B.IA.LEGAL

SCP 0388/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47471-2022-95-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; al juez natural, a la tutela judicial efectiva; y, al principio de legalidad o especificidad; puesto que, los Magistrados ahora accionados, al emitir el Auto de 8 de junio de 2021, que dispuso la anulación de obrados de oficio hasta el decreto de 10 de diciembre de 2020, y la admisión del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343; y el Auto de 8 de noviembre de 2021, que rechazó el recurso de reposición presentado por Previsión BBVA AFP S.A. contra el indicado Auto, no consideraron que de acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 708, las controversias sujetas a cláusulas arbitrales con anterioridad a la promulgación de la citada Ley y sin que se hubiese iniciado procedimiento arbitral, puedan ser tramitadas conforme a lo acordado en los respectivos contratos, en virtud a ello, no existe óbice legal para que en los contratos administrativos que contengan la cláusula arbitral se acuda al arbitraje, como en el presente caso; asimismo, no identificaron norma legal que les faculte admitir un recurso de anulación contra un laudo arbitral; no establecieron o precisaron el marco legal para la convención de un proceso arbitral a uno contencioso que les permita resolver el recurso de anulación contra un laudo arbitral cual si se tratase de un recurso de casación emergente de un proceso contencioso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 055/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 289 a 295, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos y razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0388/2023-S3 Sucre, 5 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47471-2022-95-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 055/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 289 a 295, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Francisco Javier Rakela Kordez, Marco Antonio Dávalos Parada, Eduardo Jaime Urriolagoitia Rodo y Arleth Sindy Montalvo Pardo en representación Legal de Previsión BBVA Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Sociedad Anónima (S.A.) contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera; y, Ricardo Torres Echalar entonces Magistrado de su similar Segunda, todos del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 y 11, ambos de abril de 2022, cursante de fs. 1129 a 159 vta., y 167, la parte accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el marco de los Decretos Supremos (DDSS) 29400 de 29 de diciembre de 2007 y 29424 de 17 de enero de 2008, la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) -ahora denominada Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), hoy tercera interesada- y Previsión BBVA AFP S.A., el 28 de enero de 2008, suscribieron el Contrato por Excepción para la Administración del Fondo Universal de Renta de Vejez, Gestión y Pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales para la gestión 2008. El referido Contrato, entre otros aspectos, estableció que Previsión BBVA AFP S.A. no sería responsable por pagos y cobros indebidos de la Renta Dignidad o de los Gastos Funerales, originados por errores existentes en el “BDRB” ajenos a Previsión BBVA AFP S.A.; asimismo, respecto al cobro, tampoco sería responsable por las acciones dolosas o culposas, como actos de fraude, en las que incurran los beneficiarios o los funcionarios y personal de las Entidades Proveedoras de Información, las Fuerzas Armadas de la Nación, las SPVS o de terceras personas, en el pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales, así como en torno a los recursos desembolsados para el pago de la Renta Dignidad. En estos casos Previsión BBVA AFP S.A., se limitaría a denunciar los hechos ante el Ministerio Público en el plazo de quince días hábiles administrativos de conocido el hecho. De igual forma no sería responsable en los casos en los que la entidad financiera no regulada, sea sujeto a concurso preventivo de quiebra, cierre definitivo doloso, o clausura definitiva; sin embargo, aclaró que era obligación de la AFP efectuar cuanta acción legal sea necesaria para la recuperación de los fondos o recursos comprometidos; así, se estableció que las controversias entre partes relacionadas con la interpretación de contrato, sería resueltas mediante arbitraje, de conformidad a la Ley de Arbitraje y Conciliación -Ley 1770 de 10 de marzo de 1997-. A partir del 1 de febrero de 2009, Previsión BBVA AFP S.A., dejó de administrar el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) y de efectuar los pagos; por lo tanto, dejó de tener la calidad de Entidad Gestora; sin embargo, en la etapa de conciliación de pagos Previsión BBVA AFP S.A. detectó que, en algunos pagos de la Renta Dignidad procesados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Bartolomé Limitada (Ltda.), existía indicios de fraude, en virtud a ello y en observancia a las Cláusulas Novena y Décima del Contrato por Excepción suscrito, presentó la correspondiente denuncia penal ante el Ministerio Público, situación que fue comunicada al Ente Regulador. Después de cuatro años de interpuesta la referida denuncia penal, la Autoridad de Fiscalización hoy tercera interesada le inició un proceso sancionador por indicios de incumplimiento de los arts. 142 del DS 24469 de 17 de enero de 1997 y 149 incs. j) y v) de la Ley de Pensiones (LP) -Ley 065 de 10 de diciembre de 2010-, por falta de diligencia en el proceso penal instaurado contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Bartolomé Ltda., decisión administrativa que fue impugnada y dio lugar a la emisión de la Resolución Ministerial (RM) Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 078/2019 de 13 de septiembre, contra la que formuló demanda contenciosa administrativa, presentada el 27 de marzo de 2020. Sin perjuicio del proceso sancionador, Previsión BBVA AFP S.A. al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésima del Contrato por Excepción, el 30 de julio de 2019, interpuso demanda arbitral contra la Autoridad de Fiscalización ahora tercera interesada, con el propósito de que el Tribunal Arbitral interprete el alcance y límites de la Cláusula Novena del citado Contrato; es decir, determine el grado de diligencia o cuidado exigible a Previsión BBVA AFP S.A. durante la vigencia del referido Contrato. Como resultado de ese proceso arbitral, el 3 de septiembre de 2020, Previsión BBVA AFP S.A. y la Autoridad de Fiscalización hoy tercera interesada fueron notificados con el Laudo Arbitral 343 de 27 de agosto de igual año, mediante el cual, se declaró probada la demanda interpuesta, respecto a la obligación de “‘realizar cuanta acción legal sea necesaria para la recuperación de los fondos o recursos comprometidos’”’ (sic) establecidos en el cuarto y último párrafo de la Cláusula Novena del Contrato por Excepción, determinación únicamente aplicable a los casos en los cuales la entidad financiera no regulada, sea sujeta de concurso preventivo de quiebra, cierre definitivo doloso o clausura definitiva sin que esa previsión sea extensiva a los supuestos de los párrafos segundo y tercero de la señalada Cláusula Novena. Por efecto del recurso de anulación del Laudo Arbitral 343, interpuesto por la Autoridad de Fiscalización ahora tercera interesada, el Tribunal Arbitral emitió el Auto 5 de 17 de octubre de 2020, determinando conceder el recurso de nulidad formulado únicamente respecto a la causal establecida por el art. 63.I.2 de la Ley 