Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
La parte accionante, a través de su representante sin mandato, alegó que sus representados, fueron objeto de una violenta e irregular ejecución de un mandamiento de aprehensión, documento que no les fue exhibido en ningún momento para verificar su legalidad, todos sufrieron el allanamiento de sus domicilios de forma intempestiva y brutal, fueron violentamente conducidos primero a una pista militar y luego trasladados a una ciudad diferente a su lugar de residencia, en lo que concierne a Jaime Algarañaz Dorado sufre enfermedades cardiacas, se encontraba enmanillado en el Hospital y con riesgo latente para su vida; sobre Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina también padecen patologías de base; su libertad ha sido restringida sin motivo aparente, al habérseles aplicado la medida cautelar extrema de detención preventiva, y en la audiencia de 24 de octubre de 2022 plantearon recurso de apelación incidental; mismo que, no ha sido remitido conforme los plazos que impone la norma adjetiva penal. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si lo alegado es evidente, a fin conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, en su modalidad de acción de libertad innovativa contra Erick Raúl Téllez Estrada Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz, exhortando a que dicha autoridad realice un control estricto a la tramitación de la causa que involucra a los accionantes a efecto de verificar que su personal cumpla con sus directrices y la normativa vigente y remitan los actuados ante las instancias superiores en el plazo procesal previsto; y, 2º Denegar la tutela solicitada respecto al Fiscal de Materia y Actuaria demandados por los argumentos ya esgrimidos de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0396/2025-S4 Sucre, 28 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51945-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Jaime Algarañaz Dorado, Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina contra Erick Raúl Téllez Estrada, Juez, Liliana Ortiz Correa, Actuaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz; y, Freddy Duran Montero Fiscal de Materia, todos del mencionado departamento.
Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3 y vta., los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron lo siguiente:
El 22 de octubre de 2022, la institucionalidad cívica del departamento de Santa Cruz, convocó a desarrollar movilizaciones y también paro cívico; la población se dio cita en inmediaciones de Arroyo Concepción, en cercanías a la agencia del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A)., con objetivo de cortar el tránsito entre Bolivia y el país vecino de Brasil. El poder central aplicó un plan para contrarrestar dichas movilizaciones, estos actos de afrenta tuvieron como protagonistas también a funcionarios del municipio de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz; la confrontación generó violencia, actos de intolerancia y muchas situaciones de riesgo extremo que se extendió por aproximadamente tres horas, siendo afectadas personas que fueron a manifestarse pacíficamente, a raíz de la situación de violencia suscitada, se tuvo que lamentar el fallecimiento del ciudadano “Sr. Julio Pablo Taborga”, quien era un servidor público que desempeñaba labores en la Municipalidad de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz; dicho deceso se produjo porque el fallecido habría inhalado gases lacrimógenos, no siendo resultado de algún tipo de agresión física, esto por versión del propio hijo del fallecido quien además indicó que a su padre le ordenaron trasladarse junto a personas afines al partido de gobierno para que procedan a desbloquear. La Fiscalía estableció que los activistas que acudieron a la convocatoria de la institucionalidad cívica cruceña, habían incurrido en conductas tipificadas como delitos; por lo que, se aperturó una investigación contra los dirigentes cívicos de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, involucrando entre otras personas a: Jaime Algarañaz Dorado, Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, causa judicial dentro de la cual se emitió orden de aprehensión el 23 de octubre de 2022 evacuada por el Fiscal de Materia. La aprehensión realizada en contra de los denunciados fue materializada con torpeza, sin prever el cuidado que se debía tener con personas enfermas que pese a su delicado estado de salud fueron evacuadas hasta la ciudad de Santa Cruz habiendo intervenido efectivos militares en el operativo que ejecutó la aprehensión, porque además desde el 22 de octubre de 2022 se procedió a militarizar la localidad de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, pese a mostrar signos evidentes de su estado de salud deteriorada, El señor Jaime Algarañaz Dorado, fue traslado hasta la capital cruceña y desde el 23 de octubre de 2022 hasta el 2 de noviembre del mismo mes y año, se encuentra bajo una aprehensión totalmente arbitraria, lo cual es contrario a la normativa que solo otorga un plazo de veinticuatro horas para aplicar tal figura, el antes nombrado está convaleciente al haber sufrido un pre infarto provocado por la violenta aprehensión que se le practicó habiendo sido trasladado en un avión militar hasta la ciudad de Santa Cruz; y no se le tomó su declaración informativa, tampoco se ha informado a la autoridad jurisdiccional para que realice el control de garantías, se comete el abuso de tenerlo bajo custodia de forma exagerada, sus derechos están siendo amenazados. Sobre Samuel Rojas Molina y Rubén Mario Flores Guevara, para tratar su situación procesal, el 24 de octubre en horas de la tarde y la misma culminó el 25 de octubre en la madrugada, habiéndose planteado la impugnación en audiencia el Juez ahora demandado ha desobedecido el contenido del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque no procedió a remitir el Recurso de apelación para que el Tribunal de Alzada revise los reclamos.
