Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de julio de 2024
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; debido a que: a) La demanda ejecutiva interpuesta por el tercero interesado en su contra, adolece de dos infracciones insubsanables; la primera, porque el Juez de la causa de forma ultra petita declaró probada la demanda sin que la parte ejecutante se lo haya pedido; y la segunda, que le obligan a pagar $us. 2 diarios y 5% mensual de intereses; b) El Juez de la causa nunca llamó a una audiencia de conciliación; c) Cuestiona el Auto de 23 de enero de 2019, emitido por el entonces Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo en suplencia legal de su par Décimo Primero, mediante el cual se aprobó el remate de su inmueble en favor del ejecutante; y, d) Cuestiona también la última decisión judicial mediante la cual la Jueza -ahora demandada-, efectuó la transferencia de su inmueble a favor de la parte ejecutante; por lo que, a través de esta acción de defensa solicita que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, dejando sin efecto todas las actuaciones de la Jueza ahora demandada.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: 1) El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 119/2022 de 1 de agosto, cursante de fs. 53 a 57 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0388/2024-S1 Sucre, 31 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51184-2022-103-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 119/2022 de 1 de agosto, cursante de fs. 53 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Melesio Ojeda Montalvo contra Ángela Patricia Hira Ramírez, Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante por memoriales presentados el 29 de junio y 11 de julio, ambos de 2022, cursantes de fs. 16 a 18 y 25 a 26, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que a través de la presente acción de amparo constitucional cuestionaría el Auto de 23 de enero de 2019, emitido por el entonces Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- mediante el cual aprobó el remate de su inmueble en favor del ejecutante, adjudicándolo con un total “anatocismo jurídico cobrando dos dólares diarios por el retraso de pago del préstamo” (sic), y un interés mensual del 3%; no obstante, que contra el indicado Auto presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación y producto de ello, la autoridad ahora demandada dictó el Auto de 19 de marzo de 2019, dejándolo sin efecto. Asimismo, cuestionó la última decisión judicial mediante la cual la Jueza de instancia, efectuó la transferencia de su inmueble a favor de la parte ejecutante.
Mediante Auto de 16 de marzo de 2020, la ahora demandada rechazó el incidente de nulidad presentado por su persona, manteniendo el Auto de adjudicación de su inmueble en favor de la parte ejecutante. Por efecto del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, los Vocales anularon el Auto apelado de 28 de marzo de 2018, además de ordenar al Juez de la causa sustancie previamente el trámite correspondiente de liquidación; empero, el Juez de origen nunca corrigió lo observado. La demanda ejecutiva interpuesta por Jorge David Gabriel Vargas Angulo -ahora tercero interesado- en su contra, adolece de dos infracciones insubsanables; en la primera, el Juez de la causa de forma ultra petita declaró probada la demanda sin que la parte ejecutante se la haya pedido, y en la segunda, le obligan a pagar $us2.- (dos dólares estadounidenses) diarios y 5% mensual de intereses; pero además, el Juez de la causa nunca llamó a una audiencia de conciliación, vulnerando el art.112 de la Constitución Política del Estado (CPE).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, citando al efecto el art. 112 de la CPE, agregando en audiencia los arts. 24, 108 y 115 de la Norma Suprema.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se anule obrados hasta el vicio más antiguo, dejando sin efecto todas las actuaciones de la Jueza demandada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 50 a 53, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, hizo mención a los arts. 24, 108 y 115 de la CPE, como respaldo jurídico a su denuncia de vulneración del derecho al debido proceso.
Ángela Patricia Hira Ramírez, Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no remitió informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación, cursante a fs. 30, 37 y 45.