1770, ordenando la remisión del expediente a la autoridad judicial competente de turno en materia civil y comercial de Santa Cruz, en virtud a lo previsto por el art. 66.I de la citada Ley. Conforme a los antecedentes del proceso, el Juez Público Civil y Comercial Vigesimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto de 4 de noviembre de 2020, mediante el cual declinó competencia ante la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciando los Magistrados hoy accionados el decreto de 10 de diciembre de ese año, por el cual otorgaron a la Autoridad de Fiscalización hoy tercera interesada el plazo de quince días para que adecue su recurso de anulación a lo previsto por el art. 775 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), cumpliendo los requisitos establecidos por el art. 327 del referido Código. Contra el indicado decreto, Previsión BBVA AFP S.A., interpuso recurso de reposición que mereció el Auto de 19 de marzo de 2021, a través del cual las autoridades accionadas declararon no ha lugar al recurso, por considerar que el decreto antes aludido, no se constituía en una providencia o auto susceptible de ser recurrido de reposición, “…porque no tiende al desarrollo del proceso contencioso; más aún, (…) si aún no se ha formalizado una demanda contenciosa, que sea sometida al análisis de admisibilidad por parte de este Tribunal Supremo de Justicia” (sic). El 13 de octubre de 2021, Previsión BBVA AFP S.A., fue notificada con el Auto de 8 de junio de ese año, a través del cual los Magistrados ahora accionados anularon obrados hasta el decreto de 10 de diciembre de 2020, en aplicación del art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- y el art. 106.I del Código Procesal Civil (CPC), y admitieron el recurso de anulación del Laudo Arbitral 343, interpuesto por la Autoridad de Fiscalización hoy tercera interesada, disponiendo que pase a Secretaría de Sala para la prosecución del trámite y aguarde turno para sorteo. Contra dicho Auto interpuso recurso de reposición, dando lugar al Auto de 8 de noviembre de igual año, a través del cual las mencionadas autoridades rechazaron el indicado recurso, manteniendo firme y subsistente el Auto de 8 de junio del citado año, vulnerando con esta decisión el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, el principio de especificidad o legalidad, así como la garantía a la tutela judicial efectiva. Los Magistrados ahora accionados, vulneraron el derecho y garantía al debido proceso de Previsión BBVA AFP S.A., ante el desconocimiento de las normas que rigen el arbitraje y las que establecen la jurisdicción y competencia para conocer y tramitar el recurso de anulación de un laudo arbitral, en el marco de lo previsto por el art. 63 y ss. de la Ley 1770, excluyendo la vía competente para resolver las controversias establecidas en el Contrato por Excepción, en lo concerniente a los conflictos de interpretación de sus cláusulas. Los Magistrados hoy accionados incurrieron en vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, al determinar a través del Auto de 8 de junio de 2021, que en virtud a tratarse de un contrato administrativo, correspondía tramitar el recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343, con las formalidades que rigen el proceso contencioso conforme a lo dispuesto por el art. 775 del CPCabrg, que prevé la competencia del Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, “‘…se realizará el análisis de admisibilidad del referido recurso de anulación, aclarando que se aplicará el art. 64-I de la Ley N° 1770, solo para realizar el cómputo del plazo de interposición del recurso de anulación y para los demás requisitos se aplicará los arts. 274 y 277-I del CPC-2013…’” (sic). Asimismo, vulneraron los derechos alegados con la emisión del Auto de 8 de noviembre de 2021, al establecer en función de la SCP 0554/2019-S4 de 25 de julio, y la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contenciosos y Contencioso Administrativos, que las controversias emergentes de la suscripción de contratos administrativos entre el Estado y los particulares, no podrían ser sometidas a procesos arbitrales, y que la jurisdicción especializada, es la única instancia competente para tal fin, finalmente al afirmar, que si bien el DS 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), dentro de los modelos base de contratación, mantiene la Cláusula de solución en la vía judicial y arbitral; ello, únicamente se constituye en un aspecto formal de estructura, y que al tratarse de un Decreto Supremo el mismo no puede ir en contra de lo dispuesto por la ley. Los Magistrados ahora accionados, omitieron considerar en la motivación y fundamentación, de las “Resoluciones impugnadas” que el Contrato por Excepción se suscribió antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, en consecuencia en el presente caso, correspondía observar lo dispuesto por el art. 134 de la Constitución Política del Estado de 2004, que fue la base legal para la firma del citado Contrato, a partir del cual, se permitía al Estado otorgar en concesión los servicios públicos, facultad que en la actualidad difiere con el contenido establecido por el art. 45.I de la actual Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, que el Contrato por Excepción fue elaborado por la ex SPVS -hoy APS- de acuerdo a las NB-SABS aprobadas por el DS 29190 de 11 de julio de 2007, y no por el DS 0181, además de tener respaldo legal en los arts. 10 y 20 inc. a) de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; 4 inc. b) de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo -Ley 3351 de 21 de febrero de 2006-, Leyes que reconocen la existencia del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y la forma de contratación, manejo y disposición de los mismos, y que se constituyen en el pilar fundamental para el cumplimiento de los fines del Estado, y no como equivocadamente sostuvieron las autoridades accionadas, al afirmar que se trataba de meras formalidades contenidas en un Decreto Supremo, las que no pueden estar por encima de una ley. Las autoridades hoy accionadas, no se pronunciaron respecto al mandato constitucional y normativo específico, que permite que si un contrato administrativo establece válida y legítimamente la vía arbitral para resolver los conflictos entre el Estado y los administrados hasta antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009 y la Ley de Conciliación y Arbitraje -Ley 708 de 25 de junio de 2015-, debe ser considerado como un derecho preconstituido en observancia del principio de seguridad jurídica y legitimidad de la actuación de la Administración Pública. La ex SPVS como autoridad competente incluyó en el Contrato por Excepción la Cláusula Arbitral como mecanismo de solución de controversias exclusivamente para el caso de que surjan conflictos entre el Ente Regulador y Previsión BBVA AFP S.A., inherentes a la interpretación de las cláusulas del referido Contrato y no respecto al cumplimiento o ejecución del mismo, cuya reclamación debe ser resuelta a través del proceso contencioso regulada por el art. 775 del CPCabrg. En ese sentido, los Magistrados hoy accionados no pueden desconocer el ordenamiento jurídico que dio lugar al Contrato por Excepción y su presunción de legitimidad. Las autoridades ahora accionadas, incurrieron en vulneración del principio de legalidad, al omitir considerar que el Estado boliviano antes de la actual Constitución Política del Estado, no sólo reconoció la vía jurisdiccional contenciosa para tramitar las controversias emergentes de