B.IA.LEGAL

SCP 0402/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 5 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51268-2022-103-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la debida fundamentación y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, el Vocal ahora demandado mediante el Auto de Vista 122/2022 de 16 de marzo, revocó la detención preventiva ordenada mediante Auto Interlocutorio 119/2022 en favor de la imputada Elizabeth Marlene Zelada Darras, sin explicar: 1) Los motivos por los cuales consideró aplicar lo previsto por el art. 232 del CPP cuando los certificados médicos presentados no demostraban que la prenombrada se encontraba en un estado grave de salud o en la fase terminal de su enfermedad; y, 2) Respecto a la protección otorgada por el art. 232.I.4 del citado Código, que excluye la detención preventiva para personas mayores de sesenta y cinco (65) años, criterio inaplicable en la imputada puesto que al momento de su detención no cumplió con dicho requisito de edad; además, considerando la naturaleza del delito investigado, esterilización forzada, que tiene como víctima a una mujer, no se debió aplicar una protección reforzada conforme al art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 185/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 130 a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores
  2. III.2. La excepcionalidad de la detención preventiva de personas adultas mayores
  3. III.3. Sobre el principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de un enfoque interseccional
  4. III.4. Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0402/2024-S1 Sucre, 5 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51268-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 185/2022 de 15 de agosto de 2022, cursante de fs. 130 a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vannessa Marina Aguilera Santos contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de junio de 2022, cursantes de fs. 97 a 108; la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y su persona en calidad de víctima contra Elizabeth Marlene Zelada Darras por la presunta comisión del delito de esterilización forzada, presentó una denuncia que derivó en la Resolución de Imputación Formal VBMH 09/2022 de 22 de febrero emitida por el Ministerio Público. Según la denuncia en 2018, se encontraba embarazada siendo atendida por la ginecóloga Elizabeth Marlene Zelada Darras en su consultorio quien le indicó que debía realizarse una cesárea, internándose en la Clínica 6 de Agosto; así el 30 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 13:30, se le practicó la cesárea. Después de la cirugía su salud se deterioró, experimentando menstruaciones irregulares y prolongadas, acompañadas de dolor que al intentar embarazarse nuevamente, descubrió mediante un examen ecográfico que tenía una ligadura de trompas, procedimiento que nunca fue autorizado conforme lo prueba el protocolo operatorio, el formulario de consentimiento informado, y el formulario de la instrumentista quirúrgica, que menciona

