Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como al principio de economía procesal; puesto que, el entonces Fiscal Departamental ahora accionado hasta la fecha de interposición de la acción de defensa no dio respuesta a su memorial de 8 de septiembre de 2022, en el que adjuntó pruebas y solicitó el cambio de Fiscal de Materia por su accionar en el proceso penal seguido por el delito de abuso sexual contra una víctima que es menor de cuatro años de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollaran los siguientes temas: i) Presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; iii) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; iv) La acción de libertad innovativa; y, v) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 19/22 de 28 de septiembre de 2022, cursante a fs. 37 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin ordenar la emisión de una resolución en respuesta al memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, habiéndose ya pronunciado una resolución. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al principio de economía procesal, de acuerdo a lo expresado en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0402/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52663-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 19/22 de 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 37 y vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por NN en representación de su hija menor de edad AA contra Roger Rider Mariaca Montenegro, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz.
La accionante por memorial presentado el 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 14 a 15, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a su denuncia contra Braulio Ernesto Antelo Aponte por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), cansada de peregrinar justicia logro citar al nombrado, en “dicha audiencia” la Fiscal de Materia lo dejó en libertad en contraposición de la jurisprudencia constitucional sobre este tipo de delitos, más aun cuando la víctima es una menor de edad y que conforme al informe psicológico realizado se verificó la existencia de abuso sexual por parte de su progenitor -Braulio Ernesto Antelo Aponte-. Molesta con esa situación presentó memorial de 8 de septiembre -de 2022- ante el entonces Fiscal Departamental ahora accionado, adjuntando pruebas y solicitando el cambio de la Fiscal de Materia; ya que la nombrada no decretaba sus memoriales ni emitía requerimientos iniciales que el entonces Fiscal de Materia solicitó en su momento; empero, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no fue respondida su solicitud.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como al principio de economía procesal; citando al efecto los arts. 8.II, 14.I, 115, 119 y 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga se dicte resolución en el plazo de veinticuatro horas al memorial presentado el 8 de septiembre de 2022.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 36 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que el entonces Fiscal Departamental hoy accionado refiere que dictó una resolución de “21” de septiembre de 2022; empero, cuando su persona se apersonó a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz no se advirtió resolución alguna, más allá de existir una respuesta positiva o negativa, dicha autoridad conforme al art. 68.III de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) tenía tres días hábiles y desde el 8 al “21” de ese mes y año transcurrieron más de siete días hábiles para dictar resolución; por lo que, solicitó una llamada de atención.
Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe presentado el 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 33 a 35, manifestó que: a) Con relación al Cambio de Fiscal de Materia se tiene la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M CF-020/22 de “21” de ese mes y año; b) Al no ejecutarse ninguna acción por su autoridad carece de legitimación pasiva; c) La accionante con esta acción tutelar pretende se le dé respuesta a los memoriales presentados a la Fiscal de Materia; empero, olvido que la acción de libertad no es sustitutiva de otras, menos proteger otros derechos; puesto que, la accionante debe presentar -su reclamo- ante la autoridad llamada por ley mas no interponer una acción de defensa; y, d) La accionante tiene el deber de acreditar la vulneración a la garantía sustantiva con relación al derecho a la libertad o a la vida y debe ser dirigida contra quienes violentaron sus derechos no contra su autoridad que no tiene relación alguna con el caso. Por lo que, solicita se declare la improcedencia de la acción de libertad presentada por la accionante.
