B.IA.LEGAL

SCP 0398/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
54453-2023-109-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante expresa como lesionado su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, debido a que mediante Memorándum DGAA/URH/R.M.157/T-987/2022, la autoridad hoy demandada le comunicó cambio a un nuevo cargo y de funciones donde le rebajan su salario en un 40%, con el justificativo de una supuesta restructuración organizacional en la que no fue considerada su inamovilidad a ser una persona de la tercera edad y enferma de cáncer de cuello en la matriz en grado 2A, extremo que lesiona sus derechos y garantías constitucionales, pero sobre todo a la salud y a la vida. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 152 vta. a 158, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Tarija; en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional; 2° Disponer dejar sin efecto el Memorándum DGAA/URH/R.M.157/T-987/2022 de 1 de diciembre, y reincorpore a la accionante a su fuente laboral en el mismo cargo y mismo nivel salarial que tenía al momento de su desvinculación o de manera alternativa, a otro puesto de igual grado salarial, dentro del plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, computables a partir de su legal notificación; además de pago de la totalidad de sueldos, salarios devengados y demás beneficios sociales, generados desde la fecha de desvinculación hasta la efectiva reincorporación; y,

3° Exhortar al Ministerio de Gobierno para que en casos análogos aplique de manera directa la Ley del Cáncer –Ley 1223 de 5 de septiembre de 2019 y su DS 4881 de 22 de febrero de 2023– a fin de evitar en lo futuro la lesión de los derechos fundamentales de estas personas en estado de vulnerabilidad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. La protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad
  3. III.3.Especial protección del derecho a la estabilidad laboral de las personas con cáncer por su estado de debilidad manifiesta
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0398/2025-S4 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 54453-2023-109-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 07/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 152 vta. a 158, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristina Fátima Bazán Auza contra Beatriz Marilyn Vela Mercado, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 51 a 62 y vta., la accionante expreso los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Memorándum DGAA/URH/ A- 248/2019 de 27 de noviembre, ingresó a trabajar en el Ministerio de Gobierno en el cargo de Profesional VIII- Dirección General de Recaudaciones, con un nivel salarial de Bs10 173.- (diez mil ciento setenta y tres Bolivianos), de manera posterior, el 29 de enero de 2021 se efectuó su transferencia al cargo de Profesional de Recaudaciones de Migración Distrital de Tarija con el mismo nivel salarial, aproximadamente a los seis meses le reasignan funciones en la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Tarija, asumiendo el cargo debido a que se le aclaró que esa disposición no afectaba su nivel salarial, ni la fuente de financiamiento en la que se encontraba; en ese sentido asumió todos los movimientos y rotaciones que fueron asignadas, ejerciendo sus funciones de forma responsable y regular, sin contar con ningún tipo de antecedente o contravención administrativa.

Lamentablemente en la gestión 2020, fue diagnosticada con cáncer de cuello de la matriz, en grado 2A el cual es de conocimiento de la institución; sin embargo sin considerar su condición médica y menos la normativa específica a favor de los pacientes con esta enfermedad, a través de Memorándum DGA/URH/R.M.157/T-987/2022 de 1 de diciembre, el cual notificado el 8 de ese mes y año cuando se encontraba con baja médica, le cambiaron de puesto a Técnico de Régimen Penitenciario con un haber mensual de Bs6.906.- (seis mil novecientos seis bolivianos), acto que vulnera su estabilidad laboral, ya que le estarían disminuyendo el salario de forma significativa en más del 40%, lo cual no solo afecta su economía sino también su salud que le obliga a generar una serie de gastos para tratar de mantenerse con vida, pues el cáncer al ser una enfermedad catastrófica ocasiona que no sean suficientes los tratamientos mínimos de la Caja de Salud, sino que también tenga que costear otros de forma privada, por ejemplo el denominado bloqueo medular que no es cubierto por el seguro médico y que tiene que ser asumido por su persona, pues un padecimiento de cáncer no se agota sólo con quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, sino que también se deben realizar otros procedimientos para combatir y aliviar la enfermedad; todos esos aspectos no fueron considerados por la demandada ya que justifica la decisión en la aplicación obligatoria de un instrumento inferior como es la Resolución Ministerial (RM) 157/2022 de 25 de noviembre, que autoriza el cambio de la estructura en la entidad por una supuesta reorganización administrativa que puede ser aplicable para todo el personal, excepto para quienes gozan de una protección especial y reforzada como es su caso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante señaló como lesionado su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, citando al efecto los arts. 13.IV, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Memorándum DGAA/URH/R.M 157/T-987/2022 de 1 de diciembre; y, b) Se mantenga su nivel salarial anterior.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 149 a 152; presente la parte impetrante de tutela, la autoridad accionada, los representantes del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada ratificó in extenso los argumentos contenidos en el memorial de amparo constitucional y ampliándola manifestó lo siguiente: 1) La impetrante de tutela además de ser funcionaria pública es adulta mayor, paciente con cáncer, se presentaron diversas notas donde se hizo conocer la situación que atraviesa, por lo tanto no pueden alegar ninguna situación de convalidación; 2) Se pide que se observe la naturaleza de la presente acción tutelar que está en función a brindar una protección inmediata y oportuna, esto considerando que el recurso jerárquico va a tomar al menos noventa días hábiles para su consideración tomando en cuenta el diagnóstico que es un carcinoma con metástasis la persona afectada no puede darse el lujo de tomarse tanto tiempo pues es un pronóstico adverso; 3) Resulta ofensivo que la autoridad demandada califique su pretensión como consideraciones líricas y sin fundamento, cuando se ha presentado documentación que demuestra que los recursos económicos que fueron disminuidos de forma unilateral por el empleado no tienen como finalidad siquiera una libre disposición, puesto que el paciente con cáncer necesita esos recursos no solamente para su tratamiento sino para aliviar sus efectos; 4) El informe presentado hace referencia como presunta base legal al Decreto Supremo (DS) 4412 de 10 de diciembre de 2020 y posteriormente emitieron memorándums donde mantuvieron el nivel salarial a favor de Cristina Fátima Bazán Auza en los cuales se respetó su nivel salarial, argumento que no resulta ser coherente con la realidad; 5) Se debe tomar en cuenta el principio de jerarquía normativa y supremacía legal, ya que no se puede omitir una ley por encima de un Decreto Supremo y mucho menos resoluciones administrativas que emergen supuestamente de sus inconsistencias en la entidad; 6) Respecto al ius variandi al que hacen referencia se debe señalar que la jurisprudencia constitucional estableció limitaciones como que no puede haber cambios arbitrarios y sin previo consenso con el trabajador, pero que no puede ser un cambio de lugar o cambio de funciones con disminución de sueldo o distanciamiento de su domicilio; y, 7) El único justificativo que se tiene es un supuesto cambio en la estructura organizacional pero esto no puede estar por encima del derecho de una persona con cáncer, ese reajuste no puede estar por encima del derecho de una persona con cáncer o el derecho a la vida y la salud de una persona razón por la cual solicita se le conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Beatriz Marilyn Vela Mercado, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, presentó informe escrito el 23 de marzo de 2023 cursante de fs. 142 a 148, donde manifestó lo siguiente: i) Las diversas decisiones emitidas en ningún momento atentaron contra la estabilidad laboral de la accionante, puesto que no fue despedida ni se fracturo el vínculo laboral con el Ministerio de Gobierno ya que a la fecha sigue conservando su fuente laboral, conclusión que ya fue ratificada en el Recurso de Revocatoria; ii) Los antecedentes que dieron lugar a la emisión del Memorándum DGAA/URH/R.M.157/T-987/2022, fue que a finales de gestión la institución realizó un reajuste en su estructura organizacional que fue aprobado a través del DS 4412. Donde se fusiona la Dirección General de Recaudaciones con la Dirección General de Migración; iii) Los ajustes citados también afectaron la escala salarial y planilla presupuestaria del Ministerio de Gobierno, el cual fue aprobado en una primera instancia por RM 009/2021 de 12 de enero y refrendada por RM 085 de 29 de enero de 2021, motivo por el cual se ajusta la denominación de la señorea Bazán; iv) El 05 de julio de 2022 se emitió la RM 092/2022 en la cual se dejó sin efecto la desconcentración de funciones administrativa y jurídicas, encargando a la Dirección General de Asuntos Administrativos a dar cumplimiento a la citada resolución , en dicho contexto el 25 de noviembre de ese año, después de un análisis técnico y jurídico se emitió la RM 157/2022 que aprueba los ajustes a la estructura organizacional, manual de organización y funciones, como también la planilla presupuestaria de ítems del Ministerio de Gobierno; v) Producto de las modificaciones a la estructura organizacional se dispuso mediante memorándum el ajuste salarial y transferencia de la accionante, conforme a ese marco normativo se pudo identificar que al interior de las unidades de esa cartera de estado existan inconsistencias entre los niveles salariales, por lo que existía la necesidad de efectuar ajustes a la planilla; vi) Teniendo en cuenta el análisis técnico se asignó un nivel salarial que no difiere de los parámetros técnicos aplicados en niveles asignados a las unidades organizacionales distritales de manera específica Migración Distrital Tarija, puesto que el nivel más alto, justo por debajo del Responsable Distrital es el de Técnico VI con una re numeración de Bs6 906.-; vii) El ius variandi no es una prerrogativa discrecional, absoluta o caprichosa por lo que descartan cualquier ejercicio arbitrario de la citada prerrogativa debido a las circunstancias que justificaron la emisión del citado memorándum el cual obedece a la nueva estructura organizacional y las modificaciones que tuvieron su obvio reflejo en la necesidad de efectuar ajustes a la planilla presupuestaria por las evidentes inconsistencias; y, viii) No se ha acreditado una afectación a la estabilidad laboral, así como tampoco se acreditó una lesión a los vínculos familiares o a la salud a conecuencia de ese reajuste, puesto que la accionante se limita hacer consideraciones líricas y huérfanas de sustento probatorio sobre una presenta afectación del derecho a la salud, pero no indica ni demuestra de qué manera es que se hubiese afectado tal derecho, por el contrario se ha demostrado que la medida de reajuste fue debidamente justificada por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

