B.IA.LEGAL

SCP 0403/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
30 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
45163-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, el Coordinador de la Oficina Gestora de Procesos 2 de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hasta la interposición de la presente acción de libertad -27 de diciembre de 2021- omitió sus funciones y evitó el cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria emitido a su favor por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento citado. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 47/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0403/2023-S2 Sucre, 30 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45163-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 47/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Margarita Javier Condori contra Dennis Fernando Quisbert Sontura, Coordinador de la Oficina Gestora de Procesos 2 de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2021, cursante de fs. 2 a 3, la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz emitió la “Resolución” 287/2021 de 20 de diciembre, en la que dispuso su detención domiciliaria; sin embargo, hasta la fecha -27 de similar mes y año- no pudo acceder a la misma, debido a la omisión del demandado, por cuanto habiendo sido remitido el 23 de igual mes y año ante la Oficina Gestora de Procesos 2 de El Alto del Tribunal de Justicia del precitado departamento; esto debió ser mandado inmediatamente dadas las características de los mandamientos de cese de detención preventiva que deben ser remitidos y ejecutados de manera inmediata, motivo por el cual es de entera responsabilidad del ahora demandado se dé cumplimiento bajo el principio de celeridad; sin embargo, le causó desconcierto ya que debía haber sido puesta en libertad en el plazo máximo de veinticuatro horas a partir de la recepción del mandamiento señalado, más aun considerando que las poblaciones de los centros penitenciarios se encuentran en riesgo debido al rebrote del COVID-19, incumpliendo ese funcionario con su labor ya que hasta la interposición de la presente acción tutelar, no realizó su labor, por lo que considera que se encuentra ilegalmente detenida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) En el día se dé cumplimiento al mandamiento de libertad definitiva y se efectivice la misma; y, b) En grado de calificación de daños ocasionados, pidió se imponga multa pecuniaria de Bs5000.- (cinco mil bolivianos) a objeto que ese dinero sea destinado al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz y sean para los niños que viven dentro del mismo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2021, conforme consta en el acta cursante a fs. 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante no se presentó a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante de fs. 7 a 8.

