Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, mediante el Auto de Vista 60/2022 de 21 de septiembre, los Vocales demandados, confirmaron el Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto, que rechazó su incidente de redención de la pena, argumentando encontrarse dentro de la prohibición del art. 138.4 de la Ley 2298, modificada por la Ley 1173 -No estar condenada por delitos contra libertad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes-, que fue promulgada con posterioridad al hecho por el que fue condenado y su mandamiento de condena, correspondiendo por ello, le sea aplicable solamente la Ley 2298, sin sus modificaciones y que estaba vigente al momento de la comisión del ilícito; por lo que solicita se ordene la emisión de una nueva resolución declarando probado el incidente de redención.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 45 vta. a 53 vta., pronunciada por el Juzgado Sentencia Penal Tercero del Departamento de Potosí, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0388/2025-S3 Sucre, 20 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52128-2022-105-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 11/2022 de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 45 vta. a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Ángelo Zabaleta, Abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Carlos Gualberto Aramayo Gonzales contra Jorge Andrés Pérez Maita y Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocales de la Sala Penal Tercera Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 11 a 15, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Mediante Sentencia 05/2018 de 16 de marzo, se condenó al accionante -Carlos Gualberto Aramayo Gonzales-, a la pena de diez años de privación de libertad por la comisión del delito de Abuso Sexual contra una adolescente; en ese marco, se emitió el mandamiento de condena el 18 de junio de 2018. En el cumplimiento de la condena, presentó un incidente de redención, que fue rechazado por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, a través del Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto, todo con el fundamento de que el delito sentenciado está comprendido dentro de las prohibiciones establecidas por el art. 138.4 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; razón por la cual interpuso apelación incidental. La apelación referida, se remitió en alzada ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, misma que mediante Auto de Vista 60/2022 de 21 de septiembre, declaró admisible e improcedente su recurso, manteniendo firme el Auto Definitivo apelado, sin tomar en cuenta que su persona fue sentenciado mucho antes de que la Ley 1173 ingrese en vigencia y por tanto solo debería aplicarse la LEPS y en consecuencia ser procedente su incidente de redención, ya que no se puede sancionar retroactivamente conforme el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Denunció lesión de su derecho a la libertad física y el debido proceso, citando para el efecto los arts. 116.II, 123, 125 y 126 de la CPE, art. 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, “SE ORDENE UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN BASE A LOS SIGUIENTE FUNDAMENTOS Y DECLARANDO PROBADO EL INCIDENTE DE REDENCIÓN”
Celebrada la audiencia pública mixta (presencial y virtual para el accionante) de 30 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 42 a 45 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad y ampliando sus fundamentos manifestó los siguientes aspectos: a) Si bien la vía idónea para reclamar las lesiones al el debido proceso, es el amparo constitucional; en el presente caso existe una vinculación directa con el derecho a la libertad; b) A efectos del beneficio de la redención se tiene un día de pena por dos días de trabajo o estudió, en ese marco le corresponde al impetrante de tutela la redención de toda su pena; c) El Auto Supremo 0407/2014 vinculado a un delito de corrupción cometido antes de la vigencia de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz (LMQSC)-Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, aplicó la retroactividad de la norma porque era favorable y en su caso la norma actual no le es favorable; d) El mandamiento de condena fue expedido el 18 de junio de 2018, mucho antes de la vigencia de la Ley 1173, la cual están aplicando erróneamente para determinar la improcedencia del beneficio de redención a su favor; y e) Conforme al art. 123 de la CPE la retroactividad aplica solo en favor del imputado.
