Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 5 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, al debido proceso en su elemento de defensa y al principio de presunción de inocencia, debido a que, si bien, su persona fue objeto de un proceso sumario interno en la vía administrativa; sin embargo, el mismo estuvo plagado de ilegalidades, al haberse arrogado el Tribunal Sumariante Mixto una facultad privativa ajena, usurpando funciones de las autoridades judiciales y el rol del Ministerio Público para la calificación de una figura legal punitiva, como es el hurto o robo bajo el contexto del art. 16 inc. g) de la LGT, sin considerar su condición especial de persona con discapacidad física motora en un 53%, además de afectar el interés superior de sus hijos menores de edad, pues se quedó sin recursos económicos para su sostenimiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial y de las Familias Segunda de Guayaramerin del departamento del Beni; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0393/2025-S1 Sucre, 5 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54445-2023-109-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 2/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Osman Claure Saucedo contra Rolando Domínguez Soleto, Gerente General; Enrique Alfonzo Mojica Bertón, Gerente Agencia Regional; Osman Vaca Montero, Jefe del Departamento de Procesos Legales; Oscar Guardia López, Asistente de Gestión de Usuarios; Rossemir Carrizales Arteaga; Elinor Córdova Arze; y, Dilma Martínez Gonzales, miembros del Tribunal Sumariante Mixto; Guido Cárdenas Pérez, Gerente de Negocios; y, Betty Gonzales Gutiérrez, Gerente de Desarrollo Organizacional, todos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” Responsabilidad Limitada (R.L.).
Por memorial presentado el 20 de marzo de 2023, cursante de fs. 52 a 56 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que como auxiliar de caja de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., previo proceso disciplinario interno fue notificado con la Resolución Administrativa (RA) de 17 de diciembre de 2022, dictada por los miembros del Tribunal Sumariante Mixto de dicha entidad financiera, que según la teoría fáctica de los hechos, el 5 de diciembre de 2022, su persona hubiere tomado o dispuesto cuatro billetes de Bs50.-(cincuenta bolivianos) que en total sumarian Bs200.-(doscientos bolivianos) lo que llegaría a constituir apropiación indebida, hurto o toma ilegitima de material monetario de la referida Cooperativa para beneficio propio y/o incumplimiento del contrato de trabajo, imponiéndole la sanción de desvinculación laboral, por haber incurrido presuntamente en una falta grave establecida en el art. 100 inc. “o” en relación con los arts. 102 inc. f) y 105 del Reglamento Interno de la mencionada institución financiera, además de los arts. 16 inc. g) de la Ley General del Trabajo (LGT) referido al robo o hurto por el trabajador y abuso de confianza; 9 inc. g) de su Reglamento; y, 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad. Contra la referida Resolución Administrativa, el 29 de diciembre de 2022, interpuso recurso de revocatoria, impetrando se declare su procedencia y se anule dicha sanción, argumentando que su presunto accionar de ninguna manera encaja, ni se encuadra a la tipificación de falta grave que establece el Reglamento de la referida entidad, motivo por el cual, no se efectuó la debida subsunción sobre su aparente conducta infractora, ya que en todo caso, debió tipificarse como una falta leve, que no ameritaba el despido. La RA de 17 de diciembre de 2022, incurrió en inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de la institución, debido a su carente, deficiente, sesgada y contradictoria fundamentación, además de una defectuosa valoración de los medios probatorios de cargo y especialmente respecto al análisis de los términos de su declaración jurada, a través de la cual aclaró y justificó los hechos ocurridos al momento del arqueo de control. Así, en el hipotético caso de haberse apropiado de Bs200.- en la Resolución Administrativa mencionada y en el proceso sumario desarrollado en su contra, se le vulneró su derecho a la defensa, establecido en los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), al desconocerse el principio de presunción de inocencia; debido a que, ante el Ministerio Público o la instancia judicial competente, no se determinó conforme a ley la existencia de una figura punitiva que sea contraria al orden legal, como es el robo, hurto o apropiación indebida de fondos monetarios, lo que demostraría que el Tribunal Sumariante se arrogó una facultad privativa ajena, usurpando funciones de las autoridades judiciales y el rol del Ministerio Público para la calificación de una figura legal punitiva, bajo el contexto del art. 16 inc. g) de la LGT, situación que por disposición del art. 122 de la CPE, resultan nulos los actos de los que ejercen jurisdicción y potestad que no emane de la ley. Con base a estos argumentos, solicitó en el recurso planteado, se revoque y se deje sin efecto la RA de 17 de diciembre de 2022, por cuanto es inocente de la comisión de delito alguno y por ello exigió el respeto a su estabilidad e inamovilidad laboral en el marco del art. 48 de la CPE, además que se lo reincorpore a su fuente laboral con la restitución de sus derechos conculcados, debido a que no podía disponerse su despido mediante un proceso sumario interno, bajo la concurrencia de la causal establecida en el art. 16 inc. g) de la LGT, referida al robo o hurto, ya que dicha causal no fue determinada por la instancia judicial competente, máxime si dicha acusación contiene un hecho de escasa relevancia social.
Por efecto de dicha impugnación se emitió la RA de 4 de enero de 2023, que resolvió su recurso de revocatoria, rechazando la misma y confirmando la referida Resolución Administrativa, manteniendo subsistente la determinación asumida de la presunta comisión de falta grave y persistiendo en la sanción de despido de su fuente laboral, invocando la SCP 0353/2014 de 21 de febrero; contra dicha determinación, mediante escrito de 12 de enero de 2023, interpuso recurso jerárquico, poniendo de manifiesto que si bien por disposición del art. 203 de la CPE, las decisiones y sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son obligatorias y contra ellas no cabe recurso ulterior; sin embargo, para que su razón de decidir o fundamentos jurídicos se aplique al caso concreto, deben de gozar de analogía fáctica, aspecto que no ocurre en el caso de autos. Lo dispuesto en el art. 48 por disposición del art. 410, ambos de la CPE, goza de primacía frente a cualquier otra disposición, es decir, frente al Reglamento Interno de la institución financiera y demás normativa que pueda aducir la señalada Cooperativa, para pretender adecuar y forzar un despido que no procede ante un hecho de escasa relevancia social, más aún, si es una persona que sufre discapacidad física y ante ello, goza de protección en el marco de los arts. 70 y 71 de la CPE, pues nunca ocasionó ningún daño a la institución, no obstante lo manifestado, el Gerente General de la institución financiera, por Resolución de Recurso jerárquico de 19 de enero de 2023, decidió rechazar su impugnación, por lo que tiene cumplido el principio de subsidiariedad al no existir recurso ulterior contra la Resolución que resolvió el recurso jerárquico, y por la data de las resoluciones administrativas emitidas cumple también el principio de inmediatez, más aún, si el 31 de enero de 2023, fue emplazado con los oficios de 27 de igual mes y año, donde ratifican su despido. Si bien es cierto, que su persona fue objeto de un previo proceso sumario interno en la vía administrativa; sin embargo, el mismo estuvo plagado de irregularidades o ilegalidades, cuyos defectos absolutos e insubsanables vulneraron su derecho a la defensa y se desconoció el principio de presunción de inocencia, lo que repercutió en su derecho a la inamovilidad y estabilidad laboral en su vertiente de acceso a un salario o remuneración establecidos en los arts. 46, 48.II y 49.III de la CPE, al no haber considerado su condición especial de persona con discapacidad física motora en un 53%, además de restringirse su derecho al trabajo y el interés superior de sus hijos menores de edad al no contar con recursos económicos para su sostenimiento.
Denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, al debido proceso en su elemento de defensa y al principio de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 46, 48.II, 49.III, 70, 71, 72, 115.II, 116 y 180 de la CPE; y, 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se determine la ilegalidad en la que se incurrió en el proceso sumario administrativo, donde se quebrantó el debido proceso, debiendo disponerse su inmediata reincorporación laboral en el cargo del que fue destituido y el pago de sueldos devengados que no percibió desde su despido, además de hacerse efectivo sus demás derechos previstos por ley; y, b) Se condene con costas y costos procesales a los responsables y todo cuanto corresponde en derecho.
La audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar se realizó el 22 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 75 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, en audiencia, se ratificó en los términos de la acción tutelar, y ampliando los mismos, señaló que los Bs200.- fueron devueltos ese mismo día, pero por malos entendidos con el Gerente Regional, no se consideró su situación y se remitió a un proceso sumario, sin tomar en cuenta que en anterior oportunidad también hubo un sobrante de Bs2000.-(dos mil bolivianos) que no fueron reconocidos, así también sobre otro faltante de Bs2000.- que tuvo que reponer de su bolsillo.
Rolando Domínguez Soleto, Gerente General; Enrique Alfonzo Mojica Bertón, Gerente Agencia Regional; Osman Vaca Montero, Jefe del Departamento de Procesos Legales; Oscar Guardia López, Asistente de Gestión de Usuarios; Rossemir Carrizales Arteaga; Elinor Córdova Arze; y, Dilma Martínez Gonzales, miembros del Tribunal Sumariante Mixto; Guido Cárdenas Pérez, Gerente de Negocios; y, Betty Gonzales Gutiérrez, Gerente de Desarrollo Organizacional, todos ellos, funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitieron informe alguno pese a su citación cursante de fs. 58 vta. a 62 vta.
La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial y de las Familias Segunda de Guayaramerin del departamento del Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 2/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 76 a 78, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Por el carnet adjunto, constató que el ahora accionante es una persona discapacitada con una imposibilidad física motora del 53%, correspondiendo aplicar la excepción al principio de subsidiariedad, no siendo exigible agotar las instancias previas para acudir directamente a la jurisdicción constitucional; 2) De los antecedentes cursantes y analizadas las pruebas, se evidencia que el impetrante de tutela, cumplía funciones de Auxiliar de Caja en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L. de la ciudad de Guayaramerin y fue sometido a un proceso sumario interno y como consecuencia se emitió la Resolución Administrativa, a través de la cual fue despedido de su fuente laboral por presuntamente haber incurrido en faltas graves que dan lugar a la destitución del trabajador, conducta que estuviera prevista en el art. 100 inc. o), 102 inc. f) y 105 del Reglamento Interno de la Cooperativa; 3) Por las literales adjuntas a la presente acción de amparo constitucional, se evidencia que el ahora solicitante de tutela, hizo uso de los medios de impugnación como son el de revocatoria y jerárquico, habiendo sido rechazadas ambas impugnaciones por el Tribunal Sumariante y por el Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L.; 4) Agotados los recursos en la vía administrativa, se procedió al despido del accionante a partir del 31 de enero de 2023, como resultado del proceso interno que determinó causales de despido, aspectos que fueron reconocidos por el propio impetrante de tutela en su memorial de amparo constitucional y oralmente en la audiencia; 5) El rompimiento de la relación laboral fueron por causas establecidas en la Resolución Administrativa emergente del sumario interno, respetándose el debido proceso al haber el accionante participado del mismo desde el inicio e interpuesto los recursos correspondientes, ejerciendo su derecho a la defensa, lo que demuestra que el Memorándum de despido se encuentra justificado; 6) La denuncia de maltrato constante al accionante por parte de sus superiores debe ser tramitada ante la autoridad llamada por ley; 7) Si bien el demandante de tutela al tener una incapacidad motora del 53% goza de estabilidad laboral, la cual está respaldada por los arts. 74 inc 4) de la CPE y 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad, se debe considerar que esta inamovilidad o derecho laboral no es indefinido y no constituye una autorización para infringir normativas, puesto que esta inamovilidad cesa por determinación de autoridad competente previo proceso interno conforme lo determina el Decreto Supremo (DS) 29608 de 18 de junio de 2008, modificado por el DS 27477 de 6 de mayo de 2004 que establece que las personas con discapacidad que presten servicios en sectores públicos o privados, gozaran de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por la ley, al respecto mencionó la SC 1422/2004-R de 31 de agosto y SSCCPP 0087/2011-R de 7 de abril y 1052/2012 de 5 de septiembre; y, 8) La inamovilidad laboral por la condición de discapacidad del accionante dejó de surtir efecto al haber sido sometido a un proceso interno dentro de la institución financiera, donde ejerció plenamente su derecho a la defensa y se determinó las causales de despido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Por Memorándum de 13 de diciembre de 2022, Rolando Domínguez Soleto, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., hizo conocer a Osman Claure Saucedo, Auxiliar de Caja Agencia Guayaramerin de la referida Cooperativa -ahora accionante- la instauración de un sumario informativo y la citación para que preste su declaración informativa ante el Tribunal Sumariante Mixto, con el propósito de esclarecer y averiguar los hechos suscitados el 5 de diciembre de 2022, respecto a la diferencia negativa encontrada de Bs200.- en las operaciones de la caja a su cargo y la presunta apropiación indebida de estos fondos y/o incumplimiento del contrato de trabajo, que tiene derecho a ser escuchado y presentar las pruebas que estime conveniente en su descargo (fs. 13). II.2. Mediante RA de 17 de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal Sumariante Mixto, como consecuencia del sumario interno seguido contra el impetrante de tutela, se determinó la existencia de responsabilidad del trabajador, por incurrir en la infracción grave establecida en el art. 100 inc “o”, así como haber incurrido en las causales de despido comprendidas en los arts. 102 inc. f) y 105 del Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., determinando por unanimidad el despido del ahora accionante y la disolución del contrato de trabajo, por concurrir causa justificada en el marco de los arts. 16 inc. g) de la LGT, 9 de su Reglamento y 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (fs. 17 a 20). II.3. Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, el ahora accionante interpuso recurso de revocatoria contra la RA de 17 de diciembre de 2022, impugnación que fue respondida por el Tribunal Sumariante en la RA de 4 de enero de 2023, rechazando el recurso (fs. 21 a 28 vta.). II.4. A través del escrito presentado el 13 de enero de 2023, el ahora impetrante de tutela presentó recurso jerárquico, que fue resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico de 19 de igual mes y año, por Juan Carlos Balcázar Espinoza, Gerente General a.i. de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., rechazando el recurso interpuesto (fs. 30 a 39). II.5. Cursa Memorándum de despido del ahora accionante de 27 de enero de 2023, emitido por Guido Cárdenas Pérez, Gerente de Negocios y Betty Gonzales Gutiérrez, Gerente de Desarrollo Organizacional, ambos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., comunicándole que debe trabajar hasta el 31 de igual mes y año (fs. 41). II.6. Consta carnet de discapacidad del impetrante de tutela, emitido por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), que acredita que tiene una deficiencia física motora del 53% (fs. 45).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, al debido proceso en su elemento de defensa y al principio de presunción de inocencia, debido a que, si bien, su persona fue objeto de un proceso sumario interno en la vía administrativa; sin embargo, el mismo estuvo plagado de ilegalidades, al haberse arrogado el Tribunal Sumariante Mixto una facultad privativa ajena, usurpando funciones de las autoridades judiciales y el rol del Ministerio Público para la calificación de una figura legal punitiva, como es el hurto o robo bajo el contexto del art. 16 inc. g) de la LGT, sin considerar su condición especial de persona con discapacidad física motora en un 53%, además de afectar el interés superior de sus hijos menores de edad, pues se quedó sin recursos económicos para su sostenimiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2022-S1 de 2 de junio, estableció el siguiente razonamiento: La jurisprudencia constitucional con relación a la estabilidad laboral de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, tuteló el citado derecho en los casos en los que se produjo despidos intempestivos de personas con capacidades diferentes, en las SSCC 1550/2004-R de 29 de septiembre 0988/2006-R de 9 de octubre y 1El FJ III.3, precisa: “En consecuencia, la normativa y la jurisprudencia constitucional anteriormente citadas, son aplicables en la resolución del caso planteado considerando que la recurrente fue designada el 3 de febrero de 2003 como Secretaria del Área de Unidad Financiera con el ítem 22002, posteriormente el 11 de marzo de 2004 fue nombrada responsable de la emisión de cheques y venta de valores fiscales, cargo que desempeñó hasta el 15 de junio de 2004, cuando le pasaron su memorandum de retiro, sin considerar que se trata de una persona con discapacidad puesto que sufre de síndrome convulsivo, siendo miembro de la Federación Orureña de la Persona con Discapacidad, gozando por lo tanto de estabilidad laboral toda vez que no puede ser retirada de su fuente de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno conforme establece la norma del art. 5.I del DS 27477 de 6 de mayo al señalar que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. Consiguientemente, al haberse procedido a su retiro a través de un memorando con el justificativo de que se trata de instrucciones superiores, obviando su condición de persona discapacitada se ha vulnerado el derecho al trabajo de la recurrente, puesto que no constituye una causal justificada para su destitución” 2El FJ III.2, precisa: “De la norma precedentemente señalada, se infiere que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente con discapacidad de ese trabajador o funcionario, garantiza su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada al derecho al trabajo de las 0479/2010-R de 5 de julio, entre otras; del mismo modo, garantizó la inamovilidad funcionaria y laboral de personas que tienen bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes conforme a ley, a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril y la SCP 0614/2012 de 23 de julio, entre otras. El entendimiento señalado fue desarrollado en la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre. Del mismo modo, la SC 0477/2011-R de 18 de abril, con relación al tema establece:
El DS 27477, a tiempo de determinar los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicha norma legal; en su art. 3 dispone la estabilidad laboral, al señalar que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo las causas legalmente establecidas, previo proceso; así también el art. 5 del citado Decreto Supremo, de manera expresa prevé que: ´I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causas establecidas por Ley; II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente´.
´De las normas desarrolladas precedentemente, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso´.
Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales. En ese contexto y con relación a los trabajadores o funcionarios discapacitados sin previo proceso, este Tribunal en la SC 1422/2004-R, señaló que éste -el Tribunal Constitucional- 'abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado'”. 3El FJ III.2, refiere: “En ese marco, de las normas precedentemente señaladas se infiere que, el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales”. 4El FJ III.2, sostiene: “En ese orden y teniendo presente que el contenido de la Ley 1678 y de los Decretos Supremos (DDSS) 27477 y 29608, no son contrarios a los preceptos constitucionales explicados, resulta conveniente traer a colación la disposición contenida en el art. 2.II de este último Decreto Supremo, relativo a la inamovilidad laboral para las ‘personas discapacitadas’ que presten servicios en los sectores públicos o privados, ámbito de protección que se amplía a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a ‘personas con discapacidad’; lo que significa, que ninguna persona con capacidad diferente que preste servicios en una institución pública o entidad privada, podrá ser removida de sus funciones, al igual que aquellas que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes. Empero, la norma establece una salvedad a esa protección y/o resguardo a la fuente laboral, al disponer que la inamovilidad laboral no será aplicable cuando concurran causales establecidas por ley; de donde se desprenden dos situaciones, primero, que las personas comprendidas en el ámbito de protección de las citadas disposiciones legales, incurran en causales establecidas por ley para la conclusión del vínculo laboral previo debido proceso; y segundo, que por efecto de la ley, la relación laboral ya no pueda continuar en las mismas condiciones, lo que no significa de manera alguna la conclusión del vínculo laboral, sino su persistencia en otras circunstancias y/o funciones, sin afectar su escala salarial, que le permita alcanzar para sí y su familia una vida digna”.
trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un ´(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado´.
En ese sentido, la Sentencia aludida, señaló: ´(…) el DS 27477 de 6 de mayo de 2004 en el art. 1 establece el "OBJETO" de su promulgación al señalar: "El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)´. ´A su vez el art. 3 inc. c) del mismo DS se refiere al "Principio de estabilidad laboral" por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. De la misma manera el art. 5.I) de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley, presupuestos que no se han dado en el caso de autos, en el que el recurrente fue retirado de sus funciones sin proceso previo y por 'supuesta reestructuración', lo que no constituye una causal justificada para su destitución (las negrillas son agregadas).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, al debido proceso en su elemento de defensa y al principio de presunción de inocencia, debido a que, si bien, su persona fue objeto de un proceso sumario interno en la vía administrativa; sin embargo, el mismo estuvo plagado de ilegalidades, al haberse arrogado el Tribunal Sumariante una facultad privativa ajena, usurpando funciones de las autoridades judiciales y el rol del Ministerio Público para la calificación de una figura legal punitiva, como es el hurto o robo bajo el contexto del art. 16 inc. g) de la LGT, sin considerar su condición especial de persona con discapacidad física motora en un 53%, además de afectar el interés superior de sus hijos menores de edad, pues se quedó sin recursos económicos para su sostenimiento. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, mediante Memorándum de 13 de diciembre de 2022, Rolando Domínguez Soleto, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., hizo conocer al accionante la instauración de un sumario informativo, citándole para que preste su declaración informativa ante el Tribunal Sumariante Mixto, con el propósito de esclarecer y averiguar los hechos suscitados el 5 de diciembre de 2022, respecto a la diferencia negativa encontrada de Bs200.- en las operaciones de la caja a su cargo y la presunta apropiación indebida de estos fondos y/o incumplimiento del contrato de trabajo, que tiene derecho a ser escuchado y presentar las pruebas que estime conveniente en su descargo (Conclusión II.1). Posteriormente, mediante RA de 17 de diciembre de 2022, el Tribunal Sumariante Mixto de la referida Cooperativa, determinó la existencia de responsabilidad del impetrante de tutela, al haber incurrido en la infracción grave establecida en el art. 100 inc “o”, así como en las causales de despido comprendidas en los arts. 102 inc. f) y 105 del Reglamento Interno de la Cooperativa, determinando por unanimidad el despido del ahora accionante y disponiendo la disolución del contrato de trabajo, por concurrir causa justificada en el marco de los arts. 16 inc. g) de la LGT, 9 de su Reglamento y 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (Conclusión II.2). Por efecto de dicha decisión, a través del memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, el ahora accionante interpuso recurso de revocatoria en contra de la RA de 17 de diciembre de 2022; impugnación que fue resuelta por el Tribunal Sumariante mediante la RA de 4 de enero de 2023, rechazando el recurso interpuesto (Conclusión II.3). Contra dicha determinación, por escrito presentado el 13 de enero de 2023, el ahora impetrante de tutela, presentó recurso jerárquico, que fue resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico de 19 de igual mes y año por Juan Carlos Balcázar Espinoza, Gerente General a.i. de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., rechazando la referida impugnación (Conclusión II.4). Emergente de aquello, el 27 de enero de 2023, le fue entregado al solicitante de tutela el Memorándum de despido, emitido por Guido Cárdenas Pérez, Gerente de Negocios y Betty Gonzales Gutiérrez, Gerente de Desarrollo Organizacional, ambos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., comunicándole que trabajará hasta el 31 de igual mes y año (Conclusión II.5). Finalmente, cursa, carnet de discapacidad del impetrante de tutela, emitido por el CONALPEDIS, que acredita que tiene una deficiencia física motora del 53% (Conclusión II.6). Con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática traída en grado de revisión, corresponde aclarar que si bien la acción planteada adolece de la adecuada técnica recursiva al no identificar en el marco del principio de subsidiariedad los actos vulneratorios que le hubiera causado la Resolución que resolvió el recurso jerárquico; sin embargo, con la finalidad de verificar la denuncia de los derechos del accionante; garantizando además, el acceso a la justicia constitucional y el principio de justicia material, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, en el marco de la denuncia de ilegalidades en el proceso sumario interno llevado en contra del ahora accionante y en consideración de la fecha de emisión y notificación de las resoluciones emitidas en dicho proceso y la de interposición de la presente acción tutelar. En ese contexto, el ahora accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, al debido proceso en su elemento de defensa y al principio de presunción de inocencia, debido a que, si bien, su persona fue objeto de un proceso sumario interno en la vía administrativa; sin embargo, el mismo estuvo plagado de ilegalidades, al arrogarse el Tribunal Sumariante Mixto una facultad privativa ajena, usurpando funciones de las autoridades judiciales y el rol del Ministerio Público para la calificación de una figura legal punitiva, como es el hurto o robo bajo el contexto del art. 16 inc. g) de la LGT, sin considerar su condición especial de persona con discapacidad física motora en un 53%, además de afectar el interés superior de sus hijos menores de edad, pues se quedó sin recursos económicos para su sostenimiento. En ese sentido, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, de acuerdo al art. 3 inc. c) del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, referido al principio de estabilidad, las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. De la misma manera el art. 5.I de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley. En el contexto referido, de la revisión de antecedentes consignados en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que mediante Memorándum de 13 de diciembre de 2022, Rolando Domínguez Soleto, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., hizo conocer al accionante la instauración de un sumario informativo, citándole para que preste su declaración informativa ante el Tribunal Sumariante Mixto, con el propósito de esclarecer y averiguar los hechos suscitados el 5 de diciembre de 2022, respecto a la diferencia negativa encontrada de Bs200.- en las operaciones de la caja a su cargo y la presunta apropiación indebida de estos fondos y/o incumplimiento del contrato de trabajo, que tiene derecho a ser escuchado y presentar las pruebas que estime conveniente en su descargo. Como consecuencia de dicho proceso sumario interno, el Tribunal Sumariante Mixto de la referida Cooperativa, emitió la RA de 17 de diciembre de 2022, determinando la existencia de responsabilidad del impetrante de tutela, al constatar que incurrió en la infracción grave establecida en el art. 100 inc “o”, así como en las causales de despido comprendidas en los arts. 102 inc. f) y 105 del Reglamento Interno de la Cooperativa, disponiendo por unanimidad el despido del ahora accionante y la disolución del contrato de trabajo, por considerar la concurrencia de causa justificada en el marco de los arts. 16 inc. g) de la LGT, 9 de su Reglamento y 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad. Por efecto de dicha decisión, el ahora accionante interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico, los cuales fueron rechazados en la oportunidad procesal correspondiente. En el contexto referido, se evidencia que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., ante la diferencia negativa encontrada de Bs200.- en las operaciones de la caja a cargo del accionante y la presunta apropiación indebida de estos fondos y/o incumplimiento del contrato de trabajo, le inició un proceso administrativo interno, en el cual, el Tribunal Sumariante Mixto, a través de la RA de 17 de diciembre de 2022, determinó la existencia de responsabilidad del impetrante de tutela, al haber incurrido en la infracción grave establecida en el art. 100 inc. “o”, así como en las causales de despido comprendidas en los arts. 102 inc. f) y 105 del Reglamento Interno de la Cooperativa, disponiendo por unanimidad el despido del ahora impetrante de tutela y la disolución del contrato de trabajo, por concurrir causa justificada en el marco de los arts. 16 inc. g) de la LGT, 9 de su Reglamento y 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad. En tal sentido, en el presente caso, si bien el accionante demostró ser una persona con discapacidad con un porcentaje de deficiencia física motora del 53%, tal como consta del carnet de discapacidad cursante a fs. 45 de obrados (Conclusión II.6.), situándolo en una condición de vulnerabilidad, lo que le permitiría gozar de inamovilidad laboral; sin embargo, esta garantía estatal de contar con una fuente laboral de manera segura, cede cuando concurren las causales de desvinculación establecidas por ley, como ocurrió en el caso concreto, debido a que la Cooperativa ahora demandada, ante la presunta comisión de faltas al Reglamento Interno por toma ilegitima de material monetario de la referida Cooperativa para beneficio propio y/o incumplimiento del contrato de trabajo, inició en contra del impetrante de tutela un proceso sumario interno, donde el ahora impetrante de tutela en el marco del debido proceso hizo uso de su derecho a la defensa, a través de la presentación de pruebas de descargo e interponer los recursos de impugnación correspondientes, para posteriormente, a través de la RA de 17 de diciembre de 2022, determinar que el encausado incurrió en la infracción grave establecida en el art. 100 inc. o), así como en las causales de despido comprendidas en los arts. 102 inc. f) y 105 del Reglamento Interno de la Cooperativa, disponiendo por unanimidad el despido del ahora accionante y la disolución del contrato de trabajo, por concurrir causa justificada en el marco de los arts. 16 inc. g) de la LGT, 9 de su Reglamento y 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad y finalmente emitir el Memorándum de despido de 27 de enero de 2023. Lo que evidencia que el ahora solicitante de tutela, pese a su condición de discapacidad, fue desvinculando de su fuente laboral previo proceso interno, como lo señala el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional como condición de desvinculación de las personas con discapacidad. Finalmente, en cuanto a la denuncia de que el Tribunal Sumariante Mixto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Jesús Nazareno” R.L., se arrogo una facultad privativa ajena, usurpando funciones de las autoridades judiciales y el rol del Ministerio Público para la calificación de una figura legal punitiva, como es el hurto o robo bajo el contexto del art. 16 inc. g) de la LGT. Al respecto, corresponde aclarar que aquello no resulta evidente, pues las funciones del Ministerio Público o del Juez contralor de garantías no fueron invadidas, debido a que el Tribunal Sumariante de la referida Cooperativa, no investigo un delito para la sanción penal correspondiente, sino una falta grave como causal de desvinculación establecida en su Reglamento Interno y lo dispuesto en los arts. 16 inc. g) de la LGT y 9 de su Reglamento como fue la toma ilegítima de material monetario de la referida Cooperativa para beneficio propio y/o incumplimiento del contrato de trabajo. Por lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada, al no evidenciarse las denuncias de vulneración de derechos del ahora solicitante de tutela. En consecuencia, la Jueza garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial y de las Familias Segunda de Guayaramerin del departamento del Beni; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0393_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): b6fa3a1b9606fce0de831e681912e7ba032790ba7977ddc25f0492eed79a5728
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