B.IA.LEGAL

SCP 0390/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51211-2022-103-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral y “seguridad jurídica”; toda vez que, la autoridad demandada sin causal o justificación legal alguna y, sin tomar en cuenta su estado de gestación, mediante Memorando 002/2022 de 6 de julio, le agradeció sus servicios prestados en el cargo de Secretaria Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Tarija; razón por la cual interpone la presente acción de tutelar, pidiendo su reincorporación laboral al cargo que venía desempeñando, sea con los beneficios que le otorga la ley, el pago de sueldos devengados desde el día de su desvinculación laboral el 7 de julio de 2022 hasta la fecha, el pago de las prestaciones y seguridad social del niño como de la madre hasta que cumple un año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) Excepción al principio de subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas y padres progenitores menores a un año; ii) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 101/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 62 a 66, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

a) Disponer simplemente el pago de sueldos devengados, desde la fecha de desvinculación laboral hasta el cumplimiento del año de su hija, más el pago de otros derechos sociales que le corresponda y el pago de las asignaciones familiares, por el tiempo que se le privó de dicho beneficio; sea en el plazo máximo de veinte días hábiles a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y de acuerdo al desarrollo de los Fundamentos Jurídicos; salvo que esos derechos sociales y pago de asignaciones familiares durante el tiempo de gestación y en forma posterior al nacimiento hasta que haya cumplido el año de edad, hayan sido cubiertos en favor de la menor a través de su padre Leonardo Vargas Ordoñez, quien sería también servidor de ese Gobierno Municipal. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la “seguridad jurídica”.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores
  2. III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2024-S1 Sucre, 31 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51211-2022-103-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 101/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 62 a 66, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Sharai Maritza Uribe Portillo contra Teodoro Suruguay Quiroga, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 13 de octubre de 2022, cursante de fs. 17 a 24; y, 28 a 29, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desempeñó funciones como Secretaria Municipal Jurídica de acuerdo al Decreto Edil 014/2022 de 9 de marzo, emitido por la autoridad ahora demandada, quien pese al conocimiento de su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral al encontrarse embarazada, el 6 de julio de 2022 tomó la determinación de cesar sus funciones y por consiguiente su relación laboral a través del memorando 002/2022, sosteniendo como razón de la misma la falta de recursos económicos, aduciendo una restructuración institucional, en total desconocimiento de los procedimientos establecidos para la supresión de cargos establecidos en el Decreto Supremo (DS) 26115, normas básicas del Sistema de Administración de Personal, entendiéndose que esos procedimientos son antes del retiro del funcionario y de los elementos necesarios para la validez del acto administrativo expresados en la Ley 2341. En ese sentido fue despedida injustificadamente, vulnerándose sus derechos y garantías constitucionales, sin considerar su estado de gravidez, la cual fue comunicada oportunamente el 12 de julio de 2022. No se consideró tampoco que mediante Decreto Municipal (DM) 01/2022 de 3 de enero, se notificó la estructura organizacional del órgano ejecutivo de ese Gobierno Municipal, incorporando a la misma la Secretaria Municipal Jurídica, suprimiendo el cargo de Asesor Legal, aprobando además la nueva planilla presupuestaria, entendiéndose que se contaba con el presupuesto completo para el funcionamiento de la estructura institucional para la gestión 2022; por lo que el justificativo de su desvinculación señalado en el memorando 002/2022, no correspondería valedero, pues el mismo debió sustentarse en hechos y antecedentes, cumplir con las normas vigentes y procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y expresar las razones de su emisión. Además considerando los procedimientos esenciales previos para la emisión de un memorándum por supresión de cargo, establecidos en el art. 32 del DS 26115 y por ultimo apreciar el Decreto Municipal mencionado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela, considera como vulnerados sus derechos al trabajo y estabilidad laboral y “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 46, 48, 49 y 50 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene su reincorporación laboral al cargo que venía desempeñando y sea con los beneficios que le otorga la ley, el pago de sueldo devengados desde el día de su desvinculación laboral el 7 de julio de 2022 hasta la fecha, el pago de las prestaciones y seguridad social del niño como de la madre hasta que cumpla un año.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 18 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 61 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expresados en su memorial de acción de amparo constitucional y añadió que: La SCP 0773/2016, establece que los funcionarios provisorios eventuales y de libre nombramiento no gozan de los beneficios de inamovilidad laboral lo que tampoco es una condición sine qua nun para que las autoridades ejecutivas y administrativas vulneren los derechos, y más aun pretendiendo subsumir las discrecionales administrativas cuando es una potestad reglada de acuerdo a procedimiento y que no podría vulnerar derechos ni garantías constitucionales menos aun en un estado de derecho en el cual la Constitución Política del Estado coloca dentro del rango de jerarquía a los derechos humanos.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Teodoro Suruguay Quiroga, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Tarija, mediante informe escrito de 17 de octubre de 2022, cursante de fs. 38 a 39, así como en audiencia a través de su abogado, manifestó lo siguiente: a) La parte accionante refiere que está atacando mediante la presente acción el acto administrativo; sin embargo, no plantearon recurso de revocatoria ni jerárquico; es decir, para atacar un acto administrativo se debe cumplir con los requisitos de subsidiariedad; b) Indica que el memorando mediante el cual se comunicó su desvinculación estaría sin fundamentación, sin que se haya reclamado la vulneración del debido proceso considerando que la fundamentación es uno de sus elementos, sin que hayan planteado la acción de amparo sustentada en el art. 115 de la CPE; c) La SCP 0295/2020-S2 de 4 de agosto, establece que los funcionarios de libre nombramiento como es el caso de la hoy accionante, al ser una Secretaria Municipal de libre nombramiento y su remoción es igual de manera libre; vale decir, no necesita un proceso, ni cumplir con algún requisito para su remoción, pues en esa condición no goza de la protección de calidad de servidor público o de carrera, máxime teniéndose a partir del informe de 12 de julio de 2022, indicando la accionante que debía dar cumplimiento al memorándum 002/2022, por lo que existió un acto consentido al aceptar el agradecimiento de servicios, teniéndose que sobre actos consentidos no procede el amparo, tal como lo establece el art. 53.2 del Codigo Procesal Constitucional (CPCo); d) La SCP 0296/2020-S2 de 4 de agosto, referida por la parte accionante respecto a un caso análogo, se refiere a la protección que se dio a un responsable de Catastro Urbano, no así de un Secretario Municipal, dentro del caso además no se acudió a la Inspectoría de Trabajo, consecuentemente no se cumplió con el art. 6 del DS 496 del 1 de mayo de 2010; y, e) Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Paola Monzón, Fiscal de Materia, en audiencia solicitó que a efectos de poder resolver la presente acción se tome en cuenta lo establecido respecto a la protección de la mujer en estado de gestación y se considere toda la prueba presentada por la accionante.

I.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, mediante Resolución 101/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 62 a 66, denegó la tutela solicitada; dicha determinación se dio sobre los siguientes fundamentos: 1) La accionante aduce la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral y “seguridad jurídica”, señalando que ingresó a trabajar y desempeñar funciones como Secretaria Municipal Jurídica en la Alcaldía Municipal de Entre Ríos mediante el Decreto Edil 014/2022 emitido por la autoridad ahora demandada; quien pese a tener conocimiento de su condición de embarazada, el 6 de julio de 2022 la cesó de sus funciones a través del Memorando 002/2022, el cual carecería de fundamentación y motivación, aduciendo la reestructuración de la institución, por lo que se le desvinculó de su fuente laboral, en franco desconocimiento de los procedimientos administrativos establecidos en el DS 26115 relativo a las normas básicas del Sistema de Administración de Personal y los procedimientos antes referidos; en tal razón solicitó que se conceda la tutela, ordenándose su reincorporación laboral al mismo cargo que venía desempeñando con los beneficios que otorga la ley; así también se paguen sus sueldos devengados desde el día de su desvinculación; es decir, desde el 7 de julio de 2022, y se cumpla con las prestaciones de seguridad social del niño como el de la madre hasta que este cumpla un año de edad; 2) La acción de amparo constitucional tiene su procedimiento propio, distinto al de la jurisdicción ordinaria, cuyo fin esencial es precautelar los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y la Ley; por lo cual tiene como objeto garantizar los derechos de las personas sean naturales o jurídicas ante los actos ilegales u omisiones indebidas de los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir, y en tal razón al no ser subsidiario de la jurisdicción ordinaria o administrativa debe advertirse el cumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez; 3) De la prueba presentada se establece que la accionante se encontraría en periodo de gestación, por lo que sería parte de uno de los grupos vulnerables de la sociedad, por lo cual se excepciona para la misma el principio de subsidiariedad; de igual manera se tiene en cuanto al principio de inmediatez, que la presente acción fue planteada dentro del plazo establecidos por ley; 4) La impetrante de tutela señala que se hallaba desempeñando funciones en el GAM de Entre Ríos como Secretaria Jurídica, designada mediante Decreto Edil 014/2022, acorde a la prueba presentada para el caso en concreto y mediante el memorando 002/2022 fue apartada de sus funciones con el agradecimiento de servicios correspondiente, siendo notificada el 6 de julio de 2022, presentando un informe el 13 de igual mes y año ante el Municipio, estableciendo que daba cumplimiento al Memorando de agradecimiento de servicios 002/2022, habiendo presentado y devuelto toda la documentación que se encontraba bajo su custodia; en tal razón expuso su consentimiento al presentar su informe al señalado memorando, pidiendo también que se cancelen sus sueldos devengados hasta la fecha y los beneficios sociales, limitándose a señalar que se encuentra embarazada o en periodo de gestación, conforme la documentación adjunta; sin embargo, no reclamó reincorporación alguna ante la Maxima Autoridad Ejecutica (MAE); 5) Si bien el art. 48.VI de la CPE garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, como también a los progenitores hasta que el hijo cumpla el año de edad; de igual manera el art. 233 in fine de la misma Norma Suprema regula en la administración pública que los servidores públicos desempeñan funciones públicas y que los mismos forman parte de la carrera administrativa, aquella situación exceptuando los cargos electivos y los de libre nombramiento; 6) La accionante era una funcionaria de libre nombramiento, que gozaba de la confianza de la máxima autoridad ejecutiva, teniéndose establecido por el Tribunal Constitucional que la inamovilidad laboral no alcanza a esos servidores públicos, teniéndose en ese sentido la SCP 0295/2020-S2 de 4 de agosto; habiéndosele agradecido sus servicios a la hoy accionante el 6 de julio de 2022, y que hasta el momento de su desvinculación, la nombrada conforme a la prueba presentada, no paso en conocimiento antes de la fecha de su desvinculación la situación de su gestación o embarazo; y así también, que al momento de presentarse el indicado Informe de manera expresa aceptó dar cumplimiento al Memorando 002/2022 de agradecimiento de servicios, limitándose a pedir que se le cancele los beneficios sociales que le correspondía y los saldos pendientes que se le debían como salarios, señalando que se encontraba en un periodo de gestación al momento de presentarse el informe, de lo que se concibe que la ahora accionante en ningún momento interpuso impugnación alguna contra el memorándum de agradecimiento de servicios y menos pidió su restitución a su fuente laboral, por lo que existió una aceptación tácita y por ende consciente a los efectos del citado Memorando; y, 7) La hoy accionante al ser una servidora pública se encuentra bajo el marco legal de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y sus demás sistemas dentro de la administración pública, siendo la misma servidora pública como tal, y más aún conforme el resabio anteriormente referido del art. 233 de la CPE, que no gozan de aquella prerrogativa de inamovilidad, las personas que desempeñan funciones de libre nombramiento como en el presente caso y habiéndose considerado ese aspecto de aceptación de la servidora pública, se tiene como consentida aquella situación en relación al memorando de agradecimiento de servicios, por lo cual su pretensión resulta ser improcedente bajo lo normado en la Ley 254 en su art. 53.2, al tenerse consentida aquella situación de su desvinculación como funcionario del Municipio de Entre Ríos, y que como se indicó la accionante establece dar cumplimiento a dicho memorando de agradecimiento de servicios, presentando el informe correspondiente, pidiendo que se le cancelen sus salarios devengados y demás beneficios, no habiendo interpuesto en ningún momento su solicitud de reincorporación, limitándose a señalar que se encontraba con cuatro meses de gestación, situación que no fue a conocimiento de la MAE antes de la emisión del memorando 002/2022, advirtiéndose un consentimiento tácito por parte del ahora accionante. El peticionante de tutela solicitó complementación y enmienda respecto a las subreglas para considerar la existencia de los actos consentidos, aplicando las sub reglas emitidas por la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, para que en base a la fundamentación expuesta sea considerada como un acto consentido. La Sala Constitucional Segunda del referido departamento, resolviendo la solicitud precedentemente señalada, declaró no ha lugar la complementación, refiriendo que la determinación emitida fue clara y de los actos que llevaron a considerar por parte de ese colegiado que existió aquel consentimiento libre y expreso, conclusión en base a la prueba presentada por la accionante.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Decreto Edil 014/2022 de 9 de marzo, mediante el cual Teodoro Suruguay Quiroga, Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de entre Ríos provincia O’Connor del departamento de Tarija, ahora demandado, designó a Sharai Maritza Uribe Portillo, hoy accionante, en el cargo de Secretaria Municipal Jurídica de ese Municipio (fs. 2 a 3). II.2. Cursa un informe ecográfico realizado el 28 de mayo de 2022, a la hoy accionante, suscrito por Kenny Prudencio Médico Ecografista, concluyendo en un embarazo único intrauterino viable de 9,1 semanas por ecografía, señalando como fecha probable de parto el 30 de diciembre de señalado año (fs. 11). II.3. Mediante Memorando 002/2022 de 6 de julio, la autoridad ahora demandada, agradeció sus servicios a la hoy accionante, comunicándole que por falta de recursos económicos procederían a realizar una reestructuración institucional (fs. 4). II.4. La hoy impetrante de tutela, por Informe de 12 de julio de 2022, dirigido a la autoridad ahora demandada, en cuanto al Memorando 002/2022, indicó que “…me queda dar cumplimiento al mismo (…) sin embargo solicito que por la sección que corresponda sean cancelados a la suscrita todos los saldos pendientes a la fecha y los beneficios sociales que corresponda, considerando que la institución no ha logrado asegura a la caja nacional de salud, por lo que comunico que me encuentro en el cuarto mes de gestación y adjunto carnet prenatal y certificado médico emitido por el doctor Adrián Choque medico ginecólogo a efectos de que su autoridad de cumplimiento a la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado Gestión 2017 -Ley 975 de 13 de septiembre de 2017-y el art. 2 del Decreto Supremo N° 012/2009” (sic [fs. 5 y 6]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral y “seguridad jurídica”; toda vez que, la autoridad demandada sin causal o justificación legal alguna y, sin tomar en cuenta su estado de gestación, mediante Memorando 002/2022 de 6 de julio, le agradeció sus servicios prestados en el cargo de Secretaria Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Tarija; razón por la cual interpone la presente acción de tutelar, pidiendo su reincorporación laboral al cargo que venía desempeñando, sea con los beneficios que le otorga la ley, el pago de sueldos devengados desde el día de su desvinculación laboral el 7 de julio de 2022 hasta la fecha, el pago de las prestaciones y seguridad social del niño como de la madre hasta que cumple un año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) Excepción al principio de subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas y padres progenitores menores a un año; ii) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores

Sobre el particular, la citada SCP 081/2018-S1 de 23 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:

Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la SC 0505/00-R de 24 de mayo de 2000 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre; y posteriormente, por la SCP 0102/2012 de 23 de abril, reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad.

Por su parte, la SCP 0735/2013 de 6 de junio, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional.

En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la SC 0873/01-R de 20 de agosto de 2001 sentó la línea jurisprudencial de denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la SC 0274/2007-R de 17 de abril, refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la SC 1613/2010-R de 15 de octubre. Posteriormente, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, efectuó una mutación implícita, ya que concedió la tutela de reincorporación laboral dispuesta en la conminatoria laboral. Luego, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, moduló el entendimiento sobre la excepción del principio de subsidiariedad, en el caso que el trabajador opte por la reincorporación, estableciendo los siguientes supuestos: 1) Deberá denunciar este hecho ante las jefaturas departamentales de trabajo, entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo, si corresponde, la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso que el empleador incumpla la referida conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional; 2) La conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador; por cuanto, el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, interponiendo la acción laboral, instancia en la que en definitiva, se establecerá si el despido fue o no justificado; y, 3) En los casos en que el trabajador, fuera sometido a un proceso interno; dentro del cual, se determine su despido por una de las causales establecidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) -Ley de 8 de diciembre de 1942- y 9 del DS 224 de 23 de agosto de 1943 -Reglamento de la Ley General del Trabajo-; en su caso, por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495 no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral; dicho entendimiento fue modulado implícitamente por la SCP 0735/2013, la que en razón a la protección de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral reforzada de los padres, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 complementario del art. 6 del DS 0012, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496 es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a pedir su reincorporación e interponer directamente la acción de amparo constitucional.

A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial, en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos en que se denuncia vulneración a la inamovilidad y estabilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores por efecto de despidos intempestivos, resulta aplicable el entendimiento contenido en la SCP 0735/2013; por cuanto, permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados, al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija a través de la acción de amparo constitucional, no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad; por consiguiente, si el trabajador así lo decide, ante un despido intempestivo, puede prescindir de la vía administrativa y acudir directamente ante la jurisdicción constitucional. Este razonamiento fue expuesto en la sistematización jurisprudencial contenida en la SCP 0081/2018-S2.

III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la citada SCP 0862/2019-S1 de 25 de septiembre, -entre otras-, precisada por el Voto Disidente de la SCP 0107/2019 de 5 de abril determinó:

El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios.

En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE). Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado, a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la SC 1497/2011-R de 11 de octubre. Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y a la salud, el otrora Tribunal Constitucional a través de la SC 130/2005-R de 10 de febrero, hizo referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, ha establecido que la garantía de inamovilidad laboral:

…es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores.

Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la Ley Fundamental, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Norma Suprema, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que ha sido reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que:

…todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad. Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que:

…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE... Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril, efectuó pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, entendió que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto.

III.2.1. Aspectos sustantivos sobre la garantía de inamovilidad laboral de la o el progenitor contenida en el art. 48.VI de la CPE y los derechos involucrados

Asimismo, la SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril, asumió el siguiente entendimiento:

i) Sobre el alcance de la norma constitucional prevista en el art. 48.VI de la CPE y sus excepciones i.a) Sobre las y los progenitores con calidad de servidores públicos

La jurisprudencia constitucional, ha realizado algunas interpretaciones respecto a la protección de la inamovilidad laboral de la o el progenitor atendiendo la clase de servidor público que pide la tutela, como son las siguientes: 1) Tratándose de servidores públicos progenitores de libre nombramiento, se entendió que, por constituirse en cargos de confianza, la inamovilidad laboral debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial (SCP 1417/2012); y, 2) Los servidores públicos progenitores elegidos por voto popular o, servidores públicos libremente designados 1El FJ III.2, establece que: “…en el caso de las mujeres embarazadas y progenitores que son servidores públicos, y que no formen parte de la carrera administrativa, como es el caso de los funcionarios de libre nombramiento, deberá aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto en el art. 48.IV de la CPE (…), puesto que en dicha norma constitucional, se reconoce -sin discriminación alguna- a todas las personas (incluyendo servidores públicos de libre nombramiento) el derecho de permanecer en el cargo que desempeñaban, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad (…) empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza. En este tipo de casos, deberá entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida…”.

con alto rango jerárquico, no tienen derecho a la inamovilidad laboral, empero el Estado tiene que garantizarles el sistema de seguridad social a corto plazo o de salud (SCP 1521/2012 de 24 de septiembre.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral y seguridad jurídica; toda vez que, la autoridad demandada sin causal o justificación legal alguna y, sin tomar en cuenta su estado de gestación, mediante Memorando 002/2022 de 6 de julio, le agradeció sus servicios prestados en el cargo de Secretaria Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos; razón por la cual interpone la presente acción de tutelar, pidiendo su reincorporación laboral al cargo que venía desempeñando, sea con los beneficios que le otorga la ley, el pago de sueldos devengados desde el día de su desvinculación laboral el 7 de julio de 2022 hasta la fecha, el pago de las prestaciones y seguridad social del niño como de la madre hasta que cumple un año. De la revisión de los antecedentes del caso, se tiene el Decreto Edil 014/2022 de 9 de marzo, mediante el cual Teodoro Suruguay Quiroga, Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de entre Ríos provincia O’Connor, ahora demandado, designó a Sharai Maritza Uribe Portillo, hoy accionante, en el cargo de Secretaria Municipal Jurídica de ese Municipio (Conclusión II.1.). Cursa un informe ecográfico realizado el 28 de mayo de 2022, a la hoy accionante, suscrito por Kenny Prudencio Médico Ecografista, concluyendo en un embarazo único intrauterino viable de 9,1 semanas por ecografía, señalando como fecha probable de parto el 30 de diciembre de ese año (Conclusión II.2.).

En forma posterior, mediante memorándum 002/2022 de 6 de julio, la autoridad ahora demandada, agradeció sus servicios a la hoy accionante, comunicándole que por falta de recursos económicos procederían a realizar una reestructuración institucional (Conclusión II.3.).

En ese sentido, la hoy accionante, por Informe de 12 de julio de 2022, dirigido a la autoridad ahora demandada, en cuando al memorándum 002/2022, indicó que “…me queda dar cumplimiento al mismo (…) sin embargo solicito que por la sección que corresponda sean cancelados a la suscrita todos los saldos pendientes a la fecha y los beneficios sociales que corresponda, considerando que la institución no ha logrado asegura a la caja nacional de salud, por lo que comunico que me encuentro en el cuarto mes de gestación y adjunto carnet prenatal y certificado médico emitido por el doctor Adrián Choque medico ginecólogo a efectos de que su autoridad de cumplimiento a la Ley 975 y el art. 2 del Decreto Supremo N° 012/2009” (sic [Conclusión II.4]).

Ahora bien, con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada, tomando en cuenta lo referido por la autoridad demandada corresponde referirse a la concurrencia de la subsidiariedad denunciada por la parte demandada; al respecto la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en relación a mujeres embarazadas y padres progenitores con niños menores a un año señaló que no es necesario que se agote ninguna vía judicial o administrativa ante un despido de mujer embarazada o progenitor, bajo la protección de la garantía de inamovilidad hasta el año de nacimiento de la hija o hijo, sino que puede interponer directamente la acción de amparo constitucional en procura de hacer valer sus derechos y garantías; por lo que, la ahora impetrante de tutela al activar directamente la acción de amparo constitucional, sin haber interpuesto algún recurso de impugnación respecto al memorándum 002/2022 de 6 de julio, actuó conforme a derecho, aspecto que a su vez permite ingresar al análisis de fondo de la problemática. En ese marco, de la revisión del Decreto Edil 014/2022 de 9 de marzo y el Memorando de retiro 002/2022 de 6 de julio, se advierte que la accionante tenía el carácter provisional o de libre nombramiento en su designación como Secretaria Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos; respecto a los cuales la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, estableció que tratándose de servidores públicos progenitores de libre nombramiento, que por constituirse en cargos de confianza, la inamovilidad laboral debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial. Bajo ese contexto, de la revisión de antecedentes se establece que la autoridad demandada, en su condición de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, retiró a la accionante no obstante su condición de mujer en etapa de gestación; toda vez que, del informe ecográfico de 28 de mayo de 2022, consta el embarazo único intrauterino viable de 9,1 semanas por ecografía de la hoy accionante; por lo que realizando los cálculos se tiene que a la fecha de su despido -6 de julio de 2022-, la nombrada contaba con aproximadamente 15 semanas de gestación; por lo que en mérito al art. 48.IV de la CPE y la referida jurisprudencia constitucional gozaba del referido derecho por mujer en gestación; y, por consiguiente ante la comunicación de dicho estado mediante el informe de 12 de julio de ese año, donde además citó la norma referente a la inamovilidad por gestación, correspondía a la autoridad demandada considerar dicho extremo en resguardo del ser en gestación; sin embargo, no lo hizo, al contrario la parte demandada señaló que en dicho informe no se solicitó la reincorporación laboral, por lo que no consideraron ese aspecto y que la accionante habría consentido el despido efectuado –lo cual fue tomado en cuenta por la Sala Constitucional al emitir la Resolución ahora objeto de revisión por este Tribunal Constitucional Plurinacional- y que además a partir de dicho informe recién se comunicó el estado de gestación de la madre hoy accionante; apartándose de esa manera de la línea jurisprudencial, por cuanto los derechos del niño, de la madre y el progenitor de un niño menor a un año, conforme la aludida jurisprudencia están protegidos desde su concepción hasta que el menor cumpla 1 año de edad, debiéndose considerar que la obligación que tiene el trabajador (a) de poner a conocimiento del empleador respecto al estado de gestación o nacimiento de hijo (a) del que emerge el beneficio de inamovilidad, la misma fue superada por ser un mero formalismo que a la postre no impedirá que el beneficiario (a) acceda a dicho beneficio; consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada, ante la evidente vulneración del derecho a la inamovilidad laboral. Corresponde señalar que, en mérito al tiempo pasado desde la emisión de la Resolución de la Sala Constitucional y la revisión de esta por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que dentro del presente caso no es posible disponer la reincorporación de la accionante a su fuente laboral, ya que a partir del certificado de nacimiento 294823 cursante a fs. 72, se tiene que el ser en gestación antes referido, nació el 19 de diciembre de 2022, consecuentemente, la niña tiene más de un año de edad; por lo que, corresponde solo disponer el pago de sueldos desde el momento del despido hasta la fecha de cumplimiento del año de la menor; aclarándose en cuanto al pago de otros derechos sociales que le corresponda y el pago de las asignaciones familiares por el tiempo que se le privó de dicho beneficio, que los mismos deben ser cancelados siempre y cuando estos no hayan sido emitidos en favor de la menor a través de Leonardo Vargas Ordoñez, quien según los certificados cursantes a fs. 71 y 72, sería el padre progenitor de la hija menor de edad de la ahora accionante y también servidor del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, que posiblemente hubiere recibido dichos beneficios. Finalmente, respecto a la “seguridad jurídica”, alegado como vulnerado, este Tribunal Constitucional Plurinacional no emitirá pronunciamiento alguno, por cuanto la parte accionante se limitó a citarlo sin realizar fundamentación alguna al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, al denegar la tutela impetrada, no efectuó una revisión correcta de los antecedentes del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 101/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 62 a 66, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

a) Disponer simplemente el pago de sueldos devengados, desde la fecha de desvinculación laboral hasta el cumplimiento del año de su hija, más el pago de otros derechos sociales que le corresponda y el pago de las asignaciones familiares, por el tiempo que se le privó de dicho beneficio; sea en el plazo máximo de veinte días hábiles a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y de acuerdo al desarrollo de los Fundamentos Jurídicos; salvo que esos derechos sociales y pago de asignaciones familiares durante el tiempo de gestación y en forma posterior al nacimiento hasta que haya cumplido el año de edad, hayan sido cubiertos en favor de la menor a través de su padre Leonardo Vargas Ordoñez, quien sería también servidor de ese Gobierno Municipal. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la “seguridad jurídica”. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

2 El FJ III.1, establece que: “…a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”. Así, en el caso concreto, en su FJ.III.2, resolvió: “…no se puede alegar vulneración al goce de la inamovilidad laboral, ni siquiera, por motivos de protección del progenitor justamente por la naturaleza del cargo del accionante [Fiscal de Distrito]. En casos de autoridades de alto rango jerárquico la garantía de inamovilidad en razón a contar con un hijo menor de un año de edad trastrocaría la organización institucional del Estado boliviano e impediría el logro de los objetivos institucionales y sin duda podría afectar incluso un ejercicio eficiente de las tareas del Ministerio Público”. “Pese a ello, precautelando los derechos a la salud y la seguridad social, la autoridad demandada designó al accionante en el cargo de Fiscal de Materia, cargo que evidentemente no sólo implicará reciba una remuneración justa por su trabajo, sino que a la vez, garantizará la seguridad social a corto plazo extrañada y el seguro de salud”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0390_2024-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): b0f73fd3b8b77887a5e500e7dd7473cad74865ef5942d665ebd28935c0c21763

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