Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa, puesto que el Fiscal de Materia demandado: 1) Pese a su solicitud y a la realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no otorgó medidas de protección a la víctima menor de edad, bajo el errado criterio de que ello implicaría su revictimización, cuando sus decisiones deben estar debidamente fundamentadas y respaldadas, haciendo todo lo posible por perjudicarlo, sabiendo que sin dichas medidas no podrá acceder a la cesación de su detención preventiva; 2) Pese a que en reiteradas ocasiones solicitó que se inscriba a la menor a la UPAVT, se otorguen las medidas de protección a la víctima y su familia, se le asigne un nuevo investigador, se extiendan fotocopias legalizadas del cuaderno, que todo lo realizado en el proceso penal se suba a la ciudadanía digital, brindando al efecto sus números de teléfono, correo electrónico y su número de ciudadanía digital, no se tiene conocimiento de las respuestas emitidas al respecto; 3) De forma indebida y sin ningún asidero jurídico cambió al investigador asignado al caso todo a fin de perjudicarlo e impedir que se otorguen garantías a la víctima; 4) De forma incoherente e ilógica, extendió garantías respecto a sus familiares, pero no respecto a él como imputado, yendo contra su propio decreto de 5 de diciembre de 2022; 5) Hizo extraviar el último memorial que presentó sobre la solicitud de extensión de garantías en favor de la menor víctima y sus familiares; y, 6) Emitió un decreto total…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 3 de enero, cursante de fs. 103 a 104, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0402/2026-S2 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54103-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2023 de 3 de enero, cursante de fs. 103 a 104, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Fernando Cuéllar Dibapuri contra Freddy Tarqui Mamani, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 85 a 91 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual a menor de edad, el Fiscal de Materia asignado al caso no otorgó las medidas de protección solicitadas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en favor de la menor de edad, amparándose para ello en la SCP “0056/2014” que según su criterio, si se otorga garantías a la víctima, se la estaría revictimizando, situación totalmente fuera de la realidad y sin ningún respaldo jurídico ni coherencia, cuando todos los decretos emitidos de su parte deben estar debidamente fundamentados y respaldados. Por otra parte, el 15 de diciembre de 2022, solicitó ante la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) la inscripción de la menor y el otorgamiento de las medidas de protección por parte de dicha institución. Asimismo, reiteró el requerimiento de garantías, las cuales se encuentra dispuesto a brindar junto con su familia, quienes en todo momento colaboraron y gestionaron las diligencias investigativas con el fin de esclarecer la verdad histórica de los hechos. Desde su primer memorial con su apersonamiento al proceso penal, el 16 de agosto de 2022, se brindaron sus números de celulares, correo y ciudadanía digital, pidiendo textualmente que todo lo presentado en el caso sea cargado a su ciudadanía digital, solicitando a su vez la reasignación de investigador para la investigación, ya que el asignado fue destinado a otro lugar, además de fotocopias legalizadas de todo el cuaderno -de investigación-. El 12 de octubre de 2022, volvió a señalar domicilio procesal, correo, números de celulares y de ciudadanía digital, así como la reasignación de investigador y extensión de fotocopias legalizadas, solicitudes que no fueron atendidas. El 3 de noviembre del mismo año, reiteró que se le asigne investigador y la extensión de fotocopias legalizadas, no existiendo en el cuaderno de investigación ninguna acta de las mismas; también pidió se otorguen garantías unilaterales a la víctima y que la menor se inscriba en la UPAVT y se le brinden medidas protectivas; sin embargo, el Fiscal de Materia demandado hizo caso omiso a sus pedidos, y ni siquiera consideró los realizados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En diciembre -de 2022- nuevamente solicitó la reasignación de investigador, que si bien le fue otorgado el mismo de forma interna pidió rotación, asignándole otro investigador recién el 27 de ese mes y año; sin embargo, para gestionar todos los requerimientos pendientes el Fiscal de Materia ahora demandado manifestó lo siguiente: “…PARA DAR CONTINUIDAD EN EL PRESENTE CASO EL TITULAR ASIGNADO Sof. 2do DORIAN DIAZ LÓPEZ” (sic) aunque al nombrado recién se le había asignado el caso quince días antes, quien no tuvo acceso al caso porque el cuaderno fue remitido ante la Fiscalía Departamental de La Paz. Cuando su persona ya estaba coordinando con el investigador asignado, el Fiscal de Materia desde el primer momento de forma totalmente ilegal, arbitraria y usando su cargo, sin ningún asidero legal, memorándum o requerimiento, sino solo de forma verbal le dijo que devuelva el cuaderno y que se encargaría el anterior investigador, violando normativa interna de la Policía Boliviana, pero sobre todo con el afán de perjudicarlo e impedir que se otorguen garantías a la víctima y se realice su inscripción en la UPAVT a fin de garantizar la inexistencia de peligro efectivo para la víctima, y de esta forma seguir perjudicándolo para la audiencia de cesación a la detención preventiva, pese a tener conocimiento de que se instauró en su contra una acción de libertad en la que solicitó la tutela toda vez que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia pidió garantías para la víctima y los familiares, respecto a lo cual se extendió garantías para los familiares de su persona pero no respecto a él como imputado, yendo contra su propio proveído de 5 de diciembre de 2022, que recién después de veinte días le dio “la gana” de realizarlos.
