Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de julio de 2024
Concede la tutela
El demandante de tutela, alega la lesión de sus derechos a la seguridad social y al régimen de asignaciones familiares, por incumplimiento al pago de subsidios pre natal, natal y de lactancia; debido a que, no obstante haber solicitado en reiteradas ocasiones la cancelación monetaria retroactiva de los mismos, hasta la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional, no fueron cumplidos por el empleador; por lo que, a través de esta acción de defensa pide que se disponga su cancelación en favor de su hijo menor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) El acceso a la justicia constitucional, y el principio de inmediatez; 2) Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de defensa vinculadas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; 3) Seguridad social y excepción al principio de subsidiaridad; 4) Derecho a la seguridad social y salud; 5) Régimen de asignaciones familiares; 6) Respecto al pago de los subsidios devengados; 7) Sobre la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional; y 8) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 050/2024 de 18 de junio cursante de fs. 66 a 69, pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0396/2024-S1 Sucre, 31 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 65092-2024-131-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 050/2024 de 18 de junio, cursante de fs. 66 a 69, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rafael Vargas Huary contra Regis Germán Richter Alencar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Pando.
Por memorial presentado el 12 de junio de 2024, cursante de fs. 52 a 59, el impetrante de tutela, señaló los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que es funcionario del Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural (SEDAE), dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, desde 2017 a la fecha de presentación del memorial de recurso; así también, por la documental que presenta, demuestra que se dirigió al Director del SEDAE para poner en su conocimiento el estado de gestación de su esposa, acompañando los informes médicos emitidos por la Caja Nacional del Salud (CNS); así también, adjuntó las cartas de solicitud de pago del subsidio por el periodo PRENATAL, y una vez nacido su hijo solicitó el de NATALIDAD, y POSTNATAL O LACTANCIA que no han sido cancelados, por la entidad ahora demandada, insistieron para el pago de dichos beneficios todos los meses, sin embargo, hasta la fecha no tuvo resultados positivos. Señaló que dio cumplimiento al principio de subsidiariedad e inmediatez, debido a que el art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo.), establece que excepcionalmente, previa justificación, fundada, la presente acción será viable cuando: 1) La protección pueda resultar tardía; 2) Exista inminencia de un daño irremediable e irreparable de no producirse la tutela; debido a que su hijo menor “de tres años”, se encuentra dentro de un grupo vulnerable de atención prioritaria, con preferencia jurídica, tomando en cuenta la aplicación del interés superior de la Niña, Niño y Adolescente.
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social y al régimen de asignaciones familiares por incumplimiento al pago de subsidios familiares, citando al efecto los arts. 45, 46, 48, 128, 129 y 233, de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: Se disponga la cancelación retroactiva en dinero efectivo de las asignaciones familiares correspondientes: a) subsidio pre natal devengado por cinco meses; b) subsidio de natalidad o nacido vivo; y el pago de subsidio de lactancia materna por doce meses que corresponden por ley.
Efectuada la audiencia pública el 18 de junio de 2024, según acta cursante de fs. 63 a 65 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de tutelar y ampliando en audiencia añadió que: Prestó sus servicios en una Secretaría que depende directamente de la Gobernación del Departamento de Pando, bajo tuición y reglamentación de esta institución, por lo que corresponde a la autoridad máxima de esa Institución, como a la Dirección, hacer cumplir la normativa vigente en cuanto a la protección de derechos y obligaciones.
Regis Germán Richter Alencar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, presente en audiencia, por intermedio de su abogada, informó que: a) El peticionante de tutela desarrolla sus funciones en una Dirección Desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, sus autoridades advertirán la contratación del personal necesario es directamente con el SEDAE, eso respecto a la legitimación pasiva; b) Citó el art. 54 del CPCo. y llama la atención en su fundamentación de derecho, la solicitud al Director del Hospital Boliviano Japonés - Dr. Roberto Galindo Terán, de hacer efectivo el pago de las asignaciones familiares reclamadas; pero más allá de la forma en la que se hubiera plasmado la acción constitucional, en el fondo no corresponde la presente acción tutelar porque no se ha agotado el principio de subsidiariedad, más aún cuando señalan que se han presentado las cartas y no se ha tenido respuesta por parte del SEDAE, por lo que solicitan se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional del departamento de Pando, mediante Resolución 050/2024 de 18 de junio, cursante de fs. 66 a 69, concedió la tutela solicitada, modulando los efectos de esa resolución y disponiendo que el Director del Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando en el plazo máximo de sesenta días a partir de su legal notificación, proceda de forma retroactiva al pago en efectivo del subsidio prenatal de cinco meses, natalidad y lactancia de doce meses en favor de la madre del menor; a su vez, el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, deberá asumir las acciones necesarias para que el Director del Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural, cumpla con lo dispuesto en dicha Resolución; bajo los siguientes argumentos: 1) El hijo del impetrante de tutela RKVR nació el 25 de junio de 2022, quien junto a su madre durante el embarazo y después de su alumbramiento, se les hizo los controles prenatales de manera regular; del certificado de trabajo se ha demostrado que, el demandante de tutela fue funcionario del Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, vale decir que durante el embarazo y el alumbramiento de la madre, este sostuvo una relación laboral con el Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural; por lo que su Director, tenía la obligación de otorgar las prestaciones, que en el presente caso no se ha evidenciado, ya que la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Departamental de Pando ha señalado solamente que el SEDAE sería una Institución descentralizada, lo que no le libera de responsabilidad conjunta, ya que estaba en la obligación de mínimamente de solicitar un informe a su entidad descentralizada, a fin de informar a la mencionada Sala; por otro lado, si bien el solicitante de tutela solamente acciona al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Pando y no así al Director del Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural, dependiente del citado gobierno departamental; sin embargo, por un desacierto del abogado del peticionante de tutela, la citada Sala no puede seguir permitiendo la vulneración de los derechos de un menor de edad, quien merece una protección reforzada del Estado; 2) Al ser la seguridad social un derecho social inembargable e imprescriptible, reconocido por la Normativa Constitucional y jurisprudencial debe ser cumplido de manera obligatoria por la parte empleadora; toda vez que, este derecho a la seguridad social cobija los regímenes de asignaciones familiares como son el Subsidio Prenatal, que consiste en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria de un pago mensual de Bs2 000.-(dos mil bolivianos) durante los cinco últimos meses de embarazo; el subsidio de natalidad, consiste en el pago único a la madre, por nacimiento de cada hijo; Subsidio de lactancia consistente en la entrega a la madre de productos lácteos y otros equivalentes a Bs2 000.-(dos mil bolivianos) por cada hijo durante sus primeros doce meses de vida; este beneficio debe ser pagado a cargo y costo de los empleadores, que en el presente caso es el Director del Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, quien debió otorgar de manera regular los subsidios prenatal, natalidad y lactancia a la madre del menor; 3) En ese contexto, el subsidio prenatal, de natalidad y el de lactancia al ser negados por el Director del Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando ha vulnerado los derechos a la seguridad social, derechos del niño que repercuten en la salud y la vida misma de los menores y la madre.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Certificado de Trabajo emitido por el Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural (SEDAE) dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, a solicitud del interesado, certificó que Rafael Vargas Huary con CI. N° 5602585-Beni, presta sus servicios a partir del 19 de enero de 2017 a la fecha, como chofer operador en dicha Institución (fs. 8). II.2. Mediante Nota recibida el 4 de marzo de 2022, dirigida a Ángel Febrero Canaviri Director del SEDAE, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, Rafael Vargas Huary -ahora accionante- en calidad de funcionario del SEDAE presentó su Solicitud de Natalidad y puso en conocimiento del empleador el estado de gestación de su “pareja“ (sic) Mariely Ruiz Torrez, señaló que se encontraba entrando en proceso de natalidad (fs.49). II.3. El 8 de abril de 2022 reiteró su solicitud la cancelación del subsidio de lactancia correspondiente al sexto mes de embarazo de su esposa (fs. 37). II.4. El 9 de mayo de 2022 Rafael Vargas Huary solicitó al Director del SEDAE dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, “solicitud de subsidio de lactancia” (sic), correspondiente al séptimo mes de embarazo de su señora Mariely Ruiz Torrez al amparo del art.
48 de la CPE, y el DS 21637 inc. c) de asignaciones familiares refiere que adjunta documentos [no contiene sello de recepción (fs. 47)]. II.5. El 5 de julio de 2022 Rafael Vargas Huary solicitó al SEDAE subsidio de natalidad- nacido vivo, sin sello de recepción (fs. 39). II.6. El 8 de junio de 2022 Rafael Vargas Huary solicitó al SEDAE, la cancelación del “subsidio de lactancia” (sic), señalando claramente que su esposa ingresaba al octavo mes de embarazo (fs. 48) Reiterado el 25 de agosto de 2022 (fs.41), el 5 de julio de 2023 (fs. 40). II.7. Certificado de nacimiento del menor de las iniciales RKVR, refiere que nació el 25 de junio de 2022, figura como padre Rafael Vargas Huary, con Cédula de Identidad 5602585, como madre Mariely Ruiz Torrez con CI 4209637 (fs. 2). II.8. Cursa parte de la Caja Nacional de Salud que refiere que corresponde al trabajador Rafael Vargas Huary subsidio de natalidad en efectivo por una sola vez y lactancia hasta 25 de junio de 2023 (fs. 46). II.9. Documental por la que se evidencia que Rafael Vargas Huary reiteró constantemente la cancelación del subsidio de lactancia, adjuntando documentos de respaldo (fs. 22 a 41).
El demandante de tutela, alega la lesión de sus derechos a la seguridad social y al régimen de asignaciones familiares, por incumplimiento al pago de subsidios pre natal, natal y de lactancia; debido a que, no obstante haber solicitado en reiteradas ocasiones la cancelación monetaria retroactiva de los mismos, hasta la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional, no fueron cumplidos por el empleador; por lo que, a través de esta acción de defensa pide que se disponga su cancelación en favor de su hijo menor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) El acceso a la justicia constitucional, y el principio de inmediatez; 2) Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de defensa vinculadas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; 3) Seguridad social y excepción al principio de subsidiaridad; 4) Derecho a la seguridad social y salud; 5) Régimen de asignaciones familiares; 6) Respecto al pago de los subsidios devengados; 7) Sobre la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional; y 8) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0769/2020-S1 de 20 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento: El acceso a la justicia, entendido como derecho, se encuentra establecido en el art. 115.I de la CPE que señala “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), partiendo del deber de los Estados de garantizar el ejercicio pleno de los derechos establecidos en la Convención al momento de establecer las limitaciones para el acceso a la justicia, en el Caso Cantos Vs. Argentina, tomando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Osman vs. Reino Unido consideró que el derecho de acceso a la justicia no es un derecho absoluto y puede ser objeto de limitaciones discrecionales por parte del Estado; sin embargo, éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado (la restricción) y el fin perseguido (la finalidad de la restricción) y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. El Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a las limitaciones impuestas al acceso a la justicia constitucional estableció una amplia jurisprudencia con relación a los requisitos y la flexibilización en determinados casos. En este contexto, la SCP 1621/2012 de 1 de octubre, intentó construir una serie reglas aplicables al acceso a la justicia constitucional, por lo cual instruyó que la jueza, juez o 1Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, apartado 91 estableció “La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, … En efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1) ...” 2Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, apartado 54 señaló “… Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho…”. 3Caso Osman vs. Reino Unido, Corte Europea de Derechos Humanos. Sentencia de 28 Octubre de 1998, Reports 1998-VIII, apartado 147 indicó “147. … Sin embargo, este derecho no es absoluto, pero puede estar sujeto a limitaciones; éstas están permitidas por implicación, ya que el derecho de acceso por su propia naturaleza exige una regulación por parte del Estado … Debe estar convencido de que las limitaciones aplicadas no restringen ni reducen el acceso dejado a la persona de tal manera o en la medida en que la esencia misma del derecho se vea afectada. Además, una limitación no será compatible con el artículo 6, apartado 1, si no persigue un objetivo legítimo y si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar.” (las negrillas son nuestras y la traducción).
tribunales de garantía en su calidad de garantes de los derechos deben facilitar el acceso a la justicia constitucional considerando: 1) El señalamiento de la audiencia corresponde siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos indispensables de admisibilidad; 2) Aplicar la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo y así resolver el fondo de la problemática, aplicando el derecho de acceso a la justicia y a los principios de verdad material; y, pro actione. Incluso salvando las deficiencias en la demanda; 3) Los requisitos de admisibilidad son taxativos y no se les puede ampliar exigiendo requisitos innecesarios o extravagantes, entre otros; 4) Evaluar si la tutela es solicitada por un miembro de un grupo de tutela reforzada porque a mayor riesgo de lesión a sus derechos, mayor intensidad de protección, lo que lleva a mayor flexibilización de en el cumplimiento de requisitos de admisibilidad; 5) Efectuar interpretación de la normativa infra-constitucional 4La SCP 042/2012 de 22 de junio FJ III.1 indicó “… efectuando una interpretación ‘de la Constitución’ sistemática de dicha norma con el art. 115 de la CPE, en cuanto a los derechos de acceso a la justicia y justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, debe extraerse una norma implícita en sentido de que corresponde el señalamiento de la audiencia de amparo constitucional siempre y cuando a criterio del juez o tribunal de garantías se haya dado cumplimiento a los requisitos de admisibilidad.” 5La SC 1010/2000-R de 6 de noviembre segundo párrafo del segundo Considerando especificó “Que en el caso de autos, si bien el fundamento del recurrente carece de coordinación en cuanto la redacción y no se precisan con claridad los derechos y garantías vulnerados, sin embargo, esas deficiencias pueden ser subsandas (sic), por cuanto se deben a errores profesionales y no a la carencia de un contenido jurídico-constitucional que dé lugar a un pronunciamiento de fondo ...” 6La SC 1336/2003-R de 15 de septiembre FJ III.2 manifestó “…los recursos de amparo constitucional, se sujetan al principio de especificidad en cuando a su procedimiento y requisitos de admisión, por tener normas propias que regulan este instituto … sólo cuando no se cumplan los requisitos exigidos por el art. 97 LTC, el recurso de amparo podrá ser rechazado, mientras tanto el Tribunal de amparo tiene la obligación de admitir y tramitar el recurso … Caso contrario se atentaría contra los principios de favorabilidad, (referente a interpretar las normas en caso de duda, en favor de los recurrentes) y seguridad jurídica, (al exigir requisitos formales que se no hallan establecidos en la norma específica para este tipo de recursos constitucionales). 7La SC 0155/2005-R de 22 de febrero FJ III.3 declaró “…el Tribunal de origen al amparo de la previsión contenida en los arts. 97.III, IV, V y VI de la LTC, exigió al actor la presentación, -entre otros-, de la Ley de Seguros y el Código de comercio … que los cuerpos normativos no constituyen o tienen la característica de prueba en que la parte recurrente puede fundar su pretensión, y menos, se trata de documentos que están bajo la guarda de persona o institución alguna; por consiguiente, no corresponde exigir a los recurrentes la presentación de leyes o decretos cuyo contenido es público.” 8La SCP 0245/2012 de 29 de mayo FJ III.4 enunció “ … si bien la prueba documental que la parte accionante debe acompañar a su demanda o la que señala en su ubicación debe ser idónea es decir original o en su caso legalizada ello no impide que habiendo la o el servidor público o la persona individual o colectiva demandada, que además es la tenedora de la misma, respondido la demanda sin desconocerla pueda valorarse por jueces, tribunales de garantías y por este Tribunal, fotocopias simples al tenor del art. 129.IV de la CPE, porque en la justicia constitucional cualitativamente diferente a la justicia ordinaria no puede admitirse prueba tasada y porque no puede aceptarse que la negligencia o malicia en la parte accionada que tiene el deber procesal de presentar un informe documentado afecte al ejercicio de los derechos.” 9La SCP 0846/2012 de 20 de agosto FJ III.2.1.i determinó “Ello se puede verificar en las líneas jurisprudenciales de la protección reforzada de los sectores de especial vulnerabilidad, que ha tenido su efecto irradiador no sólo en los derechos fundamentales sustantivos, sino asimismo, en los derechos procesales de éstos”.
“conforme” a la CPE, y en su caso aplicarla de forma directa; y, 6) Amerita multa a la jueza, juez o tribunal de garantías constitucionales que celebrada la audiencia deniega por defectos formales.
Asimismo, la referida sentencia estableció que en aplicación del principio de aplicación directa de la constitución, corresponde al órgano contralor de la Constitución, considerar la flexibilización de estos requisitos cuando advierta un derecho manifiesta y groseramente vulnerado; y, ante una duda razonable en fase de admisibilidad podría admitir e ingresar a considerar el fondo de lo planteado, así consolidar la constitucionalización de todos los actos de la vida social se encuentren impregnados no solamente de normas supremas positivas, sino también de valores supremos y rectores del orden jurídico imperante como ser la justicia e igualdad. La SCP 0559/2014 de 10 de marzo puntualizó que la justicia constitucional puede apartarse de los requisitos de forma, a fin de garantizar la materialización de los derechos fundamentales, cuando de los supuestos fácticos deducidos se puede constatar la 10La SCP 0112/2012 de 27 de abril FJ III.1.2.1. b) aseveró “Consecuentemente, las normas constitucionales-principios, establecidas en el texto constitucional tienen validez normativa, prelación jerárquica y son obligatorias respecto a las normas constitucionales-reglas y con mayor razón con relación a las normas legales-reglas (contenidas en las leyes en sentido general sustantivas o procesales) por el sólo hecho de estar inscritas en la Constitución, una Constitución ideada dentro del modelo de Estado Constitucional, con todo lo que ello implica…”. 11La SCP 0352/2012 de 22 de junio FJ III.2 expusó “ … lo que pretende es evitar el uso inadecuado del derecho y si bien no existe pronunciamiento de fondo, ya se ha activado el procedimiento, es por ello, que atenta con el desarrollo normal del sistema judicial y efectivamente, todo acto procesal genera un efecto jurídico que se constituye en una actividad procesal que puede ser innecesaria y con el fin de evitar que los accionantes y los Jueces o Tribunales de garantías ocasionen el alargamiento del proceso activando de forma redundante el aparato judicial, es que se concluye que en virtud a la ponderación y valoración de antecedentes que realice el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya sea el o los accionantes que forman parte del proceso, los Jueces y Tribunales de garantías o la asistencia de ambos, pueden ser sujetos de imposición de multa previo análisis y justificación expresa por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.” 12El FJ III.3 manifestó “En virtud a lo señalado, cuando en un caso concreto, exista una duda razonable sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales, en etapa de admisibilidad y en aplicación de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, deben flexibilizarse presupuestos procesales para que en un análisis de fondo de la denuncia, el control de constitucionalidad, mediante la metodología de la ponderación aplicable al caso concreto, pueda en esa problemática, asegurar una justicia material…” 13El FJ III.2 enunció que “ … la justicia constitucional podrá excusarse de ingresar al análisis de fondo de las causas llevadas a su jurisdicción, únicamente si la demanda y los antecedentes del proceso no le contribuyen la suficiente información para impartir justicia constitucional, por ser el planteamiento claramente ambiguo, obscuro, vago e impreciso, como resultado del incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 33 del CPCo; no obstante de ello, en cada caso particular, se deberá tomar en cuenta los principios informadores del proceso constitucional a fin de garantizar la materialización de los derechos fundamentales, en la medida que prevalezca el derecho sustancial.
… En efecto, ante todo, en la justicia constitucional debe primar la materialización y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, si acaso estos fueren francamente conculcados, prescindiendo de todo formalismo o ritualismo de carácter procesal o aspectos relativos a la admisibilidad de la demanda, a cuyo mérito, los Jueces y Tribunales de garantías y, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen el deber de cuidar la integridad de los derechos y garantías; así, ante un posible planteamiento de una demanda, con evidentes defectos, imprecisiones, que denoten incumplimiento de los requisitos formales de admisión, nada le impide a esta jurisdicción apartarse de la exigencia de las formalidades para luego ingresar al análisis de fondo, si sobre la premisa de los supuestos facticos deducidos en la demanda es posible constatar la transgresión de los derechos del accionante en función a su petitorio.
transgresión de los derechos del accionante en función a su petitorio. El entendimiento descrito anteriormente lo estructura a partir del entendimiento de la adopción del pluralismo jurídico; a los principios de interpretación de los derechos fundamentales; el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; el principio de la verdad material; y el principio pro actione.
14La SCP 0790/2012 de 20 de agosto enunció que “…El reconocimiento y adopción del pluralismo jurídico, hace posible un diálogo intercultural entre derechos, pues ya no existe una sola fuente de Derecho y de los derechos; de donde éstos pueden ser interpretados interculturalmente, lo cual habilita el carácter dúctil y poroso de los derechos, permitiendo un giro en la comprensión de los mismos, generando su transformación para concebirlos como práctica de diálogo entre culturas, entre mundos civilizatorios, en búsqueda de resignificar constantemente el contenido de los derechos para cada caso concreto.
Por ello, la construcción de la institucionalidad plurinacional parte del desmontaje de las lógicas de colonialidad, desmistificando la idea de que impartir justicia es solamente una 'potestad'; sino por el contrario, asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes construida, se ha estructurado una “administración de justicia” extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta actividad bajo la concepción de 'potestad' antes que de 'servicio', sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se reproducen en lo social, cultural, político e institucional, constituyéndose en un instrumento destinado a la generación de espacios de diálogo y relacionamiento de las diferentes concepciones jurídicas en el marco del Estado Plurinacional Comunitario, aportando al proceso de interpretación intercultural de los derechos humanos y fundamentales, así como de las garantías constitucionales, con énfasis en los derechos colectivos y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.” 15La SCP 0450/2012 de 29 de junio sobre la obligación de las juezas, jueces o tribunales de garantías constitucionales de aplicar “principios informadores de la teoría de los derechos fundamentales, lo que implica, entre otros, aplicar los principios de prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las formalidades, así como los de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en virtud de los cuales, en casos de dudas respecto a la aplicación de una norma restrictiva de la acción tutelar, no se la debe obviar, dando preeminencia en todos los casos, al derecho sustantivo, es decir, a la acción y a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas aplicar los principios de los derechos fundamentales…“ 16La SC 0897/2011 de 6 de junio señaló que “…se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional…” 17La SCP 1662/2012 de 1 de octubre planteó que “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”. 18La SCP 0139/2012 de 4 de mayo declaró que “…se configura como una pauta esencial no solo para la interpretación de derechos fundamentales, sino también como una directriz esencial para el ejercicio del órgano de control de constitucional y la consolidación del mandato inserto en el art. 1 de la CPE; además, asegura el cumplimiento eficaz de los valores justicia e igualdad material, postulados axiomáticos directrices del nuevo modelo de Estado y reconocidos de manera expresa en el Preámbulo de la Constitución Política del Estado y en el art. 8.1 también del texto constitucional.
En efecto, el principio pro-actione, asegura que a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material”.
En este sentido, las limitaciones al acceso a la justicia constitucional deben ser proporcionales y conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos, toda vez que el art. 178.I de la Norma Suprema instruye que la potestad de administrar justicia debe sustentarse, entre otros principios, en el Principio de respeto a los derechos, el mismo debe entenderse como la obligación de la Administración de Justicia Constitucional de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, por lo que al momento de interpretarlos debe propender a su justiciabilidad directa y plena. En ese marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional construyó la “aplicabilidad directa de la Constitución” a partir de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, de esta manera la interpretación constitucional debe estar sustentada en el principio de respeto de los derechos, aspecto que fue exhortado a las juezas, jueces y tribunales de garantías constitucionales, para que “como garantes primarios de la Constitución” a momento de interpretar los derechos y principios deben garantizar siempre la vigencia plena de cada uno de los derechos reconocidos. Esta finalidad permitió a la justicia constitucional superar el sometimiento a la Ley, reemplazándolo por el sometimiento pleno a la Constitución; a las normas que componen el bloque de constitucionalidad, y en última instancia al control de convencionalidad. En este sentido, la Justicia Constitucional como garante primario de la Constitución tiene el deber ineludible de tutelar los derechos y garantías fundamentales; en consecuencia, debe garantizar un real acceso a la justicia constitucional, estableciendo límites que no impliquen la negación del Derecho.
19El FJ III.1.2.1.b al establecer la obligatoriedad de la aplicación directa de la Constitución señalo “La obligatoriedad de las normas constitucionales-principios, claramente se visualiza en el art. 9.4 constitucional, que señala que son fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución, norma concordante con el art. 108.3 del Capítulo de los Deberes de los ciudadanos/as que dice que deben ‘Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución’.
Estos mandatos jurídicos son para todo el poder público y para la convivencia social de los ciudadanos. … a las autoridades judiciales o administrativas en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley y principalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, como defensor y garante de la Constitución axiológica y normativa, en su labor decisoria cotidiana.
… Finalmente, las normas constitucionales-principios, tienen un efecto de irradiación y transversalidad en el resto de las normas constitucionales y todo el ordenamiento jurídico. En efecto, la base principista, fundamentalmente contenida en la parte dogmática de la Constitución (principios, valores, derechos y garantías), guían la acción de los órganos del poder público y de la propia convivencia social, o lo que es lo mismo, la organización del poder (parte orgánica) que debe desarrollarse sobre la base de la parte dogmática.” 20La SCP 1889/2013 de 29 de octubre en FJ III.4 dispuso “… considerando la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede cohonestar actos ilegales que ocasionaron su amenaza o vulneración y, en consecuencia debe, por imperativo constitucional, analizar y, como en el presente caso, conceder la tutela solicitada, exhortando a los jueces y tribunales de las diferentes jurisdicciones que, como garantes primarios de la Constitución Política del Estado y del resguardo de los derechos fundamentales (SCP 112/2012) asuman plenamente los roles asignados por la Constitución Política del Estado, actuando sobre la base de los principios contenidos en el art. 178 de la referida Norma Suprema, entre ellos, el principio de respeto a los derechos, los cuales, de acuerdo a nuestra configuración constitucional, se constituyen en el pilar fundamental de nuestro sistema.”
Así también, sobre el pprincipio de inmediatez, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció que:
“Entonces lo referido provoca que el término de seis meses referido por el art. 129.II de la CPE, se constituya en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro homine del texto constitucional dicha consideración no puede ser automática sino lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso en concreto”.
De la jurisprudencia antes descrita, se infiere que en virtud al principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, corresponde al accionante cuidar que la demanda sea interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses computables a partir de la supuesta vulneración o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considere lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales, plazo que sin embargo en el ámbito constitucional en cuanto respecta a su cómputo no resulta ser un ejercicio mecánico y rígido, en consideración a la función específica que tiene esta jurisdicción como es la de proteger los derechos fundamentales de las personas, labor que se encuentra impregnada de los principios de la teoría de los derechos fundamentales, que se imponen al momento de resolver un caso, atendiendo sus particularidades, como el principio de prevalencia del derecho material o sustantivo, frente al derecho formal, el de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en cuya virtud antes de asumir un criterio restrictivo de la aplicación de la norma, debe optarse por la preeminencia del derecho sustantivo, para así materializar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas”. (las negrillas son agregadas). En resumen, corresponde puntualizar que en aplicación de los principios de verdad material, la prevalencia del derecho sustantivo respecto al formal, justicia material, entre otros criterios, ante una evidente vulneración de derechos y garantías fundamentales; el principio de inmediatez debe ceder; lo contrario significaría que se estaría desnaturalizando la finalidad que tiene la administración de justicia constitucional, cual es, velar por la eficacia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos; y, propender a su progresividad y favorabilidad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0346/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente razonamiento:
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar se rige por el principio de subsidiariedad; debiendo acudirse previamente a los mecanismos de protección que franquea la ley para solicitar la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados. No obstante, la acción de amparo constitucional, puede ser activada sin necesidad de agotarse previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, en circunstancias en las que se diluciden derechos de sectores vulnerables, como es el caso de la niñez y adolescencia; así, la SCP 0033/2015-S1 de 6 de febrero, asumiendo el entendimiento de la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1, reiteró:
…`a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema’.
Consiguientemente, en resguardo de ese interés superior, en casos en los que de manera directa o indirecta la afectación de derechos invocada atente los derechos de niñas, niños y adolescentes, contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de los mismo; y, en aplicación a la garantía estatal, podrá efectuarse el análisis de fondo de la problemática, haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige al amparo constitucional (las negrillas nos pertenecen).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0350/2022-S1 de 25 de junio, asumió el siguiente entendimiento:
El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que fue reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1361/2015-S2 de 16 de diciembre y 1006/2015-S2 de 14 de octubre, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como las asignaciones familiares, concluyendo además, en su Fundamento Jurídico III.3, que:
…todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad” (las negrillas son añadidas). Ello implica la protección de igual forma al padre progenitor ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico adecuado.
La Constitución Política del Estado, en su art. 45.I y III, dispone que: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social”; así también, reconoce que: “El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riegos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte, vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”.
Asimismo, el art. 48.I y IV de la CPE, prevé lo siguiente: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”; y, “IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles”. En cuanto a las asignaciones familiares establecidas en favor de los trabajadores, el Decreto Supremo 3546 de 1 de mayo de 2018, modificatorio del art. 25 del DS 21637, establece:
“ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida;
d) Subsidio de Sepelio, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) El Ministerio de Salud, a través de las instancias correspondientes, será el encargado de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones.”
Sobre este tema en la SCP 1228/2022-S1, de 14 de octubre, se hace referencia a la SCP 1027/2019-S1 de 21 de octubre, que se refiere a que en un caso en el que se exigía el pago de subsidios devengados, que no fueron pagados de forma oportuna, y se pedía que los mismos sean efectivos en dinero, se concedió la tutela; empero, razonando que:
“…respecto a que las asignaciones familiares devengadas por ser extemporáneas deben ser compensadas en dinero, al respecto existe una prohibición para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera, por lo que en base a lo señalado el disponer que sea entregado de manera monetaria, como se pretende, no resulta viable.
Bajo tales razonamientos, este Tribunal advierte la vulneración del derecho a percibir las asignaciones familiares reclamadas, consistente en subsidio prenatal, natalidad y lactancia, por cuanto su hijo nació el 15 de agosto de 2018, habiendo ejercido las funciones de Asistente Administrativa III en la UABJB, desde el 2 de abril de 2014, hasta el momento de su retiro voluntario, efectivizado el 14 de marzo de 2019; en ese sentido, tomando en cuenta la protección de los derechos sociales de la madre trabajadora y el interés superior del niño AA que sustenta su atención prioritaria, corresponde disponer se otorgue el pago retroactivo de las asignaciones familiares devengadas correspondientes a: subsidio prenatal de tres meses, subsidio de natalidad; y, lactancia de ocho meses, en virtud de lo establecido en el art. 19.I del Reglamento de Asignaciones Familiares, que prevé que ‘La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiere incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna’ (el resaltado es ilustrativo). Entonces, de lo resuelto por las precitadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se puede extraer lo siguiente: una primera reflexión, que implica que es posible la entrega de subsidios devengados pre natal y lactancia en dinero cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, esto en virtud al principio de oportunidad, puesto que la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias que le corresponden a la madre o padre progenitor, genera vulneración de los derechos constitucionales primarios del hijo menor de un año -sea en gestación y/o recién nacido-en consonancia con el principio del interés superior del niño y niña; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría la finalidad específica del subsidio, cual es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida, esto independientemente de si la madre o padre progenitor hubiesen cesado de sus funciones de forma voluntaria, por cuanto estos tiene cobertura del seguro social hasta dos meses después de su cesantía; y, en una segunda reflexión, se puede establecer que mientras el hijo nacido vivo no haya cumplido un año de edad, no es viable el pago de subsidios en forma monetaria en virtud a la prohibición expresa para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera establecida en la RM 1676 en su art. 21.1 inc. a); y en el numeral 2 inc. a), prohíbe a las beneficiarias a recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero, por lo que es posible que el empleador efectúe el pago de los subsidios devengados pre natal y de lactancia en especie hasta que el hijo cumpla un año de edad; toda vez que es hasta ese momento que se cumple con la finalidad del subsidio. Consiguientemente, en cuanto a las solicitudes de pagos de subsidios devengados efectuadas por madres o padres progenitores trabajadores del sector público y/o privado, o que estén cesantes voluntariamente, corresponde su pago en especie -pre natal y lactancia- y en dinero -natalidad- cuando el pedido se haya efectuado antes de que el hijo nacido vivo cumpla un año de vida; y, cuando la solicitud sea efectuada después de que el hijo nacido vivo tenga un año cumplido, es posible el pago de los tres subsidios en forma monetaria; esto en correspondencia con los principios de oportunidad y favorabilidad respecto de los derechos involucrados y la progresividad de los derechos constitucionales, en resguardo del interés superior del niño y niña.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0921/2022-S1 de 9 de septiembre asumió el siguiente razonamiento:
La SCP 0992/2019-S2 de 21 de octubre, seleccionó la jurisprudencia constitucional relativa a la legitimación pasiva y señaló que:
El art. 129.I de la CPE, prevé: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.
Por su parte, el art. 52.1 del CPCo, establece que esta acción de defensa, podrá ser interpuesta por: “Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente”; correspondiendo identificar como requisito regulado en el art. 33.2 del Código Procesal anotado, para el planteamiento de esta garantía constitucional el: “Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado”.
Respecto a los sujetos de la acción de amparo constitucional, la SC 0400/2006-R de 25 de abril, estableció que: “Para hacer referencia a los sujetos activos es necesario partir de una premisa fundamental: así como no existe acción sin sujeto titular y sin sujeto pasivo concretos, tampoco hay acción sin legitimación activa y pasiva.
La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal -legitimación activa-, o de resistirse a ella eficazmente -legitimación pasiva-”.
En ese orden, respecto a la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional, destaca que la misma exige la coincidencia entre la persona o autoridad que presuntamente cometió la trasgresión de derechos fundamentales y garantías constitucionales y aquella contra quién se dirige la acción de defensa. Sobre el particular, la abundante jurisprudencia constitucional determinó que debe identificarse indubitablemente a la persona particular o autoridad que presuntamente ocasionó las transgresiones a derechos fundamentales y garantías constitucionales; a efectos de poder responder por las acusaciones efectuadas en su contra.
(…) la SCP 0149/2012 de 14 de mayo, expresa que:
“…la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional, es la capacidad jurídica que se otorga a la autoridad, funcionario público o particular para comparecer o presentar su informe ante un Tribunal de garantías y de esta forma, responder por los hechos ilegales o indebidos que restringen o lesionen derechos y garantías fundamentales; por lo que es imprescindible individualizar correctamente a la autoridad o persona demandada que presuntamente restrinja, suprima o amenace restringir o suprimir derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado…”(las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Resaltando el fallo constitucional plurinacional antes anotado (SCP 0149/2012), que en cuanto a la legitimación pasiva de entes colegiados:
“…este Tribunal en la SC 0059/2004-R de 14 de enero, estableció: ‘«…cuando una resolución ha sido pronunciada por un Tribunal Colegiado, el recurso debe ser interpuesto, contra todos quienes intervinieron en ella…». Precisando lo señalado, la SC 0711/2005-R de 28 de junio, determinó: «...para que sea viable el recurso de amparo, cuando es planteado contra decisiones judiciales o administrativas pronunciadas por tribunales u órganos colegiados, públicos o particulares, sea como emergencia de procesos, o de cualesquier tipo de decisiones o actos, es de inexcusable cumplimiento que esta acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos denunciados; sin que el señalamiento del sujeto pasivo de la tutela resulte de la libre elección del actor, el que necesariamente debe estar determinado por los hechos que le sirven de causa a su acción, debiendo preguntarse, en cada caso, quienes son los que asumieron efectivamente la decisión lesiva a sus derechos, no siendo suficiente identificar sólo a los que firmaron dichos actos o resoluciones; cuyo fundamento jurídico se sustenta en el hecho de permitirle al juez constitucional verificar si los derechos afectados, lo son por todos los miembros de la entidad pública o particular a quienes se demanda, sobre los cuales, en caso de que la Resolución conceda el amparo, se establecerá la existencia o no de responsabilidad civil y penal (art. 102.II de la LTC), para cuyo efecto el recurrido de amparo debe ejercer el derecho a la defensa en forma irrestricta»’ (SC 2849/2010-R de 10 de diciembre). (…)
En consecuencia, se colige que la legitimación pasiva de un ente o tribunal colegiado, responde a la posibilidad que se otorgue la tutela solicitada al verificarse primeramente que esté dirigida contra todos sus miembros o titulares, de lo contrario carecería de eficacia, pues quienes no fueron demandados no tendrían la obligación de pronunciar nueva resolución, provocando una imposibilidad material de restituir el derecho o garantía vulnerado, además -claro está- que por un principio de igualdad, la responsabilidad civil y penal que pudiese surgir debe recaer sobre todos los que incurrieron en el acto ilegal y omisión indebida (entendimiento asumido por la SC 0529/2010-R de 12 de julio)” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Jurisprudencia constitucional que aplicada a la problemática resuelta en la SCP 0149/2012, motivó la denegatoria de la acción de amparo constitucional entonces deducida, considerando que, si bien los accionantes solicitaron en dicha oportunidad:
“…la nulidad del Auto de Vista de 6 de diciembre de 2008 y Auto complementario de 9 de enero de 2009, emitidos por los Vocales de la Sala Civil Primera, ahora demandados; sin embargo, en obrados se evidencia que el citado Tribunal, estuvo constituido a tiempo de emitir dichas Resoluciones por Raúl Pablo Brañez Galindo, Virginia Rocabado Ayaviri y Ángel Montero Montecinos; empero, los accionantes sólo dirigieron la presente acción de amparo constitucional contra Raúl Pablo Brañez Galindo y Virginia Rocabado Ayaviri; y no así, contra todos los miembros de la citada Sala Civil Primera que asumieron la decisión de confirmar los Autos de 6 de diciembre de 2008; de 16 de julio de 2004; de 2 de junio de 2005 y de 23 de junio de 2009, lo que implica que todos los miembros de la Sala Civil Primera son responsables por la emergencia de tal decisión; en consecuencia, la acción tutelar, debió dirigirse también contra Ángel Montero Montecinos, omisión que determina la falta del requisito de la legitimación pasiva de entes colegiados, respecto al Tribunal de segunda instancia, circunstancia que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debiéndose denegar la tutela solicitada…”(las negrillas y el subrayado fueron agregados).
Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo. Una de 21La SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, sistematizó en el FJ III.1, subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo, que se desarrollaran a continuación: “1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; 2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras.
ellas está contenida en la SCP 2027/2013 de 13 de noviembre, que establece la posibilidad de ingresar de manera excepcional al análisis fondo de una acción de libertad, pese a no haber sido dirigida contra la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación, en los supuestos en los que los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, constate la evidente vulneración de los derechos del accionante; si bien dicho entendimiento fue desarrollado en una acción de libertad, es también aplicable a la acción de amparo constitucional, análisis efectuado dentro de la SCP 0320/2020-S1 (las negrillas fueron añadidas).
El peticionante de tutela alega la lesión de sus derechos a la seguridad social y al régimen de asignaciones familiares, debido a que el empleador no obstante a sus reiteradas solicitudes, para la entrega y cancelación de los subsidios familiares de pre natalidad, natalidad, y lactancia, hasta la fecha de la interposición de la acción de amparo constitucional no fue cumplido, más aún cuando su hijo menor superó el año de edad, al haber nacido el 25 de junio de 2022, por lo que pide su cancelación. Establecida la problemática planteada por el solicitante de tutela, previamente es preciso señalar que: la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III. 1., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, flexibilizó el principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional en resguardo de los derechos fundamentales, cuando el juzgador constitucional evidencie que existe una flagrante lesión de derechos de un grupo vulnerable, como sucede en este caso.
22El FJ III.1. señala: “En armonía con las consideraciones anteriores, debe hacerse hincapié que, a la luz del art. 3.5 del CPCo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio de informalismo; por lo tanto, la jurisdicción constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada, para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante, no obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiese sido demandado, considerando que, pese al incumplimiento de los formalismos de orden procesal, resulta ser de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos objeto de protección de la acción de libertad. El presente razonamiento, ya tiene su antecedente en el entonces Tribunal Constitucional; así, en la SC 0499/2007-R de 19 de junio, se dilucidó la problemática donde el agraviado demandó al representante del Ministerio Público, por considerar autor de la transgresión de su derecho a la libertad; sin embargo, luego de haberse realizado la correspondiente compulsa de los antecedentes del proceso, el máximo protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vio por conveniente conceder la tutela, no precisamente contra la autoridad demandada, sino contra el verdadero responsable, que en el caso de referencia recaía en la autoridad jurisdiccional; no obstante de lo anterior, en tales circunstancias, al autor de la transgresión, no será posible condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración, porque como consecuencia de que la acción no fue dirigida contra él, este no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, haciendo prevalecer su versión ante la autoridad competente; por lo tanto, en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiese sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante” (las negrillas son nuestras). 23SCP 0320/2020-S1; FJ III.1. De la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional y su flexibilización ante la flagrante vulneración de derechos y garantías constitucionales
De igual modo la jurisprudencia constitucional invocada en el Fundamento Jurídico III. 2 flexibilizó el principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de amparo, cuando se evidencia un riesgo manifiesto que puedan ser vulnerados los derechos fundamentales de las Niñas, Niños y Adolescentes, velando por la tutela del interés superior de los mismos, conforme dispone el art. 60 de la CPE. Por su parte la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de este Fallo Constitucional hizo igualmente abstracción del principio de subsidiariedad en resguardo de los derechos previstos por la seguridad social referidos a las asignaciones familiares, así los subsidios pre natal, de natalidad y de lactancia, íntimamente vinculados a la salud y alimentación de la madre y del nuevo ser. Del mismo modo, es necesario señalar previamente que la Jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III. 7 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional:
Desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad, a la luz del principio de informalismo que establece la posibilidad de ingresar al análisis de fondo de una acción de libertad, pese a no haber sido dirigida contra la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación, en los supuestos en los que los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, constate la evidente vulneración de los derechos del accionante; si bien dicho entendimiento fue desarrollado en una acción de libertad, es también aplicable a la acción de amparo constitucional (…).
Entendimiento que resulta evidentemente aplicable a la acción de amparo, constitucional, cuando del análisis se llega a la convicción sobre la existencia de derechos fundamentales vulnerados, en busca de una tutela pronta y efectiva y cuando como en el caso de autos, la Autoridad (SEDAE) obligada a la reparación de derechos que no ha sido demandada, tiene un grado de dependencia con aquella que si lo fue; es decir, concierne dar por válida la legitimación de la autoridad demandada, pese a que no fue el que directamente lesionó el derecho, empero por ser la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, tiene la posibilidad de ordenar se reparar las lesiones alegadas, y efectuada por otro servidor público que tienen una dependencia institucional con el demandado. Realizadas las precisiones precedentemente indicadas, es posible ingresar al análisis de la problemática planteada. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que cursa en obrados, sintetizados en Conclusiones del presente Fallo Constitucional, se tiene que el accionante Rafael Vargas Huary, presta sus servicios como Chofer Operador en el Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural (SEDAE) dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando a partir de 19 de enero de 2017 a la fecha, en tal circunstancia, mediante nota de 4 de marzo de 2022, comunicó a su empleador que su pareja se encontraba en estado de embarazo y solicitó en los hechos -aunque no con precisión- el subsidio prenatal, del mismo modo, una vez nacido su hijo RKVR el 25 de junio de 2022, solicitó el subsidio de natalidad y de lactancia acompañando los partes de la Caja Nacional de Salud y posteriormente reiteró en muchas oportunidades dicha solicitud. Sin embargo, no cursa en antecedentes respuesta alguna por parte del empleador (SEDAE) a las solicitudes referidas, no obstante a que algunas solicitudes contienen el sello de recepción, la autoridad demandada en audiencia se abocó a señalar que el SEDAE es una institución descentralizada y responsable de las contrataciones de personal y que la acción de amparo se caracteriza por el principio de subsidiariedad; no niega ni acepta los hechos cuestionados por la parte accionante. La jurisprudencia Constitucional mencionada en el Fundamento Jurídico III. 5 del presente Fallo Constitucional, refiere al DS 3546 de 1 de mayo de 2018, que modifica el art. 25 del DS 21637 señaló que entre las asignaciones familiares se encuentran:
a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. En consecuencia corresponde al empleador, en este caso al Servicio Departamental de Agua y Electrificación Rural (SEDAE) dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando -ahora demandado-, la otorgación oportuna del subsidio prenatal, subsidio de natalidad y el subsidio de lactancia, este último, durante los primeros doce meses de vida del menor, es decir por un año a partir de su nacimiento. En ese entendido, el empleador debió otorgar a la madre los subsidios reclamados, tomando en cuenta las normas referidas en relación con el art. 60 de la CPE, que garantiza y prioriza el interés superior de la niña, niño y adolescente, establece la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados. Consiguientemente, tomando en cuenta que por mandato del art. 48. IV de la CPE, las asignaciones familiares como parte de la seguridad social a corto plazo son imprescriptibles, concierne al empleador regularizar y otorgar las asignaciones familiares reclamadas por el trabajador como un derecho que tiene al haber nacido su hijo. Asimismo, el empleador se encuentra en la obligación de otorgar las asignaciones familiares en los plazos previstos por las normas, en los casos en los que no se hubiera cumplido con tales plazos, y cuando el menor en cuyo favor se otorgan las asignaciones familiares ya cumplió más de un año de edad, corresponde el pago en dinero o efectivo, conforme señala la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.6., cuando refiere en partes salientes que:
(…) es posible la entrega de subsidios devengados pre natal y lactancia en dinero cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, esto en virtud al principio de oportunidad (…). La falta de entrega oportuna de las prestaciones subsidiarias, como ocurre en el caso de autos, vulnera principalmente los derechos del menor y de la madre, por lo que resulta atendible el pago en dinero como pide el impetrante de tutela, debido a que en especie ya no responde a las necesidades alimentarias del niño. Consecuentemente, si bien la parte demandada, no es la directamente obligada para el pago de las asignaciones familiares devengadas; sin embargo, como cabeza de sector es posible que imparta las instrucciones correspondientes para subsanar la omisión cometida por el SEDAE, al no haber hecho entrega oportuna de los subsidios demandados, de esa forma se lesionó los derechos invocados por el demandante de tutela, tomando en cuenta que los subsidios familiares de prenatal, natalidad y lactancia, tienen un fin que es el resguardo de la salud y vida tanto de la madre como del menor en gestación hasta el año de vida, por lo que pasado el tiempo previsto para su otorgación, da lugar al pago monetario, por lo cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 050/2024 de 18 de junio cursante de fs. 66 a 69, pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0396_2024-S1.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 93060d9e2446c3f5595212939c86bca87091e6e27d31bee4fcd26e640560fda8
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