Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023
Concede la tutela
El accionante considero lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, estando detenido preventivamente, tanto el Juez como la Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, hoy demandados; una vez dictada la Resolución de 8 de diciembre de 2021, que resolvió su situación jurídica, ante la interposición de recurso de apelación, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no remitieron antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro las veinticuatro horas, conforme dispone el art. 251 de la Ley 1173, pese a haber cumplido con los recaudos para emisión de copias; dilación que evidencia una conducta conculcatoria de sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2021 de 10 diciembre, cursante a fs. 18 y vta., emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad innovativa de la acción de libertad; y, 2º Exhortar al Juez y a la Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, hoy demandados, a cumplir con lo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Pena, y remitir los recursos de apelación al Tribunal de segunda instancia, dentro el plazo de veinticuatro (24) horas de formulada la referida impugnación, debiendo la autoridad judicial hoy demandada, no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas en la remisión de antecedentes y el recurso de apelación incidental, que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de dicha remisión en el recurso de apelación formulado ante resolución vinculada a las medidas cautelares.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45257-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2021 de 10 diciembre, cursante a fs. 18 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo y Verónica Ponce Silva en representación sin mandato de Franz Rodrigo Levandro Pañuni contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez; y, Reyna Choque Apaza, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de la Paz.
Por memorial presentado el 10 de diciembre de 2021, cursante de fs. 11 a 13, el accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Guarda detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por determinación asumida en el proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra su persona, radicado en inicio ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de La Paz; empero, después de suspenderse la audiencia de consideración de su situación jurídica señalado para el 6 de diciembre de 2021, que tenía que desarrollarse ente el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la ciudad de El Alto del citado departamento, la misma se desarrolló ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la referida ciudad y departamento, quien junto a su Secretaria, instaló, celebró y resolvió sin fundamento legal, la situación de los sindicados, por ello, ante la irregular Resolución 268/2021 de 8 de diciembre, interpusieron recurso de apelación, que hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, no fue puesta en físico por el Juez antes referido, ni remitido por la Secretaria del Juzgado en cuestión, a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro las veinticuatro horas, conforme dispone el art. 251 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, pese a haber cumplido con los recaudos para emisión de copias, restringiendo de esta forma el derecho a la libertad y a la impugnación del privado de libertad; dilación realizada por el Juez y la Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, hoy demandados, que evidencio una conducta conculcatoria de los derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la libertad.
El impetrante de tutela, denunció como lesionado el derecho a la libertad, al debido proceso y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 24, 115, 116.I 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene al Juez y a la Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz hoy demandados, la remisión del recurso de apelación en el día con presentación de constancia de remisión ante la autoridad de garantías, así como la remisión de antecedentes para proceso disciplinario para ambos funcionarios.
Celebrada la audiencia virtual, el 10 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 16 a 17 vta., presentes el solicitante de tutela, el Juez demandado y la Secretaria codemandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela por intermedio de sus representantes sin mandato, ratificó íntegramente el contenido en su memorial de acción de libertad, reiterando los mismos en la audiencia de la presente acción tutelar.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de la Paz, en su intervención en la audiencia de consideración de esta acción de defensa; señaló que: a) En el caso en análisis, se ha elevado antecedentes de la presente resolución, existiendo además constancia de que la asistente del abogado ahora impetrante de tutela dejó copias del legajo para su correspondiente tramitación ante el Tribunal de alzada de turno; y, b) El 10 de diciembre del 2021, a las 14:30, se dio estricto cumplimiento para remitir la apelación incidental contra la Resolución 268/2021 de 8 de diciembre, a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Reyna Choque Apaza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de la Paz, en su intervención en la audiencia de consideración de la acción de libertad, señaló que, se adhiere al informe expuesto por el Juez demandado, reiterando que, ya se envió la apelación correspondiente el día de la audiencia de consideración de la acción tutelar, no habiendo podido realizarse día antes por cuanto las apelaciones solo se reciben hasta medio día.
La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por la Resolución 26/2021 de 10 diciembre, cursante a fs. 18 y vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo en merito a la modulación innovativa reparadora que el Juez a quo conmine a su personal jurisdiccional al cumplimiento de plazos procesales; basando su decisión en los siguientes fundamentos: 1) El 6 de diciembre de 2021, se instaló audiencia para considerar la situación jurídica del ahora solicitante de tutela, que fue suspendida por la vacación judicial; empero, el Juez de Instrucción Penal de turno, reinstaló la misma dentro las cuarenta y ocho (48) horas establecidas por ley, el 8 del mismo mes y año, dictándose la Resolución 268/2021, quedando bajo responsabilidad de la Secretaria en coordinación con auxiliatura, quienes debían velar por el cumplimiento de la remisión de antecedentes dentro las veinticuatro (24) horas; sin embargo, no es menos cierto y evidente que la labor asignada al personal jurisdiccional del Juzgado de turno viene a ser y resultar bastante ampulosa debido a la carga que deviene de la vacación judicial; y, 2) En razón de la verdad material se debe tener en cuenta que por lo informado por el personal a cargo de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que el 10 de diciembre de 2021 a las 14:00 se remitió y admitió el legajo de recurso de apelación, para cuyo efecto se entendería que se hubiese superado la lesión a los derechos reclamados por el hoy impetrante de tutela: no obstante, habiéndose invocado la fundamentación innovativa y reparadora con el fin de que de forma ulterior no se produzca otra vulneración al ahora accionante, se exhorta al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, ahora demandado a realizar el control efectivo, los apercibimientos y en su caso las acciones disciplinarias.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 420/2021 de 5 de noviembre, de consideración de medidas cautelares el Juez Cuarto de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dispuso aplicar la medida cautelar extrema de detención preventiva al ahora solicitante de tutela en el Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento, otorgando al Ministerio Público el plazo de treinta (30) días a efectos de complementar y concluir la investigación, emitiendo a la culminación del referido plazo, el requerimiento conclusivo que en derecho corresponda (fs. 8 a 10 vta.). II.2. Conforme manifiesta el impetrante de tutela a través de su demanda de acción tutelar, ratificada en audiencia, mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2021, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de 8 de igual mes y año, que resolvió su situación jurídica como detenido preventivo (fs. 11 a 13).
II.3. Según lo afirmado en audiencia de acción de libertad por el Juez y la Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz –ahora demandados–, el 10 de diciembre de 2021, en horas de la mañana, fecha en que se desarrolló la audiencia de consideración de la referida acción de defensa, se remitió la apelación ante el Tribunal de segunda instancia (fs. 16 a 17 vta.).
El accionante considero lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, estando detenido preventivamente, tanto el Juez como la Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, hoy demandados; una vez dictada la Resolución de 8 de diciembre de 2021, que resolvió su situación jurídica, ante la interposición de recurso de apelación, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no remitieron antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro las veinticuatro horas, conforme dispone el art. 251 de la Ley 1173, pese a haber cumplido con los recaudos para emisión de copias; dilación que evidencia una conducta conculcatoria de sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre estableció que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa-permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Al respecto la SCP 0038/2021-S4 de 16 de abril, precisó que: “…la tramitación procesal relativa a la apelación de medidas cautelares de carácter personal, prevista por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173 –misma que tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación del adjetivo penal, y disposiciones conexas–, determinando que: ‘La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’.
Sin embargo, la jurisprudencia emanada por este Tribunal, sobre la temática citada al exordio, ha previsto subreglas para considerar dicho plazo, entre ellas la SCP 0657/2018-S4 de 16 de octubre, que reiterando el razonamiento de la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sostuvo que: ‘Más adelante, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, de manera específica, en relación a los casos de dilación en la tramitación de apelación de las medidas cautelares, reglamentó las subreglas aplicables al mismo, conforme al entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3: «i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. (…)
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación»’”.
En el caso en análisis, el impetrante de tutela acusa la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, estando detenido preventivamente, tanto el Juez como la Secretaria, amos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, hoy demandados; una vez dictada la Resolución 268/2021 de 8 de diciembre, que resolvió su situación jurídica, ante la interposición de recurso de apelación, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no remitieron antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro las veinticuatro horas, conforme dispone el art. 251 de la Ley 1173, pese a haber cumplido con los recaudos para emisión de copias; dilación que evidencia una conducta conculcatoria de sus derechos fundamentales.
Al respecto, corresponde precisar que de los antecedentes que cursan en la presente acción de libertad y lo expuesto por las partes en audiencia de consideración de la referida acción tutelar, se advierte que, por Auto Interlocutorio 420/2021, de consideración de medidas cautelares el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dispuso aplicar la medida cautelar extrema de detención preventiva al ahora solicitante de tutela en el Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento; empero, conforme manifiesta el accionante a través de su demanda de esta acción de defensa, ratificada en audiencia, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución 268/2021 de 8 de diciembre, que resolvió su situación jurídica como detenido preventivo; impugnación que según lo afirmado en audiencia de acción de libertad por el Juez y la Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, hoy demandados, fue remitido ante el Tribunal de segunda instancia, el 10 de igual mes y año, en horas de la mañana, extremo que conforme expusieron los miembros del Tribunal de garantías en la Resolución 26/2021, fue corroborado por el personal a cargo de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde dicha apelación fue remitida. Consiguientemente, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales; en tal entendido, se debe precisar que de los antecedentes expuestos y las documentales cursantes en el expediente, se advierte que, en la audiencia en la que se determinó la situación jurídica del ahora accionante, se dictó la Resolución de 8 de diciembre de 2021, quien en la referida fecha formuló recurso de apelación incidental, que conforme lo referido por los demandados y corroborado por el personal del Tribunal de segunda instancia, fue recién remitido el 10 del mismo mes y año, antes de la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, vale decir, después de las veinticuatro horas previstas por el art. 251 del CPP, ante la emergencia de la presentación de la acción de libertad en análisis.
Ahora, si bien con la remisión del recurso de apelación incidental a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el hecho denunciado como lesivo, cesó, resultando la eventual concesión de tutela ineficaz e innecesaria, por haber operado la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal; no obstante, se debe tener presente que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la naturaleza principal de la acción de libertad innovativa radica en la tutela del derecho a “...la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen); motivo por el cual, pese a que en el caso analizado ya hubiese cesado el acto considerado como lesivo corresponde la concesión de la tutela solicitada, esto con el fin de que en futuras actuaciones no se incurra en una vulneración similar de derechos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2021 de 10 diciembre, cursante a fs. 18 y vta., emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad innovativa de la acción de libertad; y, 2º Exhortar al Juez y a la Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, hoy demandados, a cumplir con lo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Pena, y remitir los recursos de apelación al Tribunal de segunda instancia, dentro el plazo de veinticuatro (24) horas de formulada la referida impugnación, debiendo la autoridad judicial hoy demandada, no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas en la remisión de antecedentes y el recurso de apelación incidental, que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de dicha remisión en el recurso de apelación formulado ante resolución vinculada a las medidas cautelares. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0390_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): c56c3cb6fad1e89ff1f7ff3ba02f7f0c28d3baa97df7b810d1c6ce163ce58db8
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