Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, y el principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Jueza hoy accionada mediante Auto Interlocutorio 15/2022 de 20 de junio, rechazó indebidamente la cesación de su detención preventiva, argumentando la subsistencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, no obstante que el Ministerio Público, pidió la aplicación del art. 231 bis I.9 del mismo Código -ambos artículos modificados por el art. 11 de la Ley 1173- en desconocimiento que el juzgador al compulsar una petición de esta naturaleza debe valorar todos los elementos y no solo un elemento de los arts. 234 y 235 del citado cuerpo normativo; además, no se pronunció sobre el certificado médico forense que presentó, lesionando de esta manera su derecho a la vida. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 633/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 70 a 72, dictada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR en toda la tutela solicitada, sin haber ingresado al fondo de la problemática planteada;
2º Disponer que el Consejo de la Magistratura inicie acciones de Régimen Disciplinario contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz;
3º Disponer que el Ministerio Público inicie la persecución penal contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, 4º Notifíquese por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional con el presente fallo al Consejo de la Magistratura con sede en Sucre; y, al Fiscal General del Estado, también con lugar de funciones en la misma ciudad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0398/2024-S3 Sucre, 2 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48716-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 633/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 70 a 72, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carmen Rosa Llujtaparu Quispe en representación sin mandato de Wilson David Tito Rojas contra Nely Rojas Flores, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charazani del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de junio de 2022, cursante de fs. 56 a 60 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra Nely Rojas Flores, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charazani del departamento de La Paz, -ahora autoridad accionada- emitió el Auto Interlocutorio 15/2022 de 20 de junio, por el cual de manera incongruente, arbitraria y carente de fundamentación y motivación, rechazó la cesación de la detención preventiva que solicitó, argumentando la subsistencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), indicando no haber sido desvirtuado; no obstante, que el Ministerio Público -parte del proceso-, pidió la aplicación del art. 231 bis I.9 del referido Código, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1178 de 3 de mayo de 2019-, desconociendo además el bloque de convencionalidad y la jurisprudencia constitucional, que establece que el juzgador al compulsar una petición de cesación de detención preventiva, así como las pruebas aportadas, debe valorar todos los elementos y no tomar un solo elemento de los arts. 234 y 235 del referido Código, para finalmente decidir en la forma que sea menos gravosa al privado de libertad, conforme lo determina el “…Art. 221 y 7 del C.P.P., cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otra disposición que restrinja derechos o facultades del imputado deberá estarse a lo que sea más favorable a este” (sic). Refirió asimismo, que presentó un certificado médico del Centro Penitenciario bajo requerimiento fiscal, sobre el que no se pronunció la citada autoridad jurisdiccional, vulnerando sus derechos a la salud, a la vida y a la libertad, además de no considerar el principio de verdad material, ni que el derecho a la vida que consiste en permanecer con ésta, vivir bien y con dignidad, está protegido por los arts. 3 y 4.1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos (DADH), citando también las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0193/2012 de 18 de mayo y 0125/2013 de 1 de febrero.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, y el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 120.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 2.3 incs. b) y c) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1, 2 inc. 2), 3, 9 incs. 2) y 3) inc. b), y 12 inc. 2) de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos concordantes con el art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos Humanos (DADH); 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 40.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto en parte el Auto Interlocutorio 15/2022 de 20 de junio, en razón a que por un solo riesgo procesal no hay detención preventiva, como también si no existe oposición del Ministerio Público, se debe aplicar el art. 231 bis del CPP y la SC 1303/2003-R de 8 de septiembre, así como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0011/2018-S2 de 28 de febrero y 0198/2020-S1 de 21 de mayo; y, b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto del procesamiento por faltas disciplinarias.
Celebrada la audiencia pública el 22 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 69, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que: 1) En esta acción de defensa existió un subsistema de sustracción del principio subsidiario, encontrándose lesión al derecho a la vida, como lo establece la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, la cual es aplicable en este caso; puesto que, la Jueza accionada generó el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, autoridad a la que solicitó una nueva ponderación de regulación procesal a los efectos del art. 239.1 del citado Código adjetivo penal, por cuanto al haber apelado de la primera solicitud, el Auto de Vista que se emitió dejó sin efecto el riesgo procesal del art. 234.7 del referido cuerpo legal, habiendo la autoridad jurisdiccional determinado en la actualidad, únicamente el riesgo contenido en el art. 235.2 del citado Código, señalando de manera indebida e ilícita que no presentó prueba que lo desvirtúe, rechazando la cesación de su detención preventiva, sin haber valorado el certificado médico forense, que determinó un peligro efectivo para su vida, como tampoco la existencia de un solo riesgo procesal, eventualidad por la que el justiciable no puede permanecer en detención preventiva, situación ésta a ser reparada por la jurisdicción constitucional; y, 2) Solicitó se sustituya la medida extrema por la de detención domiciliaria por parte de la Jueza de la causa, en resguardo del derecho a la vida y al “…sistema de proporcionalidad regulada…” (sic), además que dicha autoridad jurisdiccional vulneró el sistema de acatamiento jurisprudencial establecido en el art. 203 de la CPE; solicitando que, en sujeción a los principios de favorabilidad reglada se declare la nulidad parcial de la Resolución 15/2022, y se ordene que “en el día” la autoridad judicial accionada, dicte una nueva, aplicando el art. 231 bis del CPP, disponiéndose medidas cautelares que no sean de detención preventiva y que tampoco se imponga fianza económica.
Nely Rojas Flores, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charazani del departamento de La Paz, en audiencia se ratificó en su informe escrito de 22 de junio de 2022, cursante de fs. 64 a 65, por el que solicitó se deniegue la tutela pedida, arguyendo que: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el hoy accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dictó el Auto Interlocutorio “260/2022” de medidas cautelares, que fue objeto de interposición de recurso de apelación incidental que por sorteo correspondió su conocimiento a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; ii) A partir del 7 del citado mes y año, su persona tuvo conocimiento de este proceso; puesto que, los abogados Raúl Ferreira y Manuel Chambilla, hicieron conocer mediante pantalla compartida a través de la Gestora de procesos, en la “…cual ordena a mi autoridad pueda emitir una nueva resolución en virtud del Art. 234 en su num. 7, confirmando en el fondo la Resolución Nº 260/2022 emitido por el juez cuarto de instrucción en lo penal de la ciudad de El Alto” (sic); iii) No llegó el legajo de apelación en forma física ya que los abogados mencionados la discriminaron, ofreciendo al respecto el audio de la audiencia que fue grabada en su integridad por la Gestora 2, que corresponde a provincias, habiéndose limitado dichos profesionales de forma burlesca a mostrar a través de la pantalla compartida la Resolución “400/2022”, dictada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y a mucha presión su persona llevó a cabo la audiencia en la que emitió el Auto Interlocutorio 15/2022, por el que rechazó la cesación de la detención preventiva del extranjero Wilson David Tito Rojas hoy peticionante de tutela, por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, al no haber presentado prueba alguna en la que el “…imputado amenace o influya negativamente, sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente…” (sic), de conformidad con el art. 235.2 del CPP, decisión que no apelaron como debieron hacerlo; y, iv) A la fecha -se entiende 22 de junio de 2022, el ahora accionante cuenta con la acusación 29/2022 de igual data, de la que éste tuvo conocimiento; peticionando, por lo expresado, se deniegue la tutela pedida; correspondiendo en este caso, aplicarse el principio de subsidiariedad.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 633/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 70 a 72, concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que la Jueza accionada, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, señale y desarrolle audiencia de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta las recomendaciones jurisprudenciales y normativas dadas como Juez de garantías, y en la vía reparadora anuló el Auto Interlocutorio 15/2022, denegando la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; determinación asumida con base en el fundamento que, conforme la jurisprudencia constitucional referida a la acción de libertad reparadora (SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio) y sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones (SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero), dentro de esta causa el peticionante de tutela, presentó documentación que indicaba que tendría un estado de salud deteriorado, habiendo presentado un certificado médico en audiencia (de cesación de detención preventiva) y el Fiscal de Materia no se opuso a la aplicación del art. 231 bis I.9 del CPP; en tal sentido, no encontró logicidad a la negación o rechazo que dispuso la autoridad accionada, ya que tomando en cuenta de “…que el hecho que el recurrente se encuentre privado de su libertad no lo hace menos o disminuye su calidad de derechos y garantías constitucionales, máxime es la norma procesal penal asido modificada por la Ley 1173 el Art. 235 ter obliga a los operadores de justicia en el num.3 de las medidas menos graves que las solicitadas” (sic). En vía de complementación y enmienda, el abogado de la parte accionante, solicitó en audiencia, que el Juez de garantías se pronuncie si se anuló en su totalidad el Auto Interlocutorio 15/2022, emitido por la autoridad accionada o en parte; y, si estableció bajo el art. 116 de la CPE, 207 y 221 del CPP, que la autoridad jurisdiccional compulse el principio de temporalidad y excepcionalidad en cuanto a que existe solo un riesgo procesal. El Juez de garantías, aclaró que el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue bastante claro al señalar que la autoridad ahora accionada, emita una resolución conforme al Auto de Vista dictado, aclarando simplemente que se anuló en parte dicha resolución. Asimismo, señaló que se debe tomar en cuenta que el fallo judicial será ejecutado inmediatamente, habiendo sido las partes legalmente notificadas, siendo esa Resolución Constitucional de inmediato cumplimiento, pese a que sea remitido en revisión al Tribunal constitucional Plurinacional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Wilson David Tito Rojas -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio 15/2022 de 20 de junio, Nely Rojas Flores, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charazani del departamento de La Paz -ahora accionada-, rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por el demandante de tutela, por subsistir el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, según lo sostenido en la demanda tutelar y el informe presentado por la Jueza accionada ante el Juez de garantías (fs. 56 a 60 vta. y 64 a 65).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, y el principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Jueza hoy accionada mediante Auto Interlocutorio 15/2022 de 20 de junio, rechazó indebidamente la cesación de su detención preventiva, argumentando la subsistencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, no obstante que el Ministerio Público, pidió la aplicación del art. 231 bis I.9 del mismo Código -ambos artículos modificados por el art. 11 de la Ley 1173- en desconocimiento que el juzgador al compulsar una petición de esta naturaleza debe valorar todos los elementos y no solo un elemento de los arts. 234 y 235 del citado cuerpo normativo; además, no se pronunció sobre el certificado médico forense que presentó, lesionando de esta manera su derecho a la vida. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el intitulado, la SCP 0207/2024-S3 de 24 de mayo, señala: “La SCP 0059/2020-S3 de 16 de marzo, reiterando el entendimiento establecido por la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, refirió que: ‘«…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.
Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona [que considere que su vida está en peligro], sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que [su vida está en peligro].
Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.
Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción»’.
Del entendimiento jurisprudencial citado se concluye que, dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar, por cuanto las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se busca, en razón a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo, contrastando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve imposibilitada de analizar la problemática planteada y en su caso conferir la tutela solicitada”.
Necesidad de identificar el acto lesivo y demostrar o acreditar con la prueba pertinente la vulneración que se acusa La SCP 0963/2023-S2 de 23 de octubre, establece que: “Conforme a lo antes expuesto, la SCP 0112/2018-S2 de 11 de abril, concluyó que: ‘…si bien la acción de libertad se halla caracterizada por el principio de informalismo, por el que el juez o tribunal de garantías está obligado a obviar cualquier formalismo que impida su consideración, debiendo en todo caso, incluso salvar los defectos u omisiones de derecho; aquello no debe confundirse con la obligación de identificar claramente el acto ilegal, pese a estar el impetrante de tutela liberado de la exigencia de argumentación jurídica en cuanto a los derechos considerados como transgredidos o respecto a la identificación de las normas vulneradas por los actos u omisiones denunciadas, todo ello a fin de otorgar una protección inmediata y oportuna a los derechos objeto de protección. En ese sentido, aunque exigir una carga argumentativa difiere de la naturaleza de la acción de libertad, dado que aquello provocaría una interpretación restrictiva y limitativa de esta garantía constitucional, aquello no implica que le esté permitido al accionante, efectuar únicamente una relación de antecedentes, sin señalar claramente el acto ilegal en el que hubiera incurrido la o los demandados, cuestionando así, el último en no haber restituido sus derechos, siendo imprescindiblemente necesario -incluso ante su presentación vía oral, conforme se advierte de los razonamientos contenidos en la Sentencia Constitucional Plurinacional, precedentemente glosada- que se identifique el o los hechos y las circunstancias del acto acusado de ilegal, por el que se requiere la tutela de derechos, por cuanto la jurisdicción constitucional, no es una instancia ordinaria para analizar como en aquella, pretensiones de dicha naturaleza, requiriendo más bien de certidumbre para amparar los derechos protegidos por esta acción, sin suplir la labor de los jueces y tribunales ordinarios, cuyas facultades se hallan establecidas por ley al efecto. En ese orden, adicionalmente a lo expresado, en cuanto a la necesidad de demostrar o acreditar con la prueba pertinente la vulneración que se acusa; este Tribunal en la SC 1931/2010-R de 25 de octubre, aludiendo a lo señalado en fallos constitucionales anteriores, indicó que: «…si bien el recurso de Hábeas Corpus se rige bajo el principio de informalismo, no es posible soslayar la obligación de los recurrentes, ahora accionantes, de demostrar las afirmaciones que realiza al demandar de hábeas corpus, hoy acción de libertad, aún sea en la audiencia prevista al efecto, requisito que tiene por objeto que este Tribunal tenga certeza sobre la veracidad de las denuncias formuladas y la responsabilidad de las autoridades que hubiesen incurrido en el acto ilegal u omisión indebida lesiva del derecho protegido, lo que a su vez implica que el principio de informalismo no alcanza a la presentación de prueba suficiente y necesaria que demuestre el acto ilegal u omisión indebida reclamados» (…)’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Conforme a los antecedentes procesales cursantes en obrados, se puede constatar que la presente acción tutelar fue interpuesta por el accionante, denunciando que la Jueza ahora accionada vulneró sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, y el principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por Auto Interlocutorio 15/2022 de 20 de junio, de manera incongruente, arbitraria, carente de fundamentación y motivación, rechazó la cesación de la detención preventiva que solicitó, argumentando la subsistencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, indicando no haber sido desvirtuado; y no obstante que, el Ministerio Público pidió la aplicación del art. 231 bis I.9 del mismo Código -ambos artículos modificados por el art. 11 de la Ley 1173-desconociendo además conforme a la jurisprudencia constitucional que el juzgador al compulsar una petición de cesación de detención preventiva, debe valorar todas las pruebas aportadas y no solo un elemento de los arts. 234 y 235 del CPP, para decidir en la forma que sea menos gravosa al privado de libertad. Asimismo, la aludida autoridad jurisdiccional no se pronunció sobre el certificado médico forense, vulnerando sus derechos a la salud, a la vida y a la libertad.
Como se advierte, la denuncia del accionante esencialmente radica en el indebido y arbitrario rechazo de la cesación de su detención preventiva por parte de la autoridad judicial accionada, que le fue impuesta como medida cautelar, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; alegando al efecto, que correspondía en su caso sea sustituida la medida extrema por una menos gravosa como la detención domiciliaria, en virtud a la existencia de un solo riesgo procesal -art. 235.2 del CPP-, la no oposición del Ministerio Público, además de aducir omisión de valoración por de la Jueza accionada, con referencia al certificado médico forense que hubo presentado en la audiencia pública, en la que se resolvió su petición de cesación de su privación de libertad. En ese contexto, el demandante de tutela activó esta acción tutelar, no obstante de tener conocimiento que el Auto Interlocutorio 15/2022 que cuestiona, era susceptible del recurso de apelación incidental de conformidad con el art. 251 del CPP, haciendo abstracción del mismo; invocando para ello, la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, por la lesión -entre otros- de su derecho a la vida, que por su carácter primario dentro de los derechos fundamentales es tutelado de forma directa por la acción de libertad; sin embargo, la vulneración alegada, debe ser real y no una simple enunciación o suposición sin sustento, para ser objeto de análisis mediante esta acción de defensa, en mérito a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho denunciado para tutelarlo y protegerlo. En ese marco, se advierte del memorial de demanda de la presente acción tutelar y de lo expuesto en la audiencia pública de su consideración, que el accionante con referencia al derecho a la vida, no fundamentó, explicó ni concretizó, de qué manera fue lesionado por la autoridad judicial accionada; contrariamente, lo enunció de manera general al igual que el derecho a la salud, señalando: “…considero mi salud El derecho a la vida consiste en el derecho a vivir a permanecer con vida y vivir bien o vivir con dignidad…” (sic), indicando que tanto la Constitución Política del Estado como los tratados de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad, establecen que: “Toda persona tiene derechos a que le respete a su salud este derecho que está protegido por ley y en general, a partir del momento del que una autoridad sepa de que un imputado se encuentra mal de salud deberá hacer prevalecer el derecho a la vida y salud” (sic); procediendo de la misma forma, al sostener que “…se habría presentado un certificado médico del centro penitenciario bajo requerimiento fiscal misma vulnerado el derecho a la salud en derecho a la vida no se pronuncia a dicho certificado médico vulnerando de sobre manera el derecho a la norma fundamental el derecho a la vida y salud como un primer acto lesivo a nuestro derecho a la libertad…” (sic), con referencia al cual, no puntualizó que acreditaba dicho certificado médico, qué enfermedad padece y cuál su condición médica que pondría en peligro o riesgo su derecho a la vida; observando en los antecedentes procesales, la ausencia de elementos que llevan a inferir que su vida se encuentra en peligro o riesgo; consecuentemente, no existe certeza en el caso de análisis sobre la existencia de dicho peligro, menoscabo o amenaza a la vida que haya generado el riesgo ilegítimo de perderla como consecuencia de actos u omisiones de la Jueza hoy accionada. Es así que, la denuncia de lesión del derecho a la vida carece de prueba, así sea mínima sobre tal afectación que permita a la justicia constitucional de forma objetiva, adquirir certeza sobre la existencia de la lesión o restricción del derecho a la vida; en razón a que, la concesión de la protección no puede basarse en presunciones de haberse afectado dicho derecho, pues este Tribunal se encuentra supeditado a los principios de verdad material y seguridad jurídica; certeza que en autos, no pudo alcanzarse por la inexistencia de prueba respecto a la amenaza o puesta en peligro de la vida del accionante. Por consiguiente, conforme a lo expresado precedentemente, al haberse constatado que el accionante únicamente enunció la lesión de su derecho a la vida sin fundamentarlo, ni acompañar a su denuncia prueba objetiva mínima que dé certeza de ser evidente su lesión, teniendo presente además, que no obstante del principio de informalismo que rige la presente acción de defensa; éste no conlleva a que la parte accionante se halle eximida en la presentación de prueba suficiente y necesaria que acredite que el acto ilegal u omisión indebida que cuestiona lesionó los derechos fundamentales protegidos por la acción de libertad, como lo establecen los entendimientos jurisprudenciales citados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, cuya aplicación es obligatoria y vinculante como lo dispone el art. 203 de la CPE; correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada. Otras consideraciones
Llama la atención al Tribunal Constitucional Plurinacional, que el Juez de garantías brindó de forma incorrecta la concesión en parte de la tutela, argumentando que el accionante “…ha presentado documentación que indica que este ciudadano tendría un estado de salud deteriorado que inclusive se ha presentado un certificado médico en audiencia y el fiscal no opuso a que se aplique el Núm. 9 del Art. 231 Bis de la norma adjetiva penal, en tal sentido no se encuentra logicidad a la negación o rechazo que dispuso la autoridad accionada ya que tomando en cuenta que el hecho que el recurrente se encuentre privado de su libertad no lo hace menos o disminuye su calidad de derechos y garantías constitucionales, máxime es la norma procesal penal asido modificado por la ley 1173 el Art. 235 ter obliga a los operadores de justicia en el num.3 de las medidas menos graves que las solicitadas” (sic); omitiendo la obligación que tiene como Juez de garantías, de fundamentar claramente su decisión; es decir, no solo limitarse a enunciar dicho certificado médico que “…tendría un estado de salud deteriorado…” (sic), sin concretizar ni explicar en qué consiste ese deterioro, a causa de qué enfermedad y por qué pone en peligro su vida, más aún sin justificar por qué era inaplicable la subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar; aspecto relevante, que se le insta debe observar en lo sucesivo en las acciones de defensa que sean de su conocimiento. Por consiguiente, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 633/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 70 a 72, dictada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR en toda la tutela solicitada, sin haber ingresado al fondo de la problemática planteada;
2º Disponer que el Consejo de la Magistratura inicie acciones de Régimen Disciplinario contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz;
3º Disponer que el Ministerio Público inicie la persecución penal contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, 4º Notifíquese por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional con el presente fallo al Consejo de la Magistratura con sede en Sucre; y, al Fiscal General del Estado, también con lugar de funciones en la misma ciudad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0398_2024-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 89c1cae05dee92f44556efdcaefa061f08a8aed45e1b3e8b33b465341644efd0
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