hace un análisis con relación a la clase de Autos Interlocutorios, Autos Interlocutorios Simples y Definitivos, estableciéndose de la Resolución No.121/2022 de 04 de octubre (…) que el recurso de apelación interpuesto por la hoy accionante en fecha 15 de octubre a horas 23:24:41, no se encuentra dentro del plazo previsto por ley, encontrándose fuera del plazo señalado por la normativa y jurisprudencia constitucional citada” (sic). Vía solicitud de aclaración, enmienda y complementación, en audiencia la parte accionante refirió que el mismo Tribunal de apelación se sustentó en el art.
443.I del CFPF, estableciendo que se tenía cinco días para apelar, en ese sentido el cuestionamiento radicaba en la hora de presentación mediante el buzón judicial, no obstante la Sala Constitucional aplica otro articulado, cuando estos argumentos debieron ser quizás explicados por el Tribunal de alzada, con lo cual se advierte incongruencia en la Resolución emitida. Respecto a lo cual la Sala Constitucional señaló que el plazo de la apelación de los Autos Interlocutorios se hallan contenidos en la SCP 0393/2022-S4, que en su Fundamento Jurídico III.2 desarrolla el plazo para apelar, mismo que es vinculante para Tribunales de garantías; asimismo, refirió que lo solicitado por la parte accionante de enviar nuevamente ante la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a fin de que dichas autoridades puedan razonar y aplicar el fundamento de la Resolución constitucional, no tiene mayor incidencia por cuanto el resultado sería el mismo, la inadmisibilidad del recurso por encontrarse fuera de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 121/2022 de 11 de abril, por el que Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocal de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes, Vocal de su similar Primera, este último interviniente por convocatoria, -ahora accionados- confirmaron la Resolución 1001/2021 de 17 de septiembre, que declaró improbada la demanda de reducción de asistencia familiar formulada por Sergio Royuela Morro -hoy tercero interesado-; y, declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por Carol Viviana Guisbert Flores -ahora accionante- contra la Resolución 1059/2021 de 4 de octubre, que declaró probada la excepción de pago documentado, con costas -procesales- (fs. 613 a 618).
La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes derecho a recurrir y a la doble instancia, asimismo en los elementos fundamentación, motivación, congruencia e interpretación de la norma; y, a la tutela judicial efectiva, así como a los principios del interés superior de la niña, niño y adolescente, seguridad jurídica y legalidad, toda vez que los Vocales accionados, sin ingresar al fondo, de forma incongruente y sin considerar que el proceso familiar se rige por los principios de no formalismo, de protección a las familias y del interés superior de niñas, niños y adolescentes, en una errónea aplicación del AS 1118/2018, declararon inadmisible el recurso de apelación que presentó contra la Resolución 1059/2021, concluyendo que tal interposición formulada mediante buzón judicial fue presentada fuera de horario laboral cuando el plazo de cinco días establecido en el art. 443.I del CFPF había fenecido, sin considerar que el COVID-19 modificó los tiempos de atención, horarios y jornadas laborales, existiendo nuevos razonamientos al respecto como el AS 482/2022-RA. Frente a lo cual, las autoridades accionadas sostuvieron que la accionante no cumplió con el principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional y que se debe analizar la existencia de actos consentidos. En el fondo refieren que, el AS 1118/2018, no es un entendimiento aislado, sino que fue reiterado en posteriores Autos Supremos, y Acuerdos de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia e incluso considerado en la SCP 0784/2019-S2, a tiempo de analizar lo dispuesto en el AS 1118/2018. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0237/2021-S3 de 26 de mayo, a tiempo de diferenciar la flexibilización del plazo de inmediatez del instituto de la suspensión de plazos procesales en acciones tutelares, en cuanto a la primera temática, basándose a entendimientos ya establecidos al respecto, refirió: [En cuanto a la flexibilización del plazo de caducidad para la interposición de la acción de amparo constitucional, la jurisprudencia fue clara en establecer que dicha excepción es aplicable cuando concurren determinados factores que hacen viable su consideración, al efecto la SCP 0450/2012 de 29 de junio, sobre esta temática estableció que: «…es pertinente aclarar que la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional anteriormente, ya previó una subregla sobre el plazo de caducidad del entonces recurso de amparo constitucional, en aquellos casos en los que se lo planteó unos días después de vencidos los seis meses. Así la SC 0169/2007-R de 21 de marzo, estableció: “Este Tribunal a través de su jurisprudencia, ha establecido que el recurso de amparo constitucional, adoptado en Bolivia como una acción tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene por naturaleza jurídica el de ser un recurso regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez, debiendo en atención a este último principio, el recurrente solicitar su tutela en forma inmediata, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y agote las vías legales ordinarias, a cuyo efecto se ha establecido un plazo razonable de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; sin embargo, también es necesario recordar que a través de la SC 0762/2003-, de 6 de junio, ha establecido que la subregla fijada por el Tribunal respecto a la excepción al principio de inmediatez, señalando que: ‘…no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume’.