El representante del Ministerio Público en sujeción al art. 29.8 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prefirió abstenerse del uso de la palabra. El representante de la Defensoría del Pueblo, en audiencia se abstuvo de algún pronunciamiento, toda vez que su presencia solo era en calidad de oyente.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 07/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 152 vta. a 158, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Memorándum DGAA/URH/R.M.157/T-987/2022, con base en los siguientes fundamentos: a) Este mecanismo de defensa advierte dos principios esenciales el de inmediatez y subsidiariedad, el primero que va reactivo al tiempo en que debe ser presentado que es de seis meses y el de subsidiariedad que el mismo se aplica cuando no se han agotado los mecanismos o medios de impugnación correspondientes, de lo que se advierte que la jurisdicción constitucional no es una instancia casacional o de revisión de resoluciones que pueden determinarse en el ámbito judicial o administrativo; sin embargo, bajo las consideraciones expuestas y el fondo propiamente reclamado; b) Conforme a la cédula identidad que adjunta establece que su fecha de nacimiento es el 2 de febrero de 1962 por consiguiente resulta ser una adulta mayor, otro extremo que se debe enfatizar es que la misma padece una enfermedad, como es el cáncer y de acuerdo a las consideraciones razonables esta enfermedad afecta de manera directa a la vida; c) Los presupuestos anteriormente establecidos y bajo esos paradigmas se debe indicar que la jurisprudencia constitucional ha determinado como grupo vulnerable a este grupo de personas con estas características ya que la propia Norma Suprema entre los resabios versados en el art 67.I refiere sobre los derechos de las personas adultas mayores; d) En síntesis como derechos elementales los de las personas que resultan ser de atención especial, por lo que bajo el principio de flexibilización de la subsidiariedad se tiene por cumplido pues al encontrarse la accionante en este grupo especial se enerva la abstracción al citado principio y hace que se pueda considerar el fondo de lo reclamado través de esta acción de defensa; e) Se evidenció que la impetrante de tutela ingresó a prestar sus servicios en calidad de funcionaria del Ministerio de Gobierno de acuerdo a los diferentes memorándums que fueron cursados y que se encuentran arrimadas como prueba en la presente acción de defensa; f) A través del memorándum ya citado se establece que con base en disposiciones determinadas en la RM 57/2022 de 25 de noviembre, donde se autorizó la nueva escala salarial y se vio afectada con el 40% menos de su salario, mismo que difiere del que tenía cuando ingreso a trabajar en la entidad del órgano ejecutivo; g) No se tomó en cuenta que la accionante padece una enfermedad como es el cáncer, pese a que de forma oportuna ella puso a conocimiento de esa condición de salud y que encima tiene metástasis prominente diferenciado lo que llevo a recibir diferentes tratamientos, aspecto que fue considerado por la autoridad accionada al materializar la disminución salarial y más aún lo normado por la Ley 1223 de 5 de septiembre de 2019 que en su art. 12 protege y garantiza el acceso universal a la estabilidad laboral de las personas con este padecimiento; h) Al haberse materializado una disminución en cuanto al salario que percibía la recurrente en un 40% lo cual se advierte de los memorándums que cursan, se evidencia que se lesionaron su derecho al trabajo, de acuerdo a la propia jurisprudencia y en resguardo a la estabilidad laboral se considera un despido indirecto, además de la omisión establecida en la ley citada sub lite, puesto que estas personas no solamente se encuentra disminuida su salud sino también tienen una afectación directa a su vida; i) El derecho a la vida se encuentra precautelado en la Norma Suprema por lo que estas personas merecen una protección especial más aún dada la calidad de la recurrente que es una persona de la tercera edad, debido a lo cual bajo estos recaudos se considera que es atendible la tutela, pues el estado debe adoptar medidas positivas en post de los derechos humanos en especial en los casos en que se encuentra en peligro el derecho a la vida; y, j) En este caso la demandante se encuentra en una situación especial por su estado de salud por el cáncer, aspecto que debió ser considerado al momento de emitirse el memorándum por la autoridad recurrida, debió considerar la protección que merecen los grupos en estado de vulnerabilidad condición de la cual también emitió un entendimiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Memorándum DGAA/URH/ A- 248/2019 de 27 de noviembre, donde la hoy accionante ingreso a trabajar en el Ministerio de Gobierno en el cargo de Profesional VIII- Dirección General de Recaudaciones, con un nivel salarial de Bs10 173.- (fs. 16). II.2. Mediante nota de 10 de noviembre de 2020, Cristina Fátima Bazán Auza, ante la solicitud de poner a disposición los cargos de recaudaciones, puso a conocimiento del Ministro de Gobierno que al haber sido diagnosticada con cáncer en el cuello de la matriz y al estarse sometiendo a duros tratamientos para recuperar su salud no puede ni quería dejar su puesto de trabajo, además de encontrarse bajo la protección de la Ley 1223 (fs. 21). II.3. Por Memorándum DGAA/URH/ T-497/2021 de 29 de enero, se le transfirió al Item 596 como Profesional de Recaudaciones de Migración de la Distrital Tarija dependiente de la Dirección General de Migración con un nivel salarial de Bs10 173.- (fs. 17). II.4. Consta Memorándum DGAA/URH/ INS-204/2021 de 26 de julio, donde la Directora General de Asuntos Administrativos, comunica a la hoy accionante que desempeñara funciones en la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, aclarando que esa disposición no afectaba su nivel salarial, ni la fuente de su financiamiento (fs. 18). II.5. A través de Memorándum DGAA/URH/R.M. 157/T-987/2022 de 1 de diciembre, Beatriz Marilyn Vela Mercado, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, puso a conocimiento de la impetrante de tutela que su cargo sería de Técnico VI de Régimen Penitenciario Dependiente de la Dirección Departamental, con un haber mensual de Bs6 906.- (fs. 20). II.6. Mediante memorial de 15 de diciembre de 2022 Cristina Fátima Bazán Auza, hizo conocer a la hoy demandada su condición de enfermedad con cáncer y al mismo tiempo presentó recurso de revocatoria con el Memorándum donde rebajan su salario en un 40% (fs. 36).

II.7. Por Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria DGAA 001/2023 de 9 de enero, la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno confirmó el memorándum DGAA/URH/R.M. 157/T-987/2022, toda vez que el mismo no lesionaría la estabilidad laboral o el acceso a servicios de salud de Cristina Fátima Bazán Auza de Urquidi (fs. 31 a 35). II.8. Se evidencia memorial de 7 de febrero de 2023, donde la accionante presentó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa que confirma el Memorándum por el cual se ejecuta su rebaja salarial (fs. 44 a 48 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante expresa como lesionado su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, debido a que mediante Memorándum DGAA/URH/R.M.157/T-987/2022, la autoridad hoy demandada le comunicó cambio a un nuevo cargo y de funciones donde le rebajan su salario en un 40%, con el justificativo de una supuesta restructuración organizacional en la que no fue considerada su inamovilidad a ser una persona de la tercera edad y enferma de cáncer de cuello en la matriz en grado 2A, extremo que lesiona sus derechos y garantías constitucionales, pero sobre todo a la salud y a la vida. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Excepción a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional

Al respecto la SCP 0415/2024-S2 de 29 de julio, expresó lo siguiente: “En virtud a las previsiones contenidas en los arts. 129 de la CPE; y, 53.1 y 3 del CPCo, la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario; es decir, es viable solo en la medida en que el impetrante de tutela agote previamente a su interposición todos los medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales; y, únicamente ante la persistencia de la lesión, podrá formularla; estando constreñido, por ende, a reclamar los actos ilegales u omisiones indebidas que considere vulneran sus derechos, inicialmente a la autoridad o persona que los dictó y en su caso, si es viable, impugnarlos ante la instancia superior, para abrir la competencia de la justicia constitucional. No obstante lo anotado, además del daño irreparable e irremediable instituidos en el art. 54.II del CPCo, como supuestos que dan lugar a ingresar al análisis de fondo de esta acción de defensa, prescindiendo de su naturaleza subsidiaria; la jurisprudencia constitucional ha determinado también excepciones a dicha característica en asuntos en los se vean involucrados derechos fundamentales de grupos vulnerables que cuentan con una protección constitucional reforzada, a través de la Norma Suprema y diversos instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; teniéndose dentro de estos casos como ejemplos, a las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, minorías étnica o raciales y adultos mayores, entre otros.

En ese marco, en cuanto a los adultos mayores y la prescindencia del carácter subsidiario de esta acción de tutela cuando es planteada por una persona que es parte de dicho grupo de atención prioritaria; la SCP 1631/2012, entre muchas otras posteriores, determinó que en dichos casos, no es viable exigirles el cumplimiento del principio de subsidiariedad; abriéndose en consecuencia, la competencia de este Tribunal para efectuar el estudio de fondo respectivo en relación a los actos demandados de ilegales en la acción de amparo constitucional.

(…)

La realidad social, obliga al último y máximo intérprete de la Constitución, en base a pautas de interpretación constitucional, a realizar una labor hermenéutica en relación a la última parte del artículo 129.II de la CPE; en ese contexto, el principio de favorabilidad como pauta específica de interpretación de derechos fundamentales y garantías constitucionales, con génesis expresa en el art. 256.II de la CPE, asegura la consolidación del Estado Constitucional de Derecho en el cual prima la eficacia máxima de los derechos fundamentales, en ese orden, para este fin, es necesario interpretar la última parte del art. 129.II de la CPE, a la luz de los principios pro-hómine y pro-actione, para que en el marco de una interpretación extensiva y progresiva de la garantía constitucional de amparo constitucional en cuanto al plazo de caducidad, se procure un acceso eficaz a la tutela constitucional y en el marco de una interpretación teleológica, se asegure una interpretación según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien. Así, los actos lesivos a derechos fundamentales, pueden generar en contra de personas individuales o colectivas, una afectación inmediata o mediata en el tiempo, en ese orden, en el primer supuesto, el plazo de caducidad disciplinado en el art. 129.II de la CPE, se computará desde la notificación con la comisión vulneratoria alegada; por el contrario, en una interpretación que favorezca al acceso a la justicia constitucional y de acuerdo a una pauta teleológica de interpretación que asegure una interpretación según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, cuando los actos lesivos generen una afectación a derechos fundamentales mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, el plazo de caducidad para activar la acción de amparo constitucional, se computará de acuerdo a los postulados del último supuesto disciplinado por el art. 129.II de la CPE, es decir, desde la notificación de la última decisión jurisdiccional o administrativa…” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.2. La protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad

Sobre este aspecto es importante reiterar lo que la SCP 0444/2024-S4 de 15 de agosto, “….sobre la protección de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad, señaló que: “El fundamento de la protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad es la igualdad en su múltiple dimensión, valor-principio-derecho, fuertemente proclamada en el nuevo orden constitucional, que debe ser comprendida en sus dos vertientes: La igualdad formal y la igualdad material, que se hallan complementadas, compatibilizadas y conciliadas en el texto constitucional.

En efecto, cuando la Constitución Política del Estado, desde su Preámbulo declara que el Estado Plurinacional se basa en la igualdad entre todos, prohibiendo y sancionando conforme dispone el art. 14.II de dicho cuerpo legal toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona, debido a que como afirma el art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en el de igualdad, lo que hace la Ley Fundamental es consagrar la igualdad formal entre todas las personas, a través de diversas concreciones, como por ejemplo la igualdad entre el hombre y la mujer o prohibición de discriminación fundada en razón de sexo, la prohibición de discriminación por el estado de embarazo, o la igualdad entre las personas independientemente de sus capacidades físicas, mentales, psicomotoras, etc., o prohibición de discriminación fundada en razón de discapacidad, etc.

Ahora bien, el principio de igualdad formal que nos recuerda el aforismo de que ‘Todas las personas son iguales ante la ley, propio del Estado Liberal de Derecho, es conciliado, compatibilizado y complementado con el principio de igualdad material afianzado a partir del Estado Social de Derecho, cuando la propia Constitución Política del Estado contiene normas para conseguir la igualdad efectiva entre todas las personas. Normas constitucionales aparentemente desigualitarias para favorecer a ciertos sectores en situación de inferioridad, reconociendo por ejemplo, que sectores en condiciones de vulnerabilidad, como son las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con capacidades diferentes, los niños o niñas, etc. son formalmente iguales respecto del resto de las otras personas pero al encontrarse materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, es decir, tener otra posición social, económica o de otra índole requieren de disposiciones constitucionales específicas para una protección reforzada por parte del Estado a través de diversas concreciones para ser coherentes con el valor justicia consagrado como principio, valor y fin del Estado (art. 8.II de la CPE).

La igualdad material está constitucionalizada a través de una normativa de discriminación positiva o que disciplina políticas o acciones afirmativas, que implica tratar desigualdad a los desiguales, es decir a aquéllos grupos o sectores que se encuentran en desventaja y, por tanto, en una situación desigual y desfavorable, para equilibrar la balanza y dar oportunidades a los grupos menos favorecidos para que puedan estar en igualdad de condiciones a través de normas jurídicas que busquen ese equilibrio tratando de evitar así detrimentos a grupos que se encuentran en desventaja.

Se trata de aquellas normas constitucionales que reconocen la protección constitucional reforzada de algunos sectores en condiciones de vulnerabilidad, que buscan ese equilibrio de personas que se encuentran en desventaja con el conjunto en general, como ser, entre otros ejemplos: …b) Las personas con capacidades diferentes. El art. 71.II y III de la CPE, establece que el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.

En ese orden, también los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE), reconocen normas jurídicas de discriminación positiva especiales en aras de la protección reforzada de los sectores en situación de vulnerabilidad, respecto de los niños, la mujer, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, etc.; bloque de constitucionalidad que según la SC 0110/2010-R, de 10 de mayo, comprende también a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(…)

De la misma forma que las normas constitucionales y las que integran el bloque de constitucionalidad, la ley también tiene contiene normas de igualdad material. Ello se puede verificar a través del desarrollo legislativo pre y post constitucional amplio respecto a las normas jurídicas de discriminación positiva a favor de los sectores en situación de vulnerabilidad, como son, respecto de los niños, de la mujer los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, etc.

III.1.2. Las dos funciones que nacen de la complementación, compatibilización y conciliación constitucional de la igualdad en sus dos vertientes: La igualdad formal y la igualdad material

(…)

La complementación y conciliación de ambas vertientes del principio de igualdad: formal y material constitucionalizados y reconocidos en el bloque de constitucionalidad tiene dos funciones: La primera, obliga al Estado a través de sus Órganos en sus respectivos roles a otorgar un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes, debido a que los derechos fundamentales son vinculantes para el legislador, al ejecutivo y los jueces, a estos últimos dado su rol preponderante en el Estado Constitucional de Derecho. Al legislador ordinario a dictar normas de desarrollo de discriminación positiva, al ejecutivo a realizar políticas públicas a través de acciones afirmativas o acciones positivas y a los jueces a proferir jurisprudencia que potencie el principio de igualdad material a través de un interpretación progresista, extensiva, libre de formalismos, a partir de los criterios y métodos de interpretación constitucionalizados como los de favorabilidad, favor debilis, pro hómine, en los arts. 13.IV y 256 de la CPE, entre otros.

ii) El derecho subjetivo a un trato desigual de las personas pertenecientes a sectores de vulnerabilidad.

La segunda función que cumple la complementación y conciliación de ambas vertientes del principio de igualdad: formal y material es configurar un auténtico derecho subjetivo de las personas pertenecientes a estos colectivos tradicionalmente discriminados a recibir un trato jurídico desigual y favorable en determinados casos, con la finalidad de conseguir su equiparación social, precisamente a través de medidas normativas, políticas públicas y jurisprudenciales. Su configuración nace a partir de la reconstrucción de las normas constitucionales que consagran y reconocen la igualdad formal (art. 14.II de la CPE), y la igualdad material a través de normas jurídicas específicas de discriminación positiva de estos sectores (por ejemplo las normas constitucionales de protección de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia (arts. 48.VI y 45.V de la CPE entre otras), las normas constitucionales de protección reforzada de las personas con discapacidad o capacidades diferentes (art. 71.II de la CPE) y así, en lo conducente, otras normas respecto de otros grupos de especial vulnerabilidad.

Existen varios ejemplos del reconocimiento del derecho subjetivo a un trato desigual de las personas pertenecientes a sectores de vulnerabilidad por la jurisprudencia constitucional. Esto debido a que la Constitución Política del Estado, es una norma jurídica que obliga a todos a someterse a ella, a sus principios, valores derechos y garantías constitucionales (normas constitucionales-principios), en especial a los jueces dada su labor preponderante a partir de la configuración del Estado Constitucional de Derecho y debido a que en sus manos están la pluralidad de fuentes del Derecho, el desarrollo jurisprudencial también debe ser coherente con la compatibilización y conciliación que declara la Constitución Política del Estado respecto a la igualdad en su múltiple dimensión valor-principio-derecho y en sus dos vertientes: la igualdad formal y la igualdad material.

Ello se puede verificar en las líneas jurisprudenciales de la protección reforzada de los sectores de especial vulnerabilidad, que ha tenido su efecto irradiador no sólo en los derechos fundamentales sustantivos, sino asimismo, en los derechos procesales de éstos, como el siguiente ejemplo, entre otros (las negrillas corresponden al texto original).

III.3.Especial protección del derecho a la estabilidad laboral de las personas con cáncer por su estado de debilidad manifiesta

Continuando con el entendimiento expresado en la SCP 0444/2024-S4 de 15 de agosto, corresponde indicar que: “La Norma Suprema en su art. 48.II, señala que: ‘Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador’, siendo el derecho a la estabilidad laboral una protección ampliamente reconocida en favor de las personas de sectores vulnerables de la sociedad, que por su condición requieren de una protección reforzada por parte del Estado.

En consonancia con lo precedentemente mencionado, la jurisprudencia constitucional tuteló el derecho a la estabilidad laboral a partir de la consideración de los derechos a la vida, a la salud y la seguridad social, de aquellos trabajadores que padecen enfermedades graves o terminales, es así que, la SCP 0408/2019-S4 de 2 de julio, haciendo mención a lo establecido en la SC 1684/2003-R de 24 de noviembre, desarrolló el siguiente entendimiento: ´En el presente caso, se evidencia en forma clara, que el recurrido ha quebrantado los derechos mencionados de la recurrente, en consideración a que cuando emitió el memorando de «Retiro Forzoso» no le entregó ni se le hizo conocer personalmente o por cédula a la recurrente tal determinación, menos aún se tramitó un proceso administrativo interno, (…) implicando además, que ésta se vea cohibida de ejercer sus derechos al acceso a la seguridad social y especialmente a la vida misma, por cuanto ésta en su situación actual de salud, está siendo puesta en grave e inminente peligro, dado que al no acceder temporalmente a esas prestaciones, la recurrente puede incluso perder la vida, situación que el recurrido debió prever antes de asumir su determinación, pues si bien la ley le otorga cierta permisibilidad para disponer del cargo que ocupa la recurrente, no es menos cierto que en casos como el planteado, dicha permisibilidad deba estar sometida a un bien jurídico de mayor protección, que en el caso se traduce en un derecho fundamental primario, como es la vida misma, la que no puede ser sometida a amenaza, restricción y menos supresión bajo ningún justificativo aún sea legal, como se argumenta en la especie’.

El señalado entendimiento jurisprudencial, establece de manera clara que ante la existencia de una trabajadora o trabajador, con enfermedad de cáncer terminal, la permisibilidad de disponer del cargo por parte del empleador, se encuentra subordinada a un bien jurídico mayor como es la vida en relación a los derechos a la salud y a la seguridad social; por lo que, en tales casos, ante el riesgo grave de la vida a consecuencia del estado de salud de la accionante, se debe velar por el acceso de la trabajadora o trabajador a las prestaciones de salud, implicando ello su consiguiente estabilidad laboral.

En ese mismo sentido, se tiene la SCP 0046/2013-L de 6 de marzo, pronunciada en el caso de una trabajadora con cáncer en la piel, sostuvo que: ‘Del cuaderno procesal se evidencian las notas de 4 de marzo y de 17 de mayo de 2010 remitidas por la accionante a Fernando Baltz Arzabe, Gerente General a.i. de ITS S.R.L. por las cuales le hizo conocer los resultados de la biopsia para ser atendida en su requerimiento, solicitando horario continuo sin embargo por nota CITE G.G. 154/2010 de 8 de julio, el referido gerente emitió el preaviso de recisión de contrato, determinación que fue adoptada sin tomar en cuenta la enfermedad que padecía hoy accionante bajo certificación médica emitida por la CNS suscrita por Rony Heredia, Cirujano Oncólogo, así como el Certificado Médico Forense del Ministerio Público; sin embargo, de estos antecedentes se mantuvo incólume la destitución con esta actitud se afectó el derecho al trabajo y consiguientemente se vulneraron otros derechos como ser a la vida, a la salud y a la seguridad social, siendo en consecuencia la fuente laboral un medio para poder acceder a los servicios básicos de salud que brinda la Caja Nacional de Salud, para realizar el control y tratamiento de su enfermedad, por cuanto al no contar con un empleo o una fuente laboral se ve en la imposibilidad de poder adquirir algún medicamento para su tratamiento negándole de esta forma el acceso a la seguridad social y la salud, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.3, 4, 5 y 6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional’.

Del referido fallo constitucional se tiene que la jurisprudencia constitucional ha entendido que se vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social, cuando se procede a la cesación de funciones en casos de trabajadores afectados de la enfermedad de cáncer; toda vez que, se entiende que la fuente laboral constituye el medio para el acceso a los servicios de salud que brinda el seguro social, a objeto de realizar el tratamiento y el control de la referida enfermedad; por lo que, la finalización de la relación laboral, conlleva la imposibilidad de acceso a la seguridad social.

En otro caso análogo, referido al despido de una servidora pública del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, alegando el carácter de interina de la referida funcionaria, a quien se le detectó cáncer de mama y de cuello uterino, interviniéndola y extirpándole una mama, la matriz y los ovarios, y posterior quimioterapia, y a quien se debía realizar cada seis meses un estudio de tomografías con contraste, centillografía ósea y/o gammagrafía ósea, mamografías y reflectores tumorales, a fin de controlar el avance de los tumores cancerígenos; se pronunció este Tribunal en la SCP 0115/2017-S2 de 20 de febrero, estableciendo que: ‘En ese sentido, velando por el interés primario del bien jurídico protegido por el Estado, el derecho a la vida, sobre la cual se sustentan otros derechos como la salud, independientemente de la condición de interinato alegado por la parte demandada (…) al darle conclusión a la relación laboral se está vulnerando flagrantemente el derecho a la vida de la accionante, pues como consecuencia, el seguro médico del que venía gozando quedaría suspendido, lo cual no es admisible, cuando se alega la continuidad del servicio o el tratamiento integral del padecimiento de la accionante, lo que implica que la atención en salud no puede ser suspendida en ningún caso, es decir, su prestación debe ser ininterrumpida, constante y permanente, puesto que no se puede dejar en desamparo a quien está en tratamiento, más aun cuando la falta de tal servicio o atención médica vulnere o amenace vulnerar los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere’.

De los entendimientos jurisprudenciales anteriormente referidos, queda claro, que cuando se trata de trabajadores o trabajadoras de entidades públicas o privadas, que padecen enfermedades de carácter grave o terminal, cuyo tratamiento necesite de prestaciones del seguro social de carácter permanente ininterrumpida y constante, en las que la cesación de tratamiento o control pueda implicar riesgo para la vida de la trabajadora o el trabajador, debe sobreponerse el derecho a la vida, en relación a los derechos a la salud y a la seguridad social respecto a la posibilidad o permisibilidad que tenga el ente público o privado para disponer del cargo; toda vez que, la posibilidad de dar fin a la relación laboral se encuentra subordinada a un bien jurídico mayor como es la vida o riesgo de vida del trabajador’.

En igual sentido, de acuerdo a lo contemplado en los arts. 35 y 37 de la CPE, es obligación del Estado, en todos sus niveles, garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, de todas las bolivianas y todos los bolivianos y con mayor énfasis de las personas de sectores vulnerables, tal es el caso de las personas con enfermedades terminales como el cáncer, a quienes se les debe otorgar un servicio de salud continuo que le permita poder acceder a un tratamiento no solo durante el padecimiento de la enfermedad, sino de forma posterior a la misma, realizando el seguimiento respectivo para detectar a tiempo una posible recurrencia del mismo. Por lo que, resulta importante tutelar el derecho a la estabilidad laboral de trabajadores que padecen dicha enfermedad, por su íntima relación con el derecho a la salud y a la seguridad social, con la finalidad de garantizar a ese sector de la población un servicio de salud continuo, que les asegure una existencia digna.

En el marco normativo constitucional previo, es importante traer a colación lo establecido en el art. 12.IV de la Ley del Cáncer, que sobre la estabilidad laboral de las personas con cáncer, establece y determina que: Se garantiza la estabilidad laboral de toda trabajadora o trabajador del sector público o privado con cáncer y no podrán ser despedidos sin justa causa; asimismo, se reconocen los permisos laborales necesarios a efectos de su tratamiento, de acuerdo a normativa vigente. En ese orden, conforme a lo referido en la mencionada Ley y en conexitud con el principio de igualdad material, se reconoce y protege la garantía del derecho a la estabilidad laboral reforzada de toda trabajadora o trabajador del sector público o privado que padece la enfermedad de cáncer, quien por su condición de salud y su estado de debilidad manifiesta, necesita de un seguro de salud y recursos económicos suficientes para su subsistencia y para asegurar la continuidad de su tratamiento médico, de manera que se le garantice una existencia digna, con la finalidad de materializar sus derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social.

En armonía con los entendimientos y disposiciones legales analizadas anteriormente, pronunciándose respecto a la estabilidad laboral de personas pertenecientes a grupos vulnerables, la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-594/15 de 14 de septiembre de 2015, sistematizó las reglas jurisprudenciales relativas a la estabilidad laboral de todos los trabajadores en situación de vulnerabilidad, incluyendo a los trabajadores con contrato a plazo fijo, en los siguientes términos:“…la estabilidad en el empleo, constituye una medida que permite que las personas que han sufrido una disminución física en vigencia de un contrato de trabajo, no sean discriminadas en razón a su estado de salud, asimismo, garantiza que puedan obtener los recursos necesarios para subsistir y asegurar la continuidad del tratamiento médico de la enfermedad que presenta el trabajador. (ii) Por regla general, la garantía de este derecho debe reclamarse en la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, en forma excepcional, procede la acción de tutela, cuando el trabajador que reclama el amparo, se encuentra en situación de vulnerabilidad por causa de una disminución física, sensorial o psíquica que afecta el normal desempeño de su actividad laboral. (iii) Tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, todos los trabajadores que presenten alguna disminución física, sensorial o psíquica siempre que el empleador tenga conocimiento de esta circunstancia, y que la desvinculación se hubiere efectuado sin autorización del Ministerio de Trabajo. (iv) Cuando se produce la desvinculación de un trabajador disminuido física, sensorial o psíquicamente, se presume que el despido tiene relación con el deterioro del estado de salud del trabajador y por lo tanto, corresponde al empleador desvirtuar dicha presunción. (v) En los contratos a término fijo, el vencimiento del plazo pactado, no es una causal que permita el despido de un trabajador que presenta alguna limitación…’.

Así también, la Sentencia T-052/20 de 13 de febrero de 2020, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, bajo una interpretación más amplia y progresiva, estableció la necesidad de proteger el derecho la estabilidad laboral de personas en circunstancias de debilidad manifiesta, señalando que: ‘La estabilidad laboral reforzada no tiene un rango puramente legal sino que tiene fundamento directo en diversas disposiciones de la Constitución Política, a saber: en el derecho a «la estabilidad en el empleo» (…); en el derecho de todas las personas que «se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta» a ser protegidas «especialmente» con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad «real y efectiva» (…); en que el derecho al trabajo ‘en todas sus modalidades’ tiene especial protección del Estado y debe estar rodeado de «condiciones dignas y justas» (…); en el deber que tiene el Estado de adelantar una política de «integración social» a favor de aquellos que pueden considerarse «disminuidos físicos, sensoriales y síquicos» (...); en el derecho fundamental a gozar de un mínimo vital, entendido como la posibilidad efectiva de satisfacer necesidades humanas básicas como la alimentación, el vestido, el aseo, la vivienda, la educación y la salud (...); y en el deber de todos de ‘obrar conforme al principio de solidaridad social’ ante eventos que supongan peligro para la salud física o mental de las personas (...)’.

En igual sentido, la Sentencia T-376/16 de 15 de julio de 2016, de la referida Corte Constitucional de Colombia, estableció que: ‘…a partir del derecho constitucional al trabajo y de la protección especial derivada del inciso 3º del artículo 13 a favor de las personas en estado debilidad manifiesta, la Corte Constitucional ha desarrollado la estabilidad laboral reforzada en el empleo de los sujetos que por su condición de salud, se encuentren en una posición de desventaja respecto de la generalidad de personas, entre las que se incluyen las personas con cáncer”’ (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).

III.4. Análisis del caso concreto

La problemática que plantea la instauración de la presente acción de amparo constitucional así como de los antecedentes puestos a conocimiento de esta jurisdicción, devienen del Memorándum DGAA/URH/R.M.157/T-987/2022, emitido por la autoridad hoy demandada donde le comunica cambio de cargo y de funciones, además de una nueva escala salarial que afecta en la disminución del 40% de su salario, esto con el justificativo de una supuesta restructuración organizacional en la que no fue considerada su inamovilidad al ser una persona de la tercera edad y enferma de cáncer de cuello en la matriz en grado 2A, extremo que lesiona su derecho al trabajo, estabilidad laboral reforzada y a la salud.

Dentro de ese contexto se llegó a evidenciar que Cristina Fátima Bazán Auza ingresó a trabajar al Ministerio de Gobierno en el cargo de Profesional VIII- Dirección General de Recaudaciones, con un nivel salarial de Bs10 173.- de manera posterior el 29 de enero de 2021 se efectuó su transferencia al cargo de Profesional de Recaudaciones de Migración Distrital de Tarija con el mismo nivel salarial, aproximadamente a los seis meses le reasignaron funciones en la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Tarija, asumiendo el cargo debido a que se le aclaró que esa disposición no afectaba su nivel salarial ni la fuente de financiamiento en la que se encontraba, cumpliendo con responsabilidad y a cabalidad todas las determinaciones institucionales; en ese ínterin en la gestión 2020, lamentablemente fue diagnosticada con cáncer de cuello de la matriz, enfermedad que fue puesta a conocimiento de la institución de manera oportuna; pese a ello sin considerar su condición médica y menos la normativa específica a favor de los pacientes con esta enfermedad, le entregaron el Memorándum DGA/URH/R.M.157/T-987/2022 y que fue notificado cuando se encontraba con baja médica, donde le cambiaron de puesto a Técnico de Régimen Penitenciario con un haber mensual de Bs6 906.-acto que vulnera su estabilidad laboral reforzada ya que se le estaría disminuyendo el salario de forma significativa, lo cual no solo afecta su economía sino también su salud que le obliga a realizar una serie de gastos para tratar de mantenerse con vida, pues el cáncer al ser una terrible enfermedad hace que los tratamientos mínimos que otorga la Caja de Salud no sean suficientes, sino que en el afán de luchar para mejorar su salud generan otros que deben ser cubiertos de forma privada, como por ejemplo el denominado bloqueo medular que no es cubierto por el seguro médico y que tiene que ser asumido por los propios pacientes, entre otros procedimientos necesarios no solo para combatir la enfermedad sino para tratar de aminorar los dolores y consecuencias de la misma. La parte accionada justifica la decisión en el cumplimiento de un reajuste en la estructura organizacional de la institución que fue aprobado a través del DS 4412 de 9 de diciembre de 2020, donde fusionaron la Dirección General de Recaudaciones con la Dirección General de Migración, ajustes que también afectaron la escala salarial y planilla presupuestaria del Ministerio de Gobierno, el cual fue aprobado en una primera instancia por la RM 009/2021 de 12 de enero y refrendada por otra; posteriormente, se habría emitido la RM 092/2022 en la cual se dejó sin efecto la desconcentración de funciones administrativa y jurídicas, para después de un análisis técnico y jurídico emitir la RM 157/2022 que aprobó los ajustes a la estructura organizacional, manual de organización y funciones, como también la planilla presupuestaria de ítems del Ministerio de Gobierno, por lo que alega que dicha decisiones emitidas en ningún momento atentaron contra la estabilidad laboral de la accionante, pues no fue despedida ni se fracturo el vínculo laboral con la institución ya que a la fecha sigue conservando su fuente laboral, estos argumentos fueron desarrollados en la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria DGAA 001/2023, donde la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno confirmó el memorándum que impugnó la hoy accionante. Lo expuesto sub lite, amerita en primera instancia referir sobre la abstracción al principio de subsidiariedad en grupos vulnerables como el que se analiza, pues si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, la parte accionante debe agotar todos los recursos que tiene a su alcance, para la protección de sus derechos alegados como vulnerados; sin embargo, no es menos cierto que como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1 que en determinados casos, como aquellos que involucren a personas con cáncer debe aplicarse esta excepción a la subsidiariedad, puesto que la Constitución Política del Estado, establece un marco de protección especial para los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mismos que merecen un trato especial por parte del Estado, en ese sentido si bien es cierto que Cristina Fátima Bazán Auza presentó recurso de revocatoria contra el memorándum que afecta a sus derechos, también se constató que presentó recurso jerárquico el cual está pendiente de resolución; pese a ello, al tratarse de un caso de salud extremo obviando la innecesaria formalidad en casos de urgencia y que están relacionados con la vida misma de las personas, este Tribunal no ve impedimento para conocer la demanda de acción de amparo constitucional, misma que, como se tiene señalado admite ciertas excepciones tomando en cuenta la naturaleza de los derechos que se tutelan, la situación de desprotección en la que se encuentran algunos sujetos que la solicitan, la inminencia del daño que podría ocasionarse o la necesidad de una protección inmediata; situaciones en las que es posible hacer abstracción de dicho principio como es este caso. Ahora bien, sin antes ingresar al fondo propio de las causas de esta acción todo profesional en el área legal entiende que una disminución en el salario de cualquier funcionario público más aún de uno que tiene inamovilidad laboral por cualquier circunstancia se constituye en un despido indirecto, por lo que el argumento de que no se atentó contra la estabilidad laboral de la impetrante de tutela porque no fue despedida ni se fracturo el vínculo laboral, resulta ser pueril y sin justificativo valedero, pues las prerrogativas que tiene el ius variandi, si resultan ser arbitrarias y discrecionales cuando no se toma en cuenta al trabajador, así sea en casos de restructuraciones organizacionales, más aún si no se considera la afectación que se estaría ocasionando a estos grupos sobre protegidos por la Norma Superior, debido a lo cual la aplicación de cualquier norma de menor jerarquía carece de cualquier sustento legal simplemente por la supremacía constitucional y jerarquía normativa precitada en el art. 410 de la CPE, lo que significa que todas las demás normas deben estar en consonancia con ella, pues ninguna ley o disposición legal la puede contradecir. En ese orden, es importante traer a colación lo establecido en el art. 12.IV de la Ley 1223 del Cáncer, que sobre la estabilidad laboral de las personas que padecen esta enfermedad, establece y determina que: “Se garantiza la estabilidad laboral de toda trabajadora o trabajador del sector público o privado con cáncer y no podrán ser despedidos sin justa causa; en esta determinación se incluye a los trabajadores con contrato a plazo fijo, en los siguientes términos:`…, no sean discriminadas en razón a su estado de salud, asimismo, garantiza que puedan obtener los recursos necesarios para subsistir y asegurar la continuidad del tratamiento médico de la enfermedad que presenta el trabajador´”, siendo claro que no solo la constitución reconoce la diversidad de derechos fundamentales sino las leyes especiales las cuales tienen la finalidad de proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables, aspecto que no fue tomado en cuenta por la autoridad demandada, debido a que como se detalló en las Conclusiones II.2 y II.6 de este fallo, por nota de 10 de noviembre de 2020 dirigida al Ministro de Gobierno y otras dirigidas a las instancias pertinentes de manera oportuna Cristina Fátima Bazán Auza hizo conocer la condición de salud que tenía, pues al haber sido diagnosticada con cáncer en el cuello de la matriz y al estarse sometiendo a duros tratamientos para recuperar su salud no podía ni quería dejar su puesto de trabajo, además de encontrarse bajo la protección de la Ley 1223, aspecto que no fue tomado en cuenta por la entidad que si bien tenía la permisibilidad de realizar ajustes a sus estructuras organizacionales, no es menos cierto que en la misma también debieron considerar que en estos cambios no se afecten a los funcionarios con calidad de especiales o vulnerables, pues se tiene por obligación el velar por el interés primario del bien jurídico protegido por el mismo Estado que es el derecho a la vida, sobre la cual se sustentan otros derechos como la salud, independientemente de la condición que tengan esos trabajadores, en estricta aplicación de los arts. 109. I y 203 de la CPE y la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que estableció “…la protección reforzada de los sectores de especial vulnerabilidad, que ha tenido su efecto irradiador no sólo en los derechos fundamentales sustantivos, sino asimismo, en los derechos procesales o administrativo”; especialmente al tratarse de un caso cuyos actos devendrían en lesivos para una mujer de la tercera edad con enfermedad tan grave como es el cáncer que merece una protección reforzada por parte de cualquier autoridad; consecuentemente, la jurisprudencia constitucional, tutela el derecho a la estabilidad laboral a partir de la consideración de los derechos a la vida, a la salud y a la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que padecen enfermedades graves o terminales, estableciendo de manera clara que la estabilidad en el empleo, constituye una medida que permite que las personas que han sufrido una disminución física, no sean discriminadas en razón a su estado de salud, garantizándose además que puedan obtener los recursos necesarios para subsistir y asegurar la continuidad del tratamiento médico de la enfermedad que presentan, situación que no se estaría cumpliendo con la accionante ya que la disminución salarial de la cual fue objeto no solo se constituye en un despido indirecto sino que también atenta contra su propia subsistencia ya que es con ese salario con el que realiza otros tratamientos médicos necesarios para mantenerse con vida y que no son cubiertos por los seguros como todos conocemos, por lo que en esa línea de razonamiento se debe comprender que el derecho a la vida a partir de su contexto normativo es concebido como un atributo inherente a las personas para mantener y desarrollar plenamente su existencia biológica, así como su subsistencia; que conlleva vivir bien o con dignidad, pues se debe entender que el derecho a la vida no solo implica la conservación y protección de la vida misma, sino también comprende que se otorguen las condiciones necesarias para tener una vida digna de la cual se entiende que deriva un conjunto de condiciones que harán factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana de ahí que, su materialización adquiere mayor relevancia cuando se trata de personas que padecen de una enfermedad crónica o grave como el cáncer, debido a que por sí, los mismos tienen mermado su estado de salud y su calidad de vida, lo que les impide situarse en una posición de igualdad frente al resto de la población, por lo que se les otorga una particular atención dadas las circunstancias que tienen este grupo de personas en una situación de vulnerabilidad y desventaja frente al resto de la población. Este criterio constitucional se lo desarrolla, en virtud a que el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como finalidad la de promover, proteger y respetar los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo lo previsto en el art. 13 de la CPE, que garantiza su eficacia y cumplimiento en todas las esferas del sector público o privado, pues se debe entender que todos los derechos reconocidos en la Norma Suprema gozan de las mismas garantías para su protección y preferente aplicación por sobre otras de menor jerarquía, en especial para casos de grupos de alta vulnerabilidad como el que fue puesto a conocimiento de este alto tribunal, debido a que sobre el derecho a la salud vinculado con la estabilidad laboral fueron ampliamente desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, las cuales han establecido que la persona o grupos sociales pueden exigir a los órganos del Estado, que establezcan las condiciones adecuadas para que ellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y por ende se garantice el ejercicio del derecho a la salud de las personas con enfermedad grave como el cáncer, por lo que se debe asegurar la importancia del enfoque integrado de la salud, que logre abarcar la prestación de la atención en todos los ámbitos a estos enfermos, a través de las instituciones, las cuales deben coadyuvar en su cumplimiento, tomando las acciones pertinentes para subsanar las deficiencias; pues se debe entender que esta interpretación se encuentra relacionado con valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, en este caso en particular desde esa perspectiva los derechos de las personas con enfermedades graves. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, realizó una adecuada compulsa de los antecedentes del caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 152 vta. a 158, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Tarija; en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional; 2° Disponer dejar sin efecto el Memorándum DGAA/URH/R.M.157/T-987/2022 de 1 de diciembre, y reincorpore a la accionante a su fuente laboral en el mismo cargo y mismo nivel salarial que tenía al momento de su desvinculación o de manera alternativa, a otro puesto de igual grado salarial, dentro del plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, computables a partir de su legal notificación; además de pago de la totalidad de sueldos, salarios devengados y demás beneficios sociales, generados desde la fecha de desvinculación hasta la efectiva reincorporación; y,

3° Exhortar al Ministerio de Gobierno para que en casos análogos aplique de manera directa la Ley del Cáncer –Ley 1223 de 5 de septiembre de 2019 y su DS 4881 de 22 de febrero de 2023– a fin de evitar en lo futuro la lesión de los derechos fundamentales de estas personas en estado de vulnerabilidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0398_2025-S4.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3ec7b6ff31fb8ef11eae1cddb111ffe4bddcace1c3d39bdfc3575c2c611ec6d1

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