I.2.2. Informe del demandado

Dennis Fernando Quisbert Sontura, Coordinador de la Oficina Gestora de Procesos 2 de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 28 de diciembre de 2021 cursante a fs. 17 y vta., impetró la denegatoria de tutela, con base en los siguientes argumentos: 1) El Instructivo 02/2021 P-TDJLP de 14 de enero, emitido por la Presidencia del referido Tribunal de Justicia, estableció que las oficinas gestoras de procesos reciban todos los oficios y mandamientos de los juzgados con los que trabaja hasta horas 10:00 de cada día; así mismo, en el punto II.3 dispuso: "en el caso de oficios de salida, oficios de conducción, (excepto juzgados de provincia) o mandamientos estos deberán ser remitidos como máximo hasta las 10:00 de cada día, salvo, mandamientos de libertad o detención domiciliaria emergentes de casos con aprendidos o acciones de libertad" (sic); 2) En el presente caso el mandamiento de detención domiciliaria de la accionante, emergió de una audiencia de cesión a la detención preventiva, concretamente por el Auto Interlocutorio 287/2021, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento mencionado; de modo tal, que fue remitido por personal del precitado Juzgado el 23 del mes y año citados precedentemente a horas 15:00, conforme se puede evidenciar del cuaderno de remisión de mandamientos de juzgado -adjuntado al presente-; al momento de recibir el documento se aclaró al personal del Juzgado que ya estaba fuera de horario de recepción tal como determinó el Instructivo 02/2021 P-TDJLP; sin embargo, este fue recibido; a pesar que en ese momento ya no había personal disponible para ejecutar dicho mandamiento; 3) Se debe tener presente que el mandamiento fue recibido a horas 15:00 del 23 de diciembre de 2021 y que los recintos penitenciarios tienen un horario de recepción de documentos; es decir, que aunque se hubiese dispuesto de personal para que lleve el mandamiento, no hubieran recibido dicho documento; siendo que en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes de La Paz, el horario de atención y recepción de documentos es continuo hasta las 15:00 de lunes a viernes; 4) El viernes 24 de diciembre de igual año, un gestor de la Oficina Gestora de Procesos presentó el mandamiento de la peticionante de tutela en el citado Centro a horas 12:10 tal como consta en el sello de recepción del mandamiento (adjunto al presente informe) y aclaró que estuvieron dentro del plazo de veinticuatro horas para la remisión del mandamiento; 5) Lo extraño que la presente acción de libertad relate los hechos de forma maliciosa; incluso, llegando a señalar que el mandamiento no se hubiera diligenciado hasta el día 27 del mes y años precitados, cuando su oficina cumplió con los términos establecidos en la normativa vigente al momento de remitir los mandamientos; 6) Procura que se le imponga una multa pecuniaria cuando la misma no corresponde ya que en ningún momento causó perjuicios a la parte accionante; y, 7) Finalmente impetró se deniegue la tutela por cuanto en ningún momento se le vulneró el derecho a la libertad y se cumplió a cabalidad con la remisión del mandamiento de detención domiciliaria a su favor.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 47/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El agravio referido por la peticionante de tutela, evidentemente tiene relación con su derecho a la libertad; sin embargo, conforme lo informado por el demandado, se tiene como cierto que la Oficina Gestora de Procesos 2 de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a cargo de Dennis Fernando Quisbert Suntura, hubiese recibido el mandamiento de detención domiciliaria de la impetrante de tutela el 23 de igual mes y año a horas 15:00 y que el mismo fue entregado el 24 del mismo mes y año a horas 12:10 en el recinto penitenciario en el que se encuentra detenida, tal como consta los cargos de recepción; ii) Por otro lado, se concluyó que el ahora demandado cumplió con el Instructivo 02/2021 P-TDJLP emitido por la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, iii) En ese ámbito y considerando que el tiempo que demoró la Gestora de Procesos 2 de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en recibir el mandamiento de detención domiciliaria, organizar al personal para que deje dicho documento, lo cual amerita una organización institucional, pues resulta lógico comprender que las oficinas gestoras de proceso deberán ir a dejar varios mandamientos de diferentes casos; en tal sentido, el accionar del demandado no vulneró al derecho de la libertad de la demandante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa una imagen impresa del Instructivo 02/2021 P-TDJLP PRESIDENCIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ de 14 de enero, por la que se constata que el acápite II.3 refirió: “En el caso de oficios de salida, oficios de conducción (excepto juzgados de provincia) o mandamientos, estos deberán ser remitidos como máximo hasta las 10:00 de cada día, salvo mandamientos de libertad o detención domiciliaria emergentes de casos con aprehendido o acciones de libertad” (sic [fs. 13 a 15]). II.2. De la imagen impresa citada supra, se advierte tres cargos de recepción ordenados en forma vertical y en el primer cargo; es decir, el de la parte superior se lee “Margarita Javier Condori Trafico 23/12/21”, a continuación la imagen no es tan clara, pero indicaría detención domiciliaria; y, al lado derecho se observa otro sello de “Recibido Oficina Gestora de Procesos Tribunal Departamental de Justicia Fecha: 23-12-21 Hora: 15:00…” (sic [fs. 16 vta.]). II.3. Se advierte otra imagen impresa del Mandamiento de detención domiciliaria, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el 23 de diciembre de 2022, en favor de Margarita Javier Condori -hoy accionante-; y en la parte superior derecha se observa un sello de cargo de recepción del “Ministerio de Gobierno (…) Recibido 24 DIC 2021 (…) 12:10” (sic [fs. 16]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, el Coordinador de la Oficina Gestora de Procesos 2 de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hasta la interposición de la presente acción de libertad -27 de diciembre de 2021- omitió sus funciones y evitó el cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria emitido a su favor por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento citado. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso

Al respecto, la SCP 1555/2013 de 13 de septiembre, realizó el siguiente desarrollo: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional. El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación. En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal. Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia. En este contexto y al tenor del art. 115.I constitucional, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, que sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna ‘sin dilaciones’, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la CPE, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que: ‘La justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales -entre las cuales se encuentran- (…) la garantía de la celeridad en los procesos judiciales (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida…´; en otras palabras, es ´…parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el 'derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos’. Similar entendimiento ha asumido éste Tribunal, cuando en la SCP 0110/2012 de 27 de abril, manifestó: ’En el entendido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiados prolongados, cuando, por ejemplo, no están expresamente normados en nuestra economía procesal, tal como ocurre en los señalamientos de audiencias para considerar el beneficio de la cesación de la detención preventiva´. En este orden de ideas, es posible concluir que, si bien es obligación legítima y constitucional del Estado, a través del Órgano Legislativo, prever la implementación de mecanismos legales o instrumentos jurídicos que permitan hacer más ágiles los procesos judiciales, no menos evidente es que, las autoridades que imparten justicia deben acatar el principio de celeridad en el cumplimiento de sus funciones a fin de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, pues la inobservancia de este principio procesal, deriva ineludiblemente en la vulneración al debido proceso y, por ende, conforme al sustento expuesto anteriormente, al acceso a la justicia y la seguridad jurídica que deben considerarse como los principales elementos garantes del proceso penal’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales

Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0673/2013 de 3 de junio, señaló que: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. En este contexto, el Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, al efectuar una clasificación doctrinal del hábeas corpus -ahora acción de libertad-, señaló: ‘De la interpretación del art. 18 de la CPEabrg y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus «…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida»´, tipología dentro de la cual agrega al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: ‘…se busca (es) acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…», e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)...’. De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado y el subrayado es nuestro). En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas o el mejoramiento de su situación jurídica dependan de la resolución de los mismos causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, el Coordinador de la Oficina Gestora de Procesos 2 de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hasta la interposición de la presente acción de libertad -27 de diciembre de 2021- omitió sus funciones y evitó el cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria emitido a su favor por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento citado. De acuerdo a los antecedentes aparejados al expediente remitido en revisión, se conoce que la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el Instructivo 02/2021 P-TDJLP de 14 enero, en el que de manera categórica dispuso en el acápite II.3 que: “En el caso de oficios de salida, oficios de conducción (excepto juzgados de provincia) o mandamientos, estos deberán ser remitidos como máximo hasta las 10:00 de cada día, salvo mandamientos de libertad o detención domiciliaria emergentes de casos con aprehendido o acciones de libertad” (sic [Conclusión II.1.]). Por otra parte se tiene impresa una imagen, en la que es visible tres cargos de recepción acomodados en forma vertical y en el primero de ellos; en la parte superior de la página se aprecia lo siguiente: “Margarita Javier Condori Trafico 23/12/21”, a continuación la imagen no es tan clara, pero se comprende que indica detención domiciliaria; y, al lado derecho existe un sello que describe: “Recibido Oficina Gestora de Procesos Tribunal Departamental de Justicia Fecha: 23-12-21 Hora: 15:00…” (sic [Conclusión II.2]). Finalmente, cursa otra imagen impresa consistente en el mandamiento de detención domiciliaria, pronunciado el 23 de diciembre de 2022 por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en favor de la accionante; en el que consta en la parte superior derecha, un cargo de recepción del “Ministerio de Gobierno (…) Recibido 24 DIC 2021 (…) 12:10” (sic [Conclusión II.3]). En ese orden de ideas, de conformidad al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de celeridad es un mecanismo que tiene como objeto que las etapas del proceso se concreten dentro de los plazos establecidos; en ese marco, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio procesal idóneo que opera en caso de existir dilación procesal indebida y esté vinculado con la libertad o con la situación jurídica de un privado de libertad, en particular, respecto a las actuaciones procesales que evitan resolver las mismas -Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-.

Ahora bien, conforme lo informado por el demandado en la presente acción de libertad, se tiene que la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Instructivo 02/2021 P-TDJLP, organizó los horarios para que exista un trabajo coordinado entre jueces de instrucción penal, de sentencia penal, tribunales de sentencia, etc. y las oficinas gestoras; en tal sentido, se constató que en los casos en los que exista oficios de salida, de conducción (exceptuando a los juzgados de provincia) o mandamientos, dichos documentos deberán ser enviados -se comprende a la Oficina Gestora de Procesos 2 de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz- como máximo hasta horas 10:00 de cada día, salvo mandamientos de libertad o detención domiciliaria emergentes de casos con aprehendido o acciones de libertad; por lo que, contrastando con lo expresado por la accionante en su memorial de demanda, el mandamiento de detención domiciliaria emitido en su favor emergió de una audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; por lo que, no se adecua la salvedad referida en el Instructivo precitado; así mismo, se tiene que los cargos de recepción tanto en la Oficina Gestora de Procesos como en el COF de Obrajes de La Paz, fueron recibidos el 23 de diciembre de 2021 a horas 15:00 y el 24 de igual mes y año a horas 12:10; de modo tal que no se advierte dilación alguna entre la recepción y la entrega del mandamiento de detención domiciliara en el reclusorio referido supra; por consiguiente, no se advierte vulneración alguna de derechos ni garantías constitucionales; por tanto, no es posible la concesión de tutela invocada por la impetrante de tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 47/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0403_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 516e2fce038cc60c3a0467878b5113f003381be281b9d2b51bae6ecdce9c3ef2

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →