Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral, a la “seguridad jurídica”, al debido proceso; y, a la inamovilidad laboral; así como, al principio de primacía de la realidad; puesto que, en el proceso de reincorporación laboral que interpuso contra la entidad ahora tercera interesada, en la etapa de apelación, mediante Auto de Vista 644/2021 de 20 de septiembre, se revocó totalmente la Sentencia 4/2021 de 23 de marzo, declarando probada la misma y determinando su reincorporación laboral; además, del pago de sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación laboral; sin embargo, recurrido en casación dicho Auto de Vista por esa entidad, mereció el AS 176 de 26 de abril de 2022, que fue emitido por los entonces Magistrados hoy accionados, quienes dejaron firme y subsistente la referida Sentencia, sin efectuar una labor intelectiva de su caso, ni revisar minuciosamente el expediente, basándose únicamente en el recurso de casación interpuesto por la entidad ahora tercera interesada y la prueba del pago de finiquito que presentaron, obviando valorar las pruebas de cargo ofrecidas por su persona, que hubiesen permitido determinar su reincorporación laboral al ser contratado por catorce años; en los que, realizó tareas propias y permanentes de dicha entidad; asimismo, tampoco valoraron que en ese expediente existía documentación que acreditaba que tiene una hija de siete años de edad, que padece de una condición delicada a consecuencia de un quiste en su cabeza. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los he…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0048/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 104 a 107, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0400/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54840-2023-110-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0048/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 104 a 107, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gonzalo Ulloa Bonifaz contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
El accionante, por memoriales presentados el 13 y 25 de enero de 2023, cursantes de fs. 36 a 43; y, 49 a 50 vta., manifestó lo siguiente:
El 28 de febrero de 2020, inició la demanda de reincorporación laboral contra la Compañía Eléctrica Sucre Sociedad Anónima (CESSA) -ahora tercera interesada-; en la que, trabajó durante catorce años a través de contratos a plazo fijo; por lo que, le correspondía ser contratado de manera indefinida de acuerdo a la Ley General del Trabajo; sin embargo, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Cuarta de la Capital de Chuquisaca, por Sentencia 4/2021 de 23 de marzo, que fue citada el 1 de abril de 2021, declaró improbada dicha demanda, con el fundamento de que hubiese optado por el pago de beneficios sociales; decisión contra la cual interpuso recurso de apelación, emitiendo los Vocales de Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, de manera justa y legal el Auto de Vista 644/2021 de 20 de septiembre, mediante el cual revocaron totalmente la indicada Sentencia, declarando probada su demanda de reincorporación laboral, más el pago de sueldos devengados desde el “día” de su ilegal destitución. El 19 de noviembre de 2021, la entidad hoy tercera interesada interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 644/2021, el cual fue resuelto por los entonces Magistrados ahora accionados, quienes luego de un análisis totalmente equivocado, que no corresponde a la realidad de los hechos, emitieron el Auto Supremo (AS) 176 de 26 de abril de 2022; por el cual, resolvieron casar el mencionado Auto de Vista, manteniendo firme y subsistente la Sentencia 4/2021, considerando únicamente lo expuesto por la entidad hoy tercera interesada, sin ingresar a un análisis exhaustivo de su causa de cuáles fueron los hechos que alegó y las pruebas que presentó para acreditar que correspondía su reincorporación a su fuente laboral; empero, los entonces Magistrados ahora accionados señalaron que su persona optó por el cobro de sus beneficios sociales basándose en el finiquito y el comprobante de depósito por la suma de Bs3 143,42.- (tres mil ciento cuarenta y tres 42/100 bolivianos) sin efectuar una correcta valoración de la prueba; ya que, debieron contrastarla con su Estado de Cuenta de Fondo de Capitalización Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que les hubiese permitido percatarse que ese finiquito no correspondía a la realidad de los hechos; puesto que, responde a un periodo de trabajo de diez meses y ocho días, cuando en su cuenta tiene acreditado aportes continuos de las gestiones 2018, 2019 y otras a partir del 2009, existiendo incluso aportes cuando trabajó para la indicada entidad a través de una empresa terciaria denominada “LUCURBS”. El AS 176 de 26 de abril de 2022, vulneró el principio de primacía de la realidad previsto por el art. 4.I.d) del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, debiendo tomarse en cuenta lo que verdaderamente sucedió en la realidad, sin importar la autonomía de la voluntad debiendo primar la realidad sobre la relación contractual; con base a dicho principio el art. 5 del referido Decreto Supremo, señala que cualquier forma de contrato, civil o comercial que pretenda encubrir la relación laboral no surtirá los efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente, concordante con el art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE); principio que no fue aplicado por los entonces Magistrados hoy accionados; puesto que, de haber sido de esa manera hubiesen determinado que la entidad hoy tercera interesada, no le pagó beneficios sociales de acuerdo al tiempo real en el que prestó su trabajo durante catorce años, y si bien estampó su firma fue porque Recursos Humanos (RR.HH.) le indicó que se trataría de una formalidad y como todas las gestiones sólo descansaría uno o dos meses y se le volvería a llamar; por lo que, el finiquito y el depósito fueron hechos unilateralmente por la indicada entidad, pretendiendo seguir evadiendo cumplir con sus derechos laborales; asimismo, no se le consideró que tiene una hija de siete años de edad que padece de una condición delicada a consecuencia de un quiste en su cabeza que le impide su desarrollo normal.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral, a la “seguridad jurídica”, al debido proceso; y, a la inamovilidad laboral; así como, al principio de primacía de la realidad; citando al efecto los arts. 46.I, 48.II, 49.III, 77 y 115.II de la CPE.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) Se deje sin efecto el AS 176 de 26 de abril de 2022, y se emita uno nuevo declarando improcedente el recurso de casación interpuesto por la entidad ahora tercera interesada; debiendo mantenerse firme el Auto de Vista 644/2021 de 20 de septiembre, que dispuso su inmediata reincorporación laboral a CESSA, al cargo que ocupaba; y, b) El pago de sus salarios devengados, conforme a la realidad de los hechos.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 94 a 103, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Esteban Miranda Terán, entonces Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 7 de marzo de 2023, cursante de fs. 81 a 89, manifestó que: 1) De la revisión de la acción de amparo constitucional se evidencia el incumplimiento de los requisitos previstos por el art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al no establecerse la relación de los hechos y su nexo con los derechos o garantías alegados como vulnerados, no siendo suficiente realizar un relato de los desacuerdos con el AS 176 de 26 de abril de 2022, confundiendo la acción de defensa con una instancia casacional o recursiva ordinaria; 2) De la lectura y análisis del citado Auto Supremo, se verifica que en ningún momento existió falta de valoración de la prueba, al mencionarse normas y doctrina aplicable al caso, desarrollando una fundamentación adecuada y congruente con la debida valoración de la prueba aportada al proceso de reincorporación laboral, refiriendo las razones por las que se casó el Auto de Vista 644/2021, manteniendo firme y subsistente la Sentencia 4/2021, que declaró improbada esa demanda; 3) El mencionado Auto Supremo de manera amplia y clara estableció que de acuerdo a los antecedentes de dicho proceso, lo alegado por la entidad hoy tercera interesada fue cierto conforme a la documental cursante en el expediente; ya que, lo acusado tenía asidero legal, pronunciándose con relación a la procedencia o no de la reincorporación del trabajador demandante -accionante-; 4) No se vulneró el principio al debido proceso previsto por el art.
115.II de la CPE, al derivar el caso de un proceso laboral en el que se aplicó la ley de manera correcta en cuanto a la procedencia o no de la reincorporación laboral, desestimando sus pretensiones por optarse con el cobro de los beneficios sociales que le excluye acceder a la reincorporación laboral; además, se evidenció que el accionante posteriormente a recibir de manera conforme sus beneficios sociales, inició la demanda laboral de reincorporación laboral; es decir, de forma posterior a expresar voluntariamente su desistimiento a la reincorporación laboral manifestado con el cobro de sus beneficios sociales; y, 5) En el proceso de reincorporación laboral el juzgador tiene plena libertad en la apreciación de la prueba sobre el cuerpo probatorio dentro del marco de los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo los principios que orientan el derecho laboral, siempre y cuando estén adecuados a derecho y a la verdad material, no siendo por ello evidente los reclamos presentados en la acción tutelar, que de acuerdo a su naturaleza no debería ser considerada como una instancia ordinaria más. José Antonio Revilla Martínez, entonces Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 56.
Luis Marcelo Pablo Miranda Zelada, Gerente General a.i. de la Compañía Eléctrica Sucre Sociedad Anónima (CESSA), a través de su representante legal, en audiencia manifestó que: i) Los entonces Magistrados ahora accionados emitieron el AS 176 de 26 de abril de 2022, de manera correcta y con base en un análisis cabal y concreto sobre la valoración de la prueba presentada por esta entidad, respecto a lo establecido por el art. 10.II del DS 28699, al señalar que el accionante optó por el cobro de sus beneficios sociales de acuerdo a la documental presentada el 7 de marzo de 2023, lo cual le excluye de ser reincorporado a su fuente laboral; ii) Con relación a los contratos supuestamente suscritos por catorce años, del Estado de Cuenta de Fondo de Capitalización Individual de las AFP, se puede evidenciar la existencia de una ruptura de la relación laboral y si bien el accionante trabajó para esta entidad; empero, también realizó otros trabajos para otras empresas terciarizadas y externas de la nuestra; y, iii) Las pruebas no pueden ser valoradas en la jurisdicción constitucional; ya que, esa labor es privativa de la jurisdicción ordinaria conforme a la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, pudiendo solamente evaluarse los marcos de razonabilidad o ausencia de pronunciamiento, y en el caso del accionante su reclamo se subsume a una nueva valoración; en ese sentido, no existe vulneración a sus derechos, al obrar los entonces Magistrados hoy accionados con una debida fundamentación y congruencia.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 0048/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 104 a 107, concedió la tutela solicitada; disponiendo se deje sin efecto el AS 176 de 26 de abril de 2022, y que los Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitan uno nuevo observando los principios rectores del derecho laboral y de protección -del trabajador- realizando un análisis integral y razonable de los elementos aportados; bajo los siguientes fundamentos: a) De los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal se tiene las planillas del Estado de Cuenta de Fondo de Capitalización Individual de la AFP BBVA Previsión, que evidencian que el accionante trabajó desde agosto de 2009 hasta diciembre de 2012, presentándose luego un corte de tres años aproximadamente, transcurso en el que trabajó en otras entidades, retornando a trabajar a CESSA en marzo de 2016 hasta noviembre de 2019; se tiene igualmente un formulario de finiquito que consigna como tiempo de servicios para el cálculo de diez años y ocho meses con una remuneración mensual de Bs2 644.-(Dos mil seiscientos cuarenta y cuatro bolivianos); empero, se constata que el cálculo efectuado sería en realidad por diez meses y ocho días, dando un total de Bs3 143,43 (Tres mil ciento cuarenta y tres 43/100 bolivianos) por concepto de finiquito en favor del accionante con el sello del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; constando igualmente la Liquidación de Beneficios Sociales por cumplimiento de contrato a plazo fijo de 31 de diciembre de 2019, por ese tiempo y monto; b) El motivo del recurso de casación que dio lugar a la emisión del AS 176 de 26 de abril de 2022, versa sobre una errónea valoración de la prueba, debiendo ser ese el marco en el que debía desarrollarse “…el juicio de casación…” (sic), correspondiendo a los entonces Magistrados ahora accionados verificar ese error en el que hubiese incurrido el Tribunal de alzada, debiendo explicar en qué consistió el error denunciado siendo que a partir de ello se abre su competencia para casar una determinación; c) De la revisión del citado Auto Supremo, se tiene que los referidos Magistrados dieron por entendido ese error respecto al cobro del finiquito, enfocándose en un solo elemento de prueba y sin efectuar un análisis integral, asumieron una decisión que resulta irrazonable; puesto que, los elementos que acompañan a ese finiquito otorgan otra información, los que no fueron considerados en su integridad y bajo los principios que rige el derecho laboral, como el principio de proteccionismo por parte del Estado, de primacía de la realidad e inversión de la carga de la prueba, concluyen en una decisión irrazonable que no condice con los valores de una justicia material; y, d) Del análisis meticuloso del pago del finiquito efectuado, se evidencia que en el caso concreto no existen contratos escritos; además, que el pago del finiquito fue realizado por la ultima gestión trabajada, y que los indicados Magistrados consideraron como cancelado el finiquito, sin tomar en cuenta que dicho documento únicamente calculó el pago de diez meses y ocho días, tampoco consideraron de la misma manera el Estado de Cuenta de Fondo de Capitalización Individual de las AFP que da cuenta que el accionante trabajó en CESSA en dos gestiones, desde 2009 al 2012 y 2016 al 2019; por lo que, no existe ningún documento que acredite el cobro del finiquito de manera íntegra por los años de servicio prestados, aspectos que a pesar de ser de conocimiento de los entonces Magistrados hoy accionados, no fueron considerados en su real dimensión, asumiendo con base al finiquito de solamente el 31 de diciembre de 2019, que el accionante realizó un cobro efectivo de sus beneficios sociales, llegando a concluir que optó por ese cobro, evidenciándose que los citados Magistrados no valoraron de manera correcta los antecedentes que hacen al proceso de reincorporación laboral a efectos de fundamentar y motivar su resolución. En vía de aclaración, complementación y enmienda la entidad ahora tercera interesada, por memorial presentado el 27 de abril de 2023, cursante de fs. 117 a 118, pidió a la Sala Constitucional se aclare la Resolución 0048/2023; bajo los siguiente fundamentos: 1) Se omitió en su integridad la exposición efectuada por esta entidad en la audiencia de acción de defensa, infringiendo el art. 36.4 del CPCo; 2) No se valoró correctamente la prueba, fallando en contraposición de lo establecido por el art. 10.II del DS 28699; así como, la Ley General del Trabajo; 3) Con relación a los catorce años de trabajo existió una interrupción de más de tres meses que la Ley General del Trabajo establece, y en el caso existieron entre más de dos, tres y cuatro años, lo cual fue acreditado por el Estado de Cuenta de Fondo de Capitalización Individual de las AFP; asimismo, se aclaró en audiencia de la acción de defensa, que por cada contrato fenecido esta entidad cancela los beneficios sociales, no pudiendo efectivizarse una doble cancelación de beneficios; 4) Respecto al último contrato del accionante, este cumplió diez meses y ocho días de trabajo, realizando el cobro de los mismos; razón por la que, los entonces Magistrados ahora accionados efectuaron una valoración real y legal de lo establecido en el DS 28699; y, 5) En el Formulario de Finiquito de 31 de diciembre de 2019, se encuentra claramente establecido que fueron diez meses y ocho días; por lo que, existe mala apreciación de la prueba, con lo que se estaría vulnerando el derecho de esta entidad, siendo “lamentable” la forma de proceder del accionante, quien hizo incurrir en error al manifestar que trabajó catorce años y que no se le cancelaron sus beneficios sociales de ese tiempo. En merito a esa solicitud, la Sala Constitucional por Auto interlocutorio de 3 de mayo de 2023, cursante a fs. 119, determinó no ha lugar a la solicitud de complementación, aclaración y enmienda, señalando que no sería evidente lo manifestado en el memorial presentado el 27 de abril de 2023; ya que, la Resolución 0048/2023 con meridiana claridad estableció las razones y los motivos por los cuales procedió de esa manera.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SC-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 4/2021 de 23 de marzo, emitida por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Cuarta de la Capital de Chuquisaca; en la cual, se declaró improbada la demanda de reincorporación laboral; presentada por Gonzalo Ulloa Bonifaz -hoy accionante- contra la Compañía Eléctrica Sucre Sociedad Anónima CESSA -ahora tercera interesada- (fs. 17 a 26 vta.). II.2. Consta Auto de Vista 644/2021 de 20 de septiembre, emitido por los Vocales de Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; en el que, se revocó totalmente la Sentencia 04/2021, declarando probada la demanda de reincorporación laboral, más el pago de sueldos devengados desde el día de su ilegal destitución hasta su reintegración, averiguable en ejecución de fallos del demandante -accionante-, al mismo cargo que fungía el día de su destitución (fs. 7 a 9). II.3. Por memorial presentado el 19 de noviembre de 2021, ante los Vocales de Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; la entidad hoy tercera interesada interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 644/2021, solicitando se case el mismo deliberando en el fondo, se revoque y mantenga incólume la Sentencia 4/2021 (fs. 9 vta. a 15 vta.). II.4. Cursa AS 176 de 26 de abril de 2022, emitido por José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-; en el que, se casó el Auto de Vista 644/2021, deliberando en el fondo manteniendo firme y subsistente la Sentencia 4/2021 (fs. 3 a 6). II.5. Consta Formulario de Finiquito de 31 de diciembre de 2019, por la suma de Bs3 143,42.- (tres mil ciento cuarenta y tres 42/100 bolivianos), suscrito por el accionante, el Gerente general y el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; además, visado el 16 de enero de 2020, por la indicada Jefatura Departamental de Trabajo (fs. 60 y vta.). II.6. Consta Liquidación de Beneficios Sociales, por cumplimiento de contrato a plazo fijo de 31 de diciembre de 2019, firmado por el accionante con los siguientes datos para la liquidación: fecha de ingreso 21 de febrero de ese año, fecha de conclusión 31 de diciembre de igual año, tiempo de servicio diez meses y ocho días, prima de utilidades total de Bs3 143,42 (fs. 68); asimismo, cursa Planilla de Orden de Pago 25 de 10 de enero de 2020, emitida por la entidad ahora tercera interesada; en la que, se consigna el pago de beneficios sociales a personal eventual, a contrato plazo fijo y otros; encontrándose la firma del accionante (fs. 64 a 66).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral, a la “seguridad jurídica”, al debido proceso; y, a la inamovilidad laboral; así como, al principio de primacía de la realidad; puesto que, en el proceso de reincorporación laboral que interpuso contra la entidad ahora tercera interesada, en la etapa de apelación, mediante Auto de Vista 644/2021 de 20 de septiembre, se revocó totalmente la Sentencia 4/2021 de 23 de marzo, declarando probada la misma y determinando su reincorporación laboral; además, del pago de sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación laboral; sin embargo, recurrido en casación dicho Auto de Vista por esa entidad, mereció el AS 176 de 26 de abril de 2022, que fue emitido por los entonces Magistrados hoy accionados, quienes dejaron firme y subsistente la referida Sentencia, sin efectuar una labor intelectiva de su caso, ni revisar minuciosamente el expediente, basándose únicamente en el recurso de casación interpuesto por la entidad ahora tercera interesada y la prueba del pago de finiquito que presentaron, obviando valorar las pruebas de cargo ofrecidas por su persona, que hubiesen permitido determinar su reincorporación laboral al ser contratado por catorce años; en los que, realizó tareas propias y permanentes de dicha entidad; asimismo, tampoco valoraron que en ese expediente existía documentación que acreditaba que tiene una hija de siete años de edad, que padece de una condición delicada a consecuencia de un quiste en su cabeza. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; ii) La improcedencia de la reincorporación laboral cuando el trabajador o la trabajadora optó por el cobro de finiquito; y, iii) Análisis de caso concreto.
La SCP 0454/2021-S1 de 16 de septiembre, señala que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba, cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.
En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, (...), señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.