Ayda Angélica Ojeda Tejerina, a través de su abogado en audiencia, manifestó que: a) El ahora accionante es una persona de la tercera edad y parte de la población vulnerable; b) El impetrante de tutela tuvo la desventura de acceder a un crédito de Jorge David Gabriel Vargas Angulo, cantidad que devino en intereses los cuales fueron capitalizados; c) Si bien la Sentencia emitida en el proceso ejecutivo se encuentra ejecutoriada; sin embargo, en el proceso hubo graves vulneraciones de procedimiento; el mayor de ellos, está identificado en el remate del inmueble de propiedad del solicitante tutela, debido a que en el primer remate no hubieron postores, así como en el segundo a pesar de la rebaja del 20% del valor del inmueble; no obstante ello, la martillera adjudicó el inmueble con la rebaja de un 20% adicional, irregularidad que fue puesta a conocimiento de la Jueza de la causa, logrando dejar sin efecto el Auto de aprobación del remate; empero, la Jueza determinó convalidar la vulneración de los derechos y garantías del ahora accionante; d) No podría existir liquidación de capital e intereses sin auto de aprobación de remate previo; e) No existiría subsidiariedad, porque la Jueza de la causa no permite la solicitud de nulidad y convalida actos irregulares como es el cobro de intereses por encima de lo estipulado en la norma legal; y, f) Se debería corregir procedimiento para que el ahora demandante de tutela, tenga la oportunidad de adjudicarse el inmueble de su propiedad o pagar la deuda. Con estos argumentos solicitó se conceda la tutela y se disponga la nulidad de obrados hasta el acta de remate. Jorge David Gabriel Vargas Angulo, mediante su abogado, en audiencia manifestó que: 1) Cuando se presenta una demanda ejecutiva, por procedimiento el Juez que conoce la causa, debe declarar probada o improbada la misma; 2) De acuerdo al Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrog), norma con la que se tramitó la causa, la potestad de llamar a una conciliación era una facultad exclusiva del juez; 3) La demanda ejecutiva fue instaurada el 2008, emitiéndose la Sentencia, esta fue apelada por la parte ahora accionante; sin embargo, al no proveer los recaudos correspondientes en el plazo establecido, fue declarada ejecutoriada el 17 de noviembre de 2010; 4) En el plazo de doce años desde el 2010 al 2022, el ahora peticionante de tutela no realizó ningún reclamo; 5) Por efecto del memorial de saneamiento procesal planteado por el impetrante de tutela, denunciando que se declaró probada la demanda sin que la parte ejecutante lo hubiera pedido, que existiría anatocismo jurídico y la falta de pronunciamiento sobre la multa de $us2.- por día, el Juez rechazó la indicada solicitud; interpuesto el recurso de apelación el Tribunal de alzada anuló el Auto de aprobación de remate, con el argumento que previamente el Juez de la causa debería realizar la liquidación, orden que se cumplió y no fue observada por la parte recurrente, quedando aprobada y posteriormente se dictó el Auto de adjudicación judicial; 6) La transferencia judicial del inmueble rematado se lo realizó el 6 de diciembre de 2021, y el amparo constitucional fue presentado el 29 de junio de 2022; es decir, fuera del plazo de los seis meses que establece el art. 59 de la “Ley del Tribunal Constitucional” (sic); por lo que, se debería declarar la improcedencia de la acción tutelar planteada; y, 7) La acción de amparo constitucional se interpone cuando no existe otro mecanismo legal para la protección de los derechos y garantías constitucionales, de ahí su carácter de no ser subsidiario de otras acciones que pudieran interponerse, como ocurrió en el proceso que el accionante hizo uso de todos los recursos de impugnación a su alcance, reclamos que son repetidos en la presente acción de amparo constitucional, actuados que gozan de la calidad de cosa juzgada y que tienen una data superior a los diez años. Con base a estos argumentos, solicitó se declare la improcedencia de la acción tutelar planteada.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 119/2022 de 1 de agosto, cursante de fs. 53 a 57 vta., denegó la tutela solicitada; con base a los siguientes fundamentos: i) La Sentencia del proceso ejecutivo seguido por Jorge David Gabriel Vargas Angulo contra el ahora accionante, fue emitida el 3 de junio de 2009, la que fue declarada ejecutoriada el 7 de noviembre de 2010, y notificada a la parte impetrante de tutela el 16 de diciembre de igual año; ii) En ejecución de sentencia la autoridad judicial ahora demandada, emitió el Auto 258/2020 de 16 de marzo, a través del cual rechazó el incidente de nulidad de obrados interpuesto por Ayda Angélica Ojeda Tejerina -ahora tercera interesada-, Resolución que fue notificada al accionante el 4 de agosto de 2020; iii) La Sala no advertiría el nexo de causalidad entre los hechos expuestos y el acto que dio lugar a la supuesta vulneración de los derechos fundamentales; toda vez que, tanto en el petitorio como en la exposición oral, solicitó se anule obrados hasta el vicio más antiguo; sin embargo, no identificó los actos que conculcan a sus derechos constitucionales; iv) Si el peticionante de tutela consideraba que la Sentencia emitida en el proceso ejecutivo y ejecutoriada hace más de diez años era vulneratoria de sus derechos, debió activar los recursos correspondientes para su corrección; v) A pesar de que el accionante se encontraría dentro de los grupos vulnerables, del análisis de antecedentes se puede evidenciar que con el Auto 144/2021 de 9 de abril, que rechaza el recurso de apelación interpuesto, el impetrante de tutela fue notificado el 30 de abril de 2021, habiendo transcurrido un año y cuatro meses al momento de la interposición de la acción de amparo constitucional, situación que impediría a la Sala ingresar a analizar la problemática planteada, al no cumplirse con los principios de subsidiariedad y inmediatez.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de aprobación de remate de 23 de enero de 2019, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Décimo Primero (fs. 2). II.2. Mediante memorial presentado el 12 de febrero de 2019, Ayda Angélica Ojeda Tejerina -ahora tercera interesada-, planteó recurso de reposición con alternativa de apelación respecto al Auto de 23 de enero de 2019 (fs. 4 a 6 vta.). II.3. A través del Auto de 19 de marzo de 2019, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo en suplencia legal de su par Décimo Primero, repuso y dejó sin efecto el Auto de 23 de enero de 2019, al considerar la existencia de error en el monto de adjudicación del inmueble respecto al contenido en el acta de subasta y remate (fs. 10). II.4. Por Auto de 4 de noviembre de 2020, la Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, aprobó en todas sus partes el acta de subasta, remate y adjudicación de 23 de marzo de 2018, disponiendo que una vez ejecutoriada la presente resolución se otorgue al adjudicatario la correspondiente minuta de transferencia (fs. 12). II.5. Consta Minuta de Adjudicación Judicial de 6 de diciembre de 2021, emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz a favor del adjudicatario Jorge David Gabriel Vargas Angulo, respecto al inmueble que fuera de propiedad de Ayda Angélica Ojeda Tejerina, ubicado en la zona Estación Argentina, Avda. Francisco Mora 5, UV 44, Mza. 18, con una superficie de 437,00 m, registrado en la Oficina de Derechos Reales DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 7.01.99.0000183 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (fs. 3).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; debido a que: a) La demanda ejecutiva interpuesta por el tercero interesado en su contra, adolece de dos infracciones insubsanables; la primera, porque el Juez de la causa de forma ultra petita declaró probada la demanda sin que la parte ejecutante se lo haya pedido; y la segunda, que le obligan a pagar $us. 2 diarios y 5% mensual de intereses; b) El Juez de la causa nunca llamó a una audiencia de conciliación; c) Cuestiona el Auto de 23 de enero de 2019, emitido por el entonces Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo en suplencia legal de su par Décimo Primero, mediante el cual se aprobó el remate de su inmueble en favor del ejecutante; y, d) Cuestiona también la última decisión judicial mediante la cual la Jueza -ahora demandada-, efectuó la transferencia de su inmueble a favor de la parte ejecutante; por lo que, a través de esta acción de defensa solicita que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, dejando sin efecto todas las actuaciones de la Jueza ahora demandada.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: 1) El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización; y, 2) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0537/2019-S2 de 15 de julio, reiterada por la SCP 0455/2020-S1 de 7 de septiembre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el Auto Constitucional 112/99-R de 7 de septiembre de 1999, posteriormente, la SC 0544/2002-R de 13 de mayo, precisó en seis meses el plazo de caducidad y para la formulación del entonces recurso de amparo constitucional y este criterio fue asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras. La jurisprudencia constitucional también estableció en la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del recurso constitucional y luego se 1El Considerando Segundo, numeral cuarto, indica: “Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional”. 2El Considerando Cuarto, señala que: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado”. 3El FJ III.1, establece: “Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”. 4El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional”.
reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional. El art. 129.II de la CPE, con relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. Por otra parte, este Tribunal como máximo controlador de derechos fundamentales desarrolló supuestos en los cuales a la luz de los principios de favorabilidad y pro actione, entre otros, flexibilizó el plazo de caducidad, de la siguiente manera: i) La SC 0762/2003-R de 6 de junio, señaló que si bien el Tribunal Constitucional estableció un plazo de seis meses para la activación de este recurso, el mismo no es rígido ni cerrado, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume; ii) La SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, estableció que en el marco del principio de inmediatez, el plazo es de seis meses para la interposición del recurso de amparo constitucional, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas; iii) La SC 0474/2004-R de 31 de marzo, estableció que el 5El FJ III.1, señala: “si bien es cierto que, a través de su jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que el recurso de amparo constitucional, adoptado en Bolivia como una acción tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene por naturaleza jurídica el de ser un recurso regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez, debiendo en atención a este último principio, el recurrente solicitar su tutela en forma inmediata, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y agote las vías legales ordinarias, a cuyo efecto se ha establecido como un plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso”. 6El FJ III.1.2, establece: “Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado.”. 7El FJ III.3, regula: “III.3. Por otra parte la autoridad recurrida al no haber dado una oportuna respuesta al memorial presentado por el recurrente en el que expuso los motivos y solicitó su reincorporación, infringió el derecho a la petición previsto en el art. 7 inc. k) de la CPE, pues el recurrente en espera de esa respuesta ha dejado transcurrir más de nueve meses para interponer el recurso de amparo, sin embargo, ello no determina que el término para interponer el recurso hubiese caducado, dado que la falta de respuesta al petitorio hace que el término de los seis meses establecido por nuestra jurisprudencia no corra, por lo que esa negligencia no es atribuible a la persona del recurrente sino al recurrido, que no tomó en cuenta que por determinación de la citada norma fundamental toda petición debe ser oportunamente atendida, por lo que no es evidente la falta de inmediatez en la presentación del recurso, por el contrario, es ineludible la protección plazo de caducidad debe flexibilizarse en supuestos de demora atribuible a la parte demandada, tales como la falta de respuesta al petitorio que hace que el término de los seis meses establecido por la jurisprudencia no corra, ya que la negligencia no es atribuible al accionante sino al demandado, que no tomó en cuenta que por determinación de la citada norma fundamental, toda petición debe ser oportunamente atendida; iv) La SCP 0450/2012 de 29 de junio señaló que cuando la notificación con el actuado judicial o administrativo se efectúa a última hora del día, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que el inicio del plazo para activar la acción de amparo constitucional, debe ser asumido desde el primer momento del día siguiente hábil; v) La SCP 0975/2012 de 22 de agosto, señaló que el término de seis meses establecido por el art. 129.II de la CPE, se constituye en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro homine del texto constitucional, dicho plazo no puede ser automáticamente aplicable, sino debe ser lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso concreto; vi) La SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, respecto a la vulneraciones del derecho de jubilación que oportuna y extraordinaria del mismo, toda vez que los derechos fundamentales vulnerados, son de tal magnitud que ponen en riesgo la vida del recurrente, caso contrario quedaría en total estado de indefensión, por lo que es necesario brindar la tutela inmediata del recurso de amparo constitucional, frente a la amenaza de un daño inminente e irreparable que pretende privarle de su derecho a la jubilación por los años trabajados.”.
8El FJ III.2, señala: “Esta jurisdicción constitucional, en su función específica de proteger los derechos fundamentales de las personas, se encuentra impregnada de los principios informadores de la teoría de los derechos fundamentales, lo que implica, entre otros, aplicar los principios de prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las formalidades, así como los de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en virtud de los cuales, en casos de dudas respecto a la aplicación de una norma restrictiva de la acción tutelar, no se la debe obviar, dando preeminencia en todos los casos, al derecho sustantivo, es decir, a la acción y a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas.
En caso de aplicar un razonamiento contrario en la especie, esto es, no tutelando el derecho de acceso a la justicia de la accionante, con el argumento que la notificación realizada a su persona debe computarse a partir de horas 18:00, en la práctica supondría consentir una indebida sustracción de derechos fundamentales, porque, como se explicó, la notificación efectuada a Milvia Gabriel Flores no se realizó en ese preciso momento, sino recién al día siguiente, por ello, la potestad de accionar el amparo constitucional se activó a partir del instante en que pudo materialmente asumir conocimiento efectivo de la Resolución que le causó agravio.
En consecuencia, en la especie, por las características de la acción y los argumentos explicados precedentemente, en cumplimiento del objeto y finalidad del citado mecanismo de defensa, como es la restitución o restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y garantías constitucionales conculcados, teniendo presente que además de los derechos demandados como vulnerados, se encuentran en juego varios otros que guardan estrecha relación, como son, el interés superior de la minoridad, la paternidad y la asistencia familiar; resulta por demás razonable iniciar el cómputo del plazo de caducidad a partir del 29 de septiembre de 2011; fecha en la que recién la ahora accionante pudo tener acceso real al tenor íntegro del “Auto de Vista REG/S.CII/ZGC/AINT.185/06.09.11” que supuestamente le causó agravio, por lo que la interposición de la presente acción se encuentra dentro del plazo de caducidad establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia, y determina la apertura de la vía constitucional a efectos del análisis de los presupuestos demandados. 9El FJ III.2. puntualiza: “Entonces lo referido provoca que el término de seis meses referido por el art. 129.II de la CPE, se constituya en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro homine del texto constitucional dicha consideración no puede ser automática sino lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso en concreto.”. 10El FJ III.2, señala: “Comprobándose que en el caso de autos, es posible efectuar dicha excepción en cuanto al petitorio solicitado, por la naturaleza de los derechos invocados y no existiendo motivo alguno para no ingresar al análisis de fondo persiste en el tiempo estableció que en estos supuestos, deberá realizarse un análisis de los motivos de la demora y en cada caso deberá establecerse la existencia de desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en cuanto al reclamo de sus derechos; o, si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, similares criterios fueron expresados en las SSCC 2695/2010-R y SCP 0055/2013; y, vii) El Auto Constitucional 0029/2012-RCA-SL de 17 de agosto, señaló que la presentación de la acción de amparo constitucional antes del vencimiento del plazo de seis meses, computable desde el conocimiento real del acto u omisión denunciado como lesivo a derechos fundamentales; inequívocamente constituye un requisito a ser verificado en la etapa de admisibilidad, cuyo cumplimiento es una causal reglada de improcedencia y debe ser observado en esta fase, salvo el supuesto en el cual, en esta etapa, ya sea ante instancias del juez o tribunal de garantías o en conocimiento de la causa por la Comisión de Admisión en fase de admisibilidad, se genera una duda razonable sobre una lesión manifiesta grosera a derechos fundamentes que en una análisis de fondo de la problemática, podría implicar la aplicación del principio de justicia material a la luz de la pauta de interpretación denominada pro actione, entendimiento que posteriormente fue asumido por la SCP 0030/2013. Complementando el entendimiento anterior la SCP 0769/2020-S1 de 20 de noviembre, señaló lo siguiente: El Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a las limitaciones impuestas al acceso a la justicia constitucional estableció una amplia jurisprudencia con relación a los requisitos y la flexibilización en determinados casos. En este contexto, la SCP 1621/2012 de 1 de octubre, intentó construir una serie reglas aplicables al acceso a la justicia constitucional, por lo cual instruyó que la jueza, juez o tribunales de garantía en su calidad de garantes de los derechos deben facilitar el acceso a la justicia constitucional considerando: (…)
4) Evaluar si la tutela es solicitada por un miembro de un grupo de tutela reforzada porque a mayor riesgo de lesión a sus derechos, mayor intensidad de protección, lo que lleva a mayor flexibilización del cumplimiento de requisitos de admisibilidad; (…) Asimismo, la referida sentencia estableció que en aplicación del principio de aplicación directa de la constitución, corresponde al órgano contralor de la Constitución, considerar la flexibilización de estos requisitos cuando advierta un derecho manifiesta y groseramente vulnerado; y, ante una duda razonable en fase de admisibilidad podría admitir e ingresar a considerar el fondo de lo planteado, así consolidar la constitucionalización de todos los actos de la vida social se encuentren impregnados no solamente de normas supremas positivas, sino también de valores supremos y rectores del orden jurídico imperante como ser la justicia e igualdad. (…) En resumen, corresponde puntualizar que en aplicación de los principios de verdad material, la prevalencia del derecho sustantivo respecto al formal, justicia material, entre otros criterios, ante una evidente vulneración de derechos y garantías fundamentales; el principio de inmediatez debe ceder; lo contrario significaría que se estaría desnaturalizando la finalidad que tiene la administración de justicia constitucional, cual es, velar por la eficacia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos; y, propender a su progresividad y favorabilidad.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; debido a que: i) La demanda ejecutiva interpuesta por el tercero interesado en su contra, adolece de dos infracciones insubsanables; la primera, porque el Juez de la causa de forma ultra petita declaró probada la demanda sin que la parte ejecutante se lo haya pedido; y la segunda, que le obligan a pagar $us2.- diarios y 5% mensual de intereses; ii) El Juez de la causa nunca llamó a una audiencia de conciliación; iii) Cuestiona el Auto de 23 de enero de 2019, emitido por el entonces Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo en suplencia legal de su par Décimo Primero, mediante el cual se aprobó el remate de su inmueble en favor del ejecutante; y, iv) Cuestiona también la última decisión judicial, mediante la cual la Jueza -ahora demandada-, efectuó la transferencia de su inmueble a favor de la parte ejecutante. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Auto de 23 de enero de 2019, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su par Décimo Primero, emitió el Auto de aprobación de remate (Conclusión II.1). Como consecuencia, por memorial presentado el 12 de febrero de 2019, Ayda Angélica Ojeda Tejerina -ahora tercera interesada-, planteó recurso de reposición con alternativa de apelación respecto al Auto de 23 de enero de 2019 (Conclusión II.2). Posteriormente, por Auto de 19 de marzo de 2019, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo en suplencia legal de su par Décimo Primero, repuso y dejó sin efecto el Auto de aprobación de remate de 23 de enero de 2019, al considerar la existencia de error en el monto de adjudicación del inmueble respecto al contenido en el acta de subasta y remate (Conclusión II.3). Mediante Auto de 4 de noviembre de 2020, la Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, aprobó en todas sus partes el acta de subasta, remate y adjudicación de 23 de marzo de 2018, disponiendo que una vez ejecutoriada la presente Resolución se otorgue al adjudicatario la correspondiente minuta de transferencia (Conclusión II.4). Finalmente, la referida Jueza suscribió la Minuta de Adjudicación Judicial de 6 de diciembre de 2021 a favor del -ahora tercero interesado-, respecto del inmueble que fuera de propiedad de Ayda Angélica Ojeda Tejerina -ahora tercera interesada-, ubicado en la zona Estación Argentina, Avda. Francisco Mora 5, UV 44, Mza. 18, con una superficie de 437,00 m, registrado en la Oficina de DD.RR bajo la Matrícula Computarizada 7.01.99.0000183 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Conclusión II.5). Identificado así el problema jurídico, corresponde con carácter previo al análisis del fondo del mismo, determinar si la presente acción tutelar supera la causal de improcedencia reglada esgrimida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, como el argumento de denegatoria de la tutela que se solicita, referida a la inobservancia del principio de inmediatez, que en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, implica que la acción de amparo constitucional debe ser indefectiblemente planteada en el plazo de seis meses (plazo de caducidad), computable desde la comisión de la vulneración alegada o a partir de la notificación con la última decisión administrativa o judicial; toda vez que, vencido el cual precluye el derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional. En ese contexto de los antecedentes mencionados, lo expresado por las partes en audiencia, y el contenido de la Resolución 119/2022 de 1 de agosto, se sabe que por efecto de la demanda ejecutiva planteada por Jorge David Gabriel Vargas Angulo -ahora tercero interesado- contra el ahora accionante, se emitió la Sentencia de 3 de junio de 2009, la misma que fue declarada ejecutoriada mediante decreto de 7 de noviembre de 2010, decisión notificada al ahora impetrante de tutela el 16 de diciembre de 2010. En ejecución de Sentencia, el 23 de enero de 2019, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su par Décimo Primero, emitió el Auto de aprobación de remate, el que fue dejado sin efecto por Auto de 19 de marzo de 2019. Posteriormente, la Jueza de la causa emitió el Auto de 4 de noviembre de 2020, aprobando en todas sus partes el acta de subasta, remate y adjudicación de 23 de marzo de 2018, siendo notificado el accionante con esta resolución de acuerdo a lo señalado por los Vocales Constitucionales el 13 de julio de 2021, según datos cursantes en el expediente original. Finalmente, la referida Jueza suscribió la Minuta de Adjudicación Judicial de 6 de diciembre de 2021 a favor del adjudicatario Jorge David Gabriel Vargas Angulo -ahora tercero interesado. Lo previamente detallado nos demuestra que las denuncias en sentido de que la demanda ejecutiva interpuesta por el -ahora tercero interesado-contra el demandante de tutela, adolece de dos infracciones insubsanables; debido a que el Juez de la causa de forma ultra petita declaró probada la demanda sin que la parte ejecutante se lo haya pedido, y que le obligaron a pagar $us2.- diarios y 5% mensual de intereses; así como el Juez de la causa nunca llamó a una audiencia de conciliación, no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional, pues al tratarse de actuados ocurridos el 2008 y 2010 debieron ser denunciados en su oportunidad ante las autoridades correspondientes, y en caso de no haber sido escuchado acudir a la jurisdicción constitucional de forma inmediata y no esperar más de diez años para plantear la presente acción de defensa. En consecuencia, al no cumplirse el principio de inmediatez, no corresponde analizar esta problemática. En cuanto a las denuncias de que el acto vulneratorio de sus derechos estaría ubicado en el Auto de 23 de enero de 2019, emitido por el entonces Juez Público Civil y Comercial Décimo Segundo en suplencia legal de su par Décimo Primero, mediante el cual se aprobó el remate de su inmueble en favor del ejecutante y también en la última decisión judicial a través de la cual la Jueza -ahora demandada-, efectuó la transferencia de su inmueble a favor de la parte ejecutante. Al respecto, corresponde establecer que el Auto de aprobación de remate de 23 de enero de 2019, cuestionado a través de la presente acción de amparo constitucional, data del 2019; es decir, que tuvieron que transcurrir tres años y cinco meses al momento de la presentación de la acción tutelar, para que el ahora accionante plantee la presente acción de defensa, lo que implica que no se cumplió con el principio de inmediatez para considerar la denuncia planteada, más aún si de los antecedentes expuestos (Conclusión II.3), dicho actuado judicial fue dejado sin efecto por Auto de 19 de marzo de 2019, lo que implica también la sustracción de la materia respecto a esta denuncia. En relación al último actuado denunciado como vulneratorio de derechos, ubicado en el Auto de 4 de noviembre de 2020, a través del cual la Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Primera de la Capital del departamento de Santa, aprobó en todas sus partes el acta de subasta, remate y adjudicación de 23 de marzo de 2018, que fue notificada de acuerdo a lo señalado por los Vocales Constitucionales el 13 de julio de 2021. De la revisión del Formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ [fs. 18 ]), la presente acción de defensa fue interpuesta el 29 de junio de 2022; lo que demuestra que el accionante, previa a la presentación de la acción de amparo constitucional, dejó transcurrir más de los seis meses establecidos como plazo de caducidad, que en el caso concreto vencía el 13 de enero de del citado año; por consiguiente, se evidencia que el impetrante de tutela, no actuó de forma diligente en la activación de este mecanismo constitucional, cuyo accionar demostró falta de prontitud en acudir en busca de protección de sus derechos y encuadrar la presentación de esta acción de defensa dentro de plazo. Finalmente, si bien es evidente de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que el plazo de los seis meses para que se acuda a la jurisdicción constitucional, puede tener salvadas excepciones de flexibilidad, cuando se trata de grupos vulnerables, como son las personas de la tercera edad, pero no al grado de permitir que pasen varios años de inactividad por parte del demandante de tutela, más aún cuando tuvo conocimiento de la existencia del proceso ejecutivo desde el 2008 y de su ejecución desde el 2010. En conclusión, el accionante no acudió de manera diligente, rápida y oportuna ante esta jurisdicción constitucional, impidiendo a través de la presente acción tutelar que este Tribunal pueda ingresar a analizar el fondo de la denuncia presentada; situación que tiene como consecuencia jurídica la denegatoria de la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 119/2022 de 1 de agosto, cursante de fs. 53 a 57 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
de esta acción de defensa conforme a lo expuesto en el presente Fundamento Jurídico, corresponde referirse en los siguientes, al problema jurídico central denunciado por el accionante.”. 11El FJ III.2, señala: “En el contexto expuesto, la presentación de la acción de amparo constitucional antes del vencimiento del plazo de seis meses, computable desde el conocimiento real del acto u omisión denunciado como lesivo a derechos fundamentales, inequívocamente constituye un requisito a ser verificado en la etapa de admisibilidad, cuyo incumplimiento constituye una causal reglada de improcedencia, por lo que la observancia del principio de inmediatez vinculado con el plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional, debe ser resguardada en etapa de admisibilidad como regla general aplicable a todos los casos, salvo el supuesto en el cual, en esta etapa, ya sea ante instancias del juez o tribunal de garantías o en conocimiento de la causa por la Comisión de Admisión en fase de admisibilidad, se genere una duda razonable sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales que en un análisis de fondo de la problemática, podría implicar la aplicación del principio de justicia material a la luz de la pauta de interpretación denominada pro-actione.”.
12 La SCP 0846/2012 de 20 de agosto FJ III.2.1.i determinó “Ello se puede verificar en las líneas jurisprudenciales de la protección reforzada de los sectores de especial vulnerabilidad, que ha tenido su efecto irradiador no sólo en los derechos fundamentales sustantivos, sino asimismo, en los derechos procesales de éstos”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0388_2024-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): ad13c46ff1678c167dfe1117082a5dca4b998d01731ed6f9eb3cae09db730d7a
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