Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 5 de mayo de 2025
Concede la tutela
El solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la petición, a la estabilidad e inamovilidad laboral como persona con discapacidad y padre progenitor de un hijo en gestación, a la vida y la salud, en razón a que la autoridad hoy demandada: i) Le hizo entrega del Memorándum GAMP/MAE/ 001/2022 de 27 de diciembre, determinó su destitución del cargo de ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO del GAM de Pojo, sin instaurarle un proceso interno previo a objeto de que este pudiera defenderse de los hechos de los que se le acusa, tomando en cuenta su condición de persona con discapacidad física en un 53% y progenitor de un hijo en gestación; y, ii) No dio respuesta a sus solicitudes efectuadas al 28 de diciembre de 2028, respecto a la otorgación de fotocopias legalizadas del Reglamento Interno de Personal y Manual de Funciones del GAM de Pojo y proceda a la reincorporación a su fuente laboral. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Excepción al principio de subsidiariedad ante despidos intempestivos. Grupos vulnerables; b) Protección constitucional reforzada de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad; c) El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; d) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, e) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 002/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 138 a 154, pronunciada por el Juez Público en lo Civil y Comercial, Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Totora del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Memorándum GAMP/MAE/ 001/2022 de 27 de diciembre, y que el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo del departamento de Cochabamba, proceda a la reincorporación inmediata del accionante en el mismo cargo que ocupaba al momento de su desvinculación laboral, con el mismo nivel salarial, sea en el plazo máximo de cinco días a partir de su notificación con esta sentencia; así como al pago de los salarios devengados al nombrado, desde su despido hasta el día de su reincorporación, más los demás derechos sociales y asignaciones familiares que le puedan corresponder.
b) La autoridad demandada de una respuesta pronta e inmediata respecto a la solicitud de fotocopias legalizadas del Reglamento Interno de Personal y Manual de Funciones del GAM de Pojo, sea conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0399/2025-S1 Sucre, 5 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54605-2023-110-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 002/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 138 a 154, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Moisés Miranda Guzmán contra Cesar Coria Castellón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Pojo del departamento de Cochabamba.
El accionante por memorial presentado el 27 de marzo de 2023, cursante de fs. 39 a 45 vta., expreso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que, desde el 9 de agosto de 2019, venía desempeñando funciones de RESPONSABLE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO en instalaciones del GAM de Pojo; sin embargo, en diciembre de dicho año fue despedido de forma arbitraria, a pesar de su condición de discapacidad, cargo al que fue restituido como consecuencia de una anterior acción de amparo constitucional. El 3 de mayo de 2021, mediante Memorándum GAMP/MAE/ 002/2021, el actual Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo, le ratificó en el cargo de ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO, cargo que desempeño con responsabilidad y dedicación; sin embargo, al interior del referido GAM de Pojo, se fueron consolidando grupos de funcionarios serviles al poder, que realizaban eventos sociales después del horario de trabajo, actividades en las que su persona no podía participar por su condición física, motivo por el cual le empezaron a llegar Memorandos de llamadas de atención con sanción de descuentos en varias oportunidades, existiendo rumores de que iba a ser desvinculado de la institución. El 27 de diciembre de 2022, se le notificó con el Memorándum GRMP/MAE/ 001/2022 de destitución de su cargo, con el argumento de que su persona hubiera cometido ciertos actos fuera de horario y en día sábado, ordenándole la entrega de activos fijos. Ante dicha determinación, mediante nota de 28 de diciembre de 2022, solicito su reincorporación a su fuente laboral, por considerar haberse vulnerado sus derechos al debido proceso y estabilidad laboral, por su condición de persona vulnerable y por tener una esposa en estado de gestación, y al no existir una respuesta al respecto, se le vulneró su derecho a la petición. Posteriormente se enteró que por exigir sus derechos, Cesar Coria Castellón, Alcalde del GAM de Pojo -ahora demandado- le inició un proceso penal por hechos inventados, con imputación formal, atribuyéndole la comisión de los delitos de uso de bienes del Estado; a pesar que su persona no se encontraba en estado de ebriedad como indica la denuncia, tomando en cuenta además que su persona no es responsable de activos fijos y almacenes y que no tiene acceso a la llave ni a los vehículos de la institución. En el marco de la cultura de paz, acudió al Ministerio de Trabajo, solicitando su intermediación para su reincorporación a la institución municipal; sin embargo, dicha entidad de forma parcializada, luego de desarrollada la audiencia, rechazó su solicitud, con el argumento de que su persona cometió una falta, sin considerar que para su destitución el GAM de Pojo, no observó