Jorge Andrés Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia de garantías de forma oral señaló que: 1) No especificó cual es la modalidad de la acción de libertad, si es correctiva, reparadora o preventiva; 2) El incidentista, ahora accionante, para cumplir lo estipulado en el art. 138 de la Ley 2298 presentó un certificado de permanencia y conducta, emitido por el Director Provincial de Seguridad Penitenciaria de la Carceleta de Villazón del departamento de Potosí, la cual establece que Carlos Gualberto Aramayo Gonzales, se encuentra detenido cumpliendo condena por el delito de Violación de infante, niña, niño o adolescente desde el 9 de septiembre de 2019; hecho contradictorio, porque el mismo cuenta con la Sentencia 05/2018, en la cual el mismo accionante señala que fue condenado por el delito de abuso sexual contra una menor, siendo este el motivo del rechazo del incidente por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, confirmado por el Tribunal de alzada; y 3) Con relación a la retroactividad de la ley, manifestó, que el impetrante de tutela tiene la carga argumentativa y no indicó, cuál de las reglas de aplicación de la retroactividad y ultraactividad debieron ser aplicadas. Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 19.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de Garantías, mediante Resolución 11/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 45 vta. a 53 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo, mantener incólume el Auto de Vista 60/2022 de 21 de septiembre; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Tanto la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí como los Vocales observaron la contradicción de los antecedentes al existir una Sentencia de 8 de marzo de 2008 y mandamiento de condena de 28 de junio de 2018, ambos por la comisión del delito de abuso sexual; y, en contrario, el certificado de permanencia de 22 de agosto de 2022 el cual refiere que está cumpliendo condena por la comisión del delito de violación de infante niña, niño y adolescente desde el 9 de septiembre de 2019; y que la defensa del ahora impetrante de tutela hizo caso omiso en cumplir estas observaciones; ii) Si bien la libertad es un derecho fundamental, también lo son los derechos de la víctima, más aún cuando se trata de menores de edad; iii) Respecto a la irretroactividad de la ley es la que proporciona estabilidad al ordenamiento jurídico y en relación al principio de la retroactividad de la ley más favorable se encuentra regulado en el art. 4 del Código Penal (CP); iv) La amplia jurisprudencia estableció reglas de la retroactividad de la ley sustantiva y la Ley 2298 tiene ambas vertientes adjetiva y sustantiva; v) Las autoridades demandadas resolvieron en base a la documentación que cursa en los antecedentes teniéndose contradicción en relación al delito condenado, así también en relación a los tiempos ya que la sentencia data de 8 de marzo de 2018, el mandamiento de condena se expide el 28 de junio de 2018 pero ingresaría a cumplir sentencia el 9 de septiembre de 2019, lo que no es consistente y equivale a decir que habrían dos procesos y sobre esto, la demanda tutelar tampoco hace ninguna aclaración. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, señaló: a) Que si bien se hace referencia a que hay contradicción, cursa en el file un certificado de permanencia emitido por el Director de seguridad de la Carceleta de Tupiza del departamento de Potosí, que establece que el accionante estaba privado de libertad desde el 3 de mayo de 2017, por mandamiento de detención preventiva librado por Pastora Cabrera Misericordia, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la citada localidad y departamento, por eso habría presentado en su oportunidad dos certificados de permanencia y conducta y el informe del secretario estableció que cumple las 2/5 partes de su reclusión que es cinco años y cinco meses y cuatro días que sería el resultado de la sumatoria de su detención en Tupiza y en Villazón; b) Existe un error de “taipeo” en el certificado de permanencia actualizado del Director Provincial de Seguridad Penitenciaria de la Carceleta de Villazón, ya que consignó erróneamente el delito de violación de infante , niña, niño o adolescente como el delito sentenciado, el error se demuestra con anteriores certificados que ha presentado; por ello pide se pueda enmendar la resolución y complementar En respuesta el Juez de garantías rechazó la solicitud argumentando que el recurso de complementación y enmienda debe ser presentado en base a la fundamentación y resolución; sin embargo, se está trayendo a colación hechos nuevos que no ha mencionado en la acción de libertad; y, hay contradicción en los certificados, aún más cuando ahora se trae a colación otra certificación más, que sería de 3 de mayo de 2017; por ello no se tiene ningún aspecto a enmendar ni complementar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Sentencia 05/2018 de 8 de marzo, emitida por el Tribunal de Sentencia Pena Primero de Tupiza del departamento de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Gualberto Aramayo Gonzales –accionante- por la cual se condena al referido acusado por la comisión del delito de abuso sexual a de diez años de presido, siendo la víctima una adolescente (fs. 26 a 27 vta.). II.2. Corre Mandamiento de Condena de 28 de junio de 2018, emitido como consecuencia de la ejecutoría de la sentencia ut supra señalada (fs. 30). II.3. Consta dos certificados de conducta uno de 30 de junio de 2022 y el otro de 22 de agosto de 2022 que establecen que el ahora accionante durante su permanencia en la Carceleta de Villazón del departamento de Potosí tuvo buena conducta (fs. 32 y 33); dos certificados de permanencia, ambos de 30 de junio de 2022, suscritos por el Director de la referida carceleta y certifican ambos una permanencia de dos años, nueve meses y veinte días computados a partir del 9 de septiembre de 2019 (fs. 31 a 32). II.4. A través del Certificado de Permanencia de 22 de agosto de 2022 el Director de la Carceleta de Villazón del departamento de Potosí, establece que el ahora accionante estuvo cumpliendo una condena por el delito de Violación de infante, niña, niño o adolescente desde el 9 de septiembre de 2019, siendo hasta la fecha de emisión del certificado dos años, once meses y trece días (fs. 34) II.5. Mediante Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto, la Jueza de Ejecución Penal al Primera de la Capital del departamento de Potosí acepta el incidente de Redención del ahora accionante y en el fondo rechaza el mismo por estar comprendido dentro de las prohibiciones establecida en el art. 138.4 de la Ley 2298 modificada por la Ley 1173 (fs. 35 a 37 vta.). II.6. Consta acta de audiencia de consideración de resolución de apelación incidental, desarrollada en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en la cual los Vocales que pertenecen a dicha instancia mediante Auto de Vista 60/2022 de 21 de septiembre, admiten el recurso y en el fondo declaran improcedente la Apelación Incidental, manteniendo firme la resolución emitida por la Jueza de Ejecución Penal al Primera de la Capital del departamento de Potosí (fs. 39 a 40 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, mediante el Auto de Vista 60/2022 de 21 de septiembre, los Vocales demandados, confirmaron el Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto, que rechazó su incidente de redención de la pena, argumentando encontrarse dentro de la prohibición del art. 138.4 de la Ley 2298, modificada por la Ley 1173 -No estar condenada por delitos contra libertad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes-, que fue promulgada con posterioridad al hecho por el que fue condenado y su mandamiento de condena, correspondiendo por ello, le sea aplicable solamente la Ley 2298, sin sus modificaciones y que estaba vigente al momento de la comisión del ilícito; por lo que solicita se ordene la emisión de una nueva resolución declarando probado el incidente de redención.
La SCP 0350/2025-S3 de 15 de mayo entre otras, ratifican el razonamiento desarrollado por la SCP 0400/2019-S2 de 24 de junio que señaló: Una vez que la Sentencia emitida en la jurisdicción penal adquiere calidad de cosa juzgada, conforme a las normas que regulan el procedimiento penal, se ingresa a la instancia de ejecución de la Pena, para así cumplir los fines de la misma y lograr la enmienda, readaptación y reinserción del condenado, dicha etapa es de competencia de los Jueces de Ejecución Penal, conforme lo disponen los arts. 55 del CPP y 80 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); autoridades judiciales que tienen como función esencial la ejecución de dicha etapa procesal conforme a las reglas del debido proceso.
Dentro del marco legal establecido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y del Decreto Supremo (DS) 26715 de 27 de julio de 2002, sobre el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, el sistema de redención de penas instituido por el legislador, constituye un beneficio legal al que pueden acogerse los privados de libertad que estén cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, a través del cual pueden rebajar su pena en base a criterios de buena conducta, estudio y trabajo; nuestro ordenamiento jurídico que regula la ejecución de penas, las medidas de seguridad dictada por órganos jurisdiccionales competentes, el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y de la pena y la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal; dispone la posibilidad de redimir la condena, es decir, liberar al condenado de dicha obligación, en razón de un día de pena por 2 días de trabajo o estudio.” Al respecto el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) refiere:
“El interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un día de pena por dos días de trabajo o estudio, cumpliendo los siguientes requisitos:
1. No estar condenado por delito que no permita Indulto;
2. Haber cumplido las dos quintas partes de la condena;
3. Haber trabajado de manera regular bajo control de la administración penitenciaria, o haber estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la Administración Penitenciaria;
4. No estar condenado por delito de violación a menores de edad;
5. No estar condenado por delito de terrorismo;
6. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince años, por delitos tipificados en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y,
7. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. A efectos de la redención, el interno podrá trabajar o estudiar desde el primer día de su permanencia en el recinto penitenciario. (…) A su vez el art. 140 de la citada ley establece:
“A pedido del interno, el Director del establecimiento remitirá al Juez de Ejecución Penal, la documentación que acredite el tiempo de trabajo o estudio realizado por el condenado, con el objeto que el Juez le conceda la redención y efectúe un nuevo cómputo”.
El trámite para efectivizar la solicitud de concesión del beneficio de redención, se encuentra establecido en el DS 26715, Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, que en su art. 74 dispone:
“I. Cumplidas las dos quintas partes de la condena, el interno podrá solicitar al Juez de Ejecución que le conceda la redención por trabajo o estudio y efectúe el nuevo Cómputo de su sentencia.
II. A los fines de la redención se computarán también las actividades de trabajo o educación, debidamente acreditadas, cumplidas por el interno en calidad de detenido preventivo como las cumplidas antes de la vigencia de la presente ley.
IV. Vencido el plazo, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez de Ejecución emitirá la Resolución de Redención y Nuevo Cómputo en base al informe recibido o, en su ausencia, en base a la solicitud del interno. (…)
A este razonamiento, debemos agregar, las modificaciones efectuadas por la Ley 1173, al art. 138 de la LEPS, concerniente justamente a la redención de la pena, que estipula que:
Artículo 138. (REDENCIÓN). La o el interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un (1) día de pena por dos (2) días de trabajo o estudio. La redención será de un (1) día de pena por un día (1) de trabajo o estudio tratándose de mujeres que tengan a su cargo:
1. Niñas, niños o adolescentes;
2. Personas mayores de sesenta y cinco (65) años;
3. Personas con discapacidad grave o muy grave; o,
4. Personas que padezcan enfermedades en grado terminal.
A cuyo efecto deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. No estar condenada por delito que no permita indulto;
2. Haber cumplido las dos quintas partes de la condena;
3. Haber trabajado de manera regular bajo control de la administración penitenciara o haber estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la Administración Penitenciaria;
4. No estar condenada por delitos contra libertad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes;
5. No estar condenada por delito de terrorismo;
6. No estar condenada, a pena privativa de libertad superior a quince (15) años, por delitos tipificados en la Ley N° 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y,
7. No haber sido sancionada por faltas graves o muy graves en el último año.
A efectos de la redención, la o el interno podrá trabajar o estudiar desde el primer día de su permanencia en el recinto penitenciario, independientemente de su situación jurídica.”
Refiriéndose al principio de irretroactividad de la ley, la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, señala:
La Constitución Política del Estado en su art. 123, dentro del Capítulo destinado a garantías jurisdiccionales, establece que: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”.
Respecto al principio de irretroactividad de la norma a que hace referencia el accionante, el Tribunal Constitucional mediante la SC 0334/2010-R de 15 de junio, citada por la SC 1795/2010-R de 25 de octubre, señaló lo siguiente: “El art. 33 de la CPEabrg, disponía que la ley solo tiene efecto para lo venidero; y no así retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente; es decir, uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley es su irretroactividad, que significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, así también lo ha establecido el art. 123 de la CPE.
El fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica.
Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas.
La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente.
Es por ello, que el principio de irretroactividad no se contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos”. (Las negrillas son añadidas)
En la normativa penal el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra en los párrafos segundo y tercero del art. 4 del CP, que determina: “Si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que existe al dictarse el fallo, se aplicará siempre la más favorable. Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será ésta la que se aplique”.
La SCP 0117/2025-S3 de 26 de marzo al respecto asumió el siguiente razonamiento. En los casos de violencia en razón de género, el análisis que realice la autoridad jurisdiccional ordinaria como la constitucional, debe expresar: a) Un equilibrio entre los derechos de la víctima, con los de la parte que está siendo imputada; b) El derecho de las mujeres que tienen a vivir libres de violencia y discriminación; y, c) Un enfoque integral del problema jurídico, como así se desarrolló y manifestó en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que es una sistematizadora de línea y a continuación se pasa hacer la mención correspondiente.
La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional se refirió al equilibrio entre los derechos del imputado señalando lo siguiente:
Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. (…)
A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”.
En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:
…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental.
En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento. Asimismo, la SCP 0017/2019-S2 refiriéndose al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género, determinó:
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. (…) Finalmente, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional abordó un conjunto de razonamientos respecto al análisis integral en aquellos casos en los que se identifiquen víctimas de violencia, señalando al efecto, el deber de verificar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las víctimas de violencia y del deber de aplicar un enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa, estableciendo lo siguiente:
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.
Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales (…)
En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia. Siguiendo dicha línea de entendimiento más tarde la exigencia del análisis del problema jurídico integral en las acciones de defensa, ha sido extendido a los diferentes procesos. Así, se tiene expresado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, que estableció lo siguiente:
De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, éstas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al Bloque de Constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:
La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso Gónzalez y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:
408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.
409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:
139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.
140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.
El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.
Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.
Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.
Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.
4Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 5Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 6Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 7Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”.
Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.
A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).
De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.
En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida.
El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.
El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:
al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.
En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…)
IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas).
El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)
10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;
11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.
Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:
ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.
La Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem dó Pará) en el marco de protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, estableció deberes de los estados que suscribieron y se adhirieron a este tratado, es así que en su art. 7 instituye:
Artículo 7 Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: …
b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer…
El responsable de la supervisión y cumplimiento de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, es el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Fue este instrumento – CEDAW-, que emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-y la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, el primero afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; la segunda recomendación señalada encomendó a los Estados ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales.
En ese marco la SCP 0117/2025-S3 de 26 de marzo refiere:
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal realizando control de convencionalidad estableció que la debida diligencia obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción ordinaria un caso en el que se denuncie violencia de género; por lo que, en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas. Respecto a la debida diligencia específicamente en la sanción de los delitos cometidos contra mujeres, la SCP 0140/2021-S1 de 8 de junio precisó:
En lo que atañe al deber del Estado de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la mujer, que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), en la Recomendación 19, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y que dicha violencia conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Asimismo, el mismo Comité, en la Recomendación 33, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas. Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de “Belem do Para” -, en su art. 7, establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras.
En ese marco, las decisiones judiciales adoptadas en fase de ejecución de las condenas por violencia en razón de género, también deben ser asumidas con enfoque de género; y en cumplimiento a la obligación estatal de actuar con la debida diligencia para la efectiva sanción de los hechos de violencia y garantizar el derecho de las mujeres y particularmente de las víctimas a una vida libre de violencia; lo cual implica que, la autoridad judicial que conozca del incidente de libertad condicional no puede limitarse a verificar los requisitos previstos en la normativa procesal penal, sino, en el marco del bloque de constitucionalidad, está en el deber de ponderar los derechos de la víctima con la del condenado, actuando con la debida diligencia en lo que concierne a la efectiva sanción de los hechos de violación” (el resaltado es añadido).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, mediante el Auto de Vista 60/2022 de 21 de septiembre, los Vocales demandados, confirmaron el Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto, que rechazó su incidente de redención de la pena, argumentando encontrarse dentro de la prohibición del art. 138.4 de la Ley 2298, modificada por la Ley 1173, que fue promulgada con posterioridad al hecho por el que fue condenado y su mandamiento de condena, correspondiendo por ello, le sea aplicable solamente la Ley 2298, sin sus modificaciones que estaba vigente al momento de la comisión del ilícito. Establecida la problemática, con el fin de ingresar al análisis de fondo de la resolución impugnada, es primordial remitirnos a los antecedentes procesales cursantes en el expediente constitucional y las conclusiones del presente fallo, en ese sentido se advierte que dentro del extinto proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Gualberto Aramayo Gonzales –accionante- se dio curso a la salida alternativa de procedimiento abreviado; consecuentemente, mediante Sentencia 05/2018 de 8 de marzo, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Tupiza del departamento de Potosí, condena al referido acusado por la comisión del delito de abuso sexual a una pena de diez años de privación de libertad, siendo la víctima una adolescente (Conclusión II.1.); ejecutoriada la referida sentencia se emitió el mandamiento de condena de 28 de junio de 2018 (Conclusión II.2.) Posteriormente, el ahora accionante interpuso incidente de redención de la pena ante la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, mismo que fue resuelto mediante Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto, el cual en su parte dispositiva, acepta el incidente de Redención del ahora demandante de tutela y en el fondo rechaza el mismo “POR ESTAR COMPRENDIDO DENTRO DE LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 1173, los mismos que han descrito una prohibición expresa respeto al numeral 4 del art. 138 de la ley 2298, que prohíbe la aplicación de este beneficio o cualquier delito de carácter sexual más aun tratándose de una persona menor de edad” No obstante lo señalado, de la revisión minuciosa del ya citado Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto; resulta que a lo largo de su fundamentación, se observa que el rechazo se basó también: a) En que el incidentista, no estableció la fecha de comisión del delito para el análisis de la ultractividad de la norma; b) El deber de los operadores de justicia de aplicar el juzgamiento con perspectiva de género ya que en el presente caso se tiene una víctima menor de edad vulnerable, por lo que conforme el art. 410 de la CPE se debe considerar instrumentos internaciones ratificados por el Estado boliviano en cuanto se trate de una colisión de derechos; c) Existe el incumplimiento del art. 138.2 y 3 de la Ley 2298 ya que hay contradicción en las certificaciones por las cuales se cuestiona el cumplimento de las dos quintas partes de la pena y el hecho de que puedan existir dos sentencias distintas, ya que se hace mención en la certificación que establece el cumplimiento de la pena por la comisión del delito de Violación de Infante, niña, niño o adolescente, desde el 09 de septiembre de 2019, cuando se tiene una Sentencia de 05/2018 y mandamiento de condena por el delito de abuso sexual de la gestión 2018 (Conclusión II.5). En ese contexto el ahora accionante interpuso apelación incidental, que fue considerada en la audiencia de 26 de agosto de 2022, por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –accionados-, quienes mediante Auto de Vista 60/2022 de 21 de septiembre, admiten el recurso y en el fondo declaran improcedente la Apelación Incidental, manteniendo firme la resolución emitida por la Jueza de Ejecución Penal al Primera de la Capital del departamento de Potosí (Conclusión II.6). Acorde a los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista 60/2022 de 21 de septiembre, el recurrente argumentó como agravio: La falta de fundamentación y motivación, ya que si bien la Jueza a quo señaló que no se estableció la fecha de comisión del delito, la sentencia y el mandamiento de condena datan de la gestión 2018 y son anteriores a la Ley 1173; existiendo errónea aplicación del art 123 de la CPE, por cuanto ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando beneficia al imputado por lo que se puede aplicar la ultractividad, argumentando que también en audiencia presentó la SC 1369/2003-R donde se aplicó la Ley “1108” que era anterior a la Ley 2298 que es sustantiva y procesal.
Ante estos agravios expuestos, los Vocales demandados argumentaron que existe una evidente contradicción en las certificaciones debido a que el certificado emitido por el Director Provincial de Seguridad Penitenciaria de la Carceleta de Villazón del departamento de Potosí señala que Carlos Gualberto Aramayo Gonzales se encontraba detenido cumpliendo una condena por el delito de “violación niño niña adolescente” desde el 9 de septiembre de 2019, lo que no condice con la sentencia 05/2018; así también refiere que en relación a la aplicación del art. 123 de la CPE son aspectos que debieron ser fundamentados por el incidentista, porque tal cual lo hubiera señalado el Ministerio Público en estos casos la carga argumentativa la tiene el incidentista para ver las reglas de aplicación de la ultractividad que están establecidas en la “SC 770/2012 o la SC 773/2020-S2”. En ese marco, debemos referir que en la presente demanda tutelar el accionante centra su denuncia en el hecho de que no se puede aplicar la prohibición del art. 138.4 de la Ley 2298, modificada por la Ley 1173 es decir “No estar condenada por delitos contra libertad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes”; debido a que comisión del ilícito, la sentencia y su ejecutoría son anteriores a la vigencia de la Ley 1173 y; por tanto, esas modificaciones no pueden ser consideradas en aplicación del art. 123 de la CPE. Siendo evidente que Los Vocales demandados rechazaron la aplicación del art. 123 de la CPE, lo que en el fondo deniega la posibilidad de aplicar la Ley 2298 sin las modificaciones implementadas por la Ley 1173 corresponde analizar si esta decisión vulnera o no los derechos que alega el impetrante de tutela.
En ese contexto, nos remitimos al principio de irretroactividad de la ley que acorde a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, está consagrado en el art. 123 de la CPE y tiene determinadas excepciones, es así que en el caso específico de materia penal se aplica la excepción cuando es favorable al procesado, esta prerrogativa nos remite al art. 116.II de la norma fundamental, en cuyo mérito es posible la aplicación no sólo retroactiva sino ultraactiva de la ley que favorece al procesado, es decir que si entre la comisión del hecho y la conclusión de la condena se presentase sucesión normativa, el Juez o Tribunal esta compelido a aplicar la norma que resulte más favorable; abriendo la posibilidad de aplicar una norma derogada si es más favorable a la vigente incluso en la tramitación de los beneficios carcelarios, tal como pretende el ahora accionante. En efecto, si sólo tomamos en cuenta el principio de irretroactividad la solitud del peticionante podría ser procedente, en el entendido que evidentemente la sentencia y el mandamiento de condena emitidos contra el ahora accionante son de la gestión 2018 de forma anterior a la promulgación de la Ley 1173, que incorporó la prohibición del art. 138.4 a la Ley 2298 estableciendo la imposibilidad de otorgación del beneficio de la redención, a favor de los condenados por delitos contra libertad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes. No obstante lo referido, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pasar por alto el tipo de delito por el cual el accionante fue condenado que es de violencia sexual contra una menor, por lo que es aplicable el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, que establece el enfoque integral del problema jurídico, que instituye que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino tamgbién, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso. En la misma línea, el enfoque interseccional descrito en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, permite la concreción al principio de igualdad, cuando concurren diferentes factores que provocan mayor vulnerabilidad, como en el caso objeto de análisis donde se tiene una víctima con dos factores de vulnerabilidad como lo son el sexo y la edad, correspondiendo consecuentemente aplicar la protección reforzada a efectos de que se adopte mecanismos tendientes a lograr la efectividad de los derechos de la víctima, emergiendo la obligación de actuar con la debida diligencia que debe ser no solo en prevenir, investigar la violencia contra la mujer sino también en la sanción de la violencia contra la mujer. En ese contexto, en el caso objeto de análisis se advierte una contraposición de los derechos del condenado –accionante- con los de la víctima, ya que conforme al razonamiento de los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 el accionante tiene derecho a acceder al beneficio de la redención, sin embargo acorde a los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 y III.5 de este fallo constitucional, en la fase de ejecución de las condenas por violencia en razón de género, las decisiones deben ser asumidas con enfoque de género; y la obligación estatal de actuar con la debida diligencia para la efectiva sanción de los hechos de violencia y garantizar el derecho de las mujeres y particularmente de las víctimas a una vida libre de violencia; lo que implica que se deba prever el cumplimiento efectivo de las sanciones por delitos de violencia sexual. En un caso similar, en el que se advierte los mismos presupuestos, es decir un accionante que pretendía la aplicación del beneficio de redención al estar cumpliendo una condena por la comisión de un delito contra la libertad sexual –estupro-, antes de la vigencia de la Ley 1173; se le rechazo dicho beneficio aplicando la referida ley, en dicho caso la SCP 0459/2025-S4 de 13 de mayo, efectuó la siguiente ponderación de derechos: 1) Sobre la idoneidad del acceso al beneficio de redención de la pena, concluye que este beneficio tiene un fin legítimo como lo es la resocialización del delincuente; 2) De la necesidad, verificando si existen o no otras medidas menos lesivas para los derechos de la víctima que permitan alcanzar el fin de resocialización, concluye que la redención no es la única medida para la excarcelación anticipada y no cumple este presupuesto; y 3) La proporcionalidad tomando en cuenta: 3.i) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos. La denegatoria de la redención de la pena impediría al accionante reducir el tiempo de su condena y de otro lado, la concesión del referido beneficio no le garantiza a la víctima el derecho a una vida libre de violencia, le expone a una posible revictimización; y no se le garantiza el interés superior del niño por sobre el derecho del adulto; 3.ii) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que se juega en sentido contrario. La redención de la pena, permitiría la excarcelación anticipada al accionante y el logro de la resocialización (cumplimiento de las finalidades de prevención especial y general de la pena), por otra parte el cumplimiento de la pena es esencial e importante no sólo en el ámbito nacional sino internacional para garantizar a las mujeres y particularmente a los menores de edad una vida libre de violencia sexual; y así mismo que prevalezca el interés superior del niño cuando se halle en confrontación con los intereses de un adulto; y finalmente que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales de actuar con la debida diligencia en la sanción efectiva de los hechos de violencia sexual en contra de las mujeres y con mayor razón de las menores de edad; y, 3.iii) Definir si la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación o no satisfacción del otro. La denegatoria del beneficio de redención en los delitos de violencia sexual, que conlleva el cumplimento efectivo de la condena en su integridad resulta de menor gravedad que la necesidad de garantizar a la víctima menor de edad su derecho a una vida libre de violencia sexual, su interés superior y la debida diligencia del Estado en el cumplimiento efectivo de la condena así como la percepción de la víctima y de la población en general que existe impunidad y desprotección del sistema judicial y del Estado mismo frente a hechos de violencia sexual.
La ponderación descrita es totalmente aplicable al caso objeto de análisis, consecuentemente la solicitud de redención de la pena efectuada por el accionante, igualmente no supera el test de proporcionalidad, acorde a la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional citada en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En el marco de todo lo desarrollado no se advierte que los Vocales demandados hayan lesionado algún derecho o garantía constitucional del accionante, al confirmar el Auto Definitivo 101/2022 de 26 de agosto, que rechazó el incidente de Redención del ahora accionante por estar comprendido dentro de las prohibiciones establecida en el art. 138.4 de la Ley 2298 modificada por la Ley 1173; máxime cuando es evidente también la observación que efectuaron respecto a la contradicción de fechas y delito sancionado, porque se tiene la Sentencia 05/2018 de 8 de marzo, por la cual se condena al ahora accionante a diez años de privación de libertad por la comisión del delito de abuso sexual contra una menor y se tiene su mandamiento de condena el 28 de junio de 2018 lo cual no guarda concordancia con las certificaciones descritas en la Conclusión II.3 y II.4 del presente fallo constitucional; consecuentemente por todos los argumentos expresados, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 45 vta. a 53 vta., pronunciada por el Juzgado Sentencia Penal Tercero del Departamento de Potosí, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.
2 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de laUnión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534 3Ibídem.
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 9Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.
10 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse 11Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 12Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 13Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf
14 SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo F.J.1.2 “El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0388_2025-S3.pdf · páginas 1 a 34.
Huella digital del PDF (SHA-256): 48e148dc6c4bc4d4a7cb4abb4805ec7642fd543c239fd83daa46f560caa8a4bb
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