los contratos administrativos, sino que autorizó mediante una norma especial, como es el art. 4 de la Ley 1770, la aplicación de la vía arbitral como medio alternativo extrajudicial para la resolución de conflictos derivados de dichos contratos, con base al modelo definido por el DS 29190. En esa medida, al momento de la suscripción de la Cláusula Arbitral no existía impedimento o prohibición constitucional ni legal alguna que impidiera que el Estado o sus entidades públicas sometan la solución de controversias a la vía arbitral independientemente de que se trate de un contrato administrativo que por regla también tenía abierta la vía jurisdiccional contenciosa. En el Auto de 8 de junio de 2021, si bien mencionan la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 708, y el art. 66.I de la Ley 1770, omiten efectuar un análisis del carácter especial que tienen ambas normas en lo que respecta al reconocimiento de la jurisdicción arbitral aplicable para la resolución de conflictos emergentes de los contratos administrativos, como el que se suscitó entre la Autoridad de Fiscalización ahora tercera interesada y Previsión BBVA AFP S.A. respecto a la interpretación de la Cláusula Novena del Contrato por Excepción, dicha Disposición, no sólo reconoce la continuidad y vigencia de las cláusulas arbitrales de los contratos administrativos que fueron suscritos con anterioridad a la vigencia de la Ley 708, sino que permite la ultra actividad de la Ley 1770 para la tramitación del proceso arbitral. Omitieron considerar que en virtud a lo previsto en la Constitución Política del Estado de 2004, las Leyes 3791 de 28 de noviembre de 2007 -Renta Universal de Vejez- y 1770, así como los DDSS 29400, 29424 y 29190, el servicio público de pago de la Renta Dignidad está expresamente autorizado para que sea efectuado por una entidad privada sujeta a proceso de contratación, lo que constituye un derecho disponible reconocido a ex SPVS en representación del Estado boliviano que deriva de una relación patrimonial contenida en el contrato administrativo, en el que se excluyó la vía contenciosa y se acordó la vía arbitral únicamente para el caso de la existencia de controversias respecto a la interpretación de Cláusulas del Contrato por Excepción, lo que demuestra la inexistencia de algún óbice legal. Si bien por disposición del art. 4.4 de la Ley 708, la Administración Pública está prohibida de establecer cláusulas arbitrales para los contratos administrativos; sin embargo, dicha Ley tiene salvedades y para el caso concreto la Disposición Transitoria Tercera que establece, que las controversias sujetas a arbitraje con base a cláusulas arbitrales suscritas y sin que se hubiera iniciado un proceso arbitral con anterioridad a la publicación de la presente Ley, se tramitarán conforme a lo acordado en los contratos respectivos, aspecto que fue ignorado por los Magistrados hoy accionados, lo que vulneró el debido proceso, además de sostener equivocadamente en el Auto de 8 de noviembre de 2021, que por mandato del art. 179.I de la CPE, el legislador promulgó la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contenciosos y Contenciosos Administrativos, excluyendo cualquier posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales para resolver controversias, siendo la jurisdicción especializada la única instancia competente para tal fin, desconociendo que no existe una ley formal que haya instituido como jurisdicción especializada a la vía contenciosa y contenciosa administrativa tal como lo establece el art. 4 de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contenciosos y Contenciosos Administrativos -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-, el art. 31 y la Disposición Transitoria Décima de la LOJ. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 15 de la LOJ, la Constitución Política del Estado se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria. La Ley especial será aplicada con preferencia a la ley general, no obstante a esa previsión legal, los Magistrados ahora accionados pretenden dar valor a la norma general como lo es el Código de Procedimiento Civil abrogado que establece los criterios generales respecto a los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, cuando el Estado estableció mediante la Ley especial 1770 la posibilidad de recurrir a un mecanismo alternativo de solución de conflictos como lo es el arbitraje y que, además, estén relacionados con derechos disponibles y deriven de una relación jurídica patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual, tal como ocurre en el presente caso. En el Auto de 8 de noviembre de 2021, los Magistrados hoy accionados, aplicaron como fundamento algunos fragmentos de la parte considerativa de la SCP 0554/2019-S4, abstrayéndose de mencionar que para someterse a un arbitraje en el marco de la Ley 1770, el Estado, las personas jurídicas de derecho público y las controversias deben versar sobre derechos disponibles; es decir, a derechos o actos de disposición, permitidos por ley expresa, que autorice la disponibilidad del derecho; para el Estado todos sus derechos son indisponibles, esto debido a que sus actuaciones en las diversas esferas están relacionadas con el interés público, y esos derechos sólo pueden excepcionalmente disponibles cuando exista normativa expresa que así lo permita, como es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, lo contrario significa que todo acto que determine su disposición es nulo. Los argumentos expuestos demuestran que la indicada SCP 0554/2019-S4, no es aplicable al presente caso, porque si bien el Contrato por Excepción es un contrato administrativo al igual que el contrato observado en la referida Sentencia Constitucional Plurinacional; sin embargo, dicho Contrato deviene de lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 3791 y los DDSS 29400 y 29424 que expresamente autorizaron la contratación del servicio de pago de la Renta Dignidad por parte del Ente Regulador ex SPVS en favor de una entidad privada como lo es Previsión BBVA AFP S.A., autorizando además la aplicación de las normas básicas de contratación bajo la modalidad de Contrato por Excepción sustentadas en la Ley 1178, que reconocen como mecanismo de solución de controversias al arbitraje en mérito a lo previsto por el art. 4 de la Ley 1770. Asimismo, la SCP 0554/2019-S4 no es aplicable, en virtud a que no efectuó un análisis jurídico a partir de la permisión del art. 134 de la CPE de 2004, que autorizaba la concesión excepcional de los servicios públicos en favor de los privados, como ocurrió con el Contrato de Excepción para prestar el servicio de pago de la Renta Dignidad, lo que se enmarca dentro de la capacidad del Estado para determinar al arbitraje como una vía especial para la solución de conflictos emergentes de contratos administrativos en el marco de lo previsto por el art. 4 de la Ley 1770. Además la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien realiza una interpretación respecto a la posibilidad de que el Estado pueda someter a arbitraje la solución de conflictos cuando se traten de contratos administrativos, no determinó la inconstitucionalidad del citado artículo, ni lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 708; por lo tanto, no existe óbice legal para determinar la vigencia de la Cláusula Arbitral en el Contrato por Excepción, considerando el marco normativo referido, la inexistencia de nulidad de la cláusula arbitral y la preminencia del principio de buena fe contractual que rige en los contratos administrativos.