“Cesárea + Salpingoclasia”. Además, el registro del anestesiólogo confirma una cesárea y una salpingoclasia, evidenciando que fue sometida a una esterilización forzada sin su consentimiento. Por otro lado, previa imputación formal, el 23 de febrero de 2022, en audiencia virtual, el Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, dictó el Auto Interlocutorio 119/2022 ordenándose la detención preventiva de Elizabeth Marlene Zelada Darras -hoy tercera interesada- por dos meses en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, argumentando la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización de la investigación considerando además que excepto en casos específicos, como personas con enfermedades terminales o mayores de sesenta y cinco (65) años, que en el caso de la imputada, ahora tercera interesada, no se cumplían, por lo que, concurrían los requisitos para ordenar la medida de ultima ratio. Posteriormente, a mérito de la apelación incidental formulada, el Vocal ahora demandado por Auto de Vista 122/2022 de 16 de marzo, señaló los siguientes fundamentos, expuestos en el Considerando III: a) "...El agravio que expone la parte apelante radican en el artículo 233 numeral 1 del Código De Procedimiento Penal la probabilidad de autoría en el que debe establecerse la probabilidad empero existe ausencia de valoración probatoria toda vez que se trata de una cirugía de ligadura de trompas por los doctores Zelada instrumentista Peña y Salazar y se ha escuchado a la víctima dice ‘doctorita no se olvide ligar las trompas’, esta aseveración no fue tomada en cuenta por el juez, no ha considerado el estado de conciencia de la víctima, no valoro documentos presentados de la víctima y del Ministerio Público como son la factura y el reembolso que muestran precisamente sobre la ligadura de la trompa..." (sic); primer agravio que versa sobre la probabilidad de autoría; b) "...Otro agravio radícula en el artículo 235 numeral 1 del Código Del Procedimiento Penal peligro de obstaculización, manifestando que también se manifiesta una incongruencia aditiva porque sostiene en la resolución apelada qué los otros coimputados dependen laboralmente de la imputada Elizabeth Marlene Zelada Darras sin embargo, son personas independientes no existe grado de dependencia evidenciando por sus declaraciones por ello existe ausencia de individualización de estos elementos de prueba y no se ha evidenciado como a destruirá los mismos, debe considerarse la Sentencia Constitucional 277/2018-S2 y la inconcurrencia sobre la valoración de estos elementos..." (sic), agravio que versa sobre el peligro de obstaculización; c) "...También otro agravio sostienen el artículo 235 numeral 2 del Código De Procedimiento Penal peligro de obstaculización mencionando al señor Fernando Miranda Vargas, sin embargo esta persona ya presentó su declaración y el juez ha mencionado al citado ciudadano además de que intimidaría a la víctima y no ha tomado en cuenta las medidas de protección que ya se adoptado y ello debe también tomarse en cuenta la Sentencia Constitucional 276/2018-S2 debe decidir sobre la prueba que no fue realizada por el juez..."(sic); agravio que versa sobre peligro de obstaculización; y, d) "…Sostiene que la ahora imputada tiene cirugías programadas como médico cirujana no se pronunció el juez sobre la salud, hizo conocer que cuenta con enfermedad que no tiene cura pero qué puede ser tratada pero no en el lugar de detención preventiva, se necesita estar con una medición constante y no se tiene atención de medicina respecto a la medicina oncológica, ella es del grupo vulnerable igualmente destaca que se considere de la Sentencia constitucional al 10/2018 sobre el adulto mayor, la proporcionalidad y el hecho qué fue del 2018 pidiendo que se considere estos elementos respecto a la situación jurídica en la que se encuentra la imputada..."(sic) cuarto agravio respecto a la salud y adulto mayor. A tal efecto, el citado Auto de Vista incurrió en una apócrifa fundamentación de los cuatro agravios identificados precedentemente manifestando: 1) No consideró la expresión vertida por su persona "…doctorita, no se olvide ligar las trompas…" (sic) , pero en el párrafo 7, el Vocal recurrido, hace una explicación y textualmente señala: "(...) Si la norma establece la probabilidad de un hecho precisamente en esta etapa investigativa es que el director funcional de las investigaciones el fiscal o la fiscal una vez que analice los indicios presentados por las partes porque en esta etapa son medios de información no prueba, adoptará obligatoriamente el principio de objetividad de acusar o sobreseer a la imputada, empero qué en una audiencia de alzada se pretenda qué se valore estos elementos que incumbe directamente al Ministerio Público en aplicación del artículo 279 del Código De Procedimiento Penal, los fiscales investigan y los jueces juzgan constituyen una actuación que es del invade competencias del Ministerio Público porque se está en una etapa investigativa se está en una probabilidad de autoría, no en certeza de autoría, probabilidad de autoría, por lo que sobre este punto nos evidencia agravio…” (sic), para luego, en la parte final indicar la expresión “‘...por lo que sobre este punto nos evidencia agravio.(sic)’, pues, ¡claro que no hay agravio...!” (sic) porque de acuerdo a lo prescrito en el tipo penal de esterilización forzada, la persona que prive a otra de su función reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e informado conlleva que el eximente sea según protocolo médico, además ésta frase es única e indivisible, porque no dice “…sin su consentimiento expreso voluntario o libre o informado…” (sic); consecuentemente, la expresión “‘doctorita no se olvide ligar las trompas…” (sic), es una expresión informal, pues nadie acude a una clínica y de manera informal, algún paciente de los muchos que hay, le solicita al médico de manera informal que: “‘doctorita no se olvide extirparme el riñón’” (sic), y el médico de manera oficiosa le realice tal extirpación; como, si se tratara de un trabajo de poca trascendencia y sin riesgo; concluyéndose que en tratamientos médicos existen protocolos que se deben cumplir, requisitos que se deben llenar y en el caso de autos, su persona debió firmar el "FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO" y el médico recién el efectuar la operación; 2) De la lectura del párrafo 8 se puede resumir y extraer que cuando menciona sobre el peligro de obstaculización y que faltarían diferentes actos investigativo pendientes y que la imputada Elizabeth Marlene Zelada Darras, destruirá, modificará y entorpecerá la averiguación de la verdad, porque los otros sindicados dependen laboralmente de ella, elemento base que estableció la concurrencia de riesgo procesal mencionado; sin embargo, en el párrafo 9 textualmente señala: "…Si este es el argumento o el fundamento más bien dicho del juez a quo, constituye un razonamiento acorde a la norma bajo las reglas de la sana crítica, ha tomado en cuenta que existe esa relación de dependencia e que en la presente audiencia se haya establecido que no existe esa relación de dependencia y por el contrario es una aseveración una argumentación del juez A quo, no acorde a la realidad empero, lo cierto y evidente es que existe coimputados y se evidencia e inclusive en la fundamentación de la parte ahora apelante qué el ciudadano Fernando Vargas ya había prestado su declaración ellos relación al artículo 235 numeral 2 del Código De Procedimiento Penal por lo que sobre este punto no se evidencia agravio... (sic)"; nuevamente el Vocal hoy accionado coloca la expresión "...sobre este punto no se evidencia agravio…", lo cual resulta claro y evidente que no hay agravio porque conforme la fundamentación del Juez de control jurisdiccional en el Auto Interlocutorio apelado, respecto al art. 235. 