Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante denunció como vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, vinculados con su libertad; alegando que el ex Vocal ahora demandado al momento de emitir el Auto de Vista 247/2021-SP2, incurrió en falta de fundamentación y motivación, pues no se pronunció respecto a los agravios deducidos en su recurso de apelación, ya que aplicando de manera incorrecta la jurisprudencia constitucional hizo consideraciones en torno a lo resuelto en la SCP 294/2021-S3, sin tomar en cuenta el efecto del dimensionamiento de las resoluciones, por lo que acude a la justicia constitucional a efecto de que se aplique el lineamiento jurisprudencial contenido en la SCP 0245/2021-“C3” de 26 de mayo.
En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 005/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 182 a 185, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0398/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45428-2022-91-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 005/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 182 a 185, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Marcelo Valencia Ugarte contra Jorge Alejandro Vargas Villagomez, ex Vocal de la Sala Penal Segunda y Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal de su homónimo Segunda, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial recibido el 19 de enero de 2022, cursante de fs. 7 a 13 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito homicidio por emoción violenta, fue emitida la Sentencia 38/2015 de 19 de agosto, a través del cual el Tribunal de Sentencia Penal Primero del Tribunal Departamental de Tarija, lo declaró autor y culpable de la comisión del delito de homicidio por emoción violenta, imponiéndole la pena privativa de libertad de ocho años, determinación que fue objeto de apelación restringida al existir inobservancia a la Ley sustantiva y errónea valoración de la prueba acumulada en el proceso, recurso que también fue interpuesto por el Ministerio Público y la acusación particular, quienes pretendían conseguir una pena aún más gravosa para su persona, los cuales fueron resueltos a través del Auto de Vista 20/2018 de 12 de julio, emitido por la “Sala Penal” (sic) del referido departamento, que declaró con lugar de manera parcial las apelaciones, dejando sin efecto la Sentencia; no obstante, en vez de disponer el reenvió para que se proceda a emitir nuevo fallo conforme a derecho, lo declaró culpable del delito de asesinato condenándolo a la pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto. Contra la cual interpuso recurso de casación, para que se revierta tal aberración y se determine el correspondiente reenvió; sin embargo, a través del Auto Supremo (AS) 294/2019-RRC de 2 de mayo, fue declaró infundado, lo que motivó la presentación de una acción de amparo constitucional, que fue resuelta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quienes mediante Resolución 03/2019, concedieron la tutela y dejaron sin efecto el referido Auto Supremo, disponiendo la emisión de nuevo fallo. Añade que en uso de su derecho subjetivo, solicitó cesación a su detención preventiva, ello considerando que se encuentra 8 años detenido sin que exista sentencia ejecutoriada; sin embargo, el Tribunal de la causa de forma absurda y arbitraria rechazó dicha solicitud sin ingresar al fondo, ello basándose en la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional que revocó la Resolución 03/2019 pronunciada por la Sala Constitucional, por lo que al amparo del art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), formuló apelación incidental, que radicó en la Sala Penal Segunda compuesta por el –ex Vocal ahora demandado, quién mediante el Auto de Vista 247/2021-SP2 de 14 de octubre, declaró sin lugar el mismo, argumentando que no cumplía con la línea jurisprudencial dictada por el máximo Tribunal intérprete de constitucionalidad, sin realizar un correcto análisis; toda vez que, no consideró que aún quedaban pendientes resoluciones a dictarse por tanto no se adquirió la calidad de “ judicata proveritate abetur, pues al haberse dictado el A.S. N° 381/21 que anula el A.V. 20/18, la SS.CC.PP. que revocó la S.C. 03/2019 en base al dimensionamiento de los efectos de esta última NO DEJA SIN EFECTO EL A.S. 318/21, COMO ERRÓNEAMENTE CONSIDERA LA AUTORIDAD ACCIONADA, conforme la SS.CC.PP. N° 