A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Este entendimiento también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0014/2018-S2 y 0025/2018-S2, ambas de 28 de febrero” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
La SCP 0694/2022-S3 de 27 de junio, citando a la SCP 0507/2016-S3 de 3 de mayo, establece que: «“La naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, señala que este medio de defensa tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, sea contra actos ilegales u omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir; empero, en los casos vinculados a los despidos injustificados e intempestivos, cuando el trabajador cesado, solicita su reincorporación habiendo optado previamente por el cobro de sus beneficios sociales, incurre en una pretensión que no puede ser amparada por la justicia constitucional; toda vez que, al haber optado por el pago de sus beneficios, se tiene que tácitamente se encuentra de acuerdo con su desvinculación laboral. En ese sentido, la SCP 1096/2012 de 5 de septiembre, luego de analizar el art. 10.I del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, estableció que: ‘…si la trabajadora o el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales, se entiende que está de acuerdo con su desvinculación laboral; en cuyo supuesto, para ser coherente con su exigencia no puede al mismo tiempo solicitar su reincorporación. De ahí que si el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales (los cobra o consiente en su pago) no es procedente la acción de amparo constitucional, quedándole la vía administrativa conciliadora (art. 105 de la LGT) y en caso de controversia la vía ordinaria judicial laboral, porque ante una eventual controversia que se suscite entre el trabajador y el empleador respecto al pago de los beneficios sociales (monto u otro tipo de conflicto), esta problemática no puede ser resuelta por la justicia constitucional, debido al amplio debate y valoración de prueba que requiere, siendo la vía idónea la jurisdicción laboral’” » (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral, a la “seguridad jurídica”, al debido proceso; y, a la inamovilidad laboral; así como, al principio de primacía de la realidad; puesto que, en el proceso de reincorporación laboral que interpuso contra la entidad ahora tercera interesada, en la etapa de apelación, mediante Auto de Vista 644/2021 de 20 de septiembre, se revocó totalmente la Sentencia 4/2021 de 23 de marzo, declarando probada la misma y determinando su reincorporación laboral; además, del pago de sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación laboral; sin embargo, recurrido en casación dicho Auto de Vista por esa entidad, mereció el AS 176 de 26 de abril de 2022, que fue emitido por los entonces Magistrados hoy accionados, quienes dejaron firme y subsistente la indicada Sentencia, sin efectuar una labor intelectiva de su caso, ni revisar minuciosamente el expediente, basándose únicamente en el recurso de casación interpuesto por la entidad ahora tercera interesada y la prueba del pago de finiquito que presentaron, obviando valorar las pruebas de cargo ofrecidas por su persona, que hubiesen permitido determinar su reincorporación laboral al ser contratado por catorce años; en los que, realizó tareas propias y permanentes de dicha entidad; asimismo, tampoco valoraron que en ese expediente existía documentación que acreditaba que tiene una hija de siete años de edad, que padece de una condición delicada a consecuencia de un quiste en su cabeza.
A efectos de resolver la problemática planteada, de la revisión de los antecedentes se evidencia que en el proceso de reincorporación laboral seguido por el accionante contra la entidad ahora tercera interesada, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Cuarta de la Capital de Chuquisaca, a través de la Sentencia 4/2021, declaró improbada esa demanda (Conclusión II.1.); por lo que, el accionante interpuso recurso de apelación que mereció el Auto de Vista 644/2021, emitido por los Vocales de Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; en el que, se revocó totalmente dicha Sentencia, declarando probada la demanda de reincorporación laboral, más el pago de sueldos devengados desde el día de su ilegal destitución