Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 19 de julio de 2024
Deniega la tutela
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad; así como, a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión y al sufragio, por cuanto las demandadas, en su calidad de miembros del Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, a través de la Resolución 2 de 8 de octubre de 2015 y el rechazo de su nulidad de 24 de junio de 2022, no establecieron ni acreditaron que fueron notificadas con la existencia de alguna resolución de inicio de proceso disciplinario, conforme dispone en aplicación supletoria el Capítulo XIV, art. 69 del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia; también a través del punto 5 de la Resolución 2 presumieron malos manejos, a partir de supuestos que se hallan en el imaginario subjetivo de las demandadas; omitieron basarse en algún artículo del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia; y, se les prohibió tener voz y voto y poder ser elegidas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 126/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 189 a 192 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0402/2024-S2 Sucre, 19 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 51200-2022-103-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 126/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 189 a 192 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana María Sanabria Aillón de Morales y Elva Rosario Muñoz Morales contra Elizabeth Deysi Terán Martínez, Presidenta; Silvia Mónica Zamora Romero, Vicepresidenta; Cinthya Verónica Salas Bustillos, Secretaria; Nancy Mónica López Mariscal, Vocal Primera; y, Lineth Maira Ramírez Torres, Vocal Segunda, todas del Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca.
Por memoriales presentados el 18 y 26 de agosto de 2022, cursantes a fs. 1, 36 a 39 vta. y de 43 a 44, las accionantes expresaron que:
Mediante Nota CITE TETSCH 04/2017 de 3 de agosto, notariada el 29 de ese mes y año, dirigida a Elva Rosario Muñoz Morales esta recibió la Resolución 2 de 8 de octubre de 2015 ahora cuestionada; y, por otro lado, como emergencia de una solicitud de otorgación de certificación de registro profesional y regularización de aportes voluntarios de Ana María Sanabria Aillón de Morales presentada ante la Presidenta del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca el 17 de mayo de 2021, se emitió la nota de respuesta CITE:CO.-DEP.- 31/2021 de 17 de junio, recibida por la prenombrada el 13 de julio de igual año; en ese mérito, a través de las citadas notas, el Directorio en Pleno del indicado ente departamental dio a conocer a las accionantes sobre la existencia de la Resolución 2 de Tribunal de Honor y Ética Profesional de Chuquisaca; por la cual, se resolvió sancionarlas, vetando su participación en actividades gremiales a nivel departamental y nacional, y además no tener voz o poder emitir voto alguno, ni ser elegidas para ningún cargo, menos tener la competencia de arrogarse la representación de la mencionada organización colegiada. Ante ello, presentaron recurso de nulidad en contra de la Resolución 2 que fue resuelto a través de la respuesta de 24 de junio de 2022, por la que se rechazó su solicitud de nulidad, con lo que cumplieron con el principio de subsidiariedad, porque de acuerdo al Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia, no establece ningún medio de impugnación posterior al recurso de nulidad. El Tribunal de Honor y Ética Profesional de Chuquisaca del Colegio de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, a momento de resolver su solicitud de nulidad no emitió una resolución; sino, se limitó a emitir un memorial -no indica data- y de su lectura se advirtió que la Resolución cuestionada y el rechazo de su nulidad no establecieron ni acreditaron que fueron notificadas con la existencia de alguna resolución de inicio de proceso disciplinario, conforme dispone en aplicación supletoria el Capítulo XIV, art. 69 del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia, que en su tenor literal señala lo siguiente: “El Tribunal de Ética en conocimiento de la denuncia, comunicará al Trabajador Social o grupo afectado otorgándole un plazo de 15 días para que asuman su defensa por escrito…” (sic); sin embargo, en este caso, por motivos que se desconocen, se omitió por completo darles a conocer los hechos y pruebas denunciados en su contra, con la finalidad de que puedan asumir su derecho a la defensa en el plazo de quince días, de esa forma tanto la Resolución sancionatoria como la ratificatoria vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad. Las supra señaladas Resoluciones señaladas -es decir, la Resolución 2 y el memorial de respuesta a su recurso de nulidad- también vulneraron la presunción de inocencia como parte del debido proceso, pues “…a través del punto 5 que textualmente se refiere: ‘La actitud de indiferencia y silencio, permite presumir malos manejos…’” (sic); de lo cual, se consideró que por ningún motivo se puede presumir la culpabilidad, dado que no corresponde sancionarlas sobre supuestos malos manejos o solicitudes pendientes de rendición de cuentas, que solo se hallaban en el imaginario subjetivo de sus componentes. Por otro lado, se vulneró el derecho al debido proceso sin base normativa, porque las resoluciones cuestionadas las sancionaron y ratificaron esa sanción, respectivamente, sin ninguna base normativa o legal; pues, ningún artículo del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia la contemplan; por otra parte, se debe aclarar que dicho Código se aplica para faltas o contravenciones realizadas en el ejercicio de funciones como profesionales en trabajo social, no existiendo base legal para procesar y sancionar a los profesionales en dicha área, por actos u omisiones realizados en el ejercicio de la representación colegiada; por lo que, este hecho sería otro motivo de la carencia de legalidad de resolución objetada y su ratificatoria. Igualmente, se vulneró el derecho a la libertad de expresión al haber dispuesto la Resolución 2 y de su ratificatoria “…mediante memorial de 24 de junio de 2022…” (sic), como sanción el no tener voz en los asuntos del Colegio de Trabajadores Sociales de Chuquisaca. Por otro lado, también se afectó su derecho al sufragio, porque las Resoluciones referidas les impidieron votar y ser elegidos. El primer acto lesivo de sus derechos fue la Resolución 2, que si bien fue emitida el 2015, recién tuvieron conocimiento de su existencia el 2021, a raíz de unos trámites que realizaron en el Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, frente a lo que realizaron los respectivos reclamos verbales ante los integrantes del Tribunal de Honor y Ética Profesional de Chuquisaca, de quienes obtuvieron respuestas evasivas e imprecisas; pues, en ningún momento se les hizo conocer el inicio de proceso disciplinario para asumir defensa; en consecuencia, presentaron en la gestión 2022, de forma escrita y formal un recurso de nulidad en contra de la Resolución 2, pues ya no podían hacer uso de otro recurso, ni revocatorio ni jerárquico, principalmente, por el tiempo transcurrido entre la emisión de la Resolución 2 -del 8 de octubre de 2015- y el conocimiento de su existencia que se llevó a cabo en la gestión 2021. Finalmente, Ana María Sanabria Aillón de Morales es adulta mayor y por ello no le es exigible el cumplimiento del principio de subsidiariedad.
Señalaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes defensa y legalidad; así como, a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión y al sufragio, citando al efecto los arts. 21.5, 26.II, 116.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 13 y 23.1.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 25 inc. b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto la Resolución 2 y del memorial de 24 de junio de 2022 “…de ratificatoria que resuelve el Recurso de Nulidad…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 178 a 188, se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar y ampliándolos añadieron que: a) Cuando concluyeron con su mandato de representación, llegaron a conocer sobre diferentes documentos y facturas, con relación a algunos gastos erogados durante su gestión, aspecto que es importante porque las demandadas confundieron el hacer conocer la solicitud de entrega de facturas, con lo que tenía que ser el inicio de un proceso disciplinario dentro de su ente colegiado, entonces a raíz de una solicitud presentada por sus personas ante el Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca el 17 de mayo de 2021, respecto a la otorgación de un certificado de registro profesional y regularización de aportes, es que se llegó a conocer la existencia de la Resolución 2; b) La citada Resolución no fue notificada desde su inicio hasta su conclusión a sus personas ni a la tercera interesada; dado que, una vez que tomaron conocimiento de esa Resolución decidieron presentar un recurso de nulidad -no indican data-, cuya respuesta -a través de un memorial- se constituyó en el segundo acto lesivo; mediante el cual, se ratificó lo establecido en la Resolución cuestionada; es decir, la vulneración a los derechos y garantías; c) No existió ninguna documentación ni registro que acreditó que fueron notificadas con el inicio de un proceso disciplinario; de igual forma, no tuvieron conocimiento de la decisión sancionatoria que asumió el Tribunal de Honor de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales de Chuquisaca; d) La Resolución 2 y su ratificatoria vulneraron los principios de tipicidad y taxatividad; pues, no se puede sancionar a una persona si el acto o hecho no está establecido en normativa interna y de dicha Resolución se evidenció que no existe una base normativa y legal para ello ni procesarlas por hechos que no estaban previstos; no existe normativa que las sancione por actos o hechos que realizaron en el ejercicio de la representación del citado del Colegio; e) Además, se determinó una sanción contra sus personas de restringir su derecho a voz, pero de manera indefinida; pues, no se estableció hasta cuándo estaría vigente esa decisión; y, f) Solicitaron la nulidad de la Resolución 2 y del memorial de respuesta de 24 de junio de 2022, que resolvió el recurso de nulidad. A las preguntas de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, contestaron: 1) “Ana María Sanabria recién en fecha 3 de agosto de 2021, perdón recién mediante carta notariada de fecha 29 sí, mediante el cite TETSCH 04/2017 de 3 de agosto se le ha hecho conocer con relación a la señora Elba Rosario Muñoz la existencia de esta resolución, eso sí es evidente, es cierto vocal (…) no así pasa lo mismo con la señora Ana Sanabria que ella recién ha llegado a conocer de la existencia de esta resolución, el 17 de junio de 2021 es decir, la gestión pasada a partir de aquello se ha presentado justamente el recurso de nulidad, por lo cual el 24 de junio de este año recién se nos ha hecho conocer sobre la ratificatoria a la decisión asumida el 2015 por parte del Tribunal de Honor…” (sic); 2) El problema de origen fue que se exigieron facturas de rendición de cuentas; y, 3) En ningún momento se les hizo conocer una resolución de inicio de proceso disciplinario.
Elizabeth Deysi Terán Martínez, Presidenta; Silvia Mónica Zamora Romero, Vicepresidenta; Cinthya Verónica Salas Bustillos, Secretaria; Nancy Mónica López Mariscal, Vocal Primera; y, Lineth Maira Ramírez Torres, Vocal Segunda, todas del Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, presentaron informe escrito el 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 160 a 165 vta., solicitando que se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: i) Las accionantes afirmaron haber tenido “…‘reciente conocimiento’…” de la Resolución 2, faltando a la verdad y sin precisar cuándo fue la fecha en que tuvieron ese conocimiento, luego indicaron que tuvieron que presentar un recurso de nulidad, sin precisar cuándo lo hicieron; finalmente, indicaron que el 24 de junio de 2022, el mencionado Tribunal de Honor y Ética rechazó la nulidad a través de un memorial, manteniendo vigente la Resolución 2; ii) En primer lugar, no sería evidente que las prenombradas recién tuvieron conocimiento de la citada Resolución, como irresponsablemente afirmaron, pretendiendo sorprender a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, con lo que trataron de justificar el cumplimiento de los principios de inmediatez y subsidiariedad; iii) Conforme adjuntaron prueba documental, a través de Cite TETSCH 04/2017 de 3 de agosto, emitido por el Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca e informe notarial de 29 de agosto de 2017 realizado al reverso, se acreditó que Elva Rosario Muñoz Morales fue notificada con dicha Resolución, esa fecha, en la calle Grau 373 de la ciudad de Sucre; es decir, en su fuente laboral -Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC)-; iv) Ana María Sanabria Aillón de Morales, conforme al Acta Notarial adjunta, el 18 de septiembre de ese año, se procedió a explicarle en su fuente laboral de la Universidad Mayor, Real y Pontificia, San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH), el contenido de las resoluciones; empero, se rehusó a recibir la copia de la resolución con la que se le quería notificar; es decir, la Resolución 2; posteriormente, la Notaria le hizo entrega del acta notarial a Ada Villavicencio Matienzo, miembro del citado Tribunal de Honor y Ética; v) Quedó demostrado que Elva Rosario Muñoz Morales y Ana María Sanabria Ayllón de Morales, el 3 de agosto de 2017 y 25 de septiembre del mismo año, respectivamente, tenían conocimiento pleno de la Resolución 2, y no plantearon en el plazo perentorio de 10 días el recurso de revisión, ni el recurso de apelación previsto en los arts. 76 y 77 del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia; vi) El momento procesal oportuno para reclamar supuestas irregularidades en la tramitación del proceso administrativo sancionatorio, era dentro de los diez días de haber tenido conocimiento de la existencia de la citada Resolución, a través del recurso de revisión y/o de apelación que contempla los arts. 76 y 77 del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia, pero no lo hicieron; por el contrario, actuaron con desidia y descuido, llegando al extremo de consentirlo; vii) No es posible plantear incidentes de nulidad en los procesos administrativos sancionatorios dada la naturaleza corta y sumaria que tienen; así, lo dispusieron el AC 0121/2015-RCA de 14 de mayo y la SCP 0013/2014-S3 de 6 de octubre; viii) Las impetrantes de tutela ejercieron el cargo de Directivas en el Colegio de Trabajadores Sociales de Chuquisaca en la gestión 2005-2010, donde se prorrogaron ilegalmente hasta el 2013 y se negaron a presentar el respectivo informe económico documentado con respaldos objetivos de la gestión; por lo que, tuvieron que acudir al servicio de Notarios de Fe Pública para poder notificarlas con la Resolución 2; ix) Desde que tuvieron conocimiento de dicha Resolución, las solicitantes de tutela dejaron transcurrir más de cinco años para recién plantear el incidente de nulidad el 7 de abril de 2022; además, no se puede computar el plazo de los seis meses desde la notificación con el rechazo de la nulidad efectuada por el Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca el 24 de junio de 2022, como supuesto acto lesivo a los fines de forzar el cumplimiento del principio de inmediatez, porque el incidente de nulidad no es un medio idóneo; en consecuencia, si no procede el mencionado incidente en el caso de autos, el planteamiento de la presente acción de amparo constitucional realizada por las accionantes fue extemporáneo; pues, se hallaría fuera del plazo de seis meses de haber tomado conocimiento del supuesto acto arbitrario; por lo que, corresponde la improcedencia de esta demanda tutelar; x) Asimismo, al no haber activado ningún medio de impugnación para reclamar los supuestos hechos arbitrarios, ingresó en actos consentidos, como causal de improcedencia; xi) Las solicitantes de tutela no hicieron uso oportuno del recurso de revisión o apelación para efectuar sus reclamos y así lograr que se corrijan las supuestas irregularidades en la misma instancia administrativa; y, xii) Las accionantes no reclamaron oportunamente a través del recurso de revisión o apelación -que son medios idóneos para hacer valer sus derechos en el Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia-, la supuesta vulneración de sus derechos, por lo que no pueden alegar su propia torpeza; pues, es inviable el indicado incidente de nulidad después de cinco años de haber tenido conocimiento de la Resolución 2. En audiencia de garantías, a través de su abogado, añadió que: a) Pese a que fue observada esta acción de amparo constitucional, no se cumplió con ella; pues, no existió relación de causalidad, con respecto a cómo y de qué manera los dos actos cuestionados vulneraron sus derechos, y menos se realizó la debida explicación; b) Las accionantes afirmaron que tuvieron recientemente conocimiento de la Resolución 2, pero no precisaron cuándo; asimismo, señalaron que presentaron el recurso de nulidad; empero, no detallaron cuándo lo hicieron; c) “…aquí viene la primera mentira porque afirman que tuvieron que presentar el recurso de nulidad sin precisar cuándo lo hicieron, después recién afirman que el 24 de Junio el tribunal les habría rechazado (…) en base a esos aspectos directamente acusan que la resolución sancionatoria y ratificatoria vulneraria su derecho al debido proceso no es cierto que las accionantes tuvieran conocimiento recién de la resolución que acusan como acto arbitrario…” (sic); y, d) Consta el Cite 04/2017 de 4 de agosto emitido por el Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca y el informe en el reverso de la Notaria de Fe Pública 3 de Sucre del departamento de Chuquisaca, con el que se acreditó que Elva Rosario Muñoz Morales fue notificada el 29 de agosto de 2017 con la Resolución 2, en su fuente laboral, porque se negó a recibir la notificación, cartas o comunicaciones, mientras que respecto a Ana María Sanabria Aillón de Morales, conforme un acta notarial de 18 de septiembre de 2017, se tuvo que acudir a los “…notarios previamente de acudir a su domicilio…” (sic), por más de tres oportunidades, el 18 de septiembre de 2017 se le explicó en su fuente laboral del contenido “…de la resolución con la que se iba a notificar quien conforme establece el informe notarial se rehusó a recibir la copia de la resolución…” (sic), con ambos actuados se tiene que las accionantes, el 2017, tenían conocimiento de la existencia de la Resolución 2, quienes no plantearon sus recursos de revisión o apelación. A las preguntas de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca a través de su abogado, refirieron que: Elba Rosario Muñoz Morales fue notificada el 29 de agosto de 2017, momento en el que debían reclamar todas esas irregularidades que supuestamente se hubiesen cometido en el proceso administrativo de referencia; y, si bien no existió auto de inicio de proceso disciplinario, era en ese momento en el que se debía haber reclamado para que se corrija y reencause el proceso, pero no lo hicieron, dejando pasar el momento oportuno.
Zenaida Pérez Apaza a través de su abogado, en audiencia de garantías señaló que: 1) Se ratificó y adhirió al memorial de esta acción de amparo constitucional; 2) Una cosa es ser notificado con una resolución final y otra con el inicio de un proceso disciplinario; 3) “el año pasado…”, se les hizo conocer la existencia de “…resolución que ellos confiesan se habría labrado entre gallos y medianoche…” (sic); 4) En el presente caso, se sancionó sin dar la oportunidad de asumir defensa; 5) El Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca no tiene normativa interna que establezca los medios idóneos y eficaces para llegar a revocar la decisión asumida el 2015; 6) Una vez que se tuvo conocimiento de la Resolución lesiva, se interpuso la nulidad de ese acto; y, 7) No se podía interponer otro recurso, porque no se les otorgó el plazo necesario para sumir una debida defensa.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante la Resolución 126/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 189 a 192 vta., denegó la tutela solicitada por las accionantes, con base en los siguientes fundamentos: i) La Resolución 2 fue emitida por el Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, debido a la falta de cumplimiento de la rendición de cuentas correspondiente a las gestiones 2005 a 2010, prorrogadas hasta la gestión 2013, por parte de las ahora accionantes; ii) Por disposición de Congreso Ordinario de 15 de junio de 2019, se dispuso la notificación a las solicitantes de tutela a través del Comité de Ética, constando en antecedentes las respectivas notificaciones efectuadas con dicha Resolución, mismas que fueron practicadas con intervención de la Notaría de Fe Pública 3 de Sucre del departamento de Chuquisaca, de cuyo examen se advirtió que el 29 de agosto de 2017, Elva Rosario Muñoz Morales fue notificada con la Resolución 2, en dependencias del IBC, así se evidenció de la constancia de notificación efectuada por la indicada Notaría, con el rótulo ‘“ENTREGA DE LA CARTA DE ANVERSO”’ (sic) a Elva Rosario Muñoz Morales, indicando que se le entregó la carta notariada del anverso y fotostáticas de las Resoluciones 1 y 2 “…dicha carta notariada hace referencia a la nota de 3 de agosto de 2017 firmada por la Presidenta, Vicepresidenta y Vocales del Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca gestión 2017 y dirigida a Elva Muñoz Morales, cuyo tenor pone en su conocimiento la Resolución 2” (sic); iii) El 18 de septiembre de 2017, la misma Notaria, a través de la nota con el rótulo ‘“ENTREGA DE LA CARTA DE ANVERSO”’ (sic) emitió constancia de haberse apersonado a la Carrera de Trabajo Social de la UMRPSFXCH y que no se efectuó la entrega de la carta notariada y fotostáticas de las Resoluciones “01/2017 y Resolución 2”, porque Ana María Zanabria Ayllón se rehusó a recibirlas; sin embargo, señaló que puso en su conocimiento el contenido de la misma a través de su explicación, habiéndose constituido anteriormente en su domicilio en tres oportunidades, sin haber sido atendida por ninguna persona, la citada carta notariada correspondía a la nota de 3 de agosto de 2017, dirigida Ana María Zanabria Ayllón; a través de la cual, el referido Tribunal de Honor le hizo conocer la Resolución 2; iv) Las notificaciones practicadas a las accionantes con la Resolución 2, cumplieron con la finalidad de poner en su conocimiento la misma, además se debió considerar que fueron realizadas por una Notaría de Fe Pública que es la autoridad investida por el Estado para dar fe pública de actos o hechos; en este caso, de que las notificaciones fueron practicadas efectivamente; actos que merecen esa calidad, con lo que se demostró que las accionantes tuvieron conocimiento de la indicada Resolución, ahora objetada; v) Las impetrantes de tutela al haber sido miembros de la Dirección de dicho Colegio, tenían pleno conocimiento de toda su normativa interna, reglamentos, Código de Ética Profesional y otros; vi) Las solicitantes de tutela, después de más de cinco años de haberse notificado con la Resolución 2, interpusieron recurso de nulidad contra esta; en su mérito, las autoridades ahora demandadas emitieron la respuesta de 24 de junio de 2022, rechazando la nulidad impetrada e indicando que su petición estaba sujeta al cumplimiento de la rendición de cuentas de los fondos económicos administrados en su gestión y que la sola presentación de esos documentos, con el respaldo respectivo, daría lugar al análisis y consideración de su situación; en consecuencia, no sería evidente que la decisión asumida en la Resolución 2 sea indefinida como manifestaron las solicitantes de tutela; y, vii) Al no haber activado ningún mecanismo o recurso que les franquea la ley para objetar la Resolución 2, en su momento incurrieron en actos consentidos, al evidenciarse que fueron notificadas con esta Resolución y al haber intentado su nulidad cinco años después, dejaron precluir su derecho a la impugnación, así consta de la documental que fue presentada y que ha sido analizada a detalle; por lo que, no sería razonable que esta jurisdicción deba ingresar al análisis de fondo; puesto que, desde un primer momento las accionantes demostraron que decidieron estar al resultado de la Resolución cuestionada.
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De acuerdo a la cédula de identidad 3040237 de Elva Rosario Muñoz Morales -accionante- nació el 13 de mayo de 1963; y, 1281029, Ana María Sanabria Aillón de Morales, nació el 9 de marzo de 1955 (fs. 2 a 3). II.2. Mediante Resolución 2 del 8 de octubre de 2015, pronunciada por el Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores de Chuquisaca, se determinó que la peticionantes de tutela y Zenaida Pérez Apaza -tercera interesada-, no tenían voz, estaban impedidas de emitir voto alguno, de ser elegidas para ejercer cargo alguno y de arrogarse representación de su organización colegiada, por haber infringido los arts. 67 y 68 del Estatuto Orgánico; 7 y 8 del Reglamento del Régimen Económico; y, 66 inc. a) del Código de Ética Profesional, todos de los Trabajadores Sociales de Bolivia (fs. 10 y vta.). II.3. A través de CITE TETSCH 04/2017 de 3 de agosto, dirigida a Elva Rosario Muñoz Morales emitida por el Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, en la cual se indicó que se le hacía llegar a la Resolución 2, en cuyo reverso consta una leyenda labrada por la Notaria de Fe Pública 3 de Sucre del departamento de Chuquisaca, que indicó que el 29 de agosto de 2017, le entregó la carta notariada del anverso y la Resolución 2 -además de otros documentos- a la prenombrada en la calle Grau 373; es decir, en el IBC ([aunque no consta la firma de la mencionada impetrante de tutela] fs. 8 y vta.). II.4. Se advierte el Oficio CITE TETSCH 02/2017 de 3 de agosto del supra señalado Tribunal de Honor, dirigida a Ana María Sanabria Aillón de Morales en la que se le indicó que mediante ella se le hacía conocer la Resolución 2; asimismo, consta en el reverso que el 18 de septiembre de ese año, la señalada Notaria de Fe Pública no procedió a la entrega de la carta notariada del anverso y que la correspondiente destinataria se rehusó a recibir la copia de la indicada misiva; la cual, fue puesta en su conocimiento por la explicación de su contenido que efectuó dicha Notaria, también hizo constar que en forma anterior, la misma Notaria se constituyó en su domicilio de av. 2001, 45, tres veces, sin haber sido atendida por nadie; asimismo, al final de la referida leyenda, se verificó, como constancia de recepción, la firma de Ada Villavicencio Matienzo de 25 de septiembre de 2017, en la Carrera de Trabajo Social de la URPSFXCH (fs. 60 y vta.). II.5. A través de carta de 17 de mayo de 2021, de Ana María Sanabria Aillón de Morales, presentada esa misma fecha ante la Presidenta del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, solicitó certificación de registro profesional y pago de aportes (fs. 4). II.6. Consta Oficio CITE COL.-DEP.- 31/2021 de 17 de junio, emitido por el Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, a través de Edith Rodríguez Jiménez, Presidenta; Aurora Cuéllar, Secretaria General; Gladys Paniagua, Secretaria de Hacienda; Ximena Pérez Llanos, Secretaria de Asuntos Académicos; Isaías Lenis, Secretario de Organización; Margarita Ortiz Amachuyu, Secretaria de Bienestar Social; Rosmery Campero, Secretaria Profesional; Marian Zoila Sardán, Secretaria de Actas; Soledad Garnica, Vocal I; Ibeth Ximena Vásquez, Vocal II; y, América Loayza, Vocal III, todos del indicado Colegio, por el que respondieron a la carta mencionada supra, justificando las razones por las cuales no era procedente entregarle la certificación solicitada allí, entre ellas: “4) Su persona fue convocada mediante citaciones: escritas, vía telefónica, notariales, pero su persona no demostró interés alguno para comparecer, conciliar y solucionar la observación señalada. 5) Según Resolución N°2 del Tribunal de Honor y Ética Profesional de Chuquisaca emitido el 08.10.2015 su persona: Lic. Ana María Sanabria Aillón y Lic. Elba Muñoz Morales, Liz. Zenaida Pérez Apaza, están vetadas por no haber demostrado interés alguno para subsanar la ‘Rendición de Cuentas. Gestión 2005-1010’. Se adjunta fotocopia del documento señalado. 6) Recibido, conocido y expuesto el informe al Tribunal de Honor y Ética respecto a la inconducta antieconómica señalada y no existir predisposición para subsanar lo observado, en el 2do. Congreso Ordinario del Colegio Departamental Trabajadores Sociales de Chuquisaca el 15.06.2019, resolvió: ‘Vetar su participación en actividades gremiales a nivel Departamental y Nacional’ decisión extensiva a las tres colegas que acompañaron en su gestión hasta el final, que se prorrogó del 2005-2012’” (sic). Asimismo, consta firma de recepción de dicho Oficio, por parte de Ana María Sanabria Aillón de Morales, el 13 de julio de 2021 (fs. 5 a 6). II.7. Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, las impetrantes de tutela se dirigieron al Tribunal de Honor y Ética Profesional -del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales- de Chuquisaca, solicitando la nulidad de la Resolución 2, y se disponga dejar sin efecto la misma en su totalidad, por vulneración a sus derechos y garantías constitucionales (fs. 11 a 12 vta.). De igual manera, cursa memorial presentado el 9 de mayo del mencionado año, de reiteración de la solicitud de nulidad de la citada Resolución, debido a que no tuvieron respuesta al primer requerimiento señalado (fs. 13). II.8. Se tiene memorial de 24 de junio de 2022, dirigido a las impetrantes de tutela y la tercera interesada, ex miembros de la Directiva del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca período 2005-2013, por el cual Elizabeth Deysi Terán Martínez, Silvia Mónica Zamora Romero, Cinthya Verónica Salas Bustillos, Nancy Mónica López Mariscal y Lineth Mayra Ramírez Torres, miembros del Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca -ahora accionadas- rechazaron la petición de nulidad de la Resolución 2, al haber sido notificadas con todos los actuados pertinentes, sin que exista la vulneración de derechos y garantías constitucionales, señalando que, la Resolución objeto de solicitud de nulidad permanece en vigencia hasta que las impetrantes de tutela presenten la respectiva rendición de cuentas con base documental; consecuentemente, la petición de nulidad está sujeta a la presentación de facturas, recibos y otros al momento de la rendición de cuentas de los fondos económicos administrados durante el periodo 2005-2013, siguiendo el procedimiento establecido en el Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia y su Reglamento (fs. 14 a 17).
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad; así como, a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión y al sufragio, por cuanto las demandadas, en su calidad de miembros del Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, a través de la Resolución 2 de 8 de octubre de 2015 y el rechazo de su nulidad de 24 de junio de 2022, no establecieron ni acreditaron que fueron notificadas con la existencia de alguna resolución de inicio de proceso disciplinario, conforme dispone en aplicación supletoria el Capítulo XIV, art. 69 del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia; también a través del punto 5 de la Resolución 2 presumieron malos manejos, a partir de supuestos que se hallan en el imaginario subjetivo de las demandadas; omitieron basarse en algún artículo del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia; y, se les prohibió tener voz y voto y poder ser elegidas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Jurisprudencia reiterada
Respecto al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, el art. 129 de la CPE prevé: “…La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas fueron añadidas) y el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece: “…La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. En relación a ese principio, la SC 0150/2010-R de 17 de mayo estableció que: “…el amparo constitucional, en su configuración tanto de la abrogada como de la vigente Constitución, tiene una naturaleza jurídica esencialmente subsidiaria en la protección de los derechos y garantías constitucionales. Así, el art. 19 IV de la CPEabrg, señalaba: ‘La autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías…[’]; igualmente, el art. 129.I de la CPE vigente, refiriéndose a la acción de amparo constitucional como hoy se denomina, señala que esta acción se interpondrá ‘(…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’.
De los preceptos anteriormente analizados se concluye que el amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron la vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte recurrente debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a ésta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia” (negrillas fueron agregadas).
En cuanto al tema, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, citada por la SCP 0207/2021-S2 de 7 de junio, estableció que: «El principio de subsidiariedad constituye una de las características principales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculados con personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, personas con capacidades diferentes, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad. Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, en la SC 0989/2011-R de 22 de junio de 2011, estableció: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”»
(las negrillas corresponden al texto original). Asimismo, con relación a las personas adultas mayores, la SCP 0678/2020-S1 de 3 de noviembre, sostuvo que: “Ahora bien, cabe hacer notar que la acción de amparo constitucional realiza una excepción al principio de subsidiariedad cuando quien plantea su acción de amparo constitucional, se trata de una persona de la tercera edad, así lo señaló la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, la cual señaló que la jurisprudencia constitucional planteó excepciones a la subsidiariedad de acuerdo a la vulneración de derechos fundamentales vinculada a un inminente daño irreparable, así como de acuerdo a las personas que requieren una protección inmediata y en este último aspecto, recogiendo lo que la doctrina, instrumentos internacionales y jurisprudencia constitucional estableció, concluyó que esas personas son aquellas que pertenecen a grupos vulnerables e identificó a los adultos mayores como parte de dichos grupos y a ese efecto, basándose en normativa internacional, resaltó como principios a favor de los adultos mayores el vivir con dignidad, acceder a una vida íntegra, de calidad, sin discriminación, con seguridad y apoyo jurídico, a recibir un trato digno y que las instituciones velen por ello“ (el énfasis fue adicionado).
Al respecto, la SCP 1231/2022-S2 de 26 de septiembre dispuso que: “…mediante la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, al establecer textualmente que: ‘De lo mencionado se puede colegir que el incidente de nulidad es una figura jurídica de aplicación al ámbito jurisdiccional, instancia ante la cual, previo a acudir a la vía constitucional deberá demandarse la lesión de derechos fundamentales y/o garantía constitucionales y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar. En materia administrativa no resulta razonable exigir el cumplimiento de este requisito, porque la tramitación de una nulidad en la vía incidental, daría lugar a la emisión de una segunda resolución administrativa definitiva, cuando de las características de los actos administrativos, mencionadas anteriormente, se observa que los actos administrativos definitivos se encuentran revestidos de varias características, entre ellas, la irrevocabilidad de los mismos en sede administrativa dado su carácter legitimidad del acto, lo que no debe confundirse con su revocatoria en uso de los mecanismos de impugnación administrativa, porque en el primer caso, nos encontramos frente a una tramitación incidental; es decir, un procedimiento paralelo que podría dar lugar a la duplicidad de resoluciones contradictorias con igual jerarquía y validez, dado que ambas definirían situaciones jurídicas concretas, y como actos administrativos, en el marco jurídico antes referido, se presumirían legales, legítimas, lo que no es posible, en virtud a que la estabilidad del mismo constituye una de sus esencias principales. En consecuencia cuando se aleguen errores procedimentales cometidos por la administración pública, éstos deberán ser impugnados mediante la interposición de los recursos administrativos contemplados expresamente en la ley; esto es, dentro del proceso principal, aspecto que impide tanto al administrado como a la instancia administrativa, tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada o accesoria, al margen de los procedimientos de impugnación previstos (revocatorio o alzada y jerárquico), porque como se señaló, el mismo órgano emisor de la resolución cuestionada, por imperio legal, no está legitimado para anular su propio acto administrativo, un razonamiento contrario, infringiría el principio de seguridad jurídica en detrimento del administrado”’ (las negrillas y subrayado corresponden al texto original).
El art. 129.II de la CPE, establece: “…La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del CPCo determina: “…La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.
Sobre esa base, se pasa a citar el AC 0365/2019-RCA de 3 de diciembre, que aplicó el entendimiento desarrollado por la SCP 1347/2010 de 20 de septiembre, la cual determinó que: “Ahora bien, en cuanto al agotamiento de los medios o recursos legales sean en la vía judicial o administrativa antes de interponer el recurso de amparo constitucional, la jurisprudencia constitucional ha establecido que dichos medios o recursos deben ser los idóneos y efectivos; vale decir, aquellos que se encuentran establecidos por ley para cada situación o caso en particular, no siendo coherente acudir a un medio o recurso legal que se sabe de antemano resultará inviable, pues especialmente tratándose de decisiones judiciales, los procedimientos que rigen las diferentes materias establecen con precisión los recursos que corresponden a determinada resolución judicial, por lo que el titular del derecho no puede extraviarse acudiendo o utilizando medios o recursos que no son aptos para enervar el acto que estima lesivo, sino que más bien debe buscar una protección inmediata por vía del amparo una vez agotados los medios adecuados en la vía ordinaria. Al respecto, la citada SC 0770/2003-R, señaló que: ‘…el principio de subsidiariedad no implica la utilización de cualquier medio o recurso sino los idóneos, empero la utilización de otros que no sean los adecuados para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida que se reclama no neutraliza la protección de amparo, siempre que se hubiesen utilizado los requeridos por ley, lo que no sucede cuando ocurre lo contrario, pues la falta de utilización de los medios idóneos anula toda posibilidad de ingresar al fondo de la problemática sino también de otorgar la tutela’. La SC 0079/2007-R de 23 de febrero con mayor precisión estableció que: ‘…cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional’, criterio seguido en las SSCC 0252/2007-R, 0646/2007-R y 0687/2007-R” (las negrillas pertenecen al texto original y el subrayado fue añadido).
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad; así como, a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión y al sufragio, por cuanto las demandadas, en su calidad de miembros del Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, a través de la Resolución 2 de 8 de octubre de 2015 y el rechazo de su nulidad de 24 de junio de 2022, no establecieron ni acreditaron que fueron notificadas con la existencia de alguna resolución de inicio de proceso disciplinario, conforme dispone en aplicación supletoria el Capítulo XIV, art. 69 del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia; también a través del punto 5 de la Resolución 2, presumieron malos manejos, a partir de supuestos que se hallan en el imaginario subjetivo de las demandadas; omitieron basarse en algún artículo del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia; y, se les prohibió tener voz y voto, y poder ser elegidas. Ahora bien, una vez establecido el planteamiento del problema, corresponde su contextualización; al respecto, se constata la existencia de la Resolución 2, pronunciada por el Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio Departamental de Trabajadores de Chuquisaca, mediante la cual fueron sancionadas las accionantes y la tercera interesada a no tener voz, voto ni poder ser elegidas para algún cargo de su organización colegiada (Conclusión II.2); dicha Resolución fue puesta en conocimiento de Elva Rosario Muñoz Morales (accionante), el 29 de agosto de 2017, a través del Oficio CITE TETSCH 04/2017 de 3 de agosto, en cuyo reverso la Notaria de Fe Pública 3 de Sucre del departamento de Chuquisaca que intervino señaló que entregó esa carta y la Resolución 2 -entre otros documentos- a la nombrada la mencionada fecha (Conclusión II.3). Asimismo, se verifica el Oficio CITE TETSCH 02/2017 de 3 de agosto, del señalado Tribunal de Honor, dirigida a Ana María Sanabria Aillón de Morales; mediante la cual, se pretendía hacerle conocer la Resolución 2; para ello intervino la Notaria de Fe Pública 3 de Sucre del departamento de Chuquisaca; sin embargo, de acuerdo a la leyenda que ella efectuó, se conoce que la referida destinataria no recibió la carta ni la mencionada Resolución 2, sino solo una explicación del Oficio notariado (Conclusión II.4). Mediante misiva de 17 de mayo de 2021, de Ana María Sanabria Aillón de Morales, solicitó al Colegio Departamental de Trabajadores Sociales de Chuquisaca, certificación de registro profesional y pago de aportes (Conclusión II.5); no obstante, el referido Colegio, a través de Oficio CITE COL.-DEP.- 31/2021 de 17 de junio, señaló que no podía entregarle la indicadas certificaciones porque -entre otros aspectos- su persona no demostró interés en solucionar las observaciones que se le hicieron y se le adjuntó a esa respuesta la Resolución 2, constando su recepción el 13 de julio de 2021 (Conclusión II.6). El 7 de abril de 2022, las solicitantes de tutela impetraron al referido Tribunal de Honor, la nulidad de la Resolución 2; posteriormente, el 9 de mayo del mismo año, volvieron a solicitar dicha nulidad, porque no recibieron respuesta al primer requerimiento (Conclusión II.7). A continuación, el Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio citado, a través de memorial de 24 de junio de 2022, rechazó la citada solicitud de nulidad de la Resolución 2 (Conclusión II.8). Ahora bien, las accionantes están cuestionando tanto la mencionada Resolución 2, como la respuesta a su solicitud de nulidad de esta, que data del 24 de junio de 2022; con respecto a esta última, corresponde señalar que ella no se constituye en el resultado de la aplicación de un medio idóneo de impugnación contra la Resolución 2, porque de acuerdo al razonamiento desarrollado por la jurisprudencia referida en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el planteamiento de incidentes no son procedentes en los señalados procesos administrativos; en ese orden y en aplicación de lo referido en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual asumió el entendimiento relativo a que los medios inidóneos de impugnación no interrumpen el plazo de seis meses previsto por el principio de inmediatez, que regula el planteamiento de la acción de amparo constitucional, corresponde señalar que dicho memorial de 24 de julio de 2022, no se constituye en la ulterior decisión emitida en el proceso administrativo cuestionado por las accionantes, desde cuya notificación se pueda computar el citado plazo de seis meses para el planteamiento de esta acción tutelar; sino que, dada su falta de idoneidad, corresponde considerar como última decisión asumida en el caso de autos -al fin determinado- la Resolución 2. En ese marco, se debe tomar en cuenta que la mencionada Resolución fue de conocimiento de Elva Rosario Muñoz Morales, el 29 de agosto de 2017, a través del Oficio CITE TETSCH 04/2017 de 3 de agosto notariado, el cual si bien no contiene la firma de la referida, la Notaria de Fe Pública que intervino dio fe de que se le entregó esa carta notariada y la Resolución 2, entre otros documentos; igualmente, se debe considerar que Ana María Sanabria Aillón de Morales -también accionante- accedió a dicha Resolución 2, a través del Oficio CITE COL.-DEP.- 31/2021 de 17 de junio; con el cual, el 13 de julio de 2021, recibió la indicada Resolución; consiguientemente, desde esta última fecha señalada y desde el 29 de agosto de 2017, las impetrantes de tutela conocían la citada Resolución 2. Ahora bien, Ana María Sanabria Aillón de Morales, planteó esta demanda tutelar el 18 de agosto de 2022, cuando tenía sesenta y siete años de edad; pues, de acuerdo a su cédula de identidad 1281029 nació el 9 de marzo de 1955 (Conclusión II.1); consiguientemente, se trata de una persona de la tercera edad, por lo que no se le puede exigir el agotamiento de la vía a efectos de cumplir el con el principio de subsidiariedad; es decir, está exenta del citado cumplimiento, como lo señaló la jurisprudencia referida en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; en consecuencia, respecto de la indicada impetrante de tutela no se le puede requerir que contra la Resolución 2 haya planteado los recursos previstos por la normativa que regula el proceso administrativo seguido en su contra; sin embargo, dada dicha excepción al principio de subsidiariedad, se puede advertir que desde el 13 de julio de 2021, fecha en la que conoció la indicada Resolución 2 -que es considerado el acto vulnerador de derechos- al 18 de agosto de 2022 -cuando se planteó esta acción de tutela-, pasaron mucho más de los seis meses para plantear la mencionada demanda de acción de amparo constitucional; es decir, que no cumplió con el principio de inmediatez, señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; consiguientemente, se debe denegar la tutela respecto de la referida peticionante de tutela, por haber ingresado en una causal de improcedencia de la citada acción. En cambio, con relación a Elva Rosario Muñoz Morales -que no era de la tercera edad cuando planteó esta demanda tutelar-, esta conoció de la Resolución 2 el 29 de agosto de 2017; empero, no agotó la vía prevista en el art. 75 del Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales de Bolivia, que adjuntaron a la presente demanda las accionantes, el cual prevé: “A partir de la fecha en que haya sido puesto en conocimiento de las partes, el fallo del tribunal Departamental de ética profesional. Correrá el plazo de diez días que se concederá a la parte afectada para que solicite la revisión del mismo ante el tribunal superior de ética profesional en segunda instancia”; por consiguiente, al no ser adulta mayor, le es exigible el cumplimiento del principio de subsidiariedad previsto por el art. 129.I de la CPE y 54 del CPCo, y ante su incumplimiento, corresponde la denegatoria de la tutela, por haber ingresado en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 126/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 189 a 192 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el PhD. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0402_2024-S2.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 32e5de22f1033b93fda5d63b3595bcf845efafd6f28c9e7f1efdc80cf037035a
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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