el procedimiento establecido, al no iniciarle un proceso administrativo interno, vulnerando sus derechos como persona con discapacidad y su condición de progenitor de un hijo en gestación. La autoridad demandada, vulneró su derecho al debido proceso al haberle desvinculado de la institución municipal sin previo proceso administrativo interno, conforme lo establece el art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamental (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y Decreto Reglamentario 23318-A y el Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo Municipal, que establecen, que la responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público, la cual se determinará en un proceso interno, pudiendo la autoridad competente, según la gravedad de la falta, aplicar las sanciones de multa, suspensión o destitución. De acuerdo al art. 17 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, el Régimen Disciplinario define el tratamiento de situaciones que contravienen el Estatuto y el Ordenamiento Jurídico Administrativo y las normas que regulan conducta funcionaria de cada entidad. Así el art. 43.I del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo, en relación a las infracciones y sanciones disciplinarias refiere en su inc. c) las sanciones severas, son aquellas que se aplican como resultado de situaciones flagrantes o extremas emergentes de un proceso interno. Asimismo, los arts. 49 y 52 del referido Reglamento, establecen causales referenciales para el inicio de proceso interno. Se transgredió su derecho a la petición al no recibir respuesta respecto a su solicitud de reincorporación laboral de 28 de diciembre de 2023 y fotocopias legalizadas del Reglamento Interno, así como la solicitud de que se deje sin efecto el Memorándum de agradecimiento de servicios de 10 de enero de 2023, a pesar de los varios intentos de obtener una respuesta al respecto. Además, su derecho al trabajo como persona con discapacidad y a la estabilidad como padre progenitor al haberlo despedido de su fuente laboral sin justificativo alguno.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la petición, a la estabilidad e inamovilidad laboral como persona con discapacidad y padre progenitor de un hijo en gestación, a la vida y la salud, citando al efecto los arts. 24, 40.VI, 46.I, 49.III, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) La inmediata restitución a su fuente laboral como encargado de servicios de limpieza, Sereno y Portero del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo; b) El pago de sueldos devengados de enero, febrero “incluso hasta la fecha de la gestión 2023” (sic); y, c) Pago del Régimen de Asignaciones Familiares, desde el nacimiento de su hijo hasta sus doce meses de vida.
Celebrada la audiencia pública el 29 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 135 a 137, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido de su demanda de acción de amparo constitucional y ampliándolo indico que; 1) El Memorándum de agradecimiento de servicios le fue entregado el día sábado 24 de diciembre de 2024, cuando el Gobierno Autónomo Municipal de Pojo solo trabaja de lunes a viernes; y, 2) La autoridad municipal -ahora demandada-tenía conocimiento que su persona tenía una incapacidad del 53%. Con el derecho a la réplica, a través de su abogado, en audiencia, manifestó que la autoridad ahora demandada, lesionó su derecho a la vida a la salud, debido a que no se le instauró un proceso administrativo; a pesar que, el propio Reglamento interno de la entidad municipal lo prevé.
Cesar Coria Castellón, Alcalde del GAM de Pojo del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 88 a 92 y en audiencia, a través de su abogado manifestó lo siguiente: i) Moisés Miranda Guzmán -ahora impetrante de tutela- fue destituido de su cargo al no cumplir con sus tareas laborales, además de demostrar grados de irresponsabilidad que afectaron el normal desenvolvimiento de la parte administrativa del GAM de Pojo; ii) Por efecto de las faltas de respeto a las autoridades jerárquicas y el abandono de su puesto de trabajo, se le hizo entrega de varios Memorándum de llamadas de atención al dejar sin resguardo las instalaciones y los muebles del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo; iii) En el marco del respeto a las personas con discapacidad, el 25 de octubre de 2022, se realizó una reunión reflexiva sobre sus funciones de Encargado de Servicios de Limpieza, Sereno y Portero, además que mediante Instructivo G.A.M.P/S.G./ 010/2022 de 29 de julio de 2022, se le hizo conocer las funciones que debía cumplir el hoy impetrante de tutela a los fines de precautelar y garantizar la seguridad, de los muebles, equipos, maquinaria, herramientas del GAM de Pojo, así como la obligación de efectuar la limpieza y aseo de los ambientes, referencias que fueron omitidas por el hoy accionante; iv) El 15 de agosto de 2022, el Secretario General del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo, elevo el Informe G.A.M.P./S.G./ 39/2022 de 15 de agosto, haciendo conocer a su persona, que el ahora solicitante de tutela, había abandonado las instalaciones de la entidad municipal, los días 11 y 14 ambos de agosto de 2022, inclusive extraviando las llaves del acceso principal del edificio municipal; v) El 27 de diciembre de 2022, se emitió Memorándum de destitución laboral al ahora impetrante de tutela, debido a que el 23 de diciembre de 2022, aprovechando que tenía acceso a los vehículos por el cargo que ocupaba, sacó del garaje un vehículo tipo “NOAH” de propiedad del GAM de Pojo, para uso personal conduciéndolo en estado