Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 20 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y la libertad; toda vez que, con la finalidad de recuperar su libertad se sometió a procedimiento abreviado y fue condenado con pena privativa de libertad de cuatro años, cinco meses y siete días, tiempo que al ser cumplido, debió ser puesto en libertad, ya que en la sentencia condenatoria se determinó computar el plazo que estuvo detenido preventivamente; por lo que, se debía emitir el mandamiento de libertad de forma inmediata; sin embargo, las autoridades demandadas no emitieron dicho mandamiento, debido a que, a criterio de ellos, la sentencia condenatoria supuestamente aún no se encontraba ejecutoriada y que se debía aguardar a una eventual apelación restringida por parte de la víctima. Ante ello, los Jueces demandados señalan que la norma obliga a notificar a la víctima con la sentencia condenatoria y que la dilación para notificar a la víctima se debe a que el Secretario suplente del despacho judicial a su cargo no tiene habilitado el Sistema Hermes para realizar la notificación por edicto; con lo cual, se debe aguardar el vencimiento del plazo de quince días hábiles que indica el art. 408 del CPP, ante una eventual apelación restringida por parte de la víctima para recién contar con una sentencia ejecutoriada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0396/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52547-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Ramírez Ribera en representación sin mandato de Osmar Suárez Mercado contra Juan Pablo Olmos Tapia, Nuria Marietka Lino de Pacheco y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, cursante de fs. 4 a 6, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de rapto, el 22 de julio de 2018 se celebró audiencia de medidas cautelares en la que se dispuso su detención preventiva sin plazo de finalización; posteriormente, el 18 de noviembre de 2022, con la finalidad de recuperar su libertad, aceptó someterse a un procedimiento abreviado, acordándose con el Ministerio Público la imposición de una pena privativa de libertad de cuatro años, cinco meses y siete días; por lo que, debía ser puesto en libertad el 30 de noviembre del mismo año, pues, en sentencia se determinó computar el plazo que estuvo detenido preventivamente; sin embargo, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora demandados- “…AL DARSE DE LEGISLADORES…”, (sic) manifestaron que no emitirían el mandamiento de libertad, debido a que la sentencia condenatoria no estaba ejecutoriada y que se debía aguardar a una eventual apelación por parte de la víctima; es decir, establecieron requisitos no previstos en la ley para disponer su libertad. Con todo ello, las autoridades demandadas desconocieron lo previsto en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal, que establece: “…Cumplida la condena (…) el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno…” (sic).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 13.IV y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad por cumplimiento de condena.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 60 a 63 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Juan Pablo Olmos Tapia, Nuria Marietka Lino de Pacheco y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 45 a 46 vta., sostuvieron que: a) El accionante, en coordinación con el Ministerio Público, solicitó salida alternativa de procedimiento abreviado y, en audiencia de 18 noviembre de 2022, de manera voluntaria fue sentenciado a una pena de cuatro años, cinco meses y siete días; b) Para la realización de dicha audiencia, la víctima fue notificada mediante el Sistema Hermes -por edicto-, diligencia que fue efectuada por la entonces Secretaria de ese despacho judicial, quien contaba con usuario habilitado en dicho sistema; no obstante, tras su renuncia aceptada el 14 de noviembre de 2022, se habilitó a un Secretario en suplencia legal para el desarrollo de ese acto procesal; c) En la misma audiencia se dispuso que la sentencia condenatoria debía ser notificada a la víctima mediante edicto, en ese marco, la víctima fue notificada el 1 de diciembre de 2022 a través del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), quedando pendiente la notificación mediante el Sistema Hermes. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2022 le otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas al Secretario suplente para para que cree un usuario en el Sistema mencionado, a fin de efectuar la notificación por ese medio; además, conminó a la Directora de la Unidad Informática del Órgano Judicial, con el objeto de habilitar un usuario para el señalado funcionario judicial; en consecuencia, se actuó con la debida diligencia para viabilizar la notificación mediante dicho sistema; y, d) No es cierto lo manifestado por el accionante respecto a que no exista normativa que sustente la exigencia de notificación a la víctima con la sentencia; por lo que, habiendo sido notificada la víctima el 1 de diciembre de 2022 se debe esperar el vencimiento del plazo de los quince días hábiles que indica el art. 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP); consecuentemente, no se vulneró derecho constitucional alguno.
El Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 64 a 66, denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamento: no cursaba solicitud presentada por el accionante al eventual cumplimiento de su condena y mandamiento de libertad; es así que, activó de manera directa la presente acción tutelar, desconociendo la subsidiaridad excepcional que rige la misma.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 74 a 78); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fue controvertido.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y la libertad; toda vez que, con la finalidad de recuperar su libertad se sometió a procedimiento abreviado y fue condenado con pena privativa de libertad de cuatro años, cinco meses y siete días, tiempo que al ser cumplido, debió ser puesto en libertad, ya que en la sentencia condenatoria se determinó computar el plazo que estuvo detenido preventivamente; por lo que, se debía emitir el mandamiento de libertad de forma inmediata; sin embargo, las autoridades demandadas no emitieron dicho mandamiento, debido a que, a criterio de ellos, la sentencia condenatoria supuestamente aún no se encontraba ejecutoriada y que se debía aguardar a una eventual apelación restringida por parte de la víctima. Ante ello, los Jueces demandados señalan que la norma obliga a notificar a la víctima con la sentencia condenatoria y que la dilación para notificar a la víctima se debe a que el Secretario suplente del despacho judicial a su cargo no tiene habilitado el Sistema Hermes para realizar la notificación por edicto; con lo cual, se debe aguardar el vencimiento del plazo de quince días hábiles que indica el art. 408 del CPP, ante una eventual apelación restringida por parte de la víctima para recién contar con una sentencia ejecutoriada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'… (…) Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implica persecución indebida”.
A partir de dicho entendimiento asumido en base a la norma constitucional, la viabilidad de apertura y consecuente concesión de tutela de esta acción de defensa, emergen de la verificación material de la existencia de un acto ilegal u omisión indebida, en el marco de uno o más de los presupuestos referidos.
Delimitada la problemática que dio lugar a la interposición del presente mecanismo tutelar, el accionante denuncia que, con la finalidad de recuperar su libertad, se sometió a un procedimiento abreviado, en el cual fue condenado a una pena privativa de libertad; y, al haber cumplido la misma, debía ser puesto en libertad; toda vez que, en la sentencia condenatoria se determinó computar el tiempo que permaneció en detención preventiva; sin embargo, los Jueces demandados sostienen que la misma aún no está ejecutoriada debido a la falta de notificación a la víctima a efectos de que decida si apelará o no la decisión. Ahora bien, corresponde acudir al desarrollo jurisprudencial realizado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual estableció que, para tutelar la libertad personal o de locomoción mediante la acción de libertad, deben cumplirse determinadas condiciones; en este sentido, la sentencia condenatoria no se constituye en un acto ilegal que vulnera el derecho a la libertad del accionante; toda vez que, el acto que lo priva directamente de su libertad es el auto interlocutorio que dispuso su detención preventiva; lo cual obedece a que, la sentencia condenatoria no se encuentra ejecutoriada, debido a la falta de notificación a la víctima, tal como indicaron los Jueces demandados y que no fue controvertido por el nombrado; quien, incluso, en audiencia de garantías manifestó que: “…de ninguna manera nos estamos oponiendo a que se notifique a la víctima…” (sic). En ese entendido, la situación jurídica del accionante continúa regida por una resolución judicial emitida bajo el régimen de medidas cautelares y no así por la sentencia condenatoria impuesta en su contra; por lo tanto, dicho fallo no es la causa directa de la restricción de su libertad, no pudiendo dar curso a su solicitud de mandamiento de libertad por cumplimiento de sentencia condenatoria; teniendo el nombrado la posibilidad de solicitar audiencia de cesación a la detención preventiva o la modificación de la medida cautelar.
En tal razón, corresponde que el peticionante de tutela acuda a la jurisdicción ordinaria dentro del proceso penal de origen para efectuar sus reclamos, denunciando las posibles lesiones al debido proceso en la tramitación de su solicitud y, en su defecto -si así lo ve por conveniente-, activar la justicia constitucional para la restitución de los mismos a través de la acción de amparo constitucional, que se constituye en el medio idóneo para la tutela del derecho al debido proceso cuando el mismo no está vinculado de manera directa con la libertad. En ese entendido, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad no constituye un mecanismo ordinario para revisar cualquier irregularidad procesal, sino una garantía constitucional de carácter excepcional destinada a resguardar de manera inmediata el derecho a la vida y los derechos a la libertad física y de locomoción. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0396_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): af373960cc30c32c7eee031b54ff001f4ff21af980b991b85231e4c94b795dc1
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