Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de julio de 2024
Deniega la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad de partes y al acceso a la justicia pronta y oportuna; puesto que, ante la solicitud presentada al representante del Ministerio Público para que emita requerimientos fiscales; la Fiscal de Materia ahora accionada mediante decreto de 14 de junio de 2022, refirió que al contarse con una acusación formal no podía emitir más requerimientos fiscales; por lo que, hasta el momento de interposición de la presente acción tutelar no les entregaron los requerimientos fiscales solicitados, extremo que le inhibe a la presentación de documentación que le permita desvirtuar los riesgos procesales que en audiencia de medidas cautelares no fueron considerados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 630/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 54 a 55 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0394/2024-S3 Sucre, 2 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48727-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 630/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 54 a 55 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carmen Rosa Llujtaparu Quispe en representación sin mandato de Nancy y Gonzalo ambos de apellidos Tallacahua Huanca contra Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal de Materia.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 21 de junio de 2022, cursante a fs. 17 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; por disposición del Auto Interlocutorio 118/22 de 23 de abril de 2022, la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva de ambos accionantes en distintos Centros Penitenciarios. Con el fin de desvirtuar los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1 y 2 y 235.1 y 2 -se entiende del Código de Procedimiento Penal (CPP)- modificados por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y asumir su derecho a la defensa en igualdad de partes, solicitaron al representante del Ministerio Público emita requerimiento fiscal, con el objeto de desvirtuar los riesgos procesales que en audiencia no fueron considerados, al efecto la Fiscal de Materia ahora accionada emitió el decreto de 14 de junio de 2022, a través del cual señaló que al contarse con una acusación no podia emitir más requerimientos fiscales. La SCP 0365/2018-S4 de 20 de julio, establece que el representante del Ministerio Público debe emitir los requerimientos fiscales que sean necesarios para la audiencia de cesación a la detención preventiva, encontrándose el proceso penal con acusación formal, en el presente caso al no contar con los requerimientos fiscales solicitados no puede presentar ninguna documentación para desvirtuar los riesgos procesales.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad de partes y al acceso a la justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene a la Fiscal de Materia hoy accionada, que en un plazo no mayor a veinticuatro horas emita todos los requerimientos fiscales que solicitaron el 17 de junio de 2022, sin generar su indefensión ni la retardación de justicia.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 53, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: a) Según lo previsto por el art. 230 del CPP, el presente caso se tramita mediante procedimiento inmediato; por lo que, la Fiscal de Materia ahora accionada, presentó la acusación fiscal, posteriormente sus personas se apersonaron el 17 de junio de 2022, solicitando requerimientos fiscales a efectos de asumir su defensa; b) En varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos fiscales necesarios para la obtención de documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación de la detención preventiva durante la etapa preparatoria, es el Fiscal de Materia aclarándose que cambiaba la figura si se hubiese presentado acusación formal recayendo en la obligación de la autoridad que ejerce el control jurisdiccional del proceso penal. Así la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, señaló finalmente que al tratarse de una nueva solicitud diferente a la SCP 0110/2014-S1 de 26 de noviembre, corresponde cambiar el criterio de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional en sentido que al haberse presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el juez de instrucción; c) El Ministerio Público no cumple con lo establecido por los arts. 225.I de la CPE y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; es decir, que no cumple con sus funciones al no haber requerido y emitido los requerimientos fiscales solicitados por la parte accionante; y, d) Pidieron que se conceda la tutela solicitada y se ordene a la Fiscal de Materia hoy accionada, en un plazo no mayor a veinticuatro horas emita todos los requerimientos fiscales solicitados el 17 de junio de 2022, caso contrario se estarían vulnerando los arts. 8, 23 y 115 de la CPE; puesto que, hasta ese momento no se entregaron los requerimientos fiscales solicitados, argumentando que existe una acusación fiscal, cuando ya el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncio sobre esos extremos.
Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 22 de junio de 2022, cursante de fs. 50 y 51, manifestó que: 1) Ante la flagrancia, se procedió a la aprehensión de los accionantes, al secuestro del vehículo con placa de control 2817-DIU, marca Toyota, clase camioneta, color guindo, tipo tacoma, modelo 2007 y un teléfono celular de propiedad de la accionante y continuando con la entrevista del accionante manifestó que en su domicilio existían más baldes con sustancias controladas y les llevó al bien inmueble ubicado en la calle Camacho 2424 de la Urbanización 25 de julio de El Alto del departamento de La Paz. Ingresaron a ese domicilio previa autorización de la accionante y realizaron la requisa dentro del bien inmueble encontraron un total de quince paquetes en forma de ladrillo forrados con cinta masking que contenían una sustancia con color y olor característico a cocaína, sometida a la prueba de narco test dio positivo para cocaína y en los otros depósitos se encontraron otros tres baldes que contenian mantequilla que fueron acondicionados para el transporte de cocaína; por ello, se procedió al secuestro, resultando un total de 32.140 gramos de clorhidrato de cocaína; 2) Durante la etapa preparatoria el Fiscal de turno que dictó la Resolución de imputación formal contra los accionantes, dispuso el requerimiento de 27 de abril de 2022, la facción de varios requerimientos fiscales como a la Dirección General de Migración (DIGEMIG), Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), Servicio de Registro Cívico (SERECI), Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), Técnicos Auxiliares, Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (CITESC) e Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) con el objeto de confirmar sobre la sustancia controlada y obtener información, los mismos que fueron debidamente diligenciados por el investigador asignado al caso y de conocimiento de ambos accionantes; a pesar de ello, la Fiscal de Materia hoy accionada el 4 de mayo de 2022, a solicitud de los accionantes nuevamente emitió requerimientos fiscales al “…REJAP, DIRCABI, AL DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIONES DE LA POLICIA BOLIVIANA, AL JUEZ REGISTRADOR DE DERECHOS REALES, AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, A KA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, AL DIRECTOR DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD, VIALA SEGUROS Y REASEGUROS UNIVIDAAL NOTARIO DE FE PUBLICA DE EL ALTO”(sic); 3) Los accionantes presentaron memoriales solicitando la emisión de requerimientos fiscales a diferentes instituciones; sin embargo, eran repetitivos porque ya se tienen los informes de las diferentes instituciones que el Ministerio Público solicitó, a pesar que ya se pronunció con el requerimiento conclusivo de acusación formal el 24 de mayo de 2022, a los memoriales de “junio” de igual año, que fueron presentados por los accionantes, se dispuso que se faccionen requerimientos fiscales del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), a la Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la ciudad de La Paz, al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), al DIGEMIG, a la INTERPOL, al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE), verificación de domicilio, los cuales se entregaron el 20 de junio de 2022; y, 4) Respecto a las otras solicitudes relacionadas a los puntos 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 son reiterativas; puesto que, el investigador asignado al caso procederá a la verificación de los domicilios de ambos accionantes y en cuanto a la permanencia y conducta de la estadía en los centros penitenciarios, solamente se solicita cuando el caso se encuentre con sentencia y es de conocimiento de los Jueces de Ejecución Penal, así como al informe de la Trabajadora Social del Centro Penitenciario San Pedro y del Centro de Orientación Femenina de Obrajes ambos de La Paz y únicamente la Fiscalía requiere al IDIF para que los peritos en psicología puedan realizar ese trabajo, y los investigadores asignados al caso no pueden realizar ningún informe adicional a los que realizaron el día de los hechos el 21 de abril de 2022 a las 14:30 horas.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 630/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 54 a 55 vta., concedió la tutela solicitada disponiendo que la Fiscal de Materia ahora accionada de curso de manera pronta y con celeridad los requerimientos fiscales que fueron solicitados por los accionantes, debiendo aplicar el mismo razonamiento jurídico en otras causas similares todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) Pese a que exista una acusación fiscal, la Fiscal de Materia hoy accionada no puede rechazar una solicitud de requerimientos fiscales, debiendo dar curso a todas las solicitudes que aporten para la recolección de elementos que le permitan solicitar la cesación de la detención preventiva, tomando en cuenta que dicha solicitud es un instituto accesorio al proceso principal que tiende a evitar los peligros de obstaculización del proceso y busca asegurar la presencia del imputado en el juicio oral, con la característica de que esas medidas cuatelares no causan estado; y, ii) En virtud al principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir los requerimientos fiscales que permitan obtener los documentos que le sirvan al imputado para presentar una solicitud de cesación a la detención preventiva; por lo que, en el presente caso, se advirtió que la Fiscal de Materia ahora accionada actuó de una forma alejada de la norma adjetiva penal y la amplia jurisprudencia constitucional; no obstante, que toda autoridad debe actuar con la debida diligencia y con la mayor celeridad posible, frente a las solicitudes en las cuales se encuentre involucrada el derecho a la libertad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memoriales presentados el 13 de junio de 2022, ante Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal de Materia -hoy accionada-; por el cual, Nancy y Gonzalo ambos de apellidos Tallacahua Huanca -ahora accionantes-interpusieron apersonamiento -cada uno por su parte- y en mérito a la SCP 0365/2018-S4 de 20 de julio, solicitaron que se requiera de forma inmediata lo siguientes datos referidos a sus personas: a) El REJAP; b) El Certificado de antecedentes policiales actualizado; c) Se expida ante el Responsable de Plataforma del Sistema SIREJ de La Paz, se emita el informe-certificado si tiene registrados procesos penales u otros en el SIREJ; d) Certificado de movimiento migratorio; e) Certificado de no antecedentes actualizados; f) El Certificado actualizado del SIPPASE; g) Omar Ramiro Monasterios, Notario de Fe Pública 16 de El Alto proceda a la correspondiente verificación de su domicilio; h) El Fiscal de Materia requiera ante la sección de acta y registro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a efectos de que se proceda a la verificación de su domicilio; i) Requiera al funcionario policial asignado al caso que proceda a la verificación de su domicilio; j) A la urbanización Bautista Saavedra Junta de Vecinos mediante su Presidente certifique dos puntos: si la accionante tiene una habitabilidad y habitualidad en el domicilio ubicado en la Av. Panamericana 1025 (Ex carretera a Copacabana) zona Bautista Saavedra, Distrito 14 de El Alto; y, en qué calidad vive en ese domicilio; k) A la Trabajadora Social de Ejecución Penal de El Alto, verifique su domicilio; l) Al Centro de Orientacion Femenina de Obrajes de La Paz, informe desde qué fecha se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores del mismo departamento; m) Al Centro de Orientación Femenina de Obrajes del referido departamento, emita el certificado de permanencia y conducta; y realice el estudio biopsicosocial; n) La Trabajadora Social del citado Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, elabore informe social de su persona; y, ñ) El funcionario policial asignado al caso certifique si su persona al momento de presentarse a su declaración informativa o durante el desarrollo del proceso penal hubiese obstaculizado de alguna manera por terceras personas. Dichos requerimientos fiscales merecieron los decretos de 14 de igual mes y año, de forma independiente, a través de los cuales se señalaron que:
“Por última vez se requiera a los puntos 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 y 9 , siempre y cuando no sean repetitivos…”(sic), con relación a los demás puntos se acuda ante las autoridades correspondientes, haciendo constar que la Fiscal de Materia ahora accionada concluyó las investigaciones correspondientes, razón por la cual pronunció el requerimiento conclusivo de acusación formal (fs. 1 a 10).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad de partes y al acceso a la justicia pronta y oportuna; puesto que, ante la solicitud presentada al representante del Ministerio Público para que emita requerimientos fiscales; la Fiscal de Materia ahora accionada mediante decreto de 14 de junio de 2022, refirió que al contarse con una acusación formal no podía emitir más requerimientos fiscales; por lo que, hasta el momento de interposición de la presente acción tutelar no les entregaron los requerimientos fiscales solicitados, extremo que le inhibe a la presentación de documentación que le permita desvirtuar los riesgos procesales que en audiencia de medidas cautelares no fueron considerados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, entre otras, ratificando los entendimientos jurisprudenciales asumidos por la SC 0619/2005-R de 7 de junio, señaló que: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos corresponden).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad de partes y al acceso a la justicia pronta y oportuna; puesto que, ante la solicitud presentada al representante del Ministerio Público para que emita requerimientos fiscales; la Fiscal de Materia ahora accionada mediante decreto de 14 de junio de 2022, refirió que al contarse con una acusación formal no podía emitir más requerimientos fiscales; por lo que, hasta el momento de interposición de la presente acción tutelar no les entregaron los requerimientos fiscales solicitados, extremo que le inhibe a la presentación de documentación que le permita desvirtuar los riesgos procesales que en audiencia de medidas cautelares no fueron considerados. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se evidencia que ante la Fiscal de Materia ahora accionada; por el cual, los accionantes interpusieron apersonamiento -cada uno por su parte- y en mérito a la SCP 0365/2018-S4 de 20 de julio, solicitaron que se requiera de forma inmediata lo siguientes datos referidos a sus personas: 1) El REJAP; 2) El Certificado de antecedentes policiales actualizado; 3) Se expida ante el Responsable de Plataforma del Sistema SIREJ de La Paz, se emita el informe-certificado si tiene registrados procesos penales u otros en el SIREJ; 4) Certificado de movimiento migratorio; 5) Certificado de no antecedentes actualizados; 6) El Certificado actualizado del SIPPASE; 7) Omar Ramiro Monasterios, Notario de Fe Pública 16 de El Alto proceda a la correspondiente verificación de su domicilio; 8) El Fiscal de Materia requiera ante la sección de acta y registro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a efectos de que se proceda a la verificación de su domicilio; 9) Requiera al funcionario policial asignado al caso que proceda a la verificación de su domicilio; 10) A la urbanización Bautista Saavedra Junta de Vecinos mediante su Presidente certifique dos puntos: si la accionante tiene una habitabilidad y habitualidad en el domicilio ubicado en la Av. Panamericana 1025 (Ex carretera a Copacabana) zona Bautista Saavedra, Distrito 14 de El Alto; y, en qué calidad vive en ese domicilio; 11) A la Trabajadora Social de Ejecución Penal de El Alto, verifique su domicilio; 12) Al Centro de Orientacion Femenina de Obrajes de La Paz, informe desde qué fecha se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores del mismo departamento; 13) Al Centro de Orientación Femenina de Obrajes del referido departamento, emita el certificado de permanencia y conducta; y realice el estudio biopsicosocial; 14) La Trabajadora Social del citado Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, elabore informe social de su persona; y, 15) El funcionario policial asignado al caso certifique si su persona al momento de presentarse a su declaración informativa o durante el desarrollo del proceso penal hubiese obstaculizado de alguna manera por terceras personas. Dichos requerimientos fiscales merecieron los decretos de 14 de igual mes y año, de forma independiente, a través de los cuales se señalaron que: “Por última vez se requiera a los puntos 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 y 9 , siempre y cuando no sean repetitivos…”(sic), con relación a los demás puntos se acuda ante las autoridades correspondientes, haciendo constar que la Fiscal de Materia ahora accionada concluyó las investigaciones correspondientes, razón por la cual pronunció el requerimiento conclusivo de acusación formal (Conclusión II.1.). Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual dejo establecido que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncian vulneraciones al derecho al debido proceso, no abarca a todas las formas en que puede ser vulnerado, sino queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; en consideración a ello, esta acción de defensa procede cuando de manera concurrente se cumplen con los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciadas, deben estar vinculadas con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión. Respecto al primer presupuesto -que el acto lesivo denunciado esté vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión-, se tiene que los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian que la Fiscal de Materia hoy accionada hasta la interposición de esta acción de libertad no les entregó los requerimientos fiscales solicitados y mediante decreto de 14 de junio de 2022, se refirió que al contarse con una acusación formal no podía emitir más requerimientos fiscales, situación que no les permitió la presentación de documentación para desvirtuar los riesgos procesales que en audiencia de medidas cautelares no fueron considerados, extremo que no se constituye en la causa directa de la restricción de su libertad; puesto que, no es un actuado que por sí mismo generé de forma automática la concesión de la libertad; es decir, la libertad que los accionantes reclaman a través de esta acción de defensa por haber solicitado la extensión de los requerimientos fiscales a distintos lugares, no determina que de forma automática se concederá la libertad, más aún si los requerimientos fiscales no se encuentran relacionados con un último riesgo procesal a desvirtuar y además no se tiene ninguna constancia de la existencia de una solicitud de cesación a la detención preventiva; por lo que, el acto lesivo denunciado en la presente acción tutelar, no se encuentra directamente vinculado, con la libertad de los accionantes. En ese sentido, en la presente acción de defensa el acto lesivo denunciado como la causa que opera directamente suprimiendo o amenazando el derecho a la libertad de la accionante, no concurre.
En cuanto al segundo presupuesto, tampoco se advierte la existencia de indefensión absoluta de los accionantes; puesto que, se encuentran participando activamente dentro del proceso penal seguido contra su persona, conforme se acredita con la presentación de los memoriales de 13 de junio de 2022, a través del cual solicitó la emisión de varios requerimientos fiscales. En ese sentido y con esa documentación se demuestra que los accionantes ejercen plenamente su derecho a la defensa; por lo que, tampoco asiste el segundo presupuesto establecido para la procedencia de la acción de libertad por presuntas irregularidades del debido proceso. En ese marco, corresponde que los accionantes activen los medios y recursos previstos en la normativa procesal penal en la vía ordinaria para el reclamo de las presuntas irregularidades del derecho al debido proceso ahora denunciadas y una vez agotados los mismos, si consideran que las irregularidades denunciadas persisten, deberá acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, que se constituye en la vía idónea para la tutela del derecho al debido proceso que no se encuentre vinculado a la libertad. En ese sentido, al no cumplirse con los dos presupuestos concurrentes que permitan tutelar mediante esta acción de libertad las vulneraciones del derecho al debido proceso denunciadas, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Con relación a su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, si bien la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en un mecanismo procesal idóneo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, conforme la SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
(…)
Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”; por ello, es necesario precisar que en el caso en particular se evidencia que, el acto vulneratorio denunciado por los accionantes a través de su representante sin mandato, no es la causa directa de restricción a la libertad y no se encuentran en absoluto estado de indefensión; por lo que, al no cumplirse con los requisitos para que a través de esta acción de libertad se ingrese a analizar las supuestas vulneraciones denunciadas vinculadas al derecho al debido proceso, tal como se fundamentó anteriormente, no corresponde emitir pronunciamiento alguno al respecto.
Asimismo, los accionantes también alegan la vulneración del derecho a la igualdad de partes; sin embargo, se evidencia que en su memorial de interposición de esta acción de libertad, no expresaron de forma clara la vinculación de dicho derecho en su núcleo escencial con alguno de los bienes jurídicos que protege esta acción de defensa; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, en cuanto a ese aspecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 630/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 54 a 55 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0394_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 687b438434a10457fc8a3ddae3931d08c2c3577249833ec320b94126fbad7ae6
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