de ebriedad, y sorprendido en dicha actividad, se le pidió que descanse y guarde el vehículo; sin embargo, horas más tarde volvió a sacar sin permiso el indicado vehículo, para nuevamente conducir en estado de ebriedad, hecho que fue verificado por el Secretario General del GAM de Pojo y el Policía de Turno de la referida Localidad, en dicha oportunidad, el ahora accionante suscribió un acta reconociendo dicha falta grave y retirándose del puesto de trabajo de forma voluntaria; vi) El 30 de diciembre de 2022, presento denuncia formal ante el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, proceso penal que en la actualidad se encuentra con imputación formal, por lo que considera que su destitución se encuentra debidamente justificada; vii) El 30 de septiembre de 2022, se promulgo la Ley 1648 referida al procedimiento especial para la restitución de derechos laborales, facultando al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a emitir resoluciones de restitución de derechos laborales, los que constituyen actos administrativos de alcance particular, debido a ello, el ahora accionante accedió a un proceso idóneo, veraz y único, en la Jefatura Departamental del Trabajo, en cuyo desarrollo se respetó el debido proceso administrativo que concluyo con el rechazo de solicitud de reincorporación del ahora accionante al haberse demostrado que incumplió sus actividades laborales y cometió delitos que pusieron en riesgo los bienes del Estado, razones suficientes para efectivizar el despido inmediato del ahora accionante; y, viii) El ahora accionante nunca presentó un certificado de matrimonio para acreditar que tenía esposa o un reconocimiento ad vientre de un hijo en gestación. En base a estos argumentos, solicitó se deniegue la tutela solicitada por considerar la existencia de flagrancia en la comisión del delito de uso indebido de bienes del Estado. Con el derecho a la duplica, en audiencia a través de su abogado y de forma personal señalo que: a) El ahora accionante incumplió con la normativa y cometió un delito, motivo suficiente para su destitución, conducta que el Estado no puede permitir aun sean personas con discapacidad; y, b) El día sábado 24 de diciembre de 2022, a horas once al accionante se le quito las llaves de la institución en presencia de la policía y el compromiso de retirarse y presentar de forma voluntaria su carta de renuncia al haber sido sorprendido manejando en estado de ebriedad uno de los vehículos del GAM de Pojo.
El Juez Público en lo Civil y Comercial, Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Totora del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 002/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 138 a 154, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: 1) Los derechos de las personas con discapacidad se encuentran ampliamente reconocidos y precautelados tanto por la Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico interno y normas supranacionales con relación al ámbito laboral de los mismos, y tanto en el sector público como privado, gozan de inamovilidad y estabilidad laboral, excepto por las causales establecidas por Ley, debido a que solo puede producirse el despido, destitución o desvinculación en el ámbito de un debido proceso; 2) El demandante de tutela acudió al Ministerio de Trabajo como mecanismo de defensa, oportunidad en la que autoridad demandada asistió a la audiencia para presentar sus pruebas de descargos; 3) No se tiene acreditado que el despido y destitución del ahora accionante sea el resultado del desarrollo integro de un proceso en todas sus fases e instancias en los cuales se haya probado y demostrado que la causa se configura y constituye en una justa causa de despido, destitución o desvinculación laboral como resultado de un previo debido proceso disciplinario interno; 4) Conforme a la prueba presentada por la autoridad demandada, se evidencia la notificación al ahora impetrante de tutela con diversas llamadas de atención por las faltas cometidas como funcionario municipal, además de habérsele encontrado en flagrancia conduciendo un vehículo de propiedad del GAM de Pojo en reiteradas oportunidades en estado de ebriedad, lo que dio lugar al memorándum de despido en función de lo dispuesto en el Reglamento Interno de dicha entidad municipal, lo que lleva a inferir que no se vulneró el debido proceso y los derechos y garantías denunciado, ya que el ahora accionante, fue despedido en cumplimiento al Reglamento Interno; y, 5) Si bien la Constitución Política del Estado protege el derecho al trabajo, a la inamovilidad, a la salud; sin embargo, en el caso presente el ahora accionante ya fue tutelado por otra acción de amparo constitucional sobre el mismo hecho, lo que determina la improcedencia de la presente acción tutelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Carnet de Discapacidad perteneciente Moisés Miranda Guzmán -ahora accionante-, emitido por Karem Vidal Justiniano, Responsable de la Unidad de Discapacidad del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, que acredita una discapacidad física motora de un 53% (fs. 4). II.2. Por Memorándum GAMP/MAE/ 002/2021 de 3 de mayo, Cesar Coria Castellón, Alcalde del GAM de Pojo -ahora demandado-, ratificó al ahora accionante como ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO del referido Gobierno Autónomo Municipal (fs. 2). II.3. Por Memorándum GAMP/MAE/ 001/2022 de 27 de diciembre, el ahora demandado, determinó la destitución del hoy accionante del cargo de ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO del GAM de Pojo, debido a que el 23 y 24 ambos de diciembre de 2022, sin