Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de julio de 2024
Concede la tutela
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la alimentación y al debido proceso en su vertiente defensa; toda vez que, la autoridad municipal ahora demandada incurrió en la siguientes irregularidades: i) Lo desvinculó de su fuente laboral el 15 de agosto de 2023, al no haberle dejado ingresar a su fuente laboral ni marcar en el biométrico, sin considerar que viene desempeñando su trabajo como Médico del Centro de Salud Pueblo Nuevo de la Red de Salud Este del GAM de Santa Cruz de la Sierra de forma ininterrumpida desde el 3 de julio de 2020, además de no considerar que es padre progenitor; ii) Su esposa se encuentra en estado de gestación de riesgo, siendo esencial el seguro social para garantizar su atención médica y la de su hijo por nacer; y, iii) Se le notificó con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 de 27 de abril, en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios del citado municipio, pese a tener conocimiento de que se encontraba de vacaciones, negándole la posibilidad de recurrir dicha determinación, vulnerando su derecho a la defensa. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: a) Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional -acreditación del daño irreparable-; b) En cuanto al beneficio de la inamovilidad laboral en contratos de trabajo temporales, eventuales y de obra; c) Sobre el derecho a la …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 123/23 de 20 de septiembre, cursante de fs. 74 a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la defensa, a la salud, a la alimentación y al debido proceso en su vertiente defensa, conforme a las razones y fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo que Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra o la autoridad en actual función, proceda a lo siguiente:
a) El pago de sueldos devengados en favor del accionante, desde la fecha de la desvinculación laboral hasta el cumplimiento del año de su hijo, más el pago de otros derechos que le correspondan por ley; b) El cumplimiento de asignaciones familiares -prenatalidad, natalidad y lactancia-, por el mismo tiempo que fue privado de ese beneficio, sea en dinero y no así en especie, al no haber sido provistos de forma oportuna; siempre y cuando que los mismos no hayan sido provistos de alguna fuente laboral por parte de la madre.
c) Los gastos del parto y otras contingencias erogados por el impetrante de tutela; d) El pago deberá ser efectivizado por la entidad demandada; y, e) Se deja sin efecto la notificación practicada el 12 de junio de 2023 con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 de 27 de abril, y todos los actos posteriores que motivaron la desvinculación del ahora accionante. 2º DISPONER la reincorporación del peticionante de tutela en su cargo u otro con el mismo nivel salarial; siempre y cuando, el accionante no se encuentre desempeñando funciones en alguna institución pública, conforme a los fundamentos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0397/2024-S1 Sucre, 31 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 58865-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 123/23 de 20 de septiembre, cursante de fs. 74 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erik Echeverría Sosa contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra.
Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 55 a 60; el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
Ingresó a trabajar en el GAM de Santa Cruz de la Sierra, el 3 de julio de 2020, mediante la suscripción de contrato a plazo fijo, para desempeñar el cargo de Médico de Planta, ejerciendo sus funciones en los centros de Salud Porvenir, Vida y Esperanza, y Pueblo Nuevo, pertenecientes a la Red de Salud Este del citado municipio; trabajo que realizó de forma continua e ininterrumpida, hasta el 15 de agosto de 2023, cuando se le negó ingresar a su fuente laboral, por motivos de un proceso sumario iniciado en su contra, vulnerando sus derechos constitucionales, al trabajo, inamovilidad laboral, seguridad social, debido proceso en su vertiente defensa; ya que es padre progenitor, y su esposa se encuentra en estado de gravidez de veintiún semanas, y el mismo era de conocimiento del municipio al momento de su ilegal desvinculación. Desde su ingreso, desempeñó sus labores de forma continua sin interrupción laboral; sin embargo, el 18 de abril de 2023 fue notificado con la Resolución de Apertura de Sumario GAMSCZ/153/2022 de 13 de octubre, por supuestas faltas cometidas, debido a retrasos al ingreso, inasistencia y extravió de documentación suscitados en la pasada gestión; y, encontrándose en conocimiento de dicho proceso presentó descargos aclarando haber repuesto las horas por retrasos e inasistencia, así como el documento entrepapelado de forma oportuna, por cuanto no existió afectación alguna, además se adjuntó el Informe de la Directora de Centro de Salud, que corrobora sus descargos; posteriormente, solicitó vacaciones lo cual le fue otorgado por quince días, desde el 7 al 29 de junio de 2023; empero, cuando se disponía a retornar a sus labores, sufrió un accidente el 14 del indicado mes y año, para luego acudir al Centro de Salud de la Caja Nacional de Salud (CNS) el 7 de agosto de 2022, debido a las bajas médicas que le extendieron por su accidente; retornó a sus laborales, el 9 de agosto de citado año; sin embargo, los funcionarios de la Unidad de Sumarios del GAM de Santa Cruz de la Sierra, le pretendieron notificar con un memorándum de desvinculación laboral, por la emisión de la resolución final dentro del proceso sumario iniciado en su contra, ante lo cual se rehusó a firmar, toda vez que desconocía la supuesta resolución, ya que no fue notificado con la misma; empero, se debió considerar que es padre progenitor y goza de la inamovilidad laboral, ante ello, los citados funcionarios indicaron que desconocían del estado de gravidez de su cónyuge, debido a que ellos solo obedecen ordenes de Recursos Humanos. Los días siguientes, acudió normalmente a su puesto de trabajo, marcando su ingreso y salida en el biométrico; empero, el 15 de agosto de 2023 ya no lo dejaron ingresar ni marcar en el biométrico, por lo que se constituyó en la Unidad de Sumarios del GAM de Santa Cruz de la Sierra, donde se le entrego fotocopias legalizadas de todo el proceso, y es allí donde toma conocimiento real de la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 de 27 de abril, y que supuestamente le hubiesen notificado el 12 de junio de 2023 en tablero de dicha Unidad, y también con el Auto de Ejecutoria 59/2023 de 15 de junio. Por ello, se demuestra la vulneración e infracción de su derecho al debido proceso en su vertiente defensa, en el entendido que el sumariante, le notificó en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios, pese a que su lugar de trabajo es el Centro de Salud Pueblo Nuevo; además, en la citada fecha de notificación y emisión del Auto de Ejecutoria 59/2023, se encontraba haciendo uso de sus vacaciones, lo cual fue autorizado por Recurso Humanos de la Red de Salud Este, y que al pretender ejecutar una resolución que no fue de su conocimiento, se le ha negado la posibilidad de siquiera recurrir dicha determinación, ya que presento descargos. Asimismo, conforme a la documentación presentada, también demostró el estado de gravidez de su esposa, quien se encuentra afiliada ante el ente gestor de la CNS, como dependiente y al encontrarse con una gestación de riesgo, resulta esencial el citado seguro, para garantizar una atención médica a su esposa y a su hijo por nacer y lograr de inmediato el restablecimiento de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la salud y a la alimentación, los cuales están siendo conculcados por entidad demandada.