En esta línea de razonamiento, según la SC 0200/2006-R de 21 de febrero, ‘(…) deben concurrir dos elementos imprescindibles para que pueda flexibilizarse el cómputo de los seis meses establecidos como plazo máximo para la presentación de la demanda de amparo: primero, que el término se hubiera excedido solamente en unos días, y segundo, que la vulneración al derecho fundamental sea indudable y de tal magnitud que el Tribunal Constitucional no pueda soslayarlo de modo alguno’” ». De lo glosado, en una primera parte puede concluirse que, si bien la acción de amparo constitucional enmarca como un presupuesto de su activación la observancia imperativa del plazo de caducidad de seis meses para su interposición sustentado en la necesidad de otorgar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías constitucionales; sin embargo, en ciertos casos es posible flexibilizar la consideración del principio de inmediatez; empero, siempre y cuando se presenten los dos elementos imprescindibles para el efecto, siendo estos, que el plazo no exceda de algunos días y la considerable magnitud de la vulneración del derecho fundamental alegado] (las negrillas fueron añadidas).
Identificado como se encuentra el objeto procesal, en principio corresponde abordar las observaciones referidas sobre la procedencia de esta acción tutelar que fueron deducidas tanto por la parte accionada como el tercero interesado, y que tiene que ver con el cumplimiento del principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional, y la existencia de actos consentidos. Respecto al cumplimiento del principio de inmediatez, conforme lo establece el art. 129 de la CPE, la acción de amparo constitucional puede interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. En el presente caso, no obstante de no adjuntarse la diligencia de notificación practicada a la accionante con el Auto de Vista 121/2022 de 11 de abril, que ahora se cuestiona, de lo aseverado por la Sala Constitucional que tuvo a su alcance los antecedentes del proceso, se tiene que la peticionante de tutela fue notificada con el citado fallo de alzada, el 13 de abril del mismo año, y habiendo interpuesto la presente acción tutelar el 14 de octubre de igual año, se advierte que, en efecto, la impetrante de tutela formuló su acción de defensa fuera de los seis meses establecidos en la Norma Suprema, verificándose el retraso de un día en su interposición. Al respecto, el tiempo de retraso referido, y el acto lesivo denunciado que tiene que ver con la afectación a sus derechos a la impugnación y doble instancia, exigen considerar la línea jurisprudencial establecida referente a la flexibilización del plazo de la inmediatez, en función al cual se tiene determinado que, en ciertos casos es posible flexibilizar el término de caducidad previsto para la acción de amparo constitucional cuando se presenten dos presupuestos; por un lado, que el retraso en la interposición de la acción solo sea de algunos días; y, por otro, que la vulneración de los derechos invocados sea indudable y de gran magnitud (Fundamento Jurídico III.1). En el presente caso, como se tiene descrito, se advierte que el retraso solo fue de un día, cumpliendo de este modo con el primer presupuesto; en cuanto al segundo requisito, de lo expuesto por la accionante no se advierte la existencia de una indudable vulneración de derechos y menos que esta sea de considerable magnitud, como lo prevé la jurisprudencia constitucional para determinar la flexibilización del plazo de inmediatez. Al respecto, debe señalarse que la impetrante de tutela, únicamente hizo referencia a una errónea aplicación del AS 1118/2018, mismo que fue utilizado como fundamento por los Vocales accionados para asumir la presentación extemporánea de su recurso de apelación; sin embargo, a efectos de contraponer tal explicación solo sustentó la modificación de los horarios de atención por el COVID-19 remitiéndose a ese efecto al AS 482/2022-RA sin que del mismo se advierta modificación de precedente, no haciendo referencia alguna a la normativa aplicable al caso, misma que se circunscribe a la observancia de los parámetros establecidos en el Código de las Familias y del Proceso Familiar como norma especial de la materia. En cuanto a los principios que alega como inobservados referidos éstos al de no formalismo, de protección a las familias y del interés superior de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta que lo que se cuestiona es la inadmisibilidad del recurso de apelación, aspecto relacionado con la afectación a los derechos de impugnación y doble instancia, no se advierte su incidencia a fin de su consideración para la resolución del caso en cuestión, pues la accionante debe tener presente que el tema de admisibilidad de los mecanismos