B.IA.LEGAL

SCP 0403/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 5 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
51272-2022-103-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela alega la vulneración del “derecho” a la impugnación; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por el delito de violación, habiendo formulado recurso de apelación contra la Resolución 043/2022 de 25 de febrero que denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva; el Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, a través del Auto de Vista 343/2022 de 3 de junio, resolvió admitir dicho recurso y confirmar la determinación del a quo, bajo el argumento que su persona no se conectó a la plataforma virtual y no demostró con documental justificación sobre su inasistencia; sin embargo, pese a que por Secretaria de Sala se informó que su persona se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro del señalado departamento, dicha autoridad demandada de forma arbitraria obvió ceder la palabra a su abogado defensor para que fundamente los agravios de su recurso de apelación, o en su caso circunscribirse a lo establecido en el art. 398 del CPP, limitándole a ejercer su derecho a la defensa y de impugnación. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 238/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 37 a 41 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de impugnación de los procesos judiciales, conforme lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional;

a) Se dispone dejar sin efecto la Resolución 343/2022 de 3 de junio, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer esta determinación constitucional, el Vocal demandado convoque a audiencia y luego de escuchar los agravios emita otra resolución en atención a lo dispuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

b) Se dispone el reproche constitucional y llamada de atención al demandado Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por no aplicar correctamente el procedimiento establecido en el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal; mismo que, debe hacerse efectivo por medio de la Dirección del Concejo de la Magistratura de igual departamento. c) Se dispone el reproche constitucional de Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Marquez, ambos Vocales de Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, constituidos como Tribunal de garantías, por no regir sus decisiones a lo establecido en el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), advirtiéndose que de ser reiterativas sus conductas, se remitirán antecedentes ante la instancia administrativa correspondiente para su procesamiento respectivo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0403/2024-S1 Sucre, 5 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 51272-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 238/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 37 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rafael Amílcar Daza Alarcón contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de julio y 10 de agosto de 2022, cursantes de fs. 7 a 12; y, 19 a 21, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra por el delito de violación, habiendo formulado recurso de apelación contra la Resolución 043/2022 de 25 de febrero, por el que el Juez Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva; el Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora demandado-, a través del Auto de Vista 343/2022 de 3 de junio, resolvió admitir dicho recurso y confirmar la determinación del a quo, bajo el argumento que su persona no se conectó a la plataforma virtual y no demostró con documental justificación sobre su inasistencia; sin embargo, pese a que por Secretaria de Sala se informó que su persona se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento, dicha autoridad demandada de forma arbitraria obvió ceder la palabra a su abogado defensor para que fundamente los agravios de su recurso de apelación, o en su caso circunscribirse a lo establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), limitándole a ejercer su derecho a la defensa y de impugnación. Así mismo -posterior a dicho actuado-, mediante Informe de 9 de junio de 2022, evacuado por el Encargado de Seguridad Externa del Centro Penitenciario de San Pedro del indicado departamento, se certificó que su persona no pudo conectarse a dicha audiencia de apelación, por falta de equipos disponibles.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la vulneracion al “derecho” a la impugnación, citando al efecto los arts. 115.I y II; 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo anular la Resolución 343/2022 de 3 de junio, y que previo resorteo se celebre otra audiencia de apelación incidental conforme prevé el art. 251 del CPP, para que se considere los agravios formulados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia (virtual) se realizó el 1 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 32 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela por intermedio de su abogado defensor ratificó inextenso los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 1 de septiembre de 2022, cursante de fs. 28 a 30 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada bajo los siguientes argumentos: a) El Auto de Vista cuestionado se encuentra emitido con fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales, no existiendo ninguna vulneración al debido proceso en relación a su derecho de locomoción, menos de su derecho a la defensa; b) La acción de “libertad” formulada por el solicitante de tutela, solo se transcribe antecedentes, relación de hechos y copia de sentencias constitucionales que no tiene nada que ver con el caso; c) El día de la audiencia, no se encontraba conectado el accionante virtual; menos se ha justificado el motivo de su inasistencia, incumpliéndose con el protocolo de audiencias virtuales de estar conectado quince minutos antes del actuado; negligencia que no puede ser atribuida a su autoridad. Aquellos extremos han generado que no se tenga argumentos o agravios a considerar de la parte apelante; d) En audiencia, el abogado defensor del ahora impetrante de tutela, no señaló porque su defendido no se encontraba presente; además, si algún argumentó no le quedó claro, podía solicitar explicación, complementación o enmienda; y, e) Se interpone acción de amparo constitucional, cuando dicho mecanismo no protege el derecho a la libertad con relación al procesamiento indebido.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 238/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 37 a 41 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes argumentos: 1) El Reglamento de conductas y medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal 12/2019, en su art. 49.III refiere que: “cuando no asista la parte apelante, se declarara la perención de su derecho de fundamentación, en caso que no asista ninguna de las partes, la resolución será notificada de manera escrita, es más la norma se refiere a que si no existe agravios, no hay posibilidad que el tribunal ingrese en el fondo” (sic); 2) El peticionante de tutela no estableció de qué manera la emisión de dicha resolución cuestionada le causo agravios o vulneración de derechos; no se refiere sobre si existió restricción alguna, una queja no atendida, una solicitud expresa, aclaración, complementación o enmienda, incidente de actividad procesal defectuosa u otra que haga comprender atentado de derechos fundamentales; sumado a ello, en audiencia el abogado claramente refirió que desconocía las razones de inasistencia de su defendido; 3) Se pretende incorporar un hecho posterior como es el informe de 9 de junio de 2022, para que el Tribunal de garantías lo valore cual si fuere un tribunal de apelación o de fiscalización, cuando los jueces a quo y ad quem desconocen el referido informe. En ese antecedente, la acción formulado por el solicitante de tutela no resulta posible de consideración; y, 4) El hecho que se presentó acusación en contra del accionante, hace entrever que existe una especie de acto consentido, y que a través de la presente acción de defensa se pretende verificar un acto que ya precluyó en sus efectos. En ese antecedente, el Auto de Vista 343/2022 de 3 de junio, fue emitido conforme al debido proceso en todas sus vertientes.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Por Resolución 343/2022 de 3 de junio, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, atendiendo el recurso de apelación formulado por Rafael Amílcar Daza Alarcón -ahora impetrante de tutela-, dispuso admitir el mismo, confirmando la Resolución 043/2022 de 25 de febrero, emitido por el Juzgado Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, bajo los siguientes argumentos:

