Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 856/2022 de 17 de noviembre, revocó el Auto Interlocutorio 320/2022 de 18 de octubre, pronunciado por el Juez de la causa, mediante el cual fue favorecido con la cesación a su detención preventiva; determinación que no contiene una fundamentación y motivación razonable, solicitando en consecuencia, se conceda la tutela ordenando a la autoridad demandada dicte una nueva resolución a la luz de las cuestiones planteadas en su acción de libertad, manteniendo firme y subsistente el indicado Auto Interlocutorio, mientras no se pronuncie uno nuevo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: 1) Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 28 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en razón a que es improcedente activar otra acción de libertad, estando en revisión una primera acción de tutela sobre los mismos hechos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0392/2025-S1 Sucre, 5 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51829-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 28 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Belén Stefany Peralta Uría en representación sin mandato de Apolinar Escalera Barra contra Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito, caso signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102012207180, el 17 de noviembre de 2022, a horas 8:00 se realizó su audiencia de apelación de medidas cautelares, en la cual el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad ahora demandada-, pronunció resolución lesionando de manera flagrante sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de seguridad jurídica, además de otros derechos inherentes a la condición humana; por lo que, presenta acción de libertad protestando fundamentar la misma en audiencia.
Considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso y, el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se reparen los derechos y garantías vulnerados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su abogada ratificó íntegramente el contenido de la presente acción de libertad, y ampliando el mismo, refirió que: a) Mediante Auto Interlocutorio 282/2022 de 13 de septiembre, el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva en el Recinto Penitenciario San Pedro de esa ciudad, por un lapso de cinco (5) meses; decisión que estuvo basada en la concurrencia de la probabilidad de autoría establecida en el art. 233.1, así como en la concurrencia de los riesgos procesales de fuga previstos en el art. 234.1, únicamente en cuanto al domicilio (sin que hubiera introducido el art. 234.2) y el 234.7 peligro real y efectivo para la víctima, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP) por los cuales, se aplicó en su contra la medida excepcional; b) Después de un mes de encontrarse detenido, solicitó la cesación a la detención preventiva, petición que fue considerada y resuelta mediante Auto Interlocutorio 320/2022 de 18 de octubre, teniéndose por desvirtuado el riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del citado Código en relación al domicilio, porque acompañó nuevos elementos de convicción consistentes en informes emitidos por el Investigador asignado al caso, un acta y un certificado de verificación policial domiciliaria a requerimiento del Ministerio Público; c) En relación al art. 234.7 del adjetivo penal referido al peligro real y efectivo para la víctima, la autoridad jurisdiccional estableció que se trataba de dos menores de edad, los cuales pertenecen a un grupo vulnerable, entonces habiéndose suscrito acuerdos transaccionales, dispuso su detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, presentación de dos garantes solventes y presentación periódica ante el Ministerio Público, una vez al mes a través del sistema biométrico; d) Ante lo cual, una de las partes querellantes o víctimas de los hechos -Abigail Catacora Surco y Leonardo Vásquez-, presentó recurso de apelación incidental que fue sorteado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunciándose así el Auto de Vista 856/2022 de 17 de noviembre, el cual identifica como acto lesivo vulnerador de su derecho a la libertad; e) El citado Auto de Vista revoca la cesación otorgada y ordena nuevamente su detención preventiva, dejando sin efecto su detención domiciliaria, fallo que no contiene una fundamentación razonable; por cuanto, exige derecho propietario sobre un inmueble para desvirtuar el presupuesto procesal, sin atender su situación socioeconómica; f) En cuanto a su recurso de apelación que versaba sobre el art. 234.7 del CPP no existió pronunciamiento alguno, incurriendo en congruencia omisiva; g) La Secretaria del Juzgado de garantías informó que el Vocal ahora demandado fue legalmente citado; sin embargo, no presentó su informe correspondiente. Al respecto, la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, estableció que no se puede denegar una acción de libertad por presunta falta de pruebas, operando la presunción de veracidad de lo demandado cuando la autoridad legalmente notificada no concurre al acto o no presenta informe; en este caso, el Vocal demandado no remitió su informe, sino que lo hace otra autoridad; y, h) Por todo lo expuesto solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 856/2022 emitido por la mencionada Sala Penal Cuarta, ordenando al Vocal demandado dicte uno nuevo debidamente motivado y fundamentado, a la luz de las cuestiones planteadas en esta acción de amparo constitucional, manteniendo firme y subsistente el Auto Interlocutorio 320/2022, emitido por el Juez de la causa, mediante el cual concedió la cesación y después la detención domiciliaria, mientras no dicte un nuevo auto de vista.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante escrito presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante de fs. 21 a 22 vta., indicó lo siguiente: 1) Habiendo tomado conocimiento sobre la presente acción de libertad, ante la notificación que hubiere sido realizada en Secretaría de la Sala Penal mencionada, refiere que el Vocal Presidente Félix Orlando Rojas Alcón -autoridad ahora demandada-, no se encuentra “el día de hoy” en funciones, debido a que fue declarado en comisión, conforme se puede evidenciar de la Nota con CITE: DG-EJE 1194/2022 de 17 de noviembre y el decreto de igual mes y año, que se adjunta; 2) Hace conocer que “el día de hoy” la Secretaria de esa Sala Penal Cuarta recepcionó tres notificaciones respecto a acciones de libertad que hubieran interpuesto contra el Auto de Vista 856/2022, planteadas contra el Vocal Félix Orlando Rojas Alcón; demandas tutelares que se encuentran firmadas por la misma abogada Vianca Guadalupe Uría Ortuño, aspecto que causa susceptibilidad respecto al Juez o Tribunal de garantías constitucionales competente para resolver la acción planteada; por lo que, pide se consideren dichos extremos, toda vez que, estamos ante un acto irregular; 3) Añade que fueron notificados con: 3.i) Primera acción de libertad interpuesta por Belén Stefany Peralta Uría -en representación sin mandato de Apolinar Escalera Barra- contra Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal ahora demandado cuestionando el Auto de Vista -856/2022- pronunciado el 17 de noviembre de 2022, dentro del proceso caratulado como Ministerio Público contra Apolinar Escalera Barra, misma que hubiera sido sorteada al Juzgado de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del mencionado departamento;
3.ii) Segunda acción de libertad planteada por Apolinar Escalera Barra contra el mencionado Vocal, observando el Auto de Vista de la referida fecha, sorteada al Juzgado de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del mencionado departamento; y, 3.iii) Tercera acción de libertad interpuesta por Graciela Huaranca Quispe contra el Vocal ahora demandado, cuestionando el mismo Auto de Vista, que fue sorteado a la Sala Constitucional Segunda del referido departamento; por lo precedentemente descrito se puede observar hechos irregulares en la tramitación de esta acción tutelar que pide sean considerados; 4) Respecto al señalado Auto de Vista 856/2022, éste fue pronunciado dentro de los plazos establecidos y en cumplimiento a los parámetros y límites de competencia establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP, por lo cual no puede presumirse conculcación de derechos o garantías constitucionales; 5) Como Tribunal de alzada tienen la obligación de efectuar una minuciosa revisión de los antecedentes remitidos; en ese sentido, cabe manifestar que la solicitud de revocatoria de medidas fue impetrada por la parte querellante, conforme se puede evidenciar del Auto de Vista cuestionado; asimismo, se consideraron todos los argumentos expuestos por las partes apelantes -querellante e imputado- habiéndose respondido los agravios formulados; y, 6) Por todo lo manifestado, al no haber evidenciado vulneración de derechos y garantías constitucionales del ahora accionante, solicita se deniegue la tutela, indicando que todos los antecedentes del presente caso fueron remitidos a la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, donde se hubiera señalado audiencia para horas 14:00 -se entiende de 18 de noviembre de 2022-, estando a resultas de dicha audiencia de consideración de acción de libertad.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 28 a 29, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0636/2019-S4 de 14 de agosto, denegó la tutela por citación errónea del demandado, precisando que: “…ante la inadecuada citación a la parte demandada, que pudiera suscitarse en determinado caso, lo correcto es que se deba denegar la tutela solicitada sin ingresar al fondo de la acción de libertad, ya que lo contrario, implicaría vulnerar los derechos de la parte demandada, que ante el desconocimiento de los hechos alegados en su contra, vería afectado su derecho a la (…) defensa” (sic); b) Ahora bien, se tiene la información proporcionada por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la documentación acompañada que genera convicción en el Juez de garantías en cuanto a que la autoridad demandada se encuentra declarado en comisión “el día de hoy”; por ende, no se encuentra cumpliendo funciones, razón por la cual la citación efectuada mediante cédula en su domicilio laboral no garantiza el conocimiento efectivo de la acción de defensa promovida en su contra, situación que denota que la citación no cumplió su finalidad y por tanto, dicha autoridad no puede ejercer su derecho a la defensa; y, c) Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional analizó dicha circunstancia determinando la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo; toda vez que, sería atentatorio al derecho a la defensa de la autoridad ahora demandada, quien ante un desconocimiento de los argumentos y elementos probatorios que se presenten en la acción de defensa, no puede resistir ni desvirtuar aquellos al no haber asumido conocimiento cierto y efectivo del mismo. En la vía de complementación y enmienda, la parte accionante solicitó al Juez de garantías, se emita una certificación por Secretaría, donde conste que en la presente acción de libertad no se ha ingresado a debatir el fondo; por cuanto, volverá a presentar de manera inmediata otra acción tutelar buscando se notifique de manera concreta a la autoridad demandada. Petición que el Juez de garantías dio curso ordenando que por Secretaría se extienda la certificación requerida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de acción de libertad de 17 de noviembre de 2022, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 204053010, presentado por Apolinar Escalera Barra -ahora accionante- contra Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad ahora demandada-; y su correspondiente Auto de Admisión de 18 de igual mes y año, suscrito por Miguel Ángel Flores Orihuela, Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del citado departamento, actuando como Juez de garantías (fs. 11 a 14). II.2. La presente acción de libertad con NUREJ 204053012, fue interpuesta el 18 de noviembre de 2022, por Belén Stefany Peralta Uría en representación sin mandato del impetrante de tutela contra el Vocal ahora demandado, siendo sorteada al Juzgado de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, como Juzgado de garantías (fs. 1; y, 3 a 4).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 856/2022 de 17 de noviembre, revocó el Auto Interlocutorio 320/2022 de 18 de octubre, pronunciado por el Juez de la causa, mediante el cual fue favorecido con la cesación a su detención preventiva; determinación que no contiene una fundamentación y motivación razonable, solicitando en consecuencia, se conceda la tutela ordenando a la autoridad demandada dicte una nueva resolución a la luz de las cuestiones planteadas en su acción de libertad, manteniendo firme y subsistente el indicado Auto Interlocutorio, mientras no se pronuncie uno nuevo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: 1) Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares; y, 2) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de SCP 0294/2018-S2 de 25 de junio, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: Con relación a la imposibilidad de plantear otra acción tutelar por hechos análogos mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, tiene su antecedente en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, la cual establece que la interposición de un nuevo recurso -ahora acción- sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho y constituiría un acto temerario, que pretende lograr una duplicidad de fallos; puesto que, solo después de emitida la sentencia constitucional en revisión, y siempre que se hubiere declarado la improcedencia por cuestiones formales, que no impliquen examinar el fondo del asunto, la parte accionante podría interponer nuevo recurso -ahora acción-, cumpliendo con los requisitos extrañados. Dicho entendimiento, fue reiterado en las SSCC 0016/2004-R de 6 de enero y 0252/2004-R de 20 de febrero; posteriormente, confirmado en la SC 1598/2011-R de 11 de octubre; razonamiento que fue asumido también por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0516/2012 de 9 de julio. Asimismo, la SCP 1224/2014 de 16 de junio, en el Fundamento Jurídico III.5, señala: “…no se puede pretender que sea tutelado el reclamo de vulneración de su derecho a la libertad, porque le denegaron una anterior acción de libertad, a través de otra acción de libertad, cuando la misma se encuentra en revisión antes este Tribunal, el que en definitiva se pronunciará al respecto…”. Finalmente, la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero, reiteró el entendimiento establecido en la SC 1347/2003-R. En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que el accionante no puede activar otra acción de libertad sobre los mismos hechos, estando en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela, en cuyo caso la segunda demanda tutelar deviene en improcedente.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, y el principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista 856/2022 de 17 de noviembre, revocó el Auto Interlocutorio 320/2022 de 18 de octubre, pronunciado por el Juez de la causa, mediante el cual fue favorecido con cesación a su detención preventiva; determinación que -a su criterio- no contiene una fundamentación y motivación razonable. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no puede activarse otra acción de libertad sobre los mismos hechos, encontrándose en trámite y sin contar aún con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela; en cuyo caso, la segunda acción deviene en improcedente. Dicho entendimiento, resulta aplicable en el presente caso; puesto que, de acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que Apolinar Escalera Barra -ahora accionante-, interpuso una anterior acción de libertad signada con el NUREJ 204053010 contra Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad ahora demandada-, identificando como acto lesivo lo dispuesto en el Auto de Vista 856/2022; y denunciando igualmente, que la referida autoridad, incurrió en la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso y, el principio de seguridad jurídica, acusando a la Resolución impugnada de carecer de razonabilidad, debida fundamentación y motivación, causa que fue admitida el 18 de noviembre de 2022, por Miguel Ángel Flores Orihuela, Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías (Conclusión II.1); es decir, dicha acción de libertad es una copia exacta de esta acción de defensa; toda vez que, la presente demanda tutelar fue interpuesta el 18 de noviembre de 2022, por Belén Stefany Peralta Uría en representación sin mandato de Apolinar Escalera Barra -impetrante de tutela- contra el mismo Vocal mencionado supra, cuestionando el Auto de Vista 856/2022, asignándose el NUREJ 204053012 -posterior a la numeración de la acción anterior- y sorteada al Juzgado de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, como Juez de garantías (Conclusión II.2). Consecuentemente, el impetrante de tutela al haber interpuesto la presente acción de libertad, estando en trámite una acción anterior, activó de forma paralela dos acciones de tutela sobre los mismos hechos de forma temeraria, pretendiendo un doble pronunciamiento (inclusive triple; por cuanto, de la revisión de la página de este Tribunal se observa una tercera acción de libertad signada con el número de expediente 52117-2022-105-AL); actuación que no es conforme a derecho, puesto que genera riesgo de provocar resoluciones contradictorias que afecten la seguridad jurídica; razón por la cual, la presente acción tutelar resulta improcedente. Por todo lo expuesto, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 28 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en razón a que es improcedente activar otra acción de libertad, estando en revisión una primera acción de tutela sobre los mismos hechos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y. 102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0392_2025-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 02ce28d7f6b64747139727ca13798000cd8b300a8ff358077c63fbad95e85b79
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