hasta su reintegración, averiguable en ejecución de fallos del demandante -accionante-, al mismo cargo que fungía el día de su destitución (Conclusión II.2.). Contra el Auto de Vista 644/2021, por memorial presentado el 19 de noviembre de 2021, la entidad ahora tercera interesada interpuso recurso de casación (Conclusión II.3.), el mismo que fue resuelto por los entonces Magistrados ahora accionados, quienes mediante AS 176 de 26 de abril de 2022, casaron el citado Auto de Vista, deliberando en el fondo determinado mantener firme y subsistente la Sentencia 4/2021 que declaró improbada la demanda de reincorporación laboral presentada por el accionante (Conclusión II.4.). Tomando en consideración que la acción de amparo constitucional fue instituida para garantizar la protección de los derechos de toda persona sea natural o jurídica, reconocidos por la Norma Fundamental ante una eventual restricción, supresión o amenaza de restricción o supresión de éstos, es que la parte accionante de manera clara debe identificar cuáles son esos derechos y su implicancia con los hechos denunciados en la acción de defensa, no pudiendo la jurisdicción constitucional suplir cualquier falencia que se pueda identificar al momento de plantear el problema jurídico en la acción tutelar; bajo ese criterio, en el caso de análisis se tiene que el accionante alegó la vulneración de sus derechos a un trabajo digno, a la estabilidad laboral, a la “seguridad jurídica”, al debido proceso; y, a la inamovilidad laboral; así como, al principio de primacía de la realidad; empero, cuestionando el AS 176 de 26 de abril de 2022, al señalar que los ex Magistrados ahora accionados no hubiesen realizado una labor intelectiva, ni revisado minuciosamente el expediente; ya que, el análisis que efectuaron estaría basado únicamente en la prueba aportada por la entidad ahora tercera interesada, en el proceso relacionado al pago de beneficios sociales. En ese contexto, se advierte que lo cuestionado por el accionante se encuentra circunscrito a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de falta de valoración de la prueba de cargo que ofreció; puesto que, alegó que si se procedía a dicha valoración se hubiese permitido determinar su reincorporación laboral; ya que, fue contratado por catorce años realizando tareas propias y permanentes en CESSA; además, tampoco se hubiese examinado la documentación existente en el proceso de reincorporación laboral que ponía en evidencia que tiene una hija menor de edad con problemas de salud. En ese sentido, si bien de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la revisión de la valoración de la prueba constituye una actividad propia de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, -administrativa o judicial-, es posible que dicha revisión sea factible a través de la acción de amparo constitucional, cuando las instancias ordinarias demandadas prescindan ilegalmente considerar las pruebas de manera parcial o totalmente; así también, si se basaron en una prueba inexistente para llegar a una conclusión o si las autoridades accionadas se alejaron de los contextos de legalidad, de razonabilidad y de equidad; presupuestos que en el caso concreto no concurren; puesto que, la lógica de los ex Magistrados hoy accionados estuvo dirigida a la existencia del cobro de un finiquito en favor del accionante por la suma de Bs3 143,42, por cumplimiento de contrato a plazo fijo de 31 de diciembre de 2019, el cual fue firmado y suscrito por el nombrado; así como, a la Planilla de Orden de Pago 25 de 10 de enero de 2020, emitida por la entidad hoy tercera interesada; todo ello, por concepto del pago de beneficios sociales que fue depositado en la cuenta personal del accionante en el Banco de Crédito de Bolivia (BCP); llegando a concluir en cumplimiento del principio de la inversión de la prueba, que el nombrado eligió cobrar sus beneficios sociales, y que la prueba documental del Formulario de Finiquito de 31 de diciembre de 2019, cursante a (fs. 58), es suficiente y tiene todo el valor legal que otorga el art. 159 del Código Procesal civil (CPC), para determinar que existió una manifestación expresa de la voluntad del trabajador de cobrar sus beneficios sociales, excluyendo la posibilidad de su reincorporación laboral.