“CONSIDERANDO: Que, este Tribunal de Alzada ha cumplido con las formalidades de rigor para el verificativo de la audiencia señalada, cuáles son las notificaciones correspondientes a las partes procesales, sin embargo, de ello en Sala virtual no se encuentra presente el imputado Rafael Amilcar Daza Alarcón apelante, asimismo el abogado patrocinante, no ha justificado debida y objetivamente la inasistencia de su defendido; esta situación no supone el abandono de la apelación interpuesta, sino por el contrario corresponde resolver la presente causa, bajo los siguientes fundamentos de orden enteramente legales:

1ro. Que, la Resolución motivo de apelación es la Resolución N° 043/2022 de fecha 25 de febrero de 2022, emitida por el Juzgado de Anticorrupción y de Materia contra la violencia hacia las Mujeres cuarto de la ciudad de La Paz, el recurso de apelación interpuesto por parte del imputado Rafael Amilcar Daza, decide DISPONE RECHAZA LA SOLICITUD DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA IMPETRADA POR RAFAEL AMÍLCAR DAZA ALARCÓN (...) por el delito de Violación.

En ese entendido, en esta instancia se debe tener presente únicamente los parámetros fijados por los Arts. 221, 233, 234, 235 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, otros aspectos no corresponden ser analizados, teniendo la parte apelante las instancias, los mecanismos y recursos correspondientes para poder hacer prevalecer sus pretensiones.

2do.- Que, el día de hoy, el imputado Rafael Amilcar Daza Alarcón apelante, estaba en la obligación de hacerse presente en esta audiencia virtual, más aun considerando que la misma fue legal y debidamente notificada como se tiene de la diligencia de fs. 54 de obrados del presente legajo de apelación, en tal sentido se concluye que este Tribunal ha cumplido con su obligación de notificar a las partes procesales y garantizar la presencia de todos los sujetos procesales y en especial aquellos que cumplen su rol de apelantes.