1 de la CPP, está debidamente respaldada; 3) En el punto dos del mismo considerando -CONSIDERANDO III- de la lectura de los párrafos 10 y 11 señala respecto al art. 235.2 del Código adjetivo penal, que Fernando Miranda Vargas podría ser influenciado directa o indirectamente a fin de que se comporte de manera reticente; pero en el párrafo 12 textualmente señala: "Precisamente la Sentencia Constitucional 276/2018-S2 establece de forma imperativa qué las autoridades jurisdiccionales no deben adoptar decisiones sobre presunciones o suposiciones sino sobre elementos objetivos y enseña está sentencia de que una autoridad al establecer como por ejemplo que influirá en testigos sin mencionar que testigos, qué distribuirá elementos de prueba, sin mencionar qué elementos de prueba, efectivamente se establece o se evidencia y se verifica un argumento sobre suposiciones empero, en la presente audiencia se indica a personas identificadas la víctima, a una persona también identificado no obsta que en esta etapa investigativa aún del Ministerio Público con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos pueda adoptar lo que le corresponda, por lo que sobre este punto de igual manera no se evidencia agravio... (sic)"; colocando nuevamente la expresión: "...sobre este punto de igual manera no se evidencia agravio.", “…será que el subconsciente se haya manifestado de forma escrita, ¿o nos está indicando el camino para anular este Auto de Vista?-…” (sic); y, 4) En el punto dos del mismo considerando -CONSIDERANDO III- en su párrafo trece del Auto de Vista 122/2022 observado se lee "Respecto a la Salud, en la resolución apelada no está que la ciudadana Elizabeth Marlene Zelada Darras tiene la edad de 62 años y dice que está padeciendo una enfermedad encontrada y es en el presente de carácter estable, lo cual dice en sus actuales condiciones el juez no permiten fundamentar un estado grave por enfermedad firma el doctor Efraín Mariscal Palle haciendo mención de un certificado médico de 8 de febrero de 2022 emitida por el doctor Gonzalo Peredo cirujano oncológico, qué criterio de la defensa este sería un elemento respaldatorio a un informe médico preliminar que si hubiera suscrito en el país de México dónde dice esta certificación qué la doctora Elizabeth Zelada fue atendida por primera vez en octubre de 2017 con un informe médico, referido con tratamiento oncológico en dicho país el informe constata que la paciente habría sido valorada en agosto del 2017 por la aparición de una mastografía de rutina de una lesión altamente sospechosa de malignidad en la glándula mamaria derecha y otra lesión en la mama izquierda el antecedente patológico de importancia de la paciente al padecer miastenia grave y también más adelante se evidencia en la resolución apelada glándula mamaria Cinemanabicolar no se entiende infiltrante hormona qué dependiente de la arteria que no se encontrarían metasis glandionares auxiliares de la glándula mamaria izquierda se reportó masto Patía fibrosa sin embargo el juez luego de conocer estos elementos sostiene tomando en cuenta lo manifestado por el doctor Efraín Mariscal Palle qué es una enfermedad encontrada en la examinada el avalúo es de carácter estable…" (sic), en seguida la fundamentación del agravio sigue en el párrafo catorce que textualmente señala: "A este efecto si el juez conoce y por ello adoptado esta decisión de que la imputada tiene problemas de salud evidenciado en el propio argumento del juez A quo, a foja 192 y el que se mencione que está estable no obstante de ellos no ha considerado sí amerita que la imputada este privada de libertad o en su defecto puede adoptarse medidas sustitutivas tomando en cuenta estos elementos que muestran la misma resolución y no solamente abocarse de qué es un avalúo de carácter estable es un argumento vago es un argumento que no condice precisamente con el propio argumento del juez incongruencia omisiva interna porque la Sentencia Constitucional No 0222/2018-S4 del 21 de mayo enseña precisamente: ‘...el derecho a la vida qué es un mecanismo de protección del derecho a la vida constituyéndose este en un derecho fundamental y primigenio que merece la atención prioritaria y pronta ante amenaza y restricciones a la que pueda ser objeto...’ [De la revisión exhaustiva de la SC 0222/2018-S4, de 21 de mayo, ESTA CITA NO EXISTE] (…), Aditamentando con lo expresado supuestamente por la Asamblea General de La Comisión De Derechos Humanos De Las Naciones Unidas sobre el derecho a la vida que en realidad es una cita de lo expresado en la SC 687/2000-R de 14 de julio y el art. 37 de la CPE; al respecto, si bien dicha normativa de carácter internacional y constitucional establecen que debe protegerse el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida, este fundamento jurídico debe concatenarse con la resolución apelada porque no toda petición del derecho a la salud puede ser viable, sino deben ser evidenciados con elementos objetivos, a efecto que no se incurra en error judicial máxime “…si en la misma resolución apelada se establece que la imputada padece de una enfermedad la cual debe ser tratada y por ello sobre este punto amerita tomar en cuenta…" (sic), luego en el párrafo 16 señala textualmente: "También se indica que la imputada es una persona adulta mayor de 62 años de edad y al efecto es evidente la enseñanza de la Sentencia Constitucional No 010/2018-S2 de 28 de febrero de 2018 que establece en forma taxativa: "...qué es importante considerar en cuanto a una persona adulta mayor qué es privada de libertad cuando la aplicación de medida cautelar de carácter personal Cómo es la detención preventiva nos encontramos dos categorías sospechosas de discriminación esto es por su edad y por su condición de privada de libertad lo notado implica entonces qué momento de laborar una ley emita una norma aplica una disposición legal que limita un derecho fundamental la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad misma buscada, si la medida limitativa restrictiva es necesaria, analiza la proporcionalidad (…) en más de las veces los abogados causídicos interpretan a su libre albedrío decisiones de una sala para que sus peticiones sean viables, cuándo de por medio existen elementos los cuales deben tomarse en cuenta, en el presente se toma en cuenta su estado de salud empero, no solamente su estado de salud sino contrastando lo que muestras resolución ahora apelada por que prevalece el ahora tomar en cuenta el derecho a la salud, cuál es la situación de salud del imputada, también la edad de la imputada por ello está sala considera tomar en cuenta tomar estos elementos sustanciales” (sic), fundamentación que no cumple doctrinalmente lo que señala sobre la interpretación de la legalidad ordinaria la jurisprudencia constitucional respecto a los cuatro agravios formulados, no da razones valederas, ni establece las violaciones a derechos fundamentales que hubiera sufrido la imputada Elizabeth Marlene Zelada Darras identificando ley vulnerada por medio de razonamientos y citas de leyes o doctrina referente al caso. Finalmente, no se consideró que la imputada -ahora tercera interesada- al momento de la audiencia de aplicación de las medidas cautelares contaba con sesenta y dos años de edad, resultando inaplicable al caso particular lo previsto por el art. 232.4 del CPP y lo preceptuado por el art. 13 inc. f) de la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013- que ordena no valerse de esa condición para vulnerar los derechos de otras personas, tampoco se juzgó con perspectiva de género que advierte la relevancia primordial de la protección de las víctimas de violencia de género en todas las etapas del proceso penal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la debida fundamentación y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto, los arts. 115, 117, 128 y 129.