El accionante denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la alimentación y al debido proceso en su vertiente defensa; citando al efecto los arts. 13.I y II; 18; 46; 48.VI; 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y “…ordenándose mi reincorporación laboral con el pago de sueldos devengados, el respeto a la inamovilidad laboral, hasta que mi hijo cumpla un año de edad, así como se garantice la seguridad social a mi esposa e hijo por nacer” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 70 a 73 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del GAM de Santa Cruz de la Sierra, a través de su representante legal, en audiencia expresó lo siguiente: a) El accionante no agotó la vía de la subsidiariedad, porque no se configuran vías de hecho, toda vez que el prenombrado no tiene relación laboral con el municipio, ni siquiera es funcionario público, su relación está basado en las normas básicas de contratación, se puede evidenciar que su contrato es a plazo fijo y se le proporciono un procedimiento administrativo para realizarle un sumario, no existiendo ninguna vulneración, y si existen hechos controvertidos deben ser solucionados en la vía administrativa acudiendo al “Ministerio Trabajo”; b) Otro punto es el incumplimiento del art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque no identifica el nexo causal entre los hechos y los derechos que se dicen vulnerados, y que al mencionar que se vulnero el debido proceso por las notificaciones mal hechas; empero, si se tomaría esas afirmaciones como ciertas, su autoridad no tendría legitimación pasiva, toda vez que no fue quien notificó con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023; c) En todo caso si el accionante considera que se ha vulnerado el debido proceso en cuanto a la motivación y fundamentación; empero, su autoridad no tiene legitimación pasiva, toda vez que no emitió la Resolución de Apertura de Sumario GAMSCZ/153/2022 ni la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023, por lo que: “…el Alcalde posterior al proceso de sumario respetando toda la normativa y procedimientos según norma, emitió un memorándum de despido habiendo cumplido todos los procedimientos…” (sic); d) El accionante ingresó a trabajar mediante un contrato a plazo fijo sujeto al Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001 y el Reglamento Interno de Personal del GAM de Santa Cruz de la Sierra, aprobado mediante Resolución Municipal 229/2004 de 8 de diciembre; e) La presente acción de amparo constitucional debería ser improcedente según lo establecido en el art. 53 del CPCo, debido a que no procede contra actos consentidos, ya que el accionante tuvo conocimiento del proceso sumario, por lo que no puede alegar su desconocimiento y pudo plantear los recursos dentro del plazo establecido en el DS 26237 de 29 de junio de 2001 y el DS 23318 de 3 de noviembre de 1992; f) La SCP 1142/2022-S4 de 12 de septiembre, refiere que el accionante después de haber adquirido conocimiento tenía que observar la tramitación del mismo, y que al no efectuar reclamo alguno permitió que los actos supuestamente vulneratorios continúen su ejecución, lo cual fue admitió en su demanda de acción de amparo constitucional; g) La citada acción tutelar no es la vía para dilucidar hechos o derechos controvertidos, es decir la notificación con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 dentro de un proceso sumario administrativo, por lo que estos hechos debían ser vistos en la vía judicial o administrativa; h) En relación a la vulneración de la inamovilidad laboral, se hacer conocer que mediante “Informe 1580/2023” del Departamento de Bienestar Social del GAM de Santa Cruz de la Sierra, la cual indica de que el accionante en ningún momento puso en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos del área de Bienestar Social, el estado de embarazo de su esposa, por lo que se desconocía tal situación; y, i) El DS 0012 de 19 de febrero de 2009 en su art. 5, sobre la vigencia del beneficio de inamovilidad laboral, indica que no gozarán del citado beneficio, la madre o padre progenitor que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado a los procedimientos que regulan la relación laboral; por todo lo expuesto, en ningún momento vulneró derechos denunciados por el hecho de haber emitido el memorándum de despido, solicitando se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 123/23 de 20 de septiembre, cursante de fs. 74 a 76 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La relación laboral contractual entre el ahora accionante y la autoridad demandada resulta ser eminentemente provisional, cuanto el contrato es a plazo fijo, fundándose en los fundamentos jurídicos de la provisionalidad, lo que implica la no existencia de estabilidad laboral y por tanto la no existencia de inamovilidad laboral; 2) Se ha verificado si corresponde o no la concesión tutelar de los derechos del menor, es decir si se hubiera tomado conocimiento por parte de la entidad demandada o en su defecto se hubiera producido el embarazo a priori de la contratación y de la certificación de Ecografía Obstétrica de 8 de agosto de 2023, se concluye por parte de la Médico Ecografísta, que la gestación es de más o menos diecisiete a dieciocho semanas a la fecha indicada, y el contrato es de enero de 2023, por aritmética básica no concuerda que el embarazo se hubiese producido antes de la contratación; 3) Esto implica que el embarazo ha sido posterior a la contratación y durante el desarrollo del contrato a plazo fijo, por lo que no goza de inamovilidad laboral y tampoco en la obligación del empleador de cubrir con las asignaciones familiares del menor; 4) Se evidencia de que dentro del desarrollo del proceso sumario, el ahora accionante es notificado de forma personal y también la Licenciada “Lidia Chambi Menacho” la cual es su inmediato superior en el Centro de Salud Pueblo Nuevo del Distrito Municipal 14, por lo que tal notificación es real y legítima al accionante “el 20 de abril de 2023”, y que dentro del plazo oportuno, responde a la solicitud de apertura del sumario, de ahí en más se producen los actos procesales y se emite el 27 de abril de 2023 la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 que es notificada el 12 de junio de 2023 a horas 10:00 en tablero de la Unidad de Sumarios, siendo ésta permisible, porque ya tenía conocimiento la parte accionante y además de ello la naturaleza sumaria de estos procesos implica la no necesidad de búsqueda personal; así como también, es notificado por tablero el Auto de Ejecutoria 59/2023; y, 5) Si el peticionante de tutela consideraba que la notificación fue irregular debió acudir a la vía administrativa, pero de ninguna forma a esta jurisdicción constitucional; más aún, se ha aclarado que no goza estabilidad laboral ni tampoco de inamovilidad laboral. La parte accionante, mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2023, cursante a fs. 77 y vta., solicitó la aclaración, enmienda y complementación, indicando que como se determinó que sería personal provisorio si nunca le entregaron el contrato a plazo fijo y que viene desempeñando de forma ininterrumpida su trabajo desde el 3 de julio de 2020 y que el proceso sumario por el cual se procedió a su desvinculación fue por hechos de la gestión 2022; ante ello, la Sala Constitucional le indica que: “…la sentencia del presente Amparo Constitucional dictada en fecha 20 de septiembre de 2023, la misma es clara, precisa y concreta en contenido, tanto en la fundamentación jurídica al señalar y puntualizar los fundamentos jurídicos en que se funda y sustenta en derecho, así como también en el análisis del caso en concreto…” (sic); por lo que declaran no ha lugar a la solicitud del impetrante de tutela.
Del análisis de las documentales adjuntas al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de Matrimonio 037481 expedido por la Oficialía de Registro Civil 4247 del Servicio de Registro Civil (SERECI)-Santa Cruz, de Erik Echeverría Sosa -ahora accionante- y Daniela Cari Ojeda, celebrado el 7 de octubre de 2022 (fs. 13).
13 de octubre, Yadira Montero Galeb, Directora de Sumarios Administrativos del GAM de Santa Cruz de la Sierra, dispuso el inicio del proceso sumario administrativo interno en contra de Erik Echeverría Sosa -ahora accionante, señalando lo siguiente:
“CONSIDERANDO: Que, corresponde la Apertura del Proceso Sumario, según Comunicación Interna/SMS/UL/N° 75/2022 de fecha 22 de agosto de 2022 y antecedentes, toda vez que debe investigarse la supuesta comisión de hechos constitutivos de contravenciones en contra del procesado: ERICK ECHEVERRIA SOSA por "TENER VARIAS LLAMADAS DE ATENCIÓN EN LO REFERENTE A NO HABERSE PRESENTADO A SU TURNO DE TRABAJO EN EL CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO Y POR EXTRAVIAR UN CERTIFICADO DE NACIDO VIVO", contraviniendo de esta manera el ordenamiento jurídico administrativo y normas que regulan la conducta del servidor público, vulnerando los Artículos: 237- 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional; 8-d) del Estatuto del Funcionario Público Ley N° 2027: Arts. 11 - b), c) y 47 del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y:
(…) DISPONE: PRIMERO: Se dispone el inicio del Proceso Sumario Administrativo Interno, para proceder a investigación de los hechos denunciados en contra del Servidor Municipal: ERICK ECHEVERRIA SOSA, por el supuesto incumplimiento a los Artículos: 237 - 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional: 8 - d) del Estatuto del Funcionario Público Ley N° 2027; Arts. 11 - b), c) y 47 del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.” (sic [fs. 23 a 26]).
Asimismo, cursa constancia de notificación con la Resolución de Apertura de Sumario GAMSCZ/153/2022, realizada el 18 de abril de 2023, dejado a la “Lic. Lidia Chambi Menacho, en su calidad de inmediato superior del sumariado, en el Centro de Salud Pueblo Nuevo –DM-14” (sic), en presencia de testigo (fs. 27).
II.3. Se tiene Contrato Administrativo GAM-002903/2023-S.M.S., suscrito por Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del GAM de Santa Cruz de la Sierra -ahora demandado- y el ahora impetrante de tutela; y, según la Cláusula Sexta tiene vigencia a partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023; refiriendo que:
“SEXTA: PLAZO Y REMUNERACIÓN.-
El plazo de vigencia del presente contrato será computable a partir de la firma de aceptación del postulante al cargo, previa presentación de la DJBR el cual será refrendado con el sello de la Dirección de Recursos Humanos, y concluirá el 31 de diciembre de 2023 con carácter improrrogable y expiración a sólo vencimiento de término, no operando bajo ninguna circunstancia la tácita reconducción. (…)
SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA O EL FUNCIONARIO /A.- (…) Derechos:
Podrá gozar de licencia o permiso por razones personales, para ausentarse de su puesto de trabajo, con goce del 100% de haberes hasta 10 (diez) días o su equivalente en horas según rol y turno asignado, previa programación, coordinación y cronograma establecido por Gerencia del Hospital, Red de Salud o Unidad de Salud correspondiente.
(…)
La inasistencia por enfermedad, deberá ser justificada con la presentación del parte de baja médica emitido por la entidad de Seguro de Salud correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo 22 del Reglamento Interno de Personal.