Se resalta también, que debería haberse hecho presente la parte imputada apelante, con la finalidad de fundamentar la apelación interpuesta, pues resulta evidente que por los principios de oralidad e inmediación, la fundamentación de la apelación se realiza ante el Tribunal de Alzada a fin de que se exprese los fundamentos del recurso y se exhiba los elementos probatorios en audiencia pública señalada para ese efecto, así lo disponen las Sentencias Constitucionales N° 1703/2004-R de 22 de octubre de 2004 y N 1698/2005-R de 19 de diciembre de 2005, y la amplia línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional; sin embargo, tal situación no ocurrió en el presente caso, debido a la inasistencia injustificada del imputado Rafael Amilcar Daza Alarcón, esta situación hace pensar inclusive que el mismo, voluntariamente decidió no acudir al presente actuado, pues inclusive pudo haber presentado las justificaciones objetivas correspondientes, en caso de imposibilidad de asistencia, considerando que si bien la presente audiencia estaba señalada para 08:50 a.m., empero se está instalando a horas 08:52 a.m., es decir, se otorgó un plazo por demás razonable para que asista el imputado a la audiencia virtual, pese a que el imputado tenía la obligación de estar 15 minutos antes conectado a la audiencia virtual de Acuerdo al Protocolo de Audiencias Virtuales, pero el imputado pese a la espera, no ha ingresado a la Sala de audiencia virtual en ningún momento por otro lado su abogado defensor, tampoco objetivamente y/o documentalmente justifico la inasistencia del imputado a la audiencia; estos extremos han generado que no se tenga argumentos o agravios de la parte apelante para ser considerados y menos corroborados por ningún elemento de convicción, por lo que, la emisión de esta Resolución le es enteramente responsable al imputado Rafael Amilcar Daza Alarcón y su abogado, quien no ha presentado una documental objetiva o algún otro elemento que demuestre que esté impedido de asistir a esta audiencia virtual.

3ro.- Que, se debe tener en cuenta la aplicación del Art. 250 del CPP, que expresa claramente "El Auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable aún de oficio", pues si se considera que se tienen nuevos elementos de convicción se puede pedir la modificación de dicha medida cautelar, y por el contrario si se considera que el imputado no está cumpliendo con las medidas sustitutivas impuestas por el a quo, y si el mismo está obstaculizando la averiguación de la verdad, se puede solicitar a la autoridad judicial la revocatoria de dichas medidas, de conformidad al Art. 247 del CPP, aquí estamos tratando simple y llanamente un recurso de apelación incidental en contra de la Resolución N° 043/2022 de fecha 25 de febrero de 2022.

4to.- Que, asimismo se debe considerar lo que establece el Art. 398 del CPP que señala claramente que: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la Resolución’, es decir, los juzgadores no pueden ir más allá de lo pedido y fundamentado por las partes procesales, lo contrario significaría emitir una Resolución ultra petita, que denotaría inclusive parcialidad; se invoca este fundamento porque en audiencia no se ha expuesto agravio alguno por la parte apelante, ello debido a la inasistencia injustificada antes señalada.

5to.- Que, este Tribunal de Alzada no pretende vulnerar el principio de celeridad previsto en los Arts. 178.1 y 180.1 de la Constitución Política del Estado, mucho menos se pretende ingresar en retardación de justicia, al suspender audiencias sin justificación alguna, más si consideramos el plazo previsto por el Art. 251 del CPP modificado por la Ley N° 1173, plazos improrrogables además de perentorios, por lo que se reitera la emisión de la presente Resolución le es enteramente atribuible a la responsabilidad de la parte imputada apelante en los de la materia” (sic [fs. 3 a 4 vta.]).