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del derecho a la vida, a la salud y a la libertad; citando al efecto, el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó que se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se determinen lo siguiente: a) En lo que concierne a Samuel Rojas Molina y Rubén Mario Flores Guevara, se remita la apelación en el día y se otorgue un plazo máximo de cuarenta y ocho horas para que se instale la audiencia para considerar la apelación incidental por el Tribunal de alzada; b) Se invalide el mandamiento de aprehensión librado contra Jaime Algarañaz Dorado el 23 de octubre de 2022 para proteger sus derechos lesionados y se exhiba el mismo; c) Se disponga que un médico forense se haga presente en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, para que realice exámenes a los accionantes, y comprobar su estado de salud; d) Se disponga que quienes se constituyan en vulneradores de derechos humanos, sean denunciados ante el Ministerio Publico.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 62 a 64 y vta., presente la abogada y representante sin mandato de los accionantes; ausentes las autoridades y funcionaria; se produjeron los siguientes actuados:
Los impetrantes de tutela, a través de su abogada en audiencia, ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de libertad y ampliando los mismos, refirió que: 1) Los tres solicitantes de tutela sufrieron aprehensiones violentas, fueron allanados sus domicilios en presencia de sus familiares, sobre todo niños, también los trasladaron a una plataforma militar en Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz y por esa vía fueron transportados a similar instalación en la ciudad de Santa Cruz, no fue hasta ese instante que se les hizo conocer el motivo de su detención abrupta y precipitada; 2) En lo que respecta a Samuel Rojas Molina fue sacado de su casa descalzo, cuando se encontraba en la plataforma, militar uno de los militares le entregó unas chinelas que se constituye en el único resguardo que tiene sobre su físico maltrecho; 3) A exigencia de los abogados defensores de los tres accionantes, se procede con su verificación y revisión por parte de personal de salud y en el momento que se realizaba dicha labor, Jaime Algarañaz Dorado comienza a sufrir convulsiones; razón por la cual, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios en una ambulancia, por su precario estado de salud; pues, presenta patologías previas al evento y con la violencia sufrida se han agravado y por eso esta postrado en una cama y permanece enmanillado de manera intimidante, una noche a las dos de la madrugada, fue obligado a firmar su declaración informativa estableciendo que se habría abstenido esto bajo coacción de un Fiscal con asiento en la ciudad de Santa Cruz generando una situación hostil; 4)
Rubén Mario Guevara y Samuel Rojas Molina fueron enviados al Centro Penitenciario “Palmasola” por el lapso de ciento veinte días , en la audiencia cautelar se planteó el recurso de apelación incidental, pero como efecto de la interposición de la presente acción tutelar recién se remitieron los obrados para que el Tribunal de alzada conozca los agravios denunciados y fueron igualmente abusados en sus derechos, porque su detención fue con violencia de por medio sin respetar sus garantías; 5) Se debe investigar el fallecimiento del señor Julio Taborga, pero no se puede ignorar ni excluir del proceso investigativo, que el hijo de este último mencionado, ha concurrido inclusive a la ciudad de Santa Cruz, para informar que su padre no fue golpeado; ya que, es un testigo directo de como su padre sufrió los efectos de una granada de gas, porque él se encontraba detrás de su padre pero esa información no fue tomada en cuenta por el Ministerio Publico que procura involucrar a los impetrantes de tutela en una investigación sin objetividad y carente de todo respeto hacia los derechos fundamentales y garantías constitucionalmente consagrados; y, 6) La imputación está únicamente dirigida contra Rubén Mario Guevara y Samuel Rojas Molina, pero Jaime Algarañaz Dorado continua enmanillado y postrado en el nosocomio a quien se le han realizado valoraciones en cuatro ocasiones en el periodo comprendido entre el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre, nunca se les ha exhibido la orden de aprehensión.
Erick Raúl Tellez Estrada Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz no asistió a la audiencia de esta acción tutelar y tampoco presentó informe escrito, pese a su legal notificación cursante a fs. 11. Freddy Duran Montero, Fiscal de Materia, mediante informe escrito de fecha 3 de noviembre de 2022 cursante de fs. 42 a 55, hizo conocer que: i) Carece de legitimación pasiva en la causa de la especie, se debe tomar en cuenta la SC 102/2020-S3 de 17 de marzo; ya que, los accionantes no especifican que el mandamiento de aprehensión no fue ejecutado por fiscales, sino por otro tipo de autoridades; ii) No ha emitido orden de aprehensión que habría generado los agravios denunciados por los impetrantes de tutela, si bien es cierto que el informalismo rige a la acción de libertad, ello no exime de que los solicitantes de tutela deban identificar a los demandados, establecer la relación fáctica y eso fue incumplido en el presente trámite, porque no se ha identificado con plenitud a las autoridades sindicadas de haber generado los actos arbitrarios denunciados; iii) La SC 075/2016-S2 de 12 de febrero, en su contenido apartado Fundamentos Jurídicos III.2., ha establecido cuales son la formalidades que deben cumplirse para que la aprehensión ejecutada por la fuerza policial sea cumplida, también la misma resolución explica que la fuerza policial es una mera ejecutora de dichas órdenes y que su materialización debe estar enmarcada en el ordenamiento constitucional y también legal; iv) El Ministerio Publico tiene delimitadas sus funciones y misiones en el art. 225 de la CPE y debe honrarse dicho mandato generando la persecución penal contra los perturbadores del orden público; v) En su rol de Fiscal de Materia no ha emitido mandamiento de aprehensión o allanamiento contra los –ahora accionantes– , tampoco ha generado una amenaza contra sus derechos alegados como lesionados; vi) Al haberse aperturado de oficio una denuncia formal contra presuntos autores por el delito de homicidio que se habría cometido contra Julio Pablo Taborga Cuellar, dicha causa signada como FELCC-PQ-121/2022 y FUD 714102202200316, cumpliendo el procedimiento se puso en conocimiento del Juez Cautelar el inicio de investigación, y en esa tónica se ha desplegado la actividad procesal para colectar los elementos de convicción necesarios para construir la verdad histórica de los hechos, la Policía Boliviana, puede ejecutar una aprehensión por el mandato del art. 227 numerales 1 y 4 del CPP sin tener un mandamiento escrito; vii) En el caso de los ahora accionantes, el 23 de octubre de 2022 se les tomó sus declaraciones informativas en su calidad de aprehendidos en presencia de sus abogados defensores, la autoridad fiscal y policial habiéndose respetado en todo momento sus derechos fundamentales y garantías constitucionalmente establecidos, y con el único objeto de que la autoridad jurisdiccional en una instancia competente y pertinente decida sobre su situación procesal; viii) Los solicitantes de tutela no han agotado las vías y recursos idóneos para defender sus derechos; por lo cual, no es posible activar la vía constitucional cuando la subsidiariedad excepcional en esta materia no ha sido cumplida como requisito de procedencia; y, ix) Los certificados médicos ofrecidos como prueba, acreditan que el señor Jaime Algarañaz Dorado recibe atención médica y está siendo constantemente evaluado y al momento de su aprehensión no ha comunicado que sufra alguna enfermedad. Liliana Ortiz Correa, Actuaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia y tampoco presentó informe escrito, pese a su legal notificación cursante a fs. 9.
La Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta, del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de Garantías por Resolución 22/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 65 a 67, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) Sobre Jaime Algarañaz Dorado, se ha acreditado que ha sido objeto de evaluaciones medicas de manera oficial por el conducto regular y de acuerdo a la SCP 0486/2021-S4 de 2 de septiembre, el control jurisdiccional es el medio por cual; se deben plantear las situaciones anómalas para que dicha autoridad sea la encargada de verificar las pretensiones; b) Respecto a Samuel Rojas Molina y Rubén Mario Flores Guevara, su reclamo de dilación procesal indebida no puede abstraerse de la situación de paro cívico departamental de forma indefinida; por lo que, las vías de comunicación fueron cortadas, pero al revisar el Oficio 678/2022 de 1 de noviembre expedido por el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz, se demuestra que se ha remitido por vía electrónica los antecedentes vía Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; ya que, la vulneración alegada en la no remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada, ya no existe y se debe aplicar la sustracción de materia según el contenido de la SCP 0578/2018-S1 de 1 de octubre, porque ya no existe el objeto del proceso iniciado en sede constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene en obrados que, mediante requerimientos librados por el Fiscal de Materia Freddy Duran Montero; Jaime Algarañaz Dorado fue examinado por un médico forense los días 23, 24, 25, 26, 2, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2022, encontrándose internado en el Hospital San Juan de Dios del departamento de Santa Cruz, bajo tratamiento y atención médica (fs. 13 a 31). II.2. La Actuaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz, Liliana Ortiz Correa mediante nota escrita de 31 de octubre de 2022 (fs.33), informa al Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez, Erick Raúl Téllez Estrada, que el 27 de igual mes y año no pudo remitir los antecedentes del caso FELCC-PQ-121/2022 al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el motivo de que el servicio de courrier no se encontraba disponible y los medios y vías alternas de comunicación y transporte se encontraban bloqueados y no se pudo remitir el legajo que contenía la apelación; ante tal situación el Juez ahora demandado, emite una Resolución el 1 de noviembre de 2022 ordenando se remitan los actuados procesales en formato digital Formato de Documento Portatil (PDF) para que se proceda con el trámite de la apelación incidental interpuesta (fs. 34). II.3. Se verifica en obrados que mediante Oficio 678/2022 de 1 de noviembre el Juez ahora demandado, remitió las copias legalizadas en formato digital PDF al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que se tramite la apelación incidental dentro de la causa FELCC-PQ-121/2022, proceso penal que sigue el Ministerio Publico contra Samuel Rojas Molina y Rubén Mario Flores Guevara por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación a delinquir y apología publica de un delito, previstos y sancionados por los arts. 251, 270,130 y 131 del Código Penal (CP) [fs.35]. II.4. Cursa en obrados, el acta de recepción de declaración informativa de Jaime Algarañaz Dorado, firmada por el declarante, sus abogados defensores, el representante del Ministerio Publico y el investigador asignado al caso, el denunciado, se abstuvo de prestar su declaración, acogiéndose a su derecho a guardar silencio (fs. 60 a 61)
La parte accionante, a través de su representante sin mandato, alegó que sus representados, fueron objeto de una violenta e irregular ejecución de un mandamiento de aprehensión, documento que no les fue exhibido en ningún momento para verificar su legalidad, todos sufrieron el allanamiento de sus domicilios de forma intempestiva y brutal, fueron violentamente conducidos primero a una pista militar y luego trasladados a una ciudad diferente a su lugar de residencia, en lo que concierne a Jaime Algarañaz Dorado sufre enfermedades cardiacas, se encontraba enmanillado en el Hospital y con riesgo latente para su vida; sobre Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina también padecen patologías de base; su libertad ha sido restringida sin motivo aparente, al habérseles aplicado la medida cautelar extrema de detención preventiva, y en la audiencia de 24 de octubre de 2022 plantearon recurso de apelación incidental; mismo que, no ha sido remitido conforme los plazos que impone la norma adjetiva penal. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si lo alegado es evidente, a fin conceder o denegar la tutela solicitada.
En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal, con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva” (las negrillas nos corresponden). Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad−, introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela impetrada que brinda la acción de libertad al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el mismo que se encuentra reconocido implícitamente por el art. 125 de la CPE. En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional boliviano determinando lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…», e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (las negrillas son nuestras). En similar forma la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: '… el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'” (las negrillas son agregadas). Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados, conforme concluyó la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, indica que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad”.
De acuerdo a la SCP 0651/2020-S4 de 28 de octubre, se señaló: “Entorno a la temática, la SCP 0679/2018-S4 de 25 de octubre, se remitió a lo manifestado por la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, que sostuvo: ‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’.
Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones'. A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: '…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’ . La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló: Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado'.
Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho” (las negrillas nos corresponden). Al respecto, el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173, que entró en vigencia el 4 de noviembre de 2019; mantuvo incólume el plazo de remisión de apelación de las medidas cautelares; es decir, el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad.
La SCP 0015/2020-S4 de 5 de marzo, citando a su vez a la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, en cuanto a la responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional, precisó que: “‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)». Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo'.
Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0052/2023-S4 de 23 de marzo, señala; “… Conforme estableció la SCP 0478/2017-S3 de 1 de junio: “Si bien es cierto que en el marco del principio de informalismo una acción de libertad, no requiere precisamente de mayores formalidades para ser interpuesta; sin embargo, no significa que esta pueda estar desprovista de la prueba necesaria que asegure la pretensión, así lo determinó este Tribunal a través de la SCP 0616/2016-S3 de 1 de junio, que a tiempo de precisar este entendimiento sostuvo: Ahora bien, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no requiere de mayores formalidades para ser interpuesta; no obstante, es imperanteque quien recurre a esta jurisdicción debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite todo lo alegado en la acción tutelar a objeto de demostrar la denuncia formulada y la existencia de los actos lesivos desarrollados por las autoridades demandadas que en su criterio lesionan sus derechos fundamentales, así la SC 0066/2010 - R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad estableció que: ‘…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión. En ese sentido, la SC 0318/2004 - R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: « Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión»’. En ese sentido, existen casos en los que la problemática a ser analizada converge precisamente en hechos que no solo carecen de prueba alguna que acredite su existencia, sino que además derivan de hechos controvertidos, pues los hechos son además refutados por la parte demandada que niega la existencia de los hechos demandados y por ende, la vulneración de los derechos denunciados, así la jurisprudencia constitucional en numerosos casos con dicha problemática, concluyó que: “…constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías…” (SCP 0046/2015 - S3 de 15 de enero); en este mismo sentido la SCP 0086/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo: “…se evidencia la existencia de aseveraciones distintas entre los sostenidos por el accionante y codemandado, lo que conlleva a que la contradicción de esas afirmaciones, determina que en el caso, este Tribunal no pueda emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que existen hechos controvertidos que requieren ser comprobados y dilucidados por la autoridad ordinaria, quien con un acervo probatorio más amplio que el de esta jurisdicción constitucional, defina sobre la veracidad de la denuncia, y en su caso, establezca las responsabilidades que corresponda” (las negrillas corresponden al original).
La parte accionante a través de su representante sin mandato, alegó que sus representados, fueron objeto de una violenta e irregular ejecución de un mandamiento de aprehensión, documento que no les fue exhibido en ningún momento para verificar su legalidad, todos sufrieron el allanamiento de sus domicilios de forma intempestiva y brutal, fueron violentamente conducidos primero a una pista militar y luego trasladados a una ciudad diferente a su lugar de residencia, en lo que concierne a Jaime Algarañaz Dorado sufre enfermedades cardiacas, se encuentraba enmanillado en el Hospital y con riesgo latente para su vida; sobre Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina también padecen patologías de base; su libertad ha sido restringida sin motivo aparente, al habérseles aplicado la medida cautelar extrema de detención preventiva, y en la audiencia de 24 de octubre de 2022 plantearon recurso de apelación incidental; mismo que, no ha sido remitido conforme los plazos que impone la norma adjetiva penal. El representante sin mandato, contextualiza relatando que, la institucionalidad cívica del departamento de Santa Cruz, convoco a movilizaciones de protesta, habiéndose llevado a cabo el 22 de octubre de 2022 un paro cívico; mismo que, fue acatado por la población, se suscitaron una serie de hechos en la población de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, que lamentablemente cobraron un víctima fatal (Julio Pablo Taborga Cuellar) que murió a consecuencia de asfixia por inhalación de gas lacrimógeno, producto de una granada de gas que fue lanzada al lugar donde se encontraba; el Ministerio Publico, cumpliendo su función establecida en el art. 225 de la CPE, apertura de oficio una investigación, ejecutando las labores investigativas para lograr la averiguación historia de los hechos, la causa signada como FELCC-PQ121/2022 y FUD 714102202200316 fue incoada contra Jaime Algarañaz Dorado, Rubén Mario Flores Guevara, Samuel Rojas Molina y otros, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación a delinquir y apología publica de un delito, previstos y sancionados por los arts. 251, 270,130 y 131 del CP.
La acción de libertad de pronto despacho, tiene por finalidad generar un efecto de celeridad en la actuaciones para evitar dilaciones innecesarias, esto con el objetivo de que el causante del acto arbitrario se abstenga en el futuro seguir cometiendo las vulneraciones desplegadas que afectaron a bienes jurídicos de los justiciables, esto materializando los principios, valores y fines que la Norma Suprema otorga a quienes son procesados, garantizándoles un correcto procesamiento a la luz de las normas sustantivas y adjetivas con sometimiento pleno a la CPE para que no se repita la vulneración a los derechos fundamentales. Ahora bien, la audiencia de consideración de medidas cautelares, a la cual fueron sometidos Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, se desarrolló en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz el 24 de octubre de 2022, habiéndose emitido la resolución correspondiente que les aplica la medida extrema de detención preventiva, su defensa técnica, planteó recurso de apelación incidental contra la resolución que impuso la detención preventiva; lo cual, significa que a la luz del art. 251 del CPP en su segundo párrafo, la autoridad jurisdiccional tenía el plazo de veinticuatro horas para remitir los antecedentes ante el Tribunal de alzada; lo cual, no fue cumplido porque, la Actuaria del Juzgado a cargo del Juez ahora demandado, mediante un informe escrito le hizo conocer la imposibilidad de remitir los antecedentes físicos (legajo de cuaderno procesal) hasta el Tribunal de Alzada, debido a la supuesta existencia de impedimentos que no pudieron ser sorteados (Conclusiones II.2.), pero dicha comunicación recién fue materializada el 27 de octubre; es decir, luego de transcurridas setenta y dos horas desde que se planteó el recurso de apelación incidental por parte de los accionantes (Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina), a consecuencia de esa representación realizada por la Actuaria, el Juez demandado, el 1 de noviembre dispone se remitan en formato digital los antecedentes para que se continúe con la tramitación de la causa; es decir, ya transcurridos ocho días (192 horas) desde que se interpuso la impugnación y sea considerada en Alzada (Conclusiones II.2.), y a consecuencia de ello en el día (1 de noviembre) se remitió vía electrónica y en formato digital el recurso de apelación planteado contra la resolución que impuso la medida extrema de la detención preventiva (Conclusiones II.3.), con lo cual se demuestra la vulneración denunciada de haber dilatado la remisión de los actuados, sobrepasando los plazos procesales e inclusive los que la jurisprudencia constitucional ha generado en su labor de desarrollo de los institutos jurídicos contenido en el Código de Procedimiento Penal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, el Juez de Instrucción como contralor de derechos fundamentales y garantías constitucionales en la tramitación de la causa penal debe prever que el desarrollo de las actuaciones procesales sea cumpliendo la normativa adjetiva, la jurisprudencia y en claro sometimiento a la Norma Suprema, los Fundamentos Jurídicos III.1. y 2 del presente fallo Constitucional contienen el mecanismo desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares estableciendo la misión de cada autoridad judicial para lograr eficacia y eficiencia en la resolución de las causa, en vía de interpretación y modulación el TCP ha establecido que si las veinticuatro horas determinadas por el art. 251 segundo párrafo del CPP no podrían cumplirse como plazo de remisión para causas justificadas, se puede tener una tolerancia de tres días, si existiría algún evento extraordinario que genere un impedimento insalvable para remitir los antecedentes, en la especie si bien es cierto que existía un paro cívico en marcha, la Actuaria recién intentó enviar la documentación a las setenta y dos horas de haberse planteado el recurso de apelación (24 de octubre de 2022), porque como se ha detallado ut supra dicha funcionaria recién el 27 informa al Juez demandado, sobre las dificultades para remitir los antecedentes, y la autoridad a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz, únicamente se aboca a disponer que se remitan vía digital los actuados, sin cuestionar el accionar de su funcionaria subalterna; siendo que, él como cabeza de dicha instancia de control de garantías, debería haber tomado las medidas necesarias para precautelar el derecho procesal de reclamo y contradicción que tienen los justiciables, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada en la modalidad innovativa la tutela respecto al Juez demandado, porque su inactividad respecto a la dinámica procesal y convalidación del acto irregular cometido por la Actuaria le hacen responsable de haber incurrido en dilación indebida al no haberse tramitado en los plazos y tiempos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal (CPP) y la jurisprudencia para remitir la apelación incidental planteada por Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina contra la resolución que les impone la detención preventiva como medida cautelar extrema. Sobre la actuación del Juez demandado en relación al accionante Jaime Algarañaz Dorado, no se ha podido establecer algún acto arbitrario ejercido por esta autoridad contra el antes nombrado; ya que, se señala como responsable del mandamiento de aprehensión al Fiscal de Materia también demandado en la presente acción tutelar.
Dicha autoridad, en su informe cursante a fs. 42 a 55, ha negado enfáticamente que su despacho habría emitido el mandamiento de aprehensión, pese a que el memorial de acción de libertad planteado por el representante sin mandato le sindica de haber emitido tal acto procesal y viabilizar su ejecución conllevando los derechos que se han denunciado como vulnerados, e inclusive la parte accionante ha reiterado dicho criterio en la audiencia cursante a fs. 62 a 64 y vta. de obrados, pero de la revisión de antecedentes la parte solicitante de tutela no ha adjuntado o señalado prueba idónea para determinar la existencia material del mandamiento de aprehensión suscrito o dispuesto por el Fiscal demandado, por lo que corresponde aplicar lo determinado en los Fundamentos Jurídicos III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, porque la informalidad que rige a la acción de libertad, como principio rector de los actos procesales encuentra su limitación en la ausencia de verdad material que acredite lo aseverado por la parte impetrante de tutela, correspondiendo denegar por tal argumento.
En lo que respecta a la Actuaria del mencionado Juzgado, considerando lo señalado en su informe; se evidencia que, fue ella, quien provocó una dilación injustificada en la atención a las solicitudes del accionante con relación a la remisión de los antecedes de la apelación incidental; pero como, se ha establecido en la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo Constitucional, son los jueces los funcionarios que ejercen jurisdicción, y los funcionarios subalternos están sometidos a las decisiones de estos últimos para desarrollar la gestión de las causas y el cumplimiento de los plazos procesales, pero existe la salvedad de que la autoridad jurisdiccional si advertida de la dilación no ejecuta ningún correctivo, se deslinda la responsabilidad del subalterno, lo que en la especie si ha ocurrido, porque el Juez demandado en la resolución que cursa a fs. 34, únicamente se ha limitado únicamente a ordenar la remisión de la apelación sin percatarse que los plazos habían vencido sin remediar dicha dilación o generar actos que involucren a disciplinar a su personal subalterno para que se eviten lesionar derechos de los justiciables.
Dada la diversidad de pretensiones planteadas corresponde recontextualizar los hechos facticos para generar una decisión ordenada, el 23 de octubre de 2023, se habrían ejecutado mandamientos de aprehensión contra los tres afectados, según versión del representante sin mandato, en lo que respecta a Jaime Algarañaz Dorado, sufrió el allanamiento de su domicilio, fue desalojado violentamente ante la sorpresa y susto de sus familiares y entorno cercano, fue trasladado inmediatamente a un recinto militar y ahí recién le habrían proporcionado un par de chinelas porque estaba semidesnudo, en el momento de la ejecución de la abrupta aprehensión no se les mostró el documento legal que se traduzca en una orden emanada de autoridad competente para que se materialice la aprehensión cumplida, sufrió una descompensación y convulsiones por su condición cardiaca cuando ya se encontraba en la ciudad de Santa Cruz y fue conducido al Hospital San Juan de Dios, donde permanece enmanillado, se ha pretendido obligarle a que preste declaraciones de manera forzada y lo resguarda una custodia excesiva e intimidante, su pretensión es que se tramite una acción de libertad “reparadora” y se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión emitido por el Fiscal de Materia Freddy Duran Montero porque ello atenta contra su vida, libertad y salud. Al respecto debemos establecer, que de la revisión de los antecedentes, Jaime Algarañaz Dorado, ha sido objeto de examen y revisión por parte de un médico forense, profesional éste que ha ido registrando en los certificados forenses el estado, evolución, avance o retroceso del estado de salud de este accionante (Conclusiones II.1.); por lo que su situación de salud ha estado siendo atendida, además se verifica que se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios bajo la atención del personal de salud de dicho nosocomio, así también el mencionado sujeto procesal, contaba con el patrocinio de abogados defensores que le asisten oportunamente, por lo que cuenta con su defensa técnica (Conclusiones II.4.), en su informe sobre la causa de la especie, no se ha evidenciado vulneración algún sobre los agravios planteados, porque se ha comprobado que ha recibido atención médica y fue constantemente revisado por el médico forense y cuenta con abogados defensores, por lo que se deniega la de tutela solicitada respecto al Juez, Fiscal de Materia y Actuaria demandados. Sobre Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, es evidente la lesión que han sufrido, porque la dilación procesal es visible al haberse incumplido los plazos para la remisión de los antecedentes de la apelación incidental que ellos plantearon contra la resolución que les impuso la detención preventiva como medida extrema, por lo que la demora injustificada para tramitar la apelación incidental que plantearon es atribuible al Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz, Erick Raúl Téllez Estrada por lo que corresponde conceder la tutela impetrada aplicando los Fundamentos Jurídicos III.1., referente a la acción de libertad de pronto despacho. Por lo expuesto, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, en su modalidad de acción de libertad innovativa contra Erick Raúl Téllez Estrada Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz, exhortando a que dicha autoridad realice un control estricto a la tramitación de la causa que involucra a los accionantes a efecto de verificar que su personal cumpla con sus directrices y la normativa vigente y remitan los actuados ante las instancias superiores en el plazo procesal previsto; y, 2º Denegar la tutela solicitada respecto al Fiscal de Materia y Actuaria demandados por los argumentos ya esgrimidos de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MCs. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0396_2025-S4.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): feef8049e25fe5c0abc4be7336339952fa3159a19ddedbc21ce23c8a3e473a63
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