Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 19 de julio de 2024
Deniega la tutela
La accionante alega la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su vertiente de “legalidad procesal”; puesto que, la Jueza accionada, mediante Auto Interlocutorio 621/2022, declaró sin lugar el recurso de reposición que formuló contra el decreto de 16 de septiembre de 2022, que no resolvió el fondo de su denuncia de incumplimiento de plazos procesales por parte de la Fiscal de Materia asignada al caso, sin considerar que dicha autoridad fiscal no se pronunció sobre la ampliación de delitos contra Teodocio Soliz -hoy tercero interesado-.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 130/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 60 a 66, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los razonamientos y fundamentos fáctico procesales desarrollados en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0399/2024-S2 Sucre, 19 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 51165-2022-103-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 130/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 60 a 66, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elsa Mariela Mamani Mallcu contra Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro.
Por memoriales presentados el 3 y 7, ambos de octubre de 2022, cursantes de fs. 2 a 7; y, 42 a 43 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
El 25 de marzo de 2022, el Ministerio Público presentó imputación formal contra Teodocio Soliz -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previstos y sancionados por el art. 261 del Código Penal (CP), ello emergente de haber atropellado a su madre Felipa Mallcu Arcos, incidente en el cual su progenitora perdió la vida.
Posteriormente, a insistencia de su persona, la representante del Ministerio Público mandó la ampliación de investigaciones por los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito “…parágrafo I. SEGUNDA PARTE es decir POR PRODUCIRSE EL HECHO AL ENCONTRARSE EL AUTOR BAJO DEPENDENDIA DEL ALCOHOL y el delito de Omisión de socorro…” (sic), tipificados por los arts. 261 y 262 del CP, y además, se amplió la investigación contra Alfredo Paraguayo Cruz, por el mismo delito pero señalando el “parágrafo III”.
Al vencimiento del plazo, Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -ahora accionada- emitió conminatoria a la Fiscal de Materia asignada al caso, a efectos de que en el plazo de cinco días presente requerimiento conclusivo de la etapa preliminar, en cuanto a la ampliación de delitos y “…de la persona que fue comunicada al órgano Jurisdiccional…” (sic), de tal manera, el 15 de septiembre de 2022, fuera del plazo previsto, presentó requerimiento fundamentado de rechazo para Alfredo Paraguayo Cruz, pero no se pronunció con relación a la ampliación de delitos respecto a Teodocio Soliz -ahora tercero interesado-, lo que motivó que su abogado en la misma fecha presente denuncia de incumplimiento de plazos por parte de la Fiscal de Materia, pidiendo que se notifique al Fiscal Departamental de Oruro para que designe otro Fiscal de Materia que presente requerimiento conclusivo con relación a los delitos ampliados, dejando plenamente establecido que esa etapa no contempla la extinción de la acción penal ante la inexistencia del requerimiento conclusivo preliminar por parte del Ministerio Público.
Señala que esos extremos, conllevaron a que la Jueza accionada por decreto de 16 de septiembre de 2022, determine que esté al Requerimiento Fundamentado de Rechazo presentado el 15 de igual mes y año, pretendiendo además cubrir el incumplimiento de plazos, debido a que el mismo es de “15 de septiembre”, conforme consta del sello del ticket de presentación de la Gestora.
El 20 de septiembre de 2022, con base en los arts. “401 y 402” -se entiende del Código de Procedimiento Penal (CPP)- planteó recurso de reposición, lo que ameritó que la Jueza accionada, mediante Auto Interlocutorio 621/2022 de 22 de septiembre -hoy impugnado-, argumente que “…solo se hubiera ampliado contra Teodocio Soliz la comisión del delito de Omisión de socorro, y que se hubiera emitido la imputación formal (solo por el delito de Omisión de socorro presentada de manera extemporánea, mas no así hasta la fecha por el delito de Homicidio y Lesiones Graves y gravísimas en accidente de tránsito primer parágrafo SEGUNDA PARTE del Artículo 261 del Código Penal) y que se hubiese sido providenciada por ese despacho…” (sic); además la autoridad judicial accionada señaló que en el recurso de reposición no advierte ninguno de los aspectos denunciados, concluyendo que su pretensión no sería posible, debido a que si incorporaría nuevos fundamentos, sería una decisión unilateral que pudiese resultar arbitraria, asimismo manifestó que el Ministerio Público se pronunció sobre todas las cuestiones pendientes aún de manera extemporánea, y por lo tanto, no existía error u omisión alguna en la providencia que se recurrió.
Todas esas actuaciones la dejan en indefensión respecto de su derecho de solicitar pronunciamiento sobre el delito que se amplió contra el ahora tercero interesado, limitándose a su vez el ejercicio a la tutela judicial efectiva, dado que se agotó la última vía en la reposición desde la perspectiva del control jurisdiccional solicitando que el Fiscal Departamental de Oruro asigne a otro Fiscal de Materia, para que se pronuncie -se entiende respecto a la ampliación de la imputación- lo cual fue negado y “a la fecha no existe pronunciamiento alguno” (sic).
La accionante alega la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su vertiente de “legalidad procesal”; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se ordene el cese de la omisión indebida por parte de la Jueza accionada, disponiendo la revocatoria del Auto Interlocutorio 621/2022, debiendo dicha autoridad, en el plazo de veinticuatro horas, emitir un nuevo auto, pronunciándose expresamente sobre el incumplimiento de plazos de la autoridad fiscal titular y se ordene la notificación del Fiscal Departamental de Oruro, a efectos de que designe un nuevo Fiscal de Materia que se pronuncie con relación al delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, “…parágrafo primero SEGUNDA PARTE del Código Penal…” (sic), que fue ampliado para Teodocio Soliz -hoy tercero interesado-.
Celebrada la audiencia pública el 18 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 54 a 59 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado ratificó los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa, y ampliando en audiencia, en lo principal, señaló que: a) El art. 261 del CP, tiene “tres numerales”, en los cuales se describen cuáles son las comisiones de los delitos instituidos en dicha norma, en el “numeral uno”, primera parte, se establece que si una persona conduce “…en estado de ebriedad…” (sic) y atropella a alguien, se enfrenta a una penalidad de uno a tres años de prisión y, en la segunda parte, se diferencia de la primera porque la penalidad aumenta cuando la persona se encuentra en estado de ebriedad “…o bajo dependencia del alcohol…” (sic), teniendo una sanción mayor de cinco a ocho años; y en el caso en cuestión, pese a existir una prueba de alcoholemia, el imputado fue acusado solo bajo la primera parte del “numeral uno”; b) No se comprende por qué solamente se imputó a Teodocio Soliz -tercero interesado- conforme a la primera parte del art. 261 del CP, siendo que existe un “alcotest” y que además el nombrado se dio a la fuga, pero solo se lo imputa por estar conduciendo un vehículo y atropellar a una persona; por esa razón al asumir defensa, solicitó la ampliación de cargos debido a la existencia de pruebas suficientes para considerar el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, bajo la “segunda parte” del art. 261 del CP, además de omisión de socorro; c) En cuanto a Alfredo Paraguayo Cruz, el mismo es propietario del vehículo, y fue incluido en la ampliación de cargos, según el art. 261 “numeral 3” del CP, que responsabiliza civil y penalmente a los dueños y propietarios de los vehículos involucrados en delitos y, la confusión surge a partir de una ampliación de investigación contra dicha persona, especificada en los folios “276” y “281” del expediente en la que se manda una ampliación de investigación; es decir, como un nuevo inicio de investigaciones por un nuevo delito en relación a la omisión de lesiones graves en accidente de tránsito y omisión de socorro; d) Es precisamente que a partir de esa comunicación de ampliación de 13 de junio de 2022, que posteriormente la autoridad fiscal solicitó una complementación de diligencias de investigación por sesenta días, cubriendo delitos relacionados con la omisión de lesiones graves en accidente de tránsito y omisión de socorro, bajo los arts. 261 “…párrafo 1, segunda parte…” (sic) y 262 del CP; e) Al vencer el plazo de sesenta días, el 5 del citado año, se emitió una conminatoria para presentar una resolución conclusiva de la investigación preliminar; f) A pesar de la conminatoria, la Fiscalía solo se pronunció sobre el rechazo del caso contra Alfredo Paraguayo Cruz, sin abordar los cargos contra Teodocio Soliz -tercero interesado- por omisión de socorro y homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; por lo que, “nosotros” entendiendo que dentro de los procesos penales no puede existir dos conminatorias, es decir, que “…no se le puede volver a hacer recuerdo de manera reiterada porque los plazos son perentorios e improrrogable y tampoco opera en esta instancia la extinción de la acción…” (sic), es que se solicitó al Fiscal Departamental de Oruro asignar a otro Fiscal de Materia para que se pronuncie sobre estos delitos; y, g) A partir de ello, el “16 de septiembre” -se entiende de 2022-, la Jueza accionada emitió un decreto que refiere “estese” al Requerimiento Fundamentado de Rechazo presentado el 15 de igual mes y año, ante lo cual se formuló recurso de reposición, indicando la existencia de dos ampliaciones, subrayando la necesidad de una decisión judicial sobre todos los delitos imputados.
Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, no asistió a la audiencia de acción de amparo constitucional ni tampoco remitió informe alguno, pese a su legal citación, cursante a fs. 46.
Teodocio Soliz, a través de su abogado, en audiencia, sostuvo que: 1) La acción de amparo constitucional se fundamenta en que la Fiscal de Materia asignada al caso, no se hubiese pronunciado dentro del plazo previsto, con relación al delito que se pretende se realice la investigación según “…la segunda parte del art. 269 del Código Penal…” (sic); alegando además, que siendo que el Ministerio Público no se hubiera manifestado sobre si el imputado se encontraba o no bajo los efectos del alcohol, sería imposible de seguir -se entiende el proceso- sobre dicho delito; 2) Al respecto, se debe considerar que la imputación formal no es la calificación definitiva del delito, sino una “atribución coyuntural”; 3) El ordenamiento jurídico establece un plazo de seis meses desde la notificación con la imputación formal para que el Ministerio Público recabe pruebas suficientes para sustentar una “imputación” -lo correcto sería acusación-, o en su defecto “…ver las pruebas que puedan absolver al imputado…” (sic); y, 4) La parte accionante pretende forzar que el Ministerio Público presente imputación con relación a la “segunda parte”; sin embargo, el Decreto Supremo (DS) 1347 de 10 de septiembre de 2012, condiciona en su art. 14.II, que una persona no se puede considerar en estado de ebriedad si tiene menos del “0.50%”. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 130/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 60 a 66, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La parte accionante señala que el Auto Interlocutorio 621/2022, que resolvió su recurso de reposición, no satisface sus derechos y vulnera el principio de legalidad y el derecho al acceso a la justicia, y de esa manera, denuncia la falta de pronunciamiento por parte de la Fiscal de Materia asignada al caso sobre “otros delitos” y el incumplimiento de plazos; ii) En la etapa de “…preparación de diligencias…”, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional permite solicitar el cambio de Fiscal de Materia vía control jurisdiccional, si hay deficiencias en la investigación; iii) La parte accionante solicitó el cambio de Fiscal de Materia debido al incumplimiento de plazos en la investigación, habiéndose emitido una conminatoria al “fiscal”, para que en un plazo de cinco días se presente resolución conclusiva de la investigación preliminar, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento; iv) La solicitud de cambio de Fiscal de Materia ya se habría cumplido automáticamente, con la reasignación de la Fiscal de Materia Katerin Oriett Rojas Rodríguez en lugar de Parmenia Lola Vidaurre Mendoza; por lo que, no existe relevancia constitucional en analizar este cambio ya realizado; v) La Jueza accionada no atendió la denuncia y la petición de cambio de Fiscal de Materia porque tal extremo ya se había efectuado y, la posible responsabilidad administrativa de la aludida funcionaria del Ministerio Público debe dilucidarse en la vía administrativa y no ante esta instancia constitucional; vi) La denuncia de afectación a la tutela judicial efectiva por supuesta omisión de delitos en la imputación formal no tiene un nexo de causalidad claro; vii) En ese orden el recurso de reposición solo se refiere al control de plazos, no a otros delitos; por lo cual, la denuncia de afectación a la tutela judicial efectiva por otros delitos es un tema incorporado posteriormente y no vinculado al recurso de reposición; viii) Se manifestó en grado de relevancia constitucional que el perjuicio irremediable fuera que en su condición de víctima no podría realizar ningún actuado investigativo que le permita llegar a una acusación fiscal o particular y consecuentemente a un juicio oral, pero aquello tampoco resulta ser cierto como para entender una lesión flagrante a derechos constitucionales, pues el art. 306 del CPP, refiere que las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria y el Fiscal de Materia podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles; y, en caso de negativa, la misma será fundamentada; además, cuando el Fiscal de Materia rechaza la proposición de diligencias que se estiman esenciales, las partes pueden objetar ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de setenta y dos horas; ix) De lo anterior, se tiene una posibilidad de denuncia y reparación en la vía de proceso de investigación de esos supuestos perjuicios que pudiera ocasionarse a la víctima; x) En la estructura del procedimiento penal actual, en lo que respecta a las acusaciones, existe la acusación particular que no necesariamente debe ser idéntica a la imputación o acusación fiscal y precisamente en ese orden de resguardo se creó la figura de la acusación particular, es decir, que se puede acusar para ingresar a juicio oral otros delitos que no hayan sido objeto de la investigación y esa opción está disponible para la parte víctima -accionante-; y, xi) Con base en los antecedentes y argumentos expuestos, se concluye en la falta de requisitos, bases esenciales y presupuestos para ingresar al fondo de una acción de amparo constitucional, además de no haberse llegado a acreditar el grado de relevancia constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Por memoriales presentados el 13 y 23, ambos de junio de 2022, Parmenia Lola Vidaurre Mendoza, Fiscal de Materia asignada al caso con CUD 401502012200630, informó a Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -hoy accionada-, la ampliación de la investigación penal contra Teodocio Soliz -actual tercero interesado- y Alfredo Paraguayo Cruz, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro -en relación al primer nombrado-, conforme a los arts. 261.I y 262 del CP, y en cuanto al segundo, por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, de acuerdo al art. 261.III del mismo Código, resultando como víctima fallecida Felipa Mallcu Arcos (fs. 10 y vta.; y, 11 y vta.); mereciendo el decreto de 15 de junio de 2022, por el que dicha autoridad judicial tuvo presente esa ampliación y conminó a la Fiscal de Materia, a observar el cumplimiento de plazos procesales (fs. 12).
II.2. Mediante memorial presentado el 7 de julio de 2022, la Fiscal de Materia asignado al caso, informó a la Jueza accionada, la complementación de diligencias dentro del caso con CUD 401502012200630 (fs. 13); mereciendo el decreto de 5 de septiembre de igual año, por el que dicha Jueza dispuso la notificación del Fiscal titular de la investigación, por intermedio del Fiscal Departamental de Oruro y con carácter de conminatoria a objeto de que en el plazo de cinco días a partir de su notificación con ese decreto, emita Resolución conclusiva de investigación preliminar, dentro de los alcances de los arts. 300 y 301 del CPP, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento (fs. 14).
II.3. Cursa Requerimiento Fundamentado de Rechazo, presentado el 15 de igual mes y año, por Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia, ante la Jueza accionada a favor de Alfredo Paraguayo Cruz, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito (fs. 19 a 21 vta.); mereciendo el decreto de 16 de ese mes y año, por el que la citada Jueza, tuvo presente lo manifestado y ordenó que se notifique al Fiscal de Materia con carácter de conminatoria, a objeto de que una vez cumplidos los plazos señalados por el art. 305 del CPP, informe a ese despacho si el indicado Requerimiento Fundamentado de Rechazo habría sido objetada, ratificada o revocada a objeto de asumir las decisiones que en derecho correspondan (fs. 22).
II.4. Consta Memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, por el que Elsa Mariela Mamani Mallcu -hoy accionante- denunció ante la Jueza ahora accionada, el incumplimiento de plazos procesales por parte de la autoridad fiscal asignada al caso (fs. 23); mereciendo el decreto de 16 de igual mes y año, mediante el cual, esa autoridad judicial, indicó que esté al Requerimiento Fundamentado de Rechazo presentado en la misma fecha (fs. 24).
II.5. Consta Imputación formal presentada el 20 de septiembre de 2022, por Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia, ante la Jueza ahora accionada, en contra de Teodocio Soliz -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de “…OMISION DE SOCORRO Y CONCURSO REAL DE DELITOS…” (sic [fs. 32 a 34 vta.]); mereciendo el decreto de 22 de dicho mes y año, por el que se tuvo presente lo indicado y se ordenó la notificación del imputado (fs. 35).
II.6. Mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, la accionante formuló ante la Jueza ahora accionada, recurso de reposición contra el decreto de 16 de igual mes y año -citado en la Conclusión II.4- (fs. 36 y vta.).
II.7. Cursa Auto Interlocutorio 621/2022 de 22 de septiembre, por el que la Jueza accionada declaró infundada la pretensión del memorial de recurso de reposición formulado por la accionante, declarándolo sin lugar (fs. 37 a 38).
La accionante alega la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su vertiente de “legalidad procesal”; puesto que, la Jueza accionada, mediante Auto Interlocutorio 621/2022, declaró sin lugar el recurso de reposición que formuló contra el decreto de 16 de septiembre de 2022, que no resolvió el fondo de su denuncia de incumplimiento de plazos procesales por parte de la Fiscal de Materia asignada al caso, sin considerar que dicha autoridad fiscal no se pronunció sobre la ampliación de delitos contra Teodocio Soliz -hoy tercero interesado-.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto es este presupuesto establecido como causal reglada de improcedencia, la SCP 0057/2021-S3 de 29 de marzo, recogiendo el desarrollo efectuado por la jurisprudencia al respecto, sostuvo: [La SCP 0522/2019-S1 de 15 de julio, reiterando los entendimientos asumidos por la SCP 0611/2016-S2 de 30 de mayo, señala que: «La Constitución Política del Estado en su art. 129.I, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. En el mismo sentido, respecto al principio de subsidiariedad la SCP 0415/2013 de 3 de junio, asumiendo el entendimiento de la jurisprudencia desarrollada en la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, precisa que: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; es decir, que esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada. Este recurso es una acción de naturaleza subsidiaria, así lo ha establecido el art. 129.I de la CPE que dispone ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, concordante con el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que manifiesta: I ‘La acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. En ese entendido, la jurisprudencia del Tribunal anterior sobre la subsidiariedad dentro la acción de amparo constitucional ha establecido mediante la SC 0273/2010-R de 7 de junio, que: ‘…El Amparo Constitucional no es un instrumentos alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos considerados vulnerados, sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos expeditos, éstos deben ser utilizados primero y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos resultaren ineficaces para la defensa de los derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para evitar un daño irreparable”’. En el mismo sentido la SCP 0471/2012 de 4 de julio, respecto a la subsidiariedad, expresó lo siguiente: “…el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el entendimiento asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: ‘…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución…’”»] (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales» (las negrillas corresponden al testo original).
La impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su vertiente de “legalidad procesal”; puesto que, la Jueza accionada, mediante Auto Interlocutorio 621/2022 de 22 de septiembre, declaró sin lugar el recurso de reposición que formuló contra el decreto de 16 del mismo mes y año, que no resolvió el fondo de su denuncia de incumplimiento de plazos procesales por parte de la Fiscal de Materia asignada al caso, sin considerar que dicha autoridad fiscal no se pronunció sobre la ampliación de delitos contra Teodocio Soliz -hoy tercero interesado-.
Precisada la problemática, a efectos de conocer las principales actuaciones desplegadas en el proceso penal del cual deviene la presente acción de defensa y que guardan relación con lo impetrado por la accionante, se tiene de la revisión de antecedentes que cursan en el expediente constitucional, que por memoriales presentados el 13 y 23 ambos de junio de 2022, Parmenia Lola Vidaurre Mendoza, Fiscal de Materia asignada al caso con CUD 401502012200630, informó a la Jueza hoy accionada, la ampliación de la investigación penal contra Teodocio Soliz -tercero interesado- y Alfredo Paraguayo Cruz, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro -respecto al primer nombrado-, conforme a los arts. 261.I y 262 del CP, y en cuanto al segundo, por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, de acuerdo al art. 261.III del mismo Código, resultando como víctima fallecida Felipa Mallcu Arcos; mereciendo el decreto de 15 de junio de 2022, por el que dicha autoridad judicial tuvo presente esa ampliación y conminó a la Fiscal de Materia a observar el cumplimiento de plazos procesales (Conclusión II.1).
Posteriormente, mediante memorial presentado el 7 de julio de 2022, la Fiscal de Materia asignada al caso, informó a la Jueza accionada, la complementación de diligencias dentro del caso con CUD 401502012200630; mereciendo el decreto de 5 de septiembre de igual año, por el que dicha Jueza dispuso la notificación del Fiscal titular de la investigación, por intermedio del Fiscal Departamental de Oruro y con carácter de conminatoria a objeto de que en el plazo de cinco días a partir de su notificación con ese decreto, emita resolución conclusiva de investigación preliminar, dentro de los alcances de los arts. 300 y 301 del CPP, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento (Conclusión II.2). Al efecto, consta Requerimiento Fundamentado de Rechazo presentado el 15 de septiembre de 2022, por Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia, ante la Jueza accionada a favor de Alfredo Paraguayo Cruz, por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; mereciendo el decreto de 16 de ese mes y año, por el que la citada Jueza, tuvo presente lo manifestado y ordenó que se notifique al Fiscal de Materia con carácter de conminatoria, a objeto de que una vez cumplidos los plazos señalados por el art. 305 del CPP, informe a ese despacho si el citado Requerimiento Fundamentado de Rechazo hubiera sido objetada, ratificada o revocada a objeto de asumir las decisiones que en derecho correspondan (Conclusión II.3). Por otra parte, mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, la accionante denunció ante la Jueza ahora accionada, el incumplimiento de plazos procesales por parte de la autoridad fiscal asignada al caso; mereciendo el decreto de 16 de igual mes y año, por el que esa autoridad judicial, indicó que esté al Requerimiento Fundamentado de Rechazo presentado el 15 del citado mes y año (Conclusión II.4). Ante lo cual, el 20 del citado mes y año, la accionante formuló recurso de reposición (Conclusión II.6), que fue resuelto por la autoridad judicial accionada, mediante Auto Interlocutorio 621/2022, por el que lo declaró sin lugar (Conclusión II.7). Así también, cursa imputación formal presentada el 20 de septiembre de 2022, por la Fiscal de Materia -Katerin Oriett Rojas Rodríguez-, ante la Jueza ahora accionada contra Teodocio Soliz -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de “…OMISION DE SOCORRO Y CONCURSO REAL DE DELITOS…” (sic); mereciendo el decreto de 22 de dicho mes y año, por el que se tuvo presente lo indicado y se ordenó la notificación del imputado (Conclusión II.5). En ese orden, a partir del contexto fáctico procesal del cual emerge la reclamación planteada, es pertinente delimitar la motivación que respalda el requerido resguardo tutelar, misma que converge en el despliegue tanto investigativo como procesal cuyos componentes de actuación y/u omisión son ahora exigidos, pues es la propia parte accionante quien de forma expresa en su petitorio solicita que se ordene el cese de la omisión indebida por parte de la Jueza accionada, disponiendo la revocatoria del Auto Interlocutorio 621/2022, debiendo dicha autoridad, en el plazo de veinticuatro horas, emitir un nuevo auto, pronunciándose expresamente sobre el incumplimiento de plazos de la autoridad fiscal titular y se ordene la notificación del Fiscal Departamental de Oruro, a efectos de que designe un nuevo Fiscal de Materia, que se pronuncie con relación al delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, que -refiere- fue ampliado para Teodocio Soliz -hoy tercero interesado-, señalando la prenombrada, en concomitancia a ello, en su demanda tutelar que todas las actuaciones y/u omisiones expuestas en su memorial de esta acción de defensa la dejan en indefensión respecto de su derecho de solicitar pronunciamiento sobre el delito que se amplió contra el ahora tercero interesado, limitándose a su vez el ejercicio a la tutela judicial efectiva, dado que se agotó la última vía en la reposición desde la perspectiva del control jurisdiccional solicitando que el Fiscal Departamental de Oruro asigne a otro Fiscal de Materia para que se pronuncie -se entiende respecto a la ampliación de la imputación- lo cual fue negado y “a la fecha no existe pronunciamiento alguno” (sic); exposición argumentativa de reclamos que evidencian que el cuestionamiento objeto de la acción de amparo constitucional, no se limita al Auto Interlocutorio 621/2022, sino que la impetrante de tutela tomó el mismo solo como la última actuación, que a su criterio consolidó la actividad procesal ahora cuestionada de defectuosa, lo cual se confirma a su vez con la invocación de la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su vertiente de “legalidad procesal”. Precisado ello, al respecto, es necesario considerar los alcances inherentes al principio de subsidiariedad establecidos en la normativa constitucional-procesal y que se encuentran desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme a los cuales se tiene que la acción de amparo constitucional dentro de sus presupuestos de procedencia impele el agotamiento previo de las vías idóneas que el ordenamiento jurídico aplicable puede abarcar en su regulación legal. En esa dimensión de procedibilidad y exigencia de cumplimiento del principio de subsidiariedad, resulta de importancia traer a colación el contenido jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, conforme al cual, se denota que, dentro del marco de regulación normativa adjetiva penal, se tiene normado el incidente de actividad procesal defectuosa, previsto en el art. 169 del CPP, instituto procesal que dada su trascendencia reparadora y restauradora, detenta la condición de medio idóneo para denunciar, ante la instancia judicial a cargo de la causa penal, posibles acciones, omisiones e irregularidades de procedimiento y/o procesales que se estuviesen suscitando en su tramitación con el consecuente agravio a los sujetos procesales intervinientes. A partir de los referidos presupuestos procesales, y siendo que en el presente caso, conforme se tiene precisado precedentemente, el objeto procesal que motivó la interposición de la acción de defensa, denota como componente esencial de la denuncia constitucional formulada una presunta carencia de dinámica procesal inherente al control jurisdiccional por parte de la Jueza accionada ante la alegada omisión del ejercicio de esta labor-deber jurisdiccional, emergente de la falta de actuación para que -entre otros aspectos- la Fiscal de Materia asignada al caso, cumpla los plazos procesales respectivos y que se pronuncie respecto a cada una de las ampliaciones de denuncia presentadas en su oportunidad, en vinculación ello además a cada sujeto procesal involucrado y la tipificación planteada, con la finalidad de que se presente el requerimiento conclusivo de la etapa preliminar que corresponda; y la respuesta otorgada por la autoridad accionada de remisión a un Requerimiento Fundamentado de rechazo -respecto al codenunciado- y una omisión de consideración con relación a que la autoridad fiscal no se pronunció sobre la ampliación de delitos contra el denunciado; se advierte que, estos aspectos de entendida lesividad convergen en varias actuaciones y presuntas omisiones dentro del despliegue investigativo procesal que se sustanció en la etapa preliminar y, respecto a la etapa preparatoria se encuentra aún en curso -ante la presentación de la imputación también ahora cuestionada- y que en su dimensión de reclamo implican cuestionamientos de la investigación y la forma en la que -a criterio de la impetrante de tutela y denunciante y víctima en la investigación- debió asumirse ciertas actuaciones y determinaciones, mismas que es evidente se encuentran estrechamente relacionadas en su esencialidad a una actividad procesal defectuosa por defectos absolutos; puesto que, todos los cuestionamientos abarcan, en su configuración, elementos que involucran tanto acciones como presuntas inacciones, en la mayoría investigativo-fiscales y en menor medida de alegado inhibido despliegue jurisdiccional, que como alega la ahora peticionante de tutela, constituyen lesión de sus derechos y garantías como denunciante y parte víctima dentro del proceso penal de origen. En ese entendido, al advertir que lo que ahora cuestiona la accionante, está vinculado a presuntas irregularidades investigativo-procesales que -hasta el momento de interposición de esta acción de defensa- finalizaron con el Auto Interlocutorio 621/2022, pero que aglutinan todas las actuaciones reclamadas en su demanda de la presente acción de defensa, y que a su criterio la dejarían en indefensión respecto de su derecho de solicitar pronunciamiento sobre el delito que se amplió contra el ahora tercero interesado, limitándose a su vez el ejercicio a la tutela judicial efectiva, dado que se agotó la última vía en la reposición del cual emerge el referido Auto 621/2022; se concluye que todo ello corresponde ser analizado vía incidental, siendo esa el camino idóneo para verificar todos los argumentos que la peticionante de tutela plantea -incluidas las actuaciones fiscales y en lo esencial la imputación ahora cuestionada de incompleta en cuanto a la consideración de los delitos que debió imputarse, así como la respuesta judicial otorgada al control jurisdiccional solicitado-; en efecto, ante las reclamadas irregularidades y/o vicios procesales derivados de una presunta inacción tanto fiscal en su rol de investigación y persecutor penal, como de la autoridad judicial accionada en el ejercicio del control jurisdiccional dentro del proceso penal del cual deviene esta acción tutelar, correspondía que previamente a acudir ante esta jurisdicción constitucional, la peticionante de tutela active el incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos, cuya regulación normativa se encuentra establecida en el art. 169 del CPP, agotando su tramitación en todas las instancias procesales -art. 403.2 del citado Código, modificado por el art. 16 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, en razón a que, como se tiene denotado precedentemente, como medio de defensa y en el marco de su configuración procesal-penal contempla en su finalidad y objeto sustancial -de así corresponder- corregir y reparar posibles defectos no susceptibles de convalidación, que impliquen inobservancia o lesión de derechos y garantías vinculados a actuaciones y/u omisiones judiciales y fiscales. En consecuencia, se concluye que la accionante no observó el principio de subsidiariedad que rige esta acción tutelar, al no haber agotado los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico procesal penal, como el incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos, ante cuya inacción esta jurisdicción se encuentra impedida de ingresar a analizar el fondo de la reclamación constitucional formulada, al ser aplicable la sub regla contenida en el numeral 1) inciso b) del precitado Fundamento Jurídico III.1, debiéndose en su efecto denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con distintos fundamentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 130/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 60 a 66, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los razonamientos y fundamentos fáctico procesales desarrollados en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0399_2024-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5ba47992274e66817fc4411b3e1114c8009388c35cef8c8f6cd03993fae3ae0b
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