B.IA.LEGAL

SCP 0389/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 12 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
51050-2022-103-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de las garantías a la estabilidad laboral y prohibición de despido injustificado, así como los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la alimentación, en tanto considera que su desvinculación laboral fue arbitraria, al ser padre progenitor de un menor de un año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 164/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 82 a 84, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad demandada proceda con el pago de sus salarios devengados, seguridad social y demás derechos laborales que correspondan, desde el momento de su desvinculación hasta la fecha de cumplimiento de un año de su hijo menor; y, 2° Exhortar a los miembros de dicha Sala a revisar con mayor detenimiento los actuados que les sean presentados, para emitir decisiones que eviten incurrir en dilaciones indebidas en la resolución de causas en la jurisdicción constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Acerca de la excepción al principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores
  2. III.2. El derecho a la estabilidad laboral de las servidoras y los servidores públicos de carrera y provisorios. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Acerca de la inamovilidad laboral de funcionarios de libre nombramiento hasta que el menor cumpla un año de edad.
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0389/2024-S4 Sucre, 12 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51050-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 164/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 82 a 84, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mauricio Ríos Pinto contra Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 57 a 64; el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Memorándum CITE: DTH/A/0623/2021 de 7 de septiembre, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, mediante su representante, lo designó en el cargo de: Asistente “C”; puesto: Asistente Legal de la Unidad Sumariante con Ítem A-17010200006. Es así que en el desempeño de sus funciones, mediante Memorándum DTH/B/130/2022 de 11 de marzo, se le comunicó el agradecimiento de funciones y de manera textual se indicó: “…Comunico a usted, que por las facultades contenidas por el Decreto Municipal 082/17, a partir de la fecha se le agradece por sus servicios prestados en el cargo que viene desempeñando como ASISTENTE, de la UNIDAD SUMARIANTE…”; sin antes verificar que en su file personal, se encuentran los certificados de nacimiento de sus tres hijos menores de edad, entre ellos el menor con una edad –en el momento de la contratación– de tres meses; y en ese entendido, habiéndole notificado el 11 de marzo de 2022 con dicho agradecimiento, fecha en la cual su hijo contaba con una edad de nueve meses, su persona se encontraba con inamovilidad laboral, conforme establece el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

En el trámite de reincorporación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que interpuso contra el GAM de El Alto, se verificó que conforme el Decreto Supremo (DS) 29894 de 7 de febrero de 2009, que prevé la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo, señala en su art. 88 las atribuciones del Viceministerio de empleo, servicio civil y cooperativas, entre las que se encuentra la de emitir disposiciones normativas referentes a la relación jurídico laboral entre el Estado y los servidores públicos. Asimismo, el Manual de organizaciones y funciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, establece que la Dirección General de Servicio Civil tiene como objetivo el: “Administrar las relaciones laborales entre el Estado y las y los servidores públicos”; y entre sus funciones generales recae la aplicación de los procedimientos establecidos en la normativa para garantizar la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores. En consecuencia, aquella institución pública desarrollo ineficientemente el trámite, pues ante el despido injustificado y vulneratorio de su derecho y garantía a la inamovilidad laboral, presentó el memorial de 24 de mayo de 2022, con hoja de ruta interna 05574/22, ante la Dirección de Talento Humano del GAM de El Alto, solicitando la reincorporación a su fuente laboral, más el pago de haberes devengados, adjuntando como prueba el certificado de nacimiento de su hijo de – en ese momento– 11 meses, citando el DS 0012 de 19 de febrero de 2009; consiguientemente, dicha repartición emitió el Informe GAMEA/DTH/UAL/JMAT/138/2022 de 1 de junio, que indica que si bien existe un certificado de nacimiento, no cursa solicitud de inamovilidad por paternidad, y que en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de 2 de septiembre de 2021 “…NO FIGURA NI DECLARA AL MENCIONADO INFANTE…”; por lo que, no se dudó en prescindir de sus servicios. Por otro lado, señala que con relación a la inamovilidad laboral prevista en el DS 0012, el certificado de nacimiento marca la fecha el 31 de mayo de 2021, cumpliendo un año de vida hasta el 31 de mayo de 2022; por lo que, ya no estaría amparado en el beneficio de inamovilidad laboral. A esa respuesta, se puede verificar que la solicitud fue presentada el 24 de mayo de 2022, cuando su persona aún gozaba de dicho beneficio, pero fue respondida el 1 de junio del mismo año; es decir, un día después de que su hijo cumplió un año de vida. Asimismo, emiten su respuesta argumentando que no existe solicitud de inamovilidad por paternidad, y que el menor no fue declarado; y al respecto, adjunto a su currículum los certificados de nacimiento de cada uno de sus hijos, y la solicitud misma no era necesaria debido a que en su file cursaba el certificado de nacimiento, con lo que se acredita la inamovilidad, y fue el personal de la Dirección de Talento Humano que no realizó efectivamente su trabajo a momento de emitir el memorándum. En cuanto a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, es importante señalar que el objetivo es lograr la implantación del control en las entidades públicas y no como pretende argumentarse por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

En la misma fecha, presentó memorial de denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que recibido con hoja de ruta 26233, a objeto de que se proceda conforme el DS 29894, y el Manual de organizaciones y funciones del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, aspectos que no fueron atendidos oportunamente. Ante la denuncia presentada, la Dirección General del Servicio Civil dependiente del Ministerio emitió el Informe MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-SRML-153-INF/22, que en sus conclusiones señala que: “…de la revisión de antecedentes Mauricio Ríos Pinto acudió a instancias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para solicitar su reincorporación tomando en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucionalidad a la inamovilidad laboral; sin embargo, de la revisión de antecedentes se tiene que el interesado presentó su solicitud faltando seis días antes de que su hijo cumpla un (1) año, considerando que fue desvinculado el 11 de marzo de 2022, dejo transcurrir dos (2) meses y nueve días, debido a esta situación su trámite ingreso en esta dirección en fecha posterior al cumplimiento del año de su hijo, por lo que no se aplica la reincorporación laboral solicitada…”. No obstante, debe tenerse presente que su denuncia fue presentada el 24 de mayo de 2022, por lo que no existió la respectiva celeridad en la atención; entonces se tiene por agotada la vía administrativa. De acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que fue despedido de forma ilegal y sin causa, vulnerando la garantía constitucional que prohíbe el despido injustificado y por ende se violó su derecho al trabajo, pues el memorándum no señala justificación alguna para su despido, menos establece un proceso sumario como prevé la norma. A partir de ello, considera como actos vulneratorios lo siguiente: a) El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, es una institución pública, con plena autonomía, el mismo que cuenta con un Reglamento Interno de Personal; y en función de ello, los arts. 39 y 41 prevén el régimen disciplinario aplicable, así como las faltas y sanciones, clasificándolas en leves, graves y gravísimas; y, b) El memorándum DTH/B/130/2022 de 11 de marzo, por el que se concluye su relación laboral, no establece ninguna causal de las indicadas, menos cumple la realización de un previo proceso sumario, que se exige para toda destitución, por lo que se trata de un despido injustificado, vulnerando la Norma Suprema; acto que también vulnera su derecho al trabajo, protegido por la misma Constitución, incluso al ser padre progenitor, lesionando su garantía de inamovilidad, y con ello los medios de subsistencia y seguro de salud. Con relación a los principios de subsidiariedad e inmediatez, reiterando los antecedentes, una vez producido el despido, solicitó la pronta reincorporación ante el GAM de El Alto, lo cual fue rechazado conforme se indicó; por lo que presentó su denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a objeto de que proceda conforme al DS 29894, aspectos que no fueron atendidos oportunamente, y que en último lugar derivo en el Informe MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-SRML-0153/INF/22 que determinó que no se aplica la reincorporación, con lo que fue notificado el 19 de julio de 2022.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de las garantías a la estabilidad laboral y prohibición de despido injustificado, los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la alimentación, citando al efecto los arts. 16.I, 46.I, 48.VI, y 49.III de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se ampare los derechos constitucionales conculcados, concediéndole la tutela disponiendo la inmediata reincorporación a su fuente de trabajo, al mismo puesto que ocupaba y el pago de salarios devengados a partir de marzo de 2022, hasta la fecha de su efectiva reincorporación, al haber sido una desvinculación injustificada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 79 a 81 vta., presentes el accionante asistido de su abogado y la autoridad demandada a través de su representante legal; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela ratificó in extenso los términos expuestos en su acción tutelar, reiterando los fundamentos del mismo.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, a través de sus representantes legales, señaló que: 1) En ninguna parte de la acción de amparo constitucional se menciona qué actos vulneratorios fueron efectuados por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de El Alto; 2) Se menciona el DS 0012, que prevé la protección de los progenitores con inamovilidad laboral, pero en ningún caso se hizo conocer dicho extremo a la administración, aspectos que la parte accionante conoce de sobremanera y no refleja en su memorial, por el contrario, señala que gozaba de inamovilidad pero el citado Gobierno Municipal, en ningún momento otorgó esa protección a través de una resolución, documento, acto jurídico o administrativo u otros inherentes al tema de subsidio, porque el accionante no puso en conocimiento el mismo; 3) La parte impetrante de tutela debería, en el momento de haber recibido la desvinculación, solicitar la reincorporación, aspectos que tampoco realizó, porque la solicitud de reincorporación de 24 de mayo de 2022 es posterior en un mes y siete días a su desvinculación; entonces, no tenía ninguna intención de solicitar con premura o inmediatez la solicitud, dejando a un lado el interés mayor y la protección del niño; 4) Hace énfasis en el informe que menciona que el ahora accionante, en su declaración jurada, presentada el 2 de septiembre, refiere que solo tiene dos hijos y no hace referencia al tercero; y en su declaración de 7 de septiembre, que es una rectificación, simplemente se ratifica nombrando a dos hijos, por lo que se entiende que el Gobierno Autónomo Municipal no es adivino para indicar y referir que gozaba de inamovilidad laboral, sino que el ahora accionante debió de cumplir con lo previsto en el art. 3 del DS 0012; y, 5) Se ha visto la conjugación de un delito, porque la declaración ha sido falsa.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 164/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 82 a 84, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) En esencia, el accionante hace conocer a esta sede constitucional que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, vulneró sus derechos y garantías; en una primera dimensión, referido al derecho a la inamovilidad laboral, porque no se consideró que en el momento de la desvinculación su hijo contaba con once meses de nacido, entonces no revisaron su file personal; y en una segunda dimensión, porque el agradecimiento de servicios no se encuentra justificado de modo alguno, pues no fue sujeto a proceso interno previo y sin señalar si cometió alguna falta, por lo que es una despido injustificado; ii) Vinculado al derecho a la inamovilidad laboral, es evidente el derecho establecido en la Norma Suprema, en el art. 48.IV, mismo que asistiría al impetrante de tutela al momento del agradecimiento de funciones, por cuanto si bien no presentó el certificado de nacimiento, la fecha quedó establecida, y al momento del despido restaba aun un mes y aproximadamente once días para que cumpla un año de edad, por lo que la Sala llegaría a comprender que el memorándum de 11 de marzo vulnero ese derecho; iii) Sin embargo, luego de aquellos hechos, el solicitante de tutela demoró un mes y algo más en reclamar este aspecto a la entidad municipal, y de manera posterior, es que acude a la Dirección General del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social demandando la reincorporación laboral, empero la petición fue faltando seis días antes de que su hijo cumpla un año de edad, dejando transcurrir más de dos meses y nueve días, e incluso es recién el 8 de agosto que acude a la jurisdicción constitucional demandado protección a su derecho de inamovilidad; iv) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado de manera categórica en cuanto a la presunta lesión o vulneración del derecho a la inamovilidad laboral que son cuestiones que no requieren que el afectado agote mecanismos de impugnación administrativos, judiciales o de cualquier otro contenido y es un derecho que puede ser directamente tutelado; por lo que la Sala entiende que el hoy accionante tras que hubiere acontecido su agradecimiento de servicios el 11 de marzo de 2021, se encontraba plenamente habilitado para activar la jurisdicción constitucional; v) La Sala tampoco puede desestimar la pretensión de tutela como consecuencia de la inobservancia del principio inmediatez, pues desde el 11 de marzo de 2022 la acción de amparo constitucional fue activada dentro del plazo de seis meses; y al 31 de mayo de la misma gestión, el hijo del hoy accionante llegó a cumplir un año de edad, aspecto que la jurisdicción constitucional no puede retrotraer, y en ese entendido, desde el nacimiento hasta el año, el impetrante de tutela se encontraba facultado de activar la vía de control tutelar; vi) En ese entendido, respecto al derecho a la inamovilidad laboral, esta Sala advierte que ha existido primero una conducta negligente por parte del solicitante de tutela al haber pretendido activar un mecanismo que resulta no idóneo como el hecho de activar tardíamente la Dirección General del Servicio Civil o como el hecho de presentar un memorial de forma posterior, denunciando la vulneración de su derecho a la inamovilidad laboral; por lo que ha permitido materialmente dejar pasar el tiempo y con ello ha permitido que el lapso de tiempo por el cual se resguarda el derecho a la inamovilidad, sea vea en una situación de desventaja y no pueda ser atendido por la Sala Constitucional, por un criterio de verdad material; vii) En relación al derecho a la estabilidad laboral, se remiten al memorándum 623/2021 que refiere que el accionante es designado en el cargo de asistente “C”, y con ello denotar que conforme los arts. 233 de la CPE, y, 5 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) –Ley 2027 de 27 de octubre de 1999–, el hoy accionante tendría la condición de servidor público de libre nombramiento y consecuentemente de naturaleza provisoria; y, viii) La naturaleza de la designación efectuada conlleva implícitamente la potestad de la máxima autoridad ejecutiva, o la autoridad que ésta delegue a que el ahora impetrante de tutela podía ser también desvinculado de su fuente laboral, pues deberá notar el accionante que los derechos previstos en el art. 7 del EFP, no son aplicables a funcionarios públicos de libre nombramiento; es decir, su condición le impedía acceder a impugnar en modo alguno la decisión de su desvinculación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Memorandum CITE: DTH/A/0623/2021 de 7 de septiembre, por el cual el Director de talento humano del GAMEA, designa a Mauricio Ríos Pinto –ahora accionante– como Asistente legal (Asistente C) (fs. 3). II.2. Se tiene Memorandum DTH/B/130/2022 de 11 de marzo, por el cual el Director de talento humano del GAMEA, agradece los servicios prestados por Mauricio Ríos Pinto, con recepción en la misma fecha (fs. 4). II.3. Cursa Memorial de solicitud de reincorporación, presentado por Mauricio Ríos Pinto ante el Director de talento humano del GAMEA, el 24 de mayo de 2022, en el que refiere contar con inamovilidad laboral al ser progenitor de su hijo AA, menor de edad con once meses de nacido (fs. 5 a 7); e, Informe GAMEA/DTH/UAL/JMAT/138/2022 de 1 de junio, emitido por la Dirección de talento humano del GAMEA, que al contar el menor con más de un año de nacido, el solicitante no cuenta con inamovilidad, por lo que no corresponde atender la solicitud (fs. 8 a 9). II.4. Mediante Memorial de denuncia de vulneración de derechos constitucionales y solicitud de reincorporación a fuente laboral, presentado por Mauricio Ríos Pinto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el 24 de mayo de 2022, en el que bajo los mismos argumentos, solicita su reincorporación inmediata a su puesto de trabajo, más el pago de haberes devengados (fs. 10 a 12); y, Nota CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-SRML-0236-CAR/22 de 18 de julio de 2022, dictada por el Director General de Servicio Civil del referido Ministerio, que en respuesta a la denuncia interpuesta adjunta el Informe MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-SRML-0153-INF/22 de la misma fecha, que en lo relevante indica en el apartado de Conclusiones: “De la revisión de antecedentes Mauricio Ríos Pinto acudió a instancias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para solicitar su reincorporación tomando en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional a la inamovilidad laboral; sin embargo, de la revisión de antecedentes se tiene que el interesado presentó su solicitud faltando seis días antes de que su hijo cumpla un (1) año, considerando que fue desvinculado el 11 de marzo de 2022, dejo transcurrir dos (2) meses y nueve días, debido a esta situación su trámite ingreso a esta dirección en fecha posterior al cumplimiento del año de su hijo, por lo que no se aplica la reincorporación laboral solicitada” (fs. 13 y 14 a 15 vta. respectivamente).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de las garantías a la estabilidad laboral y prohibición de despido injustificado, así como los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la alimentación, en tanto considera que su desvinculación laboral fue arbitraria, al ser padre progenitor de un menor de un año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Acerca de la excepción al principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores

En la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, se dejó establecido que la: “…acción de amparo constitucional es una acción tutelar de carácter extraordinario, cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, establecida en el art. 128 de la CPE, procede: ‘…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’. A su vez, el art. 129.I de la CPE, enfatiza que esta acción tutelar puede presentarse por la persona: ‘…que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. Con relación al principio de subsidiariedad la jurisprudencia constitucional ha precisado y de manera constante que la acción de amparo constitucional tiene por finalidad la tutela de los derechos y garantías constitucionales de las personas; pero, no puede suplir a la jurisdicción llamada por ley, que puede restituirlos de manera eficiente y oportuna. Sin embargo, la exigencia del agotamiento de vías ordinarias o administrativas, puede en algunos casos ocasionar un daño irreparable, por lo cual la justicia constitucional estableció una serie de sub reglas, en las que se encuentran las excepciones al principio de subsidiariedad, en tal sentido, están los derechos que asisten a la mujer trabajadora en estado de gestación la SC 0530/2010-R de 12 de julio, estableció que al tratarse de acciones: ‘…que implican la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación, esa protección es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…’ entendimiento reconocido en la vigencia de la Constitución Política del Estado del año 2009 así por ejemplo las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R. Siendo que el orden constitucional vigente otorga protección a las mujeres en estado de embarazo, garantizando la inamovilidad de éstas, de igual forma resguarda tratándose de los padres progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, entonces los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional cuando la trabajadora en estado de embarazo fuere, lo contrario sería restrictivo al ejercicio de sus derechos constitucionales, por lo que también podrá acudir directamente ante esta vía, no siendo exigible el agotamiento previo de vías ordinarias o administrativas” (las negrillas nos corresponden). En el mismo sentido, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, concluyó respecto a la seguridad social que: “Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa”.

III.2. El derecho a la estabilidad laboral de las servidoras y los servidores públicos de carrera y provisorios. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0248/2019-S4 de 16 de mayo, reiterando entendimientos anteriores, estableció que: “La SCP 1247/2013 de 1 de agosto, en cuanto al derecho a la estabilidad laboral de los y las servidores públicos de carrera y provisorios, indicó: ‘Con carácter previo corresponde precisar lo establecido por el artículo 4° del Estatuto del Funcionario Público (EFP), cuando refiere que: «Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración». En ese sentido, el artículo 5° de la citada norma legal, clasifica a los servidores públicos en: 1) Funcionarios electos: «Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado», los cuales no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del presente Estatuto. 2) Funcionarios designados: «Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable…», refiere la citada disposición que éstos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. 3) Funcionarios de libre nombramiento: «…aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados», refiriendo que estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa de EFP. 4) Funcionarios de carrera: «…aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto»; y, 5) Funcionarios interinos: «Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias». En ese sentido, la SC 1068/2011-R de 11 de julio, asumiendo el razonamiento de las SSCC 0101/2003-R y 1918/2010-R, emitidas por el extinto Tribunal Constitucional estableció: «Los preceptos normativos señalados, determinan claramente la diferenciación entre funcionarios de carrera con los funcionarios designados y los de libre nombramiento. Mientras que la incorporación y permanencia de los primeros se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa, los funcionarios designados y los de libre nombramiento pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios, por cuanto su ingreso a una entidad pública no es resultado de aquellos procesos de reclutamiento y selección de personal, sino que obedece a una invitación personal del máximo ejecutivo para ocupar determinadas funciones de confianza o asesoramiento en la institución, infiriéndose de ello que estas funciones son temporales o provisionales…»’. Por su parte, respecto a la situación de trabajadores en el ámbito de la función pública, y en específico, sobre la estabilidad laboral de los servidores municipales, la SCP 0464/2018-S3 de 13 de septiembre, refirió: ‘En dicho contexto, cabe señalar que, para ordenar la reincorporación de un trabajador del sector público o privado al puesto que desempeñaba con anterioridad al supuesto despido injustificado, necesariamente se debe analizar, si resulta aplicable al caso concreto la estabilidad laboral entendida como el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral; por cuanto, en el ámbito de la función pública, por la naturaleza de las funciones, ciertos cargos señalados en la última parte del art. 233 de la CPE -servidores públicos electos, designados y de libre nombramiento-, se encuentran excluidos de la estabilidad laboral. Tampoco les aplica la estabilidad laboral a los servidores públicos provisorios –que si bien desempeñan funciones correspondientes a los de carrera–; empero, al no haber ingresado mediante un proceso de selección de personal, no se encuentran dentro de dicha protección constitucional’” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Acerca de la inamovilidad laboral de funcionarios de libre nombramiento hasta que el menor cumpla un año de edad.

Excepción a la jurisprudencia En la SCP 0414/2022-S4 de 2 de junio, en un Fundamento Jurídico se recapitulan los mismos razonamientos expuestos sobre inamovilidad laboral, la situación de funcionarios de carrera, de libre nombramiento y de los progenitores hasta un año, concluyendo a partir de ello que es necesario un criterio armonizador sobre tales aspectos, evitando un trato desigual entre aquellas categorías, y por lo mismo: “…si bien de acuerdo a lo dispuesto en el art. 233 de la CPE, los funcionarios de libre nombramiento, entre otros, no tienen derecho a la carrera administrativa y con ello a la estabilidad laboral, ello tomando en cuenta el nivel del cargo que ocupan y la forma de su designación o nombramiento, quienes pueden ser removidos o inclusive desvinculados de la función pública sin mayor exigencia de justificación por las autoridades que las nombraron, tomando en cuenta que responden a su confianza; dicha regla no es absoluta cuando se trata de servidores públicos mujeres en estado de embarazo y padres progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, cuando tal situación se encuentre debidamente acreditada, ello debido al derecho de protección temporal reforzada del que gozan las mismas en cuanto a su derecho y garantía a la inamovilidad laboral, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de modo que, ante tal circunstancia, la entidad pública contratante no puede disponer su retiro o desvinculación de la entidad por el solo hecho de ocupar el cargo de libre nombramiento, estando la referida entidad, facultada solo a disponer la remoción o reubicación del mismo a un puesto de carrera en la misma entidad, empezando por el máximo nivel existente, siempre que se cumpla con el perfil requerido por la norma interna, y respetando en todo momento su derecho al trabajo y a la dignidad; esto, tomando en cuenta, que la protección reforzada que es base de la inamovilidad laboral reconocida a las mujeres en situación de embarazo y al padre progenitor, al margen de la protección a la mujer por su situación de gestación tiene base sustancial el resguardo de los derechos de la hija o hijo desde su concepción hasta su primer año de edad, es decir que garantizando la prioridad del interés superior de la niña o niño, estos deben recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, procurándose siempre la prioridad en su atención; así como, la satisfacción de sus necesidades, manteniéndose para ello, una fuente laboral para sus padres hasta su primer año;

entendimiento que permitirá al Estado cumplir su deber de protección y garantía de los derechos de la persona con protección reforzada; quedando a decisión del servidor público removido el aceptar o rechazar tal determinación” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

A fin de resolver la problemática propuesta por el accionante, que involucra sus derechos al trabajo, a la alimentación y a la inamovilidad laboral por ser padre progenitor de un menor de un año; en primer lugar corresponde dilucidar algunos aspectos de los hechos descritos, relacionando éstos con la jurisprudencia constitucional que se cita al efecto, por su carácter vinculante. En cuanto a la subsidiariedad como principio de la acción de amparo constitucional, ésta supone que toda persona que considere afectados sus derechos debe acudir en primera instancia ante la misma autoridad, jurisdicción que presuntamente cometió la vulneración o en su caso activar el mecanismo correspondiente, para que a través de un acto, mecanismo o recurso habilitado, pueda revertirse lo impugnado; y de ahí en adelante, la jurisdicción constitucional podrá emitir un pronunciamiento sin invadir o desmerecer la actividad de la institucionalidad pública diseñada en nuestro país, ni desafiar el marco normativo vigente. No obstante aquella regla, la jurisprudencia también estableció excepciones a su aplicación en razón de determinadas circunstancias, debido a la urgencia en la atención y la prioridad de protección como es el caso de grupos vulnerables. Bajo ese entendido, en los hechos se tiene que una vez notificado el accionante con el Memorándum DTH/B/130/2022 de 11 de marzo, de agradecimiento de servicios (Conclusión II.2), por un lado solicitó a la misma repartición del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto –Dirección de talento humano– su reincorporación el 24 de mayo de 2022; y simultáneamente, denunció la vulneración de su inamovilidad laboral, con la misma petición ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (Conclusiones II.3 y II.4). En ambos casos su petición fue rechazada porque el impetrante no declaró su estado de padre progenitor de un menor de un año de nacido, y reclamó su reincorporación unos días antes del cumplimiento del año indicado, por lo que no le asistiría el beneficio de inamovilidad. Entonces, el accionante, en defensa de los mismos derechos que ahora reclama, postulo su protección, pero su petitorio no fue atendido por cuestiones formales y una supuesta extemporaneidad; sin embargo, su especial y particular situación como padre progenitor de un menor de un año, y su reclamo oportuno, incluso poco tiempo antes de cumplir el plazo de inamovilidad, determinan que la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional no le es aplicable, precisamente por la importancia del derecho que se busca proteger ante todo, el del menor y su subsistencia. En consecuencia, esta jurisdicción de manera independiente a las determinaciones asumidas por la instancia municipal y administrativa laboral, se encuentra facultada para pronunciarse sobre la presunta lesión de derechos denunciada, ante la eximente de subsidiariedad y por haberse planteado dentro del plazo de caducidad previsto. Ahora bien, continuando con las aclaraciones pertinentes, la situación jurídica del accionante al interior del GAM de El Alto, se da por el Memorandum CITE: DTH/A/0623/2021 (Conclusión II.1), que lo designa como “Asistente legal” de la Unidad Sumariante del GAM de El Alto; por lo que la naturaleza de su función es de carácter provisorio, al efectuar funciones de asesoramiento. Ello se complementa con lo establecido en la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 –Ley que incorpora a trabajadores asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo–, modificada por la Ley 1156 de 13 de marzo de 2019, que modifica el Parágrafo I del art. 1 de la mencionada Ley 321, el cual dispone: “I. Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de capitales de Departamento y de El Alto del Departamento de La Paz, incluyendo a aquellos Gobiernos Autónomos Municipales que cuenten con once (11) Concejalas o Concejales, de conformidad a lo dispuesto por el inciso f) del Artículo 72 de la Ley Nº 026 de 30 de junio de 2010, del Régimen Electoral; quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo”.

Mientras que el Parágrafo II del art. 1 de la Ley 321 –sin modificación– señala: “II. Se exceptúa a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de: 1. Dirección, 2. Secretarías Generales y Ejecutivas, 3. Jefatura, 4. Asesor, y 5. Profesional”.

En el marco de la normativa vigente, resulta evidente que el ahora accionante cumplía funciones de asesoramiento conforme el mismo acredita, es decir que no ingresó a través de un proceso de selección a la función pública; y en el mismo sentido, el DS 0012 de 19 de febrero de 2009, cuyo objeto es reglamentar las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajen en el sector público o privado, refiriéndose a la vigencia del beneficio, en su art. 5, establece: “I. No gozaran del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurren en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral.

II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o

en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio.

III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija” (las negrillas nos corresponden). Hasta este punto, se tiene del marco normativo vigente que al momento en que se dieron los hechos de la causa analizada, el cargo de “Asistente legal” que fungía el ahora accionante no contaba con inamovilidad laboral al no ser un funcionario de carrera y por estar expresa y legalmente excluido por la naturaleza de sus funciones; sin embargo, el aspecto principal del caso por el cual se demanda inamovilidad es la existencia de su tercer hijo, menor de un año de edad. Con base en ello, si nos remitimos a la jurisprudencia constitucional, se trata de una inamovilidad más allá de lo previsto en las normas laborales indicadas previamente, sobre la cual, la mencionada jurisprudencia se ha pronunciado favorablemente, como sería el caso del fallo citado en el Fundamento Jurídico III.3, en que se dictaminó lo siguiente: “…si bien el art. 233 de la CPE, prevé que los funcionarios de libre nombramiento, entre otros, no tienen derecho a la carrera administrativa y con ello a la estabilidad laboral, ello tomando en cuenta el nivel del cargo que ocupan y la forma de su designación o nombramiento, quienes pueden ser removidos o inclusive desvinculados de la función pública sin mayor exigencia de justificación por las autoridades que las nombraron; empero, dicha regla no es absoluta cuando se trata de servidores públicos mujeres en estado de embarazo y padres progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, debido al derecho de protección temporal reforzada del que gozan que se materializa en la protección de su derecho y garantía a la inamovilidad laboral (Fundamento Jurídico III.3.), de modo que, en esta situación, la entidad pública contratante no puede disponer su retiro o desvinculación de la entidad por el solo hecho de ocupar el cargo de libre nombramiento, estando la referida entidad, facultada solo a disponer la remoción o reubicación del mismo a un puesto de carrera en la misma entidad, empezando por el máximo nivel existente, siempre que se cumpla con el perfil requerido por la norma interna y respetando en todo momento su derecho al trabajo y a la dignidad, esto, tomando en cuenta que, al margen de la protección a la mujer por su situación de gestación; dicha protección reforzada temporal tiene base en el resguardo de los derechos de la hija o hijo desde su concepción hasta su primer año de edad; es decir que, se garantiza el interés superior de la niña o niño, al ser éstos sujetos de protección y socorro en cualquier circunstancia, procurándose la satisfacción de sus necesidades, manteniéndose a ese efecto, una fuente laboral para sus padres hasta su primer año” (las negrillas fueron añadidas). Por todo lo anterior y siguiendo el entendimiento expuesto, se evidencia que no obstante que el accionante corresponde al tipo de funcionario de libre nombramiento, respecto de los cuales no es necesaria una desvinculación justificada, por la vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional invocada le asistía la inamovilidad laboral en razón de su hijo menor, motivo por el cual no podía ser desvinculado de la institución; y pese a que puso en conocimiento de la entidad gubernamental municipal aquella situación a momento de pedir su reincorporación, ésta no fue atendida bajo cuestiones formales y atribuyéndole la culpa de su situación, soslayando como hecho incontrovertible su calidad de padre progenitor que se caracteriza por la protección reforzada temporal de un año en favor del menor, conforme establece la base constitucional y legal en los arts. 45.V y 48.VI de la CPE; al igual que, en el 2 del DS 0012, normativa por la que se debe proteger los derechos al trabajo y a la inamovilidad, en razón del interés superior de la niña o niño hasta el primer año del menor beneficiado. Entonces, en cumplimiento de la jurisprudencia constitucional vinculante al presente caso, la entidad pública contratante no podía disponer el retiro o desvinculación del servidor público, por su calidad de padre progenitor, a pesar de ocupar un cargo de libre nombramiento, entonces, deberá ordenar su reubicación en un puesto de carrera de igual jerarquía en la misma entidad, siempre y cuando cumpla con el perfil necesario y por el tiempo que le quedaba por cumplir desde el momento de su desvinculación hasta la fecha del cumplimiento del año del menor, debiendo asimismo, cancelársele los salarios devengados correspondientes, además de los beneficios sociales que le corresponden en el señalado periodo. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada sobre los derechos denunciados, al verificarse su vulneración por la autoridad demandada, de conformidad con los razonamientos expuestos.

III.5. Otras consideraciones

En virtud del principio de celeridad, que rige tanto a la justicia constitucional como al procedimiento, los personeros de esta jurisdicción deben evitar dilaciones indebidas en la tramitación de los casos. En la presente causa, se tiene de la revisión de antecedentes que una vez interpuesta la acción de amparo constitucional y dictada la admisión, con el señalamiento de audiencia (fs. 65) para el 8 de septiembre de 2022, el acto se suspendió a solicitud de Ruth Vivian Poma Gutiérrez, presunta representante de la autoridad edil demandada, por una situación de salud; no obstante, de haberse analizado los documentos adjuntos, se hubiera comprobado que se peticionó y encargó el Poder Notarial correspondiente y específico al presente caso el 2 de septiembre de 2022 (fs. 67 a 68) a favor de Ruth Vivian Poma Gutiérrez por la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; mientras que el Poder Notarial presentado para solicitar la suspensión en la audiencia indicada es de 15 de marzo del mismo año, que otorga a la misma representante y a otra, facultades inherentes a la legitimación en procesos laborales instaurados en contra del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no resultando éste suficiente para acreditar la personería del GAM de El Alto al presente caso, en un proceso de orden constitucional. A partir de ello, se colige que la suspensión dictaminada en el Acta de fs. 73 y vta. inclusive, en que se asume directamente la personería sin considerar los aspectos indicados, dilató la resolución de la presente acción por una semana contraindicando la resolución oportuna de este tipo de procesos y en los plazos señalados en la Norma Fundamental, sin una causal justificada para ello; por lo que se exhorta a las autoridades de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a revisar de manera prolija los actuados, evitando incurrir en dilaciones indebidas en la resolución de las causas sujetas a su conocimiento. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 164/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 82 a 84, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad demandada proceda con el pago de sus salarios devengados, seguridad social y demás derechos laborales que correspondan, desde el momento de su desvinculación hasta la fecha de cumplimiento de un año de su hijo menor; y, 2° Exhortar a los miembros de dicha Sala a revisar con mayor detenimiento los actuados que les sean presentados, para emitir decisiones que eviten incurrir en dilaciones indebidas en la resolución de causas en la jurisdicción constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Ley 027 de 6 de julio de 2010 –Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional–, indica: “Artículo 3. (PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL). Los principios que rigen la justicia constitucional son los siguientes: (…) 11. Celeridad. El ejercicio sin dilaciones indebidas en la administración de justicia es el sustento de un fallo oportuno”. Ley 254 de 5 de julio de 2012 –Código Procesal Constitucional–, indica: “Artículo 3°.- (Principios procesales de la justicia constitucional). Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional así como las Juezas, los Jueces y Tribunales, a tiempo de impartir justicia constitucional, se regirán por los siguientes principios: (…) 4. Celeridad. Que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0389_2024-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): d73e02cfb52b3185242105fdedd0638c2b37ac93bb113952ad4e6de640dd03f5

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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