Con lo que se evidencia el actuar negligente y criminal del Fiscal demandado que hizo todo lo posible para perjudicarlo, al no otorgarle investigador, pese a que lo decretaba pero mandaba a sus asistentes a que nunca se realizaran los requerimientos, no le otorgaron fotocopias legalizadas solo simples, se hizo perder el último memorial donde pidió extender garantías para la víctima y sus familiares, emitiendo un decreto totalmente fuera de normativa, lo que vulnera sus derechos pues no se puede decretar una cosa y dar otra, con el propósito de perjudicarlo para que le denieguen la cesación a su detención preventiva, ello en relación a la audiencia de cesación de la detención preventiva, sabiendo que no podrá enervar el peligro efectivo para la víctima si no se otorga garantías a la misma.
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, a la vida, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa, citando al efecto los arts. 15.I y III, 21.7, 22, 23.I y III, 25.I, 115, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 5, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 5.1 y 2; y, 7.1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: “…SE ORDENE AL FISCAL FREDDY TARQUI MAMANI QUE SUBA A SISTEMA DE CIUDADANÍA DIGITAL MI CUADERNO DE INVESTIGACIONES, SE ME OTORGUE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS, EMITA TODOS LOS REQUERIMIENTOS PEDIDOS TANTO POR LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y POR MI PERSONA, Y SEA EN 24 HORAS, SUBSANE EL REQUERIMIENTO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE YA QUE EMITE SU REQUERIMIENTO EXTENDIENDO QUE MIS FAMILIARES DEN GARANTÍAS PERO NO MI PERSONA, ES TOTALMENTE CONTRADICTORIO A SU DECRETO DE FECHA 5 DE DICIEMBRE, Y EXCIBA EL CUADERNO DE INVESTIGACIÓN, QUE DEJE DE HACER ACTOS PARA IMPEDIR Y PERJUDICAR MI CASO, Y QUE EN AUDIENCIA EXPLIQUE PORQUE DE MANERA ILEGAL REASIGNO OTRA VEZ AL ANTERIOR INVESTIGADOR, SI EL NI SIQUIERA PUDO VER EL CUADERNO DE INVESTIGACIONES, SIN EXISTIR UN MEMO O REQUERIMIENTO O PEDIDO DE LAS PARTES, Y EXTIENDA REQUERIMIENTO DE GARANTÍAS A LA VÍCTIMA Y SUS FAMILIARES POR MI PARTE, DE ACUERDO AL MEMORIAL (…) YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CUADERNO Y LO DECRETE Y SE ME EXTIENDA LO QUE PEDÍ, Y FUNDAMENTE Y EXPLIQUE EN QUE SE RESPALDA PARA NO OTORGAR LAS GARANTÍAS A LA VÍC[T]IMA, CASO CONTRARIO PIDO A SU AUTORIDAD QUE SE REMITA ANTECEDENTES AL MINISTERIO PÚBLICO Y AL MINISTERIO DE JUSTICIA, Y SE LE REALICE DE OFICIO LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES, AMPARÁNDOME EN EL ART. 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 100 a 102, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Freddy Tarqui Mamani, Fiscal de Materia, pese a registrar su asistencia a la audiencia virtual de la acción de libertad, no pudo hacer uso de la palabra por inconvenientes con el sistema de comunicación.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 3 de enero, cursante de fs. 103 a 104, concedió la tutela solicitada, disponiendo que con la debida celeridad se providencie los escritos presentados a la autoridad fiscal accionada; asimismo, se cargue en el día la respuesta a que se hubiese dado lugar, salvo que por la localidad, distancia y los medios existentes no se pueda contar con acceso al sistema o directamente que no exista sistema; y finalmente, se cumpla con la emisión de la pieza faltante solicitada por la parte accionante, sin costas por ser excusable; decisión dispuesta con base en los siguientes fundamentos: a) La falta de emisión en tiempo oportuno, de la respuesta a los escritos presentados ante la autoridad fiscal, vulneró el debido proceso en su vertiente de la celeridad y oportuna respuesta; toda vez que, si bien el accionante se encontraría privado de libertad, el único derecho que queda restringido es el de la libre locomoción, más no así otros derechos; en el caso, al desconocer el resultado de los memoriales presentados, se atentó contra el debido proceso y la posible libertad del peticionante de tutela; b) Se crearon distintas plataformas como de la justicia libre así como la existente en el propio Ministerio Público precisamente para que las partes tengan el acceso remoto hacia los escritos y memoriales que se presentan, no siendo justificable una demora de más de setenta y dos horas para el cargado de la información o de la respuesta que amerite, esto al margen de la revisión física que los abogados deben realizar en instalaciones de la respectiva fiscalía; sin embargo, en el presente caso, al