Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vida digna y al debido proceso por falta de fundamentación y errada valoración de la prueba; por cuanto la denuncia que presentó como víctima de acoso sexual, violencia física y psicológica, ha sido rechazada por el Fiscal de materia, decisión que ha sido ratificada por el Fiscal demandado, sin aplicar la perspectiva de género, ni cumplir con el deber de la debida diligencia, desconociéndose normas internas e internacionales; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo: i) Se deje sin efecto la resolución que confirma el rechazo a su denuncia; ii) Se revoque la resolución de rechazo; y, iii) Se disponga la responsabilidad ante el encubrimiento y el ocultamiento de un certificado médico y por haber quebrado la cadena de custodia de la prueba. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 276 a 279 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la fundamentación, motivación y congruencia con relación a la investigación y procesamiento, por la presunta comisión de los delitos de acoso sexual, violencia física y violencia psicológica, en los mismos términos y alcances a lo dispuesto por el Juez de garantías; y, 2º DENEGAR respecto al resto de denuncias efectuadas en la acción tutelar, descritas en el inc. d) del Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0392/2025-S3 Sucre, 20 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52189-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 276 a 279 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Zuleika Marina Lanza Zeballos contra William Edward Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 200 a 258 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
El 8 de agosto de 2022, fue víctima de acoso sexual, violencia psicológica y lesiones cometidas por Manuel Jesús Quinteros Prudencio; en la Fiscalía Departamental de La Paz, y en presencia de testigos, expresó groserías en su contra y sin mayor reparo le dio un golpe causándole lesiones, ese mismo día por Informe Forense del IDIF se concluyó contusión de tórax, dándole dos días de incapacidad. El 16 de agosto se realizó el Informe Psicológico TIPSI/CON-PSI/INF/22/2022 y se estableció concurrencia de indicadores de agresión sexual, física y psicológica; por formulario único de denuncia, con el CUD 201102012206591 de 23 de agosto de 2022, interpuso denuncia penal contra su agresor Manuel Jesús Quinteros Prudencio, por los delitos de acoso sexual, padecimientos sexuales, violencia psicológica, lesiones graves y leves. Durante la investigación se colectaron elementos para establecer la probabilidad de autoría, remitiéndose imágenes que no fueron desdobladas y menos congeladas por negligencia del Fiscal; apenas logró que se cumplan con los exámenes psicológicos, sociales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) que establecieron indicios suficientes que acreditaron la existencia del hecho y participación del sindicado en el mismo; así también se recibió las declaraciones de los testigos presenciales del hecho que dieron información de lo sucedido. Sin embargo de ello, el Fiscal emitió un requerimiento conclusivo F.A.A.A. 41/2022 de 18 de octubre, por el que se dispuso el rechazo a la denuncia, determinando el archivo de obrados; en uso de su derecho de impugnación, objetó la resolución de rechazo, empero el Fiscal Departamental de La Paz, emitió la Resolución FDLP/WEAL/R-2668/2022 de 8 de noviembre, ratificando la resolución de rechazo emitida por el Fiscal de materia. En cuanto al acoso sexual, no consideró que el tipo penal también implica que el sindicado asuma un comportamiento de contenido sexual, que es lo que se ha dado en este caso; asimismo hizo referencia a hechos anteriores -amenaza con matarla, pintura de la fachada de su casa-, que se salió de control cuando se dio el acoso sexual, limitándose en su resolución a realizar una defensa del sindicado. En dicha resolución, ha expresado que de los informes psicológicos no se podría percibir las expresiones verbales y físicas del sindicado, con lo que ha normalizado sus agresiones verbales, ha desconocido la información sobre comportamientos temerosos de su hijo; asimismo, ha incurrido en contradicción al validar el rechazo; empero, sostuvo que se debe juzgar con perspectiva de género. Sobre las lesiones graves y leves, reconoció que el sindicado le causó un daño físico, presumiéndose su autoría y participación, corroborados con una información testifical, pero se desestimó por intervención mínima, porque no habría una consecuencia grave contra su integridad corporal; es decir, que el haber golpeado a una mujer no tendría relevancia jurídica y no se podría investigar. Con relación al certificado médico forense, el Fiscal departamental no dijo nada referente a que el Fiscal de materia ocultó e hizo desaparecer el mismo; en cuanto a un Disco Versátil Digital (DVD) en el que se evidenciaría que el agresor pintó parte de su casa, para el accionado es un acto normal; con relación a las cámaras de seguridad de la fiscalía y desdoblamiento de CD, contaminó la prueba y la vició a su gusto. Además, cual si fuera un perito, percibió el impase entre dos personas, llegando a la conclusión de que se ha demostrado padecimiento, lesión contraria a su integridad corporal, expresiones y gesticulaciones de contenido sexual, pero por el principio de lesividad penal, el daño ocasionado es ínfimo, lo que justificaría confirmar el rechazo de la denuncia. Todo lo señalado, demuestra la ausencia de una investigación con perspectiva de género, falta de debida diligencia, falta de fundamentación de su resolución, errada valoración de la prueba, incumpliendo de normas nacionales -Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- e internacionales de protección de los derechos de mujeres víctimas de violencia (presunción de veracidad) lo que demuestra un encubrimiento al agresor sexual.
