Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal, al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba; puesto que, la Jueza hoy coaccionada por Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre, rechazó la solicitud de medidas menos gravosas sin dar el valor correspondiente a los documentos de residencia y trabajo, por no considerarlos idóneos; ya que, no se le dio permiso para que salga ante la Notaría de Fe Pública para tramitar el reconocimiento de firmas y rúbricas, y porque no existe verificación domiciliaria; asimismo, se presentó Acusación Formal de 13 de octubre de 2022, en base a un informe policial. Bajo los mismos argumentos la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista 281/2022-SP2 declaró “SIN LUGAR” a su recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Respecto a la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 2) El recurso de apelación incidental e imposibilidad de considerar nueva prueba en esta instancia, dado que constituye una etapa de revisión; 3) Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 88 a 92 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por la vulneración de los derechos al debido proceso, en su elemento de valoración de la prueba vinculado al derecho a la libertad de Tito Mamani Vargas; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 281/2022-SP2 de 28 de octubre, debiendo la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a partir de la notificación de este fallo constitucional, emitir un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la libertad de Tito Mamani Vargas. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija; y, con relación a los derechos a la dignidad y al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba de la Verificación Policial Domiciliaria del Ciudadano y el Certificado de Matrimonio de sus progenitores, así como al reclamo de la Acusación Formal de 13 de octubre de 2022, conforme con los fundamentos jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0391/2025-S1 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 51956-2022-104-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 05/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 88 a 92 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tito Mamani Vargas contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija.
El accionante por memorial presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 72 a 74 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otros por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, previsto y sancionado por los arts. 48 y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controlada -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; cuando se trasladaba del departamento de La Paz al departamento de Tarija, en el bus que viajaba fue aprehendido junto a dos personas con base a un Informe Policial -de 15 de septiembre de 2022-, que se basó en la declaración de Julia Fajardo Quispe -coimputada- que lo involucraba como supuesto partícipe del hecho, emitiéndose posteriormente Imputación Formal -de 16 de igual mes y año-, solicitando la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, por la existencia de flagrancia y su detención preventiva por un mes, lo que fue admitido por la Jueza hoy coaccionada.
Transcurridos los treinta días, el Ministerio Público presentó informe conclusivo con Acusación Formal -de 13 de octubre de 2022-, basado solo en el Informe Policial de 15 de septiembre de igual año, en la cual solicitó se mantenga su detención preventiva, -y en audiencia de control de detención preventiva- por su parte adjuntó documentación como certificado de trabajo y residencia con validez legal, solicitando la aplicación de medidas menos gravosas al no existir elementos de convicción suficientes que demuestren de manera fáctica que es autor o partícipe del hecho que se juzga y menos aún en flagrancia, y se desvirtuó el riesgo procesal de peligro de fuga establecido por el art. 234.1 del Codigo de Procedimiento Penal (CPP) por demostrar que cuenta con trabajo, residencia y familia, como también señala el art. 234.7 del citado Código, al no encontrarle con ningún elemento que sea un peligro para la sociedad, y en cuanto al peligro de obstaculización, no se determinó ante quien obstaculizaría; sin embargo, la Jueza ahora coaccionada por Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre, admitió la Acusación Formal presentado por el Fiscal de Materia, el 13 de octubre de 2022, y rechazó la solicitud de aplicar una medida menos gravosa; por lo que, formuló recurso de apelación incidental, lo que mereció el Auto de Vista 281/2022-SP2 de 28 de octubre, que bajo los mismos argumentos resolvió sin lugar al referido recurso. La Vocal y la Jueza ahora accionados no reconocieron su derecho a la circulación que es la facultad de toda persona de moverse libremente, desplazándose de un lugar a otro por todo el territorio nacional; por lo que, al vulnerarse su derecho a la libertad, se le coloca en un estado de indefensión por una simple sindicación con base al Informe Policial de 15 de septiembre de 2022, siendo ese el motivo por el que se presenta la Acusación Formal de 13 de octubre de mismo año, cuando ese elemento no constituye una prueba material plena para mantenerle privado de su libertad.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal, al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.1, 115.II, 116.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga su libertad bajo las medidas “A CONSIDERAR”, para defenderse en libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 88 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) En la audiencia de consideración de la “…cesación a la detención preventiva…” (sic), se adjuntaron nuevos elementos de prueba como la “posterior” declaración informativa de Julia Fajardo Quispe -coimputada- en la que se abstuvo de declarar y en ningún momento señaló que su persona fuese el propietario de los objetos que ella estaba transportando; b) Para desvirtuar los riesgos procesales se presentaron el contrato privado de trabajo a futuro, acreditando una fuente laboral; además, del derecho propietario del “bien” donde realizaría el trabajo, también se adjuntó un contrato de arrendamiento a futuro, con certificado de Reconocimiento de Firmas y Rúbricas -de 12 de octubre de 2022-, resaltando que el Notario de Fe Pública -12 de la ciudad de Tarija-personalmente se trasladó al Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija para el citado reconocimiento, así como se remitió una certificación y verificación de domicilio donde residiría, efectuada por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC); por lo que, desvirtuaron el art. 233.1 -del CPP- al no existir prueba fáctica que demuestre que participó en los hechos que se le atribuyen; c) El Fiscal de Materia presentó resolución -lo correcto solicitud- conclusiva de Acusación Formal de 13 de octubre de 2022, con la misma documentación con la que se le imputó formalmente; es decir, con un solo informe policial que fue desvirtuado por la declaración informativa de abstención de Julia Fajardo Quispe, desvirtuando los peligros procesales determinados por los arts. 233.2 y 234.2 -del CPP- por contar con trabajo, familia y residencia, para lo cual adjuntó los certificados de nacimiento de su persona, matrimonio de sus progenitores, Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y al no existir prueba de la participación en los hechos no se constituye en un peligro para la víctima o para la sociedad; d) En cuanto al peligro de obstaculización no se señaló claramente en la imputación formal, ni en la referida Acusación Formal ante quien o quienes obstaculizaría la averiguación de la verdad, no se individualizó ni se especificó que perjuicio se ocasionaría; y, e) Solicitó la consideración de una medida menos gravosa para que realice su defensa en libertad.
Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 82 a 85, señaló que: 1) En la audiencia de control de cumplimiento del plazo para la detención preventiva del 17 de octubre ese año, la Jueza hoy coaccionada hubiese aceptado la solicitud de aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes y le otorgó el plazo de treinta días para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo -solicitud conclusiva-, con base a lo cual el accionante formuló recurso de apelación incidental, instalada la audiencia para su consideración y al no encontrarse la parte apelante -accionante- es que la Sala Penal Primera del referido Tribunal Departamental declaró “decaido” el mencionado recurso de apelación; 2) En cuanto a la probabilidad de autoría se desarrolló audiencia de medidas cautelares de 17 de septiembre del mismo año, el accionante pudo ejercitar su derecho a la libertad y el principio de inocencia al plantearse el mencionado recurso de apelación; empero, por su inasistencia no se llevó acabo; por lo que, no se vulneró el derecho al principio de inocencia, ni de libertad; 3) En la audiencia de “control de detención preventiva” de igual día de octubre del mismo año, la “defensa” hubiese planteado el incidente de actividad procesal defectuosa y que se rechazó por la referida Jueza, y la “defensa” pudo manifestar que al concluir la etapa investigativa por parte del Ministerio Público ya no se encontrarían los “peligros” -lo correcto riesgos- procesales activos existiendo la documentación que acreditaría que tiene domicilio, trabajo en la ciudad de Tarija; 4) La Jueza hoy coaccionada en el “considerando segundo” en cuanto al art. 239.2 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, refiere que el Ministerio Público dentro de plazo presentó requerimiento conclusivo de Acusación Formal de 13 de octubre de 2022; 5) En cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, valorando los certificados de trabajo futuro y el de arrendamiento a futuro con reconocimiento de firmas y rúbricas, documento que se extraña; ya que, la referida Jueza no refiere que no otorgó el permiso de salida al accionante para que acuda ante Notario de Fe Pública a firmar documentos; así también, no contaría con certificado domiciliario emitido por autoridad competente como la Policía Boliviana o autoridad indígena originaria campesina (AIOC), lo que por parte de la mencionada Jueza no son documentos idóneos para desvirtuar los peligros procesales de fuga y obstaculización del “…1, 2 y el numeral 7 del CPP…” (sic) y que la “defensa” no hizo mención a los peligros procesales de los arts. 234.7 y 12; y, 235.2 del CPP, se encuentran latentes; 6) A partir de la presentación de la Acusación Formal de igual fecha por el Ministerio Público ya se ingresó a la etapa de juicio oral, público y contradictorio, en ese entendido, solicitó se mantenga la detención preventiva del accionante; 7) Si bien se dio un valor negativo a las pruebas presentadas por el nombrado en “una audiencia” referentes al trabajo y al contrato de arrendamiento; puesto que, no existiría antecedente de un permiso para que se pueda presentar ante la Notaría Fe Pública, la defensa del accionante en vía de complementación y enmienda, no pudo trasladarse a la Notaría de Fe Pública para obtener su firma; sin embargo, en su participación manifestó sobre los riesgos procesales, la existencia de documentos que tiene domicilio y trabajo en la ciudad de Tarija; 8) La Jueza hoy coaccionada dio un valor negativo a las pruebas presentadas al no crear convicción de que la documentación ofrecida sea idónea para poder desvirtuar los peligros procesales que se mantienen latentes desde la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; 9) En cuanto al peligro efectivo para la víctima hizo una ponderación en cuanto a los derechos de víctima y del imputado, considerando que la ley exige la protección de los más vulnerables; ya que, no se vulneró el principio de inocencia del accionante, y que cuenta con la probabilidad de autoría; 10) Respecto a los riesgos procesales de falta de fundamentación y motivación del Auto Interlocutorio 334/2022, no creó convicción a la Jueza ahora coaccionada, las pruebas adjuntadas como el contrato de trabajo, certificado de domicilio, este último no es emitido por autoridad competente; y, 11) No se vulneraron los derechos alegados por el accionante; ya que, el Auto de Vista 281/2022-SP2, bajo ese entendimiento se enmarcó a lo previsto por el art. 398 del CPP, circunscribiendo su resolución a los aspectos cuestionados en la “resolución” y fundamentado debidamente el “auto emitido”; por lo que, solicita se deniegue la tutela. Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, mediante informe presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante a fs. 81, señaló que: i) El accionante pretende su libertad con argumentos fuera de lugar para hacer incurrir en error, pide se valoren pruebas que solo son competencia del Juez y en todo momento estuvo asistido de su defensa técnica; ii) No es evidente que su autoridad incurrió en actos ilegales; iii) Los riesgos procesales de fuga y obstaculización no fueron desvirtuados por la defensa; y, iv) Al presentarse el requerimiento conclusivo de Acusación Formal de 13 de octubre de 2022, se dispuso que el accionante continúe privado de libertad; debido a que, sería necesaria su presencia en el desarrollo del proceso penal y la aplicación de la ley, hasta que se determine la situación jurídica legal, garantizando los derechos de la víctima compuesto por la sociedad vulnerable y el derecho de acceso a la justicia que tiene, así como los derechos del accionante a contar con una justicia pronta y sin dilaciones indebidas; por lo que, no se vulneró derecho constitucional alguno; por ello, pide se declare “improcedente” la acción tutelar solicitada.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 88 a 92 vta., denegó la tutela solicita; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante sostiene que se encuentra indebida e ilegalmente detenido; b) En el caso concreto, no se encuentra en riesgo la vida del accionante, su persecución y su procesamiento obedece a una Imputación Formal del 13 de octubre de 2022, por los delitos de tráfico de sustancia controladas, asociación delictuosa y confabulación; c) El art. 250 del CPP, establece que el auto que impone una medida cautelar -de carácter personal- o la rechaza es revocable o modificable aun de oficio, lo que no da el presupuesto para acudir indebidamente a una tutela constitucional, más aun cuando en las medidas de coerción personal, al no causar ejecutoria pueden ser revisadas directamente por los jueces de instancia; d) El reclamo del accionante no tiene un contenido de derechos vulnerados, donde se pueda verificar que existió un procesamiento indebido por cuanto deviene de una audiencia de control de la detención preventiva, donde la Jueza hoy coaccionada bajo la libertad de análisis integral de las pruebas presentadas vio por conveniente encontrar elementos de probabilidad de autoría, no dando lugar a la existencia del análisis que pretendía el accionante; y, e) El Tribunal de garantías no está supeditado a actuar como una instancia más dentro de lo que “viene hacer” el análisis específico de la jurisdicción ordinaria, sino un análisis de si existió o no “estos” elementos, que en todo caso activarían la jurisdicción constitucional como son libertad, la vulneración del derecho a la defensa; por lo que, no es evidente el reclamo que fue expuesto por el accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado, el 16 de septiembre de 2022, ante Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija -ahora coaccionada-; la Fiscal de Materia informó el inicio de las investigaciones, presentó la Imputación Formal contra Tito Mamani Vargas -hoy accionante-, solicitó la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, así como la detención preventiva, y pidió el tiempo de treinta días para realizar los actos investigativos (fs. 15 a 20). II.2. Consta Auto Interlocutorio 319/2022 de 17 de septiembre, emitida por la Jueza hoy coaccionada -no consta su firma-; por el cual, se dispuso la detención preventiva de Pablo Rodríguez Soto, Julia Fajardo Quispe -coimputados- y el accionante por el plazo de un mes, debiendo cumplirse en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, señalando audiencia para el control de cumplimiento del plazo de la detención preventiva para el 17 de octubre de 2022. Asimismo, se aceptó el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, otorgando al Fiscal de Materia el plazo de treinta días para presentar el requerimiento conclusivo correspondiente. En ese acto procesal la abogada del accionante -y de otros-, manifestó que haría uso del recurso de apelación incidental; por consiguiente, la Jueza hoy coaccionada concedió el citado recurso y dispuso la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 22 a 23). II.3. Mediante memorial de 13 de octubre de 2022, dirigido ante la Jueza hoy coaccionada; la Fiscal de Materia presentó Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal contra el accionante y otros -coimputados-, por el delito de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación (fs. 24 a 34). II.4. Consta el Acta de audiencia virtual de control de plazo de la detención preventiva de 17 de octubre de 2022; en la que, la Jueza ahora coaccionada emitió el Auto Interlocutorio 334/2022 de igual fecha; por el cual, se dispuso que el accionante y otros -coimputados- continúen privados de libertad en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de Tarija, al ser necesaria su presencia para el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio. En ese acto procesal el abogado del accionante se reservó el derecho para presentar recurso de apelación incidental (fs. 35 a 41). II.5. Cursa Auto de Vista 281/2022-SP2 de 28 de octubre, emitido por Gemma Marcela Baldivieso Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora accionada-; mediante el cual, declaró “SIN LUGAR” al recurso de apelación incidental, presentado por el accionante, manteniendo en todas sus partes la resolución recurrida -Auto Interlocutorio 319/2022- (fs. 43 a 46 vta.).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal, al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba; puesto que, la Jueza hoy coaccionada por Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre, rechazó la solicitud de medidas menos gravosas sin dar el valor correspondiente a los documentos de residencia y trabajo, por no considerarlos idóneos; ya que, no se le dio permiso para que salga ante la Notaría de Fe Pública para tramitar el reconocimiento de firmas y rúbricas, y porque no existe verificación domiciliaria; asimismo, se presentó Acusación Formal de 13 de octubre de 2022, en base a un informe policial. Bajo los mismos argumentos la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista 281/2022-SP2 declaró “SIN LUGAR” a su recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Respecto a la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 2) El recurso de apelación incidental e imposibilidad de considerar nueva prueba en esta instancia, dado que constituye una etapa de revisión; 3) Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, 4) Análisis del caso concreto.
La SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, señala que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0780/2020-S4 de 1 de diciembre, citando a su vez a la SCP 0295/2012 de 8 de junio, establece que: “La SCP 0295/2012 de 8 de junio, al respecto precisó: ‘De acuerdo al art. 403 inc. 3) del CPP, el recurso de apelación incidental procede -entre otros- contra la resolución por la que se resolvió una medida cautelar o su sustitución. A este respecto -ya diferencia de la apelación restringida-, destaca que la naturaleza y alcance de este medio de impugnación, radica en que está instituido en el ordenamiento jurídico boliviano con la finalidad de impugnar las resoluciones que se emiten durante la etapa preparatoria del proceso y -en algunos casos- las dictadas durante la etapa de ejecución, pero siempre como emergencia de una determinación asumida ante el planteamiento de una cuestión incidental.
Lo anterior, se sustenta en que la apelación incidental se concibe como un recurso para resolver incidentes y no aquellas cuestiones vinculadas a la causa de fondo o resolución principal; por ello, tiene un trámite sumario, pronto y efectivo, lo que conlleva a que interpuesto y admitido este recurso, se abre la competencia del tribunal de alzada únicamente para la revisión sobre cuestiones de derecho y no de hecho que hubieran sido resueltas por la autoridad judicial a quo; ya que no constituye una nueva instancia en la que sea admisible la consideración de nueva prueba por el tribunal de apelación, que está obligado únicamente a pronunciarse sin más trámite sobre la base exclusiva de los puntos cuestionados de la resolución de primera instancia, ciñéndose a su competencia establecida en el art. 398 del CPP, por cuanto a través del recurso de apelación incidental se impugnan los agravios que el juzgador de primera instancia pudo causar al emitir su fallo.
En ese orden de ideas, la apelación incidental no puede sustanciarse en elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por el juez a quo; de hacerlo, su revisión sería intrascendente, por cuanto los agravios tendrían un sustento sustancialmente diferente a los fundamentos de la resolución cuestionada, de donde resulta la imposibilidad de admitir prueba en apelación incidental sobre lo ya resuelto por el inferior; puesto que desvirtuaría la naturaleza y alcance del recurso de alzada que -se reitera- tiene por objeto únicamente conocer y resolver los puntos apelados en relación al contenido de la resolución emitida por el juzgador a quo y eventualmente corregir las irregularidades en las que habría incurrido al asumir su determinación. Razonamiento que implica el cambio de línea jurisprudencial establecido por las SSCC 1181/2006-R, 1432/2010-R y 1036/2011-R’”.
Jurisprudencia reiterada
La SCP 0531/2019-S2 de 15 de julio, dispuso que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. La SC 0008/2010-R de 6 de abril indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad: …empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal, al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba; puesto que, la Jueza hoy coaccionada por Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre, rechazó la solicitud de medidas menos gravosas sin dar el valor correspondiente a los documentos de residencia y trabajo, por no considerarlos idóneos; ya que, no se le dio permiso para que salga ante la Notaría de Fe Pública para tramitar el reconocimiento de firmas y rúbricas, y porque no existe verificación domiciliaria; asimismo, se presentó Acusación Formal de 13 de octubre de 2022, en base a un informe policial. Bajo los mismos argumentos la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista 281/2022-SP2 declaró “SIN LUGAR” a su recurso de apelación incidental. Por memorial presentado, el 16 de septiembre de 2022, ante la Jueza ahora coaccionada; la Fiscal de Materia informó el inicio de las investigaciones, presentó la Imputación Formal contra el accionante, solicitó la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, así como la detención preventiva, y pidió el tiempo de treinta días para realizar los actos investigativos (Conclusión II.1.). En consecuencia, por Auto Interlocutorio 319/2022, emitida por la citada Jueza; por el cual, se dispuso la detención preventiva de los coimputados y del accionante por el plazo de un mes, debiendo cumplirse en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, señalando audiencia para el control de cumplimiento del plazo de la detención preventiva para el 17 de octubre de 2022. Asimismo, se aceptó el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, otorgando al Fiscal de Materia el plazo de treinta días para presentar el requerimiento conclusivo correspondiente. En ese acto procesal la abogada del accionante -y otro-, manifestó que haría uso del recurso de apelación incidental; por consiguiente, la Jueza hoy coaccionada concedió el citado recurso y dispuso la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (Conclusión II.2.). En ese periodo de tiempo, la Fiscal de Materia mediante memorial, dirigido ante la mencionada Jueza; presentó Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal contra el accionante y otros, por el delito de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación (Conclusión II.3.). Posteriormente, el 17 de octubre de 2022, en audiencia virtual de control de plazo de la detención preventiva; la nombrada Jueza ahora coaccionada emitió el Auto Interlocutorio 334/2022; por el cual, se dispuso que el accionante y otros continúen privados de libertad en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de Tarija, al ser necesaria su presencia para el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio. En ese acto procesal el abogado del accionante y otros se reservó el derecho para presentar recurso de apelación (Conclusión II.4.), en mérito a lo cual, se emitió el Auto de Vista 281/2022-SP2, por la Vocal hoy accionada; mediante el cual, declaró “SIN LUGAR” al recurso de apelación incidental, presentado por el accionante y otros, manteniendo en todas sus partes la resolución recurrida (Conclusión II.5.). Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es necesario aclarar que el accionante formuló esta acción de libertad pretendiendo que la jurisdicción constitucional efectúe un análisis del Auto Interlocutorio de 334/2022 y del Auto de Vista 281/2022-SP2; no obstante, el análisis que efectuará esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se circunscribirá al contenido de esa última determinación pronunciada como consecuencia del recurso de apelación incidental formulado y que fue resuelto por la Vocal hoy accionada quien tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones asumidas por la Jueza ahora coaccionada; en ese sentido, se debe denegar la tutela solicitada contra la mencionada Jueza; por cuanto, la SCP 0431/2015-S3 de 4 de mayo, señala que: “…es necesario precisar que la justicia constitucional no puede ingresar a invadir la competencia de la justicia ordinaria o administrativa, atribuyéndose así la revisión de todo lo obrado en esas instancias cual si fuera una instancia más dentro de estos procesos, ello bajo el intelecto de que cada una de estas vías tiene sus propios medios de impugnación, y es que las ilegalidades denunciadas oportunamente pueden ser revisadas y corregidas en el mismo proceso y sólo cuando éstas se hayan mantenido pese a las diferentes observaciones, habiendo agotado así todos los medios de impugnación, recién se abre la vía constitucional, siendo por ello la competencia de este Tribunal el analizar la última resolución emitida dentro del proceso…” (Las negrillas y el subrayado son nuestras).
En el presente caso y considerando que el accionante identificó como derechos vulnerados a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; empero, del contenido de su memorial de acción de libertad, se colige que cuestiona sobre la valoración de la prueba efectuada en el Auto de Vista 281/2022-SP2, emitido por la Vocal ahora accionada; razón por la cual, con la finalidad de hacer efectivo el acceso a la justicia, y siendo que la referida acción tutelar se rige por el principio de informalismo, se procederá al examen de la valoración de la prueba como elemento del derecho al debido proceso respecto a que, no se hubiesen valorado la documentación presentada por el accionante. Bajo ese marco, en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 28 de octubre de 2022, el accionante señaló que a tiempo de solicitar la modificación de su detención preventiva, presentó los contratos de domicilio, contrato a futuro, ambos con reconocimiento de firmas y rúbricas, así como las especificaciones del trabajo que iba a realizar, de lo cual hubo duda por parte de la Jueza hoy coaccionada, porque no podía asistir ante el Notario de Fe Pública -al encontrarse con detención preventiva-, cuando el art. 86 del Decreto Supremo (DS) 2189 de 19 de noviembre 2014, otorga atribuciones a los Notarios de Fe Pública para trasladarse a la recepción de firmas, con lo que pudo desvirtuar el art. 234.1 y 2 del CPP; ya que, cuenta con familia y domicilio. Al respecto, la Vocal hoy accionada en el Auto de Vista 281/2022-SP2, refirió que no corresponde a “esta instancia” -de alzada- revalorar la prueba, ni analizar la nueva prueba, estando obligados a analizar sobre los agravios que tienen que ver con el recurso de apelación incidental; por lo que, hace referencia al fundamento utilizado por la Jueza ahora coaccionada concluyendo que dio un valor negativo en cuanto a los contratos de trabajo a futuro y de arrendamiento futuro con reconocimiento de firmas y rúbricas, así como en cuanto al domicilio que no contaría con certificado domiciliario emitido por autoridad competente, lo que para la citada Jueza no serían documentos idóneos para desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización; añadiendo además que si bien, se dio un valor negativo a las pruebas, el accionante pudo “en dicha audiencia” -se entiende de control de detención preventiva de 17 de octubre de 2022- en la vía de complementación y enmienda hacer referencia a que “…no se hubiera trasladado al notario para obtener la firma del imputado…” (sic), o en su defecto, hubiese manifestado al momento de presentar las pruebas; puesto que, el accionante en su participación manifestó sobre los riesgos procesales y que existe documentos que tiene domicilio y trabajo en la ciudad de Tarija. En ese sentido, se debe tener en cuenta el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, con ese entendimiento, si bien la Vocal hoy accionada no puede valorar nueva prueba, tiene la obligación de revisar todos los agravios que fundaron el recurso de apelación incidental; es decir, en el presente caso revisar la valoración probatoria cuestionada por la accionante; empero, al contrario, se limitó a señalar que la prueba presentada consistente en un contrato de trabajo a futuro de 12 de octubre de 2022 (fs. 47 a 50), como el contrato de “domicilio” -se entiende de arrendamiento futuro- de igual fecha, ambos con reconocimiento de firmas y rúbricas (fs. 58 a 60), no generaron convicción en la Jueza ahora coaccionada de que esa documentación sea idónea para poder desvirtuar los riesgos procesales los que aún se encontrarían latentes, y que los reclamos emergentes de esas pruebas debieron ser expuestos en la audiencia de control de detención preventiva de 17 de octubre de 2022, en la vía de complementación y enmienda, de lo que se evidencia que la citada Vocal a más de reiterar los argumentos de la Jueza ahora coaccionada y referir que el accionante debió efectuar sus reclamos en la vía de complementación y enmienda, omitió considerar las pruebas presentadas a la referida Jueza; puesto que, los Tribunales de alzada a tiempo de resolver los recursos de apelación incidental vinculados a la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares, tienen la obligación de emitir sus resoluciones en el marco del art. 398 del CPP, circunscribiéndose a los agravios expresados por el o los recurrentes, resolviendo cada uno de ellos y explicando de manera razonable los motivos de su decisión, considerando las circunstancias particulares del caso, la actividad valorativa desplegada por el Juez de primera instancia, así como, las disposiciones legales, doctrinales y jurisprudenciales que sustentan su determinación; por lo que, se alejó del marco normativo desarrollado precedentemente; ya que, la Vocal hoy accionada más allá de citar los argumentos por los que la Jueza ahora coaccionada le dio un valor negativo a esa documentación, le correspondía revisar dicha valoración probatoria, aspecto que también se encontraría vinculado a su libertad; debido a lo cual también corresponde conceder la tutela solicitada respecto a la omisión valorativa únicamente de las pruebas consistentes en los contratos de trabajo a futuro de 12 de octubre de 2022, y de “domicilio” -se entiende de arrendamiento futuro- de igual fecha, ambos con reconocimiento de firmas y rúbricas.
Ahora bien, con relación a la Verificación Policial Domiciliaria del Ciudadano que data del 8 de noviembre de 2022 (fs. 68 a 69 vta.), el Certificado de Matrimonio de sus progenitores, que data del 7 de mismo mes y año (fs. 70) que demostrarían que cuenta con residencia y familia, son documentos que datan de una fecha posterior a la fecha en la que se celebró la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de medidas cautelares de 28 de octubre de igual año; es decir, que recién fueron puestas a consideración del Tribunal de garantías, motivo por el que no fueron tomadas en cuenta por la Jueza hoy coaccionada y menos por la Vocal ahora accionada, y conforme al Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisdicción constitucional tampoco puede ingresar a analizarlos al ser una atribución conferida exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales; por lo que, respecto a la Verificación Policial Domiciliaria del Ciudadano, y el Certificado de Matrimonio de sus progenitores, corresponde denegar la tutela. Respecto al reclamo de que la acusación formal presentada por el Fiscal de Materia se basó únicamente en un Informe Policial de 15 de septiembre de 2022, debemos remitirnos al principio de subsidiariedad establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional; puesto que, el proceso penal del accionante contaba con un Juez de control jurisdiccional quien podía reparar el agravio citado precedentemente considerado como vulneratorio a sus derechos; en ese sentido, correspondía que el accionante reclame dicho aspecto a la Jueza ahora coaccionada, que se encontraba a cargo del control jurisdiccional a través del incidente de defectos absolutos y no acudir directamente a la jurisdicción constitucional tratando de que se considere esa situación, cuando tenía los mecanismo idóneos e inmediatos para reclamarlos; por lo señalado, corresponde denegar la tutela solicitada en aplicación excepcional del principio de subsidiariedad de la acción de libertad. Finalmente, en cuanto a la denuncia de vulneración del derecho de dignidad se tiene que el accionante no identificó de qué manera fue vulnerado, limitándose únicamente a su mención, correspondiendo en efecto denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 88 a 92 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por la vulneración de los derechos al debido proceso, en su elemento de valoración de la prueba vinculado al derecho a la libertad de Tito Mamani Vargas; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 281/2022-SP2 de 28 de octubre, debiendo la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a partir de la notificación de este fallo constitucional, emitir un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la libertad de Tito Mamani Vargas. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija; y, con relación a los derechos a la dignidad y al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba de la Verificación Policial Domiciliaria del Ciudadano y el Certificado de Matrimonio de sus progenitores, así como al reclamo de la Acusación Formal de 13 de octubre de 2022, conforme con los fundamentos jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0391_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 932a1439c37bfc3565c859788256fd2161ae9a7f4e229dff7074c80f5bda33ac
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