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela; y, en consecuencia; i) Se anule el Auto de Vista 122/2022 de 16 de marzo, quedando firme y subsistente el Auto Interlocutorio 119/2022 de 23 de febrero dictado por el Juez Tercero de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer del departamento de La Paz de consideración de medidas cautelares; y, ii) Se sancione con costas y multa al Vocal demandado por haberle causado graves daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia pública el 15 de agosto de 2022, según el acta de fs. 124 a 129, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia se ratificó in extenso en los términos de su demanda tutelar y señaló: a) Se verifica una consideración errónea del certificado médico presentado por la imputada -ahora tercera interesada- que fue emitido de manera escueta y sin suficiente fundamento realizándose una forzada interpretación de que encontraba en un estado de salud grave o debilitado, conforme a lo previsto en el art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que dicha norma establece que la detención preventiva no procede en casos de personas con enfermedad terminal, debidamente certificadas, lo cual no aplica en el caso particular, como referencia se presentó la Sentencia de Avocación 001/2022 de 31 de marzo, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual unifica la interpretación sobre lo que constituye una enfermedad terminal que es aquella que, conforme a criterios científicos y medios terapéuticos, no puede interrumpirse y lleva al deceso del paciente en un periodo aproximado de doce meses sin que la imputada presente alguna enfermedad con tales características; y, b) El Vocal demandado mencionó que la imputada, con 62 años, estaría protegida por el art. 232.1.4 del CPP, que establece la improcedencia de la detención preventiva para personas mayores de 65 años; sin embargo, este criterio no se aplica a la imputada, quien aún no cumple con el requisito de edad y sobre la consideración de la pena y el tipo de delito resulta relevante destacar que el delito investigado, esterilización forzada, tiene como víctima a una mujer, lo cual requiere una protección reforzada conforme al art. 232.III.2 del señalado Código, que excluye la improcedencia de la detención preventiva en delitos contra la vida, integridad y libertad sexual de mujeres y otros grupos vulnerables; por lo que, se debió aplicar el Protocolo de Perspectiva de Género.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mediante informe escrito cursante a fs. 122 y vta. manifestó que el Auto de Vista observado se encuentra debidamente fundamentado al sustentar el estado de salud de la imputada, debiéndose considerar que el derecho a la vida es un derecho primario que está conformado también por otros elementos como la integridad física y la salud habiendo circunscrito los agravios formulados conforme lo establece el art. 398 del CPP, en contraste con la resolución apelada y la ley, cumpliendo la congruencia entre estos elementos y la resolución.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Elizabeth Marlene Zelada Darras, a través de su abogado, en audiencia señaló: 1) La accionante no asistió a la audiencia de apelación que dio lugar al Auto de Vista 122/2022 ahora observado; por lo que, para que proceda el amparo constitucional es necesario agotar los recursos ordinarios disponibles, incumpliéndose el principio de subsidiariedad, y no puede reclamar la tutela judicial efectiva si no agotó las instancias previas; 2) Asimismo, se debe considerar que presentó y luego retiró un incidente que cuestionaba la notificación realizada en el proceso penal, incumpliendo las condiciones que exige el amparo constitucional -protección efectiva y daño irreparable-; además, no fundamenta su alegato sobre la "debida motivación" ni especifica qué prueba fue omitida o mal valorada, lo que hace insuficiente su argumento sobre una lesión a sus derechos; y, 3) La tutela judicial efectiva es un derecho subjetivo que la accionante no ejerció al omitir su participación en las instancias previas. Por otro lado, mi cliente, con más de 60 años y problemas graves de salud, debería ser considerado bajo el enfoque de derechos diferenciados de acuerdo con la Ley 369 y la Convención de Belem do Pará, la falta de consideración de estos elementos de edad y salud refuerza la improcedencia de la acción de amparo constitucional.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 185/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 130 a 133 vta., denegó la tutela bajo los siguientes fundamentos: i) El 22 de febrero de 2022, la parte accionante presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que resultó en el pronunciamiento de la imputación formal 09/2022 en contra de Elizabeth Marlene Zelada Darras por la supuesta comisión del delito de esterilización forzada, causa que fue derivada al Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer cuyo titular pronunció el Auto Interlocutorio 119/2022, ordenando la detención preventiva de la imputada por dos meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz; sin embargo, tras un recurso de Apelación interpuesto por la defensa de la imputada, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, mediante Auto de Vista 122/2022 de 16 de marzo, concede la cesación de la detención preventiva, sustituida por detención domiciliaria bajo condiciones; ii) La parte accionante reclamó que dicha resolución no cumplió con el análisis de los requisitos previstos en el art. 232.3 y 4 del CPP ni respondió adecuadamente a los agravios principales, respecto a la probabilidad de autoría y el peligro de obstaculización previsto en el art. 232.2 del CPP, menos presentó un análisis correcto respecto a la situación de salud de la imputada y su presunta incumpliéndose con la interpretación de legalidad ordinaria establecida por la SCP 1009/2019-S4 de 27 de noviembre, lo cual vulneraba el derecho a la salud y generaba inseguridad jurídica; puesto que no se cumplieron con las condiciones para otorgar la cesación de detención en casos de enfermedad terminal que, de acuerdo a los criterios médicos, es aquella que no puede ser interrumpida o revertida, y que llevaría al deceso del paciente en un plazo aproximado de doce meses; bajo esa comprensión, el beneficio de la detención domiciliaria