II.2. Cursa Informe de 9 de junio de 2022; por el que, el Encargado de Seguridad Externa del Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, comunica al Director de dicho Centro Penitenciario que:

“Dando cumplimiento al Memorial N° Reg. 09645/2022 de fecha 03 de mayo de 2022 años, emitido por el Sr. Abog. E. Manolo Rojas Paz, el cual dispone se informe cual sería el motivo por la cual no se habría conectado a la audiencia virtual del mencionado privado de libertad RAFAEL AMILCAR DAZA ALARCON:

Qué revisado los registros de archivos de Salidas Virtuales en el Recinto Penitenciario de San Pedro, de fecha 03 de junio del 2022, planilla No. 153/2022, SI registran el nombre del privado de libertad RAFAEL AMILCAR DAZA ALARCON, REGISTRAN Audiencia Virtual en el numeral "14" programados para horas 08:50 a.m., de acuerdo a la programación de Audiencias Virtuales, esta Jefatura dio cumplimiento al procedimiento de traslado de los privados de libertad a la sala de Audiencias Virtuales, al momento de instalar las Audiencias, se encontró con el DESPERFECTO POR FALTA DE EQUIPO, motivo por lo cual no se llevó su audiencias virtuales programadas para esa fecha, informando de manera oportuna a la encargada del sistema Sgto. My. Juan Carlos Canaza Cahuapaza.

Se adjunta fotostática simple de la lista de audiencias en el Recinto Penitenciario de Seguridad Externa, de fecha 03 de junio del 2022, planilla No. 153/2022. Salidas Virtuales” (sic [fs. 5]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela alega la vulneración del “derecho” a la impugnación; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por el delito de violación, habiendo formulado recurso de apelación contra la Resolución 043/2022 de 25 de febrero que denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva; el Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, a través del Auto de Vista 343/2022 de 3 de junio, resolvió admitir dicho recurso y confirmar la determinación del a quo, bajo el argumento que su persona no se conectó a la plataforma virtual y no demostró con documental justificación sobre su inasistencia; sin embargo, pese a que por Secretaria de Sala se informó que su persona se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro del señalado departamento, dicha autoridad demandada de forma arbitraria obvió ceder la palabra a su abogado defensor para que fundamente los agravios de su recurso de apelación, o en su caso circunscribirse a lo establecido en el art. 398 del CPP, limitándole a ejercer su derecho a la defensa y de impugnación. Así mismo -posterior a dicho actuado-, mediante Informe de 9 de junio de 2022, evacuado por el Encargado de Seguridad Externa del Centro Penitenciario de San Pedro del indicado departamento, se certificó que su persona no pudo conectarse a dicha audiencia de apelación, por falta de equipos disponibles. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0583//2021-S1 de 25 de octubre; 1256/2022-S1 de 24 de octubre; 0689/2023-S1 de 27 de junio, entre otras que formularon el siguiente razonamiento:

A partir de la puesta en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 03 de mayo de 2019-, el Código de Procedimiento Penal y las disposiciones conexas al mismo han sufrido cambios trascendentales que tienen como finalidad efectivizar la tramitación de las causas penales; en ese contexto, incumbe remitirnos sobre el trámite de la apelación incidental de medidas cautelares y las inasistencias o demoras tanto del imputado como de su abogado a las audiencias programadas en apelación:

En cuanto a la apelación de las medidas cautelares, el art. 11 de la indicada Ley 1173, modificó el art. 251 del CPP bajo el siguiente texto:

Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Asimismo, la Disposición Adicional Segunda de la antedicha Ley 1173, modificó el art. 58 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, con el siguiente contenido:

Artículo 58. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA PENAL).

I. Las atribuciones de las salas en materia penal, son:

1. Substanciar y resolver conforme a Ley, los recursos de apelación de autos y sentencias de juzgados en materia penal y contra la violencia hacia las mujeres; 2. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de sala;

3. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales; y,

4. Otras establecidas por Ley.

II. Las apelaciones de las medidas cautelares de carácter personal y las

consultas de las excusas y recusaciones, serán resueltas por el Vocal de Turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa (el resaltado es nuestro). De las normas descritas, inicialmente se tiene que, es atribución de las Salas Penales resolver las apelaciones de las medidas cautelares mediante el Vocal de turno; en tal sentido, la apelación emergente de una medida propia del régimen cautelar (aplicación o modificación) se la deberá efectuar en el plazo de setenta y dos (72) horas ante el tribunal o juez que emitió la resolución, a efectos de remitir los antecedentes ante la instancia de apelación en el término de veinticuatro (24) horas bajo responsabilidad; para luego, ya en instancia superior, el Vocal de turno resuelva el caso en audiencia dentro los tres (3) días siguientes de recibidos los actuados sin la posibilidad de plantear otro medio de impugnación.

Lo descrito, permite concluir en que, el trámite y la resolución de la apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares se constituye en un procedimiento sumario y rápido que no admite dilación alguna, salvo las excepciones previstas por la misma ley respecto a la imposibilidad de desarrollar la audiencia como se verá seguidamente.

Respecto de las inasistencias o demoras del imputado y su abogado defensor a la audiencia de apelación

En cuanto al marco normativo relacionado a las audiencias en el proceso penal, la indicada Ley 1173, mediante su art. 7 modificó el art. 113 del CPP, con el siguiente texto:

Artículo 113. (AUDIENCIAS).

(…)

II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código.

Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro.

Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal. III. Verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate. En ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes. (…) [el resaltado es añadido].

A efectos de una comprensión acertada de la disposición descrita, incumbe efectuar las siguientes precisiones:

Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia de las partes; pero, además, toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes: i) Si el imputado no comparece a la audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, sin justificación alguna; la autoridad jurisdiccional, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia. ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso)1, posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, únicamente para fines de registro.

iii) Si el querellante sin justa causa no comparece al actuado solicitado por el o se retira de ella sin autorización, el juez o tribunal, dará por abandonado su planteamiento.

iv) Ante la inasistencia del fiscal, el juez o tribunal, inmediatamente pondrá en conocimiento del Fiscal Departamental a efectos de la designación de otro fiscal bajo pena de imponer responsabilidades en contra del inasistente; sobre este punto, incumbe precisar que la presentación del cuaderno de investigación no convalida la inasistencia del indicado representante del Ministerio Público.

En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de ofició para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia después o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez.

Lo descrito precedentemente, se constituye en reglas generales a aplicarse en el señalamiento y desarrollo de las audiencias dentro el proceso penal; directrices que necesariamente merecen ser precisadas para el desarrollo de audiencias en instancias de apelación incidental emergente de la aplicación del régimen de medidas cautelares. Ahora bien, en cuanto a la inasistencia del imputado a las audiencias señaladas o se retire de ella sin justificación; tal como se tiene precisado líneas arriba, el juez o tribunal, al advertir que su presencia es imprescindible, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia; no obstante de ello, el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019 emitió el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, en cuyo art. 25 respecto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que:

I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal.

II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal

de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente (el resaltado es añadido).

Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente.

Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA), regula lo siguiente:

I. La inconcurrencia del abogado defensor del imputado, será sancionado conforme a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal.

II. Cuando el abogado defensor no pueda estar presente a la audiencia convocada por la autoridad judicial, deberá hacer conocer su impedimento justificado antes de las cuarenta y ocho horas de la fecha y hora del señalamiento de audiencia, en cuyo caso la oficina gestora asignará inmediatamente abogado defensor.

III. Ante la eventualidad de que el abogado defensor no pueda concurrir a la audiencia programada, por un caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente, deberá hacer conocer a la oficina gestora dicho impedimento, a los fines de evitar las sanciones establecidas por el Código de Procedimiento Penal, debiendo excepcionalmente, señalarse nueva audiencia dentro del término de cuarenta y ocho horas.

En ese marco, es posible concluir que, ante la inconcurrencia del abogado defensor a la audiencia o cuando se retire de ella de forma injustificada, será pasible a sanciones por parte del juez o tribunal; empero, en el caso de la inasistencia, el causídico a efectos de evitar alguna sanción tiene la opción de justificar su ausencia con la debida anticipación tal como refiere la normativa descrita. No obstante, las previsiones regulatorias destinadas a sancionar al abogado inasistente, se tiene que estas a su vez básicamente resguardan el derecho a la defensa del procesado penalmente tal como se vio ut supra; bajo ese entender, debe quedar en claro que, ante la inasistencia del abogado defensor a las audiencias en instancias de apelación, las autoridades jurisdiccionales luego de verificar dicho extremo, deben designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio previó a proseguir con el desarrollo de la audiencia, lo cual, conlleva la posibilidad de que el juez o tribunal excepcionalmente suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa.

Consecuentemente, ante la ausencia del imputado o de su abogado en las audiencias de apelación de medidas cautelares, es posible concluir en los siguientes aspectos:

a) La inasistencia del imputado a una audiencia de apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, el Tribunal debe llevar adelante el actuado garantizando la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda. b) Ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores.

Finalmente, incumbe señalar que, el derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuyo ejercicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; toda vez que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de “…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”.

III.2. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela alega la vulneración del “derecho” a la impugnación; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por el delito de violación, habiendo formulado recurso de apelación contra la Resolución 043/2022 de 25 de febrero que denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva; el Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, a través del Auto de Vista 343/2022 de 3 de junio, resolvió admitir dicho recurso y confirmar la determinación del a quo, bajo el argumento que su persona no se conectó a la plataforma virtual y no demostró con documental justificación sobre su inasistencia; sin embargo, pese a que por Secretaria de Sala se informó que su persona se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, dicha autoridad demandada de forma arbitraria obvió ceder la palabra a su abogado defensor para que fundamente los agravios de su recurso de apelación, o en su caso circunscribirse a lo establecido en el art. 398 del CPP, limitándole a ejercer su derecho a la defensa y de impugnación. Así mismo -posterior a dicho actuado-, mediante Informe de 9 de junio de 2022, evacuado por el Encargado de Seguridad Externa del Centro Penitenciario de San Pedro del indicado departamento, se certificó que su persona no pudo conectarse a dicha audiencia de apelación, por falta de equipos disponibles.

Contextualizando el contenido de los antecedentes que componen el expediente constitucional, se tiene que por Resolución 343/2022 de 3 de junio, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -ahora demandado-, atendiendo el recurso de apelación formulado por el citado accionante, dispuso admitir el mismo, confirmando la Resolución inferior bajo el argumento que el imputado no se conectó a la audiencia virtual y no presentó documental justificando su inasistencia (Conclusión II.1).

Mediante Informe de 9 de junio de 2022, el Encargado de Seguridad Externa del Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento; señaló que, la audiencia virtual programada para el ahora impetrante de tutela, no se pudo llevar a cabo ante la falta de equipo para su conexión (Conclusión II.2). Al respecto, en síntesis se tiene que el peticionante de tutela denunció la vulneración de su “derecho” a la impugnación, dado que el Vocal demandado, ante su incomparecencia a la audiencia virtual, no permitió que su abogado defensor fundamente los agravios de su recurso de apelación. Por su parte, la autoridad demandada, mediante informe escrito de 1 de septiembre de 2022, cursante de fs. 28 a 30 vta., en su defensa refirió que, no vulneró ningún derecho del solicitante de tutela, ya que el mismo incumplió con lo establecido en el protocolo de audiencias virtuales; además que, su negligencia al no ingresar al actuado virtual no puede ser atribuido a su autoridad, porque no demostró con documental la justificación de su inasistencia.