Se evidencia la falta de fundamentación y motivación en el Auto de 8 de junio de 2021; puesto que, en el análisis de admisibilidad del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343, los Magistrados hoy accionados citaron el art. 64.I de la Ley 1770 sólo para el cómputo del plazo de interposición del referido recurso y sin embargo, para los demás requisitos observaron los arts. 274 y 277.I del CPC, cuando los señalados artículos fueron establecidos para la tramitación del recurso de casación en proceso ordinario y no para determinar la admisibilidad del recurso de anulación de un laudo arbitral, al cual se debe aplicar el art. 66 de la Ley 1770, lo que produjo incertidumbre procesal por vulneración del derecho al debido proceso, al no existir norma expresa que prevea que las mencionadas autoridades conozcan recursos de anulación emergentes de un lauda arbitral en virtud a no formar parte del Órgano Judicial los Tribunales Arbitrales y los laudos arbitrales únicamente pueden ser revisados por autoridad judicial cuando su contenido se ajuste a las causales dispuestas por el art. 63 de la Ley 1770, no pudiendo aplicarse de manera supletoria normas procesales que regulan el trámite del recurso de casación, tal como ocurrió en los Autos de 8 de junio y 8 de noviembre, ambos de 2021. Los Autos de 8 de junio y 8 de julio, ambos de 2021, emitidos por los Magistrados hoy accionados, vulneraron su derecho al debido proceso en su elemento de juez natural y a la tutela judicial efectiva, en razón a que aperturaron su competencia para resolver el recurso de anulación del Laudo Arbitral 343, efectuando una interpretación arbitraria de las normas generales que rigen los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, en lugar de las normas especiales que regulan el servicio público de pago de la Renta Dignidad previstas en la Ley 3791, la Ley 1178, y los DDSS 29400 y 29424; la capacidad del Estado y de sus entidades públicas de someter a arbitraje ciertas controversias emergentes de los contratos administrativos suscritos con los administrados conforme a lo previsto por el art. 4 de la Ley 1770, tomando en cuenta que las referidas normas fueron emitidas en vigencia de la Constitución Política del Estado de 2004. Los Magistrados ahora accionados, al determinar la admisión del recurso de anulación del Laudo Arbitral 343, desconocieron la disposición expresa establecida por el art. 66 de la Ley 1770, que determina que únicamente el Tribunal Arbitral es la autoridad competente para conceder el recurso de anulación, como sucedió en el presente caso, a través del Auto 5 de 17 de octubre de 2020, no existiendo norma legal alguna que habilite la competencia de los Magistrados hoy accionados para que pronuncien un Auto de admisión del recurso de anulación; puesto que, el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que incluye el plazo de presentación lo efectúa el Tribunal Arbitral y no la autoridad judicial. Las autoridades hoy accionadas, no sólo asumieron una competencia sin contar con respaldo legal, sino que arbitrariamente excluyeron el procedimiento expreso que regula el recurso de anulación del Laudo Arbitral 343 previstas en la Ley 1770, aplicando supletoriamente normas procesales civiles respecto al trámite del recurso de casación, a pesar de no existir ninguna norma que autorice su aplicación supletoria, ya que la Ley 620 utilizada como sustento para excluir el reconocimiento de la capacidad que el Estado y sus entidades públicas tenían para someter a un proceso arbitral los conflictos emergentes de los contratos administrativos que fueron suscritos con anterioridad a la vigencia de la Ley 708, no menciona exclusión alguna, en razón a que por mandato del art. 123 de la CPE, las leyes sólo disponen para lo venidero y no tienen efecto retroactivo con relación a la seguridad jurídica y la buena fe contractual.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; al juez natural, a la tutela judicial efectiva; y al principio de legalidad o especificidad; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 120.I de la CPE; y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se deje sin efecto: a) Los Autos de 8 de junio y 8 de noviembre, ambos de 2021; y, b) Se ordene a los Magistrados hoy accionados, “dicten nueva resolución” cumpliendo con el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, disponiendo que el trámite del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343, se lo efectúe en sujeción a lo previsto por el art. 66 de la Ley 1770.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebradas las audiencias virtuales el 9 y 11 de mayo de 2022, según consta en las actas cursantes de fs. 259 a 283 y 286 a 288, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de sus representantes legales en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional; y respondiendo a las consultas efectuadas por la Sala Constitucional, señaló que: 1) El Contrato por Excepción es de naturaleza administrativa sujeto a la Ley 1178, su interpretación fue considerada en la vía arbitral y su cumplimiento o incumplimiento a la vía contenciosa; 2) Se niega la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, ya que el Contrato por Excepción estableció los casos que deben resolverse por la vía contenciosa; 3) Para el trámite arbitral está vigente la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 708; 4) El proceso de arbitraje se inició después de la publicación de la citada Ley, y por lo tanto la Ley 1770 es aplicable; 5) El servicio público concesionado no es el derecho a la seguridad social, sino la administración, gestión y pago de la Renta Universal de Vejez; 6) La única autoridad para conocer y resolver el recurso de anulación de un laudo arbitral es el Juez Público en lo Civil y Comercial, de acuerdo a lo establecido por la Ley 1770; y, 7) La SCP 0554/2019-S4 no fue aplicada por el Tribunal Arbitral, ni por las partes involucradas, en virtud a que no estaba publicada en la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera; y, Ricardo Torres Echalar, entonces Magistrado de su similar Segunda, todos del Tribunal Supremo de Justicia -suscrito únicamente por los dos primeros-, mediante informe escrito, cursante de fs. 177 a 181, manifestaron lo siguiente: i) Respecto a la competencia del Tribunal Supremo de Justicia se consideró la Cláusula Vigésima del Contrato de Excepción, autorizado por el DS 29424, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 708, y el art. 66.I de la Ley 1770, advirtiéndose que, al tratarse de un contrato administrativo, no era necesaria una interpretación, correspondiendo sustanciar el recurso de anulación del Laudo Arbitral 343 con las formalidades que rigen el proceso contencioso, conforme a lo dispuesto por el art. 775 del CPCabrg, determinación que puede ser impugnada vía recurso de casación, en virtud a lo establecido por el art. 5.I de la Ley 620; ii) Respecto al trámite del proceso contencioso, conforme al art. 4 de la citada Ley, se estableció que el procedimiento aplicable sería el contenido en el Código de Procedimiento Civil abrogado, debido a una falta de normativa especial; asimismo, el examen de admisibilidad del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343, se lo efectuó con base a los arts. 274 y 277.I del CPC, y únicamente para efectos del cómputo del plazo para presentar el recurso de anulación contra el citado Laudo Arbitral, se lo efectuó con base a los arts. 274 y 277.I del CPC, y únicamente para efectos del cómputo del plazo para presentar el recurso de anulación, se consideró el art. 64.I de la Ley 1770; iii) Los Autos de 8 de junio y 8 de noviembre, ambos de 2021, contienen la debida motivación y fundamentación, conforme a la naturaleza del proceso contencioso y la normativa procedimental vigente aplicable a la controversia concreta; y, iv) Los argumentos expuestos por la parte accionante, se limitan a justificar la acción de amparo constitucional con normativa abrogada, respecto al procedimiento aplicable para la resolución del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343, sin considerar que de acuerdo al principio “tempus regit actum”, la norma aplicable es la vigente al momento de iniciarse el procedimiento; es decir, el Código Procesal Civil y la Ley 620. Con base a los argumentos expuestos, solicitaron se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

María Esther Cruz López, Directora Ejecutiva de la APS, a través de sus representantes legales, por memorial -escaneado-, cursante de fs. 247 vta. a 258 vta., señaló que: a) El 29 de septiembre de 2020, al amparo de los arts. 62 y 63 de la Ley 1770, la APS interpuso recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), solicitando se remita el citado recurso y antecedentes, a la autoridad jurisdiccional competente, para que conozca y resuelva el mismo, de acuerdo a lo establecido por el art. 66 de la Ley 1770; b) El recurso de anulación del citado Laudo Arbitral fue conocido por el Juez Público Civil y Comercial Vigesimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien declinó competencia por Auto de 4 de noviembre de 2020, y dispuso se remita el expediente a la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social, Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; c) Los Magistrados hoy accionados, emitieron el decreto de 10 de diciembre de 2020, disponiendo que con carácter previo la APS en el término de quince días, debía adecuar su recurso de anulación de conformidad a lo previsto por el art. 775 del CPCabrg, decreto que fue objeto de recurso de reposición por la parte accionante, que fue resuelto por Auto de 19 de marzo de 2021, declarando no ha lugar al recurso. Posteriormente y por efecto del memorial presentado por la APS, las nombradas autoridades emitieron el Auto de 8 de junio de igual año, disponiendo anular obrados hasta el decreto de 10 de diciembre de 2020, y admitir el recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343, el que también fue objeto de recurso de reposición por la parte accionante y mereció el Auto de 8 de noviembre de 2021, rechazando la impugnación y manteniendo firme y subsistente el Auto de 8 de junio de ese año; d) Con relación a la falta de competencia del Tribunal Supremo de Justicia, expresaron que el Contrato por Excepción quedaba excluido del arbitraje, por tratarse de una cuestión concerniente a las funciones del Estado como persona de derecho público, y que por lo tanto debía observarse lo dispuesto por el art. 6.I.4 de la Ley 1770; e) El Tribunal Arbitral tenía facultad para decidir sobre su propia competencia, verificando si la Cláusula Vigésima, respecto al arbitraje, era válida y eficaz, y tomando en cuenta que el Contrato por Excepción estaba sometido a las leyes del Estado, debió establecer que se trataba de materia contenciosa al ser un contrato administrativo para la prestación de un servicio por cuenta del estado, y aún se hubiera autorizado la aplicación de la vía arbitral, debió revisar su competencia para verificar si dicha Cláusula era aplicable, tomando en cuenta lo establecido por el art. 3 de la Ley 1770, que solo se puede someter a arbitraje controversias sobre derechos disponibles y que no afecten el orden público; f) La administración del Fondo Universal de la Renta de Vejez, Gestión y Pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales, no pueden ser considerados como un “‘derecho disponible’”, al no ser susceptibles de embargo, enajenación, ni transmisibles por herencia y tampoco caducan o prescriben, como lo señala la Cláusula Sexta del Contrato por Excepción; g) El proceso administrativo sancionatorio al que refirió la parte accionante, por incumplimiento a la obligación de seguir el proceso penal hasta la recuperación de los montos comprometidos como fraude por la entidad pagadora como lo fue la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Bartolomé Ltda., respecto al pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales, afectan el interés público y en especial a los beneficiarios con derecho a cobrar dicha Renta; h) El DS 29424, si bien autorizó la suscripción del Contrato por Excepción con Previsión BBVA AFP S.A. para la administración del FRUV y el pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales, en “…ninguna parte de la normativa revisada se manifiesta que se trate de un derecho disponible…” (sic), tampoco define y menos autoriza a la entidad reguladora la exclusión de la vía contenciosa, al igual que el DS 29190; i) La SCP 0554/2019-S4, es aplicable al Contrato por Excepción, al tratarse de un contrato administrativo que no autorizó disponer derechos, por lo cual las controversias surgidas deben resolverse de acuerdo a la normativa que rigen los procesos contenciosos; j) El art. 9 de la CPE, establece los fines y funciones esenciales del Estado, referidos a garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección y dignidad de las personas, en razón a ello la APS debe ejecutar las acciones necesarias para garantizar el beneficio de la Renta Dignidad y defender dicho interés de carácter público, aspectos que determinan el carácter administrativo del Contrato por Excepción, y cualquier controversia que surja de su ejecución debe ser resuelta por la jurisdicción contenciosa y bajo ningún concepto en un proceso arbitral, razón por la cual el recurso de anulación respecto al Laudo Arbitral 343 debe ser resuelto por el Tribunal en lo Contencioso y Contencioso Administrativo, entendimiento congruente con el AS 551/2018 de 28 de junio; y, k) Debido a la existencia de proceso contencioso que se tramita en la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -recurso de anulación- y la demanda contenciosa administrativa contra la RM Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 078/2019, que sancionó a la parte accionante por incumplimiento respecto a la tramitación del proceso penal contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Bartolomé Ltda., emergente del Contrato por Excepción motivo de arbitraje, no se puede acudir a la vía constitucional al estar estos procesos en trámite y pendientes de pronunciamiento. Con base a los argumentos expuestos, solicitaron se deniegue la tutela y se declare improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta, declarándose firmes y subsistentes los Autos de 8 de junio y 8 de noviembre, ambos de 2021. Respondiendo a las preguntas de la Sala Constitucional, señaló que: 1) Los derechos establecidos en las Cláusulas del Contrato por Excepción respecto al FRUV son indisponibles, debido a que no son susceptibles de embargo, enajenación, subrogación o transmisibles por herencia, son imprescriptibles y no caducan; 2) El Contrato por Excepción para el pago de la Renta Dignidad a cuenta del Estado es un contrato administrativo que corresponde ser revisado por la jurisdicción contenciosa; 3) Los contratos administrativos que establecían una cláusula arbitral eran contratos tipo regulados por ley; empero, para la solución de las controversias se debe considerar lo que dice la ley y examinar de que derechos se trata; 4) No existe una ley que disponga que el pago de la Renta Dignidad sea un derecho disponible; 5) De acuerdo al art. 3 de la Ley 1770, no pueden ser objeto de conciliación los derechos disponibles; y, 6) La APS interpuso recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343; y quien declinó competencia de oficio fue el Juez Público de Partido Civil y Comercial Vigesimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por considerar que se trataba de un contrato administrativo.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 055/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 289 a 295 -en virtud al voto disidente de Juan Carlos Mendoza García, Vocal Constitucional, se convocó a Iván Sandoval Fuentes, Presidente de la Sala Penal Primera del citado Tribunal-, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Si bien por la Disposición Final Tercera de la Ley 708, se puede resolver controversias vía arbitral; empero, no puede desconocerse que al ser un contrato administrativo, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tiene competencia para conocer las controversias que se suscitan, debido a que el Código Procesal Civil en su Disposición Final Tercera, dispuso la vigencia de los arts. 775 al 781 del CPCabrg, respecto a los procesos contenciosos resultantes de los contratos, negociaciones y concesiones del poder ejecutivo y contenciosos administrativos en cuanto a las resoluciones del Órgano Ejecutivo hasta que sean regulados por una ley como jurisdicción especializada; ii) El art. 2 de la Ley 620, establece que la Sala Especializada en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia tiene competencia para conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional; iii) La falta de motivación y fundamentación en el Auto de 8 de junio de 2021, no resulta evidente, en razón a que ante la impugnación de un laudo arbitral por efecto del recurso de anulación, conforme a la naturaleza del contrato administrativo, corresponde el conocimiento a la jurisdicción contenciosa administrativa, debido a que el objeto de los referidos contratos, es de interés público, lo que impide apreciar las denuncias de vulneración de los derechos denunciados por la parte accionante; y, iv) Las controversias que surjan del Contrato por Excepción suscrito por el Estado y Previsión BBVA AFP S.A., de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0554/2019-S4, y conforme al mandato del art. 203 de la CPE, deben ser de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Testimonio 284/2008 de 13 de octubre, de la minuta de Contrato por Excepción autorizado por el DS 29424 de 17 de enero de 2008, para la administración del Fondo Universal de Renta de Vejez, Gestión y Pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales para la gestión 2008, suscrito entre la ex SPVS y Previsión BBVA AFP S.A. -ahora parte accionante-(fs. 42 a 63 vta.). II.2. Cursa Laudo Arbitral 343 de 27 de agosto de 2020, emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la CAINCO, por efecto del proceso arbitral seguido por la parte accionante contra la APS -ahora tercera interesada- para la interpretación de la Cláusula Novena del Contrato por Excepción, declaró probada la demanda arbitral, aleganndo que: a) Previsión BBVA AFP S.A., no tiene responsabilidad alguna por las acciones dolosas y culposas, como actos de fraude, en las que incurran los beneficiarios o los funcionarios y personal de las Entidades Proveedoras de Información, Las Fuerzas Armadas de la Nación, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros o de terceras personas, en el pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales; b) La obligación contractual de Previsión BBVA AFP S.A. en los casos señalados en los párrafos segundo y tercero de la Cláusula Novena, únicamente se limita a denunciar el hecho ante el Ministerio Público y no a proseguir el proceso penal hasta su conclusión; y, c) La obligación de Previsión BBVA AFP S.A. de realizar cuanta acción legal sea necesaria para la recuperación de los fondos o recursos comprometidos, establecida en el cuarto y último párrafo de la Cláusula Novena, solo es aplicable al supuesto desarrollado en dicho párrafo (fs. 74 a 118). II.3. Por Auto de 8 de junio de 2021, José Antonio Revilla Martínez, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera, con la intervención de Ricardo Torres Echalar, entonces Magistrado de su similar Segunda, ambos del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados-, de oficio anularon obrados hasta el decreto de 10 de diciembre de 2020, en aplicación de los arts. 17.I de la LOJ y 106.I del CPC y admitieron el recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343, interpuesto por la Autoridad de Fiscalización hoy tercera interesada (fs. 161 a 162). II.4. Mediante Auto de 8 de noviembre de 2021, Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, rechazaron el recurso de reposición presentado por la parte accionante, manteniendo firme y subsistente el Auto de 8 de junio de 2021, ordenando el sorteo de la causa (fs. 164 a 166 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; al juez natural, a la tutela judicial efectiva; y, al principio de legalidad o especificidad; puesto que, los Magistrados ahora accionados, al emitir el Auto de 8 de junio de 2021, que dispuso la anulación de obrados de oficio hasta el decreto de 10 de diciembre de 2020, y la admisión del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343; y el Auto de 8 de noviembre de 2021, que rechazó el recurso de reposición presentado por Previsión BBVA AFP S.A. contra el indicado Auto, no consideraron que de acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 708, las controversias sujetas a cláusulas arbitrales con anterioridad a la promulgación de la citada Ley y sin que se hubiese iniciado procedimiento arbitral, puedan ser tramitadas conforme a lo acordado en los respectivos contratos, en virtud a ello, no existe óbice legal para que en los contratos administrativos que contengan la cláusula arbitral se acuda al arbitraje, como en el presente caso; asimismo, no identificaron norma legal que les faculte admitir un recurso de anulación contra un laudo arbitral; no establecieron o precisaron el marco legal para la convención de un proceso arbitral a uno contencioso que les permita resolver el recurso de anulación contra un laudo arbitral cual si se tratase de un recurso de casación emergente de un proceso contencioso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso

Al respecto, la SCP 0005/2020-S3 de 2 de marzo, asumiendo los intelectos jurisprudenciales de la SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, y precisando los elementos constitutivos de fundamentación y motivación en cuanto a su alcance y connotación procesales, sostuvo que: «”…el Tribunal Constitucional, entre otras, a través de la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, que señaló: “La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras”.