(…)
NOVENA: TERMINACION DE CONTRATO.-
El presente contrato quedará extinguido automáticamente, por las siguientes causas: Por cumplimiento del plazo o término pactado. Renuncia, mediante acto voluntario. Inasistencia injustificada a su puesto de trabajo, por un periodo de tres días hábiles consecutivos, o su equivalente de acuerdo al rol y turno asignado. Asimismo, a sola comunicación expresa notificada legalmente, por las siguientes causas: Artículo 26 numeral 25 y articulo 29 numeral 15 de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. Inasistencia injustificada a su puesto de trabajo, por un periodo de seis días hábiles discontinuos en el mes, o su equivalente de acuerdo al rol y turno asignado. Por incompatibilidad establecida en el artículo 10 del Reglamento Interno de Personal, no declarado al momento de firmar el presente contrato, o a sola verificación de información posterior a la firma del presente contrato. Incumplimiento total o parcial del contrato. No acatar las determinaciones de su jefe inmediato superior jerárquico y/o ejercer atribuciones o funciones no instruidas por su jefe inmediato superior jerárquico. Realizar actividades ajenas al servicio de la administración pública y/o de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de la función asignada. Promover o participar directa o indirectamente, en prácticas públicas o privadas destinadas a lograr ventajas ilícitas; y/o incurrir en prácticas que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Asistir al trabajo en estado inconveniente y/o de ebriedad, o bajo los efectos y la influencia de narcóticos u otras drogas estimulantes prohibidas, así como consumir dentro de las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal. Incurrir en las causales de retiro y/o las prohibiciones para los servidores públicos establecidas en las normativas indicadas en la cláusula quinta del presente contrato” (sic [fs. 83 a 84]). II.4. A través de Nota presentada el 20 de abril de 2023, dirigida a la Directora de Sumarios Administrativos del GAM de Santa Cruz de la Sierra, el accionante contesta dentro del proceso sumario aclarando los aspectos denunciados (fs. 28); asimismo, por Nota de 19 de abril de 2023, Liz Adriana Cuellar Camacho, Directora del Centro de Salud Pueblo Nuevo de la Red de Salud Este, certifica que el impetrante de tutela realizó la devolución de las horas observadas y también subsano la pérdida del certificado de nacido vivo (fs. 29).
abril, Yadira Montero Galeb, Directora de Sumarios Administrativos del GAM de Santa Cruz de la Sierra, dispuso lo siguiente:
“POR TANTO: (…) RESUELVE: PRIMERO: Determinar RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA para el servidor público municipal ERICK ECHEVERRIA SOSA, con sanción de destitución del cargo, de conformidad a la ley SAFCO en su artículo 29, concordante con el artículo 13 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado mediante D.S N° 23318-A de 03 de noviembre de 1992. SEGUNDO: Comunicar el contenido de la presente Resolución al procesado antes referido para fines de que, en el plazo de 3 días hábiles contados a partir de su notificación con la presente resolución, interponga Recurso de Revocatoria de conformidad con el Art. 2 d) y 24 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada mediante DS 23318-A, modificado mediante el D.S. No. 26237 de 29 de junio de 2001” (sic [fs. 45 a 51]).
Cursa Constancia de Notificación con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023, realizada el 12 de junio de 2023, en el tablero de notificaciones de sumarios administrativos del GAM de Santa Cruz de la Sierra (fs. 52). II.6. Consta formularios de Solicitud de Permiso, del accionante, para los días 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 22 de junio de 2023, las cuales fueron autorizadas por la Directora del Centro de Salud Pueblo Nuevo de la Red de Salud Este (fs. 30 a 34); y mediante Nota presentada el 22 de mayo de 2023, el prenombrado, solicitó al Director de Recursos Humanos del GAM de Santa Cruz de la Sierra, permiso para los días 23, 26,27,28 y 29 de junio del indicado año (fs. 35). II.7. Cursa Nota presentada el 27 de junio de 2023, por el accionante ante el Jefe Médico de la CNS de Pando, solicitando baja médica retroactiva desde el 20 al 26 de junio de 2023 (fs. 41); por Informe Social Cite 164/23 de 29 de junio de 2023, Miriam Larico Flores, Trabajadora Social de la CNS de Pando, pone en conocimiento que de la entrevista con el accionante, el mismo habría sufrido un accidente el 18 de junio de 2023 en la localidad de Sena – Pando, y que el traumatólogo del Servicio de Emergencia del Hospital Obrero N° 9, le atendió indicándole que tiene que tener un reposo de cuarenta y cinco días (fs. 42 a 43); consta Certificados de Incapacidad Temporal del ahora accionante emitido por la CNS de Santa Cruz, estableciendo su incapacidad desde el 20 de junio al 4 de agosto de 2023 (fs. 36 a 40 y 44) II.8. Mediante Historial Clínico de Emergencia de 7 de agosto de 2023, el Médico Infantil de la CNS de Santa Cruz, en sus conclusiones señala que se dispuso la internación de Daniela Cari Ojeda (fs. 20); asimismo, se tiene Diagnóstico de Ecografía Obstetricia de 8 de agosto de 2023, emitido por la Médico Cirujano Ecografista de Hospital Materno Infantil de la CNS de Santa Cruz, el cual indica que Daniela Cari Ojeda, tiene un proceso de gestación de “+/- 17 a 18” semanas (fs. 17).
II.9. Cursa Informe presentado el 19 de septiembre de 2023, a la Directora de Recursos Humanos del citado municipio, por Begonia Rodríguez López, Encargada de Inamovilidad del Departamento de Bienestar Social del GAM de Santa Cruz de la Sierra, donde indica que de la revisión del Sistema de Gestión de Recursos Humanos ZAFIRO V4 y el archivo del Departamento de Bienestar Social, “NO se recibieron documentos del mencionado señor en relación a la inamovilidad o estabilidad laboral” (sic [fs. 85]); por Certificado Laboral de 19 de septiembre de 2023, Isabel Fernández de Collado, Directora de Recursos Humanos de la citada entidad, señala que el accionante, fue servidor público en la siguiente modalidad y cargos:
N° CONTRATO CARGO FECHA INICIO FECHA FINAL 5771 MEDICO CIRUJANO (GENERAL) 04/07/2020 31/12/2020 3356 FARMACEUTICO 01/01/2021 28/02/2021 3356 MEDICO CIRUJANO (GENERAL) 01/03/2021 31/12/2021 3356 MEDICO CIRUJANO (GENERAL) 01/01/2022 31/12/2022 2903 MEDICO CIRUJANO (GENERAL) 01/01/2023 09/08/2023 (sic [fs. 82]).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la alimentación y al debido proceso en su vertiente defensa; toda vez que, la autoridad municipal ahora demandada incurrió en la siguientes irregularidades: i) Lo desvinculó de su fuente laboral el 15 de agosto de 2023, al no haberle dejado ingresar a su fuente laboral ni marcar en el biométrico, sin considerar que viene desempeñando su trabajo como Médico del Centro de Salud Pueblo Nuevo de la Red de Salud Este del GAM de Santa Cruz de la Sierra de forma ininterrumpida desde el 3 de julio de 2020, además de no considerar que es padre progenitor; ii) Su esposa se encuentra en estado de gestación de riesgo, siendo esencial el seguro social para garantizar su atención médica y la de su hijo por nacer; y, iii) Se le notificó con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 de 27 de abril, en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios del citado municipio, pese a tener conocimiento de que se encontraba de vacaciones, negándole la posibilidad de recurrir dicha determinación, vulnerando su derecho a la defensa. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: a) Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional -acreditación del daño irreparable-; b) En cuanto al beneficio de la inamovilidad laboral en contratos de trabajo temporales, eventuales y de obra; c) Sobre el derecho a la seguridad social; d) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y, e) Análisis del caso concreto.
En cuanto al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, el art. 129.I de la CPE dispone que no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo constitucional implica el agotamiento de todos los recursos o vías que prevé el ordenamiento jurídico para restablecer derechos fundamentales o garantías constitucionales vulnerados, restringidos indebida o ilegalmente; sin embargo, este requisito de carácter formal puede abstraerse en casos en que la lesión a estos derechos y garantías pueda producir efectos irremediables o irreparables, situaciones en las cuales se podrá conceder la tutela de forma directa sin la exigencia del agotamiento de los mecanismos o recursos ordinarios.
A este efecto, la excepcionalidad de este requisito de carácter procesal constitucional, fue establecida en el art. 54.II del CPCo, que señala:
“Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. Exista la inminencia de un daño irremediable o irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. En tal sentido, la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional ante la concurrencia de un perjuicio irremediable e irreparable, ha merecido de parte del Tribunal Constitucional desde sus inicios, pronunciamientos uniformes respecto a la posibilidad de su aplicación en en situaciones en las que los hechos ilegales o indebidos denunciados en una acción de amparo podrían producir efectos irreparables o irremediables; generando para su verificación, a través de la SC 1743/2003-R de 1 de diciembre, ciertas subreglas que permiten determinar de manera objetiva la existencia de estos supuestos, razonamiento que fue reiterándose de manera uniforme en casos donde se invocaba esta excepción a la subsidiariedad de esta acción tutelar; así la SCP 0411/2018-S1 de 17 de agosto, citando Sentencias reiteradoras señalo que:
“…En ese sentido, a través de la SC 1743/2003-R de 1 de diciembre, ha establecido las subreglas que permiten determinar de manera objetiva el peligro del perjuicio irreparable o irremediable, al señalar que: `Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados. Con respecto al término «amenaza» es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral´. En este sentido, la parte accionante puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional haciendo abstracción del principio de subsidiaridad cuando es inminente el daño irreparable o irremediable; no obstante, está obligada a demostrar el mismo, al respecto la SC 0428/2010-R de 28 de junio, concluyó que: `En efecto, aplicando el criterio de interpretación referente a la «concordancia práctica», en un Estado Social y Democrático de Derecho, cuando exista el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño tan grave que sea irreparable por equivalencia, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la tutela inmediata de bienes jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse inmediatamente los derechos, se estaría convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Social y Democrático de Derecho. En este contexto, la irreparabilidad significa que el daño que sea ocasionado por no haberse prestado una tutela constitucional pronta y oportuna, por la naturaleza del bien jurídico afectado, no podría ser restituido ni reparado por ningún medio. Es imperante establecer que la parte accionante que solicita tutela alegando la causal antes descrita, tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo de daño grave e irreparable que pueda ocasionarse en caso de no operar la tutela constitucional de manera inmediata, no siendo suficiente invocar la aplicación de la excepción al principio de subsidiaridad simplemente describiendo hechos que en criterio del accionante puedan ocasionar daños graves e irreparables´. Con estos mismos fundamentos, la SCP 1171/2015-S3 de 16 de noviembre, sostuvo que: De lo expuesto se tiene que el ámbito preventivo de la acción de amparo constitucional, está destinado a evitar la vulneración de derechos a través de la concesión de una tutela constitucional inmediata y efectiva que evite la consumación de la lesión y/o violación de derechos. En ese sentido, los pronunciamientos de esta jurisdicción fueron uniformes al sostener que, la abstracción del principio de subsidiariedad que uniforma a esta acción tutelar, se producirá cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa resulte ineficaz y se trate de grupos de atención prioritaria, como ser: niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres en estado de gestación; posteriormente, se amplió esta abstracción a casos en los que se encuentren comprometidos los derechos a la salud y la vida, así como los referidos a temas de discriminación y racismo, siendo sin embargo el común denominador de dicha aplicación excepcional, la acreditación objetiva del daño irreparable´…” (las negrillas corresponden al texto original).