A partir de lo denunciado por el solicitante de tutela, y la contestación de la autoridad demandada, corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada, partiendo del análisis del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que respecto de la inasistencia o demora del imputado a la audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, refirió que no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica; ya que, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto que, conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente. Ahora bien, compulsado los hechos que hacen a la presente acción de defensa, se evidencia que lo denunciado por el accionante resulta evidente; ya que, el Vocal demandado, desconociendo lo establecido en el art. 25.II del "Reglamento 12/2019" -Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal aprobado el 10 de junio de 2020-, aún en ausencia del imputado por cualquiera fuera la causa como ocurrió en el presente caso, tenía la obligación de regir su actuación en razón de lo dispuesto en el art. 398 del CPP, y ceder la palabra al abogado para que el mismo en representación de su defendido exponga los agravios de su recurso de apelación, más no, para que justifique sobre su inasistencia al actuado virtual; ya que, al ser la apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares conforme determina el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, correspondía asegurar la celeridad del actuado procesal y el ejercicio de la defensa técnica, desarrollando la audiencia con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que éste fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; sin embargo, dicha autoridad demandada, de manera arbitraria y sin fundamento razonable, restringió la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución, constituyendo dicha determinación en incongruente; puesto que, no se compulsó los agravios de la parte imputada y no se plasmó el mismo en dicho fallo, garantizando así el derecho a la defensa técnica y de impugnación del procesado penalmente. Así mismo, considerando que el imputado venía cumpliendo detención preventiva en un centro penitenciario; el Vocal demandado como toda autoridad jurisdiccional, ante la constatación de incomparecencia del procesado y las condiciones referidas a la audiencia virtual, tenía la facultad de instruir a su personal dependiente comunicarse con el centro penitenciario a efectos de comprobar o constatar cuál el motivo de su inasistencia, más no simplemente allanarse a señalar que no es su responsabilidad y que la misma es atribuible a la parte imputada, correspondiendo por ello su reproche constitucional. Por tales antecedentes, es preciso conceder la tutela solicitada, para que en su caso la autoridad demandada lleve adelante el actuado de apelación cuestionado, con las debidas formalidades atinentes al caso.

Finalmente, siendo que la víctima del presunto hecho de violación resulta ser una mujer, corresponde al Vocal demandado, que al momento de llevar adelante el nuevo actuado de apelación y emitir resolución, lo haga a partir del enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género, velando por la integridad de la mujer víctima de violencia sexual, evitando se vulneren sus derechos o se genere actos revictimizadores. Por otra parte, si bien se arrima el Informe de 9 de junio de 2022 (Conclusión II.2); por el cual, se describe que el imputado no pudo ingresar a la audiencia virtual por falta de equipo en el centro penitenciario; el mismo no puede ser considerado por esta instancia constitucional; ya que, no cumple función de órgano ordinario, y solo se remite a establecer vulneración de derechos y garantías constitucionales; además que el mismo resulta posterior a la consideración de la audiencia cautelar, donde en su momento no fue anunciado como óbice para considerar o no llevar adelante la citada audiencia de apelación. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, aplicando un razonamiento errado, aun cuando le compete avocar sus determinaciones en razón de las líneas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, actuó de manera errada; correspondiendo por ello su reproche constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 238/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 37 a 41 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de impugnación de los procesos judiciales, conforme lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional;

a) Se dispone dejar sin efecto la Resolución 343/2022 de 3 de junio, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer esta determinación constitucional, el Vocal demandado convoque a audiencia y luego de escuchar los agravios emita otra resolución en atención a lo dispuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

b) Se dispone el reproche constitucional y llamada de atención al demandado Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por no aplicar correctamente el procedimiento establecido en el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal; mismo que, debe hacerse efectivo por medio de la Dirección del Concejo de la Magistratura de igual departamento. c) Se dispone el reproche constitucional de Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Marquez, ambos Vocales de Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, constituidos como Tribunal de garantías, por no regir sus decisiones a lo establecido en el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), advirtiéndose que de ser reiterativas sus conductas, se remitirán antecedentes ante la instancia administrativa correspondiente para su procesamiento respectivo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 Art. 105 CPP “(Sanción Por abandono malicioso). Si el abandono tiene como propósito dilatar el desarrollo del proceso, el juez o tribunal sancionará con multa al defensor, equivalente a un mes de remuneración de un juez técnico y remitirá antecedentes al Colegio Profesional correspondiente a efectos disciplinarios”

2 ARTÍCULO 25 (INCONCURRENCIA DEL IMPUTADO).- I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente (es resaltado es añadido).

3 Artículo 398º.- (Competencia). Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución.

4 Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

5 …la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa…

6 la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

7 ARTÍCULO 15. (CARÁCTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS). I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0403_2024-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 26a841f709726852b6af21da33b78ef10893507d158180396b7c40c5035176ba

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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