Denunció la lesión de su derecho a una vida digna libre de violencia y debido proceso por falta de fundamentación de su resolución y errada valoración de las pruebas, citando al efecto los arts. 8.II, 14, 15, 113.I, 115.II, 119.II., 117.I, 125, 178.II, 180.I, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/R-2668/2022 de 8 de noviembre, por no ajustarse a normas internas e internacionales, disponiéndose que la autoridad demandada en el día dicte una nueva resolución, revocando la Resolución de Rechazo F.A.A.A. 41/2022 de 18 de octubre, ordenándose se requiera imputación formal contra el agresor; y, b) Se disponga la responsabilidad de la autoridad demandada por haber encubierto al Fiscal de materia que ocultó un certificado médico forense y por haber aperturado el sobre de DVDs, que estaban bajo la cadena de custodia.
Celebrada la audiencia pública el 23 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 269 a 275, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de sus abogados, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) El Estado boliviano, a través del Ministerio Público tiene el deber de cumplir con la debida diligencia, como en el caso presente que se trata de una mujer acosada sexualmente, golpeada y abusada psicológicamente; 2) No se ha tenido en cuenta que el agresor sexual comparte el mismo domicilio que la víctima, omitiendo ese nivel de riesgo; 3) Se ha demostrado el padecimiento de lesiones contrarias a la integridad corporal y psicológica de la víctima, comportamientos que se consideran que no serían subsumibles al tipo penal de acoso sexual, no habiendo considerado que la Fiscalía no investiga tipos penales, sino conductas; 4) El accionado minimizó lo sucedido, como algo insignificante para la víctima agredida, socapando a un acosador sexual, considerando que serían hechos pequeños que no habría que investigar; 5) No se ha considerado la norma interna (Ley 348) e internacional que establece que toda acción se debe investigar; 6) No se ha pronunciado sobre el hecho de que el Fiscal de materia habría ocultado el certificado médico forense de la víctima; 7) Con relación a las imágenes del 8 de agosto, de las cámaras de seguridad de la Fiscalía, no se ha mandado para que se haga un congelamiento de las mismas; 8) Se ha contaminado la evidencia material, al haber abierto y visto los CDs, esas evidencias no pueden ser aperturadas en forma unilateral, por lo que las ha contaminado; 9) El Fiscal de materia no ha considerado el Informe del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), que acreditó que la víctima requiere una terapia psicológica y el Fiscal Departamental no determinó nada; 10) Se ha confirmado el rechazo por acoso sexual y lesiones graves, pero no se ha pronunciado respecto a la violencia psicológica; y, 11) Existió un hecho criminal, que toda autoridad jurisdiccional como fiscal, debe conocer conforme al principio iura novit curia. La victima manifestó que: i) Ha sido víctima constante de violencia y además es víctima por parte del Ministerio Público al haber permitido que el sindicado la siga acosando; y, ii) El denunciado vive en su casa, cuando sale de su inmueble la está filmando delante de su familia, la intimida, amenaza y hostiga.
William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito de fs. 262 a 263, remitido ante el Juez de garantías de esta acción de defensa, manifestó: a) En cuanto a la descomposición del tipo penal de acoso sexual, hay imposibilidad normativa de subsumir el hecho denunciado, porque de la relación de la denuncia, no se advirtió la concurrencia de una relación jerárquica o de poder entre el sindicado y la accionante, existiendo imposibilidad de cumplir con el juicio de tipicidad a momento de la subsunción, lo que no implicó que se hubiera desconocido el carácter de veracidad del testimonio de la víctima, o los alcances probatorios de informes psicológicos, relato de testigos y otros recabados en la investigación; b) Con relación al rechazo por la comisión del tipo penal de lesiones graves y gravísimas, hubo ausencia de relevancia penal, pues por la lesión del bien jurídico protegido -integridad corporal-, correspondió aplicarse el principio de lesividad penal, existiendo saturación del sistema penal, debiendo considerarse gastos y recursos, pretendiendo la denunciante hacer prevalecer su condición de mujer para forzar el desarrollo de una acción penal; c) Respecto a que se rompió la cadena de custodia de los CDs y contaminación del medio probatorio, conforme al art. 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuando conoce la impugnación por un rechazo, deberá valorar íntegramente el contenido de las actuaciones, que cursan en los antecedentes de una investigación; d) En cuanto a la no consideración –valoración- del Dictamen Pericial en psicología emitido por el ITCUP, se trata de un medio documental que se emitió dentro de la tramitación de un proceso penal diferente, al que se ha pronunciado la resolución jerárquica, impugnada en la tutela; e) Con relación a la valoración de un informe social, los hechos descritos en su contenido carecen de lógica relación con los padecimientos psicológicos de la denunciante, proviniendo de otra realidad fáctica y diferente de la analizada e investigada; f) En cuanto a que su decisión carecería de fundamentación, no describe cual sería el sentido de esa ausencia; g) Ante una eventual concesión de tutela, solicita se expresen los motivos por los que se considera que el hecho denunciado se adecua al tipo penal de acoso sexual y los motivos por los que se desconoce la facultad del Ministerio Público de seleccionar los hechos penalmente relevantes de investigación y juzgamiento; y, h) Finalmente solicitó se desestime cualquier supuesta ampliación o complementación de vulneración de derechos, debido a que frente a hechos nuevos no podrá ejercer defensa.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 15/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 276 a 279 vta., concedió en parte la tutela solicitada, por haberse constatado la vulneración del derecho a la vida, relacionada al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, dejando sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/R-2668/2022 de 8 de noviembre, emitida por la autoridad accionada, disponiendo que dentro del plazo de setenta y dos horas computables a partir de su legal notificación, el Fiscal Departamental de La Paz dicte nueva resolución salvando las observaciones advertidas y de esa forma cumpla con la obligación de motivar y fundamentar debidamente sus decisiones. La Resolución del Juez de garantías fue pronunciada con base en los siguientes fundamentos: 1) Con relación al acoso sexual, considera que la autoridad accionada ha realizado un análisis extensivo de las razones por la falta subsunción de ese tipo penal, explicando los motivos, de acuerdo a los elementos de prueba, motivo por el cual no es posible realizar dicha subsunción, no habiéndose vulnerado el debido proceso en cuanto a la fundamentación; 2) Con referencia a las lesiones de integridad corporal, se ha minimizado la presunta agresión de una mujer, cual se tratara de un evento que no reviste mayor relevancia, siendo obligación del Estado investigar y sancionar hechos de violencia contra la mujer, independientemente del resultado efectivo y material; y, 3) Se ha dejado de lado que ante un hecho de violencia contra la mujer, se debe actuar de oficio, investigación que tendría que ser independiente del resultado que arroje, no habiéndose explicado los motivos por los cuales se ha omitido ese deber.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Zuleika Marina Lanza Zeballos interpuso en contra de Manuel Jesús Quinteros Prudencio, una denuncia por la presunta comisión de los delitos tipificados en los arts. 271 -lesiones graves y leves-, 312 Ter -padecimientos sexuales-, 312 Quater -acoso sexual- del CP, y, 7.3 de la Ley 348 -violencia psicológica-, a raíz del hecho sucedido el 8 de agosto de 2022; esta denuncia se registró conforme al formulario con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012206591 (fs. 40 a 41). II.2. Mediante resolución de Rechazo F.A.A.A. 41/2022 de 18 de octubre, emitida por Franklin A. Alborta Alandia, Fiscal de Materia, dispuso el rechazo de la denuncia formulada por la impetrante de tutela en contra de Manuel Jesús Quinteros Prudencio, por la presunta comisión de los delitos acoso sexual, violencia psicológica, lesiones graves y leves, debiendo procederse al archivo de obrados (fs. 30 a 35). II.3. Por Resolución FDLP/WEAL/R-2668/2022 de 8 de noviembre, pronunciada por William Edward Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, ratificó la resolución de rechazo emitida por el Fiscal de materia, a favor de Manuel Jesús Quinteros Prudencio (fs. 14 a 28).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vida digna y al debido proceso por falta de fundamentación y errada valoración de la prueba; por cuanto la denuncia que presentó como víctima de acoso sexual, violencia física y psicológica, ha sido rechazada por el Fiscal de materia, decisión que ha sido ratificada por el Fiscal demandado, sin aplicar la perspectiva de género, ni cumplir con el deber de la debida diligencia, desconociéndose normas internas e internacionales; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo: i) Se deje sin efecto la resolución que confirma el rechazo a su denuncia; ii) Se revoque la resolución de rechazo; y, iii) Se disponga la responsabilidad ante el encubrimiento y el ocultamiento de un certificado médico y por haber quebrado la cadena de custodia de la prueba. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0415/2019-S2 de 24 de junio, se ha pronunciado sobre el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público en la valoración de la prueba estableciendo el siguiente razonamiento jurídico:
«En el modelo acusatorio, el Ministerio Público monopoliza el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública, conduciendo la investigación desde su inicio para obtener los elementos de convicción que acrediten los hechos punibles y las responsabilidades de sus autores o partícipes. Una vez que llega la noticia criminal, la denuncia o la querella de un ilícito, el fiscal de materia tendrá que decidir el inicio de la investigación, si el hecho reviste carácter delictuoso, disponiendo por lo general, que la Policía Boliviana realice diligencias preliminares o pesquisas urgentes e inaplazables, siempre bajo su dirección funcional. Las investigaciones preliminares efectuadas por la referida Policía Boliviana deben concluir en el plazo máximo de veinte días de iniciada la prevención, conforme lo dispone el art. 300 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, salvo la necesidad fundamentada de una ampliación. Ahora bien, tratándose del ejercicio de la acción penal, el fiscal de materia tiene varias alternativas a la conclusión de la etapa preliminar; así, puede imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales; ordenar la complementación de las diligencias policiales fijando plazo al efecto; disponer el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales, en consecuencia su archivo; y, solicitar al Juez de Instrucción Penal la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación de un procedimiento abreviado o la conciliación. Al realizar el análisis de las actuaciones policiales, el fiscal de materia debe tener en cuenta que al Ministerio Público le interesa el esclarecimiento material de los hechos, lo que no implica una persecución a cualquier costo. Sobre esta base, juega un papel fundamental el principio de objetividad de la labor fiscal contenido en los arts. 225.II de la CPE; 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; y, 72 del CPP que hace responsable al fiscal de indagar los hechos que determinen o acrediten tanto la responsabilidad o no del imputado; le exige que investigue -bajo los principios de oficiosidad y exhaustividad, establecidos en los arts. 7.I y 55.I de la LOMP- las circunstancias que permitan comprobar la atribución de un hecho criminal y también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado; lo mismo puede decirse de la alternativa que tiene el fiscal de materia, una vez concluida la investigación preparatoria, de requerir el sobreseimiento del caso o acusar, dependiendo de la mayor o menor envergadura de los elementos de convicción que haya reunido en el curso de la investigación. En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un supuesto hecho delictivo, como ser: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; y, 3) Sobreseimiento, entre otros, deben estar debidamente motivadas; es decir, debe explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación sepan qué elementos consideró para asumir tal decisión, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho para sustentar su determinación.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, entre otras, se pronunció sobre la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las resoluciones emitidas por los fiscales de materia en sus requerimientos conclusivos, como en los dictados por los fiscales departamentales en la ratificación o revocatoria respecto a las determinaciones de los inferiores. Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo: i) Rechazar la querella; ii) Imputar formalmente; y, iii) Sobreseer; éstos, son supuestos en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea testifical, documental, pericial, etc., valorando la información que extrae de cada una de ellas de manera individual y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; vale decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos que necesariamente tienen que estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE y de lo dispuesto en los arts. 5.3 de la LOMP y 72 del CPP.
Este estándar debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo que asuma el Ministerio Público, pues la motivación que se realice, debe satisfacer tanto al querellante como al querellado, y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental, cuando revisa una objeción o impugnación a las resoluciones de los fiscales de materia».
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo de 2019, se ha pronunciado sobre la debida diligencia en los casos vinculados a hechos de violencia en razón de género, así como al deber de observar las normas especiales contenidas en la Ley 348, que rigen en estos casos, señalando lo siguiente: «La actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)
3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.
8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas]. La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público (MP); pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad […] Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: […] 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento… 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad… 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia… 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).
En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otros, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro).
Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de responsabilidad del Ministerio Público, señala que: Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. […] De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima».
La problemática en análisis se circunscribe a que la denuncia presentada por Zuleika Marina Lanza Zeballos, por supuesto acoso sexual, así como agresión física y psicológica, cometidos en su contra por Manuel Jesús Quinteros Prudencio, ha sido rechazada por el Fiscal de Materia, resolución ratificada por el Fiscal demandado, correspondiendo analizar si la ratificación de rechazo de denuncia, se encuentra debidamente sustentada o no, a fin de determinar si en el caso concreto, se ha producido o no la lesión de derechos y garantías de la parte accionante.
a) Con relación al delito denunciado de presunto acoso sexual
La parte accionante, ha expresado que cuando se encontraba en la Fiscalía del Distrito de La Paz, el 8 de agosto de 2022, fue víctima de Manuel Jesús Quinteros Prudencio, quién realizó en su contra una serie de actos hostiles e intimidantes, equiparables al acoso de su privacidad y sexualidad, pues le expresó una serie de palabras groseras, además de haber realizado expresiones físicas, que se encuentran adecuadas al tipo penal de acoso sexual; hecho que fue verificado por testigos presenciales, que dieron información exacta de lo sucedido, además la probabilidad de autoría tendría evidencia en las imágenes de las cámaras de seguridad de la Fiscalía. El tipo penal de acoso sexual, se encuentra regulado en el art. 312 quater del CP, que establece: “La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.” La autoridad accionada, ha presentado su informe de acción de libertad, en el que entiende que no ha cometido ninguna ilegalidad en su actuación, pues en el caso concreto existe imposibilidad de cumplir con el juicio de tipicidad a momento de la subsunción, o lo que es lo mismo, por la descomposición del tipo penal de acoso sexual, habiendo una imposibilidad de subsumir el hecho denunciado, porque no se advierte relación jerárquica o de poder entre el sindicado y la accionante. Conforme se ha expresado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional, el ejercicio de la acción penal se encuentra a cargo del Ministerio Público, que tiene entre sus atribuciones dirigir la investigación, que puede concluir de diversa manera, entre las alternativas se encuentra el “rechazo de denuncia”, en cuyo caso se establece la obligación de expresar y explicar las razones de su determinación, razones que no solo se sustentan en las circunstancias de hecho, sino también en motivos de derecho. El delito de acoso sexual, per se afecta e involucra de manera necesaria los derechos de la mujer, de ahí que la conducta debe ser analizada por cualquier autoridad del poder público, sea judicial o no, en el ámbito de aplicación de la Ley 348; en ese marco, cualquier acción denunciada de delito de acoso sexual, por el Ministerio Público debe ser debidamente investigada y procesada, pero para ello la fundamentación de su determinación vinculada a una adecuada valoración de todos y cada uno de los elementos probatorios es determinante, apreciación que debe realizarse con un enfoque y visión de género, que ha sido desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. Entre los motivos de hecho que ha analizado el Ministerio Público, es que se habrían demostrado expresiones de frases y gesticulaciones de contenido sexual; sin embargo, desestima la denuncia porque esos hechos, no se podrían subsumir en los elementos constitutivos de derecho del tipo penal, pues no existiría una relación jerárquica o de poder entre el sindicado y la denunciante. Considerando que el caso se trata de la denuncia de un delito de acoso sexual, que se encuentra bajo el amparo de la Ley 348, correspondía a las autoridades del Ministerio Público aplicar con un cuidado especial el deber de la debida diligencia, por una parte realizando la investigación aplicando el principio de verdad material y por otra parte, determinando si la verdad de los hechos sucedidos encajan en todo el contenido normativo o de derecho del tipo penal establecido en el art. 312 quater del CP. En conclusiones de la decisión cuestionada en esta acción tutelar, el Fiscal accionado consideró que: “a pesar de haberse demostrado… como también la expresión de frases y gesticulaciones de contenido sexual contra la citada denunciante, no es menos cierto, que el resultado, modo y forma de aquel comportamiento no es típicamente subsumible a los verbos y condiciones objetivas del tipo penal de acoso sexual” (sic), porque no se advierte la concurrencia de una relación jerárquica. Es decir que conforme a la verdad material de los hechos sucedidos, en la investigación se demostró la existencia de gesticulaciones de contenido sexual; en ese contexto, la autoridad accionada si consideraba que correspondía aprobarse el rechazo de la denuncia por no existir uno de los elementos de derecho -como sería la inexistencia de una posición jerárquica o de poder-, debió fundamentar su decisión, expresando las razones de derecho que fueren necesarias, para que desde una visión integral se refiera a todo el contenido normativo o de derecho del art. 312 quater que en su regulación también utiliza la conjunción disyuntiva o que denota la separación de ideas, cuando se señala: “o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos”, pero no ha fundamentado ni una sola razón jurídica o de derecho, que exprese la imposibilidad de realizar la subsunción entre los hechos y el derecho. Con relación a la existencia de gesticulaciones de contenido sexual -hechos que habrían sido demostrados, según entiende la autoridad accionante-, y el tipo penal de acoso sexual, que se encuentra vinculado a tener un comportamiento de contenido sexual; no se ha realizado una adecuada motivación y fundamentación, que satisfaga a la parte denunciante, que se considera víctima del presunto delito de acoso sexual. Asimismo, la autoridad accionada, si bien hizo mención al principio de tipicidad, cuya ausencia de uno de sus elementos -posición jerárquica o de poder- no se habrían dado en el caso, lo que justificaría el rechazo; correspondió que en su decisión -de confirmación de ese rechazo de denuncia- exprese las razones por las que justifique esa ausencia de posición jerárquica o de poder entre un hombre, que está siendo denunciado de ejercer violencia sexual hacia una mujer, máxime si se tiene en cuenta que la violencia -de cualquier tipo- no se constituye en un problema a ser resuelto entre particulares y entre iguales, por la connotación social de trascendencia que tiene la violación de los derechos de una mujer. Por todo lo expresado, el Juez de garantías constitucionales, no ha efectuado una adecuada apreciación, cuando ha concedido en parte la tutela, denegándola con relación la denuncia de acoso sexual. b) Con relación al delito denunciado de supuesta violencia física.
En la acción de libertad, se ha expresado que el 8 de agosto de 2022, cuando fue víctima de acoso sexual, también sufrió agresiones o violencia física, como acreditó por informe médico forense, pues sufrió lesiones físicas en su torax, a consecuencia del golpe que le dio a su agresor. De la revisión de obrados, se tiene que la resolución de la autoridad accionada, quién confirmó el rechazo de la denuncia porque: “considera que a pesar de haberse demostrado el padecimiento y la creación de una lesión contraria a la integridad corporal de Zuleika Marina Lanza Zeballos en aplicación de los criterios rectores del Principio de Lesividad Penal debido a la infructuosidad restaurativa de la aplicación de la sanción contra Manuel Jesús Quinteros Prudencio por haberse podido constatar que el daño ocasionado al bien jurídico tutelado por el delito de Lesiones Graves y Leves es ínfimo para considerar la trascendencia del peligro ocasionado a su integridad corporal” (sic). En aquellos casos en los que exista denuncia de violencia contra la mujer, cualquier análisis que deba realizar la autoridad del poder público, sea Ministerio Público, autoridad jurisdiccional u otra, tiene que considerar el contenido normativo consagrado en el art. 15.I. y II de la CPE, que se integra plenamente con el contenido normativo de instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, en mérito a los cuales, toda persona tiene derecho a la vida, así como a su integridad física, psicológica y sexual. Para asegurar la vigencia plena de ese derecho, el propio Estado reconoce garantías mínimas en la Ley 348, tal como la que se regula en el art. 45.7 de la misma, en mérito a la cual el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia la protección de su dignidad e integridad, como se encuentra expresado en Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional. En el caso que ha motivado esta demanda de tutela constitucional, como reconoce la propia parte accionada, a tiempo de confirmar el rechazo de la denuncia, en el proceso investigativo ha quedado demostrada la existencia de un padecimiento físico contra la integridad corporal de la denunciante, empero, se aplica el principio de lesividad, por considerar que el daño corporal ocasionado es ínfimo. Cuando existe un daño corporal o físico probado, al margen de la gradación del mismo o de los días de incapacidad que señale el certificado médico forense en cuanto al mismo, que de manera casi inevitable va a encontrarse vinculado con un daño psicológico, la directa aplicación del principio de lesividad, implica desconocer la garantía normativa de protección a la dignidad e integridad física y/o psicológica de una mujer que considera estar en situación de violencia y que así la denuncia. Además, el Ministerio Público, en los casos de denuncia de violencia contra una mujer, deben ponderar cuáles de los principios que sustentan el proceso de investigación van a aplicar; por una parte está el principio de lesividad, en mérito al cual se desestima una denuncia por considerarse que el daño ocasionado del bien jurídico tutelado sería ínfimo -como ya se tiene expresado-; o se utiliza el principio de la debida diligencia, que no solo se aplica al desarrollo del proceso investigativo, sino que más de esa fase procesal se tiene que extender a todo el proceso judicial y sus emergencias. En consecuencia, correspondió a las autoridades del Ministerio Público ponderar el principio de lesividad, con referencia al derecho que tiene una víctima de violencia, la garantía que asegura el mismo y con una visión integral, relacionar los mismos con otros principios que sustentan los procesos de investigación, como es el principio de debida diligencia que se aplica no solo en la investigación, sino también en el proceso judicial, sanción y reparación. En el caso concreto, a la conclusión de la etapa preliminar, terminó decantándose con el rechazo de una denuncia, que si bien es una atribución que tiene el Ministerio Público y no se la desconoce, esa forma de conclusión, sustentada en el principio de lesividad, tiene que tener un especial y particular análisis, en aquellos casos que devienen de una denuncia de violencia contra una mujer, porque aplicar dicho principio –lesividad-, no da la posibilidad que se ingrese a un proceso contradictorio, que permita que conforme al principio de debida diligencia, la denuncia y las pruebas sean valoradas no solo por el Ministerio Público, sino que en un análisis de fondo, esa valoración pueda realizar la autoridad jurisdiccional a tiempo de dictarse sentencia, lo que en la especie no se puede dar. Por todo lo expresado, las autoridades del Ministerio Público en general y de manera especial, la autoridad accionada, han vulnerado los derechos a la vida e integridad -física y/o psicológica- de la parte denunciante de violencia, razón por demás de suficiente para concederse la tutela demandada. c) Con relación al delito denunciado de supuesta violencia psicológica
Es necesario hacer una expresa mención a la denuncia de violencia psicológica que ha realizado la parte denunciante y ahora accionante, con relación a lo resuelto por la autoridad accionada. La autoridad accionada, en su determinación de confirmación del rechazo de denuncia, en la parte considerativa relativa al análisis del caso concreto, ha hecho mención al contenido del Informe Psicológico TIPSI/CON/PSI/INF/22/2022 de 16 de agosto, así como ha mencionado el contenido del Informe Psicológico del SLIM, correspondiente al CITE: SMEDS/OOM/UDIF/PAIF CENTRO-7/29/2022 de 31 de octubre, pese a esa relación y a esas menciones, no realizó una motivación que desestime el contenido de esas pruebas y de manera directa en la parte resolutiva resuelve: RATIFICAR la Resolución de Rechazo … a favor de Manuel Jesús Quinteros Prudencio respecto a la probable comisión del hecho adecuado a los tipos penales de Lesiones Graves y leyes y Acoso Sexual … debiéndose proceder al archivo de obrados (sic). En toda resolución que emita el Ministerio Público, tiene el deber y la obligación de explicar las razones de hecho y de derecho que sustentan su determinación; asimismo, debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes, para valorar en forma integral a los mismos y cumplir con la exigencia de pronunciar un dictamen de manera adecuadamente fundamentada y motivada, conforme se ha expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo. En el marco del precedente constitucional señalado, la autoridad accionada no cumplió con esa obligación, cuando se limitó a mencionar la existencia de ciertas pruebas, o el contenido de las mismas, sin valorarlas, así sea para desestimarlas, esa omisión pone en evidencia el incumplimiento de la obligación que tiene de valorar todas y cada una de las pruebas que se ha puesto en su conocimiento en forma integral, no correspondiendo solo mencionarlas, tampoco realizar una valoración de pruebas en forma selectiva y aislada, sino unas con relación a otras, lo que en la decisión impugnada no se evidencia. Donde además se desconoció el deber de una debida motivación, habiendo evidencia de una clara incongruencia interna en la determinación, pues en la parte considerativa se hizo mención a los informes psicológicos -sin una motivación que sea evidente o que justifique las razones para desestimar dichos informes, como se ha señalado-, pero en la parte resolutiva, no se mencionó a ese tipo de violencia psicológica, así sea para desestimarla. De igual manera en el supuesto no admitido que la autoridad accionada en la parte considerativa del fallo habría valorado los informes que señaló, la incongruencia se mantiene porque en la parte resolutiva del dictamen, solo hizo mención a los tipos penales de lesiones graves y leves, que se encuentran vinculados a una probable comisión de violencia física, pero no dijo absolutamente nada con una probable comisión de violencia psicológica, lo que per se, evidencia y acredita la incongruencia interna señalada, además de la falta de motivación. En mérito a lo expresado, se tiene que la autoridad accionada, con la omisión señalada de falta de motivación, además por la incongruencia expresada, ha lesionado la garantía al debido proceso de la parte accionante, lo que también amerita la concesión de la tutela denunciada. d) Con relación a otras consideraciones Finalmente, y con relación a una serie de denuncias efectuadas en la acción tutelar, relativa a que el Fiscal accionado habría encubierto los actos del Fiscal de materia, que ocultó un certificado médico forense, o que la autoridad accionada habría quebrado la cadena de custodia, debido a que la apertura del sobre de DVDs, son extremos que no pueden ser analizados en esta acción tutelar, que no está para realizar un control de la investigación sino para establecer si en el caso concreto se ha producido o no la vulneración de derechos y garantías constitucionales, evidenciando la existencia de las mismas, conforme a los fundamentos que se han expresado precedentemente. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 276 a 279 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la fundamentación, motivación y congruencia con relación a la investigación y procesamiento, por la presunta comisión de los delitos de acoso sexual, violencia física y violencia psicológica, en los mismos términos y alcances a lo dispuesto por el Juez de garantías; y, 2º DENEGAR respecto al resto de denuncias efectuadas en la acción tutelar, descritas en el inc. d) del Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0392_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 679e9f5e833d5683601228ba5f74db923e676dc8f3de0efe327b3d6f95dc2175
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