B.IA.LEGAL

SCP 0392/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
47522-2022-96-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, y a la presunción de inocencia; puesto que, pese haber sido puesto en disponibilidad de la Letra “C” pasando a la “reserva activa” para gozar de los haberes y derechos adquiridos durante la carrera policial, mientras adquiría la edad para jubilarse y beneficiarse con la renta de vejez mediante la RA 0029/19 de 5 de febrero de 2019, fue aprehendido y detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, emitiendo el Comando de la Policía Boliviana a través del Director Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana la RA 0344/19 de 8 de abril de igual año, que dejó en efecto suspensivo la RA 0029/19, sin goce de haberes, decisión que fue desestimada dentro del recurso de revocatoria que planteó alegando que los funcionarios públicos no podían percibir un salario si no habían trabajado y que recurrida en recurso jerárquico, también fue desestimada; empero, ante la acción de amparo constitucional que formuló, concedida la tutela se pronunció la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 de 13 de abril, que revocando en parte la RA 0344/19, resolvió dejar sin efecto la parte que lo suspendía de la situación de disponibilidad de la Letra “C”, negándole la reparación de su derecho a la restitución de sus sueldos de abril de 2019 a junio de 2020, el aguinaldo por la gestión 2019 y duodécimas de la gestión 2020. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 46/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 192 a 196, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

a) Disponer dejar sin efecto la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 de 13 de abril, debiendo pronunciar el Comandante General de la Policía Boliviana sin espera de turno, una nueva resolución que responda a cada uno de los agravios expuestos dentro del recurso jerárquico planteado por el accionante, evitando analizar y resolver de forma global los puntos cuestionados, considerando los argumentos en este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuando a la vulneración de los derechos, al debido proceso en su elemento de fundamentación y a la presunción de inocencia, conforme a lo fundamentos jurídicos establecidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0392/2023-S3 Sucre, 5 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 47522-2022-96-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 46/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 192 a 196, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rommel César Raña Pommier contra Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 117 a 124, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue notificado con el Memorando 1142/2019 de 5 de febrero, por el que se le puso en conocimiento la emisión de la Resolución Administrativa (RA) 0029/19 de la misma fecha, por la que se resolvió ponerlo en disponibilidad de la letra “C”; es decir que, mientras adquiría la edad para jubilarse y beneficiarse con la renta de vejez, pasaba a la “reserva activa”, lo que significaba que sin prestar servicios por haber culminado su carrera profesional gozaría de los haberes y derechos adquiridos durante la carrera policial con la posibilidad de ser convocado en caso de conflictos armados o de necesidad; no obstante, cuando se estaba postulando para ascender al grado de General en la Policía Boliviana, se le inició un proceso penal en la ciudad de Oruro, en el que primero fue aprehendido y luego detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pronunciando el Director Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana la RA 0344/19 de 8 de abril de 2019, que dejó en efecto suspensivo la RA 0029/19, sin goce de haberes; determinación ante la que formuló recurso de revocatoria que fue desestimado alegando que los funcionarios públicos no podían percibir un salario si no habían trabajado, decisión que recurrida en recurso jerárquico, primero fue desestimada argumentando que no correspondía aplicar el procedimiento administrativo o sus reglas a los procedimientos policiales y que en el caso no existía normativa que regule la posibilidad de recurrir contra una resolución de suspensión por detención preventiva. Ante esa situación planteó una primera acción de amparo constitucional alegando dos aspectos: no podía dictarse una resolución con base en la Disposición Adicional Primera de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, al no ser aplicable a los funcionarios que se encuentran en la reserva activa por no desempeñar funciones y solo recibir salario hasta que tramiten su jubilación al constituir un derecho adquirido por treinta años de prestación del servicio (art. 75 de la LRDPB) y la vulneración del derecho al debido proceso, puesto que resuelto el recurso de revocatoria por el Director Nacional de Personal y presentado el recurso jerárquico, esa misma autoridad lo desestimó sin remitirlo a conocimiento de la máxima autoridad de la Policía Boliviana para que lo resuelva; no obstante, concedida la tutela se remitieron antecedentes al Comandante General, quien emitió la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 de 13 de abril, con la que fue notificado el 24 de mayo de 2021, la que revocando en parte la RA 0344/19, resolvió dejar sin efecto la parte que lo suspendía de la situación de disponibilidad de la letra “C”, negándole la reparación de su derecho a la restitución de sus sueldos de abril de 2019 a junio de 2020, el aguinaldo por la gestión 2019 y duodécimas de la gestión 2020, copiando normas que a criterio de los funcionarios policiales debían aplicarse al caso, mezclando términos y acepciones que no resolvían los fundamentos del recurso jerárquico, usando normas jurídicas sin sustento legal y alegando que si bien pasó a disponibilidad de la letra “C” esa condición no invalidaba los derechos adquiridos y su supresión conforme al principio de reserva legal, los que debían ser restituidos si contaba con una sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento ejecutoriados, por lo que considera que la mencionada Resolución Administrativa Jerárquica vulneró sus derechos a: a) Debido proceso como garantía procesal; puesto que, pese a prever la Disposición Adicional Primera de la LRDPB que a los policías que se encuentren con detención preventiva o detención domiciliaria se les debe suspender de sus funciones y sus beneficios sociales, no establece un medio de impugnación al no contar con una norma expresa para procedimientos administrativos internos y menos una forma de impugnar las resoluciones administrativas que afecten la esfera personal de los administrados, resultando viable observar lo establecido por el art. 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; ya que, dicha norma es aplicable a todos los actos de la administración pública, refiriendo como excepción en el parágrafo II al inc. f) del citado artículo que los procedimientos internos militares y de policía que se exceptúan por ley expresa, pueden acudir a los recursos de revocatoria y jerárquico; la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 no debió confirmar la decisión de privarle de su derecho al salario en el entendido de que ya no era un funcionario activo y no tenía cargo ni puesto, resultando inviable suprimir el pago argumentando el art. 4 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- referido a que día no trabajado es día no pagado; las leyes policiales no estipulan que los funcionarios que pertenecen a la letra “C” pueden ser suspendidos de esa condición al igual que sus beneficios, por tratarse de derechos adquiridos por treinta años de servicio; aspectos por los que considera que se le aplicó una norma policial no adecuada al caso y fue sometido a un juez sin competencia, ya que la “resolución” -se entiende la RA 0344/19- debió ser pronunciada por el Comandante General o Departamental y no el Director de Personal de la Policía Boliviana; b) Debida fundamentación y congruencia, no se aclara bajo que norma jurídica se amparan para suspender los salarios de una persona que se encuentra en reserva activa, tampoco señalan que esa restitución de derechos involucra que de forma retroactiva se le deba devolver los salarios que ilegalmente le suspendieron, sin que exista lógica en reponer salarios a quien en una situación activa de servicios efectivamente no trabajaron, cuando en su caso el derecho adquirido no podía ser suspendido por una norma que específicamente suspende a quienes aún se encuentran cumpliendo funciones policiales; refieren que podía desempeñar cualquier otra función que no afecta la institución, norma que es facultativa pero no eximente para suspenderle sus haberes por haber sido puesto a disposición de la letra “C”, ratificando la reserva activa pero incongruentemente negándole sus derechos; c) Vulneración de derechos constitucionales, la “resolución impugnada” refiere que no era necesario dejar sin efecto la RA 0029/19, por la que se lo puso a disposición de la Letra “C” dejando sin efecto la RA 0344/19 y ratificándolo en la disponibilidad de la Letra “C” reconociendo automáticamente que se encuentra en reserva activa, situación que conlleva el reconocimiento del cobro de haberes íntegros ya que solo ante su jubilación el cambio de disponibilidad a la Letra “A” le quitaría su derecho a la reserva activa; por lo que, pronunciada la resolución cuestionada -se entiende la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021-se le devolvió la categoría de disponibilidad de la Letra “C” al ser una situación especial para funcionarios públicos policiales, lo que conlleva el derecho a percibir haberes íntegros por permanecer en la institución policial sin que exista norma administrativa o judicial que establezca que esa situación pueda ser suspendida por la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana que regula la situación de funcionarios que debiendo cumplir sus funciones se encuentran sometidos a la extrema medida de detención, mientras dure el proceso de investigación, notificándose en su caso con el respectivo Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento -12/2021 de 24 de agosto-; y, d) Presunción de inocencia, de acuerdo con el art. 54 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana (LOPB) un policía no puede ser retirado de la institución, salvo que se le compruebe la comisión de algún delito en proceso contradictorio conforme a ley, al ser la infracción de las leyes y reglamentos institucionales las que determinan la organización de un proceso disciplinario y la sanción respectiva; en su caso, la suspensión de haberes y de la institución policial al encontrarse en un proceso penal le restringió su derecho a cobrar su salario presumiendo su culpabilidad, situación que concluyó con su sobreseimiento.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, y a la presunción de inocencia sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se anule la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 de 13 de abril y se disponga dictar uno nuevo respetando sus derechos adquiridos, aplicando los arts. 75 y 76 de la LOPB, fundamentándola de forma coherente y congruente, y dejando sin efecto la RA 0344/19 de 8 de igual mes de 2019.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 7 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 183 a 191 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que el art. 75 de la LOPB es aplicable a los funcionarios policiales en servicio activo y a los recién egresados de la Unidad Académica de Pregrado de la Universidad Policial (UNIPOL), pero no a quienes están en reserva activa y deben recibir su haber íntegro por su permanencia de treinta años en la institución a partir de su ingreso en la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), pretendiendo de manera injustificable y arbitraria negarle sus derechos a través de la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General a.i. de la Policía Boliviana, a través de sus representantes legales en audiencia manifestó que: 1) El accionante ingresó a la institución policial el 1 de enero de 1993 con el grado de Subteniente siendo designado en un último destino especial a la disponibilidad de la Letra “C” en reserva activa, pronunciándose la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 para que en ese periodo pueda desarrollar cualquier tipo de actividad pública o privada sin afectar la imagen, la dignidad e integridad de la institución policial; 2) Por Memorando 1142/2019, el Comandante General y el Director Nacional de Personal comunicaron al accionante que la promoción 1984 había pasado a la disponibilidad de la Letra “C”; sin embargo, ante el mandamiento de detención preventiva de 21 de marzo de 2019 emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, se procedió a su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, aspecto que informado a la administración policial determinó que la Dirección Nacional de Personal mediante RA 0344/19, resolviera suspender indefinidamente al accionante; posteriormente, por Auto Interlocutorio 156/2020 en atención a la solicitud de medidas cautelares se modificó su situación jurídica restableciendo su derecho de locomoción, reasignándole funciones por Resolución 0545/20, aspecto que le fue comunicado por Memorando ESC/TR GGJJOO 0416/2020; 3) No se vulneró derecho alguno, al ser una situación que se encuentra pendiente a efecto que se le restituyan sus derechos ya sea con la presentación de la sentencia absolutoria ejecutoriada, de una resolución de extinción de la acción penal o la resolución ejecutoriada de sobreseimiento; y, 4) La Policía Boliviana se ve imposibilitada de cancelar un salario a una persona detenida preventivamente al afectarse los recursos económicos de la institución y abrir brecha para que todo funcionario policial que esté en la cárcel detenido preventivamente pueda percibir un haber quebrantando la norma administrativa disciplinaria sin que se pueda otorgar ese beneficio a un procesado penalmente que esta privado de libertad y de locomoción, siendo esa la razón por la que se procedió a la suspensión indefinida del pago de haberes. Por lo expuesto pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 46/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 192 a 196, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) La Disposición Adicional Primera de la LOPB establece la suspensión indefinida cuando operen dos circunstancias y para el restablecimiento de derechos la Disposición Adicional Tercera prevé tres circunstancias, de las cuales es aplicable la tercera al existir un acto formal del Ministerio Público referido al sobreseimiento y la restitución de derechos que es objeto del planteamiento de esta acción de amparo constitucional cuando se pudo acudir directamente a la Policía Boliviana a pedir su restablecimiento; es decir, hasta que el accionante asuma todos y cada uno de sus derechos hasta el momento en que fue suspendido indefinidamente al ser probable que no solo sea el tema salarial o los sueldos devengados sino otros en su calidad de funcionario policial en reserva; y, ii) Si algún argumento fuere susceptible de tutela, la misma solo será aparente puesto que esa Sala Constitucional solo generará mayor argumentación y el resultado será el mismo, correspondiendo que el accionante presente ante la autoridad el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 01/2021, al no haberse encontrado ningún tipo de prueba o indicio que lo involucre en un hecho delictivo, siempre fue inocente, no se cometió un delito y la institución debe enmendar su situación jurídica restituyendo sus derechos institucionales sin que la jurisdicción constitucional sea la vía.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por RA 0029/19 de 5 de febrero de 2019, el Comandante General de la Policía Boliviana resolvió destinar a la situación de disponibilidad de la Letra “C” “reserva activa” a los Jefes y Oficiales componentes de la Promoción 1987, encontrándose en la lista de funcionarios adjunta Rommel César Raña Pommier -ahora accionante-, disponiéndose en el inc. b) que: “En aplicación al Art. 75 inciso a) y 76 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (hoy Boliviana), Arts. 48 y 49 del Reglamento de Personal y el Art. 4 del Decreto Supremo 25477 de fecha 5 de agosto de 1999 que señala: Los señores coroneles que no fueron ascendidos cuando corresponde a su promoción y/o fueron rebasados por algún miembro en el ascenso a General, pasaran a la situación de Disponibilidad “C” hasta llegar a la edad requerida para acogerse a la renta de vejez” (sic [fs. 2 a 5 y 143 a 146]); determinación que le fue comunicada al accionante por Memorando 1142/2019 de 5 de febrero (fs. 6 y 147). II.2. Cursa mandamiento de detención preventiva de 21 de marzo de 2019 expedido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de beneficios en razón del cargo previsto por el art. 147 del Código Penal (CP) modificado por el art. 34 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, relacionado con el art. 20 del CP, de conformidad con el art. 37.1 y 3 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021- (fs. 148). II.3. Mediante RA 0344/19 de 8 de abril de 2019, el Director Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana dispuso la suspensión indefinida del accionante de la Policía Boliviana, sin goce de haberes en cumplimiento de la “Disposición Adicional Primera de la Ley Nro. 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, Instructiva 005/2011 de Inspectoría General y en aplicación a los fundamentos legales previstos en los arts. 22 y 55 inc. b) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (ahora Boliviana). En estricta observancia al Mandamiento de Detención Preventiva…” (sic), emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro y de conformidad al Informe Legal 01043/2019 de Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Personal, se dejó en efecto suspensivo la RA 0029/19 de 5 de febrero de 2019, pronunciado por el Comando General de la Policía Boliviana de disponibilidad de la Letra “C” del accionante en aplicación al art. 49 inc. a) hasta que solucione su situación jurídica (fs. 7 a 9 y 149 a 151). II.4. A través del Auto Interlocutorio 156/2020 de 4 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro declaró con lugar y procedente la solicitud de modificación de medidas cautelares planteadas por el accionante contenida en el numeral 3 de la Resolución 403/2019 de 27 de junio, dejando sin efecto la detención domiciliaria dispuesta en su contra y resolviendo a partir de esa fecha el ejercicio irrestricto de su derecho de locomoción, salvando la subsistencia de las demás medidas cautelares contenidas en la indicada Resolución (fs. 152 a 156); por su parte el Director Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana por RA 0545/20 de 3 de junio de 2020, procedió a reasignarle funciones en la Policía Boliviana, al haberse declarado con lugar y procedente la modificación de las medidas cautelares; además su continuidad en la Letra “C” de disponibilidad conforme lo dispuesto en la RA 0029/19 (fs. 158 a 161), decisión que fue comunicada mediante Memorando ESC/TR GGJJOO 0416/2020 de 3 de junio (fs. 163). II.5. Por memorial presentado el 24 de abril de 2019, el accionante planteó recurso de revocatoria contra la RA 0344/19 (fs. 10 a 12); asimismo, mediante escrito de 13 de septiembre de 2019, el accionante interpuso recurso jerárquico contra la Nota con Cite E.U.J. 522/2019 de 7 de mayo, que desestimó el recurso de revocatoria planteado contra la RA 0344/19 (fs. 16 a 20). II.6. Mediante Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 de 13 de abril, Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General de la Policía Bolivia -hoy accionado-, declaró no ha lugar a la solicitud de dejar sin efecto la RA 0344/19 emitida por el Director Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana, anulando únicamente la disposición que ordena “…dejar en efecto suspensivo la Resolución Administrativa Nro. 0029/19 de fecha 05 de febrero de 2019 del Cnl. DESP. ROMMEL CÉSAR RAÑA POMMIER por el que fue destinado a la disponibilidad de la Letra “C” de Reserva Activa, manteniendo firme y subsistente el resto de los términos de la Resolución recurrida”, decisión con la que el accionante fue notificado el 24 de mayo de 2021 (sic [fs. 42 a 49]). II.7. Por Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 12/2021 de 24 de agosto, los Fiscales de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía Departamental de Oruro con la facultad conferida por la Ley Orgánica del Ministerio Público y en aplicación de los arts. 171, 173, 323.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) decretando sobreseimiento para el imputado: “ROMMEL CÉSAR RAÑA POMMIER con las generales descritas en el punto 1), por no existir suficientes elementos de prueba para fundar una acusación en su contra por el delito de BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO previsto en el Artículo 147 del Código Penal modificado por el Art.

34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010. COHECHO PASIVO PROPIO previsto en el Artículo 145 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 ley de 31 de marzo de 2010. USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS prevista y sancionada por el Art. 146 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y como probable autor del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto y sancionado en el 1er párrafo del Art. 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ASOCIACIÓN DELICTUOSA tipificado y sancionado por el Art. 132 del Código Penal todos en relación al art. 20 del Código Penal…” (sic [fs. 91 a 116]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, y a la presunción de inocencia; puesto que, pese haber sido puesto en disponibilidad de la Letra “C” pasando a la “reserva activa” para gozar de los haberes y derechos adquiridos durante la carrera policial, mientras adquiría la edad para jubilarse y beneficiarse con la renta de vejez mediante la RA 0029/19 de 5 de febrero de 2019, fue aprehendido y detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, emitiendo el Comando de la Policía Boliviana a través del Director Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana la RA 0344/19 de 8 de abril de igual año, que dejó en efecto suspensivo la RA 0029/19, sin goce de haberes, decisión que fue desestimada dentro del recurso de revocatoria que planteó alegando que los funcionarios públicos no podían percibir un salario si no habían trabajado y que recurrida en recurso jerárquico, también fue desestimada; empero, ante la acción de amparo constitucional que formuló, concedida la tutela se pronunció la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 de 13 de abril, que revocando en parte la RA 0344/19, resolvió dejar sin efecto la parte que lo suspendía de la situación de disponibilidad de la Letra “C”, negándole la reparación de su derecho a la restitución de sus sueldos de abril de 2019 a junio de 2020, el aguinaldo por la gestión 2019 y duodécimas de la gestión 2020. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso

La SCP 0775/2020-S3 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: “La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto.

En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita. Por ser de interés al presente caso nos referiremos a la incongruencia por citra petita, llamada también omisiva o ex silentio, que se produce al omitir la decisión de un asunto cuya resolución formó parte de la contienda, falta de pronunciamiento que puede ser total o parcial. Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)”. En cuanto al elemento de congruencia, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. La jurisdicción constitucional, estableció abundante jurisprudencia en cuanto al principio de congruencia; así, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, sostuvo que: ‘…la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, y a la presunción de inocencia; puesto que, pese haber sido puesto en disponibilidad de la Letra “C” pasando a la “reserva activa” para gozar de los haberes y derechos adquiridos durante la carrera policial, mientras adquiría la edad para jubilarse y beneficiarse con la renta de vejez mediante la RA 0029/19 de 5 de febrero de 2019, fue aprehendido y detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, emitiendo el Comando de la Policía Boliviana a través del Director Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana la RA 0344/19 de 8 de abril de igual año, que dejó en efecto suspensivo la RA 0029/19, sin goce de haberes; decisión que fue desestimada dentro del recurso de revocatoria que planteó alegando que los funcionarios públicos no podían percibir un salario si no habían trabajado, decisión que recurrida en recurso jerárquico, también se desestimó; empero, ante la acción de amparo constitucional que formuló, concedida la tutela se pronunció la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 de 13 de abril, que revocando en parte la RA 0344/19, resolvió dejar sin efecto la parte que lo suspendía de la situación de disponibilidad de la Letra “C”, negándole la reparación de su derecho a la restitución de sus sueldos de abril de 2019 a junio de 2020, el aguinaldo por la gestión 2019 y duodécimas de la gestión 2020.

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que, mediante RA 0029/19 de 5 de febrero de 2019, el Comandante General de la Policía Boliviana resolvió destinar a la disponibilidad de la Letra “C” “reserva activa” a los Jefes y Oficiales componentes de la Promoción 1987, entre los que se encontraba el accionante, decisión que se comunicó al accionante en la misma fecha (Conclusión II.1.); no obstante, ante el mandamiento de detención preventiva de 21 de marzo de 2019 expedido contra su persona por la presunta comisión del delito de beneficios en razón del cargo (Conclusión II.2.), por RA 0344/19 de 8 de abril de igual año, se resolvió disponer su suspensión indefinida de la Policía Boliviana, sin goce de haberes dispuesta a través de la RA 0029/19, en atención al mandamiento de detención preventiva pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, hasta que solucione su situación jurídica (Conclusión II.3.), decisión que se modificó ante la petición de medidas cautelares del accionante, dejándose sin efecto la detención domiciliaria dispuesta contra su persona a efecto de que pueda ejercer su derecho a la locomoción en forma irrestricta (Conclusión II.4.); habiendo formulado el accionante recurso de revocatoria contra la RA 0344/19 y posteriormente recurso jerárquico en el que se emitió la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 de 13 de abril, que declaró no ha lugar a la solicitud de dejar sin efecto la RA 0344/19, anulando únicamente el numeral que dejó en suspenso la RA 0029/19, por la que fue destinado a disponibilidad de la Letra “C” de Reserva Activa, manteniendo firme y subsistente el resto de la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 (Conclusión II.6.); habiendo pronunciando el Ministerio Público el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 12/2021 de 24 de agosto, en favor del accionante al no existir suficientes elementos de prueba para fundar una acusación contra su persona por los delitos de beneficios en razón del cargo, cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y otros (Conclusión II.7.). Emitida la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021, corresponde previamente conocer los agravios expuestos por el accionante; no obstante, al no constar en antecedentes con el memorial de interposición del recurso jerárquico contra la Nota con Cite E.U.J. 522/2019 de 7 de mayo, por la que se desestimó el recurso de revocatoria contra la RA 0344/19, se extractará un resumen de la Resolución Administrativa Jerárquica cuestionada, en la que se expresó: a) No se consideró que a la fecha de su detención preventiva el 19 de marzo de 2019, sus funciones policiales había cesado por haber pasado a disponibilidad de la Letra “C” y en espera del cumplimiento del plazo para acceder a la jubilación; b) Su derecho al salario está protegido por la Constitución Política del Estado; por lo cual, no podía ser embargado ni suspendido por cualquier normativa especial como es la LOPB creada para regular y sancionar faltas disciplinarias de los funcionarios policiales activos, resultando inaplicable a su caso la Disposición Adicional Primera, por lo que pidió se le restituya su derecho al salario como funcionario puesto a disponibilidad de la Letra “C”;

c) Por memorial presentado el 5 de enero de 2021 refirió que, al momento de emitirse la RA 0344/19, no contaba ni cuenta con sanción para suspenderlo de sus funciones al ya no cumplir con ninguna -función-, por lo que tampoco podía ser suspendido de la categoría de disponibilidad de la Letra “C”, al constituir una situación adquirida por los años de servicio brindados, sin que exista norma administrativa o policial que refiera que esa situación deba ser suspendida por arbitrio de las autoridades, pidiendo se deje sin efecto la indicada Resolución Administrativa. d) Esos argumentos fueron reiterados cuando se pidió aclaración y corrección al petitorio expresando que, se ordene se le cancelen los salarios y bonos que le fueron suspendidos desde la emisión de la Resolución -0344/19- “apelada”; es decir, bono de antigüedad de años de servicio, dotación de víveres, aportes a Mutual de Seguros del Policía (MUSEPOL), Consejo Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL) y Cooperativa Multiactiva Policial Limitada (COOMUPOL Ltda.), regularización de aportes a la AFP FUTURO y pago de los demás derechos que le asisten como el aguinaldo. Ante los argumentos expuestos en el recurso jerárquico, se procede a contrastar los agravios por lo mencionado en la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021, para verificar si se respondieron o no a los mismos: 1) Respecto del primer punto referido a si los alcances de la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana eran aplicable a los servidores públicos policiales destinados a la Letra “C” se indicó que, conforme lo señalado por el art. 75 de la citada Ley, son destinados a dicha letra el personal que cumplió treinta años en la institución a partir de su egreso de la Academia Nacional de Policías, por lo que de acuerdo con el art. 28 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-concordante con el art. 4 del EFP, quienes están destinados a la disponibilidad de la Letra “C” al tener relación de dependencia remunerada con el Estado Plurinacional mantienen el status de servidores públicos con derechos, obligaciones, responsabilidades y limitaciones impuestas por ley, aspecto que fue ratificado por las SSCC 0371/2004-R de 17 de marzo y 0453/2004-R de 30 de igual mes; habiéndose procedido a dictar la Resolución cuestionada con relación al mandamiento de detención preventiva de 22 de marzo de 2019, por el que se mandó y ordenó a su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de “Oruro”, habiendo actuado la autoridad de origen de forma correcta al disponer la suspensión indefinida del accionante, procediendo a reasignarlo en sus funciones mediante RA 0545/2020 ante la solicitud de modificación de las medidas cautelares y con el pago íntegro de sus haberes a partir de dicha reasignación, determinación que se adecúa a los presupuestos señalados en la Disposición Adicional Segunda de la LOPB y art. 75 de la citada Ley, sin que el recurrente hubiese observado en absoluto el procedimiento aplicado.

2) Sobre el segundo punto, relativo a la Resolución que dejó en suspenso la RA 0029/19, que lo puso en disponibilidad de la Letra “C”, la disposición carece de “logicidad”, al resultar innecesario e inoportuno, puesto que el destino a la disponibilidad de la Letra “C” de reserva activa no implica la pérdida de la cualidad o estatus de servidor público precisamente por continuar existiendo la relación de dependencia y más aún la remuneración económica, con el pago de haberes por parte del Estado. De lo expuesto precedentemente se advierte que, en atención a los argumentos expresados por el accionante relacionados con la falta de congruencia en la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021, elemento que forma parte del derecho al debido proceso, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, respecto a la inexistencia de congruencia externa; si bien fueron cuatro los agravios denunciados dentro del recurso jerárquico formulado, el fallo pronunciado supuestamente resolvió dos puntos sin especificar a qué denuncias se referían, ya que de la lectura efectuada no es posible identificar a cuál de los agravios se respondió al no existir correspondencia o coincidencia entre el planteamiento del accionante y lo resuelto por el funcionario policial ahora accionado, al carecer de concordancia con lo pedido, lo considerado y lo resuelto; concluyéndose que la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021, sí vulneró el derecho al debido proceso del accionante en su elemento de congruencia, correspondiendo a través de esta acción de defensa conceder la tutela solicitada. En este sentido, se advierte que esa incongruencia omisiva originada por la falta de respuesta a cada uno de los agravios formulados generó un defecto procesal que imposibilita poder establecer si la cuestionada Resolución cumple o no con la debida fundamentación, deficiencia que corresponde ser subsanada con la finalidad de responder y desarrollar los argumentos que resuelvan los agravios expuestos; similar razonamiento se tiene en el caso de la vulneración al derecho a la presunción de inocencia, respecto del que no se puede asumir si fue o no conculcado al constatarse un defecto en la Resolución Jerárquica pronunciada que requiere de manera previa ser subsanado; por cuanto, corresponde que se pronuncie una resolución jerárquica -se entiende- con la debida fundamentación y motivación, en la que se desarrollaron argumentos que puedan sostener o respaldar una respuesta a los elementos de los agravios no resueltos. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 46/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 192 a 196, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

a) Disponer dejar sin efecto la Resolución Administrativa Jerárquica CGPB/DNAJ/RJA 01/2021 de 13 de abril, debiendo pronunciar el Comandante General de la Policía Boliviana sin espera de turno, una nueva resolución que responda a cada uno de los agravios expuestos dentro del recurso jerárquico planteado por el accionante, evitando analizar y resolver de forma global los puntos cuestionados, considerando los argumentos en este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuando a la vulneración de los derechos, al debido proceso en su elemento de fundamentación y a la presunción de inocencia, conforme a lo fundamentos jurídicos establecidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0392_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 089de619eea8b42f0f06919ba04d002a445982dd8ea6e9fabeafac3562027de3

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