autorización y aprovechando el acceso que tiene al garaje de la institución Edil, saco el vehículo “NOAH” condujo el mismo sin licencia y en estado de ebriedad, hecho que fue percibido por el Secretario General, el cual le quito las llaves y le insto a que vaya a descansar; sin embargo, horas más tarde nuevamente saco dicho vehículo, devolviéndolo el sábado 24 de diciembre a horas 11:00, acciones que se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Boliviano como uso indebido de bienes del Estado y conducción peligrosa (fs. 3). II.4. Cursa solicitud de otorgación de fotocopias legalizadas del Reglamento Interno de Personal y Manual de Funciones del GAM de Pojo, efectuada el 28 de diciembre de 2022 por el ahora accionante y dirigido a Cesar Coria Castellón, Alcalde del GAM de Pojo -ahora demandado- (fs.10) II.5. Por nota de 28 de diciembre de 2022, el ahora impetrante de tutela solicitó a la autoridad demandada, proceda a la reincorporación a su fuente laboral, argumentando que por disposición del Decreto Supremo 0012 de 19 de febrero de 2009, goza de inamovilidad laboral como padre progenitor desde la gestación hasta que el hijo cumpla un año de edad, y que sufre una discapacidad física del 53% y que de acuerdo a la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- el Estado debe garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad. (fs. 11). II.6. Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, la autoridad hoy demandada formalizó denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del hoy impetrante de tutela por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y conducción peligrosa (fs. 94 a 96). II.7. Cursa Testimonio del Registro del Libro de Reconocimientos de 16 de febrero de 2016, donde se constata que el ahora demandado procedió al reconocimiento de su hijo en vientre en presencia de la madre gestante y dos testigos de actuación (fs. 8)
El solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la petición, a la estabilidad e inamovilidad laboral como persona con discapacidad y padre progenitor de un hijo en gestación, a la vida y la salud, en razón a que la autoridad hoy demandada: i) Le hizo entrega del Memorándum GAMP/MAE/ 001/2022 de 27 de diciembre, determinó su destitución del cargo de ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO del GAM de Pojo, sin instaurarle un proceso interno previo a objeto de que este pudiera defenderse de los hechos de los que se le acusa, tomando en cuenta su condición de persona con discapacidad física en un 53% y progenitor de un hijo en gestación; y, ii) No dio respuesta a sus solicitudes efectuadas al 28 de diciembre de 2028, respecto a la otorgación de fotocopias legalizadas del Reglamento Interno de Personal y Manual de Funciones del GAM de Pojo y proceda a la reincorporación a su fuente laboral. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Excepción al principio de subsidiariedad ante despidos intempestivos. Grupos vulnerables; b) Protección constitucional reforzada de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad; c) El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; d) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, e) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, desarrolló el siguiente razonamiento:
La jurisprudencia constitucional en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, a partir de su configuración procesal y legal, estableció el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional. Asimismo, desarrolló algunas excepciones que se constituyen en situaciones que posibilitan ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la presente acción de defensa, sin necesidad de agotar los medios idóneos previstos en la ley, que fueron construidos jurisprudencialmente; entre los cuales, se encuentra el retiro intempestivo -en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo y ratificado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0650/2012 de 2 de agosto y 1121/2013-L de 30 de agosto, entre otras-; y, los casos en los que se demandan derechos de personas pertenecientes a grupos de prioritaria atención y de protección reforzada, entre ellos, las personas con capacidades diferentes -SC 1422/2004-R de 31 de agosto y SCP 1052/2012 de 5 de septiembre, entre otras-.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, desarrolló el siguiente razonamiento:
Al respecto, en la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, se reconoce que el fundamento de dicha protección reforzada se halla en la múltiple dimensión de la igualdad, reconocida constitucionalmente como valor, principio, derecho y garantía. Se afirma que el principio de igualdad formal se encuentra conciliado, complementado y compatibilizado con el de la igualdad material, que busca la igualdad efectiva mediante el trato desigual a los desiguales, y se encuentra constitucionalizada a través de una normativa de discriminación positiva o que disciplina políticas o acciones afirmativas a favor de personas, que forman parte de grupos en desventaja para buscar el equilibrio con la población en general, como es el caso de las mujeres embarazadas y discapacitados. En el fallo que se examina, también se precisa que de la conciliación, complementación y complementariedad de la igualdad en sus vertientes formal y material, nacen dos funciones: 1) La primera, obliga al Estado a través de sus órganos en sus respectivos roles, a otorgar un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes; así, al legislador ordinario, a dictar normas de desarrollo de 1El FJ III.3, señala: “En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos”.
2El FJ III.3 , se precisa: “Sin embargo del fallo mencionado, dichos organismos encargados de proteger a los discapacitados, no constituyen en sí una vía reparadora y efectiva para el restablecimiento de los derechos de aquellos que se lesionan, sino un medio para llegar a esa instancia en la que deben restablecerse las garantías y los derechos reclamados, pues conforme a las disposiciones legales por los que han sido instituidos, únicamente asumen la defensa ante las instancias respectivas, es decir que no están facultados para solucionar las situaciones que son puestas en su conocimiento, lo que no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario , por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo, Por el contrario éste abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado”.
discriminación positiva; al ejecutivo, a realizar políticas públicas a través de acciones afirmativas o acciones positivas; y, a los jueces, a proferir jurisprudencia que potencie el principio de igualdad material a través de una interpretación progresista, extensiva, libre de formalismos, a partir de los criterios y métodos de interpretación, constitucionalizados como los de favorabilidad, favor debilis y pro hómine; y, 2) La segunda, es configurar un auténtico derecho subjetivo de las personas pertenecientes a estos colectivos tradicionalmente discriminado, a recibir un trato jurídico desigual y favorable en determinados casos, con la finalidad de conseguir su equiparación social, precisamente a través de medidas normativas, políticas públicas y jurisprudenciales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, desarrolló el siguiente razonamiento:
La jurisprudencia constitucional con relación a la estabilidad laboral de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, tuteló el citado derecho en los casos en los que se produjo despidos intempestivos de personas con capacidades diferentes, en las SSCC 1550/2004-R de 29 de septiembre 0988/2006-R de 9 de octubre y 0479/2010-R de 5 de julio, entre otras; del mismo modo, garantizó la inamovilidad funcionaria y laboral de personas que tienen bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes conforme a ley, a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril y la SCP 0614/2012 de 23 de julio, entre otras.
3El FJ III.3, precisa: “En consecuencia, la normativa y la jurisprudencia constitucional anteriormente citadas, son aplicables en la resolución del caso planteado considerando que la recurrente fue designada el 3 de febrero de 2003 como Secretaria del Área de Unidad Financiera con el ítem 22002, posteriormente el 11 de marzo de 2004 fue nombrada responsable de la emisión de cheques y venta de valores fiscales, cargo que desempeñó hasta el 15 de junio de 2004, cuando le pasaron su memorandum de retiro, sin considerar que se trata de una persona con discapacidad puesto que sufre de síndrome convulsivo, siendo miembro de la Federación Orureña de la Persona con Discapacidad, gozando por lo tanto de estabilidad laboral toda vez que no puede ser retirada de su fuente de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno conforme establece la norma del art. 5.I del DS 27477 de 6 de mayo al señalar que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. Consiguientemente, al haberse procedido a su retiro a través de un memorando con el justificativo de que se trata de instrucciones superiores, obviando su condición de persona discapacitada se ha vulnerado el derecho al trabajo de la recurrente, puesto que no constituye una causal justificada para su destitución” 4El FJ III.2, precisa: “De la norma precedentemente señalada, se infiere que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente con discapacidad de ese trabajador o funcionario, garantiza su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada al derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales. En ese contexto y con relación a los trabajadores o funcionarios discapacitados sin previo proceso, este Tribunal en la SC 1422/2004-R, señaló que éste -el Tribunal Constitucional- 'abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado'”. 5El FJ III.2, refiere: “En ese marco, de las normas precedentemente señaladas se infiere que, el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales”.