0245/21-S# de 26 de mayo, que no fue considerada por la autoridad accionada quien no fundamentó ni motivó su resolución” (sic), ya que cuando señaló que: “…a consecuencia de la SCP N° 294/2021-S3 de fecha 8 de junio de 2021, ha sido revocada y denegada la tutela, en ese sentido no creemos que exista agravio alguno, tomando en cuenta los fundamentos, los requisitos y causales por las cuales puede cesar la detención preventiva” (sic). Dando a entender que el aludido fallo constitucional tendría efecto retroactivo ipso facto, desconociendo el denominado dimensionamiento de los efectos de las Sentencias Constitucionales, por lo que si a consecuencia de la concesión de tutela existieron efectos relevantes, como en el caso presente donde se emitió el Auto Supremo 318/21, éste no puede ser dejado sin efecto como consecuencia de la revocatoria de tutela, por los efectos que causa el dimensionamiento, lo que evidencia que el fallo ahora cuestionado resulta arbitrario, surgiendo a voluntad de la autoridad demandada y no de la Ley, pues actuando con probidad debió tener presente la SCP 0245/2021-S3, referido al dimensionamiento, la cual además resulta vinculante por mandato del art. 203 de la Norma Fundamental, habiendo sido inobservada por el Vocal demandado, lo que repercute en la prolongación indebida de su derecho a la libertad.
El accionante alegó como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, vinculados con su libertad, citando al efecto los art. 22, 23, 115, 117, 180 Y 203 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista de 14 de octubre de 2021, que hizo una mala fundamentación y no aplicó la línea jurisprudencial señalada atentando contra su derecho a la libertad, disponiendo que el Vocal demandado emita nueva resolución en estricto apego a la jurisprudencia constitucional sentada al respecto, en base a los argumentos referidos en esta acción tutelar.
Celebrada la audiencia virtual el 21 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 178 a 181 vta., presente la parte accionante y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de la acción de libertad y ampliándola señaló que: a) El objeto de la presente acción tutelar recae en la vulneración al debido proceso en sus diferentes dimensiones entre ellas la arbitraria e insuficiente fundamentación; y, la inobservancia e incorrecta interpretación de la jurisprudencia en relación al dimensionamiento establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, vulnerando en consecuencia el principio de seguridad jurídica y legalidad como parte del debido proceso, al existir un indebido procesamiento que guarda relación directa con su derecho a la libertad, existiendo indefensión pues el Auto de Vista ahora cuestionado, denegó su solicitud sin ingresar siquiera a resolver los puntos de agravio, limitándose a responder que existe una sentencia constitucional que había revocado la concesión dispuesta por la Sala Constitucional, en cuanto al segundo requisito no es aplicable cuando se trata de una medida cautelar, pues se entiende que se agotó el recurso de apelación, por lo que corresponde ingresar al fondo de lo denunciado; y, b) Por la presión mediática fue condenado a 8 años de prisión por el delito de homicidio por emoción violenta, determinación que al ser recurrida mereció la emisión de un Auto de Vista contrario a la CPE y las Leyes, y al recto entendimiento humano, pues anuló la sentencia señalando que la prueba fue mal valorada, dictando un fallo condenatorio de 30 años de presidio; no obstante, para tal accionar si o si tuvo que valorar prueba, pero en su ignorancia la “ex vocal Chamón” (sic) señaló que no era necesario valorar prueba para emitir una sentencia, quién luego se fue a Sucre como letrada del Tribunal Supremo, instancia donde declararon infundado el recurso, mereciendo una acción de amparo constitucional, donde una Jueza de garantías constitucionales honesta y proba concedió la tutela dejando sin efecto el aludido AS, y ordenó emitir uno nuevo, como emergencia de la acción tutelar fue remitido a Tarija, donde la que era Juez de apellido “Gamarra” se excusó de conocer el proceso, lo que resulta lógico al ser quién emitió la Sentencia, siendo en ese momento que la parte contraria se enteró de su solicitud de cesación a la detención preventiva, la cual presentó un memorial en Sucre y sorprendentemente a la semana fue emitida una resolución constitucional con fecha