Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela considera que se han vulnerado sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, a la libertad personal, y, al debido proceso, señalando que el Vocal demandado a tiempo de emitir el Auto de Vista 539/22 de 10 de agosto de 2022, no realizó una adecuada fundamentación y motivación pues no valoró de forma correcta las pruebas que presentó para enervar los riesgos procesales del art. 235.1 y 2 del CPP que mantenían su detención preventiva. Por lo que solicita que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 539/22, emitiéndose una nueva resolución bajo los parámetros del debido proceso y el principio de presunción de inocencia; y, b) Que el Vocal demandado pida todos los antecedentes al Juez a quo incluida las pruebas ofrecidas por la defensa, y se tome en cuenta el informe policial, a fin de que el art. 235.2 del CPP, sea analizado conforme a los lineamientos constitucionales bajo los principios de favorabilidad, disponiéndose una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva; toda vez que, ésta no puede convertirse en una pena anticipada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la la Resolución 12/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 72 a 74 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0393/2025-S3 Sucre, 20 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52204-2022-105-AL Departamento La Paz En revisión la Resolución 12/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 72 a 74 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paulo Alejandro Peredo Mantilla en representación sin mandato de William Eduardo Fernández El Hage contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 41 a 43 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de armas, el 4 de noviembre de 2021, actuando de buena fe y colaborando eficazmente con los actos investigativos, se presentó voluntariamente a prestar su declaración informativa, pero, fue aprehendido y posteriormente, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Patacamaya del mismo departamento. Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva, fijándose audiencia para el 13 de enero de 2022, en la cual la autoridad judicial a través del Auto Interlocutorio 8/22 de 13 de enero 2022, enervó el riesgo procesal previsto en el art. 234 núm.1 en su integridad y no así los riesgos señalados en los arts. 234.2 y 235 núms. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); señalando que la documentación presentada era insuficiente para desvirtuar tales riesgos procesales, en consecuencia, amplio la detención preventiva por tres meses más. Más tarde, mediante Auto Interlocutorio 146/2022 de 17 de mayo, una vez más el mencionado Juez cautelar, rechazó la solicitud cesación de la detención preventiva, manteniendo vigente esa medida extrema, argumentando que permanecían los riesgos procesales previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP, contra esta determinación, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 539/2022 de 10 de agosto, que confirmó la resolución impugnada, ratificando la detención preventiva con base en los mismos riesgos procesales. Finalmente sostiene que ambas resoluciones judiciales carecen de la debida fundamentación y motivación, ya que los riesgos procesales de obstaculización previstos en el art. 235 numerales 1 y 2 del CPP no fueron evaluados correctamente, pues las pruebas presentadas junto a la solicitud de cesación no fueron debidamente consideradas, limitándose las autoridades a una lectura parcial del informe policial elaborado por el investigador asignado al caso. Además, alega que se realizó una valoración incorrecta, contraria a lo peticionado y a los estándares probatorios exigidos, toda vez que se adjuntaron todas las actas de declaración de las personas que prestaron su testimonio, tanto en calidad de testigos como de sindicados, lo cual demostraría que no existe ninguna persona sobre la cual pudiera ejercer influencia negativa. Asimismo, adjuntó copias de la resolución de imputación formal y de la resolución de declaratoria de rebeldía, a fin de acreditar que los supuestos riesgos procesales ya no subsisten.
El demandante de tutela considera lesionado sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, a la libertad personal y al debido proceso; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 539/22 de 10 de agosto de 2022, emitiéndose una nueva resolución bajo los parámetros del debido proceso y el principio de presunción de inocencia; y, b) Que el Vocal demandado pida todos los antecedentes al Juez a quo incluida las pruebas ofrecidas por la defensa, y se tome en cuenta el informe policial, a fin de que el art. 235.2 del CPP, sea analizado conforme a los lineamientos constitucionales bajo los principios de favorabilidad, disponiéndose una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva; toda vez que, ésta no puede convertirse en una pena anticipada.
