Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de mayo de 2023
Concede la tutela
La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos la libertad, al debido proceso y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó y dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 56/2021 de 18 de septiembre, ordenando que se emita un nuevo fallo; en virtud a ello, la Jueza demandada pronunció el Auto Interlocutorio 71/2021 de 20 de noviembre, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de dicho departamento. Contra esa determinación interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, las demandadas no remitieron el mismo ante el Tribunal de alzada conforme el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la citada Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0389/2023-S2 Sucre, 19 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45246-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Marisol Quiroga Pando en representación sin mandato de Marcisa Oyardo Serrano contra Betty Mamani Aruquipa y Bertha María Choque Condori, Jueza y Secretaria, respectivamente, del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 14 de enero de 2022, cursante a fs. 1 y 24 a 28 vta., la accionante a través de su representante, refirió que:
En septiembre de 2021, fue aprehendida por la supuesta comisión del delito de asesinato, encontrándose privada de su libertad desde esa fecha. El 18 de igual mes y año, ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz, se llevó adelante la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en la cual, la Jueza de dicho despacho judicial -demandada- mantuvo la medida extrema; por lo que, apeló dicha decisión; misma que fue resuelta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, disponiendo que se pronuncie un nuevo fallo; no obstante, tuvo que presentar una acción de libertad con el fin de que se cumpla la determinación asumida por la aludida Sala; en consecuencia, el 18 de noviembre de ese año, se desarrolló nuevamente el citado acto procesal en el que la autoridad ahora demandada dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, determinación que también fue impugnada en virtud al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, hasta la presentación de este mecanismo de defensa no se remitió el legajo procesal a efectos de que la misma sea resuelta.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la vida, citando al efecto los arts. 8, 15, 22, 23.I, 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1.5, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que se remita su apelación ante el “…Tribunal Departamental de Justicia de La Paz…” (sic) en el plazo de veinticuatro horas y se establezca responsabilidad civil y administrativa de las demandadas.
Celebrada la audiencia pública el 14 de enero de 2022, según consta en acta cursante a fs. 32 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, ratificó los argumentos de la demanda tutelar, y ampliándolos señaló que: a) La Jueza demandada determinó su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 56/2021 de 18 de septiembre; b) Por Auto Interlocutorio 71/2021 de 20 de noviembre, la indicada autoridad dispuso dicha medida extrema en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, decisión contra la que formuló recurso de apelación incidental; y, c) A la fecha del verificativo de garantías -14 de febrero de 2022-, la aludida autoridad y la Secretaria del despacho a su cargo, no elevaron la referida impugnación en alzada dentro del plazo de veinticuatro horas conforme prevé el art. 251 del CPP.
Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, señaló que, dentro del proceso penal seguido contra la accionante, por la presunta comisión del delito de asesinato, se celebró la audiencia de medidas cautelares emitiéndose el Auto Interlocutorio 56/2021, el cual fue objeto de recurso de apelación incidental, siendo de conocimiento de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, que dictó el Auto de Vista 576/2021 de 1 de noviembre, disponiendo dejar sin efecto la medida extrema y revocar en parte la decisión que su autoridad asumió, bajo el argumento que los riesgos del art. 235.1 y 2 del CPP, deberían contener un razonamiento separado a efectos de que la autoridad judicial establezca un fallo; por lo que, pronunció una nueva resolución tomando en cuenta las directrices de la citada Sala; en consecuencia, a través del Auto Interlocutorio 71/2021, se dispuso la detención preventiva de la accionante, decisión que fue apelada; y que “…conforme los antecedentes, se ha remitido en fecha 3 de febrero de 2021, (…) a la Sala Penal Tercera, la sala observa por la incoherencia de algunas piezas que han sido advertidas (…) la misma de acuerdo al cargo de recepción, el 21 de diciembre de 2021 habría sido remitid[a] al Juzgado de Instrucción Séptimo que estaba de turno en el receso judicial, el día 21 de diciembre el juez del Juzgado de Instrucción Séptimo determina que la observación de la Sala Penal Tercera sea cumplida por el juzgado de origen, hasta el día de hoy desconozco que día ha sido devuelto el legajo y sea cumplida la observación” (sic). Ante la interrogante de la Jueza de garantías, respecto a que si la observación fue subsanada y puesta en su conocimiento, la Jueza demandada señaló que, de acuerdo a los antecedentes facilitados por la Secretaria del despacho a su cargo, la aludida “…Sala Penal Tercera devuelve el legajo al (…) Juzgado de Instrucción Séptimo, y este juez dispone que el juzgado de origen subsane las observaciones, después desconozco, pero tengo entendido que el lunes 7 de enero ha sido devuelto, debo reiterar que estoy con baja médica desde el 10 de enero hasta fecha 20 de enero de 2022…” (sic), “…Esta en suplencia el Juez de Chulumani” (sic). Bertha María Choque Condori, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 30.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 01/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 33 a 35, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del citado departamento, proceda a subsanar las observaciones efectuadas y dar cumplimiento estricto a la remisión del legajo de apelación ante el Tribunal de alzada, sea dentro de las veinticuatro horas; con base en los siguientes fundamentos: 1) Por Auto Interlocutorio 71/2021, la Jueza demandada dispuso la detención preventiva de la impetrante de tutela en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes del citado departamento; determinación que fue objeto de recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP y remitida al superior en grado; sin embargo, dicha impugnación fue observada el 3 de diciembre de 2021, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento; empero, no se tenía constancia de la fecha de devolución al Juzgado de origen; 2) La aludida Sala Penal, como emergencia de la mencionada observación, realizó la devolución de antecedentes “…ante el juzgado 7° de Instrucción…” (sic) y la autoridad judicial de turno dispuso que el Jueza de origen cumpla con la corrección de esa amonestación; si bien, las vacaciones judiciales colectivas de la gestión 2021, fueron del 7 de diciembre de igual año hasta el 2 de enero de 2022, las actividades reiniciaron el 3 del indicado mes y año, teniendo los juzgados penales la obligación de recoger las causas remitidas como emergencia de dicho receso; por lo que, el argumento de la Jueza demandada fue injustificado; lo cual, convergió en incumplimiento de deberes, tanto de dicha autoridad judicial como de la Secretaria codemandada, quienes se mantuvieron pasivas y sin atención de dichos procesos; 3) En razón a que la Jueza demandada se encontraba en actividades laborales desde el 3 de enero de 2022, durante esa semana -hasta 7 de igual mes y año-, debió ordenar se subsanen las observaciones al recurso de apelación incidental formulado por la accionante; pues, la baja médica de la autoridad nombrada inició el 10 del mes y año señalados; por lo que, el hecho de ese impedimento el cual no se dio cuando fue injustificado; 4) La Secretaria codemandada -a partir del 3 de enero de 2022- no observó el deber de constituirse al Juzgado de turno con el objeto de recoger las causas con detenidos; 5) Por informe de la Jueza demandada, se tiene que el legajo de apelación finalmente fue devuelto el 10 de igual mes y año; sin embargo, dicha autoridad se encontraba con baja médica a partir de ese día, y la Secretaria no realizó ninguna acción tendiente a despachar urgentemente aquel proceso, habiendo sido su deber acudir al Juez suplente, encontrándose facultada para subsanar las observaciones inmediatamente; y, 6) No solo se incumplió el debido proceso en la remisión de la referida impugnación conforme al art. 251 del CPP; sino que también existió dilación injustificada en dicha labor trasgrediendo el principio de celeridad; pues, desde el 20 de noviembre de 2021 -fecha en que se interpuso el recurso de apelación incidental- transcurrió más de un mes; extremo que colocó a la solicitante de tutela en incertidumbre sobre su situación jurídica.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Margarita Patzi Pari contra Marciza Oyardo Serrano -ahora accionante-por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP), en audiencia de medidas cautelares la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 576/2021 de 1 de noviembre, revocando y dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 56/2021 de 18 de septiembre emitido por Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de La Asunta del citado departamento -demandada-; disponiendo que en el plazo de setenta y dos horas de su notificación emita un nuevo fallo. Determinación que fue objeto de complementación en el mismo verificativo (fs. 14 a 16 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 71/2021 de 20 de noviembre, la Jueza demandada, determinó la aplicación de medidas cautelares personales contra la impetrante de tutela, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz. En virtud a dicha decisión, la peticionante de tutela, interpuso recurso de apelación incidental al amparo del art. 251 del CPP, la cual fue deferido, ordenando la remisión de obrados al Tribunal de alzada (fs. 17 a 22).
La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos la libertad, al debido proceso y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó y dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 56/2021 de 18 de septiembre, ordenando que se emita un nuevo fallo; en virtud a ello, la Jueza demandada pronunció el Auto Interlocutorio 71/2021 de 20 de noviembre, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de dicho departamento. Contra esa determinación interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, las demandadas no remitieron el mismo ante el Tribunal de alzada conforme el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre dicho principio, la SCP 1442/2022-S2 de 8 de noviembre, sostuvo que: “…el art. 180.I de la CPE señala que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’. Por su parte, el art. 178.I de la Norma Suprema, refiere que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’.
En concordancia con la mencionada norma, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; de donde se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; toda vez que, las personas que intervienen en los procesos, esperan una decisión oportuna de su situación jurídica, máxime si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determinó que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: ‘Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente’. Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’” (las negrillas pertenecen al texto original).
En cuanto a ese tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció lo siguiente: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado y el subrayado corresponden al texto original).
La SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio, sostuvo que: “Conforme establece el art. 83 de la LOJ, las servidoras o servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones, se hallan previstas en la precitada ley. A efectos de determinar la legitimación pasiva en las acciones de libertad, de los servidores de apoyo judicial, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional en primera instancia, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados; dado que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, limitando sus funciones a acatar las órdenes o instrucciones de la autoridad judicial; sin embargo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció una excepción en los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial, situación en el cual la autoridad jurisdiccional se deslinda de responsabilidad; posteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, efectuando una modulación de la línea jurisprudencial en relación al razonamiento asumido en el precitado fallo, amplió un supuesto, estableciendo que también cuentan con legitimación activa, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; argumentando que: ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. …este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida…’. Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero. De lo expuesto en líneas precedentes, queda establecido que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación activa en dos supuestos: 1) En los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial; y, 2) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas” (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).
Al respecto, la SCP 0029/2014-S1 de 6 de noviembre, señaló que: “En los casos en que se produzca la incomparecencia de la autoridad demandada a la audiencia de la acción tutelar, sin que tampoco haya elevado el informe correspondiente, no obstante de su legal citación, el extinto Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se decantó porque dicha actitud sea asumida o interpretada como presunción de la veracidad de los hechos denunciados, expresando en ese sentido lo siguiente: ‘Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’, entendimiento que surge a partir de anteriores razonamientos como los contenidos en las SSCC 0141/2006-R, 0020/2010-R y 0181/2010-R” (énfasis añadido).
De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Margarita Patzi Pari contra Marcisa Oyardo Serrano -impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado en el art. 252 del CP, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 576/2021 de 1 de noviembre, revocando y dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 56/2021 de 18 de septiembre, emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de La Asunta del citado departamento -hoy demandada-; disponiendo que en el plazo de setenta y dos horas de su notificación dicte un nuevo fallo; determinación que fue objeto de complementación en el mismo verificativo (Conclusión II.1).
En cumplimiento a la determinación de la supra citada Sala, la Jueza demandada dictó Auto Interlocutorio 71/2021 de 20 de noviembre, disponiendo la aplicación de medidas cautelares personales contra la solicitante de tutela, ordenando su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz; por lo que, en virtud a dicha decisión, al amparo del art. 251 del CPP, la accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio; mismo que fue deferido, disponiendo la remisión de obrados al Tribunal de alzada (Conclusión II.2). Ahora bien, la citada autoridad judicial, a través de su informe prestado en audiencia de garantías, expresó las incidencias del trámite del citado recurso de apelación; al respecto, refirió que, “…conforme los antecedentes se ha remitido en fecha 3 de febrero de 2021, (…) a la Sala Penal Tercera, la sala observa por la incoherencia de algunas piezas que han sido advertidas (…) la misma de acuerdo al cargo de recepción, el 21 de diciembre de 2021 habría sido remitid[a] al Juzgado de Instrucción Séptimo que estaba de turno en el receso judicial, el día 21 de diciembre el juez del Juzgado de Instrucción Séptimo determina que la observación de la Sala Penal Tercera sea cumplida por el juzgado de origen, hasta el día de hoy desconozco que día ha sido devuelto el legajo y sea cumplida la observación…” (sic); bajo dichos antecedentes, se asume que a partir del 21 de diciembre de 2021, el expediente de apelación con las observaciones efectuadas por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se encontraba a disposición del despacho judicial de origen; es decir, el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del referido departamento; empero, la Jueza demandada desconocía la fecha de devolución del cuaderno de apelación; no obstante que, en el citado verificativo, de manera contradictoria señaló que, tenía “…entendido que el lunes 7 de enero ha sido devuelto…” (sic). Con base a dichos antecedentes, es preciso señalar que de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso que se advierta vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. En ese contexto, se tiene que la Jueza demandada en audiencia de consideración de medias cautelares de 20 de noviembre de 2021, admitió el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 71/2021, el cual radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, fueron observados los antecedentes de dicha impugnación, al encontrar incoherencias en algunas piezas del legajo de apelación; por lo que, los mismos fueron remitos -durante el receso judicial- al Juzgado “…de Instrucción Séptimo…” (sic); y a su vez, el titular de ese despacho, determinó que sea el Juez de origen quien cumpla la observación realizada -tal cual precisó la autoridad judicial demandada en su informe-; sin embargo, no siendo remitido el citado recurso, y habiendo asumido funciones -luego de la vacación judicial-, a partir del 3 de diciembre de 2021, la Jueza demandada tenía la obligación de instruir a los funcionarios de apoyo judicial a su cargo y en particular a la Secretaria codemandada, de efectuar el seguimiento respectivo a las causas con detenidos que fueron remitidas al Juzgado de turno, y de advertir que no fueron devueltas, arrogarse la autoridad a cargo para reclamar su remisión; sin embargo, no lo hizo, permitiendo que el tiempo transcurra dejando a la accionante en incertidumbre respecto a su situación procesal; si bien la aludida, indica que estuvo con baja médica del 10 al 20 de enero de 2022, tuvo el tiempo suficiente para regular el trámite inherente al recurso de apelación incidental interpuesto por la peticionante de tutela, tomando en cuenta que las labores del Órgano Judicial ante un receso judicial comienzan el primer día hábil de la gestión -en el caso que nos ocupa el 3 de enero de 2022-; por lo que, desde esa data hasta el inicio de su licencia médica, tuvo el suficiente tiempo para disponer la regularización de los expedientes -con detenido- remitidos al Juzgado de turno; estableciendo de tal negligencia que, la citada Jueza vulneró el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado sobre el que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, vinculado a la libertad de la impetrante de tutela, mismo que impone a los operadores de justicia el deber jurídico e ineludible de adoptar las medidas conducentes a objeto de cumplir con el envío correspondiente, dejando de lado toda actitud pasiva que implique demora en su tratamiento, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En lo que concierne a la Secretaria codemandada, en su condición de servidora de apoyo judicial, -presumiendo la veracidad de los hechos denunciados, conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional-, es preciso establecer que dicha funcionaria también tiene legitimación pasiva en esta acción de defensa; puesto que, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el acto ilegal no es precisamente el resultado del ejercicio de la función únicamente jurisdiccional; sino que, las omisiones de carácter administrativo, como ser el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, entre otras, repercute negativamente en el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de las personas; aspecto que, en el caso en examen efectivamente aconteció, adecuándose la conducta de la nombrada a lo señalado; puesto que, la misma debió asumir una actitud diligente y cumplir eficazmente las obligaciones inherentes a sus funciones. Por lo expuesto, encontrándose la problemática planteada dentro de los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, la accionante también denuncia que se transgredió su derecho a la vida; no obstante, más allá de ello, no fundamentó o indicó de qué forma fue afectada; por lo que, al respecto corresponde su denegatoria. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la citada Jueza de garantías.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0389_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): c14ecdbfcf3da4ec29ad1284cbdbf3141fe71bc83a7a076e96c1caeab37b1827
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