B.IA.LEGAL

SCP 0393/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
45312-2022-91-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, del principio de celeridad; toda vez que, el Juez demandado en audiencia de consideración de medidas cautelares, celebrada el 9 de octubre de 2021, dispuso su detención preventiva; asimismo, mediante Auto Interlocutorio de igual data, declinó su competencia por territorio; sin embargo, no pudo ser atendida su solicitud de cesación de la medida extrema; debido a que, en el cuaderno de investigación constaba un acta de consideración de medidas cautelares, que no corresponde su caso ni persona; hecho que puso a conocimiento de la Secretaria codemandada, quien no subsanó el mismo hasta la presentación de esta acción de defensa y a insistencia le entregó fotocopias legalizadas del documento que si le incumbe. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/22 de 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la dilación indebida en la que incurrieron los demandados en el envío del acta de la audiencia de consideración de medidas cautelares de 9 de octubre de 2021, al Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde radica el proceso penal; y en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0393/2023-S2 Sucre, 19 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45312-2022-91-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/22 de 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Álvaro Chapi Cabrera y Rodrigo Lizarazu Cruz en representación sin mandato de Miguel Ángel Lumpe Tarqui contra Luis Esteban Loza Quaglini y Elia Mabel Sandalio Aguilera, Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de febrero de 2022, cursante a fs. 1 y 19 a 22 vta., el accionante a través de sus representantes manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Auto Interlocutorio 228/2021 de 9 de octubre, el Juez demandado dispuso su detención preventiva; asimismo, por Auto Interlocutorio de igual data, declinó su competencia y ordenó se remitan obrados al Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz. Una vez recolectada la prueba pertinente para desvirtuar los riesgos procesales que fundaron la medida extrema que viene cumpliendo, solicitó la cesación de la misma y encontrándose el prenombrado despacho judicial en vacaciones judiciales, su pedido fue atendido por el Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la citada Capital y departamento, que programó la correspondiente audiencia; llevada a cabo, e instalada por el Secretario del referido Juzgado informó que el acta del verificativo de consideración de medidas cautelares que cursaba en el expediente no le correspondía a su persona; si bien, el encabezado tenía su nombre, el contenido era distinto. Pese a que intentó comunicarse con la Secretaria codemandada, quien se encontraba de vacaciones, no lo logró; por lo que, una vez que la nombrada retomó sus funciones -no señaló la fecha-, puso bajo su conocimiento el perjuicio ocasionado y la insistencia que realizó; ante ello, la indicada funcionaria alegó haber tenido un error involuntario y le otorgó una copia legalizada del acta, misma que fue presentada ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde le indicaron que el despacho judicial que llevó a cabo el verificativo de aplicación de medidas cautelares debería remitir la documental mediante oficio; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se envió el actuado procesal reclamado, imposibilitando que la autoridad judicial competente pueda celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPS); y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que los demandados en el término de veinticuatro horas remitan el acta del verificativo de consideración de medidas cautelares de 9 de octubre de 2021, al Juzgado donde radica la causa.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 29 a 31, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) El Juez demandado informó que se suscitó el error denunciado; sin embargo, no lo corrigió de oficio, pese a que se encuentra facultado para aquello por el art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP); b) La falta de remisión del acta de consideración de medidas cautelares de 9 de octubre de 2021, al juzgado competente lesionó sus derechos; toda vez que, encontrándose privado de libertad solicitó la cesación de la detención preventiva, que no pudo ser atendida por la carencia de ese actuado procesal; y ocasionó que el representante fiscal, “…asumiendo aparentemente el control de esta acta…” (sic) de forma anticipada lo acuse, sin esperar el transcurso de los meses que dura la etapa preparatoria del proceso penal; por ello, la indicada causa que tiene en su contra esta radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; c) Del cuaderno de investigación y la fotocopia legalizada otorgada a su persona por la Secretaria codemandada, se tienen dos resoluciones, ambas “…con el mismo número 228/21…” (sic) pero distinto contenido; y, d) La prenombrada aceptó también el hecho reclamado, pero advertida del mismo no lo subsanó; entonces, al no haber dado cumplimiento con una obligación con relación a sus funciones, que se halla establecida por el art. 94.4 y 8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), gozar de legitimación pasiva en la presente acción de defensa, conforme lo entendido por el SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril.

I.2.2. Informe de los demandados

Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 11 de febrero de 2022, cursante a fs. 28 y vta., manifestó que: 1) Una vez concluida la audiencia de consideración de las medidas cautelares, su persona declinó competencia, ordenando la remisión del cuaderno de investigación al juzgado correspondiente; decisión que fue derivada a la Secretaria del despacho judicial a su cargo; 2) Los arts. 54 y 120 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, respectivamente, refieren; la secretaria de juzgado tiene la obligación de controlar el sistema informativo de gestión de causas y poner a conocimiento del juzgador, como también que su obligación es labrar el acta; y, 3) Desconoció de forma oficial el hecho denunciado por el peticionante de tutela; dado que, no resolvió ninguna solicitud relativa al hecho; en tal razón, este mecanismo de defensa tenía argumentos falsos. Elia Mabel Sandalio Aguilera, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 11 de febrero de 2022, cursante a fs. 27 y vta., expuso que: i) Concluida la audiencia de consideración de medidas cautelares de 9 de octubre de 2021, y habiendo ordenado la autoridad judicial la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la citada Capital y departamento, instrucción que fue cumplida el 20 de igual mes y año; y recepcionado por Andrea Terrazas Sandagorda, Auxiliar del señalado despacho judicial; y, ii) El citado Juzgado no solicitó remisión de ninguna documental, conforme lo evidenciado del libro diario; contrario a lo manifestado por el impetrante de tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/22 de 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 31 a 34 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del señalado departamento, en el término de veinticuatro horas, remita en original el acta de 9 de octubre de 2021, -se entiende al juzgado competente-correspondiente al solicitante de tutela, con base en los siguientes fundamentos: a) De la documental remitida, cursan dos Autos Interlocutorios 228/2021 de 9 de octubre, emitidos por el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en cuyo encabezado se tienen los datos del accionante; empero, en la parte dispositiva se ordenó la detención preventiva de Cristian Saavedra Catari, quien a decir del peticionante de tutela no era sujeto procesal dentro la causa penal que se le sigue; por su lado, se halla otra resolución en fotocopia legalizada con igual encabezado, en el que se dispuso que el aludido cumpla con la medida cautelar extrema; siendo este último, el actuado procesal observado por el Juez de Instrucción Penal Decimocuarto de la referida Capital y departamento; en razón a que, el mismo no fue expedido en original a su despacho judicial; b) El Juez demandado al haber ordenado el envío del cuaderno de investigación a la autoridad judicial competente, cumplió con su obligación; y, c) Quien tuvo que acatar lo anunciado era la Secretaria codemandada, y al no realizarlo, incumplió con el art. 56 del CPP concordante con el art. 120, y el art. 94.4, y 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pese a que tomó conocimiento del error no hizo nada, conforme observó del contenido del informe presentado el 11 de febrero de 2022, que remitió, indicando que no hubo alguna solicitud efectuada por el señalado Juzgado; lo que, permitió llegar a la conclusión de que efectivamente hasta la presentación de esta acción de defensa no se despachó el mismo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene “ACTA DE AUDIENCIA PARA CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR CONTRA EL IMPUTADO: MIGUEL ANGEL LUMPE TARQUI” (sic) de 9 de octubre de 2021, y al reverso “AUTO INTERLOCUTORIO” de 10 de igual mes y año, “Dentro del caso No. 70110206210850, promovida a instancia de MARIELA ELENA TORRICO TORREJON, en contra de CRISTHIAN SAAVEDRA CAPARI, por el presunto ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA…” (sic), emitido por Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- (fs. 5 a 8). II.2. A través de Auto Interlocutorio de 9 de octubre de 2021, “Dentro del caso: 701102062102878, promovido a instancia de: MARIA VICTORIA MAMANI MAYTA: en contra de: MIGUEL ANGEL LUMPE TARQUI, por el presunto ilícito de VIOLACION NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE” (sic), el Juez demandado declinó competencia en razón de territorio, y “2.

ORDENA que por secretaria se remitan actuados ante el juez competente, Sea mediante oficio” (sic [fs. 8 vta.]).

II.3. Cursa “ACTA DE AUDIENCIA PARA CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR CONTRA EL IMPUTADO:

MIGUEL ANGEL LUMPE TARQUI” (sic) de 9 de octubre de 2021 y Auto Interlocutorio de igual data “Dentro del caso No: 701102032102257, promovida a instancia de MARIA VICTORIA MAYTA MAMANI, con víctima: D.V.M (de 13 años de edad), en contra de: MIGUEL ANGEL LUMPE TARQUI, por el presunto ilícito de: VIOLACIÓN DE INFANTE Niña, Niño y Adolescente (art. 308 bis). del CP)” (sic [fs. 9 a 15]). II.4. Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2021, al Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, Miguel Ángel Lumpe Tarqui -accionante- solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva (fs. 16 a 17 vta.). II.5. Consta acta de suspensión de audiencia de cesación de la detención preventiva de 24 de enero de 2022, habiendo informado el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que habiendo revisado el cuaderno de investigación, se tiene que los sujetos procesales no fueron debidamente notificados (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, del principio de celeridad; toda vez que, el Juez demandado en audiencia de consideración de medidas cautelares, celebrada el 9 de octubre de 2021, dispuso su detención preventiva; asimismo, mediante Auto Interlocutorio de igual data, declinó su competencia por territorio; sin embargo, no pudo ser atendida su solicitud de cesación de la medida extrema; debido a que, en el cuaderno de investigación constaba un acta de consideración de medidas cautelares, que no corresponde su caso ni persona; hecho que puso a conocimiento de la Secretaria codemandada, quien no subsanó el mismo hasta la presentación de esta acción de defensa y a insistencia le entregó fotocopias legalizadas del documento que si le incumbe. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló que: “…La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado. Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, refirió: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. (…) Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.

III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial

Sobre el tópico la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, indicó que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional’” (las negrillas nos corresponden). De igual forma, la SCP 0052/2021-S2 de 19 de abril, señaló que: “…se tiene claramente establecido que la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial emergente de la presunta lesión de derechos tutelados por esta acción, opera en dos situaciones: 1)

Producto del incumplimiento de instrucciones directas de la autoridad jurisdiccional, respecto de la ejecución de tareas propias del cargo de dichos servidores; y, 2) En caso de la inobservancia de obligaciones específicas previstas por la norma en ejercicio de sus funciones” (énfasis y subrayado agregados).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes del presente caso, se tiene “ACTA DE AUDIENCIA PARA CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR CONTRA EL IMPUTADO: MIGUEL ANGEL LUMPE TARQUI” (sic) de 9 de octubre de 2021, la cual se encuentra impresa en el anverso y al reverso consta el Auto Interlocutorio de 10 de igual mes y año, “Dentro del caso No. 70110206210850, promovida a instancia de MARIELA ELENA TORRICO TORREJON, en contra de CRISTHIAN SAAVEDRA CAPARI, por el presunto ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA…” (sic), expedido por el Juez demandado, imponiendo la “…DETENCION PREVENTIVA para el ciudadano: CRISTHIAN SAAVEDRA CAPARI…” (sic [Conclusión II.1]); mediante el Auto Interlocutorio de 9 de similar mes y año, la citada autoridad “Dentro del caso: 701102062102848…” (sic) declinó competencia por territorio, en el que ordenó que “…por secretaria se remitan actuados ante el juez de competencia, Sea mediante oficio” (sic [Conclusión II.2]); cursa “ACTA DE AUDIENCIA PARA CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR CONTRA EL IMPUTADO: MIGUEL ANGEL LUMPE TARQUI” (sic) y Auto Interlocutorio, ambos de 9 de octubre de 2021, “Dentro del caso No.- 7011020032102257, promovida a instancia de MARIA VICTORIA MAYTA MAMANI, con víctima: D.V.M (de 13 años de edad), en contra de: MIGUEL ANGEL LUMPE TARQUI, por el presunto ilícito de: VIOLACIÓN DE INFANTE Niña, Niño y Adolescente…” (sic) disponiendo la medida cautelar extrema del peticionante de tutela (Conclusión II.3); y, a través del escrito presentado el 15 de diciembre de igual año, ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la referida Capital y departamento, el aludido solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva (Conclusión II.4). En mérito a la acción de libertad presentada, el hecho denunciado como lesivo por el solicitante de tutela emerge en que el Juez demandado y la Secretaria codemandada, no remitieron ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde se encuentra radicado el proceso penal seguido en su contra, el acta de consideración de medidas cautelares celebrada el 9 de octubre de 2021, en el que se dispuso su detención preventiva; lo que, le limitó a que se considere su solicitud de cesación de la medida extrema, y pese a que los mencionados fueron advertidos del error, no lo subsanaron hasta la presentación de este mecanismo de defensa.

Conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se precisa que la autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de privados de libertad y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, pueden activar esta acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del trámite judicial impetrado. Previamente cabe señalar que de obrados se tienen dos Autos Interlocutorios: el primero, de 9 de octubre de 2021, que corresponde al accionante; y, el segundo, de 10 de igual mes y año, del proceso penal seguido contra Cristhian Saavedra Capari, ambos con el sello del libro de tomas de razón, que se encuentran registrados como: “AUTO 228/21 Querellante: MP Querellado: Miguel Lumpe Tarqui Delito: V.N.N.A” (sic); es decir, que llevan igual número de resolución, consignando el mismo proceso penal que se le sigue al impetrante de tutela; de igual forma, cabe señalar que al momento en cual el juez de instrucción competente atiende la cesación de la detención preventiva, realiza una compulsa entre los antecedentes con los elementos de juicio presentados por el justiciable, que tendrán el fin de enervar los riesgos procesales que concurrieron cuando se determinó la medida cautelar extrema; análisis que lo realizará a partir de los motivos que fundaron la misma, que se encuentran plasmados en el acta de audiencia de la consideración de medidas cautelares y su resolución; por lo que, si bien el peticionante de tutela adjunta un acta de suspensión de audiencia de cesación de la referida medida cautelar de 24 de enero de 2022 (Conclusión II.5); esta fue debido a la falta de notificaciones a los sujetos procesales; sin embargo, no resulta menos cierto que al no haberse remitido el acta correspondiente a la aludida causa, no permitió que se considere la resolución de la situación jurídica del accionante, afectando de forma directa su derecho a la libertad. III.3.1. Respecto al Juez demandado; a través del informe presentado el 11 de febrero de 2022, leído en la audiencia de garantías, dio a conocer que celebró el verificativo de consideración de medidas cautelares contra el accionante, y posteriormente declinó competencia ordenando la remisión de actuados al juzgado competente y que “…Es costumbre en este despacho Judicial que luego de las audiencias esta autoridad hace la entrega física de todas las resoluciones que emite ante la Secretaria de este despacho judicial. Hasta ahí fue mi actuación.

La REMISION ante la autoridad HA SIDO DEBIDAMENTE ORDENADA y es responsabilidad de SECRETARIA ESTA REMISION” (sic); por lo que, no tuvo conocimiento oficial del inconveniente, ni atendió ningún memorial solicitando envío de alguna documental, y que la Ley 1173 determina las obligaciones de los secretarios de juzgados. En ese sentido, conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, entre los principios que establece la jurisdicción ordinaria se encuentra la celeridad, misma que es esencial en los trámites judiciales, debiendo la autoridad jurisdiccional atender el pedido en el plazo otorgado por la norma o lo más pronto posible; más aún, cuando se trata de personas privadas de libertad y si estas se ven afectadas por alguna dilación indebida respecto al derecho a la libertad, pueden activar la presente acción tutelar en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en procura de acelerar el trámite judicial que fuera dilatado de manera indebida. En el caso concreto, el peticionante de tutela por medio sus representantes manifestó que, tras haberse dispuesto su detención preventiva el 9 de octubre de 2021, el Juez demandado declinó competencia y ordenó se remitan los antecedentes al juzgado competente; sin embargo, se envió el acta de consideración de medidas cautelares de otro sujeto procesal en un caso distinto; lo que, le impide se considere la cesación de la detención preventiva; en razón a que, no cuenta con esa documental; si bien, la aludida autoridad judicial señala que no supo de forma oficial sobre el hecho denunciado, y es “costumbre” de que su actuación llega hasta la entrega de las resoluciones a la secretaría de su despacho judicial, no puede omitir que tomó conocimiento de un proceso penal en el que determinó la medida extrema de una persona que viene a ser el impetrante de tutela, dejando de lado que se tiene una afectación al ejercicio del derecho a la libertad. Si bien, en el Auto Interlocutorio de 9 de igual mes y año, por el que declinó competencia por territorio, instruyó se remitan actuados al juez competente, al estar a su cargo el Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, le corresponde velar porque los procesos que se desarrollan en el mismo avancen y se tramiten bajo los principios procesales de la Ley del Órgano Judicial, de forma que no se vulneren los derechos de las partes.

Lo que conlleva a concluir, que al no haber realizado seguimiento a la orden que dio, previendo que esta sea realizada de acuerdo a los determinado, y verificar que los actuados se encuentren de forma ordenada y acordes con el proceso penal, el Juez demandado no cumplió con su labor de director del juzgado a su cargo, cuando la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1033/2019-S2 de 27 de noviembre, sostuvo que a la autoridad judicial: “…le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas…”; tampoco otorgó la rapidez con la que se debe atender las tramitaciones de los privados de libertad. Toda vez que, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa no se remitió el acta de la audiencia de consideración de medidas cautelares y su correspondiente Auto Interlocutorio de 9 de octubre de 2021; de esta manera dilató la remisión eficaz y eficiente de obrados al Juez de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, limitando y causando incertidumbre en el solicitante de tutela, referente a la resolución de su situación jurídica; asimismo, en su rol de administrador de justicia, se apartó del principio de celeridad que funda a la jurisdicción ordinaria, ocasionando una lesión a los derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad; por lo que, atañe conceder la tutela. III.3.2. Con relación a la Secretaria codemandada, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, se establece la posibilidad de que estos puedan ser demandados en acciones de tutela constitucional, ante el incumplimiento de obligaciones propias del cargo establecidas por ley; y, de la desobediencia de las instrucciones directas emitidas por la autoridad jurisdiccional.

En el caso de autos, se puede evidenciar del Auto Interlocutorio de 9 de octubre de 2021, en el que declinó competencia el Juez demandado, en la parte dispositiva en el punto 2 “ORDENA: Que por secretaria (…) se ponga a conocimiento del Juez Ejecución de Penal…” (sic); lo que, permite concluir que la Secretaria codemandada, debió cumplir de forma oportuna, eficaz y eficiente con lo dispuesto por el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; siendo que, se encuentra inmersa en el art. 94.15 de la LOJ modificado por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1173, sobre todo cuando de por medio se halla la tramitación de actuados procesales que involucren la resolución de la situación jurídica de la accionante; ergo, corresponde conceder la tutela requerida. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/22 de 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la dilación indebida en la que incurrieron los demandados en el envío del acta de la audiencia de consideración de medidas cautelares de 9 de octubre de 2021, al Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde radica el proceso penal; y en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0393_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): d6ce7d758df6f8fbd663b0743d7c72306885b359f3cbe9d5ca5d38e29cdcfdc8

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