Del mismo modo, la SC 0477/2011-R de 18 de abril, con relación al tema establece:
El DS 27477, a tiempo de determinar los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicha norma legal; en su art. 3 dispone la estabilidad laboral, al señalar que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo las causas legalmente establecidas, previo proceso; así también el art. 5 del citado Decreto Supremo, de manera expresa prevé que: ´I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causas establecidas por Ley; II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente´.
´De las normas desarrolladas precedentemente, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso´.
Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un ´(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado´.
En ese sentido, la Sentencia aludida, señaló: ´(…) el DS 27477 de 6 de mayo de 2004 en el art. 1 establece el "OBJETO" de su promulgación al señalar: "El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)´. ´A su vez el art. 3 inc. c) del mismo DS se refiere al "Principio de estabilidad laboral" por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. De la misma manera el art. 5.I) de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley, presupuestos que no se han dado en el caso de autos, en el que el recurrente fue retirado de sus funciones sin proceso previo y por 'supuesta reestructuración', lo que no constituye una causal justificada para su destitución.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada por las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y 1050/2019-S2 de 3 de diciembre -entre otras-, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento:
El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordará las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; 5) Plazo para emitir respuesta.
La SC 0218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.
La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:
…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 9La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 10La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.
Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 11La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.
Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa, pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).
vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:
…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.
Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.
En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 0218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas. Sobre el particular, es necesario señalar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, señaló que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor. Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconoció su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: a) Las Autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares.
La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la petición, a la estabilidad e inamovilidad laboral como persona con discapacidad y padre progenitor de un hijo en gestación, a la vida y la salud, en razón a que, la autoridad hoy demandada: 1) Le hizo entrega del Memorándum GAMP/MAE/ 001/2022 de 27 de diciembre, determinando su destitución del cargo de ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO del GAM de Pojo, sin instaurarle un proceso interno previo a objeto de que este pudiera defenderse de los hechos de los que se le acusa, tomando en cuenta su condición de persona con discapacidad física en un 53% y progenitor de un hijo en gestación; y, 2) No dio respuesta a sus solicitudes efectuadas al 28 de diciembre de 2028, respecto a la otorgación de fotocopias legalizadas del Reglamento Interno de Personal y Manual de Funciones del GAM de Pojo y proceda a la reincorporación a su fuente laboral. Con carácter previo a ingresar al análisis y resolución de la problemática planteada, es necesario mencionar que conforme consta en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional ha hecho mención que una persona con discapacidad puede acudir a la jurisdicción constitucional de manera directa, sin que le sea exigible que agote previamente los mecanismos en la vía ordinaria o administrativa para resguardar sus derechos, como ocurre en el caso concreto. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, de acuerdo al Carnet de Discapacidad, el ahora accionante sufre una discapacidad física motora de un 53% (Conclusión II.1). Por efecto del Memorándum GAMP/MAE/ 002/2021 de 3 de mayo, el hoy impetrante de tutela, fue ratificado por la autoridad hoy demandada en el puesto de ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO del GAM de Pojo (Conclusión II.2). Posteriormente, la autoridad ahora demandada, emitió el Memorándum GAMP/MAE/ 001/2022 de 27 de diciembre, destituyéndolo al ahora accionante del indicado cargo, argumentando que los días 23 y 24 ambos de diciembre de 2022, el hoy impetrante de tutela, en estado de ebriedad, sin autorización ni licencia de conducir, condujo el vehículo “NOAH” de propiedad del GAM de Pojo, calificando dichas acciones como delitos (Conclusión II.3). Por notas de 28 de diciembre de 2022, el ahora accionante, solicitó a la autoridad demandada fotocopias legalizadas del Reglamento Interno de Personal y Manual de Funciones del GAM de Pojo, y su reincorporación a su fuente laboral, argumentando gozar de inamovilidad laboral como padre progenitor de un hijo en gestación y por sufrir una discapacidad física del 53% (Conclusiones II.4 y 5). A través del memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, la autoridad demandada, formalizó denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del hoy impetrante de tutela por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y conducción peligrosa (Conclusión II.6). Finalmente, de acuerdo al Testimonio del Registro del Libro de Reconocimientos de 16 de febrero de 2016, se constata que el ahora demandado procedió al reconocimiento de su hijo en vientre en presencia de la madre gestante y dos testigos de actuación (Conclusión II.7). En el contexto referido, el accionante denuncia como primer acto lesivo la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la vida y la salud, en razón a que, la autoridad demandada le hizo entrega del Memorándum GAMP/MAE/ 001/2022 de 27 de diciembre, determinando su destitución del cargo de ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO del GAM de Pojo, sin instaurarle un proceso interno previo a objeto de que este pudiera defenderse de los hechos de los que se le acusa y sin tomar en cuenta su condición de persona con discapacidad física en un 53% y progenitor de un hijo en gestación. Al respecto la autoridad demandada refirió que se emitió el Memorándum GAMP/MAE/ 001/2022 de 27 de diciembre, destituyéndolo al ahora impetrante de tutela del cargo de ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERENO Y PORTERO del GAM de Pojo, argumentando que los días 23 y 24 ambos de diciembre de 2022, el hoy impetrante de tutela, en estado de ebriedad, sin autorización ni licencia de conducir, condujo el vehículo “NOAH” de propiedad del GAM de Pojo, por dicha circunstancia, el 30 de diciembre de 2022, formalizó denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del hoy impetrante de tutela por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y conducción peligrosa.