En ese marco, no es evidente que los ex Magistrados ahora accionados prescindieron de valorar los antecedentes del proceso de reincorporación laboral, tampoco es cierto que existió en el caso un alejamiento o ausencia de razonabilidad y equidad, que implique que otorgaron un valor diferente a los medios probatorios desconociendo el principio de verdad material, siendo por ello inconsistente lo aseverado por el accionante, impidiendo a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar si la valoración de las pruebas efectuadas por los ex Magistrados hoy accionados a momento de emitir el AS 176 de 26 de abril de 2022, se encuentra dentro de lo razonable o no. Por un lado, cabe señalar que si bien en el AS 176 de 26 de abril de 2022, se hizo referencia a la contestación del recurso de casación efectuada por el accionante; empero, se indicó que solamente se hubiese referido a “…que, el recurrente incumple los requisitos exigidos por el art. 274-3) del CPC al no haber planteado en términos claros y precisos la ley o leyes infringidas, correspondiendo su rechazo in límine” (sic); del cual se puede advertir que el accionante no expuso en dicha contestación lo reclamado en la acción de amparo constitucional, especialmente lo relacionado a la salud de su hija menor de edad; así como, respecto al tiempo de la liquidación de su finiquito; impidiendo que los ex Magistrados ahora accionados puedan pronunciarse al respecto. Por otro lado, igualmente se evidencia que además de no haberse cumplido con los presupuestos para que la jurisdicción constitucional a través de la acción de defensa pueda ingresar a revisar la valoración de la prueba efectuada por los ex Magistrados hoy accionados al momento de pronunciar el AS 176 de 26 de abril de 2022, cuestionado de ilegal y vulneratorio a los derechos del accionante, existen hechos controvertidos que de igual modo impiden realizar un análisis de lo cuestionado por el accionante; ya que, alegó que la entidad ahora tercera interesada no le pagó beneficios sociales conforme al tiempo real que prestó su trabajo en esa entidad, el cual -conforme señaló el accionante- hubiese sido por más de catorce años y no solamente por diez meses y ocho días, como se describe en el Formulario de Finiquito de 31 de diciembre de 2019; y la entidad hoy tercera interesada, por su parte, sostiene que el pago del finiquito sería solamente por el citado tiempo; puesto que, a la conclusión de un contrato a plazo fijo y eventual proceden con el pago de los beneficios sociales a todo el personal a contrato y eventual; por lo que, existe al respecto la duda sobre si el accionante a la conclusión de cada contrato celebrado con la referida entidad, cobró sus beneficios sociales para ser posteriormente nuevamente recontratado o cual sería su situación con relación a todo el tiempo en el que trabajó en la misma, o si es correcto el cálculo realizado en el mencionado Formulario de Finiquito por la suma de Bs3 143,42.-,el cual fue suscrito por el accionante, el Gerente general y el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; además, visado el 16 de enero de 2020, por la indicada Jefatura Departamental de Trabajo; así como, si la Liquidación de Beneficios Sociales, por cumplimiento de contrato a plazo fijo de 31 de diciembre de 2019, firmado por el accionante con los siguientes datos para la liquidación: fecha de ingreso 21 de febrero de ese año, fecha de conclusión 31 de diciembre de igual año, tiempo de servicio diez meses y ocho días, prima de utilidades total de Bs3 143,42; asimismo, la Planilla de Orden de Pago 25 de 10 de enero de 2020, emitida por la entidad ahora tercera interesada; en la que, se consigna el pago de beneficios sociales a personal eventual, a contrato plazo fijo y otros; encontrándose la firma del accionante (Conclusión II.5. y II.6.); los cuales serian correctos y reflejarían la realidad de la situación jurídica y laboral del accionante; aspectos que no pueden ser dilucidados a través de esta acción de defensa, al no ser una vía para esclarecer hechos o para reconocer derechos que se encuentran en controversia; así también, no analiza este tipo de circunstancias. Por lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada con relación a todos los puntos demandados en la presente acción tutelar, al no ser evidente que los ex Magistrados hoy accionados obraron de manera ilegal sobre la denuncia de falta de valoración de la prueba como elemento del derecho al debido proceso, al momento de pronunciar el AS 176 de 26 de abril de 2022; por lo que, no corresponde igualmente efectuar análisis alguno respecto a la supuesta vulneración de los derechos al trabajo y a la estabilidad e inamovilidad laboral; así como, en cuanto a los principios de seguridad jurídica y primacía de la realidad, al constatarse que lo ahora denunciado por el accionante, no fue alegado en el memorial de contestación al recurso de casación; ya que, existen derechos controvertidos que no pueden ser reconocidos por la jurisdicción constitucional a través de esta acción de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0048/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 104 a 107, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0400_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 173c81ce3a382a9b23af43a525e020f309dc432b777bec65c0e42b1705b0cc04
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