B.IA.LEGAL

SCP 0388/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
51860-2022-104-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; así como, al debido proceso en sus elementos de incongruencia omisiva y aditiva; y, a la valoración de la prueba; puesto que, el Vocal ahora accionado, en el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, manifestó que: a) Respecto al art. 234.1 y 2 del CPP, se tendría por acreditada la existencia de la empresa Perforaciones “Israel”; sin embargo, contrariamente no reconoció su funcionamiento, sin pronunciarse sobre la documentación que presentó en una anterior solicitud de cesación de su detención preventiva, consistente en el NIT, talonarios y facturas, mismas que certifican su funcionamiento; y, b) Referente al art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 322 a 332 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCERDER en parte la tutela solicitada por Sandra Carolina Ferrufino Becerra respecto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia en su especie incongruencia citra petita u omisiva, sin disponer la libertad de la nombrada; por cuanto, la misma deberá ser dilucidada por la autoridad judicial competente, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; por consiguiente, se dispone:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, y que el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita un nuevo auto de vista de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, si es que no se emitió uno nuevo a consecuencia del cumplimiento de la referida Resolución emitida por la Jueza de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia en su especie a la incongruencia aditiva y a la valoración de la prueba, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de congruencia como elemento del debido proceso en resoluciones de alzada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0388/2025-S1 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 51860-2022-104-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 11/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 322 a 332 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Sandoval Ayala en representación sin mandato de Sandra Carolina Ferrufino Becerra contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 15 a 23 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de complicidad, previsto y sancionado por los arts. 252 con relación al 23, ambos del Código Penal (CP), mediante Sentencia 36/21 de 28 de octubre de 2021, fue sentenciada por quince años de presidio. El 15 de julio de 2022, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, celebraron su audiencia de cesación de medidas cautelares personales; en la que, presentó para su consideración un Contrato de Trabajo a futuro de 27 de junio del mismo año, adjuntando el Número de Identificación Tributaria (NIT) de la empresa empleadora Perforaciones “Israel”, certificado de la matrícula de comercio, certificado de no adeudo a la seguridad social, certificado de registro obligatorio de empleadores, facturas, licencia de funcionamiento y otros documentos; empero, los citados Jueces observaron el sueldo de Bs2 200.- (Dos mil doscientos bolivianos), el cual era menor al sueldo mínimo nacional de Bs2 250.- (Dos mil doscientos cincuenta bolivianos); motivo por el que, dichos Jueces manifestaron que esa documentación no podría ser tomada en cuenta en su análisis y tampoco podrían valorarlo; decisión que fue apelada en la vía incidental, siendo resuelta por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 25 de julio de igual año, refiriendo que si bien es evidente que el Tribunal de primera instancia no consideró de manera global los elementos de prueba acompañados; sin embargo, también se entendió que los mismos, hacen a la existencia del ente empleador; no obstante, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, tampoco desmerecieron el razonamiento efectuado por dicho Tribunal con relación a que el contrato no cumple con los requisitos mínimos; comprendiéndose con ello, que se dio por acreditada la empresa Perforaciones “Israel” y lo único que se cuestionó fue el monto del salario. Posteriormente, el 5 de octubre de 2022, se llevó a cabo una nueva audiencia de cesación de medidas cautelares personales, subsanando la observación que en la anterior audiencia se efectuó; para ello, presentó una Adenda de 26 de agosto de igual año, al Contrato de Trabajo a futuro de 27 de junio del referido año; en el cual, se describía un sueldo por la suma de Bs2 500.- (dos mil quinientos bolivianos); sin embargo, el Tribunal de primera instancia, mediante Auto Interlocutorio de 5 de octubre de ese año, efectivamente se corrigió el monto del salario; empero, no se acreditó la existencia legal y el funcionamiento de la empresa Perforaciones “Israel”, cuando ese extremo ya fue reconocido por el Auto de Vista de 25 de julio de igual año; asimismo, respecto al art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegó que su persona podría influenciar de forma negativa sobre Thais Rocío Becerra Bascope -su madre y también coacusada penalmente-, quien aún no declaró en su juicio oral, público y contradictorio, de igual manera respecto a “Abram Marquera Salles”, “…por lo que no advertiría una incongruencia aditiva, empero el mismo vocal llega a señalar la declaración de Abram Maquera Salles mismo que en momento alguno fue un fundamento para el riesgo del núm. 2 del 235, así como tampoco un nuevo juicio oral, ni siquiera en el Auto de 14 de febrero de 2020 señala la falta de declaración del mismo y mucho menos sobre el nuevo juicio oral a desarrollarse” (sic); argumentos que fueron impugnados a través del recurso de apelación incidental formulado. El Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista de 27 de octubre de 2022 -declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado, confirmando el Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año-, vulnerando sus derechos al debido proceso en sus elementos de incongruencia aditiva y a la libertad, bajo razonamientos arbitrarios; puesto que, actuó de manera omisiva al momento de cotejar las pruebas expuestas que acreditaban que contaba con un trabajo, las cuales desvirtúan los riesgos procesales contenidos en el art. 234.1 y 2 del CPP; asimismo, el citado Vocal alegó que se tiene por acreditada la existencia legal de la empresa Perforaciones “Israel”; sin embargo, de manera contraria señaló que se debe acreditar el funcionamiento de la misma, sin pronunciarse respecto al NIT, certificado de comercio, certificado y otros documentos de esa empresa, los cuales demostraban su funcionamiento legal; de igual forma, no tomó en cuenta que la indicada documentación ya fue valorada en el Auto de Vista de 25 de julio de ese año, sin ser cuestionadas; por otra parte, con relación al art. 235.2 del citado Código, ratificó el análisis elaborado por el Tribunal de primera instancia, cuando indicó que su persona podría influir de manera negativa sobre Thais Rocío Becerra Bascope la coacusada y “Abram Maquera Salles”; ya que, aún no se recibió la declaración testifical del nombrado en el juicio oral, público y contradictorio que se instaurará contra su madre, cuando ese argumento no existió en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 14 de febrero de 2020, y su correspondiente Auto Interlocutorio de la citada fecha, incorporándose ese nuevo elemento para mantener su detención preventiva, provocando una incongruencia aditiva en el contenido del Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, cuestionado.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; así como, al debido proceso en sus elementos de incongruencia omisiva y aditiva; y, a la valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que el Vocal ahora accionado deje sin efecto el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, y dicte uno nuevo en estricto apego a la jurisprudencia constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 16 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 320 a 321 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que, la jurisprudencia constitucional citada por el Vocal hoy accionado en el informe que presentó ante la Jueza de garantías no corresponde a una acción de libertad; puesto que, este mecanismo de defensa tiene como uno de sus principios al informalismo, prescindiendo de requisitos de admisibilidad; asimismo, aclaró que no se está denunciando la errónea interpretación de la norma; por lo cual, no concierne efectuar la interpretación de la legalidad ordinaria cuando ese extremo ya fue estudiado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1631/2013 de 4 de octubre.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 39 a 41; así como en audiencia, manifestó que: a) Los Tribunales y Jueces de garantías se encuentran impedidos de realizar la revisión o sustituir atribuciones de la jurisdicción ordinaria, siendo una de esas la interpretación de la legalidad ordinaria, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0032/2015-S2 de 16 de enero; ya que, la acción de libertad no fue creada como una etapa procesal más, aspecto que la accionante pretende se realice por la Jueza de garantías, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 01737/2014 de 5 de septiembre y 718/2015-S3 de 3 de julio; b) La accionante no expuso el nexo de causalidad entre los derechos vulnerados y las supuestas conductas que se transgredieron; ya que, denuncia como derecho lesionado al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, sin especificar cuáles fueron las acciones o fundamentos incorrectos e irracionales que su autoridad efectuó en el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, y por qué estos se apartan de los marcos legales de la sana crítica y equidad, debiendo tomarse en cuenta que su competencia se centra en la revisión de las actuaciones del Juez de primera instancia y si éste cumplió con lo previsto por el art. 173 del CPP; y, c) No dictó razonamientos que sean contrarios a la Constitución Política del Estado, al Código de Procedimiento Penal y la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; es así que, no incurrió en una incongruencia aditiva u omisiva; puesto que, respondió de manera coherente cada uno de los agravios demandados, los cuales fueron debidamente sustentados por la indicada Norma vigente y la jurisprudencia constitucional, conforme lo establecen los arts. 124 y 173 del CPP.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, en audiencia, manifestó que: 1) No se vulneró ningún derecho ni garantía de la accionante; puesto que, el Vocal ahora accionado valoró de manera adecuada los elementos probatorios que presentó, siendo una competencia privativa de la jurisdicción ordinaria y no así de la jurisdicción constitucional; 2) En el proceso penal instaurado contra la accionante aún se encuentran vigentes los riesgos procesales que fundamentaron su detención preventiva; además, que “pesa” contra la nombrada otro proceso penal por el delito de “falsedad”, mismo que se encuentra en etapa de investigación; y, 3) El riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, continúa latente, hasta la etapa de ejecución de sentencia, encontrándose el proceso penal en grado de apelación; ya que, la accionante puede influir de forma negativa sobre Thais Rocío Becerra Bascope y “Abram Marquera Salles”.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 322 a 332 vta., concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, ordenando al Vocal hoy accionado que emita uno nuevo, en el plazo de tres días a partir de su notificación con la acción tutelar, bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto al art. 234.1 del CPP, se advierte que el Vocal ahora accionado no resolvió aquello que la accionante denunció como agravio, específicamente la mala valoración de la prueba que presentó presentó para certificar la existencia y el funcionamiento de su ente empleador, sin tomar en cuenta que en el Auto de Vista de 25 de julio de 2022, se fue aceptada para ese fin, en el que se estableció que el Tribunal de primera instancia no realizó una consideración global del NIT, certificado de la matrícula de comercio, los talonarios de extensión de facturas, dando por acreditada de manera implícita la existencia y el funcionamiento de la empresa Perforaciones “Israel” al señalar que si bien la citada documentación refiere a la existencia del ente empleador; sin embargo, aquello no implica una acreditación tácita de la existencia legal y el funcionamiento de la misma; empero, el Vocal hoy accionado al momento de emitir el Auto de Vista de 27 de octubre de igual año, manifestó que no se advirtió en antecedentes del cuaderno procesal, la licencia de funcionamiento y el NIT; además, de los otros documentos señalados por la defensa; ya que, no es suficiente la acreditación formal, sino también el funcionamiento de la indicada empresa; por lo que, la observación del Tribunal de primera instancia, surgiría de la jurisprudencia constitucional, argumentación que sin duda, no solo constituye una omisión valorativa de los argumentos expuestos por la accionante sino que tampoco constituyen una razón suficiente para no corroborar si efectivamente ya se tuvo o no por acreditada la observación formulada por el citado Tribunal, razonamiento que no se ajusta a los principios de lógica; ya que, “…no es posible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo…” (sic), resultando ser contradictoria, evidenciándose que no se efectuó una verificación detenida de los antecedentes de la causa; por esa razón, el referido Auto de Vista no guarda relación de correspondencia entre el agravio cuestionado por la accionante, ocasionando una incongruencia omisiva; ii) Con relación al art. 235.2 del CPP, la nombrada demandó como agravió ante el Vocal ahora accionado que el Tribunal de primera instancia cometió una incongruencia aditiva; puesto que, se agregó a la resolución de aplicación de medidas cautelares el argumento de que podría influenciar de manera negativa en la declaración de testigos y coprocesados en un juicio oral, público y contradictorio; en ese sentido, solicitó que se desacredite ese riesgo procesal de obstaculización, en el que se estableció que el indicado Tribunal sí consideró los motivos que dieron lugar a la constitución de los elementos del peligro de obstaculización; ya que, la accionante podría influenciar negativamente sobre testigos de cargo y los coimputados, cuyas declaraciones aún deberían ser corroboradas ante un tribunal de sentencia; razonamiento que fue confirmado por Auto de Vista de 22 de abril de 2021; y si bien, no se especificó sobre qué testigos de cargo, aspecto que engloba a todos los testigos de cargo que pudieron existir en el proceso penal; entendiéndose que, al citar a “Abram Maquera Salles” o Thais Rocío Becerra Bascope no se produce ninguna incongruencia aditiva al riesgo procesal alegado; iii) Se utiliza el argumento de que la accionante podría influenciar negativamente en testigos que no realizaron su declaración en su juicio oral, público y contradictorio; empero, podrían ser vertidos en el juicio oral, público y contradictorio de Thais Rocío Becerra Bascope, coacusada, razonamiento que fue añadido al riesgo procesal constituido en la “…resolución de aplicación de medidas cautelares de 26 de abril de 2018…” (sic); puesto que, en ese momento procesal, lo que se pretendía era corroborar las declaraciones testificales que se efectuarían en el juicio oral, público y contradictorio de la accionante, contra la cual se dictó la Sentencia condenatoria de 28 de octubre de 2021; por lo que, no se puede condicionar el indicado peligro procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, al desarrollo del juicio oral, público y contradictorio de la coacusada, quien fue declarada en rebeldía y se encuentra prófuga, además que genera la imposibilidad de la instauración del juicio oral, público y contradictorio de la nombrada; por lo cual, no podría mantenerse de forma indefinida ese riesgo procesal contra la accionante; ya que, sería un fundamento contrario a la naturaleza de las medidas cautelares, cuando en el fondo ya se dilucidó la acusación contra su persona; y, iv) Tanto el Vocal hoy accionado como el Ministerio Público mencionaron que el elemento de valoración de la prueba, sólo le concierne su análisis a la jurisdicción ordinaria y no así a la vía constitucional, al respecto cabe señalar que la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, determinó los presupuestos para que la jurisdicción constitucional pueda acceder a su examen; por lo que, “al presente” se tienen por cumplidos los citados presupuestos al evidenciarse que la omisión valorativa que fue reclamada de manera oportuna por la accionante sin que sea corregida por en indicado Vocal; empero, se aclaró que no se denunció de ese modo en esta acción de defensa, sino, como una incongruencia omisiva, cuyo resultado si se encuentra vinculado a la omisión valorativa de la prueba y ambos están vinculados a la libertad de la accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de audiencia de cesación de medidas cautelares personales y el Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, emitido por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; mediante el cual, determinaron rechazar la solicitud de cesación de medidas cautelares personales de Sandra Carolina Ferrufino Becerra -hoy accionante- ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 233.1 y 2; 234.1 y 2; y, 235.2 y 4 del CPP, siendo apelado incidentalmente por la nombrada (fs. 2 a 7). II.2. Cursa Acta de audiencia del recurso de apelación incidental y el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, emitido por Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionado-; en el que, se declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por la accionante, confirmando el Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año (fs. 8 a 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; así como, al debido proceso en sus elementos de incongruencia omisiva y aditiva; y, a la valoración de la prueba; puesto que, el Vocal ahora accionado, en el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, manifestó que: a) Respecto al art. 234.1 y 2 del CPP, se tendría por acreditada la existencia de la empresa Perforaciones “Israel”; sin embargo, contrariamente no reconoció su funcionamiento, sin pronunciarse sobre la documentación que presentó en una anterior solicitud de cesación de su detención preventiva, consistente en el NIT, talonarios y facturas, mismas que certifican su funcionamiento; y, b) Referente al art. 235.2 del indicado Código, que podría influir negativamente sobre el testigo “Abram Maquera Salles” y Thais Rocío Becerra Bascope, coacusada; ya que, aún se encuentran pendientes de emitir sus declaraciones en juicio oral, público y contradictorio; empero, no tomó en cuenta que ese actuado procesal pertenece al proceso penal contra la nombrada; encontrándose su persona con Sentencia condenatoria; ya que, su juicio oral, público y contradictorio ya concluyó; siendo ese un argumento que no fue dilucidado en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 21 de setiembre de 2018. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El principio de congruencia como elemento del debido proceso en resoluciones de alzada; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de congruencia como elemento del debido proceso en resoluciones de alzada

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, señala que: «…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional (…), se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia `ultra petita´ en la que se incurre si el Tribunal concede `extra petita´ para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; `citra petita´, conocido como por `omisión´ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia `ultra petita´ en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita). El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia » (las negrillas son nuestras). Asimismo la SCP 0593/2012 de 20 de julio, establece que: “En este sentido, es deber ineludible del juez o tribunal de alzada pronunciarse estimando o desestimando cada una de las pretensiones de la o las partes recurrentes, exponiendo al efecto los motivos o razones de la determinación adoptada; además, dejando a salvo la obligación de revisión de oficio, no es posible pronunciarse sobre situaciones no cuestionados respecto de la Resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es resolver justamente los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir”. De igual manera, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, señala que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos pertenecen). Asimismo, la SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, establece que: “En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; así como, al debido proceso en sus elementos de incongruencia omisiva y aditiva; y, a la valoración de la prueba; puesto que, el Vocal ahora accionado, en el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, manifestó que: i) Respecto al art. 234.1 y 2 del CPP, se tendría por acreditada la existencia de la empresa Perforaciones “Israel”; sin embargo, contrariamente no reconoció su funcionamiento, sin pronunciarse sobre la documentación que presentó en una anterior solicitud de cesación de su detención preventiva, consistente en el NIT, talonarios y facturas, mismas que certifican su funcionamiento; y, ii) Referente al art. 235.2 del indicado Código, que podría influir negativamente sobre el testigo “Abram Maquera Salles” y Thais Rocío Becerra Bascope, coacusada; ya que, aún se encuentran pendientes de emitir sus declaraciones en juicio oral, público y contradictorio; empero, no tomó en cuenta que ese actuado procesal pertenece al proceso penal contra la nombrada; encontrándose su persona con Sentencia condenatoria; ya que, su juicio oral, público y contradictorio ya concluyó; siendo ese un argumento que no fue dilucidado en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 21 de setiembre de 2018. Con carácter previo a dilucidar la denuncia formulada por la accionante, es preciso efectuar un despliegue procesal de aquellas piezas procesales que nos permitirán conocer los agravios cuestionados por la misma y los argumentos vertidos por el Vocal hoy accionado; es así que, consta Acta de audiencia de cesación de medidas cautelares personales y el Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, dictado por los Jueces del Tribunal de primera instancia; mediante el cual, determinaron rechazar la solicitud de cesación de medidas cautelares personales de la accionante ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 233.1 y 2; 234.1 y 2; y, 235.2 y 4 del CPP, siendo apelado incidentalmente por la nombrada (Conclusión II.1.); por consiguiente, se llevó acabo la audiencia del recurso de apelación incidental y se dictó el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, por el Vocal ahora accionado, a través del cual, declaró improcedente la referida impugnación interpuesta por la accionante y confirmando el citado Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año (Conclusión II.2.).

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; así como, al debido proceso en su elementos de incongruencia omisiva y aditiva, también a la valoración de la prueba; ya que, el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, carece de los mismos en su contenido; por lo que, se efectuará la exposición de los agravios demandados por la accionante: a) Para desvirtuar el riesgo procesal establecido por el art. 234.1 del CPP, se presentó un nuevo contrato laboral, el cual se encontraba dentro de los parámetros legales del sueldo mínimo, de esa manera se subsanó lo observado por el Tribunal de primera instancia. El Auto de Vista de 25 de julio de 2022, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dio por acreditada la existencia de la empresa Perforaciones “Israel”; puesto que, en esa oportunidad se exhibió como prueba el NIT, talonario de facturas, ROE y otros documentos; sin embargo, el Tribunal de primera instancia resolvió observar todas esas literales y concluir que no se hubiese acreditado su funcionamiento y no correspondía realizar una nueva observación; y, b) Referente al art. 235.2 del CPP, se cuestionó la presencia de una “…incongruencia aditiva, ya que en el caso debe tomarse en cuenta el Auto de aplicación de medidas cautelares, puesto que, si bien es cierto que se estableció este riesgo procesal ante el peligro de influencia negativa en posibles testigos; sin embargo, señala que en fecha 14 de febrero de 2022, también se estableció que existiría el peligro de que se pueda influir en la co-acusada, y que esta circunstancia se encontraría latente, y que la resolución dictada se ha hecho énfasis en que falta la declaración de testigos co-procesados, que ante la realización de un nuevo juicio oral, existe el peligro de que las mismas no puedan concurrir y puedan ser influenciadas, aspecto por el cual considera que el Tribunal A quo ha incorporado otras circunstancias…” (sic). En respuesta a los cuestionamientos expuestos por la accionante, el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, con los siguientes razonamientos: 1) Efectivamente se advirtió que concurre una insuficiente fundamentación en el Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, respecto al elemento trabajo, que si bien la impugnante -accionante- acompaño la documentación perteneciente a la empresa Perforaciones “Israel” para garantizar su existencia; sin embargo, su autoridad no evidenció la misma; empero, de acuerdo “…a la lealtad procesal que corresponde a las partes, este Tribunal de Ad quem, considera que debe darse, por acreditada la existencia legal de la empresa en cuestión…” (sic); no obstante, es preciso mencionar a la “S.C.P. N° 34/2005” que señala que para analizar y desvirtuar la constitución del elemento trabajo es necesario que se demuestre no solamente la existencia de la empresa Perforaciones “Israel”; sino también su funcionamiento, aspecto que resulta insuficiente y tampoco refleja esa situación; por lo que, “…no tiene mérito la apelación efectuada” (sic); y, 2) No se advirtió que el argumento vertido por el Tribunal de primera instancia no incorporó ningún aditamento; ya que, consideró los motivos que dieron lugar a la concurrencia del peligro de obstaculización, tomando en cuenta el “…Auto de aplicación de medidas cautelares, así como también, el Auto de Vista de 14 de febrero…” (sic) y la situación jurídica de Thais Roció Becerra Bascope la coimputada, quien al encontrarse con declaratoria de rebeldía y prófuga, la apelante -accionante- podría influenciar de manera negativa y ante la eventualidad de realizarse un juicio oral, público y contradictorio en su contra, aún tiene que efectuar su declaración el testigo “Abram Maquera Salles”; ya que, el art. 235.2 del CPP, no solo se refiere a las declaraciones de testigos, también hace alusión a los coimputados, siendo estos elementos objetivos para rechazar la petición de la apelante; además, que incumplió con la presentación de la correspondiente carga de la prueba para desacreditar ese peligro procesal exigido por el art. 239 del dicho Código. Conocidos los agravios demandados por la accionante y los razonamientos vertidos por el Vocal hoy accionado, a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional le compete ingresar a dilucidar si los mismos se ajustan dentro de los parámetros estipulados por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, respecto a lo que entiende la jurisdicción constitucional como el principio de congruencia en sus diferentes especies; ya que, en lo principal del contenido del memorial de interposición de la acción de defensa, se objeta sobre el indicado principio del derecho al debido proceso.

Con relación al primer agravio, sobre el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP, en su elemento trabajo, el Vocal ahora accionado al momento de resolverlo, manifestó que por lealtad procesal a las partes que intervienen en el mismo, dio por acreditada la existencia de la empresa Perforaciones “Israel” que iba a emplear a la accionante, superando de esta manera en parte lo demandado por la mencionada; empero, observó que toda la documentación presentada no era suficiente para demostrar su funcionamiento, exigencia plasmada en la “S.C.P. N° 34/2005”; por lo que, mantuvo subsistente el citado peligro procesal; no obstante, que la accionante en aplicación del art. 125 del citado Código, y solicitando aclaración y complementación del Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, respecto a los talonarios de facturas -que forman parte de todo el bagaje documental que adjuntó a su solicitud de cesación de medidas cautelares personales-, que evidencian el funcionamiento de la empresa Perforaciones “Israel”, pedido que no fue aclarado ni respondido por el Vocal hoy accionado.

De lo expuesto se advierte con claridad que existe una omisión, que doctrinal y jurisprudencialmente es definido como incongruencia citra petita u omisiva en el pronunciamiento del Vocal ahora accionado; puesto que, su argumentación es incompleta y al guardar silencio, rompe el hilo conductor de la correspondencia que debe existir entre lo demandado con lo no resuelto -en ese caso-; ya que, no emitió una contestación integral y detallada de cada una de las literales que formaban parte de la documentación de la empresa Perforaciones “Israel”, para considerar que eran insuficientes, cuando legalmente se encontraba con la obligación de dictar un pronunciamiento claro y objetivo, con base en la revisión de los antecedentes que contenía el cuaderno procesal, provocando que su resolución no se ajuste a las exigencias establecidas por el principio de congruencia; si bien, en esta acción tutelar no se está objetando la vulneración de los elementos de fundamentación y motivación del derecho al debido proceso; empero, cabe aclarar que los citados elementos junto con la congruencia tienen una indivisible relación y nexo entre sí; puesto que, no puede darse por respondido a un agravio con justificaciones parciales, ambiguas, superfluas y carentes de una sólida motivación y fundamentación; por todo lo mencionado, corresponde conceder la tutela solicitada. Respecto al segundo agravio, concerniente a lo previsto por el art. 235.2 del CPP, el Vocal hoy accionado alego que no se advierte que el Tribunal de primera instancia agregó criterios que no se discutieron en el momento de la construcción de los peligros procesales y “el Auto de Vista de 14 de febrero”, atribuidos a la accionante, asimismo, que la nombrada podría ejercer influencia negativa sobre “Abram Maquera Salles”, testigo y Thais Rocío Becerra Bascope coimputada; ya que, aún falta recibir las declaraciones de los testigos -entre ellos “Abram Maquera Salles”-, y al encontrarse con declaratoria de rebeldía la coimputada; y además no cumplió con la exigencia prevista en el art. 239 de ese Código, que refiere a la obligación de presentar la carga de la prueba para desvirtuar el peligro procesal contenido en el art. 235.2 del referido Código.

Del análisis del señalado razonamiento, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional considera que efectivamente no se hubiese incurrido en una incongruencia aditiva; puesto que, de la revisión de obrados que contiene el cuaderno procesal como el acta de audiencia de medidas cautelares y del Auto Interlocutorio ambos de 21 de septiembre de 2018 -fs. 45 a 71 vta.-, se advirtió que se identificó a “Abram Maquera Salles” como testigo y a Thais Rocío Becera Bascope como coimputada, calidad que se mantuvo y no se desvirtuó hasta la formulación de la última solicitud de cesación de la detención preventiva de la accionante; ante lo cual, el razonamiento desplegado por el Vocal hoy accionado no es aplicable con lo mencionado por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al indicar sobre la incongruencia aditiva en una resolución de segunda instancia, y reforzando sobre la concurrencia del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP; es preciso indicar que la SC 0225/2004- R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0311/2011-R de 29 de marzo, señala que:“…la obstaculización prevista por el legislador, no se reduce a la etapa preparatoria, cuyo plazo es de seis meses en un principio, pues a lo que se refiere el precepto es a la obstaculización de la verdad; y éste no está comprendido únicamente por esa etapa sino que se inicia con la citación de la imputación formal y culmina con la ejecutoria de la sentencia del proceso por una parte, por otra la averiguación de la verdad; no puede establecerse según el sistema procesal actual en la investigación, sino hasta el final del proceso cuando se agoten todas las instancias mediante los recursos pertinentes, por consiguiente, la verdad saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso sobre la culpabilidad o no del procesado, adquiera calidad de cosa juzgada material, razonamiento que se encuentra en su totalidad corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos prescritos en las normas previstas en el art. 235 citado, pues en ellas, se refiere a los jueces ciudadanos y empleados del sistema de administración de justicia” (las negrillas son nuestras); es decir que, la calidad de testigo y coimputada, que se les endilgó desde el inicio de la investigación penal subsistirá hasta el momento que se efectivice con la correspondiente ejecución de la Sentencia condenatoria de la accionante; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicita referente a este agravio. Efectuándose, el análisis de fondo de la problemática planteada por la accionante, y de acuerdo con todo lo expuesto y desarrollado en los párrafos anteriores; asimismo, de la jurisprudencia constitucional desglosada en el citado Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el cual fue imprescindible, que para abordar y resolver el presente caso, se concluyó que el Vocal ahora accionado en el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, enmarcó parcialmente sus razonamientos dentro de las exigencias del principio de congruencia, incidiendo en una incongruencia omitiva respecto al primer agravio; y, concerniente al segundo agravio no cometió una incongruencia aditiva; es así que, es pertinente conceder la tutela solicitada de manera parcial. Finalmente, la accionante en la exposición de los derechos vulnerados alego al elemento de valoración de la prueba como elemento del derecho al debido proceso; empero, de la lectura del memorial de esta acción de defensa, se advirtió que no efectuó una suficiente argumentación al respecto, ni la identificación o individualización de la supuesta mala valoración de la prueba que el Vocal ahora accionado hubiese incurrido; aspecto que imposibilita a la jurisdicción constitucional efectuar el examen y la correspondiente fundamentación; por ello, es pertinente, no ingresar a ningún tipo de consideración, denegando la tutela solicitada con relación a dicho derecho. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 322 a 332 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCERDER en parte la tutela solicitada por Sandra Carolina Ferrufino Becerra respecto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia en su especie incongruencia citra petita u omisiva, sin disponer la libertad de la nombrada; por cuanto, la misma deberá ser dilucidada por la autoridad judicial competente, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; por consiguiente, se dispone:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, y que el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita un nuevo auto de vista de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, si es que no se emitió uno nuevo a consecuencia del cumplimiento de la referida Resolución emitida por la Jueza de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia en su especie a la incongruencia aditiva y a la valoración de la prueba, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0388_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8044fa1cc87f93118d80a44a1586b3979742ac1bb8d625df2e67cfedb736e79e

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