retrasada, dando a entender que la pronunciaron el 9 de julio y por tanto la revocatoria no tendría ningún efecto, pero hay situaciones que no pueden falsearse por más que sea el Tribunal Constitucional Plurinacional, pues la notificación que se hizo al Tribunal Supremo fue el 17 de septiembre, habiendo esta institución dado cumplimiento a la emisión de nuevo fallo, el cual no queda sin efecto como lamentablemente señaló el Juez de Sentencia, al igual que el Vocal demandado; es decir, que existiendo un fallo constitucional que revoca la concesión inicial queda sin efecto el Auto Supremo 381/2021-RRC, al ser de fecha anterior, siendo ese el objeto de esta acción tutelar, entendido bajo el cual se rehusó a ingresar a resolver la apelación afectando su derecho a la libertad, por lo que acuden a la justicia constitucional a efecto de que se aplique el lineamiento jurisprudencial relativo al dimensionamiento de las resoluciones contenido en la SCP 0569/2013-L, el cual fue reinterpretado por la SCP 0245/2021-“C3” de 26 de mayo, la cual refiere que habiendo existido actos trascendentales en cumplimiento de la concesión inicial, las mismas deben ser respetadas dando prevalencia al principio de seguridad jurídica, por lo que en el caso al haberse emitido nuevo AS, el cual fue pronunciado por letrados que no tenían el compromiso que tenía la “letrada Chamón” (sic), no puede ser dejado sin efecto al ser un acto trascendental.
Jorge Alejandro Vargas Villagómez, ex Vocal de la Sala Penal Segunda y Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal del anterior, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no presentaron informes ni se apersonaron a audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 15 y 27.
La Jueza de Sentencia Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Jueza de garantías a través de Resolución 005/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 182 a 185, denegó la tutela impetrada; en base a los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada a momento de analizar el caso manifestó que el hoy accionante no habría señalado causales del art. 239 del CPP, simplemente se refirió a la SCP 294/2021-S3 de 8 de junio y demás resoluciones, y que el Juez a quo puso a conocimiento de la defensa la SCP 294/2021-S3, que revocó la resolución del Juez de garantías, por lo que el nuevo elemento constituido en el AS 381/2021, no podía ser considerado, situación en torno a la cual se declaró la inviabilidad de cesar la detención preventiva, tampoco se había fundamentado porque debía considerarse ese nuevo elemento, ni se aclaró bajo que causal del art. 239 del CPP amparó su solicitud de cesación considerando la SCP 294/2021-S3, que revocó y denegó la tutela, por lo que no existía agravio alguno al estar frente a una sentencia ejecutoriada, por lo que fue declarado sin lugar; argumentación de la cual no resultaría evidente la falta de fundamentación y motivación, ya que el Vocal demandado respondió a los agravios planteados, manifestando que la solicitud efectuada no fue sustentada adecuadamente en las causales dispuestas en el art. 239 del CPP, y respondiendo a un nuevo elemento que sería el AS 381/2021-RRC de 12 de julio, que declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el hoy accionante señalándose que no podía ser considerado como nuevo elemento ante lo dispuesto por la SCP 294/2021-S3 de 8 de junio, que dejó sin efecto la resolución constitucional que dio origen al AS de referencia, encontrándose la causa con sentencia ejecutoriada; y, 2) Respecto al dimensionamiento que debió cumplir la autoridad demandada, el mismo debe ser realizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional y no por los Vocales, Tribunales o Jueces, y en el caso la SCP 294/2021-S3, no realizó ningún dimensionamiento por lo que es de cumplimiento obligatorio lo que lo resuelto por el demandado, encontrándose acorde con los antecedentes del proceso y principalmente con lo resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pues obviamente que antes de resolver medidas cautelares personales, la autoridad debe analizar cuál es la situación jurídica del procesado.
Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 247/2021-SP2 de 14 de octubre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró sin lugar el recurso de apelación incidental interpuesto por Jorge Marcelo Valencia Ugarte ahora accionante (fs. 20 a 21).