de impugnación se supeditan al cumplimiento de requisitos, como en efecto lo es la temporalidad de su presentación. En ese marco, y toda vez que a partir de la denuncia sentada no se advierte una indudable vulneración de derechos, siendo previsible la denegatoria de tutela, en el presente caso no corresponde acoger la flexibilización del principio de inmediatez a efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada. En ese sentido, siendo que la accionante no cumplió con el segundo presupuesto descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, a fin de flexibilizar el plazo de seis meses previsto para la interposición de la acción de amparo constitucional, teniendo en cuenta que la impetrante de tutela fue notificada con el Auto de Vista 121/2022, el 13 de abril del mismo año (Conclusión II.1), habiendo interpuesto esta acción tutelar el 14 de octubre de igual año, se tiene que la misma se encuentra fuera del plazo de caducidad previsto para la acción de amparo constitucional, correspondiendo en ese sentido denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
Resuelta como se encuentra la presente causa, corresponde referirnos a la actuación de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en lo concerniente al trámite otorgado a la presente acción tutelar. Así de actuados se tiene que habiendo la mencionada Sala admitido la acción de amparo constitucional por Auto de 27 de octubre de 2022 (fs. 673), la misma fijó audiencia de consideración de la referida acción tutelar para el 19 de diciembre de ese año, es decir luego de más de un mes de admitida, advirtiéndose al respecto una evidente dilación indebida al no considerar que conforme lo prevé el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional debe desarrollarse dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la misma. Llegada la fecha de audiencia, no obstante de que las partes fueron notificadas conforme fue informado por la Secretaria de Sala, en la oportunidad se reprogramó la audiencia para el 30 de enero de 2023, ello en consideración a la ausencia de un miembro de la Sala Constitucional que por aspectos de fuerza mayor tuvo que ausentarse, fijando de este modo la audiencia para dentro de más de un mes (fs. 779), cuando en el momento, teniendo conocimiento de este impedimento en la composición del Tribunal, debió convocarse de forma inmediata a otro miembro de la Sala Constitucional siguiente en número conforme se tiene establecido por la jurisprudencia constitucional, para el caso de existir criterios disimiles dentro del ente colegiado (SCP 1569/2022-S3 de 2 de diciembre), aplicando dicho criterio a fin de desarrollar la audiencia de forma inmediata o cuando menos fijar la misma dentro del menor tiempo posible, en correspondencia al plazo determinado para llevar adelante las audiencias de las acciones de defensa, no sólo en una observancia formal del plazo, sino en atención a la naturaleza de la acción de amparo constitucional que por el objeto que ostenta requiere de un trámite sumario y de resolución inmediata de los casos puestos a consideración de la justicia constitucional. Finalmente, el 30 de enero de 2023, la audiencia fue nuevamente suspendida esta vez para el 2 de febrero de ese año (fs. 787 y vta.), que finalmente fue sustanciada, no obstante el motivo de tal determinación se debió a la falta de remisión de los antecedentes del proceso de divorcio, aspecto que debió haber sido observado desde un inicio, teniendo en cuenta su pertinencia para la resolución del caso, más aún si se tiene en cuenta el tiempo que transcurrió desde que la presente acción tutelar fue admitida. A partir de todo lo puntualizado, se tiene que la presente acción de defensa fue resuelta luego de más de tres meses de admitida, lo que en definitiva no condice con la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, correspondiendo en ese marco exhortar a los miembros de la indicada Sala a que sustancien las audiencias de las acciones de amparo constitucional en el marco de lo dispuesto en el art. 56 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, asumió la decisión correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 797 a 802 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Exhortar a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a que sustancien las audiencias de las acciones de amparo constitucional puestas en su conocimiento dentro del marco de lo establecido en el art. 56 del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que el Magistrado Boris Wilson Arias López es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0403_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7f5cd0b53cc2dd7963b51ed0c0a097f4233d6d201e6eac59ad81e01154be3e14
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