De lo que se tiene que, para invocar la aplicación de la excepción del principio de subsidiariedad alegando daño irremediable e irreparable, el accionante debe acreditar de manera objetiva y fundada dichos supuestos, como son la inminencia, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la necesidad de tutela inmediata para la protección de derechos fundamentales; caso contrario el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada.
Al respecto el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0109/2006-R de 31 de enero, modulando la SC 0587/2005-R de 31 de mayo respecto a los contratos a plazo fijo, señaló que:
2 El FJ III.3 señala: “(…) en interpretación y aplicación correcta de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 que en su art. 1º establece la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en período de gestación hasta un año de nacido el hijo, y abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, tengan contratos permanentes o eventuales porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado como lo expresa el precepto constitucional contenido en el art. 193 de la Carta Fundamental. De la misma manera la jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que no obstante de que exista un contrato de trabajo a plazo fijo, antes de cuya conclusión la mujer embarazada comunica de su estado a la entidad, y a pesar de ello es despedida al vencimiento del contrato, merece tutela por constituir su despido un acto ilegal y desconocimiento de los derechos al trabajo, a la seguridad jurídica y social además de contravenir la Ley 975 (SC 1416/2004, de 1 de septiembre).
“Sin embargo, a estas alturas del desarrollo jurisprudencial citado, se hace necesaria una modulación en cuanto corresponde a los casos de contratos a plazo fijo, en los que tanto el empleador como la trabajadora -sea del sector público o del privado-, conocen desde el primer momento de la relación, la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación laboral, por lo que más allá de ésta no sería dable el nacimiento o vigencia de derechos u obligaciones emergentes de una relación laboral que ya no existe, no siendo posible obligar a un empleador a continuar con el contrato del personal que ya cumplió el plazo establecido y acordado de antemano, a menos que se presenten las circunstancias que se indicarán más adelante para lo que debe tomarse en consideración:
Primero, que el art. 12 la Ley General del Trabajo (LGT), establece que el contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio.
Segundo, los contratos a plazo fijo no implican necesariamente que una vez vencido el término pactado, el trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto podría suceder alguna de las situaciones que las siguientes disposiciones prevén: a) el art. 21 de la LGT, prevé que en los contratos a plazo fijo se produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; b) la RM 283/62 de 13 de junio de 1962, señala que el contrato de trabajo podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza c) si bien la RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, establecía que los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, no es menos cierto que el art. 2 del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe advertir que prevalece lo dispuesto por el DL 16187 -que prohíbe más de dos contrataciones a plazo fijo- al tratarse de una norma de superior jerarquía que la RM 193/72, que determinaba que desde la segunda contratación los contratos a plazo fijo adquieren la calidad de indefinidos; empero, subsiste la última parte de dicha Resolución Ministerial, referida a que en todo caso debe tratarse de la realización de labores propias del giro de la empresa.
(…)
Entonces, aplicando las normas legales relativas a los contratos a plazo fijo al trabajo de las mujeres trabajadoras embarazadas, deben tenerse en cuenta las siguientes sub reglas:
1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios.
2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior;
“1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios” (las negrillas nos corresponden).
De lo que se entiende, que ante el conocimiento pleno y efectivo de la naturaleza del contrato como uno de plazo fijo, o realización de obra o servicio como lo determina el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT) por parte de la trabajadora o trabajador y ante su conclusión laboral, el empleador debe cancelar los beneficios sociales, y si en el caso la trabajadora resultara embarazada, no se puede exigir al empleador a mantenerle en el cargo, ya que dicho contrato al ser a plazo fijo o de realización de obra o servicio con fecha de extinción, era de conocimiento de la trabajadora o trabajador, no correspondiendo su inamovilidad laboral.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0789/2012 de 13 de agosto, señalando al DS 0012, indicó que el art. 5 del mencionado cuerpo legal acerca del beneficio de inamovilidad laboral en contratos temporales, eventuales o en contratos de obra, no es aplicable 3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad.” 3 “El art. 5 del DS 0012 estableció en cuanto a la vigencia de este beneficio que:
‘I. No gozaran del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurren en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral.
alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio.
III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija’.
De lo señalado por el citado Decreto Supremo, el cual reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajan en el sector público o privado, se tiene que con respecto a lo señalado por el art. 5.II, éste establece que, no se aplicará la inamovilidad laboral en contratos de trabajo temporales, eventuales y contratos de obra; empero, prevé una excepción, cuando las relaciones laborales, bajo estas modalidades intenten eludir el alcance de la norma.
A efectos de una mayor comprensión es necesario previamente aludir a las distintas modalidades o tipos de contratos de trabajo, por lo que al respecto el art. 12 de la LGT, regula que: ‘El contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio’.
Constituye entonces el contrato a plazo fijo un contrato por cierto tiempo o temporal conforme la normativa aludida; en consecuencia, se infiere que, en este caso o tratándose de este tipo de contratos no se aplicaría la inmovilidad laboral conforme lo prevé el DS 0012; empero, tal como se ha señalado en la disposición legal referida existe una salvedad, como aquellas relaciones laborales bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma.
Si bien en la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0109/2006-R aludida en el Fundamento Jurídico III.2.1, ha establecido como una sub regla para la no aplicabilidad de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada, el hecho del fenecimiento del término pactado entre partes, y su consiguiente extinción de la relación laboral con las obligaciones que le corresponden al empleador, se debe mencionar que de la interpretación de la normativa referida, el vencimiento del término pactado entre partes en un contrato a plazo fijo, constituye por la naturaleza de este contrato una causa principal de la no aplicabilidad de la inamovilidad laboral; consecuentemente, no podemos consignarla como un sub regla.
(…) si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable en no poder exigirse al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora embarazada en el lapso de la prestación de servicios…”.
dicho beneficio, con la excepción de las relaciones laborales tendientes a querer eludir los alcances del referido Decreto Supremo, correspondiendo dicha inamovilidad laboral:
“…La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio (las negrillas son ilustrativas).
Retomando la referida SCP 0789/2012, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0812/2016-S2 de 25 de agosto, 0743/2017-S3 de 14 de agosto, 0560/2018-S4 de 19 de septiembre y 0527/2019-S1 de 15 de julio entre otras, estableció subreglas para la aplicación de la inamovilidad laboral de padres progenitores en contratos de trabajo temporales, eventuales o de obra, estableciendo que si bien en dichos contratos no se aplica la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, al haber fenecido el término convenido entre las partes y por ende extinguido la relación laboral, con la única obligación que el empleador deba cancelar -si corresponde- los beneficios establecidos por Ley, no siendo exigible mantener al dependiente en el cargo aunque haya resultado la trabajadora embarazada; sin embargo, para que se aplique de manera excepcional esta garantía, se debe considerar los siguientes supuestos:
1) Cuando con conocimiento del empleador, la trabajadora o trabajador pese a la conclusión del contrato, continúe ejerciendo sus funciones a las que fue designado de forma ininterrumpida, entendiéndose la tácita reconducción del contrato; 2) Cuando se haya firmado más de dos contratos a plazo fijo, operando la tácita reconducción, aplicándose la estabilidad laboral; y,
4 El FJ III.2.2 señaló que: “En ese entendido, si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable en no poder exigirse al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resuelto en el caso de la trabajadora embarazada en el lapso de la prestación de servicios; empero, debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos:
a) Cuando el trabajador o trabajadora a continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido la tácita reconducción, conforme establece el art. 21 de la LGT.
b) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tácita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la Ley 975 y el DS. 012 de 19 de febrero de 2009.
c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; empero, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, es el competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la RA 650/007 de 27 de Abril de 2007” (negillas y subrayado pertenecen al texto original).
3) Cuando pese a ser un contrato a plazo fijo, la misma se lo haya suscrito para realizar trabajos propios y permanentes de una empresa. Posteriormente la SCP 0706/2020-S1 de 9 de noviembre, respecto a las excepciones del alcance del art. 48.VI de la CPE, referente a la garantía de la inamovilidad laboral de padres progenitores con contratos a plazo fijo, asumiendo los entendimientos descritos supra indicó que, en virtud a la protección reforzada que tienen las y los padres progenitores de hijos o hijas menores de un año, dichos argumentos son aplicables de igual manera a los trabajadores con contratos eventuales e incluso a los contratos en línea, debiendo considerarse que las subreglas fundadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, es hacer efectiva la garantía constitucional de inamovilidad laboral prevista en el art. 48 de la CPE, la misma que no realiza ningún tipo de distinción sobre la calidad de las trabajadoras o trabajadores, la que tampoco establece que los dependientes eventuales o consultores en línea están excluidos de dicha protección, garantía que también está determinado en el art. 1 del DS 0012, la que reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre o padre progenitor, que trabaje en el sector público o privado.
De la jurisprudencia señalada en forma precedente, se establece que no corresponde aplicar la inamovilidad laboral en contratos de trabajo a plazo fijo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra, porque desde el momento de la suscripción del contrato, ambas partes conocen de antemano el momento en el que habrá de fenecer el vínculo laboral, no pudiéndose pretender que el estado gestacional o la maternidad o paternidad de un niño menor a un año, implique la prolongación del contrato de trabajo, salvo cuando las relaciones laborales bajo estas u otras modalidades intenten eludir el alcance de la norma, y de manera excepcional concurran cualquiera de las subreglas descritas supra, como son:
i) Cuando con conocimiento del empleador, la trabajadora o trabajador pese a la conclusión del contrato, continúe ejerciendo sus funciones a las que fue designado de forma ininterrumpida, entendiéndose la tácita reconducción del contrato;
ii) Cuando se haya firmado más de dos contratos a plazo fijo, operando la tácita reconducción, aplicándose la estabilidad laboral; y, iii) Cuando pese a ser un contrato a plazo fijo, la misma se lo haya suscrito para realizar trabajos propios y permanentes de una empresa. Escenarios, que luego de haberse demostrado dichos aspectos, corresponderá aplicar la garantía constitucional de la inamovilidad laboral en favor de la madre o padre progenitora o progenitor hasta que el ser por nacer o nacido cumpla el año de edad, aplicando esta garantía no solo a los trabajadores que este protegidos por la Ley General del Trabajo, sino también a aquellos dependientes que presten sus servicios en las entidades públicas con contratos a plazo fijo, eventuales (contratos administrativos) e incluso consultores en línea, lo cuales también se encuentran protegidos por dicha inamovilidad laboral, conforme lo determinado por la SCP 0358/2017-S2 de 17 de abril respecto a que la jurisdicción constitucional debe velar más que por el interés del trabajador o trabajadora, del ser por nacer o ya nacido, que merece mayor protección de todos sus derechos en aplicación del art. 60 de la CPE.
La Constitución Política del Estado en su art. 45, garantiza el derecho a la seguridad social, cuando expresa:
“I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integridad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. (…) V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozaran de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (el resaltado es ilustrativo).
La norma fundamental citada precedentemente establece las normas fundamentales sobre el derecho a la seguridad social, estableciendo su garantía para todas las bolivianas y bolivianos y en especial para los padres y madres, cuando establece que es un régimen que cubre entre otras las atenciones por maternidad y paternidad.
En ese marco, la jurisprudencia constitucional, refiriéndose a la universalidad, se ha pronunciado en sentido de que la seguridad social, que encuentra su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, fue establecida por el Estado Boliviano para abarcar al 100% de la población del país, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona, así lo expreso la SCP 0614/2014 de 25 de marzo, señalando:
“…se constituye en un régimen de protección general, que tiene la finalidad de cubrir los diversos riesgos de salud física, psíquica, social y económica del capital humano, a todos los habitantes de un Estado sean nacionales o extranjeros, desde que nacen hasta que mueren; es decir, la seguridad social en la concreción de su principio de universalidad fue establecida por el estado Boliviano debiendo abarcar al 100% de la población del país, sin exclusión de ninguna naturaleza, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona” (el resaltado es ilustrativo).
En el mismo sentido, los instrumentos internacionales también han reconocido el derecho a la seguridad social: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 22), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. XVI), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 9), en cuyo marco se adoptó el “Protocolo de San Salvador”, que respecto a este derecho (art. 9) expresa:
“1) Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2) Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto” (las negrillas son nuestras).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Muelle Flores Vs. Perú, expresó el amplio reconocimiento que merece al derecho a la seguridad social, por los instrumentos internacionales, y, agrego que su labor jurisdiccional le permite interpretar el contenido del derecho y las obligaciones que conciernen al Estado al respecto, en esa comprensión formulo el siguiente entendimiento:
“…se puede derivar elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, como por ejemplo, que es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. En particular y en el caso que nos ocupa, el derecho a la seguridad social buscar proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos. Esto último también da cuenta de uno de los elementos constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso” (las negrillas son añadidas).
En relación a las asignaciones familiares en favor de la madre y padre con menores de un año, como parte integrante de la seguridad social, establecida en el art. 45.V de la CPE, la jurisprudencia de la SCP 0076/2012 de 12 de abril, ha señalado que el Estado es el ente obligado a resguardar las etapas de gestación, que comprenden el periodo prenatal y posnatal, para que se desarrollen en condiciones adecuadas, de tal manera que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido:
“Bajo ese contexto, la igualdad contenida en la Constitución Política del Estado y en el bloque de constitucionalidad se constituye en formal, al reconocer a todos los miembros de la sociedad en un plano de igualdad; empero, lo que se busca a través de su observancia en todos los ámbitos jurídicos, es su efectiva materialización, como sería el caso de mujeres embarazadas o madres de un niño o niña menor de un año, cuya situación respecto de los demás u otros sectores, por su especial condición, se encuentra en un plano desigual, dado que durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido” (el resaltado nos corresponde).
Ahora la SCP 0841/2006-R de 29 de agosto, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1361/2015-S2 de 16 de diciembre y 1006/2015-S2 de 14 de octubre, ha manifestado que todo trabajador del sector público y privado tiene derecho a contar, entre otros aspectos, con las prestaciones de corto plazo como son las asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad y que la misma debe ser cumplida en forma obligatoria por el empleador.
“En este marco normativo, se concluye que todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad” (el resaltado es ilustrativo).
Respecto a la comprensión de las asignaciones familiares, la SCP 0368/2013 de 25 de marzo, haciendo referencia a la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, ha manifestado, que las asignaciones familiares que el empleador debe otorgar son: El Subsidio Prenatal, que consiste en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria de un pago mensual en dinero o especie equivalente a un salario mínimo nacional por los cinco últimos meses de gestación; El Subsidio de Natalidad, que consiste en el pago de un sueldo mínimo nacional por el nacimiento de cada hijo; y, El Subsidio de Lactancia, que consiste en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo durante los primeros doce meses de vida del menor.
“En ese contexto, de acuerdo con las normas citadas precedentemente, respecto al régimen de asignaciones familiares, la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, indicó: '…el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida”.
En conclusión, con certeza podemos manifestar que, el empleador está forzado por ley, a cumplir con el pago de la asignación familiar, que comprende los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, para todas las personas nacionales o extranjeras, de ambos sexos, que tengan un ser en gestación y hasta un año de edad y trabajen en el territorio de la República y prestan servicio remunerado para otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, sean éstos de carácter privado o público, por cuanto los derechos de los niños y niñas están protegidos íntegramente por el Estado, a través de las normas infra constitucionales y la misma Norma Suprema en su calidad de sector más vulnerable de la sociedad.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0209/2021-S1 de 25 de junio; 0771/2021-S1 de 6 de diciembre, -entre otras-, que formularon el siguiente razonamiento:
Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones constitucionales y de defensa conforme prevé el art. 202 de la Norma Suprema, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones constitucionales contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente:
“…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previ proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como "derecho a la jurisdicción" (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal (el resaltado es nuestro).
Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:
“La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley (el resaltado es añadido). De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (las negrillas y subrayado son adicionados); al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que las resoluciones emitidas por el Tribunal 8“En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado (el resaltado es añadido). 9 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter
Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre, concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios. En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extraen dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad, que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto-. Bajo esa comprensión: a) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional Plurinacional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte; y, b) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva -por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en amparos constitucionales y acciones de libertad como muestras, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 126.IV y 129.IV de la CPE. Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”; contenido legal que tiene su sustento constitucional en el art. 203 de la CPE, que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (el resaltado y subrayado es añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como característica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares. No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario, mediante los arts. 16 y 17 del CPCo, ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:
“Artículo 16 (Ejecución). I.La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo. Artículo 17 (Cumplimiento de resoluciones). I.El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda.
III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger”. De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo después de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías. Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los jueces, tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala: “I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley” (resaltado ilustrativo); previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema. De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: 1) No son acatados; 2) Son cumplidos parcialmente; 3) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, 4) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública; ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE). Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH; y, 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la CPE, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (jueces y tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, sobre la pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la alimentación y al debido proceso en su vertiente defensa; toda vez que, la autoridad municipal ahora demandada incurrió en la siguientes irregularidades: a) Lo desvinculó de su fuente laboral el 15 de agosto de 2023, al no haberle dejado ingresar a su fuente laboral ni marcar en el biométrico, sin considerar que viene desempeñando su trabajo como Médico del Centro de Salud Pueblo Nuevo de la Red de Salud Este del GAM de Santa Cruz de la Sierra de forma ininterrumpida desde el 3 de julio de 2020, además de no considerar que es padre progenitor; b) Su esposa se encuentra en estado de gestación de riesgo, siendo esencial el seguro social para garantizar su atención médica y la de su hijo por nacer; y, c) Se le notificó con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 de 27 de abril, en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios del citado municipio, pese a tener conocimiento de que se encontraba de vacaciones, negándole la posibilidad de recurrir dicha determinación, vulnerando su derecho a la defensa.
De los antecedentes plasmados en las Conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que, mediante Certificado de Matrimonio 037481 expedido por la Oficialía de Registro Civil 4247 del SERECI-Santa Cruz, Erik Echeverría Sosa -ahora accionante- y Daniela Cari Ojeda contrajeron matrimonio el 7 de octubre de 2022 (Conclusión II.1); por Resolución de Apertura de Sumario GAMSCZ/153/2022 de 13 de octubre, la Directora de Sumarios Administrativos del GAM de Santa Cruz de la Sierra, dispuso el inicio de proceso sumario administrativo en contra del impetrante de tutela, el cual es notificado el 18 de abril de 2023 de forma personal (Conclusión II.2); a través de Contrato Administrativo GAM-002903/2023-S.M.S., suscrito por el Alcalde del citado municipio -ahora demandado- y el accionante, en su cláusula séptima indica que tiene vigencia desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 (Conclusión II.3); mediante Nota presentada el 20 de abril de 2023 dirigida a la referida Directora de Sumarios Administrativos, el peticionante de tutela contesta dentro del proceso sumario aclarando los aspectos denunciados; asimismo, por Nota de 19 de abril de 2023, la Directora del Centro de Salud Pueblo Nuevo de la Red de Salud Este, certifica que el prenombrado realizó la devolución de las horas observadas y también se subsano la pérdida del certificado de nacido vivo extraviado (Conclusión II.4); mediante Resolución Final de Sumario RFS/04/2023 de 27 de abril, dicha Directora de Sumarios Administrativos, determinó la responsabilidad del accionante y su destitución del cargo que ejercía, la misma es notificada el 12 de junio de 2023, en el tablero de notificaciones de Unidad de Sumarios de dicho ente municipal (Conclusión II.5); se tiene formularios de Solicitud de Permiso, del impetrante de tutela, para los días 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 22 de junio de 2023, las cuales fueron autorizadas por la Directora del Centro de Salud Pueblo Nuevo de la Red de Salud Este; y, por Nota presentada el 22 de mayo de 2023, ante el Director de Recursos Humanos del GAM de Santa Cruz de la Sierra, el peticionante de tutela, solicitó permiso para los días 23, 26, 27, 28 y 29 de junio del indicado año (Conclusión II.6); cursa Nota presentada el 27 de junio de 2023, por el impetrante de tutela, ante el Jefe Médico de la CNS de Pando, solicitando baja médica retroactiva desde el 20 al 26 de junio de 2023; por Informe Social Cite 164/23 de 29 de junio de 2023, la Trabajadora Social de la CNS de Pando, pone en conocimiento que de la entrevista con el accionante, el mismo habría sufrido un accidente el 18 de junio de 2023 en la localidad de Sena-Pando, y que el traumatólogo del Servicio de Emergencia del Hospital Obrero N° 9, le atendió indicándole que tiene que tener un reposo de cuarenta y cinco días, y por Certificados de Incapacidad Temporal emitido por la CNS de Santa Cruz, se estableció su incapacidad desde 20 de junio al 4 de agosto de 2023 (Conclusión II.7); asimismo, por Historial Clínico de Emergencia de 7 de agosto de 2023, el Médico Infantil de la CNS de Santa Cruz, en sus conclusiones señala que se dispuso la internación de Daniela Cari Ojeda; así también se tiene Certificado de Ecografía Obstetricia emitido por la Médico Cirujano Ecografista de Hospital Materno Infantil de la CNS de Santa Cruz, en la cual indica que Daniela Cari Ojeda, tiene una proceso de gestación de “+/-“ 17 a 18 semanas (Conclusión II.8); mediante Nota presentada el 19 de septiembre de 2023, a la Directora de Recursos Humanos del GAM de Santa Cruz de la Sierra, la Encargada de Inamovilidad del Departamento de Bienestar Social del citado ente municipal, indica que de la revisión del Sistema de Gestión de Recursos Humanos ZAFIRO V4 y el archivo del Departamento de Bienestar Social, no se recibieron documentos del impetrante de tutela con relación a la inamovilidad o estabilidad laboral; asimismo, cursa Certificado Laboral de 19 de septiembre de 2023, emitido por la citada Directora de Recursos Humanos, el cual señala que el accionante fue servidor público desde 4 de julio de 2020 hasta el 9 de agosto de 2023 (Conclusión II.9).
Bajo tal contexto, de forma previa al ingreso del análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde tener presente lo puntualmente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en relación a la excepción al principio de subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas y padres progenitores de menores de un año de edad, en ese sentido se tiene que no resulta necesario que se agote ninguna via judicial o administrativa ante daños graves e irreparables cuando se trata de grupos de atención prioritaria, tal como en el presente caso de ser padre progenitor; sino, que puede interponer de forma directa la acción de amparo constitucional en procura de hacer valer sus derechos y garantías; por lo que, el ahora accionante al activar directamente esta acción tutelar sin que en forma previa se acuda a la instancia administrativa laboral a fin que se emita la conminatoria laboral, actuó conforme a derecho; aspecto que permite ingresar al análisis de fondo de la problemática, prescindiendo de la subsidiariedad exigida en acciones de amparo constitucional. Ahora bien, el impetrante de tutela denuncia la vulneración de los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la alimentación y al debido proceso en su vertiente defensa; toda vez que, la autoridad municipal ahora demandada: 1) Lo desvinculó de su fuente laboral el 15 de agosto de 2023, al no haberle dejado ingresar a su fuente laboral ni marcar en el biométrico, sin considerar que viene desempeñando su trabajo como Médico del Centro de Salud Pueblo Nuevo de la Red de Salud Este del GAM de Santa Cruz de la Sierra de forma ininterrumpida desde el 3 de julio de 2020, además de no considerar que es padre progenitor; 2) Su esposa se encuentra en estado de gestación de riesgo, siendo esencial el seguro social para garantizar su atención médica y la de su hijo por nacer; y, 3) Se le notificó con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 de 27 de abril, en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios del citado municipio, pese a tener conocimiento de que se encontraba de vacaciones, negándole la posibilidad de recurrir dicha determinación, vulnerando su derecho a la defensa. En tal sentido, una vez contextualizadas las denuncias realizadas por el peticionante de tutela, se pasará a analizar cada uno de los derechos considerados vulnerados bajo el siguiente orden: i) El derecho a la inamovilidad laboral; ii) El derecho a la seguridad social y al pago de las asignaciones familiares de prenatalidad, natalidad y lactancia que le corresponde al padre progenitor y a la salud del menor; y, iii) Sobre la notificación con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 de 27 de abril, en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios del GAM de Santa Cruz; con esos antecedentes e identificadas las problemáticas expuestas en la acción de amparo constitucional, corresponde verificar el análisis de las problemáticas planteadas teniendo que:
El accionante denuncia que la autoridad demandada lo desvinculó de su fuente laboral el 15 de agosto de 2023, al no haberle dejado ingresar a su fuente laboral ni marcar en el biométrico, sin considerar que viene desempeñando su trabajo como Médico del Centro de Salud Pueblo Nuevo de la Red de Salud Este del GAM de Santa Cruz de la Sierra de forma ininterrumpida desde el 3 de julio de 2020, además de no considerar que es padre progenitor.
En ese contexto, respecto al reclamo de la lesión del derecho a la inamovilidad laboral por ser padre progenitor de una niña (o) menor a un año, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que no corresponde aplicar la inamovilidad laboral en contratos de trabajo a plazo fijo, temporales, eventuales o en contratos de obra o servicio, porque desde el momento de la suscripción del contrato, ambas partes conocen de antemano el momento en el que habrá de fenecer el vínculo laboral, no pudiéndose pretender que el estado gestacional o la maternidad o paternidad de un niño menor a un año, implique la prolongación del contrato de trabajo, salvo cuando las relaciones laborales bajo estas u otras modalidades intenten eludir el alcance la norma. Ahora bien, conforme a lo descrito, para que pueda operar de manera excepcional la inamovilidad laboral de padres progenitores en contratos de trabajo a plazo fijo, temporales, eventuales o en contratos de obra o servicio, debe concurrir alguno de los siguientes presupuestos:
a) Cuando con conocimiento del empleador, la trabajadora o trabajador pese a la conclusión del contrato, continúe ejerciendo sus funciones a las que fue designado de forma ininterrumpida, entendiéndose la tácita reconducción del contrato; b) Cuando se haya firmado más de dos contratos a plazo fijo, operando la tácita reconducción, aplicándose la estabilidad laboral; y, c) Cuando pese a ser un contrato a plazo fijo, la misma se lo haya suscrito para realizar trabajos propios y permanentes de una empresa.
En ese orden de ideas, es necesario para contextualizar el estudio de la problemática, remitirnos sobre el origen de los contratos firmados entre la entidad demandada y el impetrante de tutela; así tenemos que conforme la Conclusión II.9 de este fallo constitucional, se extrae que entre el GAM de Santa Cruz de la Sierra y el ahora accionante, suscribieron cinco contratos como funcionario eventual provisorio, de acuerdo a la Certificación Laboral emitida por la Dirección de Recursos Humanos del citado municipio, donde señala que el prenombrado prestó sus servicios bajo la siguiente modalidad:
Extractándose que entre la entidad demandada y el impetrante de tutela, se hubo firmado cinco contratos de trabajo de personal eventual de forma sucesiva, aspectos que se subsumen a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional en relación a la excepción para poder aplicar en favor del accionante la garantía de inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, en el segundo supuesto, en el entendido de que: “Cuando se haya firmado más de dos contratos a plazo fijo, operando la tácita reconducción, aplicándose la estabilidad laboral”.
Excepción exigida por la jurisprudencia constitucional, que en el presente caso se evidencia que entre las partes se firmó más de dos contratos a plazo fijo, es decir cinco contratos de manera sucesiva según la Certificación Laboral emitida por la Dirección de Recursos Humanos del GAM de Santa Cruz de la Sierra, es decir que ante la terminación del contrato se procedió a rubricar uno nuevo con un intervalo de un mínimo de tiempo el cual no puede considerarse como fractura o quiebre la sucesión de un contrato a otro, por lo que en aplicación del precitado Fundamento Jurídico III.2, opera la tácita reconducción, debiendo aplicarse en esta realidad la garantía de inamovilidad laboral. En ese entendido, se tiene que en el presente caso se aplica de manera excepcional en favor del impetrante de tutela en su condición de padre progenitor del menor a nacer, como es la garantía de inamovilidad laboral hasta que el menor cumpla el año de edad, la cual está asegurada para todos los trabajadores sin discriminación alguna, independientemente la modalidad de trabajo que realizan, ya sean estos del sector público o privado, conforme a lo desarrollado en el antedicho Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ya que en el presente caso si bien el accionante es personal eventual de una entidad pública, el mismo no puede ser discriminado por su condición o modalidad contractual, puesto que el art. 48.IV de la CPE, no realiza dicha discriminación para poder gozar de la inamovilidad laboral, aspectos que van en CONTRATO INICIO 5771 MEDICO CIRUJANO
(GENERAL)
04/07/2020 31/12/2020 3356 FARMACEUTICO 01/01/2021 28/02/2021 3356 MEDICO CIRUJANO
(GENERAL)
01/03/2021 31/12/2021 3356 MEDICO CIRUJANO
(GENERAL)
01/01/2022 31/12/2022 2903 MEDICO CIRUJANO
(GENERAL)
01/01/2023 09/08/2023 consonancia con la jurisprudencia descrita y glosada precedentemente, correspondiendo conceder la tutela solicitada al respecto.
El accionante denuncia que su esposa se encuentra en estado de gestación de riesgo, siendo esencial el seguro social para garantizar su atención médica y la de su hijo por nacer; y de acuerdo a la Conclusión II.8 de este fallo constitucional, según el Historial Clínico de Emergencia de 7 de agosto de 2023, establece que Daniela Cari Ojeda acudió a la CNS de Santa Cruz donde se dispuso su internación en el Hospital Materno Infantil – Nefrología. Sobre este aspecto en cuanto al derecho a la seguridad social, resulta imperioso observar la sistematización jurisprudencial desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual indica que las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, y gozaran de la especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal, de acuerdo a lo establecido en el art. 45.V de la CPE, la jurisprudencia de la SCP 0076/2012 ha señalado que el Estado es el ente obligado a resguardar las etapas de gestación, que comprenden el periodo prenatal y posnatal, para que se desarrollen en condiciones adecuadas, de tal manera que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido, complementándose a manera de conclusión que el empleador también está forzado por ley, a cumplir con el pago de la asignación familiar, que comprende los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, para todas las personas nacionales o extranjeras de ambos sexos, que tengan un ser en gestación y hasta un año de edad que trabajen en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y presten servicio remunerado para otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, sean éstos de carácter privado o público, por cuanto los derechos de los niños y niñas están protegidos íntegramente por el Estado, a través de las normas infra constitucionales y la misma Norma Suprema en su calidad de sector más vulnerable de la sociedad.
Ante tales elementos jurisprudenciales puestos en consideración y análisis, se tiene presente lo manifestado por el accionante en sentido que debido a su desvinculación laboral, hubiese sido cortado el derecho a la atención de las etapas de gestación, que comprenden el periodo prenatal, postnatal y también a la alimentación ya que su esposa que se encuentra en estado de gestación de riesgo, siendo esencial el seguro social para garantizar su atención médica y la de su hijo por nacer, entendiéndose que se encontrarían en una situación de riesgo y vulnerabilidad, puesto que no estaría gozando de la protección del Estado, en cuanto a la atención médica y también al aprovisionamiento del subsidio prenatal, de natalidad y de lactancia hasta el cumplimiento de un año de edad del menor, en tal circunstancia y teniendo cumplidos los presupuestos previos en sentido de involucrar en el presente análisis lo previamente desarrollado los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.2 de este fallo constitucional en cuanto a la procedencia de inamovilidad laboral de progenitor en el caso de la firma de más de dos contratos laborales eventuales, como requisito cumplido en el caso presente a efectos de la concesión de tutela respecto de la inamovilidad laboral del progenitor, se puede también establecer que fruto de la desvinculación ilegal de la relación laboral contractual con el ahora accionante el 15 de agosto de 2023, se vulneró también el derecho a la seguridad social, correspondiendo consecuentemente otorgar la tutela, frente al riesgo latente del neonato y la madre respecto a sus derechos de la salud y la alimentación constitucionalmente protegidos.
El accionante denuncia que se le notificó con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 de 27 de abril, en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios del GAM de Santa Cruz de la Sierra, pese a tener conocimiento de que se encontraba de vacaciones, negándole la posibilidad de recurrir dicha determinación, vulnerando su derecho a la defensa. Ahora bien, conforme a lo desglosado en la SCP 0238/2015-S1 de 26 de febrero, refiere que la finalidad de la notificación dentro del debido proceso importa presupuestos mínimos que deben 12 La SCP 0238/2015 de-S1 de 26 de febrero, en su FFJJ.III.3, refiere: “De la finalidad de la notificación. Como se señaló, el debido proceso importa presupuestos mínimos que deben regir todo proceso judicial, administrativo o corporativo, prescritas en las leyes preexistentes con la finalidad de materializar la justicia en igualdad de condiciones. Al efecto, en lo que concierne a notificaciones que constituyen actos de comunicación dentro del proceso, es preciso señalar la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 1079/2010-R de 27 de agosto, ratificada por la SC 1701/2011-R de 21 de octubre, que estableció: “…la notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros una resolución y/o providencia judicial, para que dándose por enterada de ellas, sepa el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales.
Entre las diversas clases de notificación tenemos a la notificación personal y la notificación cedularía, las cuales para que surtan sus efectos y que dicho conocimiento se produzca en forma válida, real y efectiva, es necesario que cumplan con su finalidad, que es dar a conocer a las partes o interesados de las resoluciones o providencias dictadas en los procesos, para que los litigantes queden en situación de poder ejercitar de manera oportuna y eficazmente sus derechos en la causa, ya que solo mediante la notificación, la actuación respectiva de la parte llega a ser existente para la otra parte o la cual se notifica; y en segundo lugar el acto debe cumplir con los requisitos y formalidades establecidas para cada forma de notificación, materializando así, el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más convenga a sus derechos e intereses, cuya inobservancia provocaría indefensión en la parte si no se asegura que ésta tenga conocimiento efectivo del acto procesal, y por ende implicaría una vulneración al debido proceso, en su componente del derecho a la defensa. No obstante, si pese a la inobservancia de las formalidades legales la notificación surte sus efectos, ésta se tiene por válida” (las negrillas son ilustrativas).
regir todo proceso judicial, administrativo o corporativo, prescritas en las leyes preexistentes con la finalidad de materializar la justicia en igualdad de condiciones, ya que las notificaciones se constituyen en actos de comunicación dentro del proceso, por el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros un acto y que enterado de ello, sepa el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que la Ley le permite; asimismo, la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, ha establecido como regla general que el acto administrativo es eficaz a partir de la notificación legalmente realizada conforme al art. 32.I de la citada Ley; ello implica que no lo es a partir de cualquier comunicación -notificación-, sino desde la notificación realizada conforme a las disposiciones especiales contenidas en la Ley, en la cual se deben cumplir todos los requisitos; por ende, un acto administrativo con una notificación deficiente va a tener problemas de eficacia, según lo previsto por el art. 37.I del DS 27113 de 23 de junio de 2003, el cual específicamente señala: “Los actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente carecen de efecto y no corren los términos para interponer los recursos contra ellos.”