En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, de acuerdo al art. 3 inc. c) del Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, referido al principio de estabilidad, las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. De la misma manera el art. 5.I) de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley.
En el caso analizado, se evidencia que el ahora accionante fue despedido de su fuente laboral, sin considerar que sufre una discapacidad física-motora del 53%, la que era de conocimiento de la autoridad municipal hoy demandada con anterioridad a la desvinculación del servidor público; a pesar de ello, inobservando lo establecido en el art. 3 inc. c) y 5.I) del DS 27477, cuando lo que correspondía si la autoridad hoy demandada consideraba la concurrencia de causales de desvinculación, instaurar un previo proceso interno a fin de comprobar si el impetrante de tutela habría incurrido en alguna de las causales de despido por contravención al ordenamiento jurídico administrativo y de las normas internas que regulan la conducta del servidor público, esto debido a que las personas en condición de discapacidad, no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo las causales establecidas en la ley y previo proceso interno. En consecuencia, habiendo sido el hoy impetrante de tutela destituido intempestivamente, sin proceso administrativo previo, en el cual se determine su conducta para dar lugar a un despido, explicándole que el incurrió en alguna falta administrativa y dándole oportunidad que asuma y ejerza su derecho a la defensa y concluir en el motivo de despido, se lesiono el derecho al debido proceso; toda vez que, la autoridad demandada tomó la decisión de forma arbitraria, inobservando se reitera la realización de un proceso administrativo previo, privándole de su trabajo, a través del cual obtenía su sustento necesario para él y su familia, atentando a su derecho a la salud y a la vida, toda vez que no contaría con los medios económicos necesarios para cubrir sus necesidades más premiosas que le demanda su "estado" y las necesidades de su familia, con el riesgo inminente de causar un daño irreparable en la vida y salud del accionante, ya que conforme señalan los arts. 70 y 71 de la CPE, las personas con discapacidad gozarán de los derechos al trabajo y a la protección del Estado, promoviendo su integración en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, lo que conlleva a la estabilidad laboral como una forma de protección e integración de estas personas, en el marco de lo que señala el art. 5 de la LPD y lo dispuesto por el 3 inc. c) y 5.I del DS 27477 de 6 de mayo de 2004.
Esta inobservancia de la normativa pertinente, bien pudo ser corregida por la autoridad demandada, cuando el ahora impetrante de tutela a través del memorial de 28 de diciembre de 2022, solicitó su reincorporación haciéndole conocer su condición de discapacidad y de progenitor de un niño (a) gestante, circunstancia que garantiza la inamovilidad laboral hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; sin embargo, no lo hizo, intentando justificar su decisión con la denuncia penal ante el Ministerio Público, la que no podría servir como justificativo de desvinculación al ser posterior al despido del ahora accionante. Se deja en claro, que toda persona con capacidades diferentes o con descendientes a su cargo con esas capacidades no iguales, está obligada a cumplir la Constitución Política del Estado y todo el ordenamiento jurídico nacional, en el ejercicio de sus funciones en el puesto de trabajo en que se encuentra, pues si bien ésta garantiza la inamovilidad laboral de los mismos, ello no implica que no responda del desempeño de sus funciones, los que en caso de ineficiencia, ineficacia, ilicitud, o cualquier tipo de inconducta laboral, como faltas, abandonos, trato indebido e irrespetuoso o desempeño negligente entre otros, serán pasibles dentro del marco del manual de funciones, reglamento de trabajo o estatuto de la institución, a proceso interno previo, para que en cada caso en particular se les imponga la sanción que corresponda en forma objetiva e imparcial. En consecuencia, corresponde conceder la tutela por esta denuncia. En relación al segundo acto lesivo, respecto a la vulneración del derecho a la petición, debido a que la autoridad ahora demandada, no dio respuesta a sus solicitudes efectuadas el 28 de diciembre de 2022, en relación a la otorgación de fotocopias legalizadas del Reglamento Interno de Personal y Manual de Funciones del GAM de Pojo y proceda a la reincorporación a su fuente laboral por ser una persona discapacitada y progenitor de un niño (a) en gestación. En ese marco, conforme se tiene de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, toda petición efectuada supone el derecho a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna, no significando que ésta sea necesariamente positiva, toda vez que el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso particular, pudiendo ser también negativa. Identificada la problemática jurídica, es necesario tener presente los antecedentes puestos a conocimiento de este Tribunal, de los cuales se puede verificar que el ahora accionante, el 28 de diciembre de 2022, presento dos notas a la autoridad demandada, solicitando la otorgación de fotocopias legalizadas del Reglamento Interno de Personal y Manual de Funciones del GAM de Pojo y proceda a la reincorporación a su fuente laboral por ser una persona discapacitada y progenitor de un niño (a) en gestación.
En ese contexto, en cuanto a las peticiones que efectuó el accionante a la autoridad demandada, se puede concluir que no cursan las respuestas a las solicitudes efectuadas mediante las referidas notas hasta la emisión de la presente acción tutelar objeto de autos; habiendo transcurrido al momento de la presentación de la presente acción dos meses y veintisiete días desde las peticiones efectuadas; por lo que no es posible asumir que la autoridad ahora demandada haya cumplido con su deber de otorgar respuestas ya sean positivas o negativas a las solicitudes descritas, extremo que hace manifiesta la vulneración del derecho de petición de la parte accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada respecto a esta denuncia. No obstante, lo referido en el marco de la relevancia constitucional, estando determinada la decisión de concederse la tutela respecto a la denuncia de vulneración al debido proceso, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la vida y la salud y como consecuencia se dispondrá la reincorporación del ahora peticionante de tutela; la solicitud de respuesta respecto a la petición de reincorporación deja de tener relevancia, lo que impide una disposición al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 002/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 138 a 154, pronunciada por el Juez Público en lo Civil y Comercial, Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Totora del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Memorándum GAMP/MAE/ 001/2022 de 27 de diciembre, y que el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo del departamento de Cochabamba, proceda a la reincorporación inmediata del accionante en el mismo cargo que ocupaba al momento de su desvinculación laboral, con el mismo nivel salarial, sea en el plazo máximo de cinco días a partir de su notificación con esta sentencia; así como al pago de los salarios devengados al nombrado, desde su despido hasta el día de su reincorporación, más los demás derechos sociales y asignaciones familiares que le puedan corresponder.
b) La autoridad demandada de una respuesta pronta e inmediata respecto a la solicitud de fotocopias legalizadas del Reglamento Interno de Personal y Manual de Funciones del GAM de Pojo, sea conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
6 El FJ III.2, sostiene: “En ese orden y teniendo presente que el contenido de la Ley 1678 y de los Decretos Supremos (DDSS) 27477 y 29608, no son contrarios a los preceptos constitucionales explicados, resulta conveniente traer a colación la disposición contenida en el art. 2.II de este último Decreto Supremo, relativo a la inamovilidad laboral para las ‘personas discapacitadas’ que presten servicios en los sectores públicos o privados, ámbito de protección que se amplía a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a ‘personas con discapacidad’; lo que significa, que ninguna persona con capacidad diferente que preste servicios en una institución pública o entidad privada, podrá ser removida de sus funciones, al igual que aquellas que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes. Empero, la norma establece una salvedad a esa protección y/o resguardo a la fuente laboral, al disponer que la inamovilidad laboral no será aplicable cuando concurran causales establecidas por ley; de donde se desprenden dos situaciones, primero, que las personas comprendidas en el ámbito de protección de las citadas disposiciones legales, incurran en causales establecidas por ley para la conclusión del vínculo laboral previo debido proceso; y segundo, que por efecto de la ley, la relación laboral ya no pueda continuar en las mismas condiciones, lo que no significa de manera alguna la conclusión del vínculo laboral, sino su persistencia en otras circunstancias y/o funciones, sin afectar su escala salarial, que le permita alcanzar para sí y su familia una vida digna”.
7 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 8La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una
12 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”. 13El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas).
14 El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”.
15 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 16El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0399_2025-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 448692f0f2ebce98778de08e48f55fd172647af3e9ece2fd202d29b727b0361b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →