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SCP 0391/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 20 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
20 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55144-2023-111-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso y los derechos a la defensa y a la igualdad procesal; en razón a que, ex Autoridades Sumariantes del GAM de El Alto del departamento de La Paz sustanciaron proceso disciplinario en su contra, sin que pueda asumir defensa; toda vez que, la diligencia de notificación con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016, los Autos de 30 de diciembre de 2016 y 6 de enero de 2017, la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017, y el Auto de 23 de junio de 2017, se efectuó fuera de plazo e inobservando las formalidades previstas en los arts. 33.I, IV y V de la LPA, y 40 del DS 27113; asimismo, dispusieron la suspensión y reanudación de plazos procesales sin justificar dicha determinación; irregularidades de las que tomó conocimiento en diciembre de 2022 y enero de 2023. Ante ello, la parte demandada alega que, la acción de amparo constitucional fue interpuesta fuera del plazo de seis meses establecido en el art. 55.I del CPCo; además, todas las actuaciones cuestionadas por el accionante están enmarcadas en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y no puede considerarse a la jurisdicción constitucional como una instancia recursiva o supletoria a instancia administrativa. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 134 a 137, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0391/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 55144-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 59/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 134 a 137, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Abad Rolando Estrada Loayza contra Lucero Yhazmin Guerrero Tapia, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 de febrero y 1 de marzo de 2023, cursantes a fs. 1; 26 a 35; y, 85 a 89 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra como ex Subdirector Administrativo y Financiero del Hospital Municipal Los Andes, dependiente de la Dirección Municipal de Salud del GAM de El Alto del departamento de La Paz, a denuncia de Jessica Paola Saravia Atristain, entonces Viceministra de Lucha contra la Corrupción, efectuada en enero de 2016, debido a presuntas irregularidades en el proceso de contratación menor ‘“Refacción y Mantenimiento del Quirófano del Hospital Municipal Los Andes”’ (sic), Sarandy Marcela Encinas Fernández, ex Autoridad Sumariante de la indicada entidad edil, dictó la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017 de 23 de mayo, declarando la existencia de responsabilidad administrativa e imponiéndole la sanción de destitución del cargo, determinación ejecutoriada por Auto de 23 de junio de 2017, emitido por la prenombrada.

Sin embargo, el referido proceso se sustanció irregularmente, impidiendo que pueda asumir defensa en el mismo; toda vez que, fue notificado con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 010/2016 de 25 de enero, pronunciada por Norka Josefa Araujo Mamani, ex Autoridad Sumariante, sin inobservar el plazo de tres días para que el sumariante inicie el proceso con la notificación del procesado, establecido en el art. 22 inc. a) del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”, modificado por su similar 26237 de 29 de junio de 2001; puesto que, la referida Resolución Inicial fue notificada el 8 de mayo de 2017, más de un año después de su emisión. Además, se vulneró el art. 21 inc. c) del DS 23318-A que establece la notificación a las partes con la resolución de apertura del sumario; puesto que, la referida notificación se practicó mediante cédula en el domicilio ubicado en la zona Ciudad Satélite, Plan 405, calle 22-B N° 694, en presencia de testigo de actuación, aplicándose de manera incorrecta el art. 75 del Código Procesal Civil (CPC), sin precisar datos de la persona a la que se hubiera entregado ese actuado ni la relación de la misma con su persona, cuando correspondía aplicar los arts. 33.I.IV y V de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y 40 de su Reglamento, -DS 27113 de 23 de julio de 2003-, que establecen que se debe identificar y entregar la notificación al interesado, a su representante o a una persona mayor de catorce años, debiendo hacer constar su relación con el interesado. Vicios de nulidad en los que también se incurrió en la notificación con la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017 y el Auto de ejecutoría de 23 de junio de 2017. Asimismo, las indicadas Autoridades Sumariantes, de forma arbitraria, a través del Auto de 30 de diciembre de 2016, dispusieron la suspensión de plazos procesales, y mediante el Auto de 6 de enero de 2017, la reanudación de los mismos, sin exponer la debida motivación y fundamentación que dio lugar a tomar esa determinación. Los referidos Autos, fueron notificados de manera irregular, junto a la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 010/2016. Tomó conocimiento de dichas ilegalidades, el 10, 12 y 20 de diciembre de 2022, y 4 enero de 2023, cuando accedió a las fotocopias legalizadas del expediente del referido proceso, que fueron extendidas en atención a sus solicitudes de 23 de septiembre y 28 de diciembre ambas de 2022; por lo que, interpuso la acción de amparo constitucional dentro el plazo de seis meses.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa y a la igualdad procesal, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de obrados del proceso disciplinario instaurado en su contra, hasta la notificación con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016, debiendo disponerse una nueva notificación en su domicilio real, conforme establece el art. 22 inc. b) del DS 23318-A modificado por su similar 26237, incluida la reanudación del “plazo de diez días”; y, b) Oficiar a la Contraloría General del Estado, para que retiren los antecedentes emergentes del indicado proceso disciplinario.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 126 a 133, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción tutelar. Respondiendo a las preguntas de los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expresó que evidentemente “…en enero de la gestión 2022…” (sic), solicitó fotocopias legalizadas de la resolución final del proceso disciplinario instaurado en su contra; por lo que, el 23 de febrero de 2022, se le extendió el indicado documento, pero no tuvo acceso a todo el expediente porque no lo requirió así; de manera que, en esa oportunidad no conoció las irregularidades en la diligencia de notificación con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016, ni los antecedentes donde se encuentran los vicios y omisiones denunciados.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Lucero Yhazmin Guerrero Tapia, Autoridad Sumariante del GAM de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante de fs. 115 a 124 vta., manifestó que: 1) El accionante interpuso la acción de amparo constitucional fuera del plazo de seis meses, previsto en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); toda vez que, asumió conocimiento de las presuntas irregularidades denunciadas en esta acción de defensa, el 23 de febrero de 2022, oportunidad en la que recogió las fotocopias legalizadas de las resoluciones pronunciadas dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra, solicitadas el 10 de enero del mismo año y autorizadas por decreto de 11 de igual mes y año; extremo que consta en la nota de entrega de fotocopias de 23 del citado mes y año; en ese sentido, transcurrieron once meses y siete días hasta la fecha de presentación de la acción tutelar; incurriendo de esa manera en una de sus causales de improcedencia; 2) Todas las actuaciones y diligencias realizadas en el proceso disciplinario de referencia, se encuentran enmarcadas en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; es así que, las notificaciones con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016 y la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017, se practicaron con todas las formalidades, mediante cédula en el domicilio del impetrante de tutela, ubicado en calle 22-B del Plan 405, zona Ciudad Satélite de la ciudad de EL Alto -del departamento de La Paz-, residencia que se tenía identificada a través del Informe CITE: GAMEA/DTH/PCB/113/2017 -no indica fecha-, emitido por el Director de Talento Humano del referido GAM y que coincide con el señalado en el memorial de acción de amparo constitucional; de manera que, dicha diligencia logró su finalidad, que era poner en conocimiento del prenombrado los referidos actos; y, 3) El peticionante de tutela tuvo conocimiento de los actos emitidos en su contra, y conforme a jurisprudencia constitucional, las notificaciones son válidas si cumplieron su objetivo; asimismo, no puede pedirse la nulidad de un acto, por quien ha consentido el mismo; y, 4) No puede emplearse la acción de amparo constitucional como un medio de impugnación o supletorio a la jurisdicción administrativa. Consiguientemente, pidió que se deniegue la tutela impetrada. Contestando a las preguntas de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expresó que: El accionante solicitó la fotocopia legalizada de las resoluciones finales emitidas dentro de dos procesos disciplinarios instaurados en su contra; en ese sentido, el 23 de febrero de 2022, se le entregó al prenombrado el expediente correspondiente al sumario que concierne, para que pueda identificar que partes necesita y cubrir con los gastos económicos que implicaban las fotocopias; oportunidad en la que, conforme al principio de informalismo, a través de una solicitud verbal podía obtener las fotocopias de todo el expediente; asimismo, posteriormente volvió a solicitar la indicada documentación pero él ya tenía conocimiento del expediente “10/16”.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 59/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 134 a 137, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme se tiene de antecedentes, el 10 de enero de 2022, el impetrante de tutela solicitó a la Autoridad Sumariante del GAM de El Alto del mencionado departamento, fotocopias legalizadas de las resoluciones finales de los procesos sumarios instaurados en su contra “10/2016” y “001/2017”, solicitud que fue concedida el 11 de ese mes y año, asimismo, de la respectiva nota de entrega, se evidencia que dichas fotocopias le fueron otorgadas el 23 de igual mes y año; de ello se infiere que fue en esta fecha que el prenombrado tomó pleno conocimiento de las actuaciones procesales que cuestiona y no en diciembre de ese año y enero del 2023 como alega; en ese sentido, interpuso la acción de amparo constitucional después del plazo de seis meses previsto para interponer tal acción de defensa; ii) Incluso presumiendo que las fotocopias entregadas el 23 de febrero de 2022, estuvieran incompletas, el accionante tuvo todo el tiempo disponible para efectuar la revisión respectiva, efectuar reclamos y asumir medidas; no obstante, dejó transcurrir hasta seis meses para recién volver a pedir fotocopias en fechas posteriores; y, iii) Toda vez que, las presuntas irregularidades denunciadas en sede constitucional están relacionadas con el incumplimiento de normas jurídicas, que son de orden público, el peticionante de tutela a través del mecanismo legal idóneo, de estimarlo pertinente, puede acudir ante la autoridad accionada a efectos de obtener una respuesta de fondo sobre dichas denuncias.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 142 a 146); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016 de 25 de enero, pronunciada dentro del proceso disciplinario identificado como “010 de 2016”, Norka Josefa Araujo Mamani, ex Autoridad Sumariante del GAM de El Alto del departamento de La Paz, dispuso de oficio el inicio de proceso disciplinario contra Abad Rolando Estrada Loayza -hoy impetrante de tutela- y otro (fs. 4 a 10); también cursan Autos de 30 de diciembre de 2016 y 8 de enero de 2017, de suspensión y reanudación de plazos administrativos (fs. 11 y 14). Determinaciones notificadas al prenombrado mediante cédula, el 8 de mayo de 2017, adjuntando fotografía del inmueble donde se practicó la notificación (fs. 3 y 15). II.2. Cursa Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017 de 23 de mayo, emitida en el proceso disciplinario identificado como “010 de 2016”, a través del cual, Sarandy Marcela Encinas Fernández, ex Autoridad Sumariante del GAM de El Alto de departamento de La Paz, declaró la existencia de responsabilidad administrativa del ahora peticionante de tutela y le impuso la sanción de destitución del cargo con fines de registro en la Contraloría General del Estado (fs. 17 a 23); determinación notificada al hoy impetrante de tutela mediante cédula el 19 de junio de 2017 (fs. 16); además, se tiene el Auto de 23 del citado mes y año, declarando ejecutoriado el referido fallo (fs. 25), Auto notificado el 26 de junio de 2017 (fs. 24) II.3. Mediante nota presentada el 23 de septiembre de 2022, el accionante solicitó a la Autoridad Sumariante del GAM de El Alto del departamento de La Paz, fotocopias legalizadas de las diligencias de notificación a su persona con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016, y Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017 (fs. 45). II.4. Por oficio presentado el 28 de diciembre de 2022, el impetrante de tutela, requirió a la prenombrada Autoridad Sumariante, fotocopias legalizadas del Auto de suspensión de plazos, Resolución Administrativa Municipal 001/2017 y Auto de reanudación de plazos; así como, la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017; haciendo notar que, el 19 del mismo mes y año, le entregaron únicamente las fotocopias legalizadas de las diligencias de notificación con este último fallo y la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016 (fs. 46).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso y los derechos a la defensa y a la igualdad procesal; en razón a que, ex Autoridades Sumariantes del GAM de El Alto del departamento de La Paz sustanciaron proceso disciplinario en su contra, sin que pueda asumir defensa; toda vez que, la diligencia de notificación con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016, los Autos de 30 de diciembre de 2016 y 6 de enero de 2017, la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017, y el Auto de 23 de junio de 2017, se efectuó fuera de plazo e inobservando las formalidades previstas en los arts. 33.I, IV y V de la LPA, y 40 del DS 27113; asimismo, dispusieron la suspensión y reanudación de plazos procesales sin justificar dicha determinación; irregularidades de las que tomó conocimiento en diciembre de 2022 y enero de 2023. Ante ello, la parte demandada alega que, la acción de amparo constitucional fue interpuesta fuera del plazo de seis meses establecido en el art. 55.I del CPCo; además, todas las actuaciones cuestionadas por el accionante están enmarcadas en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y no puede considerarse a la jurisdicción constitucional como una instancia recursiva o supletoria a instancia administrativa. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

La SCP 1463/2013 de 22 de agosto, sostuvo que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. Respecto del cómputo del plazo de los seis meses, el texto constitucional dispone en el art. 129.II, que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’ de manera coherente el art. 55.I del CPCo, prescribe: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho´; es decir, no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes, se tiene que, mediante Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM-010/2016, la entonces Autoridad Sumariante del GAM de El Alto del departamento de La Paz, dispuso de oficio el inicio de proceso disciplinario contra el ahora accionante, en su condición de ex Subdirector Administrativo y Financiero del Hospital Municipal Los Andes, y otro; proceso que concluyó con la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017 de 23 de mayo, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa del ahora peticionante de tutela y le impuso la sanción de destitución del cargo con fines de registro en la Contraloría General del Estado (Conclusiones II.1 y II.2).

El impetrante de tutela denuncia que la notificación con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM-010/2016, se efectuó fuera del plazo de tres días establecido en el art. 22 inc. a) del DS 23318-A; también reclama que la suspensión de plazos dispuesta por Auto de 30 de diciembre de 2016, se efectuó de manera ilegal y sin ninguna motivación o fundamentación; finalmente denuncia que las notificaciones efectuadas con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016, los Autos de 30 de diciembre de 2016, y 8 de enero de 2017, la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017, y el Auto de ejecutoría de 23 de junio de 2017, se realizaron en el marco del art. 75 del CPC, mediante cédula en presencia de testigo de actuación, cuando debían realizarse conforme a los arts. 33.I, IV y V de la LPA, y 40 del DS 27113, que establecen que las notificaciones deben entregarse al interesado o en su defecto a una persona mayor de catorce años que se encontrare en el domicilio del interesado, haciendo constar su identidad y relación con el interesado. En ese contexto, para justificar el cumplimiento del principio de inmediatez que implica la presentación de la acción de amparo constitucional en el plazo de seis meses de conocido el acto u omisión que se denuncia lesiona derechos constitucionales, el peticionante alegó que, tuvo conocimiento de los actuados que ahora acusa de lesivos, recién el 10, 12 y 20 de diciembre de 2022, y 4 enero de 2023, cuando accedió a las fotocopias legalizadas del expediente del referido proceso, que fueron extendidas en atención a sus solicitudes de 23 de septiembre y 28 de diciembre de 2022. No obstante lo argumentado por el impetrante de tutela, se tiene que la demandada, en su informe de 14 de abril de 2023, refirió que el accionante tuvo conocimiento de los actuados del proceso disciplinario el 23 de febrero de 2022, cuando recogió las fotocopias legalizadas de la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017, que fueron solicitadas el 10 de enero del mismo año y autorizadas por decreto de 11 del citado mes y año; de igual manera, en audiencia, la precitada refirió que el impetrante de tutela: “…se presenta en fecha 23 de febrero de 2022 a horas 09:30 a.m. y se le hace entrega del expediente como tal y él es quien revisa que documentación va requerir de todo el expediente (…) y es donde se realiza una constancia con un acta de entrega en el que el señor firma y recibe conforme” (sic). En respaldo de dichos argumentos, la persona demandada remitió los dos cuerpos del expediente del proceso disciplinario seguido en contra del peticionante de tutela. Los documentos y argumentos referidos por la parte demandada fueron verificados y corroborados por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes tuvieron acceso al expediente del proceso disciplinario en cuestión y en audiencia de garantías, formularon preguntas aclaratorias a la parte accionante, señalando: “…la autoridad accionada nos ha remitido el antecedente del proceso administrativo en su integridad y de ella salta lo siguiente, el 10 de enero del 2022 el hoy accionante solicita copias legalizadas de las resoluciones finales de los sumarios 10/2016, 117/2016, cursa una nota de entrega de fotocopias legalizadas al hoy accionante el 23 de febrero del 2022 donde indicada que se entregaron fotocopias legalizadas del Auto del 23 de junio del 2017 del expediente administrativo número 10/2016, fojas 303, en cumplimiento al proveído del 11 de enero del 2022” (sic). En relación a tales actuados, el accionante manifestó que, en enero de 2022, únicamente solicitó la fotocopia legalizada de la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017 y no las diligencias de notificación con dicho fallo y la Resolución Inicial de Apertura del Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM- 010/2016, que se constituyen en los actuados lesivos a sus derechos y que el 23 de febrero de 2022, solo recogió la fotocopia legalizada de la referida Resolución Final lo que no implica que para elegir los actuados que requería no hubiese revisado el expediente; razón por la cual, sostiene el 23 de septiembre y 28 de diciembre del referido año, requirió las reproducciones legalizadas de dichas diligencias, las cuales le fueron entregadas en la fecha de su legalización; es decir, el 20 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023 (Conclusiones II.2 y II.3). En ese contexto, el art. 55.I del CPCo, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”; es decir, el indicado plazo, comienza a computarse desde que el impetrante de tutela toma conocimiento del presunto acto lesivo. Ahora bien, conforme a la relación de hechos expuesta por las partes en audiencia de garantías, y los documentos corroborados por los Vocales constitucionales, el impetrante de tutela tomó conocimiento de las resoluciones y actos del proceso disciplinario instaurado en su contra, el 23 de febrero del 2022, cuando tuvo acceso al expediente y obtuvo algunas fotocopias del mismo, sin ser razonable la alegación de no haber asumido defensa oportuna debido a que solicitaba las fotocopias del expediente por partes en distintas fechas, pretendiendo así equivocadamente usar como excusa que conoció los actuados de un proceso ya ejecutoriado, de forma fragmentada según las fotocopias que solicitó, conociendo al final los actos supuestamente lesivos, siendo atribuible a sus propios actos solicitar parte de su proceso cuando conoció la totalidad del mismo; dicho de otra manera, el impetrante de tutela desde que solicitó las primeras fotocopias, ya tenía conocimiento de todo el proceso disciplinario seguido en su contra -y por ende tenía acceso a los presuntos actos lesivos-, no así desde que decidió obtener más copias del expediente.

Conforme a lo señalado, en el caso concreto, el plazo de inmediatez previsto en el art. 129.II de la CPE, debe computarse desde el 23 de febrero de 2022, cuando el impetrante de tutela tuvo conocimiento efectivo de los presuntos actos lesivos; en consecuencia, al haber presentado la acción de amparo constitucional el 1 de febrero de 2023, activó la acción tutelar fuera del plazo de seis meses señalado en la referida norma constitucional, incumpliendo de esa manera con el principio de inmediatez; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por el accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 134 a 137, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0391_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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