De lo expuesto y compulsa de antecedentes, se establece que el ahora accionante fue sometido a proceso disciplinario sancionatorio y que el mismo se inició mediante la Resolución de Apertura de Sumario GAMSCZ/153/2022 de 13 de octubre, notificándole con el mismo el 18 de abril de 2023 mediante cedula en el Centro de Salud Pueblo Nuevo que es lugar donde desarrolla su actividad según la constancia de notificación que cursa a fs. 27 del legajo constitucional; y, que de su tramitación el impetrante de tutela presentó sus descargos a efectos de ejercer su derecho a la defensa haciendo conocer en la suma de la nota presentada el 20 de abril (fs. 28) que es Médico de Planta del Centro de Salud Pueblo Nuevo del GAM de Santa Cruz de la Sierra; posteriormente el 12 de junio de 2023 la sumariante le notificó en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios del citado municipio con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 (Conclusión II.5); cabe señalar, que el impetrante de tutela se encontraba de vacaciones conforme a la solicitud de permiso que lo realizó de forma anticipada el 22 de mayo de 2023, donde se le otorgó dicho permiso desde 12 al 16 de junio del mencionado año -fs. 32- (Conclusión II.6); y, conforme a lo razonado por la SCP 0238/2015-S1 de 26 de febrero, se establece que la finalidad de la notificación es poner en conocimiento del administrado un acto administrativo y en este caso pueda hacer uso el accionante de los recursos que la Ley le franquea; sin embargo, la sumariante al haberle notificado en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023, lesionó su derecho a la defensa, ya que al haberle notificado con la Resolución de Apertura de Sumario GAMSCZ/153/2022 en su fuente laboral que es el Centro de Salud Pueblo Nuevo, el accionante al momento de ejercer su derecho a la defensa presentó sus descargos mediante nota haciendo referencia su puesto laboral que es el referido Centro de Salud, por lo que no se aplicaba lo dispuesto en el art. 43 del DS 27113 al señalar su domicilio; pero contrariamente a la norma descrita, la sumariante le notificó en el tablero de notificaciones de la Unidad de Sumarios con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023; otro aspecto que no considero la sumariante, es que el accionante se encontraba de vacaciones en el momento en que se le notificó con la referida Resolución Final; por lo que se establece que existió irregularidades al momento de poner en conocimiento dicho acto procesal y de acuerdo a lo previsto en el art. 37.I del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual refiere que los actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente carecen de efecto y no corren los términos para interponer los recursos contra ellos; por tales aspectos, la actuación comunicacional realizada por la sumariante no cumplió con su eficacia material y que asegure el conocimiento real y efectivo del contenido del fallo por parte del peticionante de tutela, para que pueda impugnarlo o asumir la reacción que más convenga a sus derechos e intereses; de lo descrito y ante la inobservancia de la norma procesal administrativa por parte de la sumariante provocó la indefensión del ahora accionante al negarle la posibilidad de recurrir dicha determinación, además motivó que la autoridad municipal ahora demandada lo desvincule de su fuente laboral por dicho acto procesal irregular, implicando con su proceder con una vulneración al debido proceso en su componente del derecho a la defensa; en consecuencia se concede la tutela solicitada por esta problemática denunciada.
Finalmente en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y los arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y ejecución inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, el Alcalde del GAM de Santa Cruz de la Sierra o la autoridad en actual función, están impelido a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto por esta instancia constitucional referido a la cancelación de los sueldos devengados, y el pago de las asignaciones familiares en favor del accionante desde el momento de su despido hasta que su hijo cumpla el año de edad, so pena de ser inclusive sancionado por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, que con la finalidad de garantizar el cumplimiento podrá efectuar las siguientes sanciones: 1) Requerir la intervención de la fuerza pública; 2) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; 3) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, 4) Remitir antecedentes al Ministerio Publico para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a los dispuesto estará sujeta a sanción conforme establece la Norma Suprema y la Ley en base a lo determinado por el art. 127 de la CPE; consecuentemente, en el caso de un supuesto incumplimiento por parte del demandado, la referida Sala Constitucional que conoció la acción debe activar las medidas requeridas; máxime, cuando en el caso presente la decisión asumida otorga la tutela sobre los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la alimentación y al debido proceso en su vertiente defensa, que afectan directamente a la familia del peticionante de tutela.
Resuelto como se encuentra el caso remitido en revisión; y, tomando en cuenta que, el 30 de septiembre de 2022, se promulgó la Ley 1468 de “Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales”, el cual abroga el Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010, y deroga los parágrafos III, IV y V del art. 10, y art. 13 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006. Incumbe aclarar que, la Ley 1468 no fue considerada en razón a que los hechos suscitados en este caso, son con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 123/23 de 20 de septiembre, cursante de fs. 74 a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la defensa, a la salud, a la alimentación y al debido proceso en su vertiente defensa, conforme a las razones y fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo que Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra o la autoridad en actual función, proceda a lo siguiente:
a) El pago de sueldos devengados en favor del accionante, desde la fecha de la desvinculación laboral hasta el cumplimiento del año de su hijo, más el pago de otros derechos que le correspondan por ley; b) El cumplimiento de asignaciones familiares -prenatalidad, natalidad y lactancia-, por el mismo tiempo que fue privado de ese beneficio, sea en dinero y no así en especie, al no haber sido provistos de forma oportuna; siempre y cuando que los mismos no hayan sido provistos de alguna fuente laboral por parte de la madre.
c) Los gastos del parto y otras contingencias erogados por el impetrante de tutela; d) El pago deberá ser efectivizado por la entidad demandada; y, e) Se deja sin efecto la notificación practicada el 12 de junio de 2023 con la Resolución Final de Sumario RFS/045/2023 de 27 de abril, y todos los actos posteriores que motivaron la desvinculación del ahora accionante. 2º DISPONER la reincorporación del peticionante de tutela en su cargo u otro con el mismo nivel salarial; siempre y cuando, el accionante no se encuentre desempeñando funciones en alguna institución pública, conforme a los fundamentos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 En su FJ. III.2, refiere: “ Al respecto la SCP 0537/2017-S3 de 9 de junio, haciendo mención a la SC 1770/2011-R de 7 de noviembre, estableció que: “Si bien el amparo constitucional es una vía tutelar de carácter subsidiario, por lo que sólo se activa cuando el accionante agotó las vías legales previstas para el reclamo de sus derechos que considera vulnerados, sin embargo, conforme este Tribunal ha establecido en su uniforme jurisprudencia, es posible aplicar la excepción a la regla de la subsidiaridad en situaciones en las que los hechos ilegales o indebidos denunciados en una acción de amparo podrían producir efectos irreparables o irremediables; de manera que, a pesar de existir vías legales ordinarias para que los accionantes puedan lograr la restitución de sus derechos fundamentales amenazados, restringidos o suprimidos es posible activar inmediatamente esta vía tutelar para que, compulsando los antecedentes y verificando que los hechos ilegales o indebidos denunciados, lesionaron los derechos fundamentales y los efectos de dichos actos podrían ser irreparables o irremediables, se otorgue una tutela provisional o directa, sin exigir el agotamiento de la vía ordinaria de reclamo.”
5 El FJ III.3 refirió que: “Cabe señalar, en mérito a la protección reforzada que gozan las mujeres trabajadoras embarazadas, así como las y los progenitores con hijos o hijas menores a un año de edad, dicho razonamiento también es aplicable a los contratos eventuales e incluso a los contratos en línea; cuando del análisis de cada caso concreto, se adviertan las características que fueron desarrolladas por la jurisprudencia antes glosada; pues debe considerarse que la finalidad de las subreglas generadas por este Tribunal, es hacer efectiva la garantía constitucional prevista en el art. 48 de la CPE, que no efectúa distinción alguna respecto a la calidad de las trabajadoras o trabajadores, y menos establece que las o los trabajadores eventuales o los consultores en línea, estarían excluidos de su protección Razonamiento, que por otra parte, está previsto en el art. 1 del DS 0012, que tiene por objeto reglamentar las condiciones de inamovilidad de la madre y padre progenitores, que trabajen en el sector público o privado”.
6 En su F.J. III.3 indicó: …, considerando que los derechos de la mujer durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, esta Sala enfocada no sólo a preservar su condición y bienestar, sino la vida y la salud de los derechos de quien está por nacer, asume una tutela celosa y efectiva de los derechos que atañen a éstos, quienes por sí mismos no pueden reclamar o reivindicar sus derechos; por lo que primordialmente, velando por el interés superior del ser en gestación o nasciturus, antes que del trabajador o la trabajadora, considera pertinente asumir la tutela solicitada, ello en observancia al principio de favorabilidad que debe ser aplicada en favor de la madre y el futuro ser.
7 La SCP 1112/2012 de 6 de septiembre, citado por la SCP 0368/2013 de 25 de marzo, expresa al respecto que: “… el derecho a la seguridad social tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, que han sido precedentemente expuestos”.
vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”.
10 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”.
11 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.
N° CARGO FECHA FECHA FINAL
13 Artículo 32 de la Ley 2341 (Validez y Eficacia). I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación.
14 Artículo 43 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual refiere: “(NOTIFICACION EN SECRETARIA). Las notificaciones a administrados que no constituyan domicilio a los efectos del procedimiento, se practicarán en la Secretaría o en la Oficina señalada por la autoridad del órgano o entidad administrativa, los días lunes y jueves, mediante diligencia asentada en el expediente.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0397_2024-S1.pdf · páginas 1 a 37.
Huella digital del PDF (SHA-256): e2d3b4a712c6158c7b841966da66c8a3119f479bcbca95bf923563e4f745b51a
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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