no está destinado para atenciones médicas temporales, sino para permitir que una persona con un inminente deceso pueda pasar sus últimos días en un ambiente domiciliario, en respeto a su dignidad; iii) Respecto a la condición de adulto mayor, se consideró que la edad de la imputada era de sesenta y dos años al momento de su detención preventiva, no habiéndose evaluado que la acción penal por el delito de esterilización forzada tiene una pena de doce años, y la norma dispone que la detención preventiva es improcedente para personas mayores de sesenta y cinco años en delitos de menor gravedad, lo cual no aplica en este caso; y, iv) El 18 de marzo de 2022, la parte accionante interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juzgado de control jurisdiccional con el argumento de que la audiencia de apelación fue llevada a cabo sin la debida notificación; sin embargo, el 20 de julio de 2022, este mismo sujeto procesal presentó un memorial desistiendo de este incidente, lo cual implica que aceptó tácitamente el fallo de apelación, y por tanto, podría considerarse como un consentimiento de los actos procesales anteriores. La acción de amparo constitucional que ahora se solicita, por tanto, busca revertir una decisión previamente aceptada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Vista 122/2022 de 16 de marzo y su complementario, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, declaró admisible el recurso planteado por Elizabeth Marlene Zelada Darras -hoy tercera interesada- y procedente en parte los fundamentos expuestos manteniendo los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 235.1 y 2 del CPP; sin embargo, en aplicación del art. 231 bis de la citada norma procesal penal concedió la cesación a la detención preventiva de la ahora imputada imponiéndole medidas cautelares personales como la detención domiciliaria con derecho al trabajo y otros bajo los siguientes fundamentos: a) Con relación a la concurrencia de la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del CPP señaló que es el Ministerio Público, como director funcional de la investigación, quien debe analizar objetivamente los indicios presentados por las partes para luego adoptar obligatoriamente el principio de objetividad y proceder a presentar una acusación o sobreseer a la imputada; por lo que la pretensión, que el Tribunal de alzada valore los elementos de convicción presentados para demostrar la probabilidad de autoría contraviene lo dispuesto por el art. 279 del CPP ya que invade la facultad del Ministerio Público; b) Respecto al art. 235.1 del CPP, en la resolución apelada, el Juez a quo considera que la imputada, Elizabeth Marlene Zelada Darras -hoy tercera interesada, podría influir en la investigación y entorpecer la averiguación de los hechos debido a su relación laboral con otros coimputados y su cercanía con el lugar de los hechos, razonamiento que sigue las reglas de la sana crítica, al observar que dicha relación de dependencia con otros implicados podría afectar la integridad de la investigación; por lo tanto, no se evidencia un agravio en este punto; c) Sobre el riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, el Juez de control jurisdiccional mencionó que Fernando Miranda Vargas, coimputado y en libertad, podría ser presionado para que actúe de manera reticente en sus declaraciones; además, podría existir una influencia intimidatoria sobre la víctima, por lo que, con fundamento en la SCP 0276/2018-S2 establece que los jueces no deben basarse en suposiciones, sino en elementos objetivos, la citada autoridad jurisdiccional identificó claramente a las personas afectadas, lo cual permite concluir que no existió agravio en este punto; d) Respecto a la salud de la imputada Elizabeth Marlene Zelada Darras, la resolución apelada omite señalar que ella tiene 62 años y que presenta una enfermedad cancerígena; según el Auto Interlocutorio apelado se considera que esta enfermedad se encuentra en un “estado estable”, basándose en un informe firmado por el médico Efraín Mariscal Palle, quien hace referencia a un certificado médico emitido el 8 de febrero de 2022 por el cirujano oncológico Gonzalo Peredo que se presentó como un respaldo a un informe médico preliminar suscrito en México, en el cual se indica que la imputada fue atendida por primera vez en octubre de 2017, y se detalla que en 2007 se le detectó, mediante mastografía de rutina, una lesión altamente sospechosa de malignidad en la glándula mamaria derecha y otra en la mama izquierda; asimismo, el informe menciona que la paciente padece de miastenia grave y otros antecedentes clínicos significativos; por otra parte, en cuanto a la valoración médica, se indica que, si bien existen lesiones sospechosas, no se encontró evidencia de metástasis en los ganglios de la mama izquierda, reportándose en su lugar mastopatía fibrosa, no obstante, el Juez a quo sostiene que, de acuerdo dichos antecedentes, la enfermedad de Elizabeth Marlene Zelada Darras se encuentra en un “estado estable”; y, e) A este respecto, si la citada autoridad jurisdiccional reconoció los problemas de salud de la imputada -tal como consta en el propio razonamiento del juez en el folio 192- el hecho de que su estado sea calificado como “estable” no es suficiente para fundamentar la decisión de mantenerla privada de libertad sino más bien plantea la posibilidad de considerar medidas sustitutivas, tomando en cuenta los elementos médicos que se presentan en la resolución y no limitándose únicamente al criterio de “estado estable”; argumento que resulta vago y no es coherente con los propios razonamientos expuestos por el juez, lo que constituye una omisión y falta de congruencia interna; por lo que, dado que tanto los instrumentos internacionales, como la jurisprudencia constitucional y la normativa nacional, establecen la protección prioritaria del derecho a la salud y la vida (fs. 17 a 21 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la debida fundamentación y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, el Vocal ahora demandado mediante el Auto de Vista 122/2022 de 16 de marzo, revocó la detención preventiva ordenada mediante Auto Interlocutorio 119/2022 en favor de la imputada Elizabeth Marlene Zelada Darras, sin explicar: 1) Los motivos por los cuales consideró aplicar lo previsto por el art. 232 del CPP cuando los certificados médicos presentados no demostraban que la prenombrada se encontraba en un estado grave de salud o en la fase terminal de su enfermedad; y, 2) Respecto a la protección otorgada por el art. 232.I.4 del citado Código, que excluye la detención preventiva para personas mayores de sesenta y cinco (65) años, criterio inaplicable en la imputada puesto que al momento de su detención no cumplió con dicho requisito de edad; además, considerando la naturaleza del delito investigado, esterilización forzada, que tiene como víctima a una mujer, no se debió aplicar una protección reforzada conforme al art. 232.III.2 del CPP. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores; ii) La excepcionalidad de la detención preventiva de personas adultas mayores; iii) Sobre el principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de un enfoque interseccional; iv) Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores; y, v) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores

La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, toda las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”.

Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere:

Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala:

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas no corresponden).

En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de este Instrumento Internacional, que en su texto indica:

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos (Las negrillas son nuestras).

En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, La Ley General de las Personas Adultas Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:

1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores”.

2. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (…).

De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en todas sus formas.

A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.

Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:

…La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante `acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado ( las negrillas fueron añadidas).

Reiterando dicho entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los 1El FJ III.4. señala: “Los derechos de los adultos mayores se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención dadas las circunstancias que ubican a este grupo de personas en una situación de desventaja frente al resto de la población, por cuanto la edad provoca en ellas una serie de limitaciones físicas, psicológicas, y económicas, de donde su resguardo tiene como objeto otorgarles una mejor calidad de vida.

Es comprensible el trato preferente y especial, del que deben ser objeto los ancianos, dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. 2El FJ III.4, indica: “Bajo esa lógica, el orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el art. 67 de la Norma fundamental, señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales; además de ello, el Estado boliviano ha dotado de una serie de medidas e instrumentos legales con miras a una protección real de este grupo en situación de vulnerabilidad; esa afirmación encuentra sustento, en la emisión de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección (art. 1), siendo titulares de los derechos en ella expresados las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano (art. 2).

Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, se encuentran recogidos asimismo, en instrumentos internacionales, concretamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus arts. 2, 22, y 25; así como dentro de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, en sus numerales 12 y 17, en los que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener: `…acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial.

III.2. La excepcionalidad de la detención preventiva de personas adultas mayores

La vulnerabilidad de las personas adultas mayores en la temática que se desarrolla -detención preventiva-; merece un análisis desde un enfoque interseccional o discriminación múltiple, que se constituye en una perspectiva de análisis útil para identificar las situaciones y requerimientos de los grupos vulnerables, la complejidad y la diversidad de las fuentes que generan la discriminación de los mismos; este enfoque se introdujo en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos como un criterio de interpretación sobre la violencia contra las mujeres; empero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ampliaron su aplicación al análisis de la discriminación de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por su parte, respecto a la discriminación múltiple o compuesta, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sostiene que: “Algunos individuos o grupos sufren discriminación por más de uno de los motivos prohibidos…”; y que, “Esa discriminación acumulativa afecta a las personas de manera especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para combatirla. Para que sea posible considerar una discriminación como “múltiple”, es necesario que existan varios factores la motiven; en el caso concreto de personas adultas mayores, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, define la autonomía, protección y cuidado´; y, a: `…poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales´”. 3La Corte IDH por primera vez utiliza el concepto de “interseccionalidad de la discriminación” en el caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador -Sentencia de 1 de Septiembre de 2015 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-; en los siguientes términos:

“290. La Corte nota que en el caso Talía confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona viviendo con VIH. La discriminación que vivió Talía no sólo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. En efecto, la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud que no fue de calidad y que, por el contrario, generó el contagio con VIH. La situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna. Posteriormente, en tanto niña con VIH, los obstáculos que sufrió Talía en el acceso a la educación tuvieron un impacto negativo para su desarrollo integral, que es también un impacto diferenciado teniendo en cuenta el rol de la educación para superar los estereotipos de género. Como niña con VIH necesitaba mayor apoyo del Estado para impulsar su proyecto de vida. Como mujer, Talía ha señalado los dilemas que siente en torno a la maternidad futura y su interacción en relaciones de pareja, y ha hecho visible que no ha contado con consejería adecuada. En suma, el caso de Talía ilustra que la estigmatización relacionada con el VIH no impacta en forma homogénea a todas las personas y que resultan más graves los impactos en los grupos que de por sí son marginados.

291. Teniendo en cuenta todo lo anterior, este Tribunal concluye que Talía Gonzales Lluy sufrió una discriminación derivada de su condición de persona con VIH, niña, mujer, y viviendo en condición de pobreza. Por todo lo anterior, la Corte considera que el Estado ecuatoriano violó el derecho a la educación contenido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Talía Gonzales Lluy” (las negrillas son nuestras). 4CDESC. Observación General No 20, E/C.12/GC/20 de 2 de julio de 2009, párr. 17.

discriminación múltiple como “…Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación”. En este sentido, es importante considerar que cuando una persona adulta mayor es privada de libertad mediante la aplicación de una medida cautelar de carácter personal como es la detención preventiva, nos encontramos ante dos categorías sospechosas de discriminación, esto es por su edad y por su condición de privada de libertad; lo cual podría derivar en una discriminación múltiple al configurarse el carácter compuesto en las causas de la discriminación; y bajo este contexto es indudable que la vulnerabilidad de las personas adultas mayores se agrava; razón que determina que se asuman determinadas acciones para evitarlo.

III.3. Sobre el principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de un enfoque interseccional

El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no sólo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes Órganos del poder público y las instituciones del Estado deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental; sino también, como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese sentido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional.

El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales.

Lo anotado implica entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: 1) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; 2) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si acaso, existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. La Corte IDH, señala de forma categórica que la detención preventiva se encuentra limitada por el principio de proporcionalidad, pues esta medida debe tener un equilibrio o correspondencia con el fin procesal que busca, esto supone una relación de correspondencia, en cuanto a la magnitud o grado, entre el medio usado -prisión- y el fin buscado; en efecto, en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, estableció claramente que no es suficiente que la detención preventiva esté amparada en la ley para su aplicación; pues se requiere además, que el juzgador realice un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. En ese sentido, la CIDH, refiere: “cuando los tribunales recurren a la detención preventiva sin considerar la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas, en atención a la naturaleza de los hechos que se investigan, la prisión preventiva deviene en desproporcionada” .

En ese sentido, la Corte IDH en la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 sobre Fondo, Reparaciones y Costas dispuesta dentro del Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia, reiterando el entendimiento emitido en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, estableció que la aplicación de medidas cautelares, en particular la privación de libertad, debía ser proporcional, estableciendo los siguientes criterios:

147. Por el contrario, resulta además necesario que, en el momento de la decisión, las autoridades judiciales justifiquen: a) que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención, esto es, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, b) la necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y c) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ese modo, a la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver. El Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, en relación con la Sentencia de la Corte IDH, en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, de 21 de noviembre de 2007, sostuvo:

7. En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, debieran ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes a un verdadero régimen impugnativo (independencia, eficacia y celeridad); h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severa de aquéllas: la privación cautelar de la libertad.

