Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato alega la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, el Juez Público de Familia Primero del departamento de Cochabamba –hoy demandado–, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, emitió mandamiento de apremio por concepto de liquidación de pago de asistencia familiar; determinación por la cual presentó incidente de nulidad de citación de la demanda que no fue resuelto por su similar Segunda en suplencia legal – codemandada– hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutelar, lo que pone en riesgo su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 58 a 61, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada; manteniéndose en suspenso la ejecución del mandamiento de apremio emitido contra el accionante, en tanto el incidente de nulidad no sea resuelto.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0393/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45335-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 58 a 61, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado y Francisco Javier Mena Soruco, en representación sin mandato de Pablo Álvaro Díaz Martínez, contra Silvia Delia Jiménez Cossio, Jueza Pública de Familia Segunda, en suplencia legal de Rubén Gonzalo Gonzales Ovando, Juez Público de Familia Primero ambos del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 19 de enero de 2022, cursante de fs. 1, 18 a 22, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
El 15 de mayo de 2019, se instaló la audiencia de fijación de asistencia familiar dentro del proceso seguido en su contra, encontrándose el accionante en total estado de indefensión pues no conoció formal y legalmente sobre la demanda en su contra, más allá que para fines procesales se hubiera efectivizado una notificación por edictos, dictándose en ese contexto la Sentencia 26/2019, declarándose probada en parte la demanda con determinaciones que fueron de su total desconocimiento. De forma “astuta” la parte demandante a sabiendas de que la sentencia se promovió “tras bambalinas”, esperó unos meses para solicitar la regulación de asistencia familiar y el correspondiente mandamiento de apremio, que fue dispuesto aproximadamente después de diez meses, procediéndose a emitir el Auto de 22 de marzo de 2021, disponiendo la emisión del mandamiento de apremio librado el 5 de abril de similar año; por lo que, el 10 de agosto de igual año, presentó incidente de nulidad de citación con la demanda, dando a conocer defectos absolutos en los que incurrieron y fueron detonantes para que se libre el citado mandamiento de apremio, encontrándose pendiente de resolución por aproximadamente cinco meses.
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso vinculado a la libertad, citando al efecto los arts. 14.II; 23.I; 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que: a) La autoridad demandada resuelva el incidente de nulidad planteado; y, b) Se deje sin efecto el mandamiento de apremio como amenaza de una posible restricción de su derecho a la libertad.
Celebrada la audiencia pública el 20 de enero de 2022, según consta en acta cursante a fs. 56 a 57, presente la parte accionante y el representante del Ministerio Público, y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante si mandato, en su intervención en audiencia ratificó in extenso en el contenido de su memorial de acción de libertad.
Silvia Delia Jiménez Cossio, Jueza Pública de Familia Segunda en suplencia legal de su similar Primero, ambos del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 20 de enero de 2022, cursante de fs. 53 a 55 vta. manifestó lo siguiente: 1) Dentro del proceso de asistencia familiar seguido contra el accionante la demandante alegó que desconocía el paradero del mismo, ordenándose la notificación al Servicio de Registro Cívico (SERECI) y Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) a objeto e que certifiquen el ultimo domicilio, emitiendo este ultimo los datos precisos y actualizados se ordenó la notificación en dicho domicilio mediante orden instruida y posteriormente a través de edictos; 2) Se designó un defensor de oficio conforme el art 266 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) – Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–quien respondió a la demanda y asistió a las audiencias, estuvo informado de todos los actuados hasta la emisión y recojo del mandamiento de apremio el 8 de abril de 2021 el mismo que no fue ejecutado hasta la fecha; 3) El 10 de agosto de igual año, el ahora impetrante de tutela planteó un incidente de nulidad de citación con la demanda, incidente al que le dio el trámite correspondiente en calidad de Jueza suplente con la respectiva respuesta a la parte adversa, ordenándose que el proceso pase a despacho para resolución y además que se tome en cuenta que su persona no es la Jueza titular del Juzgado Público de Familia Primero; empero, al ser suplente realiza audiencias, emite sentencia, despacho de memoriales por más de ocho meses y la existencia de una excesiva carga procesal en el Juzgado en la que es titular; debiendo tenerse en cuenta el art. 216.III del Código Procesal Civil (CPC) en la cual, refiere que a la autoridad suplente no se le aplicará los plazos señalados en los parágrafos anteriores; por lo que, la resolución del incidente se realizara en su oportunidad por el Juez titular del Juzgado Público de Familia Primero del citado departamento a cargo del proceso; puesto que, ya es de conocimiento público que ya fue designada y asumirá funciones; 4) Dentro del proceso de asistencia familiar se cumplió con el debido proceso en todo momento, siendo que el accionante a la fecha no fue apremiado en consecuencia no se encuentra detenido, sumado a eso en obrados no cursa ningún recurso interpuesto contra la providencia de 22 de marzo de 2021; por el que, se ordenó su apremio, por lo mismo no agotó la subsidiariedad en la vía ordinaria, advirtiéndose además que el impetrante de tutela hasta la fecha no cumplió con la última liquidación de asistencia familiar; por lo que, es la autoridad de familia quien tiene que velar por el interés superior del niño, niña y adolescente conforme a los arts. 60 de la CPE; 6.I, 220 inc. k) del CFPF y 12 del Código Nina, Niño y Adolescente (CNNA), garantizando el interés del menor cuyos derechos tiene preeminencia, primacía en recibir protección y socorro frente a cualquier circunstancia; y, 5) El mandamiento de apremio se ordenó a raíz del incumplimiento del pago de asistencia familiar en favor de una niña de tres años; por lo que, no se encuentra ilegalmente perseguido, indebidamente procesado y tampoco se encuentra privado de su libertad personal, sumado a ello el art. 415.II del CFPF establece que: “El incumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial” (sic); por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Rubén Gonzalo Gonzales Ovando, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de acción de libertad pese a su notificación, cursante a fs. 28.