La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 23 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 70 a 71 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, indicó que, bajo el principio de verdad material y lealtad procesal, debía informar que, el pasado fin de semana, interpuso otra acción de libertad, ante el Juzgado de turno, que concedió la tutela solicitada, es en ese sentido y siendo que la situación es la misma en cuanto al objeto y a la petición y con el fin de no generar duplicidad de decisión constitucionales, es que se pone a su conocimiento esas circunstancias. Una vez que el Juez de garantías analizó la Resolución Constitucional, al que hizo referencia el peticionante de tutela, preguntó, si la razón por la cual esa acción fue presentada contra otra Vocal, fue porque el Auto Interlocutorio 759/2022, del cual se solicitó su anulación, fue emitida posteriormente al Auto de Vista emitido por el Vocal Henry David Sánchez Camacho, autoridad demandada en la acción de libertad, y que si posterior a la emisión del mencionado Auto de Vista, presentó otras solicitudes a lo que el abogado del impetrante de tutela respondió que era correcto lo señalado.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe 52/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 54 a 59 vta., solicitó que se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: 1) El Auto de Vista 539/2022, cumple con el debido proceso en sus variantes de motivación, fundamentación así como con la congruencia con aspectos de hecho y derecho, siendo que en los numerales 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 de manera clara y coherente se dan respuesta a los agravios, fundamentados en la audiencia por el ahora demandante de tutela, por lo que, podrá advertir que no se vulnere el derecho alguno y la solicitud no se adecua a derecho; 2) En la acción de libertad presentada por el impetrante de tutela, se hacen reclamos que ya fueron resueltos por el Auto de Vista 539/2022; y, 3) El Auto de Vista 539/2022, en su parte considerativa y dispositiva ha valorado los medios probatorios ofrecidos por la parte imputada otorgándole el valor correspondiente de forma motivada y fundamentada.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 12/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 72 a 74 vta., denegó la tutela solicitada, señalando que: i) Previo a ingresar a la posibilidad del análisis de fondo es necesario señalar que la autoridad demandada emitió el Auto de Vista 539/2022 de 10 de agosto, la cual es objeto de la presentación de esta acción tutelar, empero, conforme se tiene expresado en ésta audiencia el abogado de la parte impetrante de tutela ha hecho referencia a que posterior a la emisión de la mencionada Resolución se ha realizado una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva la misma que fue objeto de un recurso de apelación, cuyo Auto de Vista emitido, a su vez fue objeto de otra acción de libertad dirigida en contra de Armando Zeballos Huarachi, y Rosmery Pabón Chávez y que fue resuelta a través de la Resolución 40/2022 de 9 de noviembre, en este sentido se tiene dos resoluciones dirigidas a resolver la situación procesal del impetrante de tutela, uno anterior de la autoridad demandada y otra posterior; ii) El principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad busca establecer que esa acción de defensa no sea desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo que provoque confrontación jurídica, por lo que, si impugnada una resolución la misma es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción de libertad, el imputado voluntariamente realizó una nueva petición ante la autoridad ordinaria pendiente de un nuevo análisis y reconsideración, en estos casos ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera resolución judicial donde se emitió el auto de vista inclusive, caso contrario provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones; y, iii) En el caso en concreto, conforme a los antecedentes emitidos, se tiene que el demandante de tutela ha procedido a realizar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva a efectos de reconsideren su situación jurídica, por lo cual, su comportamiento se adecua al principio de su subsidiariedad excepcional correspondiendo denegar a tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de armas, le impusieron medidas cautelares de detención preventiva en el Centro Penitenciario de Patacamaya; por lo que, interpuso cesación a la detención preventiva, la cual fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 146/22 de 17 de mayo, que resolvió la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por William Fernández El Hage, (fs. 10 a 14 vta.). II.2 Posteriormente interpuso recurso de apelación a dicha determinación, por lo que mediante Auto de Visa 539/2022 del 10 de agosto, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró la admisibilidad de recursos de apelación interpuesto por William Eduardo Fernández El Hage y determinó la improcedencia de las cuestiones propuestas, confirmando el Auto Interlocutorio 146/2022 del 17 de mayo, dictado por el Juez de Instrucción Décimo Penal del citado distrito judicial, (fs. 48 a 51 vta). II.3. Se tiene la Resolución Constitucional 40/2022 del 9 de noviembre, por la cual el Juez de garantías dentro de la acción de libertad interpuesta por Paolo Alejandro Peredo Mantilla en representación sin mandato de William Eduardo Fernández El Hage contra Armando Zeballos Huarachi, Juez de Instrucción en lo Penal Décimo; y, Rosmery Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamento de Justicia, ambos, del departamento de La Paz concedió la tutela solicitada por el peticionante de tutela y disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 256/2022 de 23 de agosto, ordenado que se emita una nueva Resolución, conforme a los elementos de prueba adjunta en la audiencia de 23 de agosto de 2022, el cual ha sido omitido (alerta migratoria) la cual debe ser valorada por la autoridad jurisdiccional al momento de decidir sobre el riesgo procesal del art. 234. 2 de CPP; en consecuencia, determinar con ello si corresponde o no la cesación de la detención preventiva siempre bajo el principio establecido en los artículos 7. 221 y 222 del CPP, en relación a la conducta de la Vocal codemandada, al ser dependiente el Auto de Vista 759/2022 de 7 de octubre, íntegramente relacionado al Auto Interlocutorio 256/2022. (fs. 60 a 69), que se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional en el 51763-2022-104-AL.
El impetrante de tutela considera que se han vulnerado sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, a la libertad personal, y, al debido proceso, señalando que el Vocal demandado a tiempo de emitir el Auto de Vista 539/22 de 10 de agosto de 2022, no realizó una adecuada fundamentación y motivación pues no valoró de forma correcta las pruebas que presentó para enervar los riesgos procesales del art. 235.1 y 2 del CPP que mantenían su detención preventiva. Por lo que solicita que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 539/22, emitiéndose una nueva resolución bajo los parámetros del debido proceso y el principio de presunción de inocencia; y, b) Que el Vocal demandado pida todos los antecedentes al Juez a quo incluida las pruebas ofrecidas por la defensa, y se tome en cuenta el informe policial, a fin de que el art. 235.2 del CPP, sea analizado conforme a los lineamientos constitucionales bajo los principios de favorabilidad, disponiéndose una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva; toda vez que, ésta no puede convertirse en una pena anticipada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, desarrolló el siguiente razonamiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la 1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 4El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 5El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.
(…)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal.
En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. Entendimiento jurisprudencial extraído de la SCP 0269/2025-S1 de 10 de abril de 2025.
El accionante alega que el Auto de Vista 539/2022 de 10 de agosto, vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de circulación, a la dignidad, a la libertad personal y al debido proceso, al no realizar una adecuada fundamentación y motivación, ni valorar correctamente las pruebas presentadas para desvirtuar los riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP, manteniendo firme el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva. Es importante señalar que, posterior a la emisión del Auto de Vista 539/2022, el accionante optó por presentar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, la cual fue resuelta mediante el Auto Interlocutorio 256/2022, que ratificó su detención preventiva. Esta resolución fue apelada y dio lugar al Auto de Vista 759/2022 de 7 de octubre, el cual también fue objeto de una nueva acción de libertad. Dicha acción fue resuelta favorablemente por el juez de garantías, quien concedió la tutela solicitada y dispuso la anulación de las mencionadas resoluciones, conforme se tiene de los datos anotados en la Conclusión II.3 y confirmada por el abogado del impetrante de tutela en la audiencia de esta acción de libertad, cabe remarcar que esta acción de defensa se encuentra actualmente en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo el número de expediente 51763-2022-104-AL. En este contexto, resulta pertinente referirse al principio de subsidiariedad excepcional, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional, que establece que la acción de libertad no debe ser utilizada como una vía alternativa cuando existen medios ordinarios de impugnación idóneos y eficaces para restituir los derechos presuntamente vulnerados. Este principio busca evitar la duplicidad de resoluciones y la desnaturalización del objeto de la acción de libertad. En el presente caso, se ha verificado que el peticionante de tutela, en lugar de activar de manera inmediata la acción de libertad contra el Auto de Vista 539/2022, optó por presentar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, la cual fue nuevamente evaluada y resuelta por la autoridad judicial ordinaria. Este comportamiento procesal demuestra que el demandante de tutela decidió someterse voluntariamente a una nueva revisión por parte de la jurisdicción ordinaria, lo cual se enmarca en la cuarta subregla de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, contemplada en el Fundamento Jurídico II.1 de esta Sentencia. Dicha subregla establece que, cuando una resolución es confirmada en apelación, pero el imputado, en lugar de interponer de inmediato una acción de libertad, decide presentar una nueva solicitud ante la jurisdicción ordinaria para reconsiderar su situación jurídica, no corresponde luego acudir a la jurisdicción constitucional para impugnar la resolución anterior. Esto se debe a que las partes deben actuar con lealtad procesal, evitando la generación de resoluciones contradictorias o duplicadas en ambas jurisdicciones, lo cual puede afectar negativamente el desarrollo del proceso penal. En ese marco, al haber el accionante optado por presentar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, en lugar de activar oportunamente la acción de libertad contra el Auto de Vista 539/2022, no actuó conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, perdiendo así la oportunidad de cuestionar dicha resolución a través de la vía constitucional. En virtud de lo expuesto, y conforme al principio de subsidiariedad excepcional, corresponde denegar la tutela solicitada, toda vez que el impetrante de tutela agotó de manera oportuna los medios ordinarios de impugnación y luego optó por una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, lo que impide ahora cuestionar el Auto de Vista 539/2022 mediante la acción de libertad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la la Resolución 12/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 72 a 74 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0393_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
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