desconocer el accionante la respuesta a sus solicitudes, su defensa se ve limitada, debiendo recomendar que tratándose de privados de libertad, la atención debe ser prioritaria; c) En cuanto a la modificación respecto a una providencia ya emitida, la misma deberá ser solicitada conforme dispone el procedimiento, no pudiendo a través de una acción de libertad solicitar tal extremo, correspondiendo que el accionante pida la aclaración o corrección, ya que una acción constitucional no puede suplir a la jurisdicción ordinaria; y, d) Con relación al extravío o sustracción de un memorial que habría sido presentado por el impetrante de tutela, se dispone que en el plazo de veinticuatro horas se informe al respecto al nombrado, sobre lo sucedido con esta documentación, y de no ser evidente aquello, se llamará severamente la atención al accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 109 a 113); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 17 de agosto de 2022, Carlos Fernando Cuellar Dibapuri -ahora accionante- se apersonó ante el Fiscal de Materia a fin de hacerle conocer ulteriores diligencias, a su vez solicitó fotocopias legalizadas de lo obrado en el cuaderno de investigaciones, brindando su correo electrónico y números de celular, asimismo solicitó que todo lo actuado sea subido a su ciudadanía digital, también pidió la asignación de investigador (fs. 8 y vta.). II.2. Mediante escrito de 12 de octubre de 2022, el accionante solicitó la reasignación de investigador (fs. 6). II.3. Consta memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, mediante el cual el impetrante de tutela volvió a reiterar asignación de investigador, y adjuntó varios requerimientos debidamente diligenciados (fs. 5 y vta.). II.4. Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2022, el peticionante de tutela solicitó requerimiento a fin de que el investigador asignado al caso, informe sobre los actos investigativos, reiterando correo electrónico, números de celular y domicilio procesal (fs. 4). II.5. Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2022, el accionante solicitó requerimiento para que la víctima y su madre sean inscritas en la UPAVT, para evitar que sean re victimizadas de cualquier forma y se otorgue medidas de protección a las antes mencionadas (fs. 2).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa, puesto que el Fiscal de Materia demandado: 1) Pese a su solicitud y a la realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no otorgó medidas de protección a la víctima menor de edad, bajo el errado criterio de que ello implicaría su revictimización, cuando sus decisiones deben estar debidamente fundamentadas y respaldadas, haciendo todo lo posible por perjudicarlo, sabiendo que sin dichas medidas no podrá acceder a la cesación de su detención preventiva; 2) Pese a que en reiteradas ocasiones solicitó que se inscriba a la menor a la UPAVT, se otorguen las medidas de protección a la víctima y su familia, se le asigne un nuevo investigador, se extiendan fotocopias legalizadas del cuaderno, que todo lo realizado en el proceso penal se suba a la ciudadanía digital, brindando al efecto sus números de teléfono, correo electrónico y su número de ciudadanía digital, no se tiene conocimiento de las respuestas emitidas al respecto; 3) De forma indebida y sin ningún asidero jurídico cambió al investigador asignado al caso todo a fin de perjudicarlo e impedir que se otorguen garantías a la víctima; 4) De forma incoherente e ilógica, extendió garantías respecto a sus familiares, pero no respecto a él como imputado, yendo contra su propio decreto de 5 de diciembre de 2022; 5) Hizo extraviar el último memorial que presentó sobre la solicitud de extensión de garantías en favor de la menor víctima y sus familiares; y, 6) Emitió un decreto totalmente fuera de lógica al extender garantías para todos menos para la menor. La autoridad fiscal demandada no pudo responder a la acción de libertad instaurada en su contra por problemas técnicos suscitados en la audiencia virtual de la presente acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, refiriendo lo siguiente: “Previo a ingresar al análisis del caso concreto, es necesario introducir el tema referido a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, puesto que de dicha esencia se podrá determinar la viabilidad o no de la presente demanda, labor que será cumplida a continuación. (…) Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. (…) En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).
Del planteamiento efectuado por el accionante se tiene que contra el mismo se viene desarrollando un proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso sexual contra menor de edad, en el que le fue impuesta la detención preventiva.
En ese marco, y a partir de la presente acción tutelar, el accionante hace referencia a una serie de actuaciones u omisiones del Fiscal de Materia asignado al caso, relacionados con la presunta falta de atención a las diversas solicitudes que realizó (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5), reclamando que dicha autoridad fiscal, pese a su solicitud y la realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no otorgó medidas de protección a la menor víctima, bajo el errado criterio de que ello implicaría su revictimización, cuando sus decisiones deben estar debidamente fundamentadas y respaldadas, haciendo todo lo posible por perjudicarlo, sabiendo que sin tales medidas no podrá acceder a la cesación de su detención preventiva; asimismo, indica que pese a que en reiteradas ocasiones solicitó que la menor de edad y su madre sean inscritas en la UPAVT, se otorguen las medidas de protección a la víctima y su familia, se le asigne un nuevo investigador, se extiendan fotocopias legalizadas del cuaderno, que todo lo realizado en el proceso se suba a la ciudadanía digital, brindando al efecto sus números de teléfono, correo electrónico y su número de ciudadanía digital, no tuvo conocimiento de las respuestas emitidas al respecto; por otra parte, refirió que de forma indebida y sin ningún asidero jurídico se cambió al investigador asignado al caso todo a fin de perjudicarlo e impedir que se otorguen garantías a la víctima; a su vez, manifiesta que, de forma incoherente e ilógica, extendió garantías respecto a sus familiares, pero no respecto a él como imputado, yendo contra su propio decreto de 5 de diciembre de 2022; además, hizo extraviar el último memorial que presentó sobre la solicitud de extensión de garantías en favor de la menor víctima y sus familiares; empero, emitió un decreto totalmente fuera de lógica al extender garantías para todos menos para la menor. Sobre el particular, corresponde señalar que la acción de libertad constituye una garantía constitucional de carácter extraordinario, inmediato y sumarísimo, cuyo objeto se encuentra estrictamente delimitado por el art. 125 de la CPE; ahora bien, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, su tutela únicamente procede cuando el acto u omisión denunciado se adecúe a alguno de sus presupuestos de activación, consistentes en: i) Atentados contra el derecho a la vida; ii) Afectación de la libertad física o de locomoción; iii) Procesamiento indebido; y, iv) Persecución indebida. Bajo ese marco dogmático, se advierte que los supuestos actos ilegales ahora denunciados no se encuentran dentro de los presupuestos de protección de la acción de libertad, al no constituir por sí mismos en la causa directa de la restricción del derecho a la libertad del accionante.
Si bien la parte accionante pretende vincular la falta de extensión de medidas de protección a la víctima con la imposibilidad de obtener la cesación a su detención preventiva, dichos aspectos carecen de vinculación directa con su privación de libertad. En efecto, la detención preventiva que cumple deriva del cumplimiento de una medida cautelar impuesta por autoridad jurisdiccional competente que, en función a los datos del proceso consideró la procedencia de tal determinación. Por tanto, el eventual otorgamiento de las medidas de protección solicitadas en favor de la víctima no modifica por si solo su situación jurídica ni determina de forma automática su libertad o la imposición de una medida menos gravosa; extremo que, en todo caso está sujeto al debate procesal ante el Juez a cargo del control jurisdiccional.
En ese contexto, debe tenerse en cuenta que no toda actuación desarrollada dentro de un proceso penal puede ser revisada mediante la acción de libertad; pues, cuando la controversia no se adecúa a los presupuestos de activación previstos por el art. 125 de la CPE, corresponde que la misma sea reclamada a través de los mecanismos procesales ordinarios o, de ser el caso, mediante la acción de amparo constitucional; ya que admitir lo contrario implicaría desnaturalizar el objeto de esta garantía constitucional. En cuanto al derecho a la vida, la parte accionante únicamente se limitó a indicar su vulneración, sin explicar cómo dicho bien jurídico protegido a través de la acción de libertad, fue lesionado o se encuentra en riesgo de afectación a partir de la actuación de la autoridad fiscal, falta de acreditación objetiva que impide a este Tribunal adquirir la necesaria convicción sobre una posible conculcación y/o amenaza de transgresión al mismo, por lo que, igualmente corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 3 de enero, cursante de fs. 103 a 104, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0402_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 45cc78fdc1a37bb425089dfaeda4b2ee021f583adff9398bd1df05603a98e8b0
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