El accionante denunció como vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, vinculados con su libertad; alegando que el ex Vocal ahora demandado al momento de emitir el Auto de Vista 247/2021-SP2, incurrió en falta de fundamentación y motivación, pues no se pronunció respecto a los agravios deducidos en su recurso de apelación, ya que aplicando de manera incorrecta la jurisprudencia constitucional hizo consideraciones en torno a lo resuelto en la SCP 294/2021-S3, sin tomar en cuenta el efecto del dimensionamiento de las resoluciones, por lo que acude a la justicia constitucional a efecto de que se aplique el lineamiento jurisprudencial contenido en la SCP 0245/2021-“C3” de 26 de mayo.
En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 1508/2022-S4 de 18 de noviembre, precisó: “Al respecto, la SCP 0336/2019-S4 de 5 de junio, refirió que: “ʽLa garantía del debido proceso, se encuentra prevista en el art. 115.II de la CPE, cuyo texto señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia, en los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la CPE.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional precisó que el debido proceso es: “…el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que, entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino a todos los procesos según la naturaleza de los mismos y las normas que lo regulan” (SC 0250/2010-R de 31 de mayo). (…)
En lo que respecta a la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, que también integran la garantía al debido proceso, el razonamiento consolidado el Tribunal Constitucional Plurinacional, prescribe: …la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia…
Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras)‴ (las negrillas nos pertenecen).
Los anteriores precedentes jurisprudenciales, resaltan la importancia del deber de las autoridades judiciales, respecto a la tarea de motivar y fundamentar sus resoluciones; pues, a través del cumplimiento de tales componentes del debido proceso, optimizan el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en favor de las partes litigantes; también, constituye un elemento que permite analizar, verificar y controlar de manera eficaz el desempeño de las funciones jurisdiccionales, ya que el deber de justificar y/o argumentar las resoluciones a través de la motivación y fundamentación configurando una estructura de hecho y de derecho, permite dar a conocer a las partes en forma clara y sencilla el porqué de una determinada decisión y los alcances de la misma respecto a un determinado reclamo o a una pretensión procesal formulada; aspecto relacionado con el deber de garantizar el principio de congruencia, dado que la resolución debe enmarcarse en lo pretendido o solicitado por las partes, permitiendo además, realizar un control efectivo de las diferentes instancias y etapas del proceso, a través de los medios de impugnación que la ley reconoce a los sujetos intervinientes en un litigio judicial””.
La SCP 0503/2019-S4 de 12 de julio, precisó: “Al respecto, debemos señalar que la jurisprudencia constitucional estableció que los actos realizados o resoluciones dictadas en cumplimiento de una resolución constitucional que concedió inicialmente la tutela el juez o tribunal de garantías y que luego quedó sin efecto, por haber sido revocada en revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene como resultado, que las cosas vuelvan al estado en el que estaban antes de la referida concesión inicial; es decir, que todo vuelve al estado anterior a lo dispuesto en la resolución constitucional pronunciada por el juez o tribunal de garantías.
Así, lo entendió la SC 1573/2002-R de 19 de diciembre, al señalar en el Fundamento Jurídico III.3, sostuvo que: “…cuando una Sentencia Constitucional revoca la procedencia decretada por un Tribunal de amparo, los efectos de tal resolución, en el fondo, se traducen en que la autoridad o persona recurrida prosiga con la actuación que tenía con anterioridad al planteamiento del recurso…”; razonamiento reiterado por la SC 0349/2004-R de 16 de marzo, entre otras.
Por su parte, la SC 0098/2004-R de 21 de enero, sostuvo que: “Cuando esa resolución [que concedió la tutela] en revisión, es revocada y declarada improcedente por el Tribunal Constitucional, los actos realizados en cumplimiento de la Sentencia del Juez o Tribunal de amparo quedan sin efecto y en consecuencia, la persona o autoridad recurrida continuará realizando los actos impugnados en el recurso que en revisión fue declarado improcedente (…)” (el resaltado fue agregado).
Asimismo, la SC 0421/2004-R de 23 de marzo, siguiendo el referido entendimiento de la SC 0098/2004-R, además indicó que: “…lo que significa que la consecuencia obvia de la revocatoria de la procedencia del recurso, es que las cosas vuelvan a su estado anterior, o tal y como se encontraban antes de cumplirse la orden impartida por el Juez o Corte de amparo” (negrillas añadidas).
El accionante denuncia como vulnerados sus derechos invocados en esta acción tutelar, alegando que el ex Vocal ahora demandado al momento de emitir el Auto de Vista 247/2021-SP2, incurrió en falta de fundamentación y motivación, pues no se pronunció respecto a los agravios deducidos en su recurso de apelación, ya que aplicando de manera incorrecta la jurisprudencia constitucional hizo consideraciones en torno a lo resuelto en la SCP 294/2021-S3 de 8 de junio, sin tomar en cuenta el efecto del dimensionamiento de las resoluciones, por lo que acuden a la justicia constitucional a efecto de que se aplique el lineamiento jurisprudencial contenido en la SCP 0245/2021-“C3” de 26 de mayo.
En ese marco, teniendo presente el contexto de la problemática planteada, corresponde ingresar a conocer los agravios denunciados en apelación y posteriormente los fundamentos con los que fue emitido el Auto de Vista ahora confutado; en cuyo sentido, resulta además pertinente aclarar que al no contar este Tribunal con el acta de audiencia de apelación, los agravios serán extraídos del contenido del aludido fallo, por lo que remitidos al mismo se tiene entonces que el ex Vocal ahora demandado: i) En el CONSIDERANDO I, plasmó los agravios expuestos por el hoy solicitante de tutela, señalando que se indicó que existiría una prohibición de lo absurdo, mala aplicación de la jurisprudencia constitucional y resoluciones ilegales, en el sentido de que la Resolución Constitucional 63/2020 de 14 de septiembre de 2020, dejó sin efecto el Auto Supremo 294/2019, emitiéndose en consecuencia el AS 381/2021, por lo que en aplicación de la SCP 146/2012 sobre la retrospectividad, quedaba vigente el último AS, por lo que pidió se revoque el fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia; y, ii) En el CONSIDERANDO II, titulado “ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO”, delimitó su competencia en previsión al art. 398 del CPP, y aludiendo al art. 239 del mismo cuerpo legal, señaló que las medidas cautelares personales cesarán por seis causales, cuya finalidad es distinta a la de la condena, por lo que en la primera solo se requiere la probabilidad de autoría y existencia de riesgos procesales para su imposición, y en el caso es la que mantiene la detención preventiva, por lo que aclaró que no se escuchó por parte de la defensa cuál de esas causales no fue aplicada, cuál el objeto del nuevo elemento, o cual el fundamento que ocasionó el agravio, habiéndose referido simplemente a la SCP 294/2021-S3, a los Autos Supremos y Auto de Vista a través del cual fue condenado; en ese sentido, si se tenía un nuevo elemento para cesar la detención preventiva en base al AS 381/2021, el Tribunal a quo refirió que existe y se puso a conocimiento de la defensa la SCP 294/2021-S3, que al denegar la tutela, revocó la inicial concesión de tutela dispuesta a través de la Resolución Constitucional 63/2020 de 14 de septiembre, que ordenó la emisión de nuevo AS, en cuyo efecto fue pronunciado el AS 381/2021, por lo que este nuevo elemento no podía ser considerado, por lo que se declaró la inviabilidad de cesar la detención preventiva, pues tampoco se escuchó porque debía considerarse ese nuevo elemento, en torno a cuál de las causales del art. 239 del CPP amparó su solicitud tomando en cuenta la existencia de una SCP que en revisión deniega y revoca la concesión inicial de tutela, limitándose a argumentar una prohibición de lo absurdo, argumentando aspectos relativos a que el AS 381/2021 aún estaría vigente, por lo que consideró que no existía agravio alguno tomando en cuenta los fundamentos, los requisitos y las causales por las cuales puede cesar la detención preventiva, en consecuencia y a los efectos de la SCP 294/2021-S3, que se va a dilucidar por el Tribunal de sentencia como lo manifestó la abogada de la víctima ya se presentaron diferentes memoriales ante los Tribunales respectivos, por lo que concluyó que el nuevo elemento no resultaba pertinente para disponer una cesación, siendo más bien inviable ya que si el caso ameritaba se encontrarían ante una sentencia ejecutoriada; argumentos en torno a los cuales declaró sin lugar el recurso de apelación incidental planteado por el hoy accionante.