En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, estableciendo que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código: “…sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” (las negrillas nos corresponden). En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: “Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación”.

Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas –tanto personales como reales- establece que su aplicación será excepcional y que: “Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste” (las negrillas son agregadas); introduciendo en este punto el principio de favorabilidad, que en materia penal tiene rango constitucional, previsto en el art. 116.I de la CPE. Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: i) Con carácter excepcional; ii) Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de aplicación de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; iii) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; iv) Deben ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación; y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente; y, v) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable. A lo anotado, se suma que en los casos de medidas cautelares, en especial la detención preventiva, aplicables a personas adultas mayores, en el marco de las normas internacionales e internas señaladas en el anterior punto, debe tomarse en cuenta su especial situación de vulnerabilidad; y por ende, el análisis de la necesidad de la medida a ser aplicable, deberá ser interpretada restrictivamente, considerando en todo momento su dignidad y considerando que la detención preventiva es la última medida que puede ser impuesta, conforme al mandato convencional -explicado en los anteriores Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional-, estableciendo que corresponde a los Estados promover medidas alternativas a la privación de libertad; igualmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, deberán considerarse todas las consecuencias que la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de sus condiciones de vulnerabilidad.

III.4. Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores

Considerando los criterios antes anotados; y en especial, la obligación estatal de generar enfoques específicos para considerar las situaciones de discriminación múltiple, referidas en los Fundamentos Jurídicos desarrollados precedentemente, las autoridades judiciales en la consideración de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva para una persona adulta mayor, deben efectuar: a) Una valoración integral de la prueba con carácter reforzado; y, b) Un análisis de la aplicación de la medida cautelar a partir del principio de proporcionalidad, en el que se analicen las particulares condiciones de las personas adultas mayores.

En cuanto a la valoración de la prueba con carácter reforzado, la autoridad judicial está compelida a:

a.1) Analizar todos los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada, esto es en función al contexto y realidad social del adulto mayor, tomando en cuenta sus limitaciones y afectaciones propias de su edad, principalmente precautelando su salud e integridad física; de ahí que la tarea intelectiva en la compulsa de elementos aportados por las partes procesales que pretendan acreditar o desvirtuar posibles riesgos procesales, deben ser valorados de forma amplia, favorable y no restrictiva o perjudicial, evitando formalismos y exigencias de imposible cumplimiento para las personas adultas mayores, pues en su mayoría se encuentran enfermas, laboralmente inactivas, sin patrimonio y muchas veces sin un entorno familiar; circunstancias últimas que de ninguna manera, pueden servir de fundamento en una resolución para acreditar o mantener subsistentes riesgos procesales; pues de hacerlo se incurriría en una falta evidente de razonabilidad y equidad por parte de la autoridad; y, a.2) Analizar los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en el art. 233.2 del CPP, efectuando exigencias mínimas respecto a las circunstancias descritas en dicha norma, en especial las contenidas en el art. 234 del CPP.

Respecto al análisis de la medida cautelar a partir del principio o test de proporcionalidad, la autoridad judicial debe analizar:

b.1) Si la detención preventiva es idónea o adecuada para la finalidad buscada con dicha medida; es decir, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, b.2) Si la detención preventiva es necesaria o existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida, considerando la especial situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores; y por ende, interpretando la necesidad de la medida de manera restrictiva, tomando en cuenta en todo momento su dignidad y el mandato convencional que promueve la adopción de medidas cautelares diferentes a las que impliquen privación de libertad; y, b.3) La proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en analizar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; debiendo considerarse todas las consecuencias que la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores.

III.5. Análisis del caso concreto

Conforme los antecedentes procesales descritos en Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y del minucioso análisis del Auto de Vista 122/2022, dictado por la autoridad demandada, que ahora es impugnado en la presente acción de defensa, se advierte que el mismo dispuso la revocatoria de la detención preventiva de Elizabeth Marlene Zelada Darras -hoy tercera interesada-, considerando existentes la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del CPP y los presupuestos de obstaculización establecidos en el art. 235. 1 y 2 de la citada norma procesal; sin embargo, observó que el Juez a quo en la resolución apelada no valoró que la prenombrada imputada tenía sesenta y dos años de edad y si bien analizó las certificaciones médicas que acreditaban que sufre una enfermedad cancerígena concluyó que su salud se encontraba “estable”, criterio insuficiente para justificar su privación de libertad que omite una valoración adecuada de los hechos conforme a la jurisprudencia constitucional y el bloque de constitucionalidad que protege el derecho a la vida vinculado al de la salud ante cualquier amenaza o restricción. Ahora bien, identificados los razonamientos que sustentan el Auto de Vista impugnado se evidencia que este contiene un juicio de proporcionalidad a partir de los elementos anotados en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que se resumen en la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de detención preventiva adoptada en contra de la imputada Elizabeth Marlene Zelada Darras. En ese orden, correspondía que las autoridad demandada, fundamente y motive: i) Si la continuidad de la medida cautelar adoptada contra el accionante -que es limitativa del derecho a la libertad- era idónea o adecuada para alcanzar la finalidad perseguida por la misma; es decir, para asegurar la presencia del imputado en el proceso; ii) Si existe la necesidad de mantener la medida de detención preventiva del impetrante de tutela para asegurar la finalidad que se persigue, o de lo contrario, si es una medida extrema que sacrifica innecesaria y excesivamente el ejercicio de su derecho a la libertad, así como otros derechos conexos, máxime si el imputado es persona adulta mayor con delicado estado de salud; razones por las cuales, los Vocales demandados estaban obligados a analizar, si en el caso, la medida de detención preventiva era “absolutamente indispensable” para conseguir el fin deseado o si éste, atendiendo la agravación a los derechos del imputado que se encuentra en una situación de vulnerabilidad por su situación de adulto mayor, podía ser conseguido a través de la aplicación de medidas sustitutivas, más aún si el mandato contenido en el art. 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, conforme se ha visto, promueve la adopción de medidas cautelares diferentes a las que impliquen privación de libertad; siendo una obligación de los Estados a través de todos sus órganos e instituciones, adoptar enfoques específicos en relación con las personas adultas mayores, más aún si padecen de discriminación múltiple; y, iii) Si existe una proporcionalidad en sentido estricto, analizando si la restricción al derecho a la libertad no resulta desmedida frente a las ventajas que se obtienen con dicha restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; considerando las consecuencias que la aplicación de la detención preventiva y la agravación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores, no solo respecto a su derecho a la libertad física o personal, sino también a otros derechos que podrían verse afectados; analizando en el caso concreto, la situación de salud del imputado y la existencia de informes que recomiendan la internación del imputado; así como su entorno familiar y social, entre otros aspectos. Bajo dicho marco, para responder a los reclamos formulados por la peticionante de tutela, se realizará un análisis de cada argumento presentado en relación con los fundamentos expuestos en el Auto de Vista 122/2022, destacando si los razonamientos brindados por el Vocal ahora demandado respetan los derechos a la debida fundamentación y a la tutela judicial efectiva que la parte accionante considera vulnerados. En ese entendido, la peticionante de tutela cuestiona la aplicación del art. 232 del CPP por el Vocal demandado, señalando que los certificados médicos presentados no justificaban que la imputada Elizabeth Marlene Zelada Darras se encontrara en un estado grave de salud o en fase terminal. Sin embargo, en la resolución de alzada, el Vocal evaluó los elementos en relación con la salud de la imputada, estableciendo que, pese a que el diagnóstico indicaba que la condición era “estable”, el estado de salud y el diagnóstico de una enfermedad de tipo oncológico justificaban un enfoque precautorio.

Además, se destacó que la imputada -hoy tercera interesada- requería atención médica regular y especializada que, dadas las limitaciones de un recinto penitenciario, podría verse comprometida. Esta valoración respalda el criterio adoptado, dado que, conforme al bloque de constitucionalidad y a la normativa nacional e internacional, el Estado debe garantizar el derecho a la salud y a la vida de personas en situación de vulnerabilidad, en particular cuando se trata de adultos mayores y personas con enfermedades graves. Por otra parte, respecto a que el beneficio de exclusión de la detención preventiva para personas mayores de sesenta y cinco años previsto en el art. 232.I.4 del CPP no es aplicable en este caso, ya que la imputada -hoy tercera interesada- tenía solo sesenta y dos años al momento de su detención conforme lo determina el art. No obstante, el Auto de Vista impugnado fundamenta la decisión a partir de una protección reforzada basada en la condición de salud de la imputada y el mandato de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que promueve medidas alternativas a la detención para adultos mayores en situación de vulnerabilidad; así la edad de la imputada y su condición médica fueron considerados en su conjunto bajo el principio de proporcionalidad conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional que se orienta a asegurar la vida y salud de la imputada -hoy tercera interesada- sin afectar la finalidad de la medida cautelar. De este modo, se concluye que la autoridad jurisdiccional de alzada hoy demandada aplicó un criterio de proporcionalidad basado en un enfoque de derechos y situación de vulnerabilidad, en el cual se examinó si la detención preventiva era la medida más adecuada y menos restrictiva, valorando alternativas menos gravosas, como las medidas sustitutivas, enfoque cumple con los estándares de protección reforzada para personas con condiciones de salud delicadas y adultos mayores, permitiendo que el Estado cumpla con la obligación de respetar y proteger los derechos a la salud y a la vida, especialmente en situaciones de doble vulnerabilidad -edad avanzada y enfermedades graves-. De esta forma, el razonamiento del Vocal se alinea con el bloque de constitucionalidad y la normativa de protección de derechos humanos, concluyendo que la medida alternativa es proporcional y garantiza el objetivo de no afectar los derechos fundamentales de la imputada -hoy tercera interesada- más de lo necesario. A tal efecto, el Auto de Vista en análisis permite comprender que el razonamiento brindado por el Vocal accionado no es arbitrario ni vulneratorio a los derechos invocados, sino que está debidamente fundamentado en la normativa y jurisprudencia aplicables.

En específico, se verificó que el Vocal valoró de forma integral la situación de salud de la imputada y sus posibles repercusiones bajo la medida de detención preventiva, determinando que la privación de libertad no resultaba idónea ni necesaria para cumplir los fines cautelares sin afectar derechos conexos de la imputada. Además, consideró que la medida de detención preventiva en estas circunstancias generaría un impacto desproporcionado en los derechos de la imputada, en comparación con las ventajas de su aplicación. Por lo tanto, la fundamentación en el Auto de Vista responde a los reclamos de la peticionante, en la medida en que justifica la decisión de aplicar una medida sustitutiva en lugar de la detención preventiva y cumple con los parámetros de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. En consecuencia, se infiere que los fundamentos del Auto de Vista 122/2022, impugnado en la presente acción de amparo constitucional, no son arbitrarios ni vulneran los derechos a la debida fundamentación ni a la tutela judicial efectiva de la accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela. Por lo expuesto, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 185/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 130 a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.

5 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, artículo 2.

6 CIDH. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.46/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 162. 7Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf

8 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0402_2024-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 199e6b9ad31af68a3dea8ddd347e1a670f067b0f41d2f2fec2309a9edceb33ab

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