El representante del Ministerio Público en su intervención en audiencia señalo que: i) Se considere la naturaleza de la acción de libertad, en el presente caso la demanda de asistencia familiar está sujeta a un procedimiento especifico, ante el impago de asistencia familiar se expide el mandamiento de apremio, pues prevé un beneficio al menor que es inexcusable; y, ii) No consideró el carácter subsidiario de la acción de libertad, debiendo el accionante agotar las instancias ordinarias y una nulidad como la que planteó el mismo no puede alegarse a través de la presente acción de defensa, sumando a ello no estableció con claridad cuál fue la lesión sufrida pues demanda a dos Jueces y no identificó cual la conducta de cada una de ellas o como se lesionó el debido proceso.
La Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 58 a 61, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Dentro del alcance de la acción de libertad se encuentra el resguardo y restablecimiento del debido proceso ante la evidente lesión del mismo; empero, esta posibilidad de apertura del ámbito de protección solo resulta viable si concurren los dos presupuestos, aspectos incumplidos en el presente caso; toda vez que, la ausencia de resolución del incidente planteado que a decir del impetrante de tutela le generaría el peligro a su libertad, carecen de la necesaria vinculación directa con el derecho a la libertad del impetrante de tutela; puesto que no se evidencia el relacionamiento inmediato con el precitado derecho, pues la falta de resolución del incidente planteado emerge de un trámite procesal, que conlleva intrínsecamente actuados por ejecutar, pasos concatenados que decantarán en un resultado, mismo que finalmente definirá o no la nulidad de la citación con la demanda; empero, no es la causa directa de la restricción o supresión de la libertad, pues por un lado no se ejecutó el mandamiento de apremio a pesar del tiempo transcurrido desde su emisión y recojo –8 de abril de 2021–; por lo que, el incidente planteado aun no resuelto no generaría peligro a su libertad personal; b) Según el segundo presupuesto de necesaria concurrencia junto al primer elemento referido ut supra, tampoco se logra advertir que el impetrante de tutela se encuentre en estado de absoluta indefensión, pues según se evidencia de los antecedentes remitidos por el secretario del Juzgado Público de Primero de Familia; se desarrollaron actuados necesarios velando el derecho a la defensa, contando con un defensor de oficio quien respondió a la demanda y actuó en las audiencias; c) En cuanto al hecho que motivó la presente acción de libertad que es la falta de celeridad o la dilación existente ante la falta de resolución del incidente de nulidad planteado, se advierte que el accionante ejerce su derecho a la defensa de manera activa dentro de la demanda de asistencia familiar; puesto que, interpuso el incidente referido evidenciándose que no se encuentra en estado de indefensión, pues pudo hacer uso de los medios necesarios en la vía ordinaria a efectos de buscar una resolución al incidente planteado por la Juez en suplencia legal por cuanto el titular del Juzgado Público de Familia Primero también demandado falleció como consecuencia de la pandemia del COVID-19; d) Es deber del impetrante de tutela agotar la vía ordinaria, de considerarse la persistencia de las presuntas lesiones a sus derechos fundamentales y garantirás constitucionales tiene la posibilidad de realizar las reclamaciones pertinentes vía acción de amparo constitucional, vía idónea para la tutela y restablecimiento del debido proceso cuando no se encuentre vinculado directamente con la libertad; y, e) Es necesario hacer notar al accionante que la SCP 0203/2018-S2, realizó una ponderación entre el derecho a la libertad y el derecho del menor de edad al gozar de condiciones necesarias que denota la asistencia familiar, como ser la alimentación, salud educación, vivienda, etc.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Daniela Alejandra Rodríguez Claros contra Pablo Álvaro Díaz Martínez –hoy impetrante de tutela–, Rubén Gonzalo Gonzales Ovando, Juez Público de Familia Primero del departamento de Cochabamba –ahora demandado– emitió la Sentencia 26/2019 de 15 de mayo, declarando probada en parte la demanda y fijando un monto por concepto de asistencia familiar de Bs800 (ochocientos 00/100 bolivianos) en favor de su hija menor mismo que fue notificado el 16 de igual mes y año a las partes (fs. 4 a 7). II.2. Cursa Mandamiento de Apremio emitido por Rubén Gonzalo Gonzales Ovando, Juez Público de Familia Primero del departamento de Cochabamba; –ahora demandado– el 5 de abril de 2021, a efectos de que “cualquier funcionario público hábil no impedido por el Estado Plurinacional de Bolivia a proceder al apremio de: PABLO ALVARO DIAZ MARTINEZ y sea conducido a la Cárcel Publica de San Antonio de ésta ciudad, hasta que cancele la suma de Bs.- 13.600 por concepto de asistencia familiar” (sic) (fs. 9). II.3. Mediante Memorial presentado por Pablo Álvaro Díaz Martínez – impetrante de tutela– ante el Juzgado Público de Familia Primero del departamento de Cochabamba el 12 de agosto de 2021, interpuso incidente de nulidad de citación con la demanda, obteniendo respuesta por Silvia Delia Jiménez Cossio, Jueza Pública de Familia Segunda del mismo departamento, en suplencia legal de su similar Primero –codemandada–, mediante Decreto de 13 de agosto de 2021 ordenando se corra en traslado (fs. 10 a 14).
El accionante a través de sus representantes sin mandato alega la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, el Juez Público de Familia Primero del departamento de Cochabamba –hoy demandado–, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, emitió mandamiento de apremio por concepto de liquidación de pago de asistencia familiar; determinación por la cual presentó incidente de nulidad de citación de la demanda que no fue resuelto por su similar Segunda en suplencia legal – codemandada– hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutelar, lo que pone en riesgo su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0797/2019-S2 de 11 de septiembre de 2019, establece que: “En el diseño constitucional previsto en el art. 125 de la CPE, la acción de libertad constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz, idóneo y oportuno que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción y el derecho a la vida, para que el accionante logre la tutela a su vida cuando se encuentre en peligro; el cese de la persecución indebida, en caso de que exista persecución ilegal o indebida; el restablecimiento de las formalidades legales, cuando exista procesamiento ilegal o indebida; o la restitución de la libertad, ante la evidencia de privación de libertad indebida, destacando la jurisprudencia constitucional, su naturaleza no subsidiaria, cuyo procedimiento se encuentra caracterizado por el informalismo, la inmediatez, la sumariedad, la generalidad y la inmediación. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional expresó la imperiosa necesidad de establecer criterios de coordinación que impidan el desbordamiento, la intromisión de los límites de su competencia y la emisión de las decisiones contradictorias, entre la funciones de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, disciplinados por los principios y valores constitucionales con la finalidad de promover actuaciones jurisdiccionales en los marcos de razonabilidad y equilibrio, en ese entendido el Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
En el marco precedentemente citado, el desarrollo jurisprudencial sistematizo la subsidiariedad excepcional generando subreglas al respecto y fijando supuestos concernientes principalmente a casos derivados de procesos penales; sin embargo, en casos derivados de procesos familiares sobre peticiones de asistencia familiar, pueden alcanzar a restringir el derecho a la libertad física con la ejecución del mandamiento de apremio, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar y el cumplimiento de los requisitos de legalidad material y formal ampliamente explicitado en la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, ejecución que puede ser realizada por funcionarios policiales o servidores públicos que la autoridad judicial comisione o encargue su ejecución. En ese contexto, las eventuales denuncias de lesión al derecho fundamental a la libertad personal en la ejecución del mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de asistencia familiar deben ser conocidas por el juez público de familia, quien es la autoridad competente para la consideración y resolución de las cuestiones de fondo y cuestiones incidentales como las mencionadas denuncias que deben ser resueltas en la vía incidental prevista en la normativa procesal de familia, aún en el periodo de vacación judicial colectiva, lapso de tiempo en el cual no puede suspenderse la ejecución de los mandamientos de apremio y cuya atención y control debe estar a cargo de juzgados de familia de turno, acordados y programados por los Tribunales Departamentales de Justicia, entendimiento establecido en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre. Por los razonamientos expuestos puede concluirse en especie, el ordenamiento procesal en materia familiar establece el medio de defensa idóneo para reparar de manera urgente, pronta y eficaz, la presunta lesión del derecho a libertad ilegalmente restringido durante la ejecución del mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar, tramitada en la vía incidental ante el juez público de familia dentro del proceso de petición de asistencia familiar; por lo que, la acción de libertad no puede activarse de manera directa e inmediata, sino, agotando el medio intraprocesal ante el juez de familia en la vía incidental” (las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato alega la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, el Juez Público de Familia Primero del departamento de Cochabamba –hoy demandado–, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, emitió mandamiento de apremio por concepto de liquidación de pago de asistencia familiar; determinación por la cual presentó incidente de nulidad de citación de la demanda que no fue resuelto por su similar Segunda en suplencia legal –codemandada– hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutelar, lo que pone en riesgo su libertad. De los antecedentes y conclusiones establecidas en el presente fallo constitucional se advierte que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Daniela Alejandra Rodríguez Claros contra Pablo Álvaro Díaz Martínez –accionante–, Rubén Gonzalo Gonzales Ovando, Juez Público de Familia Primero del departamento de Cochabamba –ahora demandado– emitió la Sentencia 26/2019, declarando probada en parte la demanda y fijando un monto por concepto de asistencia familiar de Bs800.- en favor de su hija menor mismo que fue notificado a las partes el 16 de igual mes y año (Conclusión II.1); por lo que, ante el incumplimiento de dicha determinación por el impetrante de tutela el citado Juez el 5 de abril de 2021 emitió Mandamiento de Apremio a efectos de que “cualquier funcionario público hábil no impedido por el Estado Plurinacional de Bolivia a proceder al apremio de: PABLO ALVARO DIAZ MARTINEZ y sea conducido a la cárcel Publica de San Antonio de ésta ciudad, hasta que cancele la suma de Bs.- 13.600 por concepto de asistencia familiar” (sic) (Conclusión II.2.); ante dicha determinación mediante Memorial presentado por el impetrante de tutela ante el citado Juzgado el 12 de agosto de 2021 –aproximadamente cinco meses después de la emisión del citado mandamiento de apremio– interpuso incidente de nulidad de citación con la demanda, obteniendo respuesta por Silvia Delia Jiménez Cossio, Jueza Pública de Familia Segunda del mismo departamento, en suplencia legal de su similar Primero – codemandada–, ante el fallecimiento del mismo a raíz de la pandemia de COVID-19, mediante Decreto de 13 de agosto de 2021 ordenando se corra en traslado a la parte demandante, incidente que no tuvo respuesta a la fecha (Conclusión II.3.).
A partir de ese despliegue procesal y de hechos, como se mencionó anteriormente se tiene que el accionante cinco meses después de la emisión del mandamiento de apremio librado en su contra, el 12 de agosto de 2021 interpuso incidente de nulidad de citación con la demanda a su entender como medio idóneo para reparar de manera urgente, pronta y eficaz, ante una posible amenaza a su libertad y al debido proceso que alega el accionante en esta acción de libertad, el cual se corrió en traslado el 13 de igual mes y año; sin embargo, se evidencia que sin culminar el procedimiento respecto a la tramitación de dicho incidente, el accionante formuló directamente la presente acción de defensa; vale decir, encontrándose pendiente de resolución, en la vía ordinaria el incidente planteado incumpliendo con ello el principio de subsidiariedad excepcional, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, de tal manera que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada. Por lo expuesto, se tiene que no es admisible activar en forma simultánea dos jurisdicciones diferentes para que ambas se pronuncien sobre el mismo hecho –denunciado como ilegal– porque dicha situación podría ocasionar alteraciones procesales contrarias al orden jurídico sobre un mismo objeto procesal, porque en el presente caso, el accionante previo a interponer la acción de libertad formuló un incidente de nulidad de citación con la demanda formulando la misma pretensión, traducida en la nulidad del mandamiento de apremio de 5 de abril de mismo año, siendo que, ante la falta de resolución del citado incidente, interpuso la presente acción de defensa, sin que curse en antecedentes documento alguno que acredite que haya cumplido con la última liquidación de asistencia familiar. En consecuencia, el accionante pretende conseguir su inmediata tutela ante la interposición de la presente acción tutelar, extremo que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, porque la jurisdicción ordinaria no resolvió el incidente de nulidad de citación con la demanda planteada por el accionante hasta la presentación de ésta acción tutelar, además de no generar peligro a su libertad personal y al no evidenciarse lesión alguna a los derechos constitucionales denunciados corresponde denegar la tutela impetrada. No obstante lo anotado previamente, siendo que la ejecución del mandamiento de apremio se halla supeditado a la resolución del referido incidente de nulidad, habrá de disponerse que, en tanto este no sea resuelto, la orden de apremio que pesa en su contra, se mantenga en suspenso. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 58 a 61, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada; manteniéndose en suspenso la ejecución del mandamiento de apremio emitido contra el accionante, en tanto el incidente de nulidad no sea resuelto.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0393_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 05874371edb6df5dc42ae3ff8d6c7ba15c369de1a17a72e2322355304a52e4ed
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →