Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y al debido proceso; toda vez que, el Juez demandado, no llevó a cabo la audiencia de consideración de cumplimiento del plazo de la detención preventiva programada para el 16 de enero de 2023, ya que no se habría notificado al debido Recinto Penitenciario; no obstante, a la fecha de interposición de la acción de libertad, habrían transcurrido cuatro días, sin que hubiera convocado a dicho acto procesal, causando no solo dilación, sino también le deja en total estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al señalamiento de audiencia de consideración de cumplimiento del plazo de la detención preventiva, de acuerdo a los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º DENEGAR con relación a la pretensión del accionante de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0391/2026 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53234-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2023 de 20 de enero, cursante a fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gilberto Mamani Yujra contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de enero de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta.; el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otros, por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 17 de noviembre en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, se admitió la aplicación de procedimiento inmediato, en mérito al hecho en flagrancia establecido en art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP), emitiéndose al efecto la Resolución 428/2022 de 17 de noviembre que dispuso su detención preventiva y señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 16 de enero de 2023; la cual, no se celebró ante la falta de notificaciones con el respectivo link para la conexión de la audiencia, pese a que todos los sujetos procesales se encontraban notificados, en audiencia de medidas cautelares. Posteriormente, la autoridad -ahora demandada- no habría convocado a la audiencia de consideración de situación jurídica, por lo que no existiría un nuevo señalamiento de audiencia, proceder que se encuentra prohibido por el art. 113 II. del CPP, que expresa que "En ningún caso podrá disponerse la suspensión de la audiencia sin su previa instalación". De la relación de hechos se tiene que, la referida autoridad, no habría dado cumplimiento a los plazos establecidos, causando no solo dilación, sino también retardación de justicia, lo que le deja en total estado de indefensión, más aún si se considera que la audiencia ni siquiera fue instalada, teniendo estos hechos relación directa con su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23, 115.I, 178.I y 180 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se ordene al demandado dé cumplimiento a los plazos procesales y que en un plazo no superior a las veinticuatro horas convoque a audiencia de consideración de situación jurídica; y, b) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público por el incumplimiento de deberes.
Celebrada la audiencia pública el 20 de enero de 2023, según consta en acta cursante a fs. 13 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante ratificó el contenido de su acción tutelar, y, ampliándola en audiencia señaló: 1) La autoridad accionada a momento de disponer la detención preventiva del impetrante de tutela, habría señalado audiencia para el 16 de enero de 2023 para consideración de su situación jurídica; que no se llevó a cabo, puesto que no se habría notificado al respectivo Recinto Penitenciario; por lo que, a la fecha ya habrían transcurrido cuatro días sin que la autoridad accionada de oficio o bajo dirección judicial hubiera convocado inmediatamente al acto procesal; y, 2) En la audiencia para consideración de situación jurídica, el Fiscal no habría solicitado ampliación de manera escrita, no presentó cual es el motivo de mantener la detención preventiva.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez Primero de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 20 de enero de 2023 cursante a fs. 12 y vta., informó: i) A la fecha viene supliendo desde el pasado año al Juez de Instrucción Penal Sexto de la ciudad de El Alto, cumpliendo funciones en ambos despachos judiciales; dando como resultado una amplia y abundante carga procesal; motivo por el cual, en la fecha señalada de audiencia de consideración de situación jurídica, la misma no pudo desarrollarse, en tal sentido la misma se encuentra en secretaría de Juzgado a fin de reprogramarse dentro de los plazos procesales consignados por Ley; y, ii) La causa penal donde se encuentra investigado el accionante, responde a un proceso que sigue el Ministerio Público en contra de múltiples imputados, por la comisión de delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa, donde los demás imputados han solicitado diferentes audiencias, por lo que está cumpliendo los plazos consignados en norma; y, apelando al principio de humanidad y no haberse agotado la subsidiariedad, solicitó se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 14 a 15 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada señale audiencia dentro del plazo de veinticuatro horas y recomendó asumir las medidas necesarias a efectos de no vulnerar el principio de celeridad, priorizando aquellas causas en las que este pendiente de resolverse la situación jurídica de los privados de libertad; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) De la documentación presentada por la parte accionante, se evidencia que la autoridad demandada mediante Resolución 428/2022 de 17 de noviembre, habría dispuesto su detención preventiva en el Recinto Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz, por el lapso de sesenta días, señalando en consecuencia audiencia de consideración de situación jurídica para el 16 de enero de 2023, disponiendo por Secretaria de Juzgado la notificación a los sujetos procesales con el link y recordatorio de audiencia; b) Según el informe de autoridad demandada, la audiencia no habría sido desarrollada, al tener tablilla saturada por la abundante carga procesal que tiene al estar supliendo desde el año pasado al Juez de Instrucción Penal Sexto de la ciudad del El Alto; y, que, a la fecha la citada causa se encontraría en secretaría de Juzgado para reprogramación; es decir que, hasta la fecha la autoridad demandada no habría llevado a cabo dicha audiencia y ni siquiera tendría señalamiento; y, c) Si bien es evidente la recarga de los juzgados; sin embargo, estos hechos no pueden ser cargados a las partes procesales, ni ser justificación para no haber desarrollado la audiencia para resolver la situación jurídica del hoy peticionante de tutela; en consecuencia, la autoridad demandada provocó dilación indebida con lo cual vulneró el principio de celeridad y el derecho a la libertad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Así mismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 428/2022 de 17 de noviembre, de consideración de Medidas Cautelares, por el que el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso la detención preventiva del accionante y de otros, en el Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, por el plazo de sesenta días; asimismo, programó audiencia de consideración de situación jurídica para el día 16 de enero de 2023, mencionando el deber de notificarse a los sujetos procesales con el link y el recordatorio de audiencia por secretaria de juzgado (fs. 8 a 11).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y al debido proceso; toda vez que, el Juez demandado, no llevó a cabo la audiencia de consideración de cumplimiento del plazo de la detención preventiva programada para el 16 de enero de 2023, ya que no se habría notificado al debido Recinto Penitenciario; no obstante, a la fecha de interposición de la acción de libertad, habrían transcurrido cuatro días, sin que hubiera convocado a dicho acto procesal, causando no solo dilación, sino también le deja en total estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril[8], se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio-con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Esta sistematización fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0117/2019-S2 de 8 de abril y 0319/2019-S2 de 29 de mayo, entre otras.
De la revisión de antecedentes, se tiene el Auto Interlocutorio 428/2022 de 17 de noviembre, por el cual el Juez demandado dispuso la detención preventiva del accionante y de otros, en el Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz por el lapso de 60 días; asimismo, programó audiencia de consideración de situación jurídica para el día 16 de enero de 2023, mencionando el deber de notificar a los sujetos procesales con el respectivo link y el recordatorio de audiencia por secretaría de Juzgado (Conclusión II.1.). Así también, consta el informe de 20 de enero 2022, presentado por el Juez demandado; a través del cual, hace conocer que desde el año pasado viene supliendo al Juez de Instrucción Penal Sexto de la ciudad de El Alto, resultando tener una amplia y abundante carga procesal; asimismo, que la causa penal referida al accionante, se sigue contra múltiples imputados por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, y confabulación y asociación delictuosa, en la que los imputados han solicitado diferentes audiencias, teniendo tablillas de audiencias saturadas; motivos por los cuales, la audiencia de situación jurídica del ahora accionante no pudo llegar a desarrollarse. Bajo ese entendido, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos. Conforme a los antecedentes y a lo señalado precedentemente, este Tribunal advierte que, efectivamente la audiencia de consideración de situación jurídica del accionante no se celebró pese a haber sido señalada por el Juez demandado para el 16 de enero de 2023, puesto que no se habría notificado al Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz; e inclusive hasta la fecha de interposición de la acción de defensa, el Juez que ejerce el control jurisdiccional, no programó dicho acto procesal; omisión que, corrobora una demora injustificada en la actuación procesal que repercute en el ejercicio de los derechos del accionante, permitiendo advertir la ausencia de celeridad en dicho acto procesal de consideración de situación jurídica del peticionante de tutela; por cuanto, la celeridad no solo es exigible con relación al pronunciamiento de las resoluciones, sino también a todo el procedimiento y actuados procesales vinculados con cualquier solicitud relacionada con el derecho a la libertad, conforme lo ha establecido el razonamiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Se debe tener en cuenta igualmente que, la justificación expuesta por la autoridad demandada a tiempo de emitir su informe, evidencia la falta de atención oportuna a una actuación procesal vinculada con la libertad, no siendo justificable bajo ningún aspecto el sólo expresar que una audiencia programada de consideración de situación jurídica de una persona detenida preventivamente no pueda ser llevada a cabo por la carga procesal que podría tener un juzgado; motivos por los cuales, se evidencia que existió dilación indebida para resolver la situación jurídica que ha afectado el derecho a la libertad del accionante; en mérito de ello, corresponde conceder la tutela impetrada.
En lo que respecta a la solicitud realizada por el impetrante de tutela de remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público por el incumplimiento de deberes, este Tribunal considera que no corresponde disponer lo solicitado, en el marco de las particularidades del caso en concreto examinado; sin perjuicio de que el accionante acuda directamente a esas instancias.
En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al señalamiento de audiencia de consideración de cumplimiento del plazo de la detención preventiva, de acuerdo a los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º DENEGAR con relación a la pretensión del accionante de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0391_2026-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 91874ea533bc865506c6c7fd7eb9974935a3d80ffee087494696ffbd3e344c64
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