La Jueza de Sentencia Penal Decimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 19/22 de 28 de septiembre de 2022, cursante a fs. 37 y vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La accionante no cumplió con los presupuestos de la acción de libertad; es decir, no se demostró que con “esta resolución” se encuentre en peligro su vida o ilegalmente perseguida o privada de libertad o procesada sin que pueda ser oída por una autoridad correspondiente; y, 2) El objeto que fue accionado en la presente audiencia se tiene que se perdió; ya que, se solicitó que se dicte una nueva resolución que ya fue emitida por el entonces Fiscal Departamental hoy accionado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 8 de septiembre 2022, ante Roger Rider Mariaca Montenegro entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora accionado-; NN en representación de su hija menor de edad AA solicitó se cumpla con las garantías a la víctima y se haga un seguimiento de las actuaciones de la Fiscal de Materia para fines de ley; por lo que, solicitó el cambio de la referida Fiscal de Materia por no adecuar sus acciones a la jurisprudencia presentada y someter a la víctima a otros traumas de re victimización como también al no haber decretado los memoriales en el plazo de veinticuatro horas, y peor aún no elaborar los requerimientos fiscales iniciales; y, se nombre una comisión de justicia y se dicte imputación formal (fs. 1 a 12 vta.). II.2. Por Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M CF-020/22 de 22 de septiembre de 2022, emitida por el entonces Fiscal Departamental hoy accionado; mediante el cual no se autorizó la solicitud de cambio de la Fiscal de Materia debiendo continuar con la dirección funcional de la investigación del caso Código Único de Denuncia (CUD) 701102082201324 (fs. 52 a 59).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como al principio de economía procesal; puesto que, el entonces Fiscal Departamental ahora accionado hasta la fecha de interposición de la acción de defensa no dio respuesta a su memorial de 8 de septiembre de 2022, en el que adjuntó pruebas y solicitó el cambio de Fiscal de Materia por su accionar en el proceso penal seguido por el delito de abuso sexual contra una víctima que es menor de cuatro años de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollaran los siguientes temas: i) Presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; iii) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; iv) La acción de libertad innovativa; y, v) Análisis del caso concreto.
La SCP 0439/2018-S2 de 29 de agosto, señala que: “La Constitución Política del Estado, dedica una sección especial a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud; así, en su art. 58, señala: Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones (…). El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos (…)’. En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, con el entendido, que de acuerdo a su crecimiento y al desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones. Al respecto, la SC 0735/2010-R de 26 de julio, en el Fundamento Jurídico III.3, precisó que: ‘La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…’. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no se rige por la subsidiariedad; sin embargo, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se señaló que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; entendimiento, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales. Sin embargo, tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Así, la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R, estableció que es posible la presentación directa de esta acción de defensa, en los supuestos en los que: ‘…menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos…’; criterio, reiterado en la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre. Razonamiento jurisprudencial, enmarcado en las disposiciones del Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026 de 27 de octubre de 1999- (ahora abrogada), que establecía una edad mínima de aplicación de la responsabilidad social, comprendida entre los 12 hasta los 16 años. Actualmente, el Sistema Penal para Adolescentes previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, contempla la franja etaria de 14 a 18 años de edad, a quienes se aplica una responsabilidad penal atenuada, en mérito a la protección constitucional reforzada de la que goza; y en ese sentido, se les otorga una protección especial, a quienes no resulta aplicable la subsidiariedad excepcional desarrollada en la SC 0160/2005-R, al ser la acción de libertad de tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediata protección de los derechos, que comprende su espectro de protección y el informalismo, entre otros.
Consiguientemente, no corresponde denegar la tutela impetrada por aspectos formales vinculados con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando es presentada a favor de niñas, niños o adolescentes; más aún, cuando el art. 60 de la CPE, establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad" (las negrillas nos perteneces).
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, señala que: “Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas: ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…) 3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...) 7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho. 8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…).
La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que: ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (…). En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: ‘Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres’ (…). Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que: Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (…). De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante…” (las negrillas son nuestras).
La SCP 141/2018-S2 de 30 de abril, al respecto señala que: “…corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”’.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como al principio de economía procesal; puesto que, el entonces Fiscal Departamental ahora accionado hasta la fecha de interposición de la acción de defensa no dio respuesta a su memorial de 8 de septiembre de 2022, en el que adjuntó pruebas y solicitó el cambio de Fiscal de Materia por su accionar en el proceso penal seguido por el delito de abuso sexual contra una víctima que es menor de cuatro años de edad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el memorial presentado el 8 de septiembre 2022, ante el entonces Fiscal Departamental ahora accionado; por el que la parte accionante solicitó se cumpla con las garantías a la víctima en este caso el de su hija de cuatro años de edad y se haga un seguimiento de las actuaciones de la Fiscal de Materia para fines de ley; por lo que solicitó el cambio de la referida Fiscal de Materia por no adecuar sus acciones a la jurisprudencia presentada y someter a la víctima a otros traumas de re victimización como también al no haber decretado los memoriales en el plazo de veinticuatro horas, y peor aún no elaborar los requerimientos fiscales iniciales; y, se nombre una comisión de justicia y se dicte imputación formal (Conclusión II.1.). Con carácter previo, corresponde aclarar que la denegatoria de tutela del Juez de garantías se basó únicamente en NN de quien no estaría demostrado que se encuentre en peligro su vida o ilegalmente perseguida o privada de libertad o procesada sin que pueda ser oída por una autoridad correspondiente; dejando de lado a la víctima del proceso penal que al momento de la presentación de la acción de libertad contaba con cuatro años de edad, y por quien su madre NN presentó la acción de libertad; por cuanto considerando el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, al tratarse de un hecho de violencia contra una víctima menor de edad y tomando en cuenta la tutela reforzada del que goza este grupo vulnerable, como ocurre en el presente caso, permite la presentación directa de la acción de libertad prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, razón por la cual se ingresará a verificar, si evidentemente se vulneraron sus derechos alegados.
En ese contexto, la accionante refirió que ante el incumplimiento de los deberes de la Fiscal de Materia, es que por memorial de 8 de septiembre de 2022, dirigido al entonces Fiscal Departamental ahora accionado solicitó el cambio del Fiscal de Materia; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad no recibió respuesta positiva o negativa, cuando esta autoridad tenía el plazo de tres días para dictar resolución. En ese sentido, el entonces Fiscal Departamental hoy accionado en su informe presentado a esta acción tutelar, señaló que la solicitud de la accionante realizada por memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, ya mereció una respuesta a través de la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M CF-20/22 que es del “21” -siendo lo correcto 22- de ese mes y año; sin embargo, la parte accionante en audiencia de consideración de la referida acción de defensa señaló que “el día de ayer” -se entiende 27 de igual mes y año- que se apersonó a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz evidenció que no existía dicha Resolución; y, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional al efectuar la revisión de antecedentes si bien advirtió su existencia, no evidenció alguna notificación con la misma, a pesar que por decreto constitucional de 18 de junio de 2025, al margen de solicitar documentación complementaria relacionada a la existencia de la citada Resolución Fiscal Departamental se pidió las notificaciones efectuadas con esa determinación, lo cual fue omitido, limitándose la mencionada autoridad fiscal a señalar en su informe presentado a esta acción tutelar; así como, en la Nota con CITE: FD/SCZ/AZF 1061/2025 de 2 de octubre, remitida a este Tribunal Constitucional Plurinacional, que ya se emitió la mencionada Resolución Fiscal Departamental sin indicar si fue o no notificada a las partes; advirtiendo además de dicha Resolución que fue recepcionada por el Auxiliar Legal de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz el 28 de septiembre de 2022 (fs. 59); por lo que, se presume que las notificaciones realizadas fueron posteriores a esa fecha. Ahora bien, de acuerdo a lo jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es deber del Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional; así como, toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público o privado; asimismo, erradicar la violencia hacia las mujeres, por cuya razón se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que tiene por objeto establecer medidas y políticas integrales de atención, prevención y reparación a las personas en situación de violencia; así como, la persecución y sanción a los agresores.
En ese contexto, el art. 59 de la Ley 348, dispone que la investigación debe tramitarse de oficio, independientemente del impulso procesal de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de que la violencia en razón de género se encuentra dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista, abandone la investigación o no se apersone a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público, la investigación debe continuar hasta su finalización con el requerimiento conclusivo correspondiente; lo contrario, no solo vulnera el citado artículo, sino también la debida diligencia, como obligación internacional del Estado para investigar, procesar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia la mujer, en especial niñas menores de edad víctimas de violencia sexual como ocurre en el presente caso. Asimismo, el art. 86.2 de la referida Ley, en cuanto al principio de celeridad, dispone que todas las operadoras y operadores de la administración de justicia en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento; lo que quiere decir, que las autoridades públicas que tengan conocimiento de este tipo de casos, deben regirse por el principio procesal de celeridad; así como, también en los principios de imposición de medidas cautelares, protección, accesibilidad, verdad material, reparación y simplificar el procedimiento para delitos de violencia contra las mujeres que se encuentran regulados en la misma disposición legal; ya que, de no hacerlo, se estaría vulnerando los derechos de la víctima, al no actuarse con la debida diligencia en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, lo cual será analizado posteriormente. Ahora bien, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional la acción de libertad de pronto despacho, fue concebida con el objeto de proteger los derechos a la libertad y la vida de los imputados privados de libertad, cuando una dilación ilegal o indebida prolongue su situación jurídica, y por consiguiente, no se tenga una resolución inmediata o dentro de los plazos legales que resuelva su petición; sin embargo, también es cierto que, de acuerdo a lo desarrollado en la SCP 0017/2019-S2, en las acciones tutelares, no debe pasarse por alto el equilibrio que debe existir entre los derechos del imputado y la víctima, examinando el contexto y los derechos en conflicto; más aún, cuando se trata de casos de violencia hacia las mujeres y niñas como en el presente caso, que goza de protección reforzada, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela reforzada de los derechos de este grupo vulnerable de la sociedad. En ese contexto, se puede concluir que el memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, por la accionante si bien ya contaría con la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M CF-20/22 la cual es del 22 de ese mes y año, la misma hasta la fecha de interposición de la acción de libertad -27 de igual mes y año- no fue de conocimiento de la parte accionante; independientemente de que se hubiese notificado o no con esa Resolución se tiene que transcurrieron más de tres días en resolverse, lo que haría entrever un incumplimiento del plazo establecido por el art. 68.III de la LOMP, más aun cuando la víctima del presunto delito de abuso sexual se trataba de una menor de edad vulnerable que goza de protección constitucional reforzada; por lo que, se debió actuar con la debida diligencia y celeridad en su resolución, al concurrir lo contrario, originó una evidente demora de aproximadamente más de siete días, que vulneró de la menor de edad accionante los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. En ese sentido, se puede evidenciar que ya cesó el acto vulneratorio con el pronunciamiento de la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M CF-20/22; empero, la dilación en la que se incurrió al momento de resolverse ya fue consumada, siendo aplicable en ese caso el entendimiento respecto a la acción de libertad innovativa citado en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, de modo que los actos vulneratorios no se repitan en lo sucesivo. Por lo tanto, corresponde conceder la tutela ante la dilación en la resolución de la solicitud efectuada por la parte accionante a través del memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, en la que incurrió el entonces Fiscal Departamental ahora accionado, quien en todo actuado relacionado a hechos de violencia hacia la mujer, en especial cuando se trata de niñas menores de edad víctimas de violencia sexual debe actuar regido por la norma penal en preeminencia de la debida diligencia y otorgando mayor celeridad. Finalmente, con relación a la denuncia de la vulneración del principio de economía procesal, la accionante se limitó a citarlo sin referir de qué manera fue vulnerado; por cuanto, al respecto corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 19/22 de 28 de septiembre de 2022, cursante a fs. 37 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin ordenar la emisión de una resolución en respuesta al memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, habiéndose ya pronunciado una resolución. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al principio de economía procesal, de acuerdo a lo expresado en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0402_2026-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): b449e481fcc311fea7655fd6a682d623af730c06b6c0cdc0a21878104dc7923a
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