Contrastados los fundamentos ilustrados con la denuncia formulada, se tiene como no evidente la misma, pues del contenido expuesto consta que el ex Vocal demandado dio respuesta al motivo de reclamación deducido por el hoy accionante, el cual fue centrado en aspectos inherentes a la Resolución Constitucional 63/2020 de 14 de septiembre, emitido por la Sala Constitucional, en torno a la cual sostuvo que el AS 381/2021 aún estaría vigente; en cuyo contexto, con intelectos claros, precisos y razonables, la aludida autoridad judicial estableció con precisión que existía carencia argumentativa en torno a las causales específicas que posibilitan el cese de la detención preventiva, pues el apelante no había sustentado en qué numeral del art. 239 del CPP amparó su solicitud, tampoco explicó cual el objeto del nuevo elemento, o cuál el fundamento que ocasionó el agravio, por lo que concluyó que no existía agravio alguno tomando en cuenta los fundamentos, los requisitos y las causales por las que procede la cesación a la detención preventiva, donde además enfatizó que el nuevo elemento traducido en el AS 381/2021, no correspondía ser considerado al no resultar un elemento pertinente que posibilitaba ingresar al fondo de la solicitud, pues debido al contexto de lo acontecido se encontraban ante la existencia de una sentencia ejecutoriada, ello debido a que en instancia de revisión la SCP 294/2021-S3, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, habría denegado la tutela y en consecuencia revocado el fallo constitucional pronunciado por la Sala Constitucional que en primera instancia a través de la Resolución Constitucional 63/2020, concedió la misma disponiendo que el Tribunal Supremo de Justicia, pronuncie nueva resolución, determinación de la cual surgió precisamente el AS 381/2021.
Evidenciándose por lo expuesto, que el Auto de Vista ahora cuestionado contiene una fundamentación suficiente y debidamente motivada, tal como exige la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual además se halla acorde al precedente contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de este mismo fallo constitucional, que establece que cuando una Sentencia Constitucional revoca la tutela decretada por una Sala Constitucional, Tribunal o Juez de garantías, los efectos jurídicos emergentes de la tutela inicial quedan sin efecto jurídico y la situación regresa a su estado anterior –salvo que exista un dimensionamiento expreso de los efectos de la tutela inicial-, cuyos alcances fueron considerados por el Vocal demandado al momento de declarar sin lugar el recurso de apelación incidental planteado por el ahora peticionante de tutela.
Finalmente, en cuanto a la pretensión del accionante que en el caso se aplique la línea jurisprudencial contenida en la SCP 0245/2021-“C3” de 26 de mayo, dicha pretensión no es posible, dado que la facultad de dimensionar los efectos de una resolución constitucional, es potestativa de la Sala componente de este Tribunal, que revisó la Resolución 063/2020 de 14 de septiembre, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, teniéndose en el caso que nos ocupa que, la SCP 294/2021-S3 de 8 de junio, revocó la misma y en consecuencia denegó la tutela solicitada, sin realizar ningún dimensionamiento ni modulación de los efectos de dicho fallo constitucional.
Por lo expuesto, al no resultar ciertas las denuncias traídas a materia a través de esta acción tutelar, corresponde denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 005/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 182 a 185, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0398_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3d57bfd4e01a66985b5e9cf2356bfaf7cd5d1433f909ac92ebad0ba62e14877b
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