En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia.

Los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales en primera o segunda instancia, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.

Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; al juez natural, a la tutela judicial efectiva; y, al principio de legalidad o especificidad; puesto que, los Magistrados ahora accionados, al emitir el Auto de 8 de junio de 2021, que dispuso la anulación de obrados de oficio hasta el decreto de 10 de diciembre de 2020, y la admisión del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343 de 27 de agosto de 2020; y el Auto de 8 de noviembre de 2021, que rechazó el recurso de reposición presentado por Previsión BBVA AFP S.A. contra el indicado Auto, no consideraron que de acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 708, las controversias sujetas a cláusulas arbitrales con anterioridad a la promulgación de la citada Ley y sin que se hubiese iniciado procedimiento arbitral, puedan ser tramitadas conforme a lo acordado en los respectivos contratos, en virtud a ello, no existe óbice legal para que en los contratos administrativos que contengan la cláusula arbitral se acuda al arbitraje, como en el presente caso; asimismo, no identificaron norma legal que les faculte admitir un recurso de anulación contra un laudo arbitral; no establecieron o precisaron el marco legal para la convención de un proceso arbitral a uno contencioso que les permita resolver el recurso de anulación contra un laudo arbitral cual si se tratase de un recurso de casación emergente de un proceso contencioso.

Identificada la problemática planteada, de la revisión de antecedentes, consta el Testimonio 284/2008 de 13 de octubre, de minuta de Contrato por Excepción autorizado por el DS 29424, para la administración del Fondo Universal de Renta de Vejez, Gestión y Pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales para la gestión 2008, suscrito entre la ex SPVS y Previsión BBVA AFP S.A. (Conclusión II.1). Posteriormente, el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la CAINCO, emitió el Laudo Arbitral 343, por efecto del proceso arbitral seguido por la parte accionante contra la Autoridad de Fiscalización ahora tercera interesada para la interpretación de la Cláusula Novena del Contrato por Excepción, declaró probada la demanda arbitral, alegando que: 1) Previsión BBVA AFP S.A., no tiene responsabilidad alguna por las acciones dolosas y culposas, como actos de fraude, en las que incurran los beneficiarios o los funcionarios y personal de las Entidades Proveedoras de Información, las Fuerzas Armadas de la Nación, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros o de terceras personas, en el pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales; 2) La obligación contractual de Previsión BBVA AFP S.A. en los casos señalados en los párrafos segundo y tercero de la Cláusula Novena, únicamente se limitan a denunciar el hecho ante el Ministerio Público y no a proseguir el proceso penal hasta su conclusión; y, 3) La obligación de Previsión BBVA AFP S.A. de realizar cuanta acción legal sea necesaria para la recuperación de los fondos o recursos comprometidos, establecida en el cuarto y último párrafo de la Cláusula Novena, solo es aplicable al supuesto desarrollado en dicho párrafo (Conclusión II.2). Declinado el recurso de anulación contra el Laudo Arbitral 343, por el Juez Público Civil y Comercial Vigesimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante la jurisdicción contenciosa administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciándose en dicha instancia el Auto de 8 de junio de 2021, mediante el cual, de oficio anularon obrados hasta el decreto de 10 de diciembre de 2020, en aplicación de los arts. 17.I de la LOJ y 106.I del CPC y admitieron el recurso de anulación contra el referido Laudo Arbitral, interpuesto por la Autoridad de Fiscalización hoy tercera interesada (Conclusión II.3). Finalmente, por Auto de 8 de noviembre de 2021, los Magistrados ahora accionados rechazaron el recurso de reposición presentado por la parte accionante, manteniendo firme y subsistente el Auto de 8 de junio del citado año, ordenando el sorteo de la causa (Conclusión II.4). Previamente a resolver la problemática planteada, corresponde aclarar que el asunto traído en revisión se analizará a partir del Auto de 8 de noviembre de 2021, emitido por los Magistrados accionados, por el cual se rechazó el recurso de reposición presentado por la parte accionante, manteniendo firme y subsistente el Auto de 8 de junio de 2021, ordenando el sorteo de la causa; al ser la última decisión pronunciada, en estricta observancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional. Respecto a la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación Bajo el alcance de la denuncia constitucional formulada, corresponde conocer los argumentos que sostiene al cuestionado Auto de 8 de noviembre de 2021, por el que, Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados- rechazaron el recurso de reposición presentado por la parte accionante, manteniendo firme y subsistente el Auto de 8 de junio de 2021, ordenando el sorteo de la causa en el turno que corresponde, siendo estos los siguientes: i) Las controversias emergentes de la suscripción de contratos administrativos entre el Estado y particulares, no pueden ser sometidos a procedimiento arbitrales; toda vez que, el Estado busca satisfacer necesidades de orden público a través de la suscripción de esos contratos administrativos; en cuyo sentido y por mandato del art. 179.I de la CPE, el legislador promulgó la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, excluyendo cualquier posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales para resolver las referidas controversias, estableciendo la jurisdicción especializada, como la única instancia competente para tal fin, concordante con el art. 775 del “CPC-1975” -CPCabrg-; consiguientemente, las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia y de los Tribunales Departamentales de Justicia, son competentes para resolver las controversias emergentes de contratos, negociaciones o concesiones con el Estado, a través de proceso contencioso; ii) El Auto de 8 de junio de 2021, admitió el recurso de anulación de la APS, sustentado en los arts. 775 del CPCabrg y 5.I de la Ley 620, asumiendo competencia para el conocimiento y resolución del recurso de anulación del caso concreto, observando el cumplimiento del principio de “legalidad”; consiguientemente, desvirtuada la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de legalidad y seguridad jurídica, conforme argumentó Previsión BBVA AFP S.A. en su recurso de reposición;

iii) La “…SCP 0097/2013 de 17 de enero…” (sic), citada por Previsión BBVA AFP S.A. para sustentar su posición respecto a la Autoridad Jurisdiccional competente para resolver el recurso de anulación contra el Laudo Arbitral, no es aplicable al caso concreto porque el citado fallo constitucional se limitó a analizar las causales para interponer el recurso de anulación y establecer cuál es la finalidad del referido recurso de anulación; empero, no contiene un análisis sobre lo dispuesto por el legislador y el constituyente en los arts. 775 del CPCabrg, 179.I de la CPE y la Ley 620; asimismo, señalaron que “…si bien el DS N° 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Ley SAFCO…” (sic) dentro de los modelos de contratación en su estructura, mantiene la “Cláusula” de solución de controversias en la vía judicial y arbitral, sólo constituye un aspecto formal de estructura, pues al tratarse de un Decreto Supremo, que regula la estructura contractual no puede ser contrario a la ley; y, iv) Concluyeron que, “…conforme la motivación y fundamentación expuesta, se advierte que la admisión del recurso de anulación interpuesto por la APS, contra el Laudo Arbitral Arbitraje N° 343 de 27 de agosto de 2020, no vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de ‘legalidad’ y seguridad jurídica, como argumentó BBVA PREVISIÓN SA, en su recurso de reposición (…) contra el Auto de 8 de junio de 2021 (…) al contrario, la resolución recurrida de reposición, cumple con la legislación aplicable al caso concreto, estableciéndose que esta Sala Especializada, es competente para resolver el referido recurso de anulación; por lo que, corresponde rechazar el recurso de reposición de BBVA PREVISIÓN SA en aplicación del art. 217-1 del CPC-1975 y proseguir con el trámite en la vía del proceso contencioso, conforme prevén los arts. 277 del CPC-2013, en el marco del debido proceso y el principio de ‘legalidad’” (sic). Conocidos los argumentos que respaldan la determinación de rechazar el mecanismo de impugnación -reposición- formulada por la parte impetrante de tutela, cabe considerar los lineamientos jurisprudenciales glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme a los cuales se tiene que, el deber de toda autoridad judicial es emitir una resolución, en la cual imprescindiblemente exponga los hechos, realice la fundamentación legal y una citación normativa que sustente la parte dispositiva de la misma; asimismo, al resolver una situación jurídica tiene la obligación de mostrar los motivos de hecho que respalden la decisión y sea comprensible al justiciable; de tal forma que, el fallo dictado conteniendo una estructura de forma y fondo provoque pleno convencimiento en las partes procesales de que las actuaciones fueron conforme a las razones fácticas inherentes al caso y la normativa aplicable. En este contexto, en el caso de análisis de la revisión al contenido del Auto observado, se constata que los Magistrados hoy accionados con la necesaria suficiencia y claridad bajo la hipótesis normativa considerada pertinente razonaron en sentido de que, las controversias emergentes de la suscripción de contratos administrativos entre el Estado y particulares, no pueden ser sometidos a procedimiento arbitrales; toda vez que, el Estado busca satisfacer necesidades de orden público a través de la suscripción de esos contratos administrativos, excluyendo cualquier posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales para resolver las referidas controversias, estableciendo la jurisdicción especializada, como la única instancia competente para tal fin; así, las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia y de los Tribunales Departamentales de Justicia, son competentes para resolver las controversias emergentes de contratos, negociaciones o concesiones con el Estado, a través de proceso contencioso; concluyendo que, el Auto de 8 de junio de 2021, “…resolución recurrida de reposición, cumple con la legislación aplicable al caso concreto, estableciéndose que esta Sala Especializada, es competente para resolver el referido recurso de anulación; por lo que, corresponde rechazar el recurso de reposición de BBVA PREVISIÓN SA en aplicación del art. 217-1 del CPC-1975 y proseguir con el trámite en la vía del proceso contencioso, conforme prevén los arts. 277 del CPC-2013, en el marco del debido proceso y el principio de ‘legalidad’” (sic). A partir de cuya síntesis de contenido argumentativo fáctico como jurídico, se puede afirmar que, no se advierte que lo alegado por la parte peticionante de tutela sea evidente, pues al contrario de la reclamada ausencia de dichos elementos, de la verificación constitucional efectuada se advierte que, los Magistrados ahora accionados explicaron de forma expresa, precisa y suficiente las razones de hecho y de derecho para asumir la determinación de mantener firme y subsistente el Auto de 8 de junio de 2021, que en lo central determinó admitir el recurso de anulación interpuesto por la entidad hoy tercera interesada. Por lo que, corresponde a esta jurisdicción constitucional denegar la tutela pretendida a través de la presente acción de defensa al no advertirse lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. Por otra parte, de la denuncia realizada por la parte accionante y comprendiéndose del planteamiento constitucional que se intenta en la presente acción de defensa que se revise el criterio de aplicación e interpretación normativa asumido por los Magistrados hoy accionados y su implicancia en la presunta afectación con los derechos al juez natural, a la tutela judicial efectiva; y al principio de legalidad o especificidad, se debe considerar a la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, la cual señalo que:“… sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras). En este sentido, para que la justicia constitucional a través de esta acción tutelar pueda revisar un actuado jurisdiccional de la instancia ordinaria, imperativamente debe evidenciar una relación de vinculación entre la actividad interpretativa-argumentativa desplegada por la autoridad judicial y los derechos y garantías presuntamente vulnerados, extremo que no implica como pretende la parte peticionante de tutela, que se efectué una verificación de oficio de la actividad jurisdiccional ordinaria respecto a la interpretación de legalidad; por cuanto, no corresponde ingresar a efectuar esta labor porque pese a los extensos argumentos que contiene la demanda tutelar, la parte impetrante de tutela no logró establecer con la necesaria precisión la vinculación entre la posición jurisdiccional de índole interpretativa y extensión aplicativa observada con los derechos, garantía y principio invocados como conculcados, correspondiendo en consecuencia y dentro de esta limitación de índole constitucional-procesal también denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo del acto lesivo reclamado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 055/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 289 a 295, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos y razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Al no hallar consenso en Sala, dirime el caso el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo de Voto Disidente el Magistrado, Dr. Petronilo Flores Condori.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0388_2023-S3.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2b65691bdfb64e531ccc6e855aec6016f6ef82319fbc6179f0ca0059c93b2eb7

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