Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 12 de agosto de 2024
Deniega la tutela
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la petición, a la libertad de asociación y al deporte; alegando que la ahora demandada, sin que exista un sustento legal que respalde su decisión, rechazó la solicitud de afiliación del Club de Natación Master Santa Cruz a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz; no obstante, haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico de la referida institución departamental. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 74/24 de 10 de junio de 2024, cursante de fs. 178 vta. a 182 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia, 1º DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional; y, 2º Exhortar a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a cumplir sus labores con mayor responsabilidad y compromiso, observando las normas que rigen su función; así como, el carácter vinculante y obligatorio de los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco del art. 203 de la Constitución Política del Estado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0395/2024-S4 Sucre, 12 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 61292-2024-123-AAC Departamento Santa Cruz En revisión la Resolución 74/24 de 10 de junio de 2024, cursante de fs. 178 vta. a 182 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iván Serapio Robles Saravia contra Rim Safar Sakkal, Presidenta de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz.
Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2023, cursante de fs. 115 a 124, la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
El Club de Natación Máster Santa Cruz, nació a la vida jurídica como una entidad sin fines de lucro, a través de la Personería Jurídica RA SJ SJD DAJ PJ 2022 20 de 14 de enero de 2022, otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, habiendo sido creado con la finalidad de impulsar la práctica del deporte náutico a nivel amateur y consecuentemente, con ello, promover una vejez digna y una formación integral a través de actividades recreativas, encontrándose conformado por atletas de diferentes edades incluidos adultos mayores. Agregó que, la Federación Boliviana de Natación (FEBONA), lanza cada año convocatorias a campeonatos nacionales máster, promoviendo la práctica deportiva y competitiva en personas adultas, siendo que los clubes que quieran participar de dichos eventos deben “ESTAR AFILIADOS LEGALMENTE A SU ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL” (sic).
Añadió que desde el 2018, solicitó a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, se proceda a su afiliación como Club de Natación Máster Santa Cruz, a efectos de poder estar habilitado para participar en las convocatorias de la FEBONA; empero, pese a que cumplió con todos los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico de la referida Asociación, la parte demandada obstaculizó su afiliación sin fundamento legal alguno. Indicó que la última nota de solicitud de afiliación fue presentada ante la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz el 13 de octubre de 2023; sin embargo, no recibió una respuesta pronta y oportuna; por lo que, el 6 de noviembre de igual año, nuevamente impetró se le otorgue una respuesta formal; es así que, ante tanta insistencia, el 8 del citado mes y año, Rim Safar Sakkal, Presidenta de la indicada entidad deportiva, por nota Of- ADDASC 032/2023 de 8 de noviembre, rechazó su solicitud argumentando que “…su solicitud de afiliación ha sido expuesta a la Asamblea Departamental. Han sido revisados las normas que rigen a la Institución y dentro de nuestras prerrogativas mencionadas en el artículo 19 de nuestros Estatutos, su solicitud de afiliación ha sido rechazada por todos los miembros asistentes…” (sic); contestación que carece de sustento fáctico y normativo, pues si bien se establece que su petición fue de conocimiento de la “Asamblea Departamental”; empero, no se tiene constancia alguna de que la ahora demandada hubiera convocado a una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de la Asociación Departamental durante los últimos años, desconociéndose la fecha y lugar en el que llevó a cabo la supuesta Asamblea, careciendo además la respuesta de fundamento legal, en mérito a que no se determinó cuál es el contenido de la norma a la que hizo referencia; tampoco se adjuntó la copia del Acta que acredite que los miembros de la Asociación asistieron a la misma o de qué forma intervinieron cada uno de los integrantes de los Clubes afiliados. Continúa manifestando que, el art. 19 del Estatuto de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, instituye que: “…las demás sesiones serán mediante Asamblea General Extraordinaria, celebrándose obligatoriamente sesiones de esta naturaleza para la modificación del Estatuto, Reglamentos, censura del presidente y/o vicepresidente del Directorio, admisión de nuevos socios o resto de materías para las que este Estatuto, Reglamentos o normativa de aplicación requieren mayoría cualificada…sic” (sic), evidenciándose que el citado artículo, solo hace referencia a los temas a tratar en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación y en ninguna parte se establece las causales para rechazar o admitir la afiliación de nuevos miembros a la Asociación. De igual forma, cuando la demandada aseveró en su respuesta, que fueron “todos los miembros” (sic) los que rechazaron su afiliación a la Asociación, no se especificó quiénes serían esos miembros o cuántos y cuáles los motivos para haber llegado a esa decisión; extremos que debieron ser expuestos en la contestación otorgada por la demandada; siendo además por otra parte que, como fue mencionado, no se tuvo constancia de que se convocó a dicha Asamblea General Extraordinaria en la que se hubiese señalado como uno de los puntos del orden del día, la afiliación del Club de Natación Máster Santa Cruz. Finalizó señalando que la decisión de rechazar su solicitud fue arbitraria y unilateral; puesto que, no contó con la presencia de los Clubes afiliados a la Asociación, siendo que durante los cinco últimos años, realizó denuncias ante el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal; así como, a la FEBONA, para que las referidas instancias intervengan ante la transgresión a la normativa deportiva por parte de la hoy demandada, quien, durante los últimos treinta años, manejó la Asociación Departamental de Natación como si fuera de su propiedad, tomando decisiones arbitrarias; denuncias que, merecieron en venganza el rechazo de su solicitud de afiliación, sin que hubiese existido motivo legal alguno y menos probatorio que sea válido y demuestre su adecuación a la normativa propia que rige a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos de Santa Cruz; por tanto, la decisión de rechazar su petición de afiliación resulta inadmisible en un Estado Constitucional y de Derecho.
El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad de asociación, a la petición y al deporte, citando al efecto los arts. 21.4, 24 y 104 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que se deje sin efecto la respuesta de rechazo a la solicitud de afiliación del Club de Natación Máster Santa Cruz.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 56/2023 de 7 de diciembre, cursante de fs. 125 a 127 vta., declaró improcedente la presente acción tutelar; argumentando que el ahora accionante, desde el 2018, activó el procedimiento administrativo que le asiste en derecho, sin que el mismo le hubiese sido favorable; posteriormente, el 2023 volvió a presentar nota impetrando la afiliación a la parte demandada, obteniendo una respuesta negativa; ante tal determinación, no activó los recursos administrativos que el ordenamiento jurídico prevé; por ello, incurrió en la causal de improcedencia establecida en los arts. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo) en concordancia del art. 54.1 del mismo cuerpo legal, adecuándose a la sub regla 1 inc. a) de improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad; evidenciándose que el impetrante de tutela, confundió el derecho a la petición con el derecho de pretensión; puesto que, lo denunciado a través de esta acción tutelar, deviene de un procedimiento administrativo reiterado y no así de una petición autónoma; consecuentemente, la parte impetrante de tutela por memorial presentado el 29 de diciembre del indicado año (fs. 134 a 139) impugnó dicha determinación ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por Auto Constitucional (AC) 0058/2024-RCA de 26 de febrero, cursante de fs. 149 a 155, la Comisión de Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del CPCo, resolvió revocar la mencionada Resolución, disponiendo que la Sala Constitucional admita la presente acción de defensa y someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho (fs. 149 a 155).
Celebrada la audiencia pública el 10 de junio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 173 a 178 vta., presentes el ahora accionante, la demandada y los terceros interesados Pedro Cervantes Porcel y Carlos Fernando Dabdoud y ausente Jhonny Menacho Coronado, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela en audiencia ratificó los términos expuestos en su acción tutelar y ampliando los mismos indicó que: a) Desde el 2018 solicitó a la parte demandada su afiliación a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, recurriendo incluso ante el Ministerio de Deportes, a la Federación Boliviana de Natación –ahora Federación Boliviana de Deportes Náuticos–, al Servicio Departamental de Deportes y ante la Dirección Municipal de Deportes, instancias que a la fecha no dieron una solución ni una respuesta sobre los abusos denunciados y la lesión de sus derechos como personas adultas mayores, quienes gozan de protección reforzada con relación a sus derechos fundamentales; b) El Club de Natación Máster Santa Cruz, goza de legalidad y se encuentra vigente; ya que, sigue realizando actividades en el marco de lo que establece el Estatuto; c) La parte ahora demandada, en varias oportunidades rechazó su solicitud de afiliación pese a que cumplió con todos los requisitos exigidos para dicho fin, sin considerar que la impetrada afiliación, constituye una exigencia de la FEBONA para poder participar de las convocatorias que emite en diferentes gestiones y periodos; y, d) La respuesta de la ahora demandada lesionó su derecho a la petición, al ser aquella informal y carente de fundamentación; puesto que, en su contenido no expuso cuales los motivos que llevaron a tomar esa decisión de rechazar su afiliación, al no contar con otra instancia donde pueda denunciar la lesión de sus derechos fundamentales, se vio obligado a acudir a la presente acción de defensa.
Rim Safar Sakkal, Presidenta de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, en audiencia de consideración de esta acción tutelar, manifestó que: 1) El 15 de junio de 2022, dio respuesta a la solicitud de afiliación presentada por el impetrante de tutela; no obstante, el 2023 el antes señalado presentó nueva misiva solicitando lo mismo; evidenciándose que lo hizo por estar fuera de plazo para presentar la acción de defensa; además, la respuesta otorgada, fue debidamente respaldada con la Resolución de la Asamblea Departamental firmada por todos los miembros de la Asociación, menos la suya, en virtud a que por mandato del Estatuto, no puede emitir voto; 2) Las normas que rigen a la institución, tanto a nivel internacional o nacional, son las de la FEBONA y el Reglamento de Constitución, en ese sentido dicho Reglamento establece que los clubes master pueden participar de campeonatos nacionales e internacionales, prueba de aquello es que el solicitante de tutela hizo conocer al Director Departamental de Deportes, sobre un campeonato a llevarse a cabo los días 13 al 15 de septiembre de 2019, en el que se indicó que el mismo fue organizado por clubes sin fines de lucro, para personas mayores de veinticinco años, evidenciándose que el Club al que representa el accionante no es únicamente para personas mayores; y, 3) El solicitante de tutela, en sus notas presentadas, indicó que realizó tres campeonatos como Club de natación máster con el apoyo del Servicio Departamental de Deportes, siendo aquello posible; puesto que, la norma internacional, establece claramente que los clubes máster no necesitan afiliación porque su representación es a nivel individual o de club; por todo lo expuesto y habiendo hecho un análisis de la norma para dicho fin, la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, por nota Of-ADDASC 015/2022 de 15 de junio, dio a conocer al impetrante de tutela que por unanimidad no fue aceptada su solicitud, al haberse evidenciado que no necesita estar afiliado a la Asociación para poder participar de campeonatos.
Carlos Fernando Dabdoud Roda, en representación del Servicio Departamental de Deportes del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, señaló que: i) La Federación Boliviana de Deportes Acuáticos, debió ser convocada en esta acción de defensa como tercero interesado, porque dentro del sistema deportivo, cada institución involucrada establece su propio estatuto, organigrama y requisitos; y, ii) Tienen en sus registros notificaciones desde el 2022, entre otros sobre personerías jurídicas; sin embargo, la Federación Boliviana de Asociación Departamental es la responsable de llevar el registro e inscripción de todos los deportistas afiliados en cumplimiento de la norma y pasos a seguir en cuanto a trámites de afiliación, competencias y sanciones. Pedro Alejandro Cervantes Porcel, Presidente de la FEBONA, pese a estar presente en la audiencia de acción tutelar, no hizo uso de la palabra. Jhonny Menacho Coronado, Director Municipal de Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de esta acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 166.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 74/24 de 10 de junio de 2024, cursante de fs. 178 vta. a 182 vta., concedió en parte la tutela solicitada, fundamentando que: a) El accionante, impugnó la Resolución 56/2023, que declaró improcedente la presente acción de defensa, siendo que, por AC 0058/2024-RCA, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso se admita esta acción de amparo constitucional; b) Respecto al derecho a la petición, se deben cumplir ciertos presupuestos; el primero es que la petición haya sido formulada de forma oral o escrita, advirtiéndose en el presente caso, que el accionante, realizó de forma reiterativa y por escrito sus solicitudes de afiliación a la parte demandada, evidenciándose el cumplimiento del primer presupuesto; en cuanto al segundo presupuesto, referido a la falta de respuesta material; se advierte de obrados que sí se dio respuesta a la solicitud del impetrante de tutela; y, en cuanto al tercer presupuesto, sobre la inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo del derecho precedentemente indicado; al respecto, la Asociación ahora demandada, no cuenta con un medio de impugnación al que pueda recurrir el solicitante de tutela, teniéndose por cumplidos los presupuestos señalados; adicionalmente y en cuanto a la dimensión del derecho a la petición, se establece un cuarto presupuesto, referido a que la solicitud no haya sido atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo impetrado; c) De la revisión de los antecedentes se tiene que, existieron varias convocatorias a campeonatos como la realizada por la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos de Tarija, en la que se instituyó que podían participar todos los clubes máster de Bolivia legalmente afiliados a las Asociaciones Departamentales; de igual forma, otras convocatorias establecieron lo mismo; d) Añadió que el Tribunal Constitucional Plurinacional al momento de haber emitido el AC 0058/2024-RCA, determinó arbitrariedad respecto a la nota Of- ADDASC 032/2023, hoy invocada en la acción tutelar; por lo que, como Tribunal no puede controvertirse la decisión asumida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, aun cuando no se comparte dicho criterio; encontrándose la Sala Constitucional constreñida al cumplimiento de la decisión de este Tribunal; puesto que, la estructura constitucional determina su cumplimiento inmediato, vinculante y obligatorio; y, e) No obstante, tampoco puede ordenar a la parte ahora demandada cumpla con la solicitud de afiliación a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz impetrada por el solicitante de tutela; no obstante, se encuentra en la facultad de conceder la tutela en cuanto al derecho a la petición en su dimensión cuarta; puesto que, la solicitud de afiliación a la citada Asociación no fue atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado por el accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por nota de 26 de marzo de 2021, de Iván Serapio Robles Saravia –ahora accionante–, impetró a Rim Safar Sakkal, Presidenta de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz –hoy demandada–, la afiliación del Club de Natación Máster Santa Cruz a dicha Asociación, emitiéndose en consecuencia, la nota de 14 de abril de igual año; por la que la demandada, indicó al impetrante de tutela que para su solicitud de afiliación, presente los requisitos de admisión para los nuevos asociados (fs. 105 a 106). II.2. Cursa nota de 18 de noviembre de 2021, dirigida a la demandada por Iván Serapio Robles Saravia, solicitando nuevamente la admisión del Club de Natación Máster Santa Cruz en la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, presentando los requisitos exigidos para su admisión y aclaró que con referencia al requisito quinto (Certificado de la Disciplina Deportiva en su localidad) que el mismo no existe; puesto que, cuando lo solicitó a la Dirección Departamental de Deportes del municipio, dicha institución indicó que la única entidad que certifica la disciplina deportiva es el Servicio Departamental de Deportes, reiterando dicha solicitud el 28 de marzo de 2022, mereciendo respuesta por nota Of- ADDASC 015/2022 de 15 de junio, por la que, la demandada informó al accionante que su solicitud de afiliación fue rechazada por todos los miembros asistentes a la Asamblea Departamental, añadiendo que los nadadores master, no participan en representación de un departamento ni país, sino que lo hacen a través de clubes; indicándole que puede practicar y competir en esa categoría en cualquier nivel (fs. 107 a 110). II.3. Consta Acta de Asamblea Extraordinaria de 15 de junio de 2022 de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, en la que se establece que se analizó la petición de afiliación del Club de Natación Máster Santa Cruz a la Asociación –entre otros–, y que, dentro de las prorrogativas de la referida Asociación Departamental, de acuerdo al art. 19 de su Estatuto, se llevó adelante la votación para la aceptación o rechazo de la mencionada solicitud, misma que fue rechazada por decisión unánime de los asistentes; Acta que se encuentra firmada por: Rim Safar Sakkal, Presidenta, Marianna de Bruckner, Secretaria, Alejandro Madde, Secretario de Actas, Lucio Valdez, Comisión Técnica, Hugo Torrez, Club Santa Cruz, Álvaro Aparicio, Club Elite, Merces Nogueira, Club Sportmotion, Yassir Abdalia, Club Medley, José Quintanilla, Club Samix y Fernando Mendoza Club M&M, todos miembros de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz (fs. 169 a 170). II.4. Por notas de 13 de octubre y 6 de noviembre, ambos de 2023, el impetrante de tutela, solicitó nuevamente la admisión de su Club a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, refiriendo que la respuesta de 15 de junio de 2022, otorgada por la parte demandada, contravino la normativa y lesionó sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; mereciendo contestación a través de nota Of- ADDASC 032/2023 de 8 de noviembre, por la que, la parte demandada, señaló que la solicitud de afiliación formulada fue rechazada, reiterando lo manifestado por nota Of- ADDASC 015/2022 (fs. 65 a 68).
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la petición, a la libertad de asociación y al deporte; alegando que la ahora demandada, sin que exista un sustento legal que respalde su decisión, rechazó la solicitud de afiliación del Club de Natación Master Santa Cruz a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz; no obstante, haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico de la referida institución departamental. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 129.II de la CPE, respecto al principio de inmediatez, estableció que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo de seis meses, computables desde la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; en consonancia, con dicho precepto constitucional, el art. 55.I del CPCo, prevé con claridad que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. Bajo ese contexto, la SCP 0871/2014 de 12 de mayo, asumiendo el criterio uniforme emitido a través de la jurisprudencia constitucional; sobre el principio de inmediatez, señaló que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: ‘…cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'. Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: '...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos'. Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada’” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SCP 1677/2012 de 1 de octubre, sobre la extemporaneidad de la presentación de la acción de amparo constitucional, sostuvo lo siguiente: “El principio de inmediatez, que debe ser observado en la esfera del derecho constitucional, entre otros aspectos a tiempo de deducir esta acción tutelar, responde a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, así como la finalidad de conceder la tutela -cuando corresponda-, en términos de eficacia y oportunidad, por cuanto la inmediatez de resguardar y proteger derechos constitucionales, podría resultar ineficaz, si se deja transcurrir demasiado tiempo. Es así que, el legislador a efectos de que la ciudadana o el ciudadano boliviano obtenga una efectiva administración de justicia constitucional, ha previsto este presupuesto constitucional, cual es la de presentar su demanda en un plazo no mayor a los seis meses a computarse desde la comisión del hecho lesivo o desde el momento en que se notificó la última decisión en sede judicial o administrativa. (…)
Concluyendo podemos manifestar, que por regla general el transcurso del tiempo, tiene vital importancia en los diversos campos del derecho, así por ejemplo en el derecho civil el dejar transcurrir el tiempo puede tener dos efectos, la extinción de un derecho cuando su titular no los ejerce en el tiempo previsto por ley art. 1492 del Código Civil (CC) o la constitución de un derecho por el transcurso del tiempo art. 134 del CC; por otro lado, en la jurisdicción penal el transcurso del tiempo también tiene un rol importante, así se advierte en el instituto jurídico de la prescripción art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Del mismo modo en el ámbito del derecho constitucional, también tiene sus efectos, como ocurre en el caso que se analiza, sobre el momento en que se presentó esta acción de defensa respecto del momento en que se hubo causado la vulneración de derechos; en consecuencia, el plazo previsto por ley que reviste a esta acción tutelar tiene dos componentes uno positivo y otro negativo, el primero con la finalidad conceder la tutela, en términos de eficacia y oportunidad y el segundo entendido como un principio que sanciona la dejadez y descuido del accionante”. Asimismo, la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre, haciendo referencia a la SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la petición, a la libertad de asociación y al deporte; alegando que la ahora demandada, sin que exista un sustento legal que respalde su decisión, rechazó la solicitud de afiliación del Club de Natación Master Santa Cruz a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz; no obstante, haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico de la referida institución departamental. De la revisión de antecedentes se observa que el 26 de marzo de 2021, el impetrante de tutela por nota de esa fecha, solicitó a la Presidenta de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz –hoy demandada–, la afiliación del Club de Natación Máster Santa Cruz a dicha Asociación, emitiéndose en consecuencia, la nota de 14 de abril de igual año; por la cual, la demandada indicó al impetrante de tutela que para su solicitud de afiliación, presente los requisitos de admisión para los nuevos asociados; en tal sentido, por nota de 18 de noviembre de 2021, el solicitante de tutela presentó los requisitos exigidos para su admisión a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, reiterando dicha solicitud el 28 de marzo de 2022; en mérito a ello, la Presidenta de la referida Asociación, por nota Of- ADDASC 015/2022, le hizo conocer que en Asamblea Departamental, los miembros asistentes a la misma, rechazaron su petición, informándole además, que los nadadores master, no participan en representación de un departamento ni país, sino que lo hacen a través de clubes; indicándole que puede practicar y competir en esa categoría en cualquier nivel; decisión que fue respaldada a través de Acta de Asamblea Extraordinaria de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz de 15 de junio de 2022, en la cual, se hizo constar que, de acuerdo al art. 19 de su Estatuto, se llevó adelante la votación para la aceptación o rechazo de la mencionada solicitud de afiliación, misma que fue rechazada por decisión unánime de los miembros presentes. Posterior a ello, el accionante, nuevamente el 13 de octubre y 6 de noviembre, ambos de 2023, solicitó admisión de su Club a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz y señaló en la misma que la respuesta otorgada por la parte demandada el 15 de junio de 2022, contravino la normativa y lesionó sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; en ese sentido, por nota Of- ADDASC 032/2023 de 8 de noviembre; la demandada respondió reiterando que su solicitud de afiliación fue rechazada, ratificando lo manifestado por nota Of- ADDASC 015/2022; última misiva esta, contra la cual planteó esta acción de defensa. Ahora bien, el acto que el impetrante de tutela considera vulneratorio a sus derechos invocados en la presente acción de amparo constitucional, recae en el hecho de que la hoy demandada, supuestamente no hubiera dado respuesta motivada ni curso a su solicitud de afiliación del Club de Natación Master Santa Cruz a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, pese a que, a su criterio, cumplió con todos los requisitos establecidos en su Estatuto Orgánico; sin embargo, de la revisión de los antecedentes, se observa que la petición de la parte accionante ya fue resuelta y respondida por nota Of- ADDASC 015/2022, a través de que, la demandada, le hizo conocer que por votación de todos los miembros asistentes a la Asamblea Departamental de 15 de junio de 2022, luego de analizarse las normas de la institución y por unanimidad, decidieron rechazar dicha solicitud, indicándole asimismo, que los nadadores master no participan en representación de un departamento ni país, sino que lo hacen mediante clubes; manifestándole además, que puede practicar y competir en esa categoría en cualquier nivel; decisión respaldada por el Acta de Asamblea Extraordinaria de la indicada fecha, en la que consta la firma de los miembros que conforman dicha Asociación; determinación que fue ratificada por nota Of- ADDASC 032/2023, emitida en contestación a las misivas presentadas el 13 de octubre y de 6 de noviembre, ambas de 2023, por las cuales, el hoy impetrante de tutela, reiteró su solicitud de admisión de su Club a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz. De ello se advierte, que el accionante pretendió a través de sus diferentes notas se resuelva una misma pretensión referente a la solicitud de afiliación del Club de Natación Máster Santa Cruz a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, misma que, como se tiene establecido, fue resuelta por la parte demandada mediante nota Of- ADDASC 015/2022 de 15 de junio, fecha a partir de la cual y en el plazo de seis meses, pudo activar la vía constitucional en búsqueda de la tutela de los derechos que ahora denuncia de vulnerados, observando el plazo previsto para presentar esta acción de amparo constitucional, conforme se advierte de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que no sucedió, dejándose transcurrir, más de un año para, nuevamente y a través de las notas de 13 de octubre y de 6 de noviembre, ambas de 2023, reiterar nuevamente su solicitud; extremo del cual, resulta evidente para esta jurisdicción que, de un lado, siendo que fue la nota de 15 de junio de 2022, por la que se hizo conocer la decisión de rechazar su afiliación a la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, ésta se constituye en el acto lesivo que, dentro del término estipulado en el art. 129 de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, debió ser objeto de denuncia ante la justicia constitucional a efectos de que, conforme se pretende ahora, se verifique, a través del control de constitucionalidad, si evidentemente, la parte demandada, lesionó los derechos que se alegan fueron vulnerados, lo que no ocurrió en los hechos, habiendo operado en consecuencia la preclusión de su derecho al reclamo mediante la acción de amparo constitucional por inobservancia del principio de inmediatez.
Añadido a ello y con específica referencia a la supuesta lesión el derecho a la petición, en virtud a que la nota Of- ADDASC 032/2023 de 8 de noviembre, por la que, la parte demandada, respondiendo a las misivas de 13 de octubre y 6 de noviembre, ambas de 2023, presentadas por el accionante, hubiera reiterado que la solicitud de afiliación formulada fue rechazada, sin determinar ‒a su criterio‒ fundamento legal suficiente alguno; este Tribunal, en el marco de lo razonado previamente, llega a la firme convicción de que la respuesta otorgada, resulta ser más que clara, pues, aunque de manera sucinta, reitera la decisión de rechazó de afiliación pretendida, también establece que se reitera lo manifestado por misiva Of-ADDASC 015/2022, mediante la que, como se tiene dicho, adjuntándose el Acta de Asamblea Extraordinaria de 15 de junio de 2022 de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, en el marco de su normativa y en uso de sus prerrogativas, dicha instancia asumió la determinación de no aceptar la solicitud; consecuentemente, tal como se tiene advertido, en el párrafo que antecede, la presentación de las notas de 13 de octubre y 6 de noviembre, ambos de 2023, constituye para esta jurisdicción, una acción desleal con la administración de justicia constitucional, que tuvo como única finalidad, intentar confundir a esta jurisdicción respecto al cómputo de la inmediatez, pretendiéndose activar el cómputo de seis meses para acudir ante estrados constitucionales; situación que no pasó desapercibida a los ojos de este Tribunal y que, por ende, no puede ser convalidada, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada.
De acuerdo con los antecedentes remitidos en revisión; se advierte que si bien la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante AC 0058/2024-RCA, resolvió revocar la Resolución 56/2023, dictada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal departamental de Justica de Santa Cruz; bajo el argumento de que, desvirtuando la concurrencia del principio de subsidiariedad alegado por la referida Sala Constitucional, contra la decisión de rechazo de afiliación determinada por la Asamblea de la Asociación Departamental de Deportes Acuáticos Santa Cruz, no existiría recurso ulterior alguno y que, adicionalmente a ello, en el contexto de los antecedentes corrientes en el cuaderno constitucional, así como del petitorio de la demanda, el acto lesivo lo constituiría la nota Of- ADDASC 032/2023, que conforme a los argumentos del accionante, fue a través de la cual se rechazó su solicitud de afiliación; por lo que, la acción tutelar, se habría interpuesto en observancia del principio de inmediatez; disponiéndose en consecuencia, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad estatuidos en el art. 33 del CPCo, que la citada Sala Constitucional admita la presente acción de defensa y someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho. Empero, seguido el cauce procesal de la demanda de acción de amparo constitucional, admitida como fue la misma y notificada a la parte demandada, ésta produjo prueba suficiente que desvirtuó los argumentos del impetrante de tutela, demostrándose en tal sentido que, como se tiene establecido en el acápite que precede, por una parte, el principio de inmediatez no fue observado, en mérito a que el acto lesivo de rechazo, se produjo en realidad el 15 de junio de 2022; y que, la nota Of- ADDASC 032/2023, que fue la que se denunció como lesiva; en realidad, es una nota reiterativa de la primera, emergente de las solicitudes reiteradas el 13 de octubre y 6 de noviembre, ambos de 2023, por el impetrante de tutela, con el único propósito de poner en vigencia nuevamente el término de seis meses para interponer esta acción de defensa, aspectos que, como se tiene sustentado en el análisis del caso concreto, determinaron la denegatoria de tutela; consecuentemente, la decisión ahora asumida, no constituye de forma alguna en contradictoria del AC 0058/2024-RCA, cursante de fs. 149 a 155, emitido por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en mérito a que, en revisión de la causa, este Tribunal cuenta con la facultad suficiente de reanalizar las causales de improcedencia de las acciones de tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales, a la luz de los nuevos elementos de probanza que, como producto de la contradicción en sede constitucional hubieran sido producidos.
En virtud al art. 203 de la CPE: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”. Por su parte, el art. 15 del CPCo, determina de manera taxativa que: “I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general.
II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares”. En mérito al tenor literal de la disposición antes señalada, se establece que la parte dispositiva de toda decisión constitucional con calidad de cosa juzgada, es de cumplimiento obligatorio para las partes procesales, constituyendo la razón jurídica de los fallos, el precedente jurisprudencial vinculante a ser aplicado en casos futuros con identidad fáctica. En el marco normativo previo, es pertinente referirse a la actuación de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; quienes manifestaron que no comparten el criterio del Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, más allá de las apreciaciones subjetivas que los miembros de dicha Sala pudieran expresar, debe tenerse presente que conforme a la normativa previamente glosada, las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares; esto, en virtud a que son únicamente las determinaciones de este Tribunal, las que alcanza la calidad de cosa juzgada constitucional y por ende, se embisten de las características de inmutabilidad; pues, son incontrovertibles al no ser impugnables por ningún recurso posterior; consecuentemente, dado su carácter obligatorio y vinculante, las autoridades judiciales y con mayor aquellas que imparten justicia constitucional, se hallan constreñidas a su estricto cumplimiento y no les está dado interpretarlas y menos aún cuestionarlas, debiendo por el contrario, aplicarlas en la resolución de sus causas siguiendo la cadena vertical de creación jurisprudencial. En tal circunstancia, se le recuerda a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; que la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ser cuestionada debiendo ser acatada en su integridad, sin objeción alguna; por tanto, se exhorta a los miembros de la citada Sala Constitucional, a cumplir sus labores con mayor responsabilidad y compromiso, observando las normas que rigen su función; así como, el carácter vinculante y obligatorio de los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco del art. 203 de la Norma Suprema. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró incorrectamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 74/24 de 10 de junio de 2024, cursante de fs. 178 vta. a 182 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia, 1º DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional; y, 2º Exhortar a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a cumplir sus labores con mayor responsabilidad y compromiso, observando las normas que rigen su función; así como, el carácter vinculante y obligatorio de los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco del art. 203 de la Constitución Política del Estado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0395_2024-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5e6c9237adcac9f3724a7bdbb0c69cd58b364313dfdeed98b81754894c88d855
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