B.IA.LEGAL

SCP 0396/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
47547-2022-96-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva, de fundamentación, motivación y congruencia; impugnación, y valoración de la prueba; puesto que, ante la formulación de un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa la Jueza de primera instancia actuando en suplencia legal emitió el Auto Interlocutorio de 11 de junio de 2021, el cual recurrido en apelación mereció el Auto de Vista 156/21 de 5 de noviembre del citado año pronunciado por los Vocales hoy accionados quienes, sin ingresar al fondo de dicho recurso, declararon improcedentes las “cuestiones planteadas” alegando que: 1) No se cumplió con el art. 314 del CPP al no explicar de manera clara sus agravios ni acompañar prueba idónea y pertinente; y, 2) El Testimonio de Poder 479/2019 de 16 de agosto, no se constituía en un poder específico para el proceso penal; sin embargo: i) No consideraron que la Jueza de la causa en suplencia legal no remitió el cuaderno procesal en su integridad ante el Tribunal de alzada; ii) Omitieron valorar la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 de 20 de diciembre, que instruyó su notificación conforme al art. 163.3 del CPP; lo cual no fue cumplido conforme consta en el formulario de notificación de fs. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 133 a 141, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 156/21 de 5 de noviembre de 2021;

y, en consecuencia, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emitan uno nuevo, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. El principio de congruencia como elemento del debido proceso
  3. III.3. La valoración del mandato otorgado mediante poder de representación legal en un proceso judicial. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Con relación a la tutela judicial efectiva
  5. III.5. El derecho al debido proceso vinculado a la impugnación
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0396/2023-S3 Sucre, 5 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 47547-2022-96-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 17/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 133 a 141, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sara Rosario Alarcón Quiñones en representación legal del Banco PyME Ecofuturo Sociedad Anónima (S.A.) contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante a través de su representante legal, por memorial presentado el 3 de mayo de 2022, cursante de fs. 71 a 79 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del entonces representante legal del Banco PyME Ecofuturo S.A., contra Hugo Orlando Gutiérrez Montaño y Silvio Ariel Lupe Altuzarra -ahora terceros interesados- por la presunta comisión del delito de apropiación indebida de fondos financieros, previsto y sancionado por el art. 363 quater inc. c) del Código Penal (CP), el 27 de noviembre de 2017, fue notificada con la Resolución Fundamentada de Rechazo de 1 de septiembre de ese año, emitida en el marco del art. 304 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), supuestamente en virtud a que la investigación no aportó elementos suficientes para emitir un requerimiento fiscal diferente. En consecuencia, estando dentro de plazo, el 4 de diciembre de igual año, presentó memorial de objeción al rechazo, que fue resuelto mediante Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 de 20 de diciembre, con la cual no la notificaron de manera personal conforme a lo establecido por el art. 163.3 del CPP, sino en Secretaría de la Fiscalía Departamental de Potosí a pesar de que a tiempo de interponer la correspondiente denuncia señaló como domicilio procesal la av. 10 de noviembre esquina calle Potosí del municipio de Llallagua del departamento de Potosí. Ante su reclamo por la falta de notificación personal con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017, el Fiscal de Materia encargado de la investigación por decreto de 10 de septiembre de 2020, señaló que dicha Resolución fue notificada a las partes y puesta en conocimiento del Juez de la causa sin merecer ninguna observación; por lo que, mediante memorial de 7 de enero de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, solicitó el respectivo control jurisdiccional, reiterando dicha petición el 26 del citado mes y año, adjuntando todos los memoriales por los que efectuó seguimiento a su reclamo desde la gestión 2018. Es así que, la Jueza Pública Civil y Comercial Primera del citado municipio actuando en suplencia legal, emitió el Auto Interlocutorio de 10 de febrero de 2021, por el cual rechazó su solicitud indicando que el Banco PyME Ecofuturo S.A. ya fue notificado con la mencionada Resolución el 20 de diciembre de 2017, en presencia de un testigo; ello, sin verificar que dicha diligencia fue practicada en Secretaría de la Fiscalía Departamental de Potosí y no de manera personal como determina el art. 163.3 del CPP, tal cual fue ordenado también por la indicada Resolución. A consecuencia de lo señalado y observando que se vulneró su derecho a la impugnación, formuló incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, según lo establece el art. 167.I concordante con el art. 169 incs. 1), 3) y 4) del CPP reclamando la falta de notificación personal con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017, ante el cual, el Fiscal de Materia encargado de la investigación respondió; asimismo, por memorial de 10 de junio de 2021, solicitó su resolución, pronunciándose el Auto Interlocutorio de 11 de ese mes y año, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Llallagua del departamento de Potosí actuando en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de ese municipio, por el que se declaró improbado dicho incidente. Frente a esa determinación, el 12 de julio del mismo año, interpuso recurso de apelación incidental, que se resolvió mediante Auto de Vista 156/21 de 5 de noviembre del citado año, emitido por los Vocales ahora accionados, quienes lo declararon improcedente sin ingresar al fondo del mismo, alegando que: a) No se cumplió con el art. 314 del CPP al no exponer de manera clara sus agravios ni acompañar prueba idónea y pertinente; y, b) El Testimonio de Poder 479/2019 de 16 de agosto, por el cual el Banco PyME Ecofuturo S.A. otorgó poder de representación legal no era específico, en virtud a que no contaba con los datos concretos del proceso penal del que devenía la acción tutelar, como ser el número, las partes y el juzgado en el que radicaba. En ese sentido, los Vocales hoy accionados al emitir el Auto de Vista 156/21, privaron al Banco PyME Ecofuturo S.A. de una tutela judicial efectiva restringiendo su derecho al debido proceso en su elemento de impugnación; ya que emitieron su decisión sin la debida fundamentación, motivación y congruencia debido a que: 1) No consideraron que la Jueza de primera instancia en suplencia legal no remitió el cuaderno procesal en su integridad; puesto que, no cursaba el memorial de 21 de enero de 2021, junto al cual presentó prueba documental pertinente, aspecto que observó en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental; 2) No valoraron que a pesar de que la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 instruyó su notificación conforme al art. 163 del CPP, la misma fue notificada en Secretaría de la Fiscalía Departamental de Potosí, conforme consta en el formulario de notificación de fs. “16”; y, 3) Omitieron valorar dentro de los marcos legales de razonabilidad y equidad, y conforme al principio pro actione de la manera más favorable, el Testimonio de Poder 479/2019, según el cual la representante legal del Banco se encontraba facultada para “…‘objetar las actuaciones del representante del Ministerio Público ante el Superior Jerárquico…’” (sic), conforme a lo establecido por los arts. 804 y 809 del Código Civil (CC).

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva, de fundamentación, motivación y congruencia; impugnación, y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 108.2, 115 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 156/21 de 5 de noviembre de 2021; y, ii) Conminar a los Vocales hoy accionados a resolver el fondo de su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio de 11 de junio de ese año, valorando todos los medios de prueba ofrecidos por su parte.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 10 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 124 a 132, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su representante legal, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) Los Vocales ahora accionados no tomaron en cuenta las facultades conferidas a su representante legal mediante el Testimonio de Poder 479/2019, otorgado ante la Notaria de Fe Pública 20 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; b) Al momento de formular la denuncia penal contra los hoy terceros interesados, hizo conocer su domicilio procesal, ubicado en la av. 10 de noviembre esquina calle Potosí del municipio de Llallagua del departamento de Potosí; empero, conforme al formulario de notificación de fs. “16”, la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 fue notificada en Secretaría de la Fiscalía Departamental de Potosí, ubicada en la calle Junín 2 esquina Matos de la ciudad de Potosí; por lo que, el Ministerio Público no cumplió con lo establecido por el art. 163.3 del CPP; c) El incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa formulado por su parte no fue tramitado conforme al art. 314 del citado Código; d) Según la SCP 0513/2017-S2 de 22 de mayo, el plazo de diez días está referido exclusivamente para la interposición de las excepciones descritas por el art. 308 del CPP, y no así de los incidentes; puesto que, de ser así se estaría dejando en indefensión a las partes procesales afectadas por algún defecto procesal; y, e) En un caso similar, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0867/2018-S1 de 20 de diciembre, en virtud a los principios pro actione y de favorabilidad, estableció que resultaba excesiva la observación de poderes de representación por requisitos formales.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe presentado el 10 de mayo de 2021, cursante a fs. 123 y vta., manifestó que: 1) A través del Auto de Vista 156/21, con el voto conforme de los dos Vocales de dicha Sala Penal, se resolvió declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio de 11 de junio de 2021, debido a que la parte accionante no expuso con claridad los agravios denunciados; 2) Conforme a la exposición de la Jueza de primera instancia en suplencia legal, operó el principio de convalidación y preclusión; ya que los planteamientos del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa debían ser formulados por una sola vez en el plazo de diez días de notificado el acto supuestamente defectuoso; 3) La Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 fue notificada a la parte accionante el 20 de diciembre de 2017, en Secretaría de la Fiscalía Departamental de Potosí; posteriormente fue de conocimiento de la Jueza de la causa y del Fiscal de Materia encargado de la investigación; y, 4) La acción tutelar no suple la negligencia de la parte accionante; más aún si no indicó de qué manera el Auto de Vista 156/21 vulneró los derechos alegados. Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 86.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

“Roxana Choque”, representante del Ministerio Público, Silvio Ariel Lupe Altuzarra y Hugo Orlando Gutiérrez Montaño, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 87, 104 vta. y 118 vta.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 17/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 133 a 141, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 156/21; y, ii) Que los Vocales ahora accionados señalen día y hora de audiencia de consideración de su recurso de apelación incidental, en la que resuelvan el fondo del recurso de apelación incidental formulado por la parte accionante; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) El Testimonio de Poder 479/2019 se constituye en un poder de carácter general otorgado por la parte accionante en favor de su representante legal, con facultades para presentarse en todo tipo de procesos, pudiendo oponer toda clase de acciones, así como objetar las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; por lo que, en aplicación del principio pro homine, corresponde efectuar una interpretación favorable respecto al mismo, no siendo necesario que en ese se señale el número de causa, el juzgado en el que radica o las partes intervinientes, como erróneamente observaron los Vocales hoy accionados; b) Los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 156/21, vulneraron el derecho al debido proceso de la parte accionante en su elemento de tutela judicial efectiva con relación a la exigencia de formalismos innecesarios en el Testimonio de Poder 479/2019; y, c) Con relación a la carga de la prueba que habría sido incumplida por la parte accionante, no correspondía emitir criterio alguno; ya que esa situación sería analizada por las autoridades competentes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 de 20 de diciembre, el entonces Fiscal Departamental de Potosí dispuso la devolución de antecedentes determinando estarse a lo dispuesto por la Resolución Fundamentada de Rechazo de 1 de septiembre de 2017 (fs. 30 y vta.); siendo notificadas las partes en Secretaría de la Fiscalía Departamental de Potosí en la citada fecha (fs. 29). II.2. Cursa Testimonio de Poder 479/2019 otorgado el 16 de agosto, ante la Notaria de Fe Pública 20 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, mediante el cual Gustavo Alberto García Ugarte en su calidad de Gerente General Apoderado Clase “A” Nivel Nacional, y Julia Isabel Gómez Saavedra en su calidad de Gerente Nacional de Operaciones, ambos del Banco PyME Ecofuturo S.A. confirieron Poder Especial, Amplio y Suficiente en favor de Sara Rosario Alarcón Quiñones -ahora accionante- para que en su calidad de Asesora Legal de la Sucursal Potosí de dicho Banco asuma la representación legal del mismo (fs. 2 a 28 vta.).

II.3. Por memorial presentado el 24 de julio de 2020, ante el Fiscal de Materia de Llallagua del departamento de Potosí, la parte accionante se apersonó en virtud al Testimonio de Poder 479/2019, solicitando el desarchivo del cuaderno de investigaciones “158/2017” (fs. 32 y vta.); mereciendo el decreto de la citada fecha, por el cual el referido Fiscal de Materia determinó “Se tiene presente”, y ordenó el desarchivo solicitado (fs. 33). II.4. A través de memorial presentado el 10 de septiembre de 2020, dirigido al Fiscal de Materia de Llallagua del departamento de Potosí, la parte accionante solicitó ser notificada de manera formal y personal con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 (fs. 34); mereciendo el decreto de igual fecha, por el que dicho Fiscal señaló que “…existiendo en antecedentes la Notificación extrañada por la parte impetrante, no corresponde atender lo solicitado” (sic [fs. 35]). II.5. Por memorial presentado el 7 de enero de 2021, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, la representante legal de la parte accionante se apersonó en virtud al Testimonio de Poder 479/2019, solicitando el desarchivo del expediente y se ejerza control jurisdiccional observando la falta de notificación personal con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 (fs. 36 a 37), reiterando esa petición por memorial presentado el 26 del citado mes y año (fs. 57 y vta.); mereciendo el Auto Interlocutorio de 10 de febrero de ese año, por el cual la Jueza Pública Civil y Comercial Primera del citado municipio actuando en suplencia legal, determinó que al notificarse a todas las partes el 20 de diciembre de 2017, sin formular observación alguna, operó la convalidación de esa diligencia precluyendo la oportunidad para su reclamo; ya que desde ese momento transcurrieron más de tres años, un mes y veintiún días (fs. 38 y vta.). II.6. Consta memorial presentado el 3 de marzo de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, por el cual la parte accionante interpuso incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa solicitando la nulidad de obrados hasta la diligencia de notificación con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 (fs. 39 a 44). Asimismo, cursa memorial presentado el 12 de marzo de 2021, mediante el cual el Fiscal de Materia encargado de la investigación respondió de manera negativa a dicho incidente (fs. 45 y vta.). Por lo que, previa petición de pronunciamiento presentada por la parte accionante el 10 de junio de ese año (fs. 47), la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Llallagua del departamento de Potosí, actuando en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero del citado municipio, por Auto Interlocutorio de 11 del mismo mes y año, declaró improbado dicho incidente (fs. 48 a 52).

II.7. Mediante memorial presentado el 12 de julio de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, la parte accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 11 de junio de ese año (fs. 58 a 64 vta.); mereciendo el Auto de Vista 156/21 de 5 de noviembre de 2021, pronunciado en audiencia de consideración de recurso de apelación de igual fecha, por el cual Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora accionados- admitieron dicho recurso, y deliberando en el fondo declararon improcedentes las “cuestiones planteadas” (fs. 53 a 55 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva, de fundamentación, motivación y congruencia; impugnación, y valoración de la prueba; puesto que, ante la formulación de un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa la Jueza de primera instancia actuando en suplencia legal emitió el Auto Interlocutorio de 11 de junio de 2021, el cual recurrido en apelación mereció el Auto de Vista 156/21 de 5 de noviembre del citado año pronunciado por los Vocales hoy accionados quienes, sin ingresar al fondo de dicho recurso, declararon improcedentes las “cuestiones planteadas” alegando que: 1) No se cumplió con el art. 314 del CPP al no explicar de manera clara sus agravios ni acompañar prueba idónea y pertinente; y, 2) El Testimonio de Poder 479/2019 de 16 de agosto, no se constituía en un poder específico para el proceso penal; sin embargo: i) No consideraron que la Jueza de la causa en suplencia legal no remitió el cuaderno procesal en su integridad ante el Tribunal de alzada; ii) Omitieron valorar la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 de 20 de diciembre, que instruyó su notificación conforme al art. 163.3 del CPP; lo cual no fue cumplido conforme consta en el formulario de notificación de fs. “16”, que tampoco fue valorado; y, iii) Valoraron el Testimonio de Poder 479/2019 fuera de los marcos legales de razonabilidad y equidad, con una excesiva exigencia de formalismos, contraviniendo el principio pro actione. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso

La SCP 0458/2016-S3 de 20 de abril, estableció lo siguiente: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben observarse a tiempo de asumir una determinación, tanto en sede judicial como administrativa. En este sentido, el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como por este Tribunal, estableció que: ‘…[L]a garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió’” (las negrillas son nuestras). En cuanto a la fundamentación, la SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió…” (las negrillas nos corresponden).

III.2. El principio de congruencia como elemento del debido proceso

La SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, cuyo entendimiento fue reiterado por la SCP 0632/2012 de 23 de julio, entre otras, refirió que: “…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando lo siguiente: De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La valoración del mandato otorgado mediante poder de representación legal en un proceso judicial. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0429/2015-S3 de 4 de mayo, señalo lo siguiente: “Respecto a la naturaleza, formas y efectos del mandato los arts. 804 al 813 del Código Civil (CC), señalan que el mandato es un contrato; por el cual, una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante, pudiendo ser expreso o tácito y se perfecciona con la aceptación del mandatario; a su vez, establece que existen dos clases de mandato, uno general y otro especial, el primero para todos los negocios del mandante comprendiendo los actos de administración pero si se trata de transigir, enajenar o hipotecar o de cualquier otro acto de disposición, el mandato debe ser expreso.

A su vez el Decreto Supremo (DS) 2189 de 19 de noviembre de 2014, que reglamenta la Ley del Notariado Plurinacional -Ley 483 de 25 de enero de igual año-, de forma enunciativa, en su art. 74.I, precisó que existen tres clases de poderes: ‘a) General: Todos aquellos poderes otorgado para actos de administración y de representación legal; b) Especial: Cuando se otorga para la realización de actos específicamente detallados; y, c) Colectivo: Conferido por dos o más personas para un acto de representación común, que obliga solidariamente a cada uno de ellos con el mandatario, en concordancia con el Código Civil’. Ahora bien, para determinar si es necesario e indispensable en un proceso un poder general o especial conviene recordar que básicamente se tiene que la acción procesal, es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos jurisdiccionales, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición lo que es concordante con el derecho de acceso a la justicia, entendido por la SC 1044/2003-R de 22 de julio: ‘...como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas’; el cual, a su vez está relacionado con el debido proceso y el derecho a la defensa. En ese sentido y respecto a la acción procesal, la valoración de un poder dentro de todo proceso debe regirse por la interpretación más favorable a la acción procesal; es decir, al principio pro actione; al respecto, la Sentencia Constitucional citada en el párrafo anterior, señala que ‘...tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados’. Entonces en atención a la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción procesal un poder debe: i) Interpretarse de manera amplia cuando existe la duda sobre si faculta o no continuar con la acción procesal -v.gr. no establece de manera expresa la facultad de apelar o interponer casación- pudiendo en estos casos ser suficiente un poder general, porque va en beneficio de la acción, que se entiende que es la razón principal del poder y que una determinada acción prospere; y, ii) La interpretación de un mandato debe ser necesariamente restringida cuando se duda si el mismo faculta o no a concluir de manera definitiva la acción procesal pues en esos casos se requiere un poder específico -v.gr. un desistimiento, una transacción, etc.-, dado que debe existir manifestación expresa de la voluntad de concluir la acción por quien otorgó el poder” (las negrillas fueron añadidas).

III.4. Con relación a la tutela judicial efectiva

La SCP 0818/2022-S3 de 8 de julio, citando a la SCP 0986/2016-S2 de 7 de octubre, señaló que: «La tutela judicial efectiva o el derecho de acceso a la justicia, es reconocido por la CPE en su art. 115, dentro del Título IV y el capítulo dedicado a las garantías jurisdiccionales, ambos contenidos en la Primera Parte del texto constitucional, intitulado Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías; de ahí, emerge su importancia intrínsecamente de la gama de derechos y garantías que constriñen y sientan los fundamentos del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia es coincidente al afirmar que la tutela judicial efectiva, consiste de manera general en la protección oportuna y realización inmediata de los derechos e intereses legítimos de las personas por parte de las autoridades que ejercen la función jurisdiccional; en consecuencia, es el derecho otorgado al ciudadano de exigir al Estado haga efectiva su función jurisdiccional. La jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional -ahora Tribunal Constitucional Plurinacional-, sentó una línea uniforme sobre este derecho, que no ha sufrido modificaciones estructurales de fondo entre estas en el transcurso de los años, desarrollada -entre otras- la SC 1768/2011-R de 7 de noviembre manifestó que la tutela judicial efectiva implica: “...la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ‘derecho a la jurisdicción’ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal”. Así delimitado el ámbito de protección reconocido por este Derecho, es lógico suponer que la tutela judicial efectiva no sólo comprende el acceso libre a la autoridad jurisdiccional (entendido como el inicio formal de la pretensión procesal), sino que el mismo de forma activa a lo largo de todo el proceso, debe impregnarse de la garantía del debido proceso» (las negrillas nos corresponden).

III.5. El derecho al debido proceso vinculado a la impugnación

La SCP 0819/2020-S4 de 15 de diciembre, señaló que: «...la SCP 1853/2013 de 29 de octubre, sostuvo que: “El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180.II, al disponer: ʽSe garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales’, lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo”» (las negrillas nos corresponden).

III.6. Análisis del caso concreto

La parte accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva, de fundamentación, motivación y congruencia; impugnación, y valoración de la prueba; puesto que, ante la formulación de un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa la Jueza de primera instancia actuando en suplencia legal emitió el Auto Interlocutorio de 11 de junio de 2021, el cual recurrido en apelación mereció el Auto de Vista 156/21 de 5 de noviembre del citado año pronunciado por los Vocales hoy accionados quienes, sin ingresar al fondo de dicho recurso, declararon improcedentes las “cuestiones planteadas” alegando que: a) No se cumplió con el art. 314 del CPP al no explicar de manera clara sus agravios ni acompañar prueba idónea y pertinente; y, b) El Testimonio de Poder 479/2019 de 16 de agosto, no se constituía en un poder específico para el proceso penal; sin embargo: 1) No consideraron que la Jueza de la causa en suplencia legal no remitió el cuaderno procesal en su integridad ante el Tribunal de alzada; 2) Omitieron valorar la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 de 20 de diciembre, que instruyó su notificación conforme al art. 163.3 del CPP; lo cual no fue cumplido conforme consta en el formulario de notificación de fs. “16”, que tampoco fue valorado; y, 3) Valoraron el Testimonio de Poder 479/2019 fuera de los marcos legales de razonabilidad y equidad, con una excesiva exigencia de formalismos, contraviniendo el principio pro actione. En ese sentido, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la parte accionante contra los ahora terceros interesados por la presunta comisión del delito de apropiación indebida de fondos financieros, el 1 de septiembre de 2017, el Fiscal de Materia encargado de la investigación emitió la Resolución Fundamentada de Rechazo alegando que la investigación no aportó suficientes elementos para emitir una acusación. Por lo que, la parte accionante a través de su entonces representante legal formuló objeción al rechazo, que mereció la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017, por la cual el ex Fiscal Departamental de Potosí observando que el entonces representante legal de la parte accionante no se encontraba facultado para formular dicha objeción, dispuso la devolución de antecedentes determinando estarse a lo dispuesto por la referida Resolución Fundamentada de Rechazo; notificándose a las partes en Secretaría de la Fiscalía Departamental de Potosí el 20 de diciembre del citado año (Conclusión II.1.). Posteriormente, la representante legal de la parte accionante actuando en virtud al Testimonio de Poder 479/2019 otorgado el 16 de agosto, en su favor, por el Gerente General Apoderado Clase “A” Nivel Nacional y la Gerente Nacional de Operaciones, ambos del Banco PyME Ecofuturo S.A. (Conclusión II.2.), por memorial presentado el 24 de julio de 2020, se apersonó ante el Fiscal de Materia encargado de la investigación solicitando el desarchivo del cuaderno de investigaciones; petición que mereció el decreto de 24 de ese mes y año, por el cual el referido Fiscal de Materia determinó “Se tiene presente”, y ordenó el desarchivo solicitado (Conclusión II.3.). En efecto, la parte accionante mediante memorial presentado el 10 de septiembre de igual año, solicitó al citado Fiscal de Materia que se la notifique de manera formal y personal con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017; sin embargo, por decreto de igual fecha, el referido Fiscal de Materia señaló que “…existiendo en antecedentes la Notificación extrañada por la parte impetrante, no corresponde atender lo solicitado” (sic [Conclusión II.4.]). El 7 de enero de 2021, la representante legal de la parte accionante actuando en virtud al Testimonio de Poder 479/2019, presentó memorial dirigido al Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, por el cual solicitó el desarchivo del expediente y que se ejerza el control jurisdiccional observando la falta de notificación personal con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017. En consecuencia, previa reiteración de esa petición mediante memorial presentado el 26 de enero de 2021, se emitió el Auto Interlocutorio de 10 de febrero de ese año, por el cual la Jueza Pública Civil y Comercial Primera del citado municipio actuando en suplencia legal, determinó que al notificarse a todas las partes el 20 de diciembre de 2017, sin formular observación alguna, operó la convalidación de esa diligencia precluyendo la oportunidad para su reclamo al transcurrir más de tres años, un mes y veintiún días (Conclusión II.5.). Como efecto de esa determinación, el 3 de marzo de 2021, la parte accionante interpuso incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa solicitando la nulidad de obrados hasta la diligencia de notificación con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017. Incidente que previa respuesta por parte del Fiscal de Materia encargado de la investigación, y solicitud de pronunciamiento presentado el 10 de junio de 2021 por la parte accionante, mereció el Auto Interlocutorio de 11 de dicho mes y año, por el cual la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Llallagua del departamento de Potosí, actuando en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de ese municipio, lo declaró improbado (Conclusión II.6.). En consecuencia, el 12 de julio del indicado año, la parte accionante por intermedio de su representante legal interpuso recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio; siendo resuelto en audiencia de consideración de recurso de apelación incidental, en la cual los Vocales ahora accionados por Auto de Vista 156/21 de 5 de noviembre de 2021, admitieron dicho recurso, y deliberando en el fondo declararon improcedentes las “cuestiones planteadas” (Conclusión II.7.). Ahora bien, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad judicial o administrativa que emita alguna determinación debe hacerlo en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación, motivación y congruencia, expresando los motivos de hecho como de derecho en que basa sus decisiones, así como el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo reemplazar esa labor con la simple relación de documentos; dejando de esa manera pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió; asegurando además la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral y armonizado en todo su contenido -congruencia interna-. Bajo ese marco, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si los hechos denunciados por la parte accionante son evidentes, para lo cual corresponde analizar los argumentos por los cuales los Vocales hoy accionados decidieron declarar improcedentes las “cuestiones planteadas” sin ingresar al fondo del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 11 de junio de 2021. En ese sentido, del Auto de Vista 156/21, se advierte que los Vocales ahora accionados previa exposición de los antecedentes del caso, emitieron su decisión alegando que: i) La parte accionante no expuso con claridad sus agravios para que se pueda resolver dicho recurso; y, tampoco cumplió con la carga establecida por el art. 314 del CPP al no adjuntar prueba idónea y pertinente; y, ii) Pese a que el ex Fiscal Departamental de Potosí al emitir la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017, en esa oportunidad, observó el Testimonio de Poder del entonces representante legal de la parte accionante por no ser suficiente, igualmente la actual representante legal de la parte accionante se apersonó ante el Fiscal de Materia encargado de la investigación y al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí con el Testimonio de Poder 479/2019, el cual le fue otorgado con facultades generales, sin especificar de manera precisa el proceso penal de referencia ni el juzgado en el que radica; lo cual limita que su pretensión sea acogida favorablemente. En ese contexto, contrastando los mencionados argumentos con los hechos denunciados en la acción de defensa, se tiene que:

a) En cuanto a la falta de claridad en los agravios denunciados y el no acompañamiento de prueba idónea y pertinente, la parte accionante a través de su representante legal denunció en la acción tutelar que los Vocales hoy accionados por una parte, no consideraron que la Jueza de primera instancia en suplencia legal no remitió el cuaderno procesal en su integridad ante el Tribunal de alzada; y, por otra parte, omitieron valorar la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017, que instruyó su notificación conforme al art.

163 del CPP, así como el formulario de notificación de fs. “16”, que demuestra su notificación en Secretaría de la Fiscalía Departamental de Potosí. Al respecto, con relación a la supuesta remisión incompleta del cuaderno procesal por parte de la Jueza de la causa en suplencia legal, del Acta de Audiencia de Apelación Incidental de 5 de noviembre de 2021, no se advierte que la parte accionante a través de su representante legal hubiera reclamado esa situación ante los Vocales hoy accionados; por lo que no podrían emitir algún pronunciamiento sobre este punto; razón por la cual, no se advierte vulneración de derecho alguno, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. Asimismo, sobre la falta de valoración de la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017, y del formulario de notificación de fs. “16”, se observa que la parte accionante al momento de interponer su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 11 de junio de 2021, reclamó de manera clara que la Jueza de primera instancia no consideró que: 1) Mediante memorial presentado el 2 de marzo de 2021, reclamó que la falta de notificación personal con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 se constituye en un defecto absoluto no susceptible de convalidación, ya que para ello es necesaria la participación del Fiscal de Materia encargado de la investigación, tal como ordenó dicha Resolución; 2) Según la SCP 0513/2017-S2, el plazo de diez días está referido exclusivamente a las excepciones descritas por el art. 308 del CPP, y no así a los incidentes;

3) La parte accionante reclamó la falta de notificación personal con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 de manera constante desde la gestión 2018, sin ser respondidas sus peticiones hasta el 10 de septiembre de 2020;

4) La notificación practicada con la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 no cumplió con lo previsto por el art. 163.3 del CPP, siendo notificada en Secretaría de la Fiscalía Departamental de Potosí en presencia de testigo, conforme consta en el formulario de notificación de fs. “16”; y,

5) En la primera página de su memorial de incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa de manera clara identificó los derechos que le fueron vulnerados.

En ese sentido, por una parte, se observa que el argumento expuesto por los Vocales hoy accionados, relativo a la presunta falta de claridad en los agravios de la parte accionante, carece de la debida fundamentación y motivación, que a su vez devino en una incongruencia omisiva externa; puesto que, los Vocales ahora accionados sin exponer razón alguna fundada en derecho, simplemente alegando esa supuesta falta de claridad, omitieron pronunciarse sobre cada uno de los agravios denunciados por la parte accionante, que se encuentran debidamente precisados, conforme se detalló precedentemente. Por otra parte, se establece claramente que la parte accionante a través de su representante legal identificó de manera precisa la prueba en la que basó su pretensión, consistente en la Resolución FDP-T.O.R./FACM 349/2017 y el formulario de notificación de fs. “16”, solicitando además en su recurso de apelación incidental “…se remitan todos los antecedentes del proceso…” (sic [fs. 64 vta.]), ratificándose en su Otrosí 1º “…en la integridad del expediente procesal considerando que todos sus elementos componen prueba material…” (sic [fs. 64 vta.]). Por consiguiente, el argumento relativo a la presunta falta de prueba idónea y pertinente, tampoco resulta evidente ofreciéndose para su consideración y valoración la referida Resolución y el indicado formulario de notificación. En definitiva, los Vocales ahora accionados al omitir considerar y pronunciarse sobre la Resolución T.O.R./FACM 349/2017 y el formulario de notificación de fs. “16” sin exponer ninguna razón de hecho o de derecho que justifique dicha omisión, vulneraron el derecho al debido proceso de la parte accionante en sus elementos de fundamentación y motivación, con relación a la valoración de la prueba; correspondiendo conceder la tutela solicitada sobre ese punto. b) Con relación a la supuesta valoración irrazonable del Testimonio de Poder 479/2019, según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional se tiene que, la valoración de un poder de representación legal dentro de todo proceso debe necesariamente regirse por la interpretación más favorable a la acción procesal; es decir, conforme al principio pro actione, garantizando de esa manera que toda persona acceda a un pronunciamiento judicial sobre sus pretensiones sin la exigencia de formalismos excesivos, siendo suficiente un poder general en aquellos casos donde se entiende que el representante legal actuará en beneficio de la acción. En ese contexto jurisprudencial, en el presente caso se advierte que los Vocales ahora accionados al observar que el Testimonio de Poder 479/2019 se constituía en uno general limitando que la pretensión de la parte accionante sea acogida de manera favorable, efectuaron una valoración fuera de los marcos legales de razonabilidad expuestos precedentemente, exigiendo de manera excesiva el cumplimiento de requisitos formales sin observar el principio pro actione y la interpretación más favorable; puesto que, a pesar de que dicho Testimonio de Poder no contaba con la identificación del proceso penal del que deviene la acción tutelar ni del juzgado en el que radica, el mismo fue otorgado con facultades para “…apersonarse ante cualquier autoridad o tribunal judicial, sea de la Jurisdicción Ordinaria; Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales de Sentencia y Juzgados Públicos; en materia Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, en materia Penal, Tribunales de Sentencia en lo Penal, Juzgados de Instrucción (…). Más poder para apersonarse ante cualesquier Tribunal o Juez, presentar y responder cualquiera demanda, querella, denuncia ante cualquier grado o instancia, (…) apersonarse ante las autoridades jurisdiccionales que correspondan; denunciar querellarse y responder en toda forma de derecho y llevar adelante y concluir las querellas criminales así formuladas; (…). Más poder para apersonarse ante el Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Fiscales de Materia de toda índole, (…) proseguir en todos los grados e instancias de la etapa preparatoria hasta su conclusión, promoviendo todas las actuaciones procesales pertinentes conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal en actual vigencia, (…), objetar las actuaciones del representante del Ministerio Público ante el superior jerárquico, (…), interponer recursos ordinarios de apelación incidental, restringida y/o recursos extraordinarios de casación y/o constitucionales…” (sic); siendo admitido en el proceso penal sin ninguna observación tanto por el Fiscal de Materia encargado de la investigación cuando por decreto de 24 de julio de 2020, ordenó el desarchivo del cuaderno de investigaciones (fs. 33), así como por la Jueza de primera instancia en suplencia legal al emitir el Auto Interlocutorio de 10 de febrero de 2021 (fs. 38 y vta.); lo cual debió ser considerado por los Vocales ahora accionados. Bajo esas circunstancias, se advierte que los Vocales ahora accionados no expusieron de manera clara las razones de hecho y de derecho por las que observaron el Testimonio de Poder 479/2019, sin valorarlo e interpretarlo de la manera más favorable conforme al principio pro actione, tal cual dispone la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por ello, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, correspondiendo conceder la tutela solicitada.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva e impugnación, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.4. y III.5. de este fallo constitucional, se tiene que la tutela judicial efectiva consiste en la protección oportuna e inmediata de los derechos e intereses legítimos de las personas por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes, teniendo como contenido esencial entre otros, el libre acceso al proceso, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada, y el derecho de acceso a los recursos previstos por ley; constituyéndose este último en el derecho a la impugnación como un medio de defensa que busca la modificación, revocación o sustitución de un acto judicial o administrativo considerado vulneratorio.

En ese contexto, en el presente caso se advierte que la parte accionante denunció que los referidos elementos del debido proceso fueron vulnerados debido a que los Vocales hoy accionados no ingresaron al análisis de fondo de su recurso de apelación incidental. Al respecto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que los Vocales ahora accionados al declarar improcedentes las “cuestiones planteadas” por la parte accionante sin ingresar al análisis de fondo de su recurso de apelación incidental, con argumentos carentes de una debida fundamentación, motivación y congruencia, omitiendo valorar la Resolución FDP-T.O.R/FACM 349/2017 y el formulario de notificación de fs. “16”, y valorando erróneamente el Testimonio de Poder 479/2019 exigiendo de manera excesiva el cumplimiento de requisitos formales, tal como se estableció en los apartados precedentes, igualmente vulneraron el derecho al debido proceso de la parte accionante en sus elementos de tutela judicial efectiva e impugnación; puesto que, con ese accionar, los Vocales hoy accionados privaron a la parte accionante de manera indebida de conocer un pronunciamiento emitido por autoridad competente que en segunda instancia resuelva el fondo de su pretensión, consistente -se entiende- en revocar el Auto Interlocutorio de 11 de junio de 2021. Por consiguiente, corresponde conceder la tutela con relación a los referidos elementos del derecho al debido proceso. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 133 a 141, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 156/21 de 5 de noviembre de 2021;

y, en consecuencia, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emitan uno nuevo, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0396_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): d6e4fdc551902fadd8f09a0d331d2e555456